Es cierto que eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica no pueden estar siempre en funcionamiento; pero la nuclear tampoco. Entre sus recurrentes paradas técnicas por seguridad, su escasa flexibilidad para servir de respaldo, su vida útil limitada y sus absurdos costos no solo de construcción sino de gestión de sus residuos, no tiene ningún sentido gastar millones de euros y comprometer las decisiones energéticas de las generaciones futuras para, en el mejor de los casos, pasar de 7.000 MW a 10.000 MW de potencia nuclear frente a los 42.000 MW renovables... Confío en una inversión razonable en mecanismos de seguridad adicionales para la generación renovable, tanto por parte del Estado como por parte de las empresas privadas -como requisito indispensable para levantar nuevas placas y molinos- y en soluciones basadas en el almacenamiento. Ya hay dinero sobre la mesa, pero vista la demanda del sector privado, no es suficiente y hay margen para ampliar las cantidades, ahora que la sombra del apagón, irremediablemente, ya planea... un futuro renovable ofrece muchas más certezas y mucha más justicia que cualquier alternativa real a día de hoy... Las tecnologías limpias, para empezar, son mucho más baratas... La eólica y la fotovoltaica tienen un inmenso potencial, aún desaprovechado, para una generación de verdad distribuida, no en forma de 500 o 600 parques sino en millas, decenas de millas de infraestructuras energéticas en cada comunidad y en cada barrio... las tecnologías limpias son una obligación básica de justicia social... Y no podemos renunciar a ellas. Pero tampoco darlas por hecho, pues las ayudas para la rehabilitación energética crecen a un ritmo mucho menor del necesario por la asfixia burocrática y la aparente imposibilidad de automatizar un solo trámite en este país. A la transformación del sector agroalimentario ya no se la espera... el país debe fortalecer sus mecanismos para la seguridad de suministro. Planteándose, incluso, una nacionalización completa de REE (Contra el diluvio)

 "(...) Sin querer ponerme excesivamente técnico, un simple dato: la potencia instalada de energías renovables multiplica por 12 la de energía nuclear. Es cierto que eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica no pueden estar siempre en funcionamiento; pero la nuclear tampoco. Entre sus recurrentes paradas técnicas por seguridad, su escasa flexibilidad para servir de respaldo, su vida útil limitada y sus absurdos costos no solo de construcción sino de gestión de sus residuos, no tiene ningún sentido gastar millones de euros y comprometer las decisiones energéticas de las generaciones futuras para, en el mejor de los casos, pasar de 7.000 MW a 10.000 MW de potencia nuclear frente a los 42.000 MW renovables en nombre de una supuesta estabilidad por demostrar aún. En este boletín no somos mucho de dato mata relación, ya me conocen, pero por si les preguntan por ahí.

Confío en una inversión razonable en mecanismos de seguridad adicionales para la generación renovable, tanto por parte del Estado como por parte de las empresas privadas -como requisito indispensable para levantar nuevas placas y molinos- y en soluciones basadas en el almacenamiento. Ya hay dinero sobre la mesa, pero vista la demanda del sector privado, no es suficiente y hay margen para ampliar las cantidades, ahora que la sombra del apagón, irremediablemente, ya planea. En lo que no confío, desde luego, es en la capacidad política del PSOE para la ambición transformadora.

Afiliado, como no podía ser de otra manera, a las tesis del crecimiento verde, las reformas del Ministerio para la Transición Ecológica solo han podido brillar en plenitud en la instalación de energías renovables en nuestro país. El Ejecutivo no ha logrado atajar los debates y el rechazo de algunas zonas a la instalación de grandes parques y/o el troceo tramposo de los proyectos para esquivar evaluaciones ambientales, pero es innegable que ha colocado al país como líder de la energía verde en menos de una década. Ayudado, eso sí, por un fuerte viento de cola en forma de apetito inversor privado y por el listón por los suelos que dejó el anterior Gobierno del PP; buena parte de la labor consistió, simplemente, en eliminar tareas.

No sería de recibo que, por seguir instalado en el business as usual , España dejara escapar por el sumidero de la reacción su mayor potencial. De la gestión de las próximas semanas y meses depende que la capacidad renovable se mantenga, con sus claroscuros y tensiones a resolver, como una de las principales bazas del país para navegar el futuro; o que dicha capacidad sea desguazada a la primera de cambio en nombre de una supuesta seguridad. Sigo pensando, a pesar de lo ocurrido el lunes, que un futuro renovable ofrece muchas más certezas y mucha más justicia que cualquier alternativa real a día de hoy.

Las tecnologías limpias, para empezar, son mucho más baratas; algo que no debería pesar tanto en un hipotético escenario anticapitalista pero que cuenta si queremos tener un debate actual y real. La eólica y la fotovoltaica tienen un inmenso potencial, aún desaprovechado, para una generación de verdad distribuida, no en forma de 500 o 600 parques sino en millas, decenas de millas de infraestructuras energéticas en cada comunidad y en cada barrio. Si algún día tenemos la fuerza para torcer el rumbo de la historia y el decrecimiento deja de ser un argumento fácil para ganar debates fantásticos en grupos de Telegram para convertirse en una alternativa civilizatoria, la energía renovable distribuida es mucho más fácilmente desescalable que cinco centrales nucleares.

Y, por supuesto, las tecnologías limpias son una obligación básica de justicia social en un país que se ha beneficiado y mucho del descontrol fósil de los últimos dos siglos (¡no somos siempre las víctimas, por favor, quitémonos la venda de los ojos!). La electricidad barata y libre de emisiones que generan es palanca de cambio, en definitiva, de un cambio que modifica por fin las reglas del juego.

Y no podemos renunciar a ellas. Pero tampoco darlas por hecho. En términos de transición ecológica, el Gobierno se ha apuntado varias victorias e impulsos claramente necesarios y pertinentes, pero la lista de los fracasos empieza a ser digna de consideración, incluso dentro de su propia agenda socioliberal. El vehículo eléctrico sigue en el limbo y es una derrota mucho más dolorosa de lo que se piensan los ecologistas; Teníamos una herramienta para abrir una brecha en el sentido común cochista y entre remilgos puristas e inutilidad estatal la estamos echando a perder. Las ayudas para la rehabilitación energética crecen a un ritmo mucho menor del necesario por la asfixia burocrática y la aparente imposibilidad de automatizar un solo trámite en este país. A la transformación del sector agroalimentario ya no se la espera, si es que alguna vez pudimos dibujar alguna esperanza. No me gustaría perder otro partido, esta vez en el minuto 93.

Cerrar filas con el Gobierno y/o apoyar, directa o indirectamente, una salida en falso del apagón del lunes es pan para hoy y hambre para mañana. Confío en que es posible poner coto a los delirios antirrenovables de unos y otros sin pasar de puntillas por lo que ha pasado. A corto plazo y de manera urgente, el país debe fortalecer sus mecanismos para la seguridad de suministro. Planteándose, incluso, una nacionalización completa de una REE en un punto medio que no agrada a nadie; ni lo suficientemente privado para echarle las culpas, ni lo suficientemente público para no tener que responder ante el capital.

Y ya no por la posibilidad de un segundo apagón, insisto. Podríamos y podremos con ello, a mí aún me quedan cortinas que descolgar y una tentadora vigésimo primera run del Pokémon Plata. Sino por el inmenso peligro de que se vincule en el imaginario -más de lo que ya está- la tecnología renovable con la inseguridad. Es el eje en el que el neofascismo se mueve como pez en el agua; la promesa (falsa) de un mundo tranquilo edificado sobre la cruel oferta de aplastar al disidente, al diferente, a lo extraño. Apretemos, por favor, para poder afrontar lo que vendrá con la certeza, al menos, de que no se lo pusimos en bandeja a los malos.

 (...)"              (Contra el diluvio , blog, 04/05/25)

Mariana Mazzucato: Hacia una agenda económica progresista... una agenda progresista debe brindar tanto un Estado de bienestar bien financiado como un Estado de innovación dinámica, porque ambos van de la mano... La transición a una economía con emisiones netas nulas, por ejemplo, debe ser liderada por misiones industriales y de innovación ambiciosas que transformen a toda la economía: desde la forma en que construimos hasta la manera en que nos alimentamos y trasladamos. Eso generaría un crecimiento sostenible, los gobiernos atraerían inversiones y las orientarían

 "Debido a que gran parte del mundo enfrenta inevitables desafíos de salud, energéticos, climáticos y relacionados con el costo de vida, los líderes políticos progresistas tienen la oportunidad de articular una alternativa significativa a las políticas económicas tradicionales. Para ello deben transmitir una visión audaz y coherente sobre cómo lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

En la conferencia anual del Partido Laborista del Reino Unido que tuvo lugar la semana pasada, el líder del partido, Keir Starmer, explicó con lujo de detalles su ambición de convertir a Gran Bretaña en una «superpotencia de crecimiento verde» capaz de crear nuevos empleos, industrias y tecnologías. He conversado con el Partido Laborista sobre la necesidad de que la ecología esté en el corazón de la transformación industrial del Reino Unido y me complace enormemente que Starmer canalice las ambiciones necesarias para ello. 

