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5.4.16

Usos completamente estúpidos de la tecnología: el sistema sanitario español

"El martes pasado viví una experiencia completamente absurda 

(...) habíamos pasado las vacaciones de Semana Santa en nuestra casa en La Coruña, y aprovechamos para prolongar un día, bajar en coche, detenernos en Mondariz, y después, continuar viaje de vuelta hacia Madrid.

Mi mujer sufre de migrañas con cierta regularidad, lo que hace que lleve siempre encima un medicamento, Sumatriptán, que le hace efecto generalmente con cierta eficiencia. 

Sin embargo, tras una semana de vacaciones y con la mala suerte de haber sufrido ya un par de crisis migrañosas, había consumido ya las pastillas que llevaba encima, y se encontraba en ese momento sin ninguna encima. 

Cuando estamos en Madrid, adquirir Sumatriptán es tan sencillo como acudir a una farmacia con la tarjeta sanitaria de la seguridad social y, dado que se trata de una dolencia crónica, mostrarla para que comprueben en el ordenador que puede adquirir una o dos cajas de cuatro comprimidos cada cierto tiempo, en función del cálculo de sus posibles necesidades de consumo. (...)

 Dado el funcionamiento de las farmacias en España, es un medicamento que, de manera habitual, puede adquirirse sin necesidad de exhibir la correspondiente receta: yo mismo lo he adquirido en numerosas ocasiones sin problemas cuando mi mujer está con alguna de sus crisis. 

Sin embargo, es perfectamente posible que el farmacéutico decida que, por la razón que sea, quiere exigir la receta, e incluso que se niegue a dispensarlo en función de criterios de difícil explicación.

El martes por la tarde, mi mujer comenzó con uno de sus episodios migrañosos, y se encontró sin ninguna pastilla a mano. En esas circunstancias, lo mejor es tratar de tomar la primera pastilla lo antes posible: una vez que la migraña supera un límite determinado, ya no hay quien la pare, y puede durar más de un día con dolores fuertes. 

Acudimos a una farmacia rápidamente, para encontrarnos con que el farmacéutico decidió que, por la razón que fuese, debía exigirnos la receta. Le comentamos que la receta era electrónica y que dependía de la tarjeta sanitaria de mi mujer, de la Comunidad de Madrid. 

Ante esa circunstancia, el dependiente nos dijo que le resultaba completamente imposible verificar esa información porque el sistema no le permitía acceder a ella al ser de un sistema sanitario de otra comunidad autónoma, y que por tanto, no podía vendernos el medicamento.

Como solución, nos ofreció irnos al ambulatorio de la Seguridad Social de Ponteareas, donde podríamos acudir al servicio de urgencias y pedir a un médico que nos extendiese una receta.

Un poco de sentido común, por favor: como solución a un problema completamente absurdo y puramente tecnológico, me proponen que acuda a un médico que, sin ninguna posibilidad de determinar de una manera mínimamente rigurosa si un medicamento es adecuado a una dolencia determinada o no (diagnosticar una migraña requiere diversas pruebas y lleva tiempo), tiene que aceptar que el paciente le dice que su dolencia es crónica, que está perfectamente diagnosticada por un médico en Madrid, y que por favor, le extienda la receta de un medicamento que el farmacéutico se niega a venderle. 

Obviamente, no acudimos al ambulatorio. Contribuir a saturar el servicio de urgencias para que simplemente me extiendan un papel es algo que resulta suficientemente absurdo e ineficiente como para intentarlo primero de otras maneras. Entré en otra farmacia, pedí el medicamento, y me lo vendieron sin ningún problema. 

Obviamente, no intenté beneficiarme de la bonificación en el precio a la que me daría acceso la receta de la Seguridad Social, cosa que tampoco había pretendido en la farmacia anterior, pero a la que hipotéticamente debería tener derecho: simplemente pagué el precio completo y me fui a buscar un vaso de agua.

¿Qué país desarrollado genera un sistema sanitario tan profundamente disfuncional que obliga a semejantes cuestiones? 

