"Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las
últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de
pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño. (...)
Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España),
en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de
pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se
debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas
acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás
mediante la violencia.
Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.
En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en
España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e
interesada”. (...)
Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su
afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que
en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en
otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que
las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión
desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón
de por qué aquí son más bajas.
En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas
españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad
Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de
vida de 10 años más”.
Lo que significa, dice, que la financiación de
estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del
Estado”.
Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un
sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que
debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar
la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe.
Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema
se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se
disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera
ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de
pensiones.
Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público
de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan
demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado
a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública
lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración
de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a
partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado.
Se puede estar a
favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la
solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con
independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar
que el sistema funcione como debe funcionar.
El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible
en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más
amplia que su parte superior”.
Una afirmación que es completamente
falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un
sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico.
El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía
de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio
financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de
la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de
crecimientos económico, entre otros factores.
Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice
que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que
no para de crecer, es dramática”.
Pero también es materialmente falso
que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en
pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la
escalofriante cifra de 848.694 millones de euros.
Pero el 64% de esa
cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto,
antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de
la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de
crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber
concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca
privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.
Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de
pensiones es “una enormidad”.
No puedo criticar que tenga esa opinión
sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión
“déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de
justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del
déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no.
Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el
nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por
qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente,
porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para
conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de
déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una
“realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay
que gastar menos.
Si se hablara de financiación insuficiente del
sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente:
hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas
mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del
lenguaje.
El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene
Molinas– es ya la guinda.
En su opinión, la culpa de todo esto que pasa
con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en
España, los baby boomers, que no sólo es la generación más
numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que,
además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento
con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.
Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de
los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin
(sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como
la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner
cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma.
Por eso prefiero
centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene
expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus
afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus
preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso
es algo que “España no puede permitírselo”.
El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por
una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo
que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren
pensiones públicas, es la democracia.
Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad.
La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que
desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de
Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de
la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes.
Es por eso que
la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el
sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que,
como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.
Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una
situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos
son los salarios.
Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el
cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el
Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que
se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad
económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor
repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes
ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas
en el futuro para financiar más y mejores pensiones."
(Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, CTXT, 01/07/18)