Los líderes progresistas en todo el mundo debieran tomar nota. La visión de los laboristas contrasta fuertemente con el manido paquete de desastrosos recortes fiscales «con efecto derrame» al estilo de la década de 1980, las políticas para reducir el poder de los trabajadores (¡más aún!) y las zonas de fomento económico que anunció recientemente el gobierno de la primera ministra Liz Truss. Mientras que la apuesta de los conservadores a la estabilidad fiscal obligó ahora al gobierno a volver sobre sus pasos con los recortes impositivos propuestos para quienes tienen mayores ingresos, poco se dice de las inversiones públicas —en áreas como infraestructura, innovación y educación— necesarias para impulsar el crecimiento económico. Por el contrario, los recortes fiscales aumentarán la deuda pública y llevarán a que el gobierno reduzca esa inversión tan necesaria.

 Desafortunadamente, la falta de políticas progresistas audaces y claras permitió que la extrema derecha gane impulso en toda Europa, especialmente en Italia, que va rumbo a ser gobernada por la alianza posfascista de Giorgia Meloni. Siempre que los grupos con menores ingresos sufren —como sucede ahora y continuará ocurriendo durante el invierno— los partidos xenófobos aprovechan sus penurias y culpan a otros (como hizo Donald Trump) para distraer a la gente de la debilidad o incoherencia de las políticas que proponen (o de su ausencia). 

Los fracasos de las políticas anteriores y el incumplimiento de las promesas populistas constituyen una oportunidad para los líderes progresistas, pero para sortear tantos vientos económicos y políticos en contra no solo tendrán que pensar en la redistribución, sino también en la creación de riqueza y valor. La meta no puede ser simplemente mitigar el daño de los impactos actuales, los argumentos progresistas contra la austeridad tienen que superar el llamado tradicional a los proyectos «listos para entrar en obra» y fomentar estrategias económicas integrales para lograr una recuperación sólida, sostenible e inclusiva. 

La transición a una economía con emisiones netas nulas, por ejemplo, debe ser liderada por misiones industriales y de innovación ambiciosas que transformen a toda la economía: desde la forma en que construimos hasta la manera en que nos alimentamos y trasladamos. Eso generaría un crecimiento sostenible, los gobiernos atraerían inversiones y las orientarían, en vez de dedicarse a solucionar las desastrosas consecuencias de las malas políticas y prácticas comerciales perjudiciales.

Hay cinco dimensiones clave para una agenda de políticas económicas progresistas ganadora.

En primer lugar, debe ofrecer una nueva narrativa sobre la manera en que se crea valor para reemplazar a la arraigada narrativa anterior, según la cual el único líder es el sector privado y el Estado simplemente se dedica a arreglar las fallas de mercado mientras se avanza. 

Hace falta una noción clara de la inversión colectiva para el bien común, en la que el sector público sea el inversor de primera instancia, no el prestamista de última instancia. 

 En segundo lugar, una agenda progresista debe brindar tanto un Estado de bienestar bien financiado como un Estado de innovación dinámica, porque ambos van de la mano. 

Sin servicios sociales demasiadas personas seguirán en una situación vulnerable y sin acceso a los ingredientes básicos para el bienestar y la participación económica (entre ellos, la educación, la seguridad laboral y la salud). Y sin innovación, el crecimiento económico y las soluciones para los problemas sociales acuciantes —sean una pandemia, el cambio climático o la grieta digital— seguirán siendo inalcanzables. 

A tal fin, los progresistas deben usar los desafíos sociales actuales como puntos focales para la estrategia industrial: desde lograr que las comidas en las escuelas sean más sanas, sabrosas y provengan de fuentes más sostenibles, hasta acelerar el ritmo de la innovación en nuestros sistemas de movilidad. Se pueden utilizar las compras basadas en resultados para impulsar la innovación en todo tipo de actividades públicas, desde las escuelas hasta la salud y el transporte. 

Y la crisis energética debe convertirse en una oportunidad para reorientar el crecimiento, para que sea tanto inclusivo como sostenible y esté liderado por la innovación verde en todos los sectores industriales, incluso los del acero y el cemento. 

En tercer lugar, necesitamos un Pacto Verde que enfatice tanto el «pacto» como lo «verde». 

Esto implica un nuevo contrato social. Hay que socializar tanto los riesgos como las recompensas asociados con las inversiones públicas en la transición verde. No es por accidente que crecen los beneficios mientras la inversión no lo hace, eso sencillamente refleja la creciente financierización de las 500 mayores empresas. Se destinaron más de 5 billones de dólares a la recompra de acciones en la última década, y la mayor parte de los fondos privados vuelve a las finanzas, los seguros y los bienes raíces. 

 Los gobiernos cuentan con muchas herramientas (métodos de compra dinámicos, subsidios, créditos y normativa) para impulsar a las inversiones alineadas con las metas estratégicamente importantes, y para garantizar que los beneficios de las empresas se reinviertan de manera social y ambientalmente beneficiosa. Por ejemplo, mientras que el gobierno del Reino Unido le prestó insensatamente 683 millones de dólares a EasyJet sin condiciones, Francia otorgó créditos durante la pandemia a Air France y Renault siempre que redujeran sus emisiones. En Estados Unidos la nueva Ley para CHIPS y Ciencia, que gestiona 52 000 millones de dólares en subsidios para los fabricantes locales de semiconductores, introdujo ciertas condiciones que resultan tranquilizadoras. Y podemos hacer más para garantizar que el valor generado beneficie a la gente y al planeta. 

 En cuarto lugar, necesitamos nuevas estructuras institucionales para aprovechar al máximo la creación colectiva de riqueza. 

Dado el cortoplacismo tan predominante en la finanzas modernas, hay que aprovechar a la banca pública y otras estructuras de financiamiento público —como los fondos comunitarios de inversión— para aumentar la disponibilidad de capital paciente y que el financiamiento se canalice hacia aquellas empresas dispuestas a invertir e innovar.

 Los progresistas también deben impulsar los datos como bienes comunales, para que no solo los gigantes tecnológicos, sino también los ciudadanos sean los dueños y tomen las decisiones relacionadas con este recurso fundamental del siglo XXI. 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dio un ejemplo inspirador incorporando hackers al gobierno de la ciudad para mejorar la gestión de los datos para el bien público. Los gobiernos progresistas deben invertir en sus propias capacidades organizativas y revertir la tendencia al aumento de la tercerización, una práctica que hasta para algunos partidarios de la derecha fue demasiado lejos. 

 Finalmente, una agenda económica progresista debe ser inspiradora. 

Las políticas económicas progresistas deben ir de la mano del compromiso de los ciudadanos para forjar un vínculo claro con las mejoras en la vida de la gente. Imaginen por ejemplo si se aprovechara hoy el arte como ocurrió en la Works Progress Administration (el organismo para la promoción de obras) del presidente estadounidense Franklin Roosevelt. A menos que los líderes progresistas fomenten una narrativa positiva e inclusiva del futuro, no ganarán las elecciones, pero para formular una estrategia ganadora primero deben romper claramente con las ideas que durante demasiado tiempo dieron forma a las políticas económicas. El plan de Starmer es un paso bienvenido en esa dirección, aunque habrá que incorporar esos compromisos audaces a una agenda económica integral, inclusiva y sostenible. Como acaba de descubrir la izquierda italiana, si los progresistas luchan más entre sí que contra sus rivales, difícilmente puedan quejarse de los resultados."             (Mariana Mazzucato , Project Syndicate, 05/10/22)

IPS: La subida del precio del gas y de la electricidad podrían poner en peligro la viabilidad de la transición verde... el gobierno progresista de España de Pedro Sánchez, está mostrando el camino a seguir... construyendo rápidamente energía solar para el autoconsumo. También está estudiando la creación de una empresa pública de energía, que también se utilizaría para construir más capacidad de energía verde. Sería un gran paso adelante, ya que los gobiernos anteriores han privatizado el sector eléctrico, lo que posiblemente ha causado muchos de los problemas actuales de España en el suministro de energía

 "Los precios del gas en Europa están batiendo un récord tras otro. En los últimos días, los precios han experimentado una subida casi vertical hasta alcanzar máximos históricos, motivada por una tormenta perfecta de un invierno muy frío el año pasado, una mayor demanda por la recuperación económica tras Covid-19 y un pico en el precio del carbono de la UE. Este último tiene su origen en la reforma del mercado del carbono de la UE de 2018, que posteriormente disparó la especulación en el mercado. Por si fuera poco, las exportaciones de gas de Rusia a Europa se han ralentizado recientemente, lo que supone una presión aún mayor sobre el suministro.

La subida del precio del gas afecta también al precio de la electricidad. El sistema marginal en la mayoría de los países europeos significa que, como explica Politico, "el precio final de la electricidad para el día siguiente está vinculado al precio del combustible más caro que se necesita para satisfacer la demanda prevista".

Estos problemas que podrían poner en peligro la viabilidad de la transición verde. En agosto, el presidente de Estados Unidos, Biden, ya animó a la OPEP a aumentar la producción de petróleo para evitar la subida de los precios del gas. Pero lo más importante es que también afectará a los presupuestos familiares y al bienestar de los ciudadanos de toda Europa durante el próximo invierno.

Ese es uno de los mayores retos según el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, que remarcó la importancia de "asegurar que el efecto del precio no afecte a los más vulnerables" y "que utilicemos el viejo instrumento político de la redistribución".

