Estados Unidos: un año sin derecho al aborto... Mujeres que son obligadas a parir fetos biológicamente inviables... En Oklahoma, a una señora cuyo embarazo no era viable le dijeron que esperara en el aparcamiento del hospital hasta que estuviera casi al borde la muerte para poder ingresarla... Esta reacción del personal sanitario obedece a la criminalización a la que está siendo sometido el colectivo, pues si la vida de la madre está en riesgo, no se esclarece el grado de peligro, lo cual deja a los médicos sin saber si están cometiendo un delito... “Nunca imaginé que mis compañeros se encontrarían rastreando a los abogados del hospital antes de realizar abortos urgentes, cuando los minutos cuentan, o preguntando si un 30% de probabilidad de muerte materna o fallo renal inminente cumple con los criterios para las exenciones del Estado”

 "Mujeres que son obligadas a parir fetos biológicamente inviables, que no son atendidas en los hospitales cuando llegan con alguna complicación grave del embarazo, que se ven forzadas a viajar cientos de kilómetros para poder ejercer lo que hasta hace poco era un derecho. Son historias que han llenado las páginas de la prensa estadounidense desde que, hace aproximadamente un año, el Tribunal Supremo del país decidiera tumbar la sentencia Roe v. Wade, aquella que en 1973 otorgaba plenas garantías para obtener un aborto.

Cumplido el primer aniversario de lo que supuso la derogación de este derecho a nivel federal, a manos de un órgano de mayoría conservadora 6-9 desde que el expresidente Trump consiguiera, en sólo una legislatura, nombrar a tres jueces afines, muchos son los casos que han sobrecogido a la opinión pública, como el de la niña de diez años, encinta tras ser violada, que tuvo que desplazarse de Ohio a Indiana para interrumpir la gestación.

Aunque es imposible cuantificar el sufrimiento que ha causado esta decisión judicial, el retroceso democrático es evidente; la supuesta “defensa de la vida” esgrimida por los movimientos antiabortistas ha roto muchas por el camino, y probablemente siga haciéndolo en un futuro próximo: “Los congresistas republicanos quieren prohibir el aborto en todo el territorio nacional”, recalcó recientemente el presidente Joe Biden, sin mayoría en la cámara de representantes, quien también advirtió de que sus oponentes persiguen disminuir el acceso a distintos métodos anticonceptivos. 

Durante los doce meses que han transcurrido, 15 Estados (de un total de 50) han ilegalizado el aborto en prácticamente todas las circunstancias, mientras que cinco han limitado el derecho a las fases tempranas de la gravidez, siendo Florida el más extremo, ya que prohíbe terminar el embarazo a partir de las 6 semanas, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están encintas. Según NBC News, más de 28 millones de mujeres viven en territorios donde el aborto está restringido o no es una opción legal, habiendo aumentado el tiempo de viaje hasta una clínica donde sí lo sea especialmente entre las minorías raciales.

La oleada de machismo en las instituciones no camina al compás de la opinión ciudadana, como aseguró una encuesta de Gallup: si el 61% de la población considera que haber derogado esta protección constitucional es “malo”, un 69% está de acuerdo con que debería ser legal hasta el tercer mes de embarazo, la cifra más alta en los últimos años. La anulación de una garantía que supuso una conquista feminista resultante de las luchas por los derechos civiles revela no sólo la pervivencia del trumpismo una vez derrotado Trump en las urnas, sino también las numerosas iniquidades que afloran cuando otros derechos, como la sanidad, están asimismo comprometidos.

En los testimonios recogidos por distintos medios abundan casos como el de Hollis, una mujer de Tennessee a quien la imposibilidad de acabar con la gestación le supuso dar a luz a un bebé prematuro, nacido con apenas medio kilo de peso y una salud tan frágil que arruinó la economía familiar a base de facturas médicas. En Oklahoma, a una señora cuyo embarazo no era viable le dijeron que esperara en el aparcamiento del hospital hasta que estuviera casi al borde la muerte para poder ingresarla.

Esta reacción del personal sanitario obedece a la criminalización a la que está siendo sometido el colectivo pues, aunque los Estados donde el aborto está prohibido han aprobado cláusulas que permiten intervenir si la vida de la madre está en riesgo, no se esclarece el grado de peligro, lo cual deja a los médicos sin saber si están cometiendo un delito. Esta situación ha sido denunciada por el presidente de la Asociación Médica Americana (AMA, en sus siglas en inglés), Jack Resneck: “Nunca imaginé que mis compañeros se encontrarían rastreando a los abogados del hospital antes de realizar abortos urgentes, cuando los minutos cuentan, o preguntando si un 30% de probabilidad de muerte materna o fallo renal inminente cumple con los criterios para las exenciones del Estado”, aseguró en una conferencia reciente. 

En un país que batió el récord en mortalidad materna en 2021 (los últimos datos disponibles), con 32.9 fallecimientos de la progenitora por cada 100.000 nacimientos, cuando en otras naciones ricas como Japón, Australia o España la cifra oscila entre dos y tres muertes, la eliminación de Roe supone otro hachazo no sólo a la libertad de las mujeres, sino a su propia vida. De hecho, algunos facultativos que están cursando la especialidad de Ginecología ya han criticado que no están recibiendo la formación adecuada para efectuar abortos en Estados donde está prohibido. Desde que se hizo pública la decisión del Supremo, esos Estados han notado, además, una bajada del 10% en las solicitudes debido al miedo de los residentes a ser tratados como criminales, un enfoque punitivista que, a largo plazo, podría crear una fuerte carencia de profesionales.

El derecho a decidir sobre el cuerpo propio, a la maternidad deseada, o a ser tratada con dignidad siguiendo una deontología médica que priorice la salud del paciente han sido borrados de un mapa donde 80.000 mujeres se enfrentaron a serias dificultades para acceder a un aborto, y aquellos Estados donde aún es legal no lograron compensar las prohibiciones del resto. Más allá de las cifras, podríamos preguntarnos qué historias atravesadas por el dolor no saldrán nunca a la luz; cómo sobreviven las madres que han sido coaccionadas en ausencia de un estado del bienestar que provea bajas parentales a nivel federal o guarderías públicas; con qué protecciones se recibe a la infancia una vez sale del útero."            (Azahara Palomeque, La Marea, 05/07/23 )

A principios de los 80 se realizaban en España más de 300.000 abortos ilegales, la mayoría de ellos con graves riesgos físicos, además de penales

 "(...) Tras las conquistas del divorcio y la despenalización del adulterio, el derecho al aborto se convertiría desde la segunda mitad de la Transición en el gran catalizador del movimiento feminista español. En la Asturies de los años 80 el feminismo estaría ligado a unas siglas, las de AFA, Asociación Feminista de Asturias. (...)

En mayo de 1982 la revista Xera, una efímera publicación afín a los movimientos sociales asturianos y la izquierda extraparlamentaria, recogía los testimonios de varias asturianas que habían tenido que abortar de forma clandestina dada la prohibición en España del aborto. Detrás de esta historia había estado AFA, preocupada en difundir los relatos sobre la precariedad y peligrosidad con la que las mujeres de clase trabajadora, sin dinero para ir a países europeos, estaban abortando en España debido al prohibicionismo vigente todavía en los primeros años de la democracia. 

A principios de los años 80 las estimaciones de la Fiscalía General del Estado hablaban de más de 300.000 abortos clandestinos en España. Además, otras 20.000 españolas habían viajado en 1983 a Londres a abortar. Una opción muy cara para la inmensa mayoría de las españolas, que tenían que recurrir a vías mucho más baratas, pero que entrañaban graves riesgos, tanto físicos como de cárcel, además de una notable sordidez.

Así relataba Carmen, de treinta años, ama de casa, con dos hijos, su aborto clandestino en Xixón:

«Hace cuatro años, cuando el pequeño tenía dos, me quedé embarazada y por decisión propia decidí abortar […] Recurrí a una mujer que se había hecho varios y me dijo que había tres posibilidades. La primera era un practicante al que había que pagarle el favor previamente en carne, la segunda otro hombre que lo hacía en condiciones muy precarias, y la tercera, otro que lo hacía bien. Opté por el último pagando 29.000 pesetas […] Al tumbarme en la camilla observé que la sábana estaba manchada con sangre de la anterior y donde colocaba las piernas estaba forrado de trapos de cocina (¡Esta era la mejor posibilidad que se me había ofrecido!). El material lo lavaba en un cubo de plástico que no se si tendría algún desinfectante, y una de las pinzas con las que cogió mi matriz tenía los extremos rotos, así que al enganchar unas tres veces se le soltaba y el dolor era terrible […] Por eso, si hoy me quedara embarazada no volvería a abortar porque uno vale, y otro pasa, pero lo que no se puede es estar jugando con mi vida cada vez que me quedo embarazada. Si mi anticoncepción me falla, no podría quitarme un tercero, pero no es una cuestión moral, es por mí misma. Lo tendría» (...)

