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21.4.26

Pues para hacer un vaquero 100% de algodón, ecológico, hay que dar más vueltas que una peonza... es casi imposible (Karelia Vázquez)

 "L a prenda más usada del mundo es un auténtico ecodesastre. En el libro Unraveled. The Life and Death of a Garment (Portfolio, 2021) Maxine Bédat narra la vida de un par de vaqueros, desde la granja donde se cultiva el algodón, el proceso de hilado, lavado y teñido, la costura, la venta en tiendas, hasta su más que probable final en un vertedero. Es un viaje que recorre el mundo de América a Asia, para terminar en África.

Los pantalones, creados en 1873 como ropa de trabajo resistente para los mineros, son, según Bédat, fundadora del think tank New Standard Institute, la prenda de vestir más común en los armarios contemporáneos. Como promedio, y según Fashion United, las mujeres tienen siete pares, y los hombres, seis. La producción de un vaquero requiere casi 6.000 litros de agua. Esto equivale a 70 duchas de 10 minutos o a 937 descargas del retrete que se consumen en el cultivo del algodón y en los procesos de teñido y lavado que se repiten durante todo el proceso.

Varias marcas de moda llevan décadas intentando rehabilitar la reputación del denim, pero cambiar hábitos y procesos muy implantados en la industria ha resultado más difícil de lo que parecía. Javier Goyeneche, fundador y presidente de Ecoalf, que se ha lanzado a la aventura de hacer un vaquero sostenible, dice que varias compañías le habían propuesto crear una licencia de Ecoalf para denim. “Pero lo que solían proponernos no nos compensaba. No tenemos necesidad de abrir nuevas líneas si no suponen un paso adelante en la sostenibilidad”, cuenta desde sus oficinas ubicadas en el imponente número 1 de la Gran Vía de Madrid. Asegura Goyeneche que viendo que la filosofía de su marca no encajaba en ninguno de los proyectos de vaqueros limpios que estaban en marcha, en 2021 se propusieron imaginar cómo sería el vaquero según Ecoalf. Pensaron desde la materia prima hasta los acabados y patronajes. “Si al final del proceso hubiera tenido la sensación de que no estábamos aportando algo valioso a la industria, no hubiéramos lanzado el denim”, asegura. La línea, que se compone de un vaquero masculino, dos femeninos, y varias camisas, llega a sus tiendas y corners de El Corte Inglés en un momento en que la prenda vive un momento dorado. En 2024 el mercado global del denim tenía un valor de 86.700 millones de dólares, y se cree que para 2030 superará los 121.000 millones de dólares, beneficiándose del agotamiento del chándal y las prendas deportivas, que alcanzaron su popularidad máxima en la pandemia.

El denim ha recuperado su condición de zeitgeist y ha retornado a las alfombras rojas —Julia Roberts y Amanda Seyfried los llevaron en el festival de cine de Venecia—; ha vuelto a renacer en monumentales campañas publicitarias con nombres como el de Lady Gaga para Gap; y apareció en la portada de septiembre de Vogue, donde Emma Stone defendía un jean firmado por Louis Vuitton. No es mal momento para apostar por una línea de vaqueros.

El denim de Ecoalf estaba programado para salir casi medio año antes, pero el camino a la sostenibilidad, si se emprende en serio, está plagado de tropezones y malentendidos.

“En 2021 nos propusimos crear un producto que no existía en el mercado: un vaquero absolutamente reciclable: sin elastano, de algodón regenerativo, con un pigmento índigo natural con cero químicos, que consumiera una cantidad mínima de agua y con botones desmontables”, describe Julie Sohn, directora creativa y de producto. Sohn y su equipo montaron una red de detectives para buscar proveedores de confianza que fabricaran hilos de algodón resistentes (los vaqueros siempre se cosen con fibras de poliéster, este no), tejidos fiables y pigmentos índigo naturales. Sobre todo, buscaban cómplices, gente en la industria que estuviera alineada con sus principios y se implicara en el reto de fabricar el vaquero más limpio del mercado.

El primer problema llegó cuando un proveedor les coló una hebra de poliéster. Era 2023 y descubrieron una fibra T-400, sintética y con elastano en el tejido. “Paramos la producción porque queríamos hacerlo todo con fibras naturales y seguimos buscando”, recuerda Sohn. En la feria Pitti Uomo les presentaron a Gigi Caccia, fundador de Pure Denim. “Fue una bendición, nos dio confianza porque había desarrollado el denim más sostenible del mundo. Le encargamos otra vez nuestras telas”.

La meticulosidad de la firma española alcanza los bolsillos interiores de los vaqueros y todas las etiquetas y los hilos. Ángela Pérez Calleja, responsable de innovación y desarrollo de materiales, examinó el mercado hasta que encontró a Coats, una compañía experta en hilos de coser. “Habían desarrollado un proceso de circularidad de los hilos, y buscábamos uno de algodón resistente para usarlo en tejido denim y que garantizara la durabilidad de la prenda”, explica.

La monomaterialidad es el patrón oro para conseguir que una pieza pueda reciclarse por completo. “Era uno de nuestros objetivos. Si trabajábamos con tejidos y fibras de la misma composición o con mezclas como la del algodón regenerativo con el reciclado, facilitábamos el reciclado al final de la vida útil del vaquero”, razona Pérez Calleja.

Una vez elegido el tejido se probaron los colores, un proceso muy delicado. “No todos los colores funcionan bien en todos los tejidos”, apunta Pérez Calleja. Viajaron a las fábricas de Italia y a la de Marruecos donde se cosían los vaqueros. “Era importante estar allí y ver con nuestros propios ojos cómo se hacían las cosas”. Precisamente en una fábrica de Fez llegó el segundo contratiempo. “Estábamos esperando que pararan las lavadoras, una espera larga y tediosa, y nos dio por quemar con un mechero un hilo de los que se estaban usando. Se nos cayó el alma a los pies. El hilo de poliéster se hace una bolita cuando se quema y este era, sin dudas, poliéster. No era lo acordado”, cuenta Rocío Tinao, diseñadora y project manager. Ella misma había hecho muchas pruebas de resistencia hasta desarrollar el hilo adecuado y había percibido miedo en los responsables de confección. No sabían si el vaquero aguantaría o no. “Yo tampoco lo sabía”, confiesa Tinao.