La vía española

En este caso, el gobierno progresista de España, dirigido por el presidente Pedro Sánchez, está mostrando el camino a seguir. Gracias en gran medida a las presiones populares, ha demostrado una primera determinación política para emprender reformas ambiciosas, como la de frenar los beneficios excepcionales de las empresas energéticas, que ven aumentar sus ganancias a medida que aumenta el precio del gas en un sistema marginal.

 Por eso Sánchez ha lanzado un nuevo plan que implica una "reforma estructural para promover una energía más limpia y barata" y "medidas para proteger a los hogares más vulnerables". Sánchez también ha puesto en marcha una considerable reducción del IVA (del 21% al 10%) y tiene previsto recortar más impuestos a la electricidad. Esta reducción es temporal y se pretende que dure hasta finales de año. El objetivo de todas estas medidas es que los consumidores paguen en 2021 un precio similar al de 2018.

Los críticos del Gobierno han acusado a Pedro Sánchez de no estar suficientemente comprometido con el Green Deal europeo. Por ejemplo, el Financial Times advertía de que "podría reducir el incentivo de las empresas de servicios públicos para invertir en energía verde". Pero esta conclusión se basa en un falso dilema: es perfectamente posible limitar los beneficios de las grandes empresas para proteger al público en general y acelerar la dinámica de la transición verde.

La importancia de la inversión pública

Una forma de hacerlo es aumentando la inversión pública. Como señala el think tank europeo Bruegel, "hay razones más fundamentales" para los "excesivos picos de precios" porque "los gobiernos aún no se han comprometido con suficiente claridad con un futuro bajo en carbono". Por tanto, el equilibrio entre la oferta y la demanda de energía en la UE será volátil en función de la rapidez con que se eliminen los combustibles fósiles y se introduzca la energía verde". El problema, por tanto, no es sólo de oferta y demanda, volatilidad del mercado y geopolítica. Es un problema de compromiso y velocidad de la transición verde.

Todavía es posible que los europeos logren una transición verde que podría ser un modelo para el mundo. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores llegó a una conclusión similar al afirmar que "si los europeos reducen sus emisiones de carbono a cero neto para 2050 de una manera socialmente justa, esto podría proporcionar una plataforma para que la UE se convierta en un líder mundial en normas climáticas y tecnología verde". La UE no sólo podría liderar el camino entre los países ricos, sino cooperar y ayudar a los países más pobres o vulnerables a lograr una transición verde. Además de ser un mandato moral, es esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Sin embargo, las nuevas inversiones deberían buscar el interés general de los ciudadanos y los gobiernos deberían fomentar la competencia y adoptar medidas antimonopolio para crear una economía mixta, en la que pudieran funcionar con éxito alternativas como más empresas medianas, el autoconsumo o incluso nuevas entidades públicas.

 España, por ejemplo, está construyendo rápidamente energía solar para el autoconsumo. También está estudiando la creación de una empresa pública de energía, que también se utilizaría para construir más capacidad de energía verde. Sería un gran paso adelante, ya que los gobiernos anteriores han privatizado el sector eléctrico, lo que posiblemente ha causado muchos de los problemas actuales de España en el suministro de energía.
Europa debe ser ambiciosa

Queda por ver si el Gobierno español tiene la suficiente determinación política para enfrentarse a las desagradables prácticas del lobby energético. Este último está utilizando una estrategia de intimidación para paralizar medidas ambiciosas. Recientemente, las mayores compañías eléctricas españolas han lanzado amenazas de cerrar las centrales nucleares en España. Ante este desafío, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido de forma ambigua para tranquilizar a las eléctricas.

A nivel europeo, los países también empiezan a comprender la magnitud del problema, ofreciendo ayudas a los hogares y pensando en la reforma de los mercados energéticos. El mercado del carbono de la UE se diseñó como "peaje clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero". Sin duda es una herramienta necesaria, pero es casi imposible lograr una transición sostenible si el Estado no desempeña un papel más activo. Por supuesto, todas estas medidas a corto plazo son importantes, pero la UE debe entender que si quiere abordar seriamente el problema, la mejor manera de hacerlo es aumentando la inversión en energías renovables, mostrando ambición y creando confianza en una rápida descarbonización.

Se trata de un gran reto que hay que tomar en serio. En palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres, el último informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) era "un código rojo para la humanidad". El mundo está al borde del abismo, ya que "las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles y la deforestación están poniendo en riesgo inmediato a miles de millones de personas". Ya es hora de que los gobiernos respondan a los mensajes apocalípticos de Guterres con un compromiso sustancial e impulsado por la inversión para una transición verde socialmente justa."         (Isa Ferrero, IPS, 12/10/21; traducción DEEPL)

Katharina Pistor: La ley ofrece licencias para externalizar los costos de saquear el plantea... hace que países enteros resulten rehenes de reglas internacionales que privilegian la protección de los retornos de inversores extranjeros por sobre el bienestar de su propio pueblo. Varios países ya han sido demandados por empresas extranjeras según el Tratado de la Carta de la Energía por intentar reducir sus emisiones de dióxido de carbono... Dos tercios de las emisiones totales desde la Revolución Industrial han sido producidas por apenas 90 corporaciones... Los defensores del capitalismo verde esperan seguir con este juego. Es por eso que ahora están haciendo lobby con los gobiernos para subsidiar la sustitución de activos de manera que, en tanto baje el precio de los activos marrones, el precio de los activos verdes aumente para compensar a los tenedores de activos... el 71% de los fondos catalogados como ESG (que supuestamente reflejan criterios ambientales, sociales o de gobernanza) están alineados negativamente con los objetivos del acuerdo climático de París... Si enverdecer la economía realmente fuera el objetivo, el primer paso sería eliminar todos los subsidios directos y los subsidios impositivos para el capitalismo marrón y ordenar que se interrumpa la “proliferación” de carbono

 "Las olas de calor, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales están devastando comunidades en todo el mundo, y se volverán más severos. Si bien los negadores del cambio climático siguen siendo poderosos, la necesidad de una acción urgente hoy se reconoce mucho más allá de los círculos activistas. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y hasta las empresas y las finanzas se están inclinando ante lo inevitable –o al menos eso es lo que parece. 

 De hecho, el mundo ha perdido décadas debatiendo planes de comercialización de carbono y rótulos financieros “verdes”, y la moda actual consiste simplemente en diseñar estrategias de protección sofisticadas (“compensaciones de carbono”) desafiando el simple hecho de que la humanidad está sentada en el mismo bote. Una “compensación” puede servirles a los tenedores de activos individuales, pero hará poco para evitar el desastre climático que nos espera a todos. 

La adopción por parte del sector privado del “capitalismo verde” parece ser otro artilugio para evitar un reconocimiento como corresponde. Si los líderes empresariales y financieros hablaran en serio, admitirían la necesidad de cambiar el curso drásticamente para garantizar que este planeta siga siendo hospitalario para toda la humanidad ahora y en el futuro. Esto no tiene que ver con sustituir activos marrones por activos verdes, sino con compartir las pérdidas que el capitalismo marrón les ha impuesto a millones de personas y con garantizarle un futuro aún a los más vulnerables.

 La noción de capitalismo verde da a entender que los costos de abordar el cambio climático son demasiado elevados como para que los gobiernos los asuman por sí solos, y que el sector privado siempre tiene mejores respuestas. En este sentido, para los defensores del capitalismo verde, la alianza público-privada garantizará que la transición de un capitalismo marrón a un capitalismo verde no tenga costos. 

Las inversiones valuadas de manera eficiente en nuevas tecnologías supuestamente impedirán que la humanidad caiga al abismo. Pero esto suena demasiado bueno para ser verdad, porque lo es. El ADN del capitalismo hace que no sea hábil para lidiar con las consecuencias del cambio climático, que en gran medida es el resultado del propio capitalismo. Todo el sistema capitalista se basa en la premisa de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas –no de una manera maliciosa, sino con la bendición de la ley.

 La ley ofrece licencias para externalizar los costos de saquear el plantea a cualquiera que sea lo suficientemente inteligente como para crear un fondo o una entidad corporativa antes de generar contaminación. Alienta el no cumplimiento de las responsabilidades ambientales generadas mediante una reestructuración en bancarrota. Y hace que países enteros resulten rehenes de reglas internacionales que privilegian la protección de los retornos de inversores extranjeros por sobre el bienestar de su propio pueblo. Varios países ya han sido demandados por empresas extranjeras según el Tratado de la Carta de la Energía por intentar reducir sus emisiones de dióxido de carbono. 

 Dos tercios de las emisiones totales desde la Revolución Industrial han sido producidas por apenas 90 corporaciones. Sin embargo, aún si los gerentes de los peores contaminadores del mundo estuvieran dispuestos a implementar una rápida descarbonización, sus accionistas se opondrían. Durante décadas, ha reinado el góspel de la maximización del valor para los accionistas, y los gerentes han aprendido que si se desvían de la ortodoxia serán demandados por violar sus obligaciones fiduciarias. No sorprende entonces que las Grandes Empresas y las Grandes Finanzas ahora defiendan las divulgaciones climáticas como una salida. 

El mensaje es que los accionistas, no los gerentes, deben espolear el cambio conductual necesario; las soluciones se deben encontrar a través del mecanismo de precios, no de políticas basadas en la ciencia. Lo que queda por responder es el interrogante de por qué los inversores con una opción de salida fácil y muchas oportunidades de protección deberían preocuparse por la divulgación de un daño futuro para algunas compañías en su portfolio. Obviamente, existe una necesidad de cambios más drásticos, como impuestos al carbono, una moratoria permanente sobre la extracción de recursos naturales, entre otros. 