Además de en la capital, AFA llegaría a tener grupos locales en Xixón, Avilés y Mieres, y realizaría todo tipo de acciones directas en defensa del aborto. Desde un encierro en el Ayuntamiento de la capital en solidaridad con las once mujeres de Bilbao juzgadas por abortar, hasta la ocupación de un autobús urbano de Oviedo/Uviéu “para ir a Londres a abortar”, la filmación y proyección pública de un aborto clandestino o la impresión masiva, en una acción nocturna, de todos los ejemplares de La Nueva España depositados en los kioskos, con un sello en defensa del aborto libre y gratuito.

 La primera despenalización del aborto llegaría en 1985, durante el primer gobierno de Felipe González, y bajo solo tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). 

La mayoría del movimiento feminista juzgaría insuficiente esta ley y seguiría luchando por su reforma y ampliación, que no llegaría hasta 2010 y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es hoy, 12 años más tarde, cuando el nuevo anteproyecto recoge todas las históricas reivindicaciones de las pioneras de los años 70 y 80 en defensa del aborto libre y gratuito."            ( Diego Díaz Alonso , Nortes, 20 mayo 2022)

El final de un derecho... Una filtración del supremo indica la probable derogación del derecho al aborto en Estados Unidos... es muy, muy probable que el aborto pase a ser casi completamente ilegal en gran parte del sur y centro del país... derogar Roe hace que los estados puedan volver a promulgar leyes prohibiendo la sodomía, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos

 "Una de las leyes que he seguido con cierto interés este periodo de sesiones en Connecticut (cuando no estaba ocupado viendo cómo se cargaban la mía) ha sido H.B. 5414. La ley (ya aprobada en ambas cámaras) incluye dos provisiones que uno sólo puede ver en un lugar como Estados Unidos. (...)

 Segundo, la ley permite a personas que hayan sido denunciadas en otro estado por ofrecer servicios relacionados con el embarazo, incluye contraceptivos y aborto, de llevar a sus acusados a juicio para recuperar costas judiciales si esos servicios son legales en Connecticut. También prohíbe a las autoridades del estado cooperar con investigaciones y denuncias de otros estados sobre materias relacionadas con medicina reproductiva y aborto.

Es decir: los legisladores estatales de Connecticut, un estado progresista y que quiere proteger el derecho al aborto, han aprobado una ley esencialmente protegiendo a las mujeres que vengan de otros estados para interrumpir su embarazo, y a los médicos, clínicas y enfermeras del estado que ofrezcan ese servicio.

Ha resultado ser una decisión acertada, porque todo parece indicar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a derogar el derecho al aborto en los próximos meses.

La filtración

Politico publicaba ayer por la noche el borrador de la sentencia, firmada por Samuel Alito y con los votos a favor de otros cuatro jueces conservadores del supremo (Thomas, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett). Es increíblemente inusual ver una filtración de cualquier clase en el supremo, una institución con una larguísima tradición de opacidad y oscurantismo, pero dada la importancia colosal de esta sentencia y el terremoto político que va a acompañarla, no es que me sorprenda demasiado.

Vaya por delante, por supuesto, que esto es un borrador, no una sentencia en firme; según parece, fue escrito en febrero. No que sea un documento ligerito o esquemático; es igual de largo y detallado (98 páginas, 30 de apéndices, todo anotado y referenciado) que una sentencia completa. Es posible que la versión final, que será publicada antes de que acabe el periodo de sesiones a finales de junio, sea distinta.

Todo parece indicar, no obstante, de que no cambiará demasiado. Primero, porque quedó claro en la vista oral de que hay cinco jueces que se mueren de ganas de derogar Roe v. Wade, la sentencia judicial que define el derecho al aborto en Estados Unidos. Segundo, porque la radicalidad del lenguaje de Alito, y sus argumentos legales, siguen al pie de la letra lo que sus colegas conservadores, y el movimiento conservador americano, llevan repitiendo desde hace años. Ahora que tienen la victoria a su alcance, no darán un paso atrás.

Derogando Roe v. Wade

Vaya por delante: la sentencia del supremo no ilegaliza el aborto en Estados Unidos. Lo que hace es eliminar la interpretación constitucional vigente que sostiene que la constitución de los Estados Unidos incluye, de forma implícita, el derecho a la privacidad, y con ello, protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre derechos de penumbra (derechos que no están listados en la constitución, pero que el supremo ha considerado necesarios para su funcionamiento) hablé aquí en detalle; (...)

Las consecuencias de esta decisión son múltiples. Para empezar, el supremo autoriza a los estados a aprobar leyes que limiten o prohíban el derecho al aborto. El NYT publicó un muy buen artículo aquí detallando el impacto de este cambio, pero es muy, muy probable que el aborto pase a ser casi completamente ilegal en gran parte del sur y centro del país. Hay más de una veintena de estados que tienen “leyes gatillo” que prohibirán el aborto desde el momento en que Roe v. Wade sea invalidada.

¿Os acordáis esa ley tan demencial de Texas que permitía a ciudadanos actuar como cazarrecompensas denunciando abortos? Pasará a ser completamente legal. Esa es la ley que Connecticut está intentando combatir.

Si eso os parece poco, es necesario recalcar Roe v. Wade no es sólo una sentencia sobre el aborto, sino también sobre el derecho a la privacidad. Hay una cantidad francamente desmesurada de jurisprudencia que depende sobre la existencia de este derecho; derogar Roe, por ejemplo, hace que los estados puedan volver a promulgar leyes prohibiendo la sodomía, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos. Si los “derechos de penumbra” implícitos en la constitución dejan de merecer protección, esto implicaría la posibilidad de aprobar toda clase de nuevas e innovadoras medidas reaccionarias, desde prohibir la existencia de salarios mínimos a legalizar la discriminación entre particulares por motivos religiosos.

Consecuencias políticas

Políticamente, las consecuencias de derogar Roe v. Wade son impredecibles. Para empezar, los sondeos son bastante consistentes en que una mayoría de americanos son partidarios de mantener el derecho al aborto. La inmensa mayoría de americanos viven en estados donde la mayoría de los votantes quieren que siga siendo legal en la mayoría de las situaciones. No hay ningún estado, ni siquiera en el sur, donde los partidarios de una prohibición completa o casi completa sean mayoría.

Esto parecería un ejemplo de libro de una decisión impopular por parte de una institución contramayoritaria que puede ser utilizada por el partido que se opone a esta para movilizar a sus bases y sacar rédito político. A fin de cuentas, la sentencia hace que las elecciones estatales en noviembre pasen a ser muchísimo más importantes; los progresistas no pueden perder esta guerra.

Hay motivos, sin embargo, para ser escéptico, más allá de la congénita incompetencia del partido demócrata. Para empezar, hay una conocida asimetría entre un movimiento antiabortista pequeño pero muy, muy movilizado y una amplia mayoría pro- derechos pero que no considera el aborto como un tema prioritario. Es posible que la sentencia radicalice a los pro- abortistas, pero no me parece inevitable.

Segundo, los americanos, a la que rascas un poco debajo de los sondeos, están muy confundidos sobre los derechos que dicen defender. Como señalan en 538, amplias mayorías están a favor del derecho al aborto durante el primer trimestre, pero están en contra durante el segundo. Lo que hace Roe, sin embargo, es legalizar el aborto hasta 24-28 semanas de gestación, es decir, ese segundo trimestre.

 Es decir, es muy probable que muchas de las leyes propuestas en estados conservadores propongan cosas como prohibir el aborto a las 10, 14, o 16 semanas de embarazo para sonar razonables y “buscar consensos”. Esos resultan ser los límites para interrumpir un embarazo en Portugal, España, o Francia.

Este dato, por cierto, es lo que siempre me ha parecido más chocante del derecho al aborto en Estados Unidos. Este es un país, se mire como se mire, mucho más conservador que la mayoría de los países europeos, que por un accidente legal (una sentencia increíblemente complicada en 1973) tiene un régimen de protección de los derechos reproductivos de la mujer mucho más progresista que Europa en muchos aspectos. La involución del supremo colocará a Estados Unidos más cerca del resto del mundo (excepto en los estados más conservadores), de forma un tanto paradójica.