La quema del hilo no dejaba dudas, no se estaba cosiendo con algodón. Goyeneche recuerda perfectamente ese día. “Era agosto de 2025, en septiembre teníamos contratada la campaña y preparado el lanzamiento, y acabábamos de descubrir que se estaba cosiendo con hilo de poliéster, había que parar toda la producción. Recuerdo tener en mi despacho al fabricante diciéndome: ‘¿De verdad me vas a echar para atrás los 8.000 vaqueros por un hilo? ¿Pero quién se va a dar cuenta?’. Ciertamente nadie, ni nosotros si no hubiéramos quemado un hilo, pero lo hicimos y el asunto no iba de que nos pillaran mintiendo o no, sino de hacer un vaquero sostenible según nuestra filosofía. Paramos la producción porque para ser coherente a veces hay que tomar decisiones drásticas”.

Así que empezamos de cero. “Encontramos otra fábrica en Marruecos y fue una bendición”, cuenta Sohn. “Están más metidos que nosotros”, indica Tinao.

Una de las fases más contaminantes de la producción de un vaquero es el acabado. Viajamos a Valencia a ver cómo Ecoalf lidia con el exceso de consumo de agua y los lavados consecutivos. Jeanologia, una compañía que desde 1999 desarrolla tecnologías para hacer las prendas más sostenibles, es su socio. En una gran nave y dentro de lavadoras enormes los vaqueros dan vueltas pero dentro no hay agua. “La prenda se confecciona con el tejido sin lavar y en el proceso convencional los efectos de desgaste (bigotes se llaman los de las piernas) se simulan a base de lavados continuos o con una lija que elimina el índigo superficial para dejar salir el blanco”, explica Amor Cardona Fortea, experta en textiles sostenibles de Jeanologia. Todos estos procesos, contaminantes y lesivos para los operarios y el medio ambiente (con el lijado el índigo desprende potasio permanganato), se sustituyen en Jeanologia por el láser, que consigue pasar el pigmento de sólido a gaseoso y eliminar el color. Con esta técnica se hacen además los rotos del vaquero, los efectos de camuflaje y animal print y las texturas. El lavado tradicional a la piedra consume 70 litros de agua por prenda, con la tecnología valenciana se queda en un litro por tejano, utilizan una lavadora de aire y se reducen los tonos de índigo con ozono en lugar de con agua. “Luego el ozono se descompone dentro de la lavadora y se devuelve a la atmósfera como oxígeno”, detalla Carmen Silla, directora global de marketing. El ahorro de agua es del 96%.

Sohn y Goyeneche coinciden en que producir un vaquero con esta meticulosa sostenibilidad puede ser hasta tres veces más caro que hacerlo con el modo convencional, pero el precio de su vaquero será de 129 euros. “Ecoalf nació con un margen bruto muy pequeño, si hubiéramos tenido que aplicar todos los costes, por ejemplo de sacar la basura del océano, recogerla, categorizarla y convertirla en polímero, todos los productos serían entre un 30% o un 35% más caros”, razona el fundador de la marca.

¿Estamos ante el vaquero más sostenible del mercado? Ante esta pregunta la respuesta es más conservadora. “No somos perfectos, pero entendemos que hay una mejora brutal respecto al denim tradicional”, argumenta Goyeneche. “Digamos que es el vaquero más sostenible que hemos sido capaces de hacer”, matiza Ángela Pérez Calleja. Es un vaquero que sienta bien, pensado para durar mucho tiempo, ha contaminado poco y apenas va a dejar huella de su paso por este mundo. Usted solo tendrá que usarlo mucho y desatornillar los botones a la hora de tirarlo. No es poco para la prenda más contaminante y que más nos pondremos a lo largo de la vida." 

(Karelia Vázquez , El País Semanal, 18/04/26)  

30.1.25

La lección más importante de DeepSeek para España... Nuestro país carece de un contexto que favorezca la innovación, porque el dinero nacional apenas apuesta por sectores nuevos (prefiere el inmobiliario o las rentas financieras, canalizadas a través de los distintos inversores ligados a Wall Street) y el Estado no cuenta con iniciativas serias de apoyo a las empresas emergentes. Los fondos de capital de riesgo participados por el Estado han sido un arma poderosa en otros países, y serían esenciales para impulsar cambios en ese sentido... hay ámbitos, y la tecnología es uno de ellos, donde existen espacios de acción en los que el talento es determinante. De modo que, en lugar de pensar en cuántos recursos proporcionar a las empresas (grandes) existentes, sería necesario crear un contexto en el que el talento pudiera desarrollar iniciativas interesantes y significativas a través de una estrategia clara... DeepSeek demuestra que hay espacios de acción posibles en un terreno, como el tecnológico, en el que los españoles contamos poco. No contamos con el ecosistema, ni con el enfoque correcto, pero sí hay talento. Otra cosa es que decidamos volver a desperdiciarlo... China incentivó la creación de startups que gozaban de acceso a capital de riesgo respaldado por el Estado y que fueron apoyadas por planes específicos para las distintas fases de su crecimiento... Esta es una gran paradoja: DeepSeek es el producto de un gobierno estatalista que tiene una presencia continua en la vida económica, como es el chino, pero que ha construido un contexto que fomenta que sus empresas compitan entre sí. Sin embargo, los gobiernos que insisten en que lo más relevante es la iniciativa privada, como el estadounidense, han terminado por generar monopolios y oligopolios que producen altas dosis de ineficiencia (Esteban Hernández)

 "La aparición de DeepSeek ha sonado como un golpe fuerte sobre la mesa. Desde luego, ha impactado en la autoestima: EEUU era una potencia cuyo dominio tecnológico resultaba indiscutible y los cortafuegos al crecimiento chino, caso de los chips, hacían muy improbable que Pekín lograra ponerse en algún momento a su altura. DeepSeek perturba esa narrativa y lo hace en un momento relevante.

EEUU está presionando con insistencia para ganar poder en distintos ámbitos, en especial en el económico, con los aranceles como principal instrumento. En un contexto en el que la expansión geográfica queda limitada por el poder chino y por el posicionamiento de Estados que tienden a jugar a dos bandas, EEUU necesita crear nuevas oportunidades de negocio en terrenos donde su supremacía no sea discutida. El ámbito tecnológico es su principal apuesta.

La captación, por parte de su ámbito financiero, de recursos de gran parte del mundo, tiene en los mercados bursátiles una de sus mejores bazas. La tecnología es un terreno particularmente valorado: firmas como Apple, Microsoft, Amazon, Google y (hasta la aparición de DeepSeek) Nvidia, eran las más relucientes del mercado. Además, la inteligencia artificial aparecía como uno de los valores que asentaban el brillante futuro de esas compañías: su ventaja competitiva aumentaría gracias a su desarrollo en ese campo.

¿Es necesaria tanta inversión?