Estas políticas muchas veces se descartan por considerarse mecanismos que distorsionarían los mercados y, sin embargo, idealizan mercados que no existen en el mundo real. Después de todo, los gobiernos han subsidiado generosamente a industrias de combustibles fósiles durante décadas, gastando 5,5 billones de dólares (pre y post-impuestos), o 6,8% del PIB global, en 2017. 

Y si las compañías de combustibles fósiles alguna vez se quedan sin ganancias para compensar estas exenciones tributarias, simplemente pueden autovenderse a una compañía más rentable, recompensando así a sus accionistas por su lealtad. El guion para estas estrategias está escrito desde hace mucho tiempo en la ley de fusiones y adquisiciones. Pero la madre de todos los subsidios es el proceso centenario de codificar capital legalmente a través de la ley de propiedad, de empresas, de derecho fiduciario y de quiebra. 

Es la ley, no los mercados o las empresas, la que protege a los dueños de activos de capital aún si ellos le endilgan a otros enormes responsabilidades. Los defensores del capitalismo verde esperan seguir con este juego. Es por eso que ahora están haciendo lobby con los gobiernos para subsidiar la sustitución de activos de manera que, en tanto baje el precio de los activos marrones, el precio de los activos verdes aumente para compensar a los tenedores de activos. Una vez más, el capitalismo tiene que ver con esto. Si representa o no la mejor estrategia para garantizar la habitabilidad del planeta es una cuestión totalmente diferente. 

 En lugar de abordar estas cuestiones, los gobiernos y los reguladores una vez más han sucumbido al canto de sirenas de los mecanismos amigables con el mercado. El nuevo consenso hace foco en la divulgación financiera porque ese camino promete cambio sin tener que ejecutarlo. (Resulta que también genera empleo para industrias enteras de contadores, abogados y consultores de empresas con poderosos ejércitos de cabildeo propios). Era de esperarse que el resultado haya sido una ola de enverdecimiento. La industria financiera se mostró feliz de derramar billones de dólares en activos catalogados como verdes que resultaron no ser tan verdes. 

Según un estudio reciente, el 71% de los fondos catalogados como ESG (que supuestamente reflejan criterios ambientales, sociales o de gobernanza) están alineados negativamente con los objetivos del acuerdo climático de París. Nos estamos quedando sin tiempo para estos experimentos.

 Si enverdecer la economía realmente fuera el objetivo, el primer paso sería eliminar todos los subsidios directos y los subsidios impositivos para el capitalismo marrón y ordenar que se interrumpa la “proliferación” de carbono. Los gobiernos también deberían imponer una moratoria a los contaminadores protegidos, sus dueños e inversores de responsabilidad por daños ambientales. De paso, estas medidas también eliminarían algunas de las peores distorsiones del mercado que existen."               (Katharina Pistor , Project Syndicate, 21/09/21) 

El Plan E europeo para España: La recuperación va a ser vigorosa... pero la salida está tomando la dirección de una sociedad de dos velocidades... El modelo de los monopolios y oligopolios es el que está asentándose de una manera definitiva tras el coronavirus... todo el dinero de las ayudas europeas apunta hacia una aplicación poco inteligente, porque las reformas que se solicitan desde Bruselas no son las necesarias

 "(...) La idea de que España va a crecer rápidamente en los próximos meses, y en una proporción muy significativa, es defendida no solo por el Gobierno, sino por una parte muy importante del empresariado español más relevante, comenzando por Ana Botín o José María Álvarez-Pallete.

Es muy probable que ocurra de esa manera, ya que la desescalada, el verano, la recuperación de la plena normalidad en un tiempo razonable (si no hay sorpresas desagradables) y la llegada de los fondos darán un gran impulso al consumo, al empleo y al crecimiento. (...)

 Y así parece, al menos a vista de pájaro. Sin embargo, si reparamos en las transformaciones que se están produciendo en nuestro tiempo, y en sus consecuencias, la imagen es algo menos alentadora. El tipo de sociedad que estamos creando es otra, justo la consecuencia de la aceleración que el coronavirus ha producido.

Nada de lo que está sucediendo, en ese plano, es diferente de lo que había sido previsto antes del covid-19: los procesos de reorganización de la economía hacia el ámbito digital, la necesidad de una reorganización verde, la adaptación de las empresas a los nuevos tiempos, las cadenas de mercado cada vez más concentradas. El giro digital, por ejemplo, no supone un inevitable proceso de adaptación a nuevas costumbres, sino un elemento de reconversión del mercado hacia otro tipo de estructura.

1. El sospechoso espíritu digital

Muchas de las quejas referidas al auge de las grandes tecnológicas han sido articuladas desde un elemento ideológico. En última instancia, desde la defensa de una democracia amenazada por empresas con enorme poder que habrían favorecido opciones políticas muy concretas.(...) El otro aspecto contra el que la reacción está en marcha es el de los impuestos, ya que la estructura internacional permitía que los pagaran allí donde más rentable les resultaba.

Sin embargo, en este mundo demasiado preocupado por las perturbaciones políticas, pero mucho menos por la forma de organizar la economía, conviene recordar lo que significan las tecnológicas: una manera de concentrar el poder del lado de un nuevo mediador, que está desplazando por completo a los anteriores, y que se configura como un poder monopolista. 

(...) La pandemia los ha hecho más grandes todavía, con las perturbaciones que esto supone del lado de la competencia, de la configuración de los canales y de la distribución de los ingresos dentro de los mismos. Ese modelo, el de la economía del contenedor, el de los monopolios y oligopolios, es el que está asentándose de una manera definitiva tras el coronavirus.

 Pero el giro digital es mucho más amplio, en la medida en que reconstruye muchísimos procesos de prestación de servicios o de provisión de bienes: desde los bancarios, la administración, los energéticos o la organización de la fabricación, hasta el transporte o la relación con los consumidores. 

Hasta ahora, la digitalización ha sido mucho más un camino para elevar los beneficios a través del recorte de gastos que un mecanismo de generación de mayor eficiencia en las empresas. (...) 

Un ejemplo lo tenemos en España: las empresas estrella, nuestros unicornios, como Glovo o Cabify, no son más que traducciones nacionales de la reducción intensiva de salarios y del empeoramiento en las condiciones de realización del trabajo, que es la base que permite que esas firmas puedan tener éxito. Ese ha sido el espíritu de la digitalización hasta la fecha. Podría desarrollarse de otra manera, pero no ha sido el caso. Y recordemos que la digitalización es uno de los pilares de los fondos europeos.

2. Cuando todo sea verde

(...) Los planes de recuperación deben ser utilizados para cambiar el tipo de economía, pero con efectos duraderos. Utilizar capital, que finalmente es deuda, para crear empleos ocasionales es poco más que cavar zanjas y volver a meter la arena en el hoyo; coyunturalmente útil, pero poco eficaz si los estímulos no se mantienen durante mucho tiempo.

Y la mayor parte de los fondos verdes son exactamente eso: la rehabilitación de edificios o la implantación de determinadas energías renovables supone que, una vez que la tarea se ha realizado, el empleo desaparece. Ese movimiento no crea empresas, no es más que un Plan E a escala verde y europea, sobre todo si la austeridad regresa en un par de años. Cuando las tareas finalicen, tendremos que pagar la deuda y los empleos habrán desaparecido.

Los planes deben utilizarse, también en el terreno ecológico, para otros propósitos. Deben generar actividad con posibilidades de permanencia, apoyar las empresas que puedan tener recorrido en el futuro y que necesiten trabajadores en una dimensión razonable. Se trata de elevar el nivel de vida, de impulsar el consumo, de generar recursos para las poblaciones. (...)

3. La destrucción no creativa

El impulso digital y ecológico tendrá lugar sobre un nuevo suelo, en la medida en que el covid-19 ha contribuido a destruir muchos empleos y al cierre de muchas pymes, y en tanto la carga adicional de pymes y trabajadores será importante. Las pequeñas empresas que han logrado sobrevivir tendrán complicado competir, ya que los sectores donde pueden operar con éxito son muy limitados, así como por su mayor endeudamiento. 

Muchos expertos ven con buenos ojos esta destrucción porque la entienden creativa: los menos preparados, los menos adaptados, los que no han sabido adecuarse a los tiempos han tenido que cerrar, lo que produce una situación idónea para la recuperación. Lo malo es que esa lectura contiene una pequeña parte de la realidad. Mucho más que su escasa modernización, lo que pone en dificultades a muchas pequeñas empresas supervivientes son las condiciones de funcionamiento de un mercado concentrado que sobrecarga de costes a las pequeñas firmas al mismo tiempo que las hace sentir especialmente su posición.  (...)

4. El empleo no será el que fue

Fruto de este conjunto de circunstancias, el empleo se verá presionado por distintos lugares. De una parte, su escasez; de otra, es más que probable que las empresas paguen peor, en la medida en que muchas estarán presionadas para obtener más beneficios, y porque en época de paro elevado los salarios tienden a disminuir. Además, los trabajos en nuevos sectores, los de la 'gig economy', nacen desde la degradación retributiva de los antiguos. Y la tendencia de fondo, como vemos en las grandes empresas, y más en las fusionadas, es que, tras los ERE, las contrataciones regresarán, pero en menor proporción y en condiciones peores, ya que los trabajos serán menos cualificados como producto de los procesos automatizados.