La sentencia, sin duda, es una tragedia que va a empeorar la vida de manera dramática a cientos de miles de mujeres en todo el país, y sus implicaciones para derechos civiles y sentencias futuras en manos de un supremo cada vez más reaccionario son aterradoras. Pero es increíblemente complicado de hablar sobre consecuencias políticas de todo este asunto, porque la opinión pública está mucho más confundida de lo que parece."                      ( Roger Senserrich , Four freedoms, 03/04/22)

“La objeción de los médicos a practicar abortos casi me cuesta la vida”

"No he vuelto a ser la misma desde entonces”. Paula rompe a llorar al recordar lo que sucedió hace cuatro años, cuando tuvo que recorrer los 600 kilómetros que separan Burela (Lugo) de Madrid por carretera para interrumpir su embarazo, muy deseado pero inviable.

La sanidad pública gallega se negó a practicar un aborto apelando a la objeción de conciencia de los facultativos. Tras un difícil viaje en coche, acudió a la clínica privada madrileña que le había indicado el Servicio Gallego de Salud. Allí la trasladaron de urgencia al hospital La Paz por su grave estado. Perdió el útero. 

La justicia, en una dura sentencia, ha condenado al Sergas a indemnizarla con 270.000 euros. La reconstrucción de su vía crucis muestra los problemas que aún existen en algunos lugares de España para practicar abortos tardíos y cumplir la ley. "El derecho a objetar de los médicos casi me cuesta la vida", lamenta.

Una cadena de errores en las pruebas diagnósticas llevadas a cabo en el hospital de Burela fue la que provocó que se detectaran tarde, a los siete meses de embarazo, las graves alteraciones cromosómicas que tenía el feto y que conllevaban que este fuera “incompatible con la vida”; es decir, que no podía sobrevivir.

Pero ningún médico quiso interrumpir su embarazo ni en su hospital ni en ningún otro de la comunidad autónoma. Finalmente, el servicio de salud gallego le dijo que, para “respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales”, la Administración pagaría la interrupción del embarazo, pero en una clínica de Madrid. En ese momento ya estaba en la semana 32 de gestación.

Paula emprendió el viaje. “Tuve que dejar a mi otra hija de tres años con mi madre y viajar con mi pareja”, relata. “Llevaba ya días con dolores vaginales, pero en el hospital me decían que eran gases”. Fue un nuevo error, porque resultó que tenía el útero vascularizado.

 Por eso, cuando llegó a la clínica con un sangrado vaginal, estaba tan grave que fue trasladada al hospital de referencia, donde le salvaron la vida. Le practicaron una cesárea para extraer el feto, un bebé inviable que murió a los 90 minutos de nacer, y le quitaron el útero para detener la hemorragia. No podrá ser madre de nuevo.

“Fue todo tremendo”, recuerda. “Nos preguntaron si queríamos ver al bebé, si queríamos que lo reanimaran, pese a que era incompatible con la vida. Tuvimos que incinerarlo y volver a casa con sus cenizas”.

"Perjuicios físicos y psíquicos que hay quien resarza"

De vuelta ya en Galicia, tras una semana ingresada en el hospital madrileño y con su pareja alojada mientras tanto en un hotel, Paula recibió del Sergas al cabo del tiempo el pago correspondiente al kilometraje del viaje.“En total, algo más de 80 euros”, recuerda. “Ni siquiera me llamaron del hospital de Burela, como hacen con todas las parturientas, para citarme para una revisión. Mucho menos para pedirme disculpas por las enormes negligencias”.

Paula está en tratamiento psiquiátrico desde entonces. El magistrado que ha condenado al Servicio Gallego de Salud considera que la negligencia denunciada por la afectada “rebasa los estándares de lo tolerable” con “perjuicios físicos y psíquicos que no hay quien los resarza”.

La “extensión innecesaria del embarazo” de Paula representa “un fracaso estrepitoso del sistema” sanitario público, según la sentencia. Marcos Amboage, el magistrado del juzgado 2 de lo Contencioso-Administrativo de Lugo que la firma, entiende que “resulta difícilmente aceptable que no se disponga de un centro público en Galicia” para practicar las interrupciones del embarazo que garantiza la ley. (...)

Francisca Fernández, abogada de Paula, asegura que su caso no es único. Ha presentado otras dos reclamaciones de pacientes afectadas por la objeción de conciencia de los profesionales de la red pública gallega. El Sergas, por su parte, insiste en que el derecho a la interrupción del embarazo está garantizado en los términos que recoge la ley y señala que en este momento se están practicando algunos abortos correspondientes al segundo trimestre en los hospitales públicos de A Coruña y Ourense.

 

En todo caso, Galicia no es una excepción. En la red pública española se practica una mínima parte de los abortos legales. La mayoría, el 90% en 2014 según datos del Ministerio de Sanidad, se deriva a clínicas privadas, algo que permite la ley. Pero el problema surge cuando la derivación se hace a una clínica que está a cientos de kilómetros o cuando no hay profesionales para llevar a cabo abortos tardíos que requieren un hospital. (...)

Blanca Cañedo, vocal en Asturias de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), insta a la Administración a formar a los médicos en la práctica instrumental de la interrupción del embarazo en las facultades. En su opinión, el método farmacológico es “una brutalidad en los casos de más de 14 semanas de gestación ya que mantiene a las mujeres con síntomas de parto durante días hasta que expulsan el feto”.

El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez, opina que una de las principales causas por las que algunos hospitales públicos no realizan interrupciones de embarazo es que “las consejerías de sanidad no han fijado la obligación y los servicios de ginecología hospitalarios prefieren no planteárselo, aludiendo a problemas organizativos, falta de quirófanos o escasez de recursos”. En su opinión, se trata de una cuestión de “falta de voluntad política de los responsables sanitarios”.

En el caso de Paula, que usa un nombre ficticio para este reportaje, la sentencia reconoce que la sanidad pública no le ofreció los recursos adecuados. Ella está segura de que si hubiera podido interrumpir su embarazo en Galicia no habría perdido el útero y la capacidad para ser madre biológica de nuevo."                (El País, 07/11/16)

Mervyn King, exgobernador del Banco de Inglaterra: La unión monetaria, el euro, está desintegrando la economía de Europa... y los políticos creen que la respuesta es tener un único ministro de finanzas en Europa. Demasiado absurdo

"(...)  Mervyn King, ex gobernador del Banco de Inglaterra, fue gobernador durante una década, de 2003 a 2013. Ahora llega a las librerías  El fin de la alquimia (Deusto), que ha sido celebrado por los economistas y la prensa internacional como uno de los mejores libros sobre la crisis. (...)

¿En su opinión, es la austeridad un obstáculo para volver al pleno empleo?

En mi opinión, hay dos aspectos diferentes en la austeridad. Uno, que un gobierno necesita tener un programa creíble para gestionar las finanzas públicas. No puede seguir teniendo permanentemente un gran déficit presupuestario. 

El criterio tradicional del FMI era decir: dejemos que baje el tipo de cambio, eso hará crecer las exportaciones y te permitirá disminuir lentamente el déficit presupuestario con el tiempo, la demanda externa sostendrá a la economía y mantendrá el pleno empleo. 

Pero cuando pierdes la capacidad de bajar el tipo de cambio para generar mayor demanda de tus exportaciones, el único impacto que tiene la austeridad fiscal es crear más desempleo.

El verdadero problema aquí es que cuando los países del Norte de Europa se unieron a la zona euro se les dijo, y así lo dice el Tratado, que cada país se responsabilizaría de su propia deuda nacional. Después de 2010 todo eso se tiró por la ventana.

 En propiedad, la propuesta del Banco Central Europeo (BCE) de llevar a cabo Operaciones Monetarias de Compraventa (OMT) consistió en prometer que si un país encuentra que el tipo de interés que tiene que pagar para recibir préstamos es demasiado alto, entonces el BCE le comprará sus bonos. Eso es una transferencia de los países del Norte a los países del Sur.  El BCE dijo que haría esas compras, pero en realidad nunca hicieron ninguna.

Si esas transacciones fuesen de nuevo necesarias, serían muy controvertidas, porque los economistas alemanes dicen: "Oye, mira: esta no es la unión monetaria que nosotros aceptamos firmar; nosotros firmamos una unión monetaria que no tenía una cláusula de rescate, sino sólo un Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Entonces, ¿por qué tenemos para eso que pagar por la expansión fiscal de España, Grecia, o Portugal?".