¿Qué estúpida razón llevó a transferir a las comunidades autónomas las competencias de Sanidad, para que dieran lugar a un demencial sistema que multiplica los gastos, los priva de posibles economías de escala, y encima convierte a cada comunidad autónoma en un compartimento estanco, que imposibilita o dificulta profundamente que los ciudadanos accedan a los beneficios de un sistema de ámbito estatal como la Seguridad Social?

 Lógicamente, eso implica que tampoco se podrá acceder a datos de cualquier paciente de una comunidad autónoma desde otra, sean pruebas diagnósticas, historiales médicos o lo que sea… ante un accidente en una comunidad autónoma distinta de la tuya, olvídate que que quienes te atiendan puedan acceder a todos los datos que la Seguridad Social de tu comunidad podría hipotéticamente tener sobre ti. Genial.

En pleno siglo XXI, en un país relativamente pequeño como España y dotado con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, hemos decidido que el mejor uso de los recursos públicos era crear diecisiete sistemas de información diferentes, uno para cada comunidad autónoma, no conectados entre sí, completamente independientes y estancos, de manera que un ciudadano español con una receta perfectamente válida en Madrid no pueda obtener el medicamento que necesita para su dolencia si está en algún otro lugar… de su propio país!!!! 

Uno de los grandes beneficios que se supone debería traernos la tecnología, la capacidad de acceder a datos que se encuentran en otro lugar, convertido en completamente inútil. Enhorabuena: hemos conseguido rizar el rizo de la estupidez y darle un par de vueltas más."                    (Enrique Dans, 02/04/16)

10.5.13

Las duplicidades autonómicas han costado 70.000 millones de euros a los ciudadanos españoles en los últimos cuatro años

"Según datos de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), en los últimos cuatro años España podría haber ahorrado 70.000 millones de euros si se hubieran adoptado medidas para mejorar la eficiencia de las comunidades autonómas y eliminar duplicidades entre diferentes administraciones públicas. 

Concretamente, y según los datos que maneja el partido presidido por Rosa Díez, la eliminación de duplicidades entre administraciones y entes públicos que han proliferado en las comunidades autónomas, como tribunales de cuentas, servicios de defensa de la competencia, consejos consultivos o los defensores del pueblo, podría ahorrar entre 16.000 y 22.000 millones de euros anuales.

Desde UPyD se explica que, en general, "el estado autonómico es una buena idea, pero su desarrollo se ha hecho mal" porque ha permitido "aumentar el gasto superfluo y crear superestructuras en torno a los servicios transferidos". UPyD es partidaria de que las comunidades devuelvan al Estado las competencias en sanidad y educación, aunque "la gestión del día a día la mantengan las autonomías".
Por otro lado, si se suprimieran las diputaciones y se fusionaran ayuntamientos para crear entes de entorno a 20.000 habitantes, se podría lograr un ahorro adicional de 17.000 millones de euros "y se ofrecería una mejor calidad del servicio".      (Euskadi información, 08/05/2013)

26.7.12

¡¡¡ España al rescate !!!... de Cataluña. Que, según costumbre, no es un rescate, es un tomate. Cae el mito de la Catalunya rica y autonomista


"El Gobierno autónomo catalán ha solicitado ayuda financiera al Gobierno central de Mariano Rajoy, lo que agrava la crisis de la deuda que afecta a España. Un hecho que corroboraría los excesos presupuestarios que han cometido las autonomías. (...)

Corriere della Sera:  "Cae el mito de la Catalunya rica y autonomista"

El diario italiano Corriere della Sera afirma que "cae el mito de la Catalunya rica y autonomista" después de que el consejero de Economía y Finanzas, Andreu Mas-Colell haya dado casi por hecho que la Generalitat acudirá a la línea de financiación autonómica que ha puesto en marcha el Gobierno español.

El artículo pone de manifiesto que el rescate de Catalunya -lo da por hecho- será el tercero después de las peticiones de la Comunidad Valenciana y Murcia y remarca que "el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, ha evitado cuidadosamente la palabra 'rescate' para satisfacer las exigencias ineludibles de los acreedores después de un agujero monstruoso de 42 millones de euros".