Por si fuera poco, está aumentando el precio de bienes esenciales. La inflación va a llegar, reflejen lo que reflejen las cifras oficiales, en forma de presión a las clases medias y a las populares: suben la electricidad y el combustible, así como los alimentos, producto de la especulación. Subirán los alquileres de locales y viviendas, mientras que los salarios apenas se recuperarán. 

Además, veremos nuevos impuestos, que no irán exactamente en la dirección de cobrar más a los más ricos. Y todo esto no supone solo un problema para las economías personales, sino que resta muchas posibilidades a los pequeños negocios: electricidad y combustible más caros, alquileres más caros, más impuestos: sobrevivir no va a ser fácil.

5. ¿Otro 'efecto Mateo' más?

Retratado de esta manera, podría pensarse en un escenario futuro muy preocupante para el conjunto de la sociedad. Pero si regresamos al inicio, al hecho de que la recuperación va a ser vigorosa, es fácil comprobar que no se trata más que de un fenómeno muy habitual en estos años: la salida está tomando la dirección en que se movía antes de la pandemia, la de un mundo dual, al menos en España. (...)

Esta sociedad de dos velocidades se hará más palpable en parte gracias a los fondos, que servirán a medio plazo para profundizar todavía más en este modelo. Puede que las grandes palabras de esta época traigan a escena la recuperación inclusiva, la resiliencia, la necesidad de asentar las sociedades y de no dejar a nadie atrás, y cierto impulso socialdemócrata. 

Pero en su traducción a hechos, hay muchas cosas que se terminan perdiendo, como ha ocurrido con las últimas décadas de nuestro sistema, que ha frenado para establecer un paréntesis keynesiano cuando lo ha necesitado, pero nunca ha cambiado de dirección.

Los fondos no pueden ser lo mismo una vez más, no pueden convertirse en inversiones masivas que provoquen una economia con menos empleo, sino con más. Y lo cierto es que todo este dinero apunta hacia una aplicación poco inteligente, y no porque falten las reformas que se solicitan desde Bruselas, que tendrán lugar, sino porque no son las necesarias. No puede ser una expresión más de lo que Robert Merton denominaba 'efecto Mateo', por la cita bíblica: "Al que tiene se le dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene, incluso se le quitará lo que tenga".

Esto no va de meter dinero en la economía, sino de utilizarlo con un propósito, de potenciar y de crear opciones, de poner en pie iniciativas que puedan perdurar, que generen un buen número de empleos y que desarrollen el país. No se trata de hacernos más digitales y tecnológicos, sino de que nos vaya mejor, como sociedad y como Estado. Lo primero puede ser útil para lo segundo, pero nunca el propósito final. 

El problema es que el ámbito digital, el verde y la destrucción de pymes, con la excusa de que no son eficientes, suponen una reducción del número de trabajos disponibles. Hace falta otra perspectiva: no se trata de reorientar lo existente, que resultará necesario en algunos casos, sino de tener un plan para el crecimiento que pase por una sociedad con mucho más empleo, y no solo coyuntural. 

Las bases de la economía dominante nos conducen hacia lo contrario, hacia un mundo en el que habrá mucha mano de obra prescindible, y si eso no cambia, el dinero que llegue será un bálsamo bienvenido, pero la reacción que se genere cuando el impulso económico termine será muy hostil. Al tiempo."                  (Esteban Hernández, El Confidencial, 18/06/21)

Cuidado con el 'Green Deal' europeo: los ricos serán todavía más ricos

" La reconversión verde será uno de los asuntos centrales de la economía europea en los próximos tiempos. Los riesgos derivados del cambio climático han llevado a los poderes públicos y a buena parte de los privados a una reacción que está por definirse, pero que se apunta imparable. La Unión Europea, Joe Biden, el capitalismo inclusivo del Vaticano y los grandes fondos de gestión pasiva están empujando de una manera decidida en esa dirección.

La cuestión, por tanto, no es si va a hacer el proceso, sino cómo y con qué consecuencias. Las preguntas sobre si la reconversión estará a la altura de las necesidades, cómo se va a financiar, qué ganadores y perdedores dejará o el papel que jugarán en ella la acción pública y el dinero privado están sobre la mesa.

Daniela Gabor forma parte de la nueva generación de economistas políticos y es una de las mayores especialistas en la relación entre finanzas y cambio ecológico. Es profesora de economía y macrofinanzas en la Universidad de Bristol. En sus trabajos, como 'The Wall Street Consensus' (en español, 'El consenso de Wall Street'), ha sido crítica con el tipo de reconversión climática que se está tejiendo, basada en la colaboración público-privada, con el establecimiento de criterios ASG como forma de identificar las inversiones limpias. Acaba de participar en las jornadas 'Soberanía tecnológica: democracia, datos y gobernanza en la era digital' organizadas por el Instituto 25M e inauguradas por Evgeny Morozov.

Las dos opciones para la reconversión

"Podríamos tener un 'Green New Deal' que organizara la transición hacia una economía baja en carbono a través de una inversión pública masiva en infraestructura verde e industrias verdes, y que protegiese a los pobres de las consecuencias del cambio asegurando que sea una transición justa: que la infraestructura verde siga siendo pública y asequible, que haya creación de empleo verde, etc. El Estado garantizaría que los ricos paguen su parte, incluso mediante la tributación de los activos financieros contaminantes.

La otra opción es avanzar en dirección hacia el 'consenso climático de Wall Street': conseguir financiación privada en la lucha climática mediante la puesta en marcha de un régimen liderado por el mercado que aliente la economía verde. 

Soy escéptica con este segundo enfoque por las estrategias sistémicas de 'greenwashing' (ecoblanqueo o lavado verde) que están en marcha. Políticamente, sin embargo, esta segunda narrativa tiene más impulso. Invito a los lectores a que examinen los documentos de la COP26 para que constaten que es ese modelo hacia el que nos dirigimos, el de empujar las finanzas privadas hacia una economía 'blanqueada'.

El 'Green Deal' de la Comisión Europea, a pesar de su nombre, tiene poco de la primera opción y mucho de la segunda. No busca un cambio de sistema a través de una macroeconomía verde ambiciosa y una regulación estricta de los financiadores del carbono. Más bien, como de costumbre, adopta una política de tercera vía que busca empujar al mercado hacia la descarbonización". 

"Por qué se prefiere la colaboración público-privada.

"La Unión Europea, en lugar de un ambicioso activismo fiscal verde, prefiere reorganizar los fondos europeos existentes a través de una lógica de financiación que movilice el dinero del sector privado. A pesar de que hay muchas quejas sobre las asociaciones público-privadas por ser más caras y menos inclusivas que la inversión pública directa, han sido revividas como una solución de compromiso a un problema ideológico: la ficción de que el Estado no tiene suficientes recursos fiscales para realizar inversiones públicas masivas. 

Que tal ficción sea poderosa incluso cuando los Estados miembros de la zona euro, incluida España, pueden emitir bonos del Estado a tipos negativos, nos dice mucho sobre el poder político de los discursos de austeridad y sus partidarios. A partir de ahí, se nos dice, la asociación público-privada puede solucionar esta deficiencia fiscal involucrando al sector privado en la construcción, la financiación y la realización de servicios públicos. 

El Estado es un socio necesario porque tiene que asumir algunos de los riesgos: normalmente promete un cierto nivel de demanda e ingresos para el operador privado. Eso significa, en un mundo donde tenemos eventos climáticos más extremos, que el Estado invierte para proteger al sector privado contra los eventos climáticos".

El papel de los fondos de gestión pasiva

"Se trata de hacer de la ecología una oportunidad de negocio, sobre todo porque hay una queja recurrente en el mundo financiero de que no estamos produciendo suficientes productos financieros ecológicos para satisfacer la demanda. La inversión pasiva ofrece una solución mágica para este problema de demanda: los administradores de activos pueden agrupar acciones/bonos de empresas ecológicas y venderlos como inversiones ecológicas. Pero el diablo está nuevamente en los detalles: estos se comercializan bajo una etiqueta ASG que a menudo permite a los emisores incluir en ese mix un par de compañías de combustibles fósiles y esconderlas detrás de algunas verdes. Se ofrecen ETF (fondos índice cotizados) con calificación ASG que incluyen compañías de combustibles fósiles".

El papel de los fondos de pensiones

"Los fondos de pensiones tienen deberes fiduciarios hacia los contribuyentes que los hacen particularmente vulnerables a la crisis climática. En veinte años, podría demandar a mi fondo de pensiones por no proteger de la crisis climática mis contribuciones, por no actuar de forma que se protejan las inversiones de los riesgos climáticos. Pero, una vez más, no podemos esperar que los fondos de pensiones por sí solos nos libren de la crisis climática. Como han argumentado mis colegas Bruno Bonizzi y Jennifer Churchill, los riesgos y costos asociados a la transición hacia una economía ambientalmente sostenible son asumidos mejor por el Estado que por los inversores privados".

Quién puede salir ganando

"Es importante señalar que la pregunta 'cui bono' del cambio verde es una cuestión política. El dinero público se utilizará para eliminar el riesgo de las actividades comerciales privadas y para financiar un mecanismo de transición justa que promete proteger a grupos como los mineros polacos después del cierre de sus minas de carbón a través de programas de reciclaje profesional. 