 Puedes entender su punto de vista. Pero, por supuesto, si vas a los países del Sur también es verdad que no tiene ningún sentido imponer altos niveles de austeridad a países cuyo único resultado una alta tasa de desempleo y contracción de la demanda. 

Lo que está faltando es la capacidad de permitir modificar la tasa de cambio. Es ingenua la idea de que tú puedes sustituir la flexibilidad del tipo de cambio presionando a la baja los salarios y precios. Puedes intentarlo, pero cada vez que hemos visto eso en la historia ha demostrado ser extraordinariamente difícil y muy doloroso. La cuestión es, ¿resulta razonable hacer sufrir a España tanto dolor para hacer frente a esta situación?

  ¿Y cuál es su respuesta?

La preocupación que la Unión Europea debería tener es, en mi opinión, que ahora estamos embarcados en un rumbo donde tanto los países del Norte como los del Sur de alguna manera se sienten abandonados por la forma en que el euro se ha desarrollado.

 España, Italia, Grecia, Portugal –y hasta cierto punto incluso Francia– han estado sufriendo por estar encerrados en un sistema de tipo de cambio fijo mucho antes de que hayan convergido plenamente en un Estado donde el pueblo estuviera dispuesta a aceptarlo.

En cualquiera otra parte del mundo donde se ha dado una unión monetaria exitosa siempre ha ido acompañada de una unión fiscal y política. Hoy esto implicaría tener un único ministro de Finanzas para la zona euro, lo que significa que los impuestos y el gasto de España sería decidido por un ministro de Finanzas en Bruselas, en Berlín o donde fuera, pero no por el ministro de Hacienda español.

Bueno, si la gente en España vota por eso, la unión fiscal podría funcionar, pero no ha votado por eso ni se le ha dicho que ese es el plan, y no veo ninguna señal en algún país europeo de que quiera sacrificar su soberanía de esa forma, entregarla a un órgano central que no ha sido elegido y que no es representativo. 

Pienso que, en muchos sentidos, fue una irresponsabilidad empezar una unión monetaria antes de haber creado ese grado de unión política. No puedes forzar a la gente a una unión política a toda velocidad sólo porque hay una crisis. 

Aquella puede evolucionar orgánicamente a lo largo de cincuenta años, o de cien, no tenemos ni idea. Pero fue una locura poner primero la unión monetaria y después creer que una crisis crearía la unión política, porque lo que ha ocurrido es lo contrario.

¿Cuál es la perspectiva desde Alemania?

Cuando Alemania decidió abandonar el marco, el pueblo alemán hizo un sacrificio extraordinario. El marco era el símbolo de una Alemania democrática y exitosa después de la guerra. Mucha gente en el mundo admiraba el éxito y la estabilidad del marco, pero lo abandonaron con la  esperanza de que de ese modo vincularían Alemania a Europa, demostrarían que Alemania ya no era un país del que se debía tener miedo.

¿Cuál ha sido el resultado?

Alemania es más poderosa política y económicamente hoy que en 1999 gracias al euro, y hay más sentimiento antialemán en Europa que en cualquier otro momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Esto es muy injusto para Alemania, pero se puede entender por qué la gente piensa así. No es Alemania quien está creando el problema, es la unión monetaria. Más que antialemán, la gente debería oponerse más a la unión monetaria.

En El mundo de ayer, de Stefan Zweig, se puede leer que " para el pueblo alemán el orden ha sido siempre más importante que la libertad y la justicia. El propio Goethe dijo que preferiría una injusticia a un desorden". ¿Alemania se enfrenta a un problema de orden?

Yo lo veo de otra manera. Los intereses de Alemania hoy son muy diferentes de los intereses de España, Portugal y Grecia. Sin embargo, los políticos siguen pretendiendo que sus intereses son comunes. Ellos dicen que tienen visiones diferentes sobre cómo tiene que funcionar la unión monetaria, pero eso refleja un conflicto fundamental de intereses. 

Ahí es donde estamos ahora. Muchas economías del Sur de Europa, sencillamente, no son competitivas con la tasa de cambio actual, y Alemania es súper competitiva. Esto significa que Alemania tiene aún un superávit por cuenta corriente enorme, que es insostenible, y que los países del Sur tendrían un abultado déficit por cuenta corriente si consiguiesen volver al pleno empleo.

La única manera de resolver esto es reconocer que el tipo de cambio debe cambiar. Sin embargo, el problema con la unión monetaria es que al no hacerlo así están creando un conflicto entre Alemania y otros países. No es que Alemania haya provocado un conflicto o quiera tenerlo, sino que están atrapados en un sistema que lo hace inevitable: esa es la razón por la cual asistimos a un diálogo de sordos. 

Y ahora tenemos una situación en la que la gente que está a cargo de las instituciones europeas tampoco reconoce la realidad y piensa que la respuesta es tener un único ministro de finanzas en Europa.

Muchos políticos de la Unión Europea piensan que es la solución. 

Pero eso es demasiado absurdo. Es un poco como decir que la unión monetaria está causando muchos problemas, pero sabemos la solución: asumamos que Europa es un país y el problema está resuelto. Pero no lo está. 

Es increíble que los políticos puedan actuar en base a una premisa tan falaz. Lo extraordinario es que nunca ha habido un tiempo en nuestra historia en el que la gente en Europa pase más tiempo viajando a los demás países, estudiando y viviendo en los diferentes países que forman Europa, casándose los unos con los otros.

 La gente en Europa se lleva estupendamente bien, hay mucha menos tensión. Los ingleses, por ejemplo, adoran ir a otros países. Toda la cultura del Reino Unido en los últimos 60 años se ha transformado por la posibilidad de viajar a Europa. 

Esto no era así hace 60 o 70 años... bebían cerveza, no tenían las mismas opciones de restaurantes... Hemos visto las pinturas y la cultura de otros países de Europa; eso es algo que a todo el mundo le encanta. No hay una tendencia nacionalista contra los países.

La gente realmente quiere llevarse bien, agradarse unos a otros, intercambiar todo tipo de experiencias, pero los políticos han decidido hacer esto más difícil imponiendo a los pueblos de Europa un calendario de integración política, lo que es completamente antinatural, y una unión monetaria que está desintegrando la economía de Europa

Es una tragedia en muchos sentidos, porque  los pueblos de Europa quieren llevarse muy bien y tener relaciones pacíficas, tener más comercio y quizás disfrutar de una mayor integración con el paso de los años, quién sabe.

Es extraordinario que la integración política haya sido impuesta en Europa independientemente de lo que la gente ha dicho en sus propios países. La razón por la que a los británicos les gusta ir a España es porque es diferente del Reino Unido.

La idea de que no podemos ser buenos amigos unos de otros a menos que pretendamos que somos todos ciudadanos de un Estado artificial llamado Europa es bastante absurda. Eso es un falseamiento de la historia.

 Es realmente trágico que esta tentativa de imponer integración política y una sola unión monetaria esté siendo impuesta en un marco temporal que ha causado tanto daño a la creación de una Europa estable y pacifica."        (Entrevista a Mervyn King, ex-gobernador del Banco de Inglaterra, eldiario.es, 07/11/16)

 Alternativa a la salida del euro:  europeseta electrónica de circulación interna

Existe una descripción con mucho humor, de economía-ficción, sobre los beneficiosos efectos que se producirían si en Italia, el gobierno impusiera una moneda digital (allá por el 2020), para salir de la quiebra económica y política a la que la permanencia en el euro habría llevado al país. El objetivo se conseguiría rápidamente.

Los únicos perjudicados, los especuladores de la deuda. Ver: J. D. Alt: ‘Europa, 2020: una ucronía iluminadora’. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5467  )

Los artículos de Juan José R. Calaza (Juan José Santamaría y Juan Güell) muestran con gran claridad las ventajas de una europeseta electrónica de circulación interna: 
 

Para entender la europeseta electrónica. Qué es y, sobre todo, qué no es. Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2012/12/02/entender-europeseta-electronica/720458.html

Para salir de la crisis sin salir del euro: España debe emitir europesetas (electrónicas). Enlace: http://www.farodevigo.es/opinion/2011/11/27/salir-crisis-salir-euro-espana-debe-emitir-europesetas-electronicas/601154.html  

Las europesetas electrónicas, complementarias al euro, estimularán el crédito sin efectos colaterales perversos. Enlace:  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=165815

Juan Torres insiste en que es necesario emitir una moneda complementaria al euro. Sus artículos:

Marear la perdiz. Enlace: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/08/andalucia/1360327224_588117.html

 

Hay alternativas, incluso dentro del euro. Enlace: http://juantorreslopez.com/publicaciones/hay-alternativas-incluso-dentro-del-euro/

Más información en: 'Si Grecia, España, o Andalucía emitiesen una moneda digital, respaldada por la energía solar instalada en sus tejados, alcanzarían la soberanía financiera. La de dar créditos a familias y empresas':    http://comentariosdebombero.blogspot.com.es/2014/06/si-una-autonomia-o-una-gran-ciudad.html

Los beneficios de Bankia, a manos privadas... el riesgo, garantizado por el estado

Elaboración propia a partir de datos de la entidad, Banco de España, FROB, Tesoro y FAAF

"El Estado ha anunciado la colocación del primer paquete de acciones de Bankia, un 7,5% del capital, entre grandes inversores institucionales (bancos, fondos de inversión y de pensiones) (1). Se trata del pistoletazo de salida para deshacerse de una entidad bancaria que ha requerido, hasta diciembre de 2013, ayudas públicas por más de 147 mil millones de euros. (...)