Por último dice que "los acreedores están llegando a Barcelona" y cree que la petición de Cataluña en el Estado español "para salvar el barco" tendrá consecuencias en "el deporte, la cultura y la filosofía".  (e-noticíes, 25/07/2012)

 José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura y líder autonómico del PP: “Algunos trabajaban de manera centrífuga, queriendo salir de este sistema pero, cuando ven que falla el suyo, recurren de nuevo al gran sistema que es España”

 “De este momento se puede sacar una lección, que tenemos más capacidad si actuamos como uno solo que como 17. [...] Algunos trabajaban de manera centrífuga, queriendo salir de este sistema pero, cuando ven que falla el suyo, recurren de nuevo al gran sistema que es España. [...] Se pone de manifiesto [que España es] algo interesante. [...] Si [la Generalidad] necesita dinero y no se lo dan los bancos, tiene que recurrir al Estado. [...] 

Si el dinero para pagar los servicios públicos no te lo da la iniciativa privada debes recurrir al Tesoro Público. [...] España está demostrando a Europa que lleva a cabo medidas de ajuste y aún se deben resolver algunas cosas; pero la Unión Europea no puede ser, porque lo digan algunos, un sujeto pasivo que silva mirando hacia otro lado”.   (lavozdebarcelona.com, 25/07/2012)

El País: “Cataluña pide su rescate”

... durante muchos años las comunidades autónomas han venido incumpliendo sistemáticamente sus programas económico-financieros, acrecentando la deuda con la complacencia de los sucesivos Gobiernos, que por razones políticas o simple negligencia se olvidaron de exigir el cumplimiento a rajatabla de los compromisos de déficit. [..]

Lo que transmite una pésima sensación a la opinión pública y a los inversores cuya confianza se intenta recuperar es la caótica relación del Gobierno central con los Gobiernos autónomos. [...] el Ejecutivo no ha sabido responder a la pregunta de cuál es la situación real de las cuentas regionales; y esta falta de respuesta nos está llevando, entre otras causas, a una situación sin salida.

El Mundo:  “Cataluña admite su colapso"

 .... nadie entendería que los esfuerzos que conllevarán esos rescates sigan cargándose sobre la población, mientras los dirigentes autonómicos mantienen intactas sus estructuras de poder. Hasta ahora, no se percibe una reacción de las comunidades acorde a su dramática situación. Se ve más comprometido al Ejecutivo con las exigencias de Bruselas que a muchos líderes regionales.[...]

Conocida la resistencia de las autonomías a desmontar sus andamiajes, el Gobierno debería poner todo el empeño en reducirlos. Hay multitud de servicios que podrían suprimirse sin que se viera afectada la calidad de vida del ciudadano, Y ahí siguen las embajadas, los canales de televisión, los órganos consultivos de toda índole... Si Rajoy no logra embridar a las comunidades ahora que están en quiebra, deberá cargar siempre con ese error.

 El Periódico: Cataluña, ni rica ni plena

Igual que el náufrago no reclama contrapartidas a quien le echa el salvavidas, someterse al dictado de Hacienda y exigirle al tiempo la llave de la caja no parece una buena estrategia. La salida más digna para Catalunya sería mantener viva la demanda del pacto fiscal pero aparcar la negociación con el Estado hasta que las circunstancias cambien y tenga alguna oportunidad de prosperar.

La Vanguardia:  Mas pide el rescate

... el Ejecutivo catalán jura y perjura que no hay rescate ni intervención, que todo se reduce a una línea de crédito y que las condiciones sólo hacen referencia al dinero prestado como ocurre siempre que una entidad presta dinero a otra. Es lo mismo que dijo Rajoy cuando el rescate bancario, del que luego se han conocido las condiciones. El éxito de la teoría es de sobras conocido."    (Preseurop, 25 julio 2012, El País, El Mundo, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia)

14.2.11

La duplicidad de políticas y órganos estatales o autonómicos llega a veces al absurdo

"La fauna también brinda un ejemplo español: hasta hace bien poco, el lince ibérico pasaba de competencia autonómica (parque natural) a competencia del Gobierno (parque nacional) en cuestión de metros.