La línea que conecta la producción masiva de energía, la fabricación de chips (restringidos a China), los centros de datos y la inteligencia artificial es la apuesta estrella de la Administración Trump. El proyecto Stargate, en el que participan OpenAI, Oracle y SoftBank, que había previsto una inversión de 500.000 millones de dólares para desarrollar centros de datos que afinasen la inteligencia artificial, es un buque insignia. La aparición de DeepSeek ha dañado profundamente al fabricante de chips Nvidia, no porque sus productos fueran deficientes, sino porque subrayaba que no era necesario producir tantos para obtener resultados, lo que reduce enormemente su potencial de crecimiento. Y, del mismo modo, ha introducido serias dudas sobre la necesidad de tantos centros de datos, que son costosos en energía y agua: ¿Es precisa una inversión tan elevada cuando se puede obtener buenos resultados con muchas menos horas de entrenamiento de la IA y con una menor recolección de información?

EEUU continúa convencido de que, al fabricar chips mucho mejores que los chinos, la ventaja competitiva sigue de su parte

Es probable que el potencial disruptor de DeepSeek sea menor de lo que hoy se anuncia y que altere escasamente el programa previsto por la Administración Trump. EEUU continúa convencido de que, al fabricar más y mejores chips que los chinos, la ventaja competitiva sigue de su parte, y que la fuerza bruta de los centros de datos y de la capacidad de procesamiento le permitirá innovar y asegurar así su hegemonía en ese campo. Donald Trump ha señalado que el hecho ha supuesto una llamada de atención para sus tecnológicas que debería servir como acicate y Marc Andreessen, uno de los inversores tecnológicos que más ha apoyado al presidente, ha afirmado que este es “el momento Sputnik de EEUU”.

Proteger la innovación de los monopolios

Las lecciones que se pueden extraer de este asunto son significativas. Al margen de la escasa capacidad disuasoria de las sanciones y demás consideraciones geopolíticas, hay algunas de orden operativo de las que podrían tomar nota España y Europa para operar en un campo, el tecnológico, en el que van por detrás o muy por detrás.

"Necesitamos apostar por la competencia en lugar de por los campeones nacionales"

EEUU apostó por desarrollar la IA a través de sus grandes empresas, las big tech: el tamaño era una ventaja, como lo era concentrar los esfuerzos. China lo hizo de otra manera, y además de apoyar a sus gigantes, incentivó la creación de startups que gozaban de acceso a capital de riesgo respaldado por el Estado y que fueron apoyadas por planes específicos para las distintas fases de su crecimiento. Debe tenerse en cuenta que las startups, en EEUU y en Europa, suelen tener como objetivo ser compradas por las grandes, lo que lleva a especializarse en realizar tareas que resulten interesantes o complementarias a las big tech y mucho menos a focalizarse en la capacidad de innovación o de crecimiento. Se buscan más nichos que visiones nuevas.

Centrarse en los gigantes nacionales tiene un riesgo: al concentrar todos los esfuerzos en pocas manos, se generan incentivos para que las empresas actúen buscando mucho más su propio beneficio que la innovación. El modelo Boeing es un buen ejemplo de cómo sectores punteros, importantes en el terreno de la seguridad, terminan convirtiéndose en entornos coagulados, donde la capacidad de avanzar se ve frenada por la ausencia de competencia. Las grandes tecnológicas como Meta, Microsoft, Google, Amazon o Apple son máquinas de hacer dinero mucho más que compañías que apuestan por generar nuevos avances. La innovación que buscan está en el modelo de negocio mucho más que en sus productos.

Una paradoja: el Gobierno de EEUU, que insiste en la iniciativa privada, ha acabado por generar monopolios y oligopolios ineficientes

Lina Khan, la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio de EEUU, subrayaba claramente el problema de ese enfoque: “La historia y la experiencia demuestran que los monopolios torpes, sumidos en la burocracia y en la inercia, no pueden producir los avances tecnológicos revolucionarios que suelen crear las empresas emergentes ávidas de recursos… Para mantenernos a la vanguardia a nivel mundial, no necesitamos proteger a nuestros monopolios de la innovación, sino proteger la innovación de nuestros monopolios. Necesitamos elegir la competencia en lugar de los campeones nacionales”.

Esta es una gran paradoja: DeepSeek es el producto de un gobierno estatalista que tiene una presencia continua en la vida económica, como es el chino, pero que ha construido un contexto que fomenta que sus empresas compitan entre sí. Sin embargo, los gobiernos que insisten en que lo más relevante es la iniciativa privada, como el estadounidense, han terminado por generar monopolios y oligopolios que producen altas dosis de ineficiencia.

Una oportunidad para España y para Europa

Si lo importante es la competencia y no los campeones nacionales, y DeepSeek es una demostración de ello (es posible hacer más con menos si se posee el talento preciso), la oportunidad se abre para Europa.

En lugar de apostar por la fuerza bruta (más datos, más cálculos, más potencia para entrenar el modelo), DeepSeek se ha centrado en utilizar lo existente de la mejor manera posible. Y eso es relativamente barato: requiere personas con cierto talento y una mirada diferente. Se trata mucho más de los algoritmos que de la fuerza bruta; es más la inventiva que las grandes inversiones. Es decir, se puede entrar en áreas que parecían vedadas siempre y cuando se cuente con el talento y la estrategia correcta: el dinero no es determinante. Y eso significa una oportunidad para España y para Europa.

Dado que se tiende a imitar las fórmulas que se utilizan en EEUU, se insiste en la fuerza del tamaño, cuando lo determinante es el talento

Nuestro país carece de un contexto que favorezca la innovación, porque el dinero nacional apenas apuesta por sectores nuevos (prefiere el inmobiliario o las rentas financieras, canalizadas a través de los distintos inversores ligados a Wall Street) y el Estado no cuenta con iniciativas serias de apoyo a las empresas emergentes. Los fondos de capital de riesgo participados por el Estado han sido un arma poderosa en otros países, y serían esenciales para impulsar cambios en ese sentido. Hay más opciones, por supuesto, pero todas ellas pasan por contar con una estrategia clara de país que estableciera prioridades e instrumentos.

Además, Europa está pensando en sentido contrario: lo que importa son los campeones nacionales, cuando no los continentales. Dado que se tiende a imitar las fórmulas que se utilizan en EEUU, se insiste en la fuerza del tamaño. Pero hay ámbitos, y la tecnología es uno de ellos, donde existen espacios de acción en los que el talento es determinante. De modo que, en lugar de pensar en cuántos recursos proporcionar a las empresas (grandes) existentes, sería necesario crear un contexto en el que el talento pudiera desarrollar iniciativas interesantes y significativas a través de una estrategia clara. Lo primero supone quitarse de encima el problema, lo segundo afrontarlo. DeepSeek demuestra que hay espacios de acción posibles en un terreno, como el tecnológico, en el que los españoles y los europeos contamos poco. No contamos con el ecosistema, ni con el enfoque correcto, pero sí hay talento. Otra cosa es que decidamos volver a desperdiciarlo."