(...) Un simple vistazo a la operación nos muestra el alto calado electoralista y sin bases reales de este nuevo acto publicitario a costa de los intereses de los ciudadanos.  

Porque, aunque difunda la idea de que, privatizando la entidad, los ciudadanos recuperamos los fondos públicos utilizados y nos liberamos del riesgo que estamos garantizando, esto es radicalmente falso. Los fondos que se obtendrán en la colocación acelerada supondrán un 5% del dinero inyectado en capital y un misérrimo 0,6% del riesgo total que seguirá asumiendo el Estado después de la operación (3).

 Había mucha prisa en iniciar el proceso de privatización y esto tendrá consecuencias negativas para todos, excepto para los que se lucrarán con la operación. (...)

Si BFA-Bankia tiene problemas en el futuro, el Estado tendrá que hacer frente a las garantías prestadas (8), a los depósitos inferiores a 100.000 euros por titular (9), a los créditos fiscales monetizables (10) por la entidad y a los préstamos que el Banco Central Europeo le ha concedido (11).

 Pero después de que el Gobierno eluda su responsabilidad de gestionar la entidad y se deshaga de Bankia, los beneficios que pueda obtener la entidad privatizada irán a bolsillos que no son los que la sostienen realmente, los de todos los ciudadanos.

Una vez más, las élites socializan las pérdidas, nos dejan el riesgo y la incertidumbre de la futura gestión y privatizan los beneficios. Negocio redondo… para ellos."               (Carlos Sánchez Mato, Attac España, 02/03/2014)

Ciencia y aborto

"La concepción no es un momento mecánico (conectar un enchufe), sino un proceso vital (formarse y crecer un viviente): más de 20 horas para la fecundación y dos semanas hasta completarse la anidación del preembrión.

 Es cierto que no se puede considerar al feto mera parte del cuerpo materno, ni realidad parásita. Pero la interacción embrio-materna de la tercera a la octava semana es decisiva para la constitución de la vida naciente: a medida que se aproxima el tercer mes del embarazo aumenta la exigencia de ayudarle para llegar a término.

 Las circunstancias excepcionales deberán ser sopesadas seriamente; tendrán menos peso al aproximarse el umbral de la novena semana de gestación.

 En vez de hablar de protección de la vida en general, tendremos presente la distinción entre materia viva de la especie humana (el blastocisto antes de la anidación) y una vida humana individual (el feto, más allá de la octava semana). "        ( Juan Masiá Clavel , El País, 13 MAY 2013)

“No quería ver a mi hijo sufrir, eso no tiene que ver con ideologías”

“Nadie quiere más a un hijo que una madre. Por eso no quería verlo con sufrimiento, con un dolor tremendo como el que iba a padecer, si es que vivía...”. Isabel López no se arredra cuando explica su decisión. Interrumpió su embarazo hace un mes, a las 30 semanas de gestación; un tiempo en el que muchas familias ya planifican el nacimiento. 

Pero el hijo que ella esperaba padecía artrogriposis múltiple congénita, una patología muy grave, en su caso de pronóstico nefasto, y que suele acarrear daños neurológicos severos. “Nos informamos de todas las opciones y nos dijeron que no iba a mejorar. Así que decidimos abortar”, dice.  (...)

A Isabel, una administrativa de 40 años que vive en un pueblo de Galicia, le inquieta que la nueva regulación vaya a ese punto. Cuenta que para ella y para Ramón, su marido, recibir el diagnóstico fue un duro golpe. Tienen una hija de siete años y ese segundo embarazo había sido muy deseado. “Pensaba en ese hijo y me decía: ¿qué es más egoísta, verle nacer y sufrir, o dejarle ir?”, relata. 

Católica —“y practicante”, precisa con su acento cantarín—, cree, sin embargo, que la religión no tiene que ver con este tema. “Precisamente a mí me ayuda ser creyente, porque pienso que alguien puso en mi camino que se detectara el problema para evitarlo. Si se puede impedir un sufrimiento tan tremendo, a mi hijo y a nosotros, es irresponsable no hacerlo. Las creencias y la política no entran en esto”, remarca.

Los médicos detectaron a Isabel la anomalía fetal tarde, en una ecografía en tres dimensiones que decidió hacerse por su cuenta. Pidió varias opiniones. Todas confirmaron el diagnóstico de artrogriposis en grado severo: su hijo habría nacido con múltiples contracturas articulares y daños neurológicos muy importantes.

Hasta hace menos de tres años, un caso como el suyo, de diagnóstico tardío y muy grave, solo tenía dos opciones: seguir adelante con un embarazo, muchas veces inviable, o viajar a otros países. Hasta 2010, expone el jefe del servicio de medicina maternofetal del hospital Clínic de Barcelona, Eduard Gratacós, los abortos por malformación fetal solo se permitían hasta la semana 22ª. 

“Ahora nos hemos asimilado a la mayoría de la UE con un sistema muy organizado con comités clínicos que solo aprueban las intervenciones que cumplen con la ley”, dice.

Gratacós apunta que con ello se da respuesta a una situación muy complicada. “No puedes dejar desamparados estos casos. Para estas mujeres es un drama importantísimo. Se pasa de una situación de esperanza, por una maternidad muy deseada, a una realidad truncada”, dice.

 El ginecólogo es uno de los cientos de expertos en diagnóstico prenatal que está en contra de la supresión del supuesto de aborto por anomalía fetal: “Se debe separar la legislación de la ideología”.

Isabel, Ramón y su familia también lo piensan. “Mi abuelo, con 95 años, me decía que me fuera a Londres, como antaño. Y mi suegra, que es una mujer de misa, me dijo: ‘Que Dios me perdone, pero este mundo ya es bastante duro como para traer a nadie a sufrir”, cuenta

Cuando decidió que no continuaría con el embarazo, Isabel cogió un avión y se plantó en Madrid. Ahí, dice, empezó la parte más dura: la espera en el comité, la intervención... “Angustia saber que tomaste una decisión, pero que nada está en tu mano”, dice.

Ahora ya está en casa. Cuando llegaron le explicaron a su hija que el hermanito no llegaría. “El otro día la oí diciéndole a una amiga que su mamá ya no iba a tener el bebé, pero que todos estábamos bien. Es estupenda”, dice."          (El País, 12/05/2013)

Diez mitos sobre el aborto

"Enredado el debate del aborto en las contradicciones entre quienes se supone decidirán la reforma, y con la izquierda y las organizaciones de mujeres dispuestas a dar la batalla, convendría al menos saber de qué estamos hablando. Con ese fin pretendo aquí aclarar algunas confusiones.

1. Una ley más restrictiva evitaría miles de abortos. Falso.

 Ese titular apareció en un diario nacional pero no se sostiene. Una ley que impida abortar legalmente reduciría, obviamente, el número de abortos legales, pero aumentaría los clandestinos o en el extranjero. Un estudio de la OMS publicado en la respetada revista médica The Lancet en 2012 confirmaba que la tasa de abortos no es inferior, más bien al contrario, en los países que lo prohíben.

 Los abortos se practican allí en la clandestinidad con grandes riesgos sanitarios para la mujer. Pero se practican.

2. Una ley de plazos es más permisiva que la de supuestos. Según como se mire.

 Es más permisiva en el sentido de que no obliga a la mujer a dar una justificación (la más socorrida era el riesgo psicológico) en abortos en el primer trimestre de gestación. Pero la ley de 2010 es mucho más restrictiva para practicar abortos en embarazos avanzados, al introducir el criterio de la viabilidad fetal. 