Pero hay pocas garantías de que el dinero de los contribuyentes europeos llegue a los mineros polacos. Probablemente irá a los bolsillos de los 'barones' de la descarbonización: élites locales inteligentes que canalizarán el dinero de la transición hacia sus negocios, al igual que dueños de grandes tierras consiguieron la mayoría de los subsidios originalmente destinados a los pequeños agricultores bajo el paraguas de la política agrícola común.

Los barones de la descarbonización: élites locales inteligentes canalizarán el dinero de la transición

Tomemos el ejemplo de Rumanía. Los sindicatos mineros se quejan de que las medidas destinadas a la recapacitación laboral de los mineros que se aplicaron, probadas en la región de Valea Jiului en Transilvania durante los últimos 15 años, beneficiaron únicamente a las empresas de descarbonización. Sus conexiones con las élites políticas de Rumanía les permitieron capturar el mercado de los servicios de reciclaje profesional, pero después la inversión privada y los empleos en los nuevos sectores económicos nunca se materializaron".

Opciones de cambio

"Creo que los vientos políticos continúan soplando en la dirección de la macroeconomía tradicional dominada por la austeridad. Tanto en la UE como en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque cambiar el marco macroeconómico, es decir, revertir la subordinación del Gobierno al Banco Central y reemplazarlo con una coordinación más estrecha, requiere dos cambios políticos que son equivalentes a dos tsunamis. 

Uno es fortalecer la capacidad institucional del Estado: desde la izquierda se señala que el mercado es un dispositivo que utilizan los ricos para la acumulación, pero olvidamos que el Estado ha jugado un papel importante en facilitar esa acumulación. Y además el Estado se ha olvidado de cómo planificar de manera eficaz a gran escala.

El covid-19 lo ha demostrado dolorosamente y nos ha recordado que 'la época del dinero público no hace al Estado más grande; más bien es la época en que se subvenciona masivamente al sector privado'. Y ahí radica el segundo desafío político: como Hyman Minsky nos enseñó hace un tiempo, el gran Estado requiere pocas finanzas, más bien nos exige hacer retroceder el poder político de los financieros. Y la lucha política en el terreno de la lucha climática nos muestra lo lejos que estamos de eso...".

Qué son los criterios ASG y qué papel juegan

"Antes del choque del covid-19, los bancos centrales del 'Network for Greening the Financial' habían argumentado que los riesgos climáticos eran riesgos para la estabilidad financiera y comenzaron el proceso de diseñar un régimen regulatorio climático que buscaba aplicar una enfoque verde/sucio a todo el universo de activos (bonos, préstamos, acciones) en poder de los bancos, inversores institucionales y gestores de activos. 

El objetivo era reorientar el crédito desde las actividades que contaminaban hacia actividades verdes y, en ese proceso, reducir tanto el impacto que los eventos climáticos extremos podrían causar en esos actores financieros en sus inversiones como la contribución que el sistema financiero hace a la crisis climática mediante el financiamiento de actividades con alto contenido de carbono. 

Para ser efectivos, los bancos centrales debían asegurarse de minimizar el lavado de imagen verde. Por ejemplo, no aplicando la etiqueta 'verde' o 'sostenible' a los activos que tienen un impacto ambiental negativo. Así se evitaría que, pongamos por caso, un préstamo bancario a Shell se pudiera calificar como verde y que además recibiera subsidios."         (Esteban Hernández, El Confidencial, 19/12/20)    

Un 'Green New Deal' podría crear en España aproximadamente 860.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos en solo un año con una inversión de 42.818 millones privados y públicos

 "(...) Desde el Observatorio de la Sostenibilidad hemos redactado el informe Reconstruyamos el futuro: Por un Green New Deal para España, que analiza la viabilidad de diseñar un Green New Deal que permita conseguir reconstruir nuestra economía y afrontar el cambio climático y que pueda ser implementado por el Gobierno Español con los fondos europeos de los que va a disponer. 

Para ello hemos usado como base muchos informes y planes como el PNIEC o Tren 2020 que, a lo largo de los años, se han ido redactando con el objetivo de especificar las medidas que serían necesarias en cada uno de los distintos sectores para reducir drásticamente nuestras emisiones de CO2.

 De todos estos informes e investigaciones, hemos obtenido numerosas conclusiones. 

La primera de ellas es que el Gobierno y el Parlamento deben poner en marcha cuanto antes las subastas de potencia de energías renovables recogidas en los decretos recientemente aprobados con el objetivo de espolear la instalación de estas fuentes de energía.

A esta medida se deberán sumar en el futuro políticas para facilitar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo, que reduzcan los trámites administrativos a los que tienen que hacer frente. El segundo elemento de este Green New Deal será incrementar la inversión en las redes eléctricas en 1067 millones de euros, para que puedan manejar la volatilidad de las energías renovables y limitar los vertidos.

En tercer lugar, hay que acelerar la implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), movilizando una inversión pública de 4.000 millones de euros para acelerar las obras relativas a zonas de bajas emisiones, carriles bici, carriles bus o peatonalizaciones. 

En cuarto lugar, hay que incrementar la inversión pública en infraestructuras ferroviarias a 6.000 millones para terminar cuanto antes infraestructuras prioritarias como el Corredor Mediterráneo o la Y Vasca y para compensar la falta de inversión en Cercanías en la última década.

Para reducir el uso del coche y del avión, debemos además, incrementar el uso de todas las infraestructuras ferroviarias ya construidas, implantando un sistema de horarios cadenciados integrados en el transporte regional, reintroduciendo los trenes nocturnos, mejorando las conexiones internacionales a través del tren y mejorando la financiación del transporte público.

Otra prioridad: acelerar sustancialmente la promoción de la rehabilitación energética de edificios prevista en el PNIEC, implantando un programa similar al del banco público de inversiones alemán KfW que tenga el objetivo de rehabilitar el año que viene más de 650000 viviendas.

 En séptimo lugar, hay que hacer que las políticas agrarias relacionadas con la PAC no bajen de presupuesto y hay que reformarlas haciendo uso de los eco-esquemas para que pasen a ser una herramienta para la transformación hacia la agricultura regenerativa.

Proponemos más medidas: invertir 3.152 millones de euros en infraestructuras de depuración y saneamiento de agua para poder cumplir la legislación europea a este respecto, pero también incrementar el gasto en mantenimiento de las infraestructuras existentes en 2500 millones de euros. 

En noveno lugar, introducir un impuesto creciente al CO2 emitido por el transporte privado de pasajeros en coche y avión y por el sector residencial de 30 euros por tonelada, cuyos ingresos sean devueltos a la ciudadanía en forma de una Renta Climática, que alcanzaría aproximadamente 90 euros por persona en el primer año. 

Por último, hay que invertir 6.076 millones de euros en el tratamiento del territorio y la ejecución de infraestructuras verdes que hagan que nuestros ecosistemas sean resilientes de cara al impacto del cambio climático.

En conjunto se propone invertir 42.818 millones de euros privados y públicos en inversiones verdes en los 10 ámbitos citados como la energía, el transporte sostenible o la rehabilitación energética que crearían aproximadamente 860.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos en un año.

Pero el efecto de este 'Green New Deal' no se acabaría ahí, porque en una recesión extrema como la que estamos sufriendo, las nuevas inversiones tienen un mayor multiplicador que en tiempos normales por lo que este plan permitiría salvar o crear hasta 273.000 empleos el año que viene, en total generar 1,13 millones de empleos. Aparte, se podrían generar casi 600.000 empleos adicionales en 10 años si se aprovecha todo el potencial de sectores como la economía circular, adaptación al cambio climático, agricultura y ganadería extensiva y gestión forestal sostenible.

Se trata, en definitiva de aprovechar los fondos de recuperación europeos para realizar inversiones verdes y sacar a nuestro país de la crisis ocasionada por el coronavirus. Además, se conseguiría una importante reducción en las emisiones de GEI, acciones para contrarrestar la emergencia climática, una economía descarbonizada, y soluciones para la crisis ecológica y la protección de la biodiversidad. Es ahora o nunca. El Gobierno no lo debe dudar ni un momento y debe implementar un 'Green New Deal' para reconstruir el futuro.

(Álvaro Gaertner Aranda, Carlos Alfonso y Fernando Prieto, autores del informe “Reconstruyendo el futuro: Por un Green New Deal para España”. El Confidencial, 06/12/20)

Chantal Mouffe: Frente a la amenaza de soluciones autoritarias a la crisis, es vital que la izquierda encare el desafío que enfrentan nuestras sociedades de una forma que movilice afectos comunes que empoderen a la gente y orienten su deseo de protección en una dirección solidaria e igualitaria... debe promover una “transformación democrática verde”: un empleo universal y garantizado por parte del Estado en la economía verde

 "Al examinar las diferentes estrategias para abordar los problemas ecológicos y sociales que se han puesto sobre el tapete con la pandemia, podemos discernir diversos escenarios. En varios países, los Gobiernos neoliberales están implementando políticas que utilizan al Estado para reafirmar la supremacía del capital. Este “neoliberalismo de Estado” se ve reforzado en muchos casos por medidas autoritarias, confirmando la tesis de Wolfgang Streeck de que la democracia y el capitalismo se han vuelto incompatibles. 