(Esteban Hernández , El Confidencial, 29/01/25)

23.10.24

Al bloque de gobierno se le acumulan los frentes contrarios al gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas... Repsol ha de realizar inversiones y tiene dinero para ello, pero dedica buena parte de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Una posición lógica desde el punto de vista de la compañía, pero no tanto desde el Estado. Esta visión recuerda demasiado a un modelo fallido... Desde el Gobierno señalan que, en un momento como este (se van a necesitar) 10.000 millones más, tiene sentido que las empresas ayuden... pero, Los fondos de inversión, presentes en la práctica totalidad de nuestras cotizadas, están exigiendo rentabilidades del 10% incluso a negocios ya maduros... Esa exigencia de rentabilidad, que es natural en cualquier negocio, deja de serlo cuando se vuelve demasiado rígida, y perjudica en la medida en que detrae recursos de la economía española para redirigirlos hacia ámbitos que no aprovechan al país... Europa necesita una notable inyección de capital, la prioridad debería ser el reforzamiento de las capacidades europeas y de los distintos países que integran la Unión, mucho más que la satisfacción de exigencias rigurosas por parte de accionistas... el de Repsol es uno de los muchos conflictos que vendrán: cómo y dónde destinar el capital y para qué supondrá ajustes complicados (Esteban Hernández)

 "Al bloque de gobierno se le acumulan los frentes contrarios al gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha expresado su posición en un artículo en términos muy duros, y más en la medida en que volvía contra el gobierno los argumentos que utilizaba para justificar el impuesto. Las medidas que están tomando son populistas, ahogan a la industria, continúan sin solucionar las superposiciones regulatorias, perjudican a las empresas y acabarán causando daños al estado del bienestar. Según Imaz, el gravamen destruirá empleos, en especial los industriales, y llevará a España a volcarse aún más en el modelo de servicios y en trabajos deficientemente retribuidos. Sin embargo, más allá del caso concreto de Repsol, la intención de Moncloa y su viabilidad formula grandes preguntas acerca de la economía de nuestra época y de la manera en que un país como España puede encontrar una salida beneficiosa en una era muy complicada.

El primer asunto se asienta en la veracidad de muchos de los argumentos que utiliza Imaz. La necesidad de fortalecer la industria, de invertir en ella y de potenciar un empleo más estable, así como de asentar las capacidades españolas, son aspectos muy relevantes en estos años. Desde el gobierno debería hacerse lo posible para favorecer ese reforzamiento y para impulsar una reindustrialización para la que nuestro país tiene muchas opciones si es capaz de aprovechar sus bazas energéticas. En ese orden, parece absurdo colocar trabas a las compañías ligadas a la industria.

Sin embargo, esa no es toda la realidad. En este sentido, la invocación de Repsol a que el Gobierno no presione más fiscalmente se produce en un contexto en el que el beneficio neto de la compañía ha sido de 1.626 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 14,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y en el que la energética ha anunciado un segundo programa de recompra de acciones y una reducción de capital. Repsol tiene 1.128 millones de euros comprometidos como dividendo en efectivo para 2025.

Repsol ha de realizar inversiones y tiene dinero para ello, pero dedica buena parte de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Una posición lógica desde el punto de vista de la compañía, pero no tanto desde el Estado. Esta visión recuerda demasiado a un modelo fallido, tanto a nivel interno como externo, la economía del trickle-down o del efecto derrame. Desde esta perspectiva, la reducción de impuestos a grandes empresas y a las clases con más recursos generaría consecuencias muy positivas para la sociedad, ya que esos beneficios revertirían en forma de inversión, lo que acabaría por mejorar la actividad económica y el nivel de vida de los ciudadanos de un país. Esta ha sido la teoría dominante en las últimas décadas, y continúa siéndolo.

Desde el Gobierno señalan que, en un momento como este (se van a necesitar) 10.000 millones más, tiene sentido que las empresas ayuden

Los efectos negativos de esta forma de entender la economía han sido abundantes: gran parte de la inversión ha tenido lugar en países fuera de la esfera occidental, lo que contribuyó enormemente a potenciar a China y a India, mientras que la mayoría de lo generado no ha tenido ningún destino productivo, ha ido a parar a los bolsillos de los accionistas o a inversiones en el ámbito financiero extractivo y ha empobrecido a una gran mayoría de los ciudadanos.

Por lo tanto, se conjugarían aquí tres lógicas: la necesidad de retribuir a los accionistas, la de realizar inversiones que son necesarias para que la compañía conserve la competitividad y la de los Estados de impulsar una economía más productiva.

Más allá del afán recaudatorio, este tipo de gravámenes incentivarían que los beneficios se reinvirtieran en el ámbito productivo

En un momento como este, en el que el Estado va a necesitar 10.000 millones más, tendría sentido, aseguran fuentes del bloque de gobierno, que empresas que han obtenido beneficios fruto de la coyuntura, ayuden en la recaudación: es imprescindible para unas cuentas públicas que a su vez serán presionadas no solo por las deudas pendientes sino por las exigencias de reducción del déficit de Bruselas. Recordemos que el efecto derrame ha tenido consecuencias muy distintas de las anunciadas: mientras los ciudadanos cada vez pagamos más impuestos, los sectores que más beneficios obtienen, gracias a la capacidad de las grandes firmas para evitar los límites territoriales, poseen mecanismos para evitar legalmente la imposición de los gobiernos. Al final, paga el ciudadano común.

Pero, más allá de lo recaudatorio, el gravamen tendría mucho sentido, aseguran, en la medida en que la política fiscal contaría con un propósito incentivador. La parte de los beneficios que se destinase a inversión productiva en el país podría deducirse, lo que animaría a destinar más partidas a ese objetivo, y desincentivaría la retribución a los accionistas. De este modo, se favorecería a la industria en lugar de beneficiar al rentismo.

Un momento distinto

El segundo asunto tiene que ver con las críticas de Escrivá, quien afirmó ayer que sería deseable “cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones”. Las palabras del gobernador del Banco de España se interpretan desde Sumar como una posición lógica de defensa del sector bancario, pero que carecen de sentido en la medida en que “los bancos españoles actualmente prácticamente no pagan el Impuesto sobre Sociedades a pesar de registrar beneficios históricos. Esto se debe a que aún se están descontando las pérdidas acumuladas por las Cajas que compraron a precio de saldo una vez saneadas por el contribuyente”.

¿La prioridad debe ser el reforzamiento de las capacidades europeas o la satisfacción de las exigencias rigurosas de los accionistas?

