“Los grandes capos están sentados en una mesa en Dubái observando las operaciones en España”... es enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad... se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España... Existe un riesgo cierto, hay “un claro incremento de la presencia de armas”

 "Otro narcosubmarino. Un mercante marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas, las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre. “En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten. Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.

La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína. Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.

En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.

Gente de dentro del puerto de Vigo es la que ahora ofrece sus servicios a organizaciones de tráfico de cocaína

“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.

Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado. Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.

“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes. Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados. Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.

Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de forma cíclica”.

La lancha tripulada por narcos albaneses que fue capturada en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el pasado 15 de enero. Narcodiario

En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas, de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga, y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.

Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la Fiscalía”, explica.

Lo que ocurría en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura

Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023 apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado [en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino], lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña). Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas organizaciones. Los construyen en la selva con plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela, nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.

Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte, un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.

Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo, Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones. Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto, todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas facilidades para trabajar”.

Cocaína en el sur

Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas. Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.

Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios, a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía, y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos, y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.

A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.

El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística, dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.

Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los traficantes, convertidos por sus abogados en payasos, banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la ciudadanía observa con sorpresa”.

Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra. “En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones, hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en un futuro, podamos vincular a la organización”.

Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España. Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que ampliar la presión a otras zonas”, alienta.

“El gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división”

El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.

Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división. Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte, la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.

También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro, no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.

Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.

En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad, uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”."

( Narcodiario, InfoLibre, 26/01/25)

Cambio de rumbo: regular el mercado de drogas para combatir el crimen organizado... Quizá sea hora de que los Países Bajos inicien un experimento con un mercado regulado de cocaína... El precio de un gramo de cocaína en España o los Países Bajos no ha variado considerablemente a lo largo de los años. Todos parece indicar que sigue existiendo una oferta suficiente, a pesar del número de interceptaciones sin precedentes del que tanto se hace alarde... Cada incautación de cocaína en los puertos de Amberes y Róterdam es contrarrestada por el aumento de la producción en Colombia, Perú y Bolivia... Es la teoría de los vasos comunicantes aplicada al control de drogas: se puede hacer desaparecer algo temporalmente, pero tarde o temprano reaparecerá... los neoprohibicionistas y quienes quieren legalizar el mercado de las drogas comparten un mismo objetivo: combatir el crimen organizado relacionado con las drogas y sus efectos corrosivos en la sociedad... En lugar de incinerar la cocaína confiscada, se la podría utilizar para experimentar con un mercado de cocaína regulado. De ese modo se matan dos pájaros de un tiro: se quita la cocaína de los delincuentes y se los deja sin mercado, haciendo que la nueva oferta ilegal sea insignificante. Este experimento es temporal, por definición, debido a que llegará un momento en que no se podrá confiscar suficiente cocaína para sostenerlo. Para entonces, quizá estaremos convencidos de que un mercado regulado es más eficaz para combatir el crimen organizado vinculado con las drogas... ¿Cómo funciona un mercado de cocaína regulado (la cocaína es, sin duda, mucho más nociva que el cannabis)? En todo caso, los mercados regulados de drogas no son un fenómeno nuevo. Los Países Bajos y Suiza están experimentando actualmente con el mercado de cannabis legal, al igual que Canadá, Uruguay y 24 de los 50 estados de los Estados Unidos. Se puede aprender mucho de estos ejemplos (Tom Blickman , investigador del Transnational Institute (TNI) que ha estudiado las políticas nacionales (e internacionales) de drogas durante 25 años)

"Mientras Ecuador es azotado por la extrema violencia relacionada con una economía pujante basada en el tráfico ilícito de cocaína, Europa se ha visto inundada no solo por la cocaína sino también por una nueva clase de neoprohibicionistas o narcorrealistas, que han comenzado a dominar la discusión. En su discurso sostienen, a grandes rasgos, que: somos conscientes de que jamás se podrá ganar la “guerra contra las drogas”, pero es imposible cambiar la políticas sobre las drogas a nivel mundial mediante tratados internacionales y es ingenuo pensar que puede lograse, de modo que, lamentablemente, debemos mantener esta estrategia que históricamente ha fracasado.