Esto implica que incluso en caso de riesgo grave para la madre, un feto de más de 22 semanas no puede ser eliminado si hay posibilidad de sacarlo adelante (porque la medicina ha mejorado mucho la supervivencia de los neonatos prematuros). Sin embargo, con la ley anterior podía alegarse riesgo psicológico en cualquier momento del embarazo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que tanto invoca Gallardón eliminó los límites temporales al aborto por peligro para la madre.

 Si a usted no le parece lo mismo un aborto el primer mes de gestación que en el octavo, puede considerar la ley de plazos más garantista para el no nacido. Otro ejemplo: el Reino Unido tiene una ley de supuestos tan amplia que en la práctica es de plazos. Durante décadas ese país ha recibido a mujeres llegadas de otros países para acogerse a ella. Francia, Alemania o Italia tienen leyes de plazos.

3. La reforma de Gallardón pretende volver al modelo de 1985. Incierto.

 El ministro ha hecho saber que no se considerará la malformación del feto como causa de aborto, lo que acaba con uno de los tres supuestos de esa norma. Además se plantea que cada aborto por riesgo para la madre sea acreditado por dos médicos ajenos al centro que practica el aborto, cuando con la ley de Felipe González era un único profesional, normalmente el de la clínica, el que certificaba el riesgo.

 Lo del riesgo psicológico era un coladero, sí. Todo el mundo lo sabía. Aznar no lo modificó en ocho años de Gobierno. ¿Cómo discutir que enfrentarse a una maternidad indeseada implica un problema psicológico?

4. La ley de 1985 funcionaba bien. Dudoso. 

 Funcionaba en el sentido de que hacía posible, gracias al coladero citado, que se practicaran los abortos por el cauce legal. El detonante de la reforma de 2010 fue la constatación de que la norma anterior no resolvía la inseguridad jurídica, como se demostró cuando una unidad de la la Guardia Civil citó a declarar a decenas de mujeres que habían abortado en la clínica Isadora, en un caso que el juez archivó tachándolo de montaje.  

Por otro lado, un reportaje de una televisión danesa desveló que una clínica de Barcelona atraía a personas de toda Europa para abortar fuera del límite de 22 semanas. Este caso sí llegó a juicio pero los delitos no pudieron probarse y acabó en absolución. En todo caso influyó en la decisión de fijar plazos más estrictos.

5. Son las personas más incultas las que abortan. Lo dijo Escudero de forma rotunda y nada elegante, pero ningún dato lo constata.

 Las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que abortan mujeres de todas las edades, niveles de formación y perfiles socioeconómicos. Solo un 2,3% de los abortos corresponden a mujeres sin estudios; un 11% son de universitarias. Tampoco es demostrable con las cifras que el número de abortos sea más elevado en las clases más desfavorecidas, lo que no sería difícil de explicar en su contexto social. 

El dato que sí es constatable es que las inmigrantes recurren al aborto más que las españolas: un 40% de los abortos son de extranjeras, una proporción muy superior a su peso en la población.

6. El aborto lo deben decidir los médicos de la sanidad pública. Complicado. 

El empeño de Gallardón por asegurar que todo aborto responde a un criterio médico es uno de los asuntos más conflictivos de la reforma. ¿Está el sistema sanitario público preparado para participar, con un diagnóstico previo por partida doble, en decenas de miles de intervenciones cada año? En la sanidad está extendida una especie de objeción de conciencia tácita, que ha desviado casi todos los abortos al sector privado, aunque no se dispone de un registro general de objetores, así que se desconoce cuántos aceptarían participar en ellos. El asunto de fondo es que esta reforma trasladaría la responsabilidad final, la decisión última, de la mujer a su médico. ¿O tendría una mujer que peregrinar de doctor en doctor hasta que alguno avale lo que está decidida a hacer en cualquier caso? Sin duda lo encontraría.

7. Las mujeres no irán a la cárcel con la nueva ley. El ministro de Justicia lo afirma con grandilocuencia. Lo cierto es que las mujeres que abortan no iban a la cárcel con la ley de 1985 ni pueden ir con la de 2010, así que no se ve la novedad. 

La ley vigente sólo prevé multas para la mujer por aborto ilegal, no así para el médico. Incluso con una ley más dura puede ocurrir que no vayan a la cárcel si no tienen antecedentes, porque la condena máxima sea inferior a dos años de prisión, lo que no evita que se enfrenten a un proceso penal. Eso se quería evitar con la ley de 2010. Porque no beneficia a nadie ni repara nada: a un trauma añade otro.

8. Se protege más la vida animal que la del embrión humano. Lo dijo esta semana en Twitter Beatriz Escudero (refiriéndose al cefalópodo) y hace unos años lo decía la Conferencia Episcopal, con aquella campaña del lince que estaba más protegido que un niño talludito. 

Proteger el medio ambiente y la vida animal, en especial de especies amenazadas, es algo propio de países avanzados. Regular el aborto para que el fenómeno se encauce por vías legales también lo es. El lince ibérico es una especie autóctona, una riqueza de nuestro ecosistema, que gracias a los esfuerzos científicos se está salvando de la extinción. 

En los restaurantes se fríen cefalópodos (calamares, pulpo, sepia) todos los días y se sirven en un plato a quien quiera comérselos. ¿Qué demonios tiene eso que ver con que haya mujeres que se enfrentan a un embarazo indeseado?

9. ETA y el aborto tienen poco que ver, algo sí, pero no demasiado. Supongo que lo que quiso decir Fernández Díaz es que ambos fenómenos causan muertes de personas.

 La afirmación es muy propia de ese discurso político que detesta los matices y adora los mensajes simples. Y entonces todo es lo mismo: los nazis que los escraches; los terroristas que su víctima Eduardo Madina; Hitler y Stalin que Artur Mas. Con esa visión es el mismo pecado cortar un embarazo que poner un coche-bomba. Coherente con lo que se oye.

10. Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Otro argumento de Gallardón necesitado de más explicaciones. 

Si quiere decir que las mujeres deciden sobre su embarazo coaccionadas, tendría que detallar por quién. Si lo que afirma es que hay circunstancias que presionan a favor del aborto se nos ocurren muchas: paro, precariedad laboral, falta de acceso a la vivienda, recorte de ayudas sociales de todo tipo, despidos fáciles, empobrecimiento, impago escandaloso de las pagas por cuidados a dependientes... Ninguna de esas variables ha ido a mejor con el Gobierno de Rajoy. 

11. El número de abortos es muy elevado en España. Esto sí es cierto.

 118.359 abortos en 2011 no son una cifra menor (María R. Sahuquillo detalla los datos en este artículo). Era igualmente elevada antes de entrar en vigor la ley de plazos, y son factores demográficos (mujeres en edad fértil) y socioeconómicos (migraciones, crisis) los que explican mejor las variaciones anuales. Estamos en torno a 10 abortos al año por cada 1.000 mujeres, cifra que se sitúa en la media europea según un estudio de 2011 de la revista internacional de ginecología BJOG. 

Países con leyes flexibles para el aborto como Holanda están muy por debajo de las tasas españolas, en 7 por 1.000; los países de Europa del Este tienen los registros más altos de la Unión. Cifras abultadas en cualquier caso."            (Ricardo de Querol, blog Mujeres, El País, 10/05/2013)

Una reforma que rompe el consenso público sobre los derechos humanos en Occidente

"La diputada Beatriz Escudero se opone al aborto de los fetos donde se detecte discapacidad futura porque no hay que discriminar a los nacidos ni a los no nacidos. Hay que fijarse bien en lo que dice la diputada: no debemos prohibir a un discapacitado que pueda disfrutar de su condición. 

Sobre actitudes como las de la diputada tendría que proponerse la aplicación de alguna variante de lo que se conoce como crímenes contra la humanidad. A pesar de lo que sostiene Gallardón esta no es una reforma ideológica convencional, que pueda mutarse en la próxima legislatura. 

Esta es una reforma que rompe el consenso público sobre los derechos humanos en Occidente. Si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse  a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que habrá de sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga." (Arcadi Espada, 09/05/2013)

La ONU pide dejar abortar a una salvadoreña con riesgo de muerte y un feto sin cerebro

"Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha solicitado hoy al Gobierno de El Salvador que facilite la interrupción del embarazo de una mujer de 22 años "que ha sido diagnosticada con alto riesgo de muerte relacionado con la gestación". 

"Beatriz", nombre ficticio con el que se le identifica, interpuso la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo para poder abortar, debido a que padece lupus e insuficiencia renal y el feto que hay en el interior de su cuerpo es anencefálico, es decir, no tiene cerebro. El recurso, fue admitido el miércoles por la Corte, que pidió al Ministerio de Saludun informe sobre el caso para dar una resolución final.  