Sin embargo, y más allá de este elemento, señalan un problema grave que no solo afecta a los bancos. Los fondos de inversión, presentes en la práctica totalidad de nuestras cotizadas, están exigiendo rentabilidades del 10% incluso a negocios ya maduros. Esa presión perturba a muchas firmas, lo que lleva a disfunciones notables con el fin de aumentar los beneficios.

Esa exigencia de rentabilidad, que es natural en cualquier negocio, deja de serlo cuando se vuelve demasiado rígida, y perjudica en la medida en que detrae recursos de la economía española para redirigirlos hacia ámbitos que no aprovechan al país. En otro contexto, el asunto tendría ribetes menos preocupantes, pero ahora Europa necesita una notable inyección de capital, como ponían de manifiesto, de maneras distintas, Draghi y Letta, por lo que la prioridad debería ser el reforzamiento de las capacidades europeas y de los distintos países que integran la Unión, mucho más que la satisfacción de exigencias rigurosas por parte de accionistas. En un momento de debilidad y urgencia, son necesarias medidas muy distintas que las que se utilizaron en épocas de menor presión, y esta clase de impuestos van a ser necesarios.

Difícil de realizar

La realidad, sin embargo, pasa por algo más prosaico, la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo las medidas que entienden necesarias. En el caso español, los escollos para que el impuesto a los bancos y las energéticas cobre un carácter permanente son numerosos. Por más que el PSOE pretenda llevar adelante la propuesta, tendrá que saltar varios obstáculos. Sumar no será problema, como ERC y Bildu. Tampoco Podemos debería oponerse a esta clase de impuestos. Pero PNV y Junts son otra cosa. Los vascos se debaten entre las posiciones encontradas de empresas del ámbito energético radicadas su territorio. Iberdrola, más verde, que pagaría menos al tener parte de su actividad regulada, es menos hostil que Repsol, dedicada al petróleo y al gas. Se cree que la posición de los jeltzales no sería insalvable, ya que les puede convenir por recaudación. El problema es Junts, un partido de derechas que no ve con buenos ojos esta iniciativa y cuyo voto en contra impediría la aprobación de la medida.

En segundo lugar, está la redacción de la norma. Imaz tiene razón en que si el Gobierno camina por la vía del impuesto, la doble imposición haría que el TS pudiera anular la norma, con el coste que eso supondría para las arcas públicas. En Sumar afirman que se trata de un gravamen con destino finalista, lo que haría posible que no existieran correcciones posteriores desde los tribunales. Unas y otras cosas, el equilibrio parlamentario de fuerzas y el diseño de la norma hacen muy difícil que salga adelante. Demasiadas piezas que han de encajar.

Las soluciones distintas

El problema va mucho más allá de Repsol y de un gravamen. No se trata de si Imaz tiene razón o de si las empresas tienen que pagar más: se trata de cómo se va a recomponer España en una época internacional complicada, en la que las apuestas productivas se multiplican en los países con mayor potencia del mundo, en el que la energía (abastecimiento y coste) va a ser fundamental y en el que la industria va a jugar un papel relevante para que les vaya bien a los países. Congeniar las necesidades en juego resulta complicado, pero es claro que España necesita una dirección y un proyecto en el que no se puede mantener la misma mentalidad económica que en el periodo inmediatamente anterior. Si queremos sobrevivir en Europa, como afirmaba Draghi, van a hacer falta soluciones distintas, que levantarán ampollas a un lado y a otro. Los partidos van a tener que mover su marco económico, pero también las empresas tendrán que pensar de otra manera sobre la política. En este sentido, el de Repsol es uno de los muchos conflictos que vendrán: cómo y dónde destinar el capital y para qué supondrá ajustes complicados."               

(Esteban Hernández , El Confidencial , 23/10/24)

10.7.24

BlackRock, el Estado chino o un expresidente boliviano: quién controla el negocio de las nuevas minas en España

 "Investigate Europe analiza el accionariado de las 23 empresas con minas de materias primas críticas o proyectos avanzados para abrirlas

Investigate Europe analiza el accionariado de las 23 empresas con minas de materias primas críticas o proyectos avanzados para abrirlas

Da igual que se llamen BlackRock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.

La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.

Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. 

Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.

Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.

De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.

El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.

En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.

La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.

Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.

Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.

También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.

El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.

El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.

El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.

En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.

En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.

El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a BlackRock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.

BlackRock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.

La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.

Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.

La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.

Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.

De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).

Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.

Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.

La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.

No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.

En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (BlackRock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.

La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.

Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.

El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.

Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.

En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.

Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.

Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves  y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.

Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.

Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta  y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.

Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.

La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.

El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.

En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.

En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.

También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.

Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.

Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.

Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.

Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.

El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto."                   (Manuel Rico , Investigate Europa, 06/11/23)

Los motivos de Orbán: por qué para Hungría es crucial hacerse con Talgo... su aspiración es convertirse el gran hub que conecte Europa central con las mercancías que llegan de Asia y que distribuya las europeas... Hungría tiene el deseo, el mercado y el dinero para realizar ese desarrollo, y Talgo aportaría los ingenieros y la tecnología... En ese escenario, que Hungría se convierta en el eje conector mercantil de Centroeuropa y que amplíe su influencia hacia los Balcanes... lo que ofrece incentivos no menores al Gobierno de Sánchez para ir al choque. Oponerse a la operación mediante la ley antiopas es una tentación presente que incluso puede reforzar el papel de Sánchez como anti extrema derecha y anti-Putin... pero el capital español tiene otras prioridades, y el hecho de que el gobierno tenga que acudir prioritariamente a CaixaBank cuando es necesario proteger empresas estratégicas españolas, y que el resto de bancos no estén por la labor, es ya enormemente significativo... Talgo es una señal de debilidad que va mucho más allá de un gobierno concreto (Esteban Hernández)

 "La opa lanzada por el consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe Zrt, formado por Magyar Wagon (55%) y el fondo estatal Corvinus (45%), para hacerse con Talgo es un resumen del momento internacional. No es una compra más, es un enredo atravesado por factores geopolíticos, ideológicos, económicos y de política institucional que solo puede entenderse a partir de la naturaleza del interés magiar por la firma española.

Hungría tiene una estrategia de desarrollo económico que opera en varios planos. Está aprovechando las deslocalizaciones de empresas europeas, fundamentalmente alemanas, gracias a su mano de obra más barata, pero también a su conexión con el gas ruso, que le permite ofrecer condiciones competitivas. Al mismo tiempo, se beneficia de una buena relación comercial con Pekín, que desea ampliar. En segundo lugar, tiene una posición geopolítica ambigua y mediadora que le permite disponer de conexiones con diferentes entornos geográficos y políticos. Su propósito es promover un entorno comercial abierto, que la globalización no se cierre de golpe, y que la política de bloques (EEUU contra China) no obligue a cortar relaciones con uno u otro. Como tercer elemento, pretende aprovechar la reindustrialización en su territorio para impulsar su propia industria.