Una división administrativa que pudo ser letal para el felino más amenazado del mundo. Las diferencias de criterio sobre las políticas de protección solo pudieron salvarse a finales de 2007, con la firma del Pacto Ibérico por el Lince. (...)

"Con la que está cayendo es algo muy duro decir que en España hay 17 Defensores del Pueblo, 17 tribunales de cuentas o 17 consejos consultivos", apostilló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. (...)

... repiten estribillo: hay que acabar con las duplicidades administrativas.

La lista de sospechosos es nutrida: hay entes municipales, autonómicos y estatales implicados en la política de alquiler; también se dan ayudas de empleo y cobertura social a la inmigración en las tres ventanillas; se replican institutos de meteorología, institutos de estadística, tribunales de competencia o agencias de protección de datos; hay oficinas autonómicas y estatales de promoción empresarial en el exterior, como hay expositores autonómicos y provinciales en las ferias de turismo; ayuntamientos y comunidades abren guarderías o centros de día para mayores.

En algunas ciudades hay hasta cuatro cuerpos policiales operativos, como conviven en varias comunidades canales de televisión estatales y autonómicos deficitarios.

A bote pronto, una lista así solo lleva a una conclusión: derroche de recursos públicos. (...)

"Si hay ineficiencias, como ocurre con la decisión de crear universidades en cada provincia con planes de estudios muy parecidos, se debe a un mal diseño de los gobiernos autónomos y a ellos hay que pedir cuentas", recalca Nùria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona.

Santiago Lago, experto en financiación autonómica de la Universidad de Vigo, señala que en la formación de las comunidades autónomas ha habido "un mimetismo del aparato estatal más que discutible".

Y aboga por revisar si la dimensión de los órganos autonómicos está en sintonía con sus funciones. "A veces, no es tanto una cuestión de suprimirlos como de rebajar su rango administrativo", añade. (...)

"En el presupuesto de la Xunta, el Parlamento, el Consejo de Cuentas, el Consejo de la Cultura Gallega, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo y el resto de organismos apenas suponen el 0,5% de los gastos". (...)

"La descentralización en España ha sido muy positiva, aunque como ocurre en otros casos, hay errores que derivan de que no se ha hecho desde el principio una asignación clara de competencias a cada nivel administrativo, sino que se ha primado el reparto de ingresos", afirma. Un error de partida que, a juicio de Martínez-Vázquez, se evidencia sobre todo en los conflictos de competencias entre comunidades, diputaciones y ayuntamientos.

"En la descentralización española se ha dejado en la cuneta a las entidades locales, donde hay los mayores problemas de fragmentación y duplicidades", concluye. (...)

La catedrática de la UB también piensa que "el principal problema con las duplicidades está en el nivel local, donde los ayuntamientos han asumido gastos no obligatorios que no tienen cómo financiar".

Y agrega: "Cada pequeño ayuntamiento no tiene por qué tener una piscina cubierta o un centro para mayores, lo ideal sería fusionar municipios, pero eso en España no es realista, es mejor insistir en la gestión mancomunada".

Y en el disparadero vuelven a estar las instituciones provinciales: en País Vasco y Canarias el debate sobre qué hacer con diputaciones y cabildos vuelve a coger fuerza." (El País, 11/02/2011, p. 30/1)

26.1.11

"En España tenemos una ensalada de Administraciones haciendo lo mismo"

"Una consejera y un alcalde del PP analizan cómo funciona el Estado autonómico. (...)

Hay que evitar duplicidades, porque el ciudadano no sabe a quién reclamar. En el caso de las universidades, hay que trabajar en la movilidad del profesorado, en la especialización de los campus y favorecer investigaciones conjuntas. No se trata de que desaparezcan universidades, sino de que se especialicen. No tiene sentido que todas las comunidades tengan facultades de todo. En algunas hay titulaciones con 10 alumnos. Tenemos que ponernos de acuerdo para repartir especializaciones.