El aborto está totalmente prohibido y penalizado en El Salvador. Grupos feministas, instituciones públicas locales y organismos internacionales se han pronunciado a favor de que se permita a la joven abortar, pues consideran que su vida corre peligro y que la del niño no es viable, posición que condenan sectores conservadores. 

El debate sobre el aborto en El Salvador se ha reavivado por la petición de la joven de interrumpir su embarazo porque padece diversas enfermedades. La Iglesia católica salvadoreña teme que el caso de "Beatriz" sea "la puerta" para legalizar el aborto en el país, palabras del arzobispo de la capital salvadoreña, José Luis Escobar, que ha recogido EFE."       (Público, 26/04/2013) 

Los obispos alemanes aceptan la píldora del día después en caso de violaciones

"Los obispos católicos alemanes aprueban la administración de la llamada píldora del día siguiente a mujeres que hayan sufrido una violación. Consideran que los nuevos preparados farmacéuticos permiten un uso preventivo durante las primeras horas anteriores a la fecundación. La Iglesia solo admite las que “tengan un efecto preservativo, no abortivo”.

 Las víctimas de una violación deben recibir, según los obispos, “atención humana, médica, psicológica y espiritual”, durante la cual podrán decidir si quieren tomar la píldora. La decisión, anunciada tras una conferencia de tres días en la ciudad alemana de Tréveris, sigue la disposición del arzobispo de Colonia Joachim Meisner, que ya había permitido la administración de la píldora en los hospitales católicos de su diócesis.

A su vez, la decisión del cardenal Meisner vino precedida de una considerable controversia en la región renana, donde dos clínicas pertenecientes a sendas fundaciones católicas rechazaron, el pasado diciembre, administrar la píldora a una joven de 25 años que había sido drogada y probablemente violada. 

Una médico de urgencias le había recetado el medicamento y la había enviado a estos hospitales. Sus gerentes se lo negaron y además, rechazaron la petición de asegurar las posibles pruebas de que había sido violada. Adujeron que no podían tratar a una mujer tras un ataque sexual porque, en caso de embarazo, el informe médico de dicho tratamiento podría servir para justificar el aborto legal de la mujer violada.

 La doctrina de la Iglesia prohíbe cualquier interrupción voluntaria del embarazo. La joven tuvo que buscarse un tercer hospital para recibir tratamiento.

Según el presidente de la Conferencia Episcopal alemana Robert Zollitsch, este cambio de parecer se aprobó “por unanimidad”. Zollitsch, arzobispo de Friburgo, advirtió de que la píldora no debe ser utilizada como método anticonceptivo, sino como remedio en una situación extrema.

 Según dijo el jueves tras reunirse con sus colegas de toda Alemania, los avances médicos permiten usar píldoras que no provocan el aborto, sino que únicamente impiden la fecundación. El Arzobispo pidió a los obispos alemanes que informen de los cambios a los médicos de sus diócesis. (...)

La decisión de los obispos tiene base ginecológica. Las píldoras del día siguiente llevan un componente activo que impide la fecundación del gameto femenino al evitar la ovulación durante un plazo máximo de 120 horas.

 Así se evita el embarazo. La Iglesia católica considera que la vida empieza en el mismo momento de la fecundación. El Estado alemán estima que el embarazo empieza cuando el cigoto anida en el útero de la madre."           (El País, 21/02/2013)

Muere en Irlanda una mujer a la que se negó el aborto de un feto inviable

"Savita Halappanavar, una dentista india de 31 años embaraza de 17 semanas, falleció el 28 de octubre en el Hospital Universitario de Galway (oeste de Irlanda) porque los médicos se negaron a practicarle un aborto pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. Los médicos esperaron hasta que el feto dejó de latir, cuatro días después de ese diagnóstico, y la madre murió de septicemia.

¿Por qué no le practicaron antes el aborto que ella pedía con insistencia? “Porque, por desgracia, Irlanda es un país católico y la ley lo prohíbe”, le respondió el personal del hospital. “Ella les respondía que no es católica, sino hindú. ¿Por qué le imponían la ley a ella?”, se pregunta su viudo, Praveen Halappanavar, un ingeniero de la empresa Boston Scientific en Galway.

La respuesta es muy fácil: porque la ley es igual para todos, sin distingos de nacionalidades y religiones. Pero el trasfondo es más complicado: el aborto sigue siendo un tema tabú en la católica Irlanda. Y la ley lo bastante confusa como para que sea interpretada de forma restrictiva sin que se pueda acusar a la República de no cumplir con la Convención Europea de Derechos Humanos.

 Una histórica sentencia de 1992 falló a favor del derecho a abortar de una niña de 14 años que había quedado embarazada por una violación y amenazaba con suicidarse. Pero ese fallo nunca se transformó en una ley que garantizara que el derecho a la vida de la madre está por encima del derecho a la vida del que va a nacer. El Tribunal de Estrasburgo falló en 2010 que no se había garantizado el derecho al aborto de una mujer enferma de cáncer. Pero Dublín aún no ha decidido si aquel fallo le obliga a modificar sus leyes.

El caso de Savita Halappanavar tiene el potencial de ser especialmente polémico. Por un lado, no basta con que ella estuviera en estado muy grave: los médicos han de concluir que está en peligro de muerte para terminar un embarazo. Su marido asegura que era evidente que estaba en peligro de muerte desde que acudieron de urgencia al hospital el sábado 20 de octubre.

Tras examinarla, los médicos les dijeron que “el cuello del útero estaba completamente dilatado, que perdía líquido amniótico y que, por desgracia, el bebé no podría sobrevivir”, ha explicado Praveen Halappanavar al diario The Irish Times. Iba a tener un parto espontáneo y el feto tenía solo 17 semanas de gestación. Fue entonces cuando por primera vez le negaron el aborto “porque el corazón del feto está latiendo”. 

Ahí viene el segundo punto clave: si el feto no puede sobrevivir, ¿no debería entonces tener toda la prioridad la salud de la madre? Ante la ambigüedad de la ley, los médicos optaron por dejar que el no nacido muriera antes de proceder a un parto forzado pese a que la salud de la madre empeoró.

“Savita sufría una auténtica agonía. Estaba destrozada por la pérdida del bebé, pero lo había aceptado. Cuando vio al médico el lunes por la mañana le volvió a preguntar por qué, si no podían salvar la vida del niño, no la inducían a terminar el embarazo. El médico le dijo que mientras esté latiendo el corazón del feto no podían hacer nada”, narra Praveen.

“El martes por la mañana, la misma discusión. 

El médico dijo que era la ley, que es un país católico. Savita dijo: ‘No soy ni irlandesa ni católica’, pero ellos le dijeron no podían hacer nada”, continúa el padre en The Irish Times.

“Esa noche empezó a tener temblores y escalofríos y a vomitar. Fue al lavabo y se desmayó. Se encendieron todas las alarmas y los doctores empezaron a sacarle sangre y a darle antibióticos. A la mañana siguiente les dije que ella estaba tan enferma que tenían que acabar con aquello, pero volvieron a decir que no podían”, continúa.

A mediodía, el corazón del feto dejó de latir y por fin abrieron la matriz de Savita. “Cuando salió del quirófano podía hablar pero estaba muy enferma. Es la última vez que hablé con ella”. Aquella noche le llamaron del hospital para decirle que estaba en estado crítico y la habían sedado. En la noche del sábado al domingo 28 de octubre, falleció."            (El País, 14/11/2012)

Cientos de ginecólogos se oponen al fin del aborto por malformación

"El debate sobre la reforma de la ley del aborto ha rebasado la arena de debate político y ha ocupado las consultas y los laboratorios. El empeño del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar la regulación actual para acabar con el plazo de aborto libre y suprimir el supuesto de anomalías fetales ha empujado a profesionales sanitarios a movilizarse. 

Un grupo de ellos, compuesto por ginecólogos, obstetras o expertos en diagnóstico prenatal, ha redactado un manifiesto en contra de esa reforma que suma 645 adhesiones. Suprimir la opción de interrumpir el embarazo en caso de malformación grave —que recoge la ley actual— acarreará consecuencias trágicas para las familias afectadas, dicen.(...)