En el vértice de esa estrategia figura su aspiración de convertirse el gran hub que conecte Europa central con las mercancías que llegan de Asia y que distribuya las europeas. Su posición geográfica es una ventaja, ya que le permite ejercer de núcleo distribuidor, como lo es su experiencia en el sector del ferrocarril, importante en el país, sobre todo en la construcción de infraestructuras. Para lograr su propósito necesita contar con algo más de lo que tiene, y ahí aparece Talgo, que aportaría tecnología, ingenieros y trenes. La oportunidad que surge con la firma española es importante, ya que se trata de una compañía con nombre y experiencia, con un precio relativamente barato —Hungría tiene 13.000 millones de euros en fondos de cohesión europeos para gastar—, cuyos dueños (fondos de private equity) quieren vender, y que puede aportar la curva de aprendizaje que los húngaros necesitan.

Hungría quiere sustituir paulatinamente el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, lo que serviría para cumplir con los objetivos de descarbonización ligados a los fondos europeos, pero sobre todo para convertirse en un actor dominante en ese ámbito en el eje centroeuropeo. Pretende entrar de lleno en una zona geográfica que no está bien conectada a través del ferrocarril, lo que le permitiría ganar un mercado de presente, el transporte de mercancías, y asentarse en otro de futuro, el transporte de pasajeros. Hungría tiene el deseo, el mercado y el dinero para realizar ese desarrollo, y Talgo aportaría los ingenieros y la tecnología. Y tampoco puede olvidarse que, gracias a las conexiones internacionales de Hungría hay otros mercados posibles, como el egipcio, donde hay 1.300 vehículos que construir, o el de algunos países asiáticos, donde espera tener penetración. Del mismo modo, hay que resaltar el papel que Hungría quiere jugar en ese sector a la hora de reconstruir Ucrania: el ancho de vía ucraniano es distinto al del resto de Europa, como le sucede al español, por lo que Talgo, que fabrica trenes para distintos anchos de vía, le aportaría una ventaja notable.

Pero Talgo es la empresa idónea para Hungría por una razón más, la ausencia de alternativas. Empresas como Alstom, Stadler o Siemens no están interesadas en el mercado al que se dirige Hungría porque no les resulta tan rentable como el americano o el australiano. Es un espacio residual para ellos. Y, de entrar, lo harían con producto acabado, vendiendo los trenes ya terminados, mientras que Magyar Wagon pretende fabricarlos. Hungría lleva varios años batallando con países cercanos para desarrollar su industria. La otra alternativa es China, pero Orbán prefiere una alianza con perfil europeo, de dentro de la UE, lo que facilitaría mucho las cosas. Eso no quiere decir que las relaciones con China no se desarrollen, porque pretenden, gracias a esa conexión, entrar en el mercado asiático.

Ese es el telón de fondo de la opa. Para Hungría es una operación muy importante, en la medida en que afecta a uno de los puntos clave de su estrategia de país. Será complicado que cese en su empeño por más barreras que coloque el Gobierno español.

Los factores en juego

La variable ideológica puede tener un peso en la decisión del gobierno español. Orbán está reuniendo a las nuevas derechas europeas en su grupo en el Parlamento, y está conformando un eje ideológico, emparentado con el partido republicano estadounidense, que aspira a impulsar el soberanismo en Europa y, por tanto, a restar peso a la Comisión y al papel que pueda jugar Bruselas. Sánchez es un líder socialdemócrata con notable peso, y encarna el tipo de visión europeísta que promueve una mayor integración en la UE. Junto con ella, aparece la variable geopolítica. Orbán está presionando para que exista un acuerdo de paz en Ucrania, tiene buenas relaciones con Putin, y pretende disponer de una conexión amplia con Moscú y sus recursos.

En ese escenario, que Hungría se convierta en el eje conector mercantil de Centroeuropa y que amplíe su influencia hacia los Balcanes, donde está construyendo ya una línea de alta velocidad que se conecta su país con Serbia, puede parecer inconveniente desde distintos puntos de vista, y ello al margen de las oportunidades de negocio a la hora de construir trenes que reste a otros países europeos. Ambos elementos ofrecen incentivos no menores al Gobierno de Sánchez para ir al choque. Oponerse a la operación mediante la ley antiopas es una tentación presente que incluso puede reforzar el papel de Sánchez como anti extrema derecha y anti-Putin.

Los húngaros, conocedores de esta lectura, han intentado mantener un perfil político bajo y se han centrado en los aspectos puramente económicos. En el folleto de la opa figura su oferta: mantener la marca y la empresa cotizada en España, así como el centro de innovación, y garantizar el empleo. Si se quieren tomar en cuenta otras consideraciones, al menos que resulte difícil hacerlo, parecen pensar. Además, no se oponen a que una empresa española entre en el accionariado, siempre y cuando el consorcio húngaro mantenga la mayoría.

La reacción española

El segundo factor que debe tomarse en consideración es la debilidad que ha mostrado el gobierno a la hora de articular una contraopa. El coste relativamente bajo de Talgo, alrededor de 600 millones de euros, podría facilitar que el dinero español pujase por la firma. Sin embargo, los intentos del gobierno con Escribano y con Caixa no han dado sus frutos, y tampoco CAF, que sería la compañía idónea, al reforzar el sector con una firma de mayores dimensiones, tampoco está dispuesta a entrar en la operación. El capital español tiene otras prioridades, y el hecho de que el gobierno tenga que acudir prioritariamente a CaixaBank cuando es necesario proteger empresas estratégicas españolas, y que el resto de bancos no estén por la labor, es ya enormemente significativo.

El tercer elemento importante son las consecuencias económicas de una negativa del gobierno a la adquisición de Talgo por parte del consorcio húngaro. Por una parte, los deseos de vender de los accionistas principales son evidentes y presionarán para que la operación se lleve a efecto. Por otra, están las tensiones alrededor de los puestos de trabajo que se pueden crear con los sindicatos. La oferta, que contempla la permanencia en España del empleo, así como la promesa de desarrollar la firma de cara al exterior, suena mucho mejor que llevar a Talgo a una situación complicada. El consorcio húngaro puede ser una salida para el futuro de la compañía y no se percibe otra opción en el horizonte.

Todos estos factores influirán en la decisión final del gobierno. El enredo legal que supondría la negativa sería notable, porque no se atisban motivos jurídicos que la respalden. El consorcio liderado por Magyar Wagon es europeo, y las compañías de la UE quedan exceptuadas de la ley antiopas. Podría argumentarse que la venta de Talgo afecta a la seguridad nacional, pero no hay elementos que lo justifiquen, o que afecta a la competencia, pero existe CAF en nuestro país.