Íñigo de la Serna. Lo más importante es clarificar las competencias. No hay foros para discutir quién hace qué. Nosotros tenemos 200 millones de presupuestos, 36 se nos van a competencias que en teoría no son nuestras, pero como nadie lo hace y nos lo piden los vecinos, acabas haciendo guarderías, centros de día...

L. F. Hay mucho desorden, y hay que clarificar. Hay demasiados institutos públicos, empresas públicas, observatorios... La descentralización ha generado mucho gasto, y ahora que caen los ingresos es cuando sale el debate. Hay una ensalada de Administraciones haciendo lo mismo.

Í. de la S. En política de inmigración, por ejemplo, hay fondos que llegan a los ayuntamientos pero no hay ninguna coordinación y podemos estar haciendo lo mismo las tres Administraciones. Con empleo, igualdad y vivienda pasa lo mismo. (...)

Í. de la S. Los alcaldes no queremos más competencias, queremos financiación suficiente. Hay ciudades, como Madrid, que tienen hasta el SAMUR para cubrir necesidades de los vecinos. El Estado tiene que marcar un sistema homogéneo.

Tiene que regularse claro qué hace cada cual. El dinero que hemos invertido en una guardería lo podíamos dedicar a lo que realmente son competencias nuestras, como el transporte y la limpieza. Nosotros tenemos desde becas de guardería hasta atención a la conciliación familiar con programas para los niños en verano.

No son competencias nuestras. Coordinando se puede ahorrar. No hay problema en devolver competencias a las comunidades autónomas.

Eso sí, siempre que se haga en un marco homogéneo: un alcalde no puede permitir que se marche gente a otra ciudad porque da mejores servicios con competencias que no son estrictamente suyas." (El País, 24/01/2011, p. 15)


24.1.11

El Gobierno plantea suprimir servicios duplicados en las tres Administraciones

"La crisis económica ha deteriorado la imagen de las autonomías en la opinión pública y ha destapado el malestar de los españoles ante el excesivo gasto de las distintas Administraciones, que ahora atraviesan una pésima situación financiera con tres comunidades (Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña) cuyo déficit les impedirá endeudarse a largo plazo y otras que emiten deuda pública a un elevadísimo interés para tener liquidez con que pagar a sus proveedores.(...)

El informe defiende la necesidad de reducir cargas administrativas y eliminar duplicidades que se producen entre Administraciones que prestan el mismo servico.

Entre las medidas que planea abordar el Gobierno destaca la unificación de licencias como las de caza, las de transporte o el etiquetado de mercancías. También propiciará la coordinación entre las comunidades en políticas activas de empleo, servicios de empleo y de formación y agilizará los trámites para crear empresas. (...)

El Gobierno defiende que las comunidades pongan freno a gastos derivados de las televisiones autonómicas, todas ellas con un alto déficit y costeadas por dinero público, o en su representación exterior. Pero el Ejecutivo no puede imponerlas porque son competencias de las autonomías.

Como a todas las instituciones políticas, la recesión económica ha pasado factura al Estado de las Autonomías. Ha bajado en 19 puntos, del 74% al 55%, la adhesión al Estado autonómico, de 2005 a 2010, y ha aumentado la desafección en 14 puntos, de 16 a 30, en el mismo periodo de tiempo.

Este cambio de percepción está vinculado a la impotencia del Estado de las autonomías ante la crisis y a una exigencia de austeridad a las Administraciones públicas (...)

También resulta relevante la valoración sobre los aspectos más positivos y negativos del modelo autonómico. Lo más valorado es la cercanía de las Administraciones al ciudadano (54%); la capacidad de elegir representantes (24%) y la defensa de la identidad de cada territorio (15%).

En cuanto a los aspectos negativos, el informe subraya que en una etapa de crisis económica parecen más resaltados: la descoordinación entre los distintos niveles de gobierno; el partidismo en las relaciones intergubernamentales y la percepción de que el sistema resulta demasiado costoso, debido al aumento de cargos públicos y la excesiva burocratización, así como de cierta proclividad al despilfarro de recursos, amparado en la mayor dificultad de controlar." (El País, 24/01/201)