Con frecuencia esto viene de la mano de un fomento de soluciones digitales inspiradas por el solucionismo tecnológico de Silicon Valley que ha analizado Evgeny Morozov. El solucionismo afirma que todos los problemas, incluso los políticos, tienen una solución tecnológica, lo que propicia la aceptación de formas posdemocráticas de tecnoautoritarismo que permanecen inmunes al control democrático. 

Es una nueva versión de la concepción pospolítica que se volvió dominante durante la década de 1990. La creencia de que las plataformas digitales podrían servir de fundamento para el orden político se corresponde con la idea de los teóricos de la “tercera vía” de que los antagonismos políticos han sido superados y que las nociones de derecha e izquierda son categorías zombies.

Los partidos populistas de derecha promueven una estrategia diferente. Presentándose como la voz del pueblo, le atribuyen la responsabilidad de la crisis a la política globalizadora de las élites neoliberales. Su discurso antiestablishment, que exalta la soberanía nacional y exige medidas proteccionistas, es bien acogido en varios medios y encuentra un cierto eco en los sectores populares. Un discurso de esa naturaleza puede, en ciertos contextos, constituir una fuerza de resistencia contra la dominación pospolítica del autoritarismo high-tech, pero a costa de la imposición de un autoritarismo nacionalista de factura conservadora.

 A fin de impedir que la pandemia lleve a la gente a refugiarse en un nacionalismo exclusivo o en aceptar pasivamente soluciones tecnológicas, es menester que la izquierda adopte una estrategia para afrontar la crisis que despierte un real entusiasmo para defender y profundizar la democracia. Eso requiere reconocer el papel crucial que juegan los afectos en la política y responder a la demanda de protección que suscita la covid-19. De otro modo, esa demanda de protección va a ser explotada para justificar proyectos antidemocráticos.

 Como bien ha señalado Karl Polanyi en La gran transformación, cuando las sociedades experimentan disturbios profundos en sus condiciones de vida, la necesidad de protección se convierte en la demanda central y la gente está dispuesta a seguir a aquellos que creen que van a satisfacerla mejor. Es precisamente ese deseo de protección que explica por qué actualmente mucha gente está asintiendo a formas de control digital que antes rechazaba. O a seguir a los populistas de derecha en reclamar una forma de soberanía basada sobre un nacionalismo inmunitario.

  Por desgracia, el marco teórico racionalista que muy a menudo domina en el pensamiento de la izquierda le impide entender que en política no basta con tener un programa bien elaborado e ideas correctas. Como nos recordaba Spinoza, las ideas sólo cobran fuerza cuando confluyen con los afectos. Para crear adhesión y llevar a la acción, un programa político debe transmitir afectos que resuenen con las experiencias personales de la gente y que reflejen sus esperanzas y deseos. De ahí la importancia de inscribir este programa en una narrativa que esté en sintonía con los significantes centrales del imaginario social.

En 1985, en Hegemonía y estrategia socialista destacamos el papel afectivo del imaginario democrático a la hora de proporcionar la fuerza motriz de las luchas por la igualdad y la libertad en las sociedades democráticas. Una de las tesis centrales del libro es que con el surgimiento de nuevas luchas democráticas, un proyecto emancipador tiene que articular las demandas de la clase trabajadora con aquellas de los movimientos sociales. Es por eso que propusimos reformular el ideal socialista como un proceso de extensión y radicalización de la democracia.

Hoy, la crisis climática nos ha forzado a tomar conciencia de que hemos ingresado en una fase en la cual ya no es posible imaginar una radicalización de la democracia que no incluya el fin de un modelo de crecimiento que pone en peligro la existencia misma de la sociedad y cuyos efectos destructivos afectan particularmente los grupos más vulnerables. Si queremos luchar por la justicia social es necesario cuestionar el modelo productivista y extractivista de crecimiento y llevar a cabo una verdadera transición ecológica que establezca una relación distinta entre humanos y no humanos.

Para asegurar la protección de la sociedad y sus condiciones materiales de existencia de una manera que profundice la democracia, la estrategia de la izquierda debe consistir en promover una “transformación democrática verde”. Lo que está en juego es una transición ecológica que conecte las exigencias de la emergencia climática con la diversidad de demandas democráticas, tanto las socio-económicas como las feministas, antirracistas y LGTBI. Indudablemente, no es una tarea fácil. Pero vislumbrar la transición ecológica bajo la modalidad de una transformación democrática verde debería activar el imaginario democrático y generar afectos comunes que permitan construir una voluntad colectiva transversal capaz de operar una ruptura con el orden neoliberal y el capitalismo financiero.

El Green New Deal promovido por Alexandria Ocasio-Cortez y el movimiento Sunrise en Estados Unidos es un ejemplo de tal proyecto, ya que vincula la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de resolver problemas sociales como la desigualdad y la injusticia racial. Incluye varias propuestas importantes —como la garantía universal por parte del Estado de un empleo pago en la economía verde— que son cruciales para asegurar la adhesión de los sectores populares a la transición ecológica, particularmente aquellos cuyos puestos de trabajo van a verse profundamente afectados por ella.

 El objetivo de una transformación democrática verde es lograr justicia social y protección para las mayorías, y no para unos pocos. Significaría un paso adelante en el proceso de radicalización de la democracia y podría proporcionar el significante hegemónico de una cadena de equivalencia entre las demandas que impugnan las múltiples formas de subordinación y discriminación. En la actual coyuntura de crisis ecológica, social y económica es como debe visualizarse una estrategia populista de izquierda."       (Chantal Mouffe, El País, 26/11/20)

La movilización de entre 75 y 150 mil millones de euros de inversión en sectores bajos en carbono y generadores de externalidades ambientales menores podría suponer entre 180 y 350 mil millones de euros de valor añadido bruto y la creación de hasta tres millones de nuevos empleos, permitiendo una reducción de las emisiones de carbono del 15 al 30 por ciento para 2030

 Tabla1. Los efectos multiplicadores de una inversión dirigida a la economía verde

 

"(...) la clave radica en canalizar las inversiones públicas, como gran tractor de las privadas, hacia proyectos que generen pocas externalidades ambientales: una recuperación baja en carbono, en definitiva. Esto reduciría emisiones de gases de efecto invernadero –contribuyendo a detener el cambio climático– y, a su vez, se abriría la posibilidad para crear más empleos y crecimiento económico de lo que lo haría una recuperación alta en carbono. 

Es decir, el planteamiento radica en actuar de forma opuesta a lo hecho a raíz de la Gran Recesión, sobre  principios que en absoluto  son utópicos:

• El despliegue de un haz tecnológico ya existente (es decir, no improvisado), con clara vocación de preservación ecológica de forma que el apuntalamiento de los proyectos que van en la dirección de un nuevo modelo de crecimiento más respetuoso con el capital natural esté en el horizonte.
• La canalización de capitales públicos hacia las actividades que infieran una mayor descarbonización, prescindiendo, por tanto, de los combustibles fósiles, y que esos flujos monetarios se encuentren bajo el control de los gobiernos y de las autoridades comunitarias para comprobar que los destinos son, en efecto, estimular la economía productiva en esos sectores emergentes.

En un estudio muy reciente, H. Engel-A. Hamilton-S. Hieronimus-T. Nauclér-D. Fine-D.Pinner-M. Rogers-S. Bertreau-P. Cooper-S. Leger (mayo de 2020), para la agencia McKinsey, proponen, para un país europeo con un contingente demográfico determinado (50-70 millones de habitantes) la movilización de entre 75 y 150 mil millones de euros de inversión en sectores bajos en carbono y generadores de externalidades ambientales menores, lo que podría suponer entre 180 y 350 mil millones de euros de valor añadido bruto y la creación de hasta tres millones de nuevos empleos, muchos en sectores y categorías demográficas donde los trabajos son ahora mismo altamente vulnerables:

(https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business Functions/Sustainability/Our Insights/How a post-pandemic stimulus can both create jobs and help the climate/SVGZ-COVID19-Carbon-ex1.ashx)

A su vez, esto permitiría una reducción de las emisiones de carbono del 15 al 30 por ciento para 2030. El estudio econométrico del gasto gubernamental en tecnologías energéticas mostró que las asignaciones a energías renovables pueden crear cinco empleos más por millón de dólares invertidos que el gasto en combustibles fósiles. Estos resultados se basan en una cuidadosa selección de medidas de estímulo de un menú inicial de casi cincuenta opciones. 

El trabajo sustenta las estimaciones de los multiplicadores de valor añadido bruto de cada medida potencial en las observadas para actividades similares en las principales economías de la Unión Europea. El potencial de creación de empleo se estimó mediante un análisis de regresión que consideró el empleo directo, indirecto e inducido con respecto a las características de diversas actividades económicas (Garret-Peltier, 2017). Las conclusiones son reveladoras   (consúltese tabla 1 y gráfico 2):

 Gráfico 2. Multiplicadores en inversión en actividades bajas en carbono (país europeo entre 50-70 millones de habitantes) 

• Cada euro invertido generaría entre 2 y 3 euros de valor añadido bruto.
• El impulso de empleo de este paquete de estímulo también sería sustancial: 1,1 millones a 1,5 millones de nuevos empleos en el extremo inferior del rango de gasto y de 2,3 millones a 3 millones en el extremo superior.
• Todo este dinero y sus efectos deberían ayudar a que la transición del país a una economía baja en carbono avance. De hecho, estas medidas podrían ayudar a reducir las emisiones de CO2 –15 a 30 por ciento, como se ha dicho, en relación a los niveles actuales– para 2030. Tal disminución explicaría una buena parte de la reducción de emisiones del 50 por ciento que se considera necesaria para lograr un calentamiento de 1,5 °C. (...)