Balázs Orbán, director político del primer ministro húngaro, aseguró a El Confidencial que "los empresarios húngaros tomaron la decisión de buscar un socio español en la industria ferroviaria. Desde nuestro punto de vista, no es una decisión política, sino empresarial: una compañía húngara y una española tienen una relación que es mutuamente beneficiosa. El gobierno húngaro no se opone, y tampoco sé por qué debería oponerse el español. Creo que ambos gobiernos deberían apoyarlo".

La suma de todos los factores lleva a pensar que es probable que la operación se autorice, quizá con la entrada minoritaria de alguna empresa española en el accionariado. Sería una opción que podría conciliar las necesidades húngaras con las aspiraciones españolas, y ese puede ser el final del camino. Pero son tiempos complicados, los factores geopolíticos e ideológicos están ahí, y queda por comprobar el peso que tienen.

No obstante, lo más interesante a la hora de analizar el caso Talgo aparece cuando se constata la evolución de la firma. Talgo, una exitosa empresa creada hace 80 años por dos vascos, ligada al capitalismo dominante y a la relación con el Estado, fue capaz de realizar innovaciones sustanciales en su sector, acabó saliendo a bolsa y fue adquirida por fondos de private equity, cuyo objetivo estaba centrado en la generación de beneficio más que en el desarrollo de la empresa. En el instante de la salida de los fondos, una empresa más pequeña que Talgo, de un país más pequeño que España, y participada por fondos estatales, pretende adquirirla. España no encuentra el capital nacional para impedir la adquisición y tampoco dispone de dinero estatal para tomar la compañía. Además, la adquisición que pretende Hungría entronca con una estrategia de conectividad y un plan de desarrollo para el país que exhibe una visión, buena o mala, pero clara. En España no tenemos nada de eso, más allá de la insistencia en la reconversión verde y en la digital. Talgo es una señal de debilidad que va mucho más allá de un gobierno concreto y de la decisión que tome respecto de la firma de ferrocarriles.·             (Esteban Hernández, El Confidencial, 08/07/24)

21.4.24

Tenía ganas de leer algo así: ¿España primero? Ya nadie discute si hay que blindar las empresas estratégicas, la duda es cómo hacerlo... “En la pandemia nos dimos cuenta de que el papel estatal en algunos sectores económicos es esencial"... “llega Aznar, privatizan todo, y se quedan de presidentes miembros del PP”... Aunque algunos países de Europa no se lo creyeron del todo y en el tema de la energía Alemania, Francia, Portugal… conservaron sus empresas energéticas con un control suficiente porque entendían que eran un asunto estratégico”... ¿Y ahora? “Se están redefiniendo pautas del capitalismo. Lo que llaman autonomía estratégica da valor cada vez más a tener centros de poder cercanos en temas sensibles a la estrategia. Cada uno coloca lo que quiere en valor estratégico: agroalimentación, telecomunicaciones, sanidad… España sitúa agroalimentación, Defensa, energía…”... ¿Telefónica, Naturgy, Talgo, son empresas estratégicas? “Pues dependerá de lo que se considere”

"Llegaron encadenadas como las gotas salen del grifo. La inversión extranjera en España sobrepasó los 28.200 millones de euros en 2023 y los proyectos dirigidos a aumentar la capacidad productiva y el empleo en el país se incrementaron cerca del 12% en 2023, respecto al año anterior, hasta suponer 5.680 millones. En el último trimestre del ejercicio se produjo además un repunte de esa inyección, tanto bruta como neta, que se elevó un 52% y un 79% respecto al tercer trimestre, respectivamente. Los datos son del Registro de Inversiones Exteriores del Gobierno y están disponibles en DataInvex.

Más de la mitad de la inversión extranjera, el 54,3% del global, tuvo un destino: el sector servicios. El 42,2% fue a parar al industrial y un 3% a la construcción. Por subsectores, resultaron especialmente atractivos el comercio al por mayor, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y los combustibles. Si se apunta a otro parámetro, los proyectos nuevos de instalaciones productivas, los denominados greenfield, se puede afirmar que gran parte de esos fondos se dirigieron a actividades de alto valor añadido. Así, a la luz de la información de la base de datos FDI Markets, en 2023 España fue el mayor receptor global de esos proyectos en el sector de energías renovables y el tercero en los que implicaron la realización de actividades de I+D. Ocupó la quinta posición, si se cuantifican los planes greenfield relacionados con la inteligencia artificial y fue el décimo mayor destinatario de éstos en el ámbito de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de las infraestructuras de internet.

Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que España es “muy competitiva” en la esfera inversora, ya que “tiene una estabilidad geopolítica y salarios bastante asequibles, pese a las subidas del salario mínimo”. “Esto hace –se explica– que el capital esté interesando en invertir en el sector servicios y también en el industrial, que están tirando sobre todo”. A esto une “la situación económica". "Somos el país de Europa que más está creciendo, prácticamente lo hacemos igual que Estados Unidos, lo que hace que seamos atractivos. Sigue funcionando el sector turístico, la demanda va bien, el consumo se mantiene… Todo eso hace que seamos un sitio atractivo para invertir”, escancia. Y no ve cambios a corto plazo, ya que ”las previsiones de crecimiento económico hacen que haya previsión de rentabilidades positivas de la inversión”, asevera. Y remata: “Todo el sector servicios de alto valor añadido es pujante y se está viendo que somos muy competitivos porque hay personal cualificado y se están generando productos y servicios a un nivel similar a países como Estados Unidos. Hay capacidad productiva y de rentabilidades positivas que hacen que España interese”. Pero, ¿esto nos interesa?

En ese escenario hay otra realidad: el Gobierno vigila el desembarco de fondos exteriores en empresas e incluso ha vuelto al accionariado de alguna como es el caso de Telefónica. Preguntada sobre si estima conveniente ese control estatal, Melle responde que sí “en sectores que son fundamentales para el funcionamiento de la economía como el financiero, que es de interés general y no puede quebrar”. “De hecho –recuerda–, cuando ha tenido problemas ha habido que poner dinero público y ayudas para rescatarlo”. Al mismo nivel sitúa a las telecomunicaciones y la energía. “Las empresas no pueden funcionar sin energía y, en una economía digitalizada, no concebiríamos que no hubiera servicios de telecomunicaciones. No podemos arriesgarnos a que haya un problema en el suministro de este tipo de bienes y servicios, como no podemos arriesgarnos a que no haya crédito, que es como la sangre en el cuerpo humano, la economía lo necesita”, ejemplifica.