 “La decisión de interrumpir el embarazo causa mucho sufrimiento. Si la ley no permite la interrupción de la gestación en estos casos [de anomalías fetales graves], a la dramática situación se sumará el desamparo legal que sufrirán las gestantes”, explica el documento encabezado por las ginecólogas Pilar Martínez Ten y Begoña Adiego, que se entregará al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

 En él explican que la eliminación de esa opción de la normativa desembocaría en una clara desprotección de las afectadas, que terminarían recurriendo al aborto clandestino e inseguro. La ley actual, aprobada en 2010 a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permite abortar por encima del plazo libre de 14 semanas —en el que la mujer no precisa justificar su decisión— y hasta la 22 si hay riesgo para la salud de la mujer o si se detecta una malformación fetal (se precisa el dictamen de dos médicos). 

Pasado ese tiempo, y sin límite, solo es legal hacerlo si al feto se le diagnostica una anomalía extremadamente grave e incurable o incompatible con la vida. Un diagnóstico que debe hacer un comité clínico. (...)

Estos abortos apenas suponen el 3% del total registrado en España, pero se trata de casos muy dramáticos de hijos deseados. El titular de Justicia argumentó, para justificar el endurecimiento de la ley en este punto, que esa opción discrimina a las personas discapacitadas. 

Gallardón se escuda en un texto de la ONU que en 2010, tras las quejas de dos asociaciones, recomendó a España eliminar el aborto por “razón de discapacidad exclusivamente”. Eso a pesar de que en la ley actual —tal y como contestó el Ejecutivo anterior a la ONU— no habla en ningún caso de discapacidad, sino de anomalías fetales graves.

Los expertos coinciden, además, en que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva funciona bien. De hecho, apunta el especialista en diagnóstico prenatal Javier Pedregosa, ha permitido a mujeres a quienes la norma anterior desamparaba —solo permitía la interrupción del embarazo por malformaciones hasta la semana 22— abortar en casos de anomalías gravísimas y de diagnóstico tardío. 

“Ha ayudado a familias que se veían obligadas a viajar a Francia para interrumpir su embarazo porque en España no podían hacerlo. Si la ley se endurece esto puede volver a ocurrir. Las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y médicas de acotar esta opción son muy duras”, incide Martínez Ten.

Así, las anomalías que recoge la ley difieren de lo insinuado por Gallardón sobre la supuesta intención eugenésica de interrumpir un embarazo bajo este supuesto. No hay una lista cerrada de patologías, pero la comisión de bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia redactó una guía en la que reflejaba algunas: anencefalia (nacer sin cerebro), hidrocefalia grave y progresiva o agenesia de cuello calloso.

Cada situación, y su implicación, se estudian. El comité de expertos —ginecólogos, pediatras y expertos en diagnóstico prenatal— que designa cada comunidad autónoma analiza los aspectos médicos del caso —que haya un diagnóstico claro y fundamentado, las alternativas y posibilidades reales de tratamiento y sus consecuencias— y también todo lo relacionado con la calidad de vida del nacido (tiempo de supervivencia previsible, grado de desarrollo neurológico...), explica Rafael Torrejón, jefe de Ginecología y Obstetricia del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y miembro de uno de los comités de Andalucía.

Y no todas las peticiones son aceptadas. También hay rechazos. En uno de los dos comités catalanes se aprobaron 83 de las 87 solicitudes recibidas hasta julio de 2012. En el comité clínico de Madrid, 9 de los 51 casos analizados desde julio de 2010 hasta enero de 2012 fueron rechazados: dos casos de síndrome de Down, otro de osteocondrodisplasia, un labio leporino... Situaciones de malformaciones severas del sistema nervioso central (12), cardiopatías severas (11) o malformaciones esqueléticas letales sí fueron aceptadas."            (El País, 02/11/2012)

Ultracatólicos argentinos impiden un aborto con la mujer, violada y víctima de trata de blancas, ya en el quirófano

"La secuestraron el pasado 28 de julio; la llevaron a la Patagonia y la obligaron a prostituirse. Logró escapar de la red de trata de blancas, pero había quedado embarazada. Quiso abortar porque ahora la ley de Argentina lo permite. Pero el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, anunció el día —el pasado martes— y el hospital en que se iba a llevar a cabo la interrupción del embarazo —Ramos Mejía— en un intento de boicotear la intervención, la primera que iba a practicarse con la nueva normativa. 

Un grupo ultraconservador católico recogió el guante: interpuso una orden judicial que logró paralizar la intervención cuando la paciente ya estaba en el quirófano después de entrar de malas maneras en su habitación del hospital.

Esta insólita situación ha generado múltiples problemas añadidos a la víctima, de 32 años. De entrada, ella quería guardar el anonimato, entre otras cosas porque su familia no estaba enterada, pero al pregonar el alcalde los detalles su intimidad ha quedado expuesta a la vista de todos.

Al día siguiente del anuncio del alcalde, la asociación católica Pro Familia acudió a un juzgado para impedir el aborto. También organizó manifestaciones en los domicilios del director del hospital y de la propia joven, pero ella estaba ingresada en el hospital y en su casa estaban sus padres, que hasta entonces no sabían que su hija estaba embarazada, según reveló su abogado, Carlos Lucero Paz.

 “El capellán del hospital, el padre Fernando, entró con la gente de Pro Familia a la habitación de la víctima, que está muy afectada por lo sucedido”, comentó el letrado. Este periódico llamó a Pro Familia para conocer su versión de los hechos, pero no recibió respuesta. (...)

La legalización del aborto continúa encendiendo polémica en Argentina. Desde 1920 el Código Penal permite las interrupciones voluntarias del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la madre o si el embarazo proviene de una violación a una mujer “idiota o demente”. Hasta marzo pasado, además, las embarazadas por una violación y con alguna discapacidad mental o menores de edad debían recurrir a la justicia para pedir permiso para la operación.

 Pero desde entonces ha dejado de ser así porque la Corte Suprema determinó que podía practicarse el aborto sin trámite judicial en todos los casos de violación, incluidas las de mujeres mentalmente sanas e incluso menores de edad. A partir de la sentencia del máximo tribunal de Argentina, la capital y cada una de las 23 provincias debían redactar sus protocolos para los llamados abortos no punibles.

De momento, solo cuatro provincias han redactado protocolos que se adecuan de forma correcta al fallo de la Corte Suprema, según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Otros seis distritos, incluida la capital, redactaron los suyos, pero restringen lo estipulado por el tribunal, en el sentido de que limitan el aborto a las mujeres con incapacidad mental, según la ADC.

La oposición al alcalde Macri, integrada por el kirchnerismo, el centro y la izquierda, promovió una ley en el Poder Legislativo de Buenos Aires para permitir los abortos por violaciones en cualquier plazo y establecer que las menores de edad podían interrumpir sus embarazos sin consentimiento de sus padres. La ley se aprobó por 30 votos a favor y 29 en contra. El pasado día 4 Macri anunció que vetaría la norma.

Un juez porteño rechazó el mismo día 5 la petición de Pro Familia, pero el pasado martes, el mismo día en que debía practicarse el aborto, una juez federal, Miriam Rustán de Estrada, lo frenó. “Fue un desastre. El daño psicológico y moral que le están provocando a mi cliente es inmenso”, opina Lucero Paz. “Hay una cadena de responsabilidades y la hemos denunciado ante la justicia

. La primera irresponsabilidad la cometió el alcalde, que para justificar el veto a la ley hizo público los datos del primer aborto no punible, y así incumplió los deberes de funcionario público. El director del hospital también los incumplió porque, ante las amenazas de Pro Familia, dio los datos de la paciente o permitió que se filtraran.

 La juez ha sido igualmente denunciada por prevaricación (al haber dictado presumiblemente una sentencia arbitraria a sabiendas de que lo es) y la asociación Pro Familia, por las amenazas contra la paciente cuando entraron en su habitación”, detalló Lucero Paz.

 

Finalmente, la Corte Suprema autorizó el pasado jueves la operación, que se realizará en los próximos días. También insistieron los jueces en que estos casos no requieren trámite judicial.

La vicealcaldesa de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, defendió a su jefe: “Macri habló en términos generales, nunca dio el nombre de la víctima, no violó la confidencialidad de la paciente. Probablemente esta organización antiabortista hubiera presentado igualmente una petición de medida cautelar”, comentó.

Mientras tanto, en el Congreso argentino siguen paralizados los proyectos de ley para ampliar la despenalización de la interrupción del embarazo. El Poder legislativo nacional está dominada por el kirchnerismo, algunos de cuyos representantes apoyan las iniciativas, pero no todos, incluida la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien, en el libro La Presidenta, de Sandra Russo, confiesa que se resiste porque padeció un aborto espontáneo cuando llevaba seis meses de embarazo"          (El País, 12/10/2012)