3. Conclusión

            Este texto ha pretendido apuntar tan sólo una dirección importante para la canalización inversora, en una coyuntura, la actual, en la que se están planteando, al menos teóricamente, ambiciosos programas de inversiones en la Unión Europea. Alemania, Francia, Italia, España –por citar sólo algunos países–, han enfatizado una estrategia de inversión pública que, además, se ha visto aguijoneada por el planteamiento de la Unión Europea para concretar un paquete inversor en forma de préstamos a fondo perdido y con créditos a bajo coste para los Estados. 

La incógnita es canalizar esos recursos de la mejor manera posible, para que actúen no sólo como diques de contención a la crisis económica y social, sino también para que se erijan en espoletas financieras que abran nuevos nichos de ocupación, amparados en actividades menos agresivas con el medio ambiente. Este es, a nuestro juicio, el desafío central. Las investigaciones sobre multiplicadores fiscales pueden contribuir a aclarar estos aspectos. 

El gráfico 2 sintetiza 12 grandes áreas de posibles inversiones, algunas de ellas ya en funcionamiento de forma modesta, otras con mayores capacidades; en cualquier caso, no se está hablando de proyectos abstractos o poco plausibles. No hay invención alguna, ni filosofías teoréticas. Estas inversiones, según los trabajos de Garret-Peltiera (2017) y de Engel et alter (2020), infieren círculos virtuosos a la economía, con positivos impactos sociales: promociones más ecológicas que, además, excitan -si el marco regulatorio es el adecuado-  las iniciativas privadas y que, en su contexto, generan empleos."              

(Carles Manera, Catedrático de Historia Económica y José Pérez-Montiel, Profesor de Economía, ambos en la Universidad de las Islas Baleares. Economistas frente a la crisis, 02/06/20)

La realidad es que cualquier país monetariamente soberano, que emita deuda sólo en su propia moneda y que tenga un tipo de cambio flotante, jamás puede quebrar. La realidad es que el dinero es endógeno... Bajo estas realidades, las posibilidades de acción de la política económica son infinitas... nuestra propuesta, un New Deal Verde masivo, utilizando las nociones de la Teoría Monetaria Moderna y empleando como instrumento el Trabajo Garantizado

"La recesión exógena derivada de la covid-19 supone la enésima llamada de atención en favor de un cambio de paradigma económico.

 No se preocupen, al igual que en la Gran Recesión, no se hará de manera inmediata, porque quienes implementan la cosa pública siguen enarbolando su manual de instrucciones, absolutamente desfasado, completamente inoperante. 

Esta vez, sin embargo, de la necesidad harán virtud, ¡esperemos! Porque hay dos realidades previas a la pandemia que ahora sin duda deberán ser abordadas, si cabe, con más imaginación y decisión en los próximos años.

 Por un lado, el cambio climático, que sigue su curso, y que ya está provocando quiebras de empresas. Las autoridades monetarias, de facto están impulsando la transición hacia una economía de baja emisión de carbono porque les interesa garantizar que el sistema financiero pueda adaptarse a los cambios desencadenados por esas decisiones, y evitar un 'momento Minsky' climático. 

Por otro lado, la necesidad imperiosa de abordar las causas subyacentes de la fragilidad implícita actual, derivada de una financiarización excesiva de la economía. El objetivo es acometer ambas realidades de manera inclusiva. La ciudadanía debe ser la protagonista y beneficiaria de un nuevo impulso económico público verde, mientras se termina con el neo-feudalismo impuesto por los nuevos extractores de renta.

El dinero es endógeno

Permítanme refrescar varias evidencias empíricas e ideas fuerza que hemos ido detallando desde estas líneas, y que son necesarias para entender la política económica del futuro. Muchas hipótesis y teorías generalmente asumidas por los economistas no dejan de ser meras ensoñaciones de naturaleza parecida al cuento del ratoncito Pérez. La realidad es que cualquier país monetariamente soberano, que emita deuda sólo en su propia moneda y que tenga un tipo de cambio flotante, su Estado jamás puede quebrar.

 La realidad es que el dinero es endógeno –véanse las investigaciones Bank of England en “Modern Creation in the modern economy”; “Banks are not Intermediaries of loanable funds-and why this matters!”-, lo que supone que son los créditos los que crean depósitos, y la inversión la que determina el ahorro, no al revés. La realidad es que el tipo de interés es exógeno, es decir, el Banco Central puede fijar el nivel del tipo de interés a corto plazo, el diferencial entre el tipo de interés a corto y a la largo plazo, y el diferencial entre el coste de la deuda soberana y privada o entre deudas soberanas. 

La realidad es que la bajada de tipos de interés es deflacionista, salvo la inflación de activos que genera; y la subida de tipos de interés es inflacionista (efecto renta). La realidad es que la teoría de fondos prestables y el efecto expulsión del déficit público es otro cuento infantil. La realidad es que hay un dominio aplastante principio demanda efectiva, acuérdense del artículo del BCE “On the sources of business cycles: implications for DSGE models: What’s the Holdup?”. 

La realidad, para desgracia de los ordoliberales, es que el sur de Europa ha financiado desde la creación del Euro a Alemania y a Holanda, les traigo a la memoria el análisis realizado por el think tank alemán Centre for European Policy “20 Years of the Euro: Winners and Losers. An empirical study”.

Bajo estas realidades, las posibilidades de acción de la política económica son infinitas. Durante el período de confinamiento los gobiernos debían proteger a familias y empresas con un estímulo fiscal masivo, o bien mediante la monetización directa del gasto derivado del coronavirus, o usando alternativas equivalentes como el Programa de Compras para la Emergencia de la Pandemia del BCE por importe de 1.350.000 millones de euros, sin exigir contrapartida alguna. De alguna manera, con mayor o menor eficacia, se ha ido haciendo.

Sin embargo, terminado el confinamiento, hay que descongelar la economía y, según la magnitud del destrozo, se va a necesitar un plan de reactivación. Ya saben ustedes nuestra propuesta, un New Deal Verde masivo, utilizando las nociones de la Teoría Monetaria Moderna y empleando como instrumento el Trabajo Garantizado. Debemos recordar algo obvio que, ante la gravedad sanitaria y la emergencia económica de la covid-19, había quedado relegado a un segundo plano. 

El 'Momento Minsky' climático es imparable, salvo que se implemente una política económica activa que lo evite. La adopción de políticas públicas contra el cambio climático en todo el mundo se debe no solo continuar sino reforzar y acelerar. Obviamente éstas van a alterar la rentabilidad y la viabilidad de las empresas en muchos sectores. 

En este sentido, los inversores ya han empezado a gestionar estos riesgos -y explorar las posibles oportunidades- identificando las áreas en las que los cambios de las políticas pueden acabar afectando a los precios del mercado.  

Cinco sectores, en particular están experimentando en la actualidad el grueso de esta alteración: servicios financieros; minería; petróleo y gas; utilities y automoción. A ellos se incorporará el turismo.

Calificación energética

Para nuestro país va a suponer todo un reto, lleno de oportunidades, donde, esperemos, no perder de nuevo el tren de la historia. España debe jugar un papel relevante en el New Deal Verde Europeo porque tiene parte de los sectores clave en dicho proceso, y además cuenta con la capacidad y el talento necesario. Pero para ello hay que planificar la cosa pública, de manera que sea inclusiva y sean los ciudadanos españoles los protagonistas, no solo las empresas de turno.

 Dos botones de muestra. Desde el sector de la construcción se debe virar en favor de una vivienda ecológicamente sostenible, utilizando los procesos de industrialización de edificios donde se incorporan nuevas tecnologías. Lo siento, pero ya no se puede construir como hasta ahora. Ecológicamente no es admisible. 

El sector público, además, se debe volcar en mejorar la calificación energética de todas y cada una de las viviendas existentes, especialmente de las familias más vulnerables, vía ayudas directas e indirectas. Los ciudadanos agradecerán vivir en casas más sostenibles y energéticamente más eficientes. Su bolsillo y salud lo notarán.

Una nueva movilidad

Un segundo botón de muestra es el sector de la automoción en España, que debe jugar un papel relevante en el New Deal Verde Europeo y de alguna manera “ayudar” a cambiar el paradigma actual. Para ello necesita activar dos ejes. El primero, un plan de achatarramiento vinculado al cambio climático, que tenga en cuenta la realidad actual de la industria de automoción en España, no la francesa o alemana. 

Por otro lado, una política industrial pública activa que impulse la inversión en la automoción en diferentes líneas: industria 4.0 y Big Data; España como pieza clave de la cadena de valor global del coche eléctrico, que sigue siendo a fecha de hoy una quimera; procesos de fabricación sostenibles; impulso a nuevos combustibles; planificar, especialmente en los tiempos que corren, una nueva movilidad –segura, compartida, ecológica, conectada y autónoma-. 

Hay, sin duda, muchos más ejemplos, pero al menos que estos dos botones de muestra, en dos sectores sensibles para nuestra economía, sean un ejemplo de lo que se puede hacer."                  (Juan Laborda, Vox Populi, 12/06/20)