A su juicio, “hay sectores que son de interés general y en ellos no es descabellado el que haya participación pública, ocurre en países de nuestro entorno de la propia Unión Europea, y el que, de alguna manera, se preserve que el funcionamiento y las decisiones que se puedan adoptar vayan encaminadas en pro de la actividad económica en el resto de sectores y servicios” del país. “Es conveniente esa presencia” en órbitas como las de las telecomunicaciones, ligadas a menudo a “cuestiones de Defensa” por lo que “sería muy arriesgado el control de una empresa pública por parte de otros países como Araba Saudí”. Cree Melle que “para garantizar una autonomía estratégica es fundamental que el Estado cobre más protagonismo”. Mira hacia atrás: “En la pandemia nos dimos cuenta de que su papel en algunos sectores económicos es esencial, siempre que se respete en el gobierno de las empresas que la representación la ostentan profesionales con prestigio, cualificados y que aporten en esos consejos de administración una visión empresarial, no política, que sea profesionalizado”. Justifica el planteamiento de este requisito volviendo de nuevo la vista al pasado: “Se trata de que no pase como con las cajas de ahorro, cuyos órganos de gobierno fueron copados por perfiles que no eran profesionales y se tomaron decisiones asumiendo unos riesgos que fueron nefastos como financiar aeropuertos donde no había aviones. Ese tipo de cosas llevaron a la quiebra de cajas, pero no porque el modelo en sí fuera malo”, concluye. 

Los planteamientos geoestratégicos marcan el camino

Ignacio Muro, de Economistas Frente a la Crisis (EFC) y experto en modelos productivos y transiciones digitales, anota que “todo depende de los vaivenes del mundo y de lo que se entienda en cada momento por moderno y adecuado”. Se remonta a la década de los 80, “cuando se empezaron a privatizar empresas públicas”, para afirmar que “el Gobierno puso en marcha entonces lo que llamaba el núcleo duro, formado sobre todo por cajas de ahorro, BBVA… que mantenía a las direcciones una línea”. ¿Cuál? “Les dejaban libertad, salvo si había algún tipo de interés general”. Más tarde, “llega Aznar, privatizan todo, y se quedan de presidentes miembros del PP”, resume. Desde los años 90 a 2010, “la lógica que se impuso fue la libertad absoluta de mercado, no importaba el origen ni la nacionalidad de lo que se consumía, y Europa se descapitalizó, perdió industria, como EEUU. Se trasladó actividad y empleo a los países de Asia, fundamentalmente a China en lo que se ha llamado la globalización neoliberal”, señala. “Mientras –encadena– el centro del poder se vuelca en servicios de alto valor, intangibles, I+D… Aunque algunos países de Europa no se lo creyeron del todo y en el tema de la energía Alemania, Francia, Portugal… conservaron sus empresas energéticas con un control suficiente porque entendían que eran un asunto estratégico”.

Muro avanza en el tiempo para exponer que, tras la crisis global de 2008, “comienza a cambiar algo y más tarde llega Trump con su America First –América primero–, el Brexit e Inglaterra primero, o Italia primero… Ahí arranca un proceso de recolocación industrial y productiva y el control público es importante”, sintetiza. ¿Y ahora? “Se están redefiniendo pautas del capitalismo. Lo que llaman autonomía estratégica da valor cada vez más a tener centros de poder cercanos en temas sensibles a la estrategia. Cada uno coloca lo que quiere en valor estratégico: agroalimentación, telecomunicaciones, sanidad… España sitúa agroalimentación, Defensa, energía…”. En relación a este punto, plantea que quizá sería conveniente "definir cuáles son esos sectores estratégicos". “En el fondo –señala–, es el mismo debate que había en los 80, cuando se liberalizaba, pero había que mantener cierto control”, si bien, matiza que en el tiempo transcurrido desde entonces, “Europa ha avanzado” y en la actualidad, “al hablar de capital extranjero, no es lo mismo francés que árabe o chino”.

El rastro de los desembolsos árabes en España conduce a dinastías como los Saúd (Telefónica), Al Nahyan (Cepsa, Enagás, Cellnex) y Al Thani (Iberdrola, Colonial, El Corte Inglés) y es creciente, según los expertos. “Los fondos soberanos de países árabes siempre han sido grandes inversores desde los 70, con los petrodólares que se decía entonces, y hoy la cuestión es qué se deja en manos de quien, porque no es lo mismo Qatar que Arabia Saudí. Cuando, además, todo tiene un criterio paramilitar o defensivo ante una lógica que se está imponiendo por los conflictos bélicos”, avisa. “Es más”, apostilla, “antes de que nacieran habían empezado a crecer los gastos en armamento en todo el mundo, como si se vieran venir”, lanza.

A su entender, “todo está redefinido con planteamientos geoestratégicos. EEUU ha puesto barreras a China en temas tecnológicos de defensa y quiere que Europa le siga, pero ésta tendría que tener su propio criterio”, aboga. ¿Telefónica, Naturgy, Talgo, son empresas estratégicas? “Pues dependerá de lo que se considere”.

España está de moda, aunque la banca esquiva el 'boom'

Fuentes del ámbito económico confirman que hay varios factores en el país como “los tipos de interés altos, las buenas perspectivas de crecimiento económico y el que en algunos sectores haya habido mucha inversión doméstica” que constituyen “un buen caldo de cultivo” para que “fondos de inversión de países que no sufren la subida de tipos de interés, porque no tienen deuda, como China o los países del Golfo, compren activos en España”. Y a esto engarza que, en concreto los árabes, “aparte de contar con muchos fondos para gastar, tienen interés en sectores que consideran de futuro y que les permiten diversificar desde el mundo del petróleo y los hidrocarburos”.

Se trata de estados que "geopolíticamente no son adversarios, pero tampoco muy cercanos a Europa en general” y que se interesan, según estas fuentes, por áreas de actividad como “telecomunicaciones, energía, cadena de valor para coches eléctricos, renovables…”, como el gigante chino Envision que logró beneficiarse en 2023 de 200 millones en una subvención para poner en marcha una megafactoría en Navalmoral de la Mata (Cáceres) dedicada a la fabricación de baterías para coches eléctricos, según datos recopilados por Civio.

Estos fondos no se están fijando tanto en otras áreas de actividad como la banca y hay un motivo: “Con la subida del Euribor, las cotizaciones están muy altas, lo que hace que no sea un sector tan vulnerable a esas incursiones de capital extranjero, a no ser que cambie la coyuntura. Es difícil ahora por caro”, rematan las fuentes de esa órbita sondeadas que sí constatan que se podría decir que "España está de moda".                      (Noelia Acedo, InfoLibre, 20/04/24)