En el proceso, alguna terminología se revierte de manera conveniente. Por un lado, a los realistas que señalan que, tras 75 años de esfuerzos, el control de las drogas en su forma actual (que abarca la interceptación y el desmantelamiento de redes de narcotráfico) ha fracasado terriblemente y, por ende, se debe cambiar de estrategia, por ejemplo, al legalizar los mercados de drogas, se los ignora y tacha de ingenuos. Por otro lado, los verdaderos ingenuos que, a pesar de todas las pruebas en contrario, siguen insistiendo en que es posible combatir el narcotráfico organizado, se autoperciben como realistas.

Sin embargo, las cifras reflejan otra realidad: en 2023 se interceptaron más de 175.000 kilos de cocaína en los Países Bajos y Bélgica, una cifra sin precedentes para ambo países, ya que se trata de un volumen 2,5 veces mayor que hace cinco años, según informó el periódico neerlandés NRC (external link). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (external link) concluyó recientemente que “El suministro mundial de cocaína ha alcanzado niveles sin precedentes. Se produjeron casi 2.000 toneladas en 2020, lo que continúa el marcado aumento en la producción registrado a partir de 2014, cuando las cifras eran menos de la mitad de las actuales”.

El precio habitual de un kilo de cocaína en España (external link) es de un promedio de 30.128 euros, en comparación con alrededor de 35.000 euros hace algunos años. Algunos grupos organizados han incluso logrado comprar un kilo de cocaína a tan solo 18.000 euros. El precio de un gramo de cocaína en España o los Países Bajos no ha variado considerablemente a lo largo de los años. Todos parece indicar que sigue existiendo una oferta suficiente, a pesar del número de interceptaciones sin precedentes del que tanto se hace alarde.

Cada incautación de cocaína en los puertos de Amberes y Róterdam es contrarrestada por el aumento de la producción en Colombia, Perú y Bolivia. Sobre la base de cifras de la UNODC, el TNI ha calculado que en Colombia se han deforestado más hectáreas de bosques tropicales como consecuencia de las políticas de control de drogas –desde incautaciones mundiales hasta la destrucción de cultivos de coca (180.000 hectáreas)– de las que se cultivan para consumo (143.000 hectáreas). Y por cada delincuente que es arrestado en el puerto de Róterdam surge un nuevo delincuente menor. Es la teoría de los vasos comunicantes aplicada al control de drogas: se puede hacer desaparecer algo temporalmente, pero tarde o temprano reaparecerá.

La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, observó en un artículo publicado en el periódico The Guardian (external link), que “nuestro enfoque actual en la lucha contra las drogas es como trapear el piso con el grifo abierto”. En el artículo, Halsema anunció una conferencia (external link) para discutir la regulación de los mercados de drogas. En lugar de ir tras los falsos profetas de las políticas de línea dura, debemos intentar hacer las cosas de manera diferente. Se necesita un cambio de rumbo, pero no es fácil hacer que el gran buque de la política mundial de drogas cambie de dirección. Tardará años, incluso décadas, pero ello no significa que nos tengamos que quedar de brazos cruzados.

¿Existe otra forma de hacer las cosas? Sí, porque los neoprohibicionistas y quienes quieren legalizar el mercado de las drogas comparten un mismo objetivo: combatir el crimen organizado relacionado con las drogas y sus efectos corrosivos en la sociedad. Coinciden incluso en aspectos relacionados con la estrategia general: abordar el modelo de ingresos de las organizaciones delictivas. Las diferencias radican en las formas de hacerlo. ¿Se debería eliminar la oferta en el mercado ilegal o regularlo para desestabilizar a los delincuentes? ¿O ambos?

De allí la propuesta de experimentar. En lugar de incinerar la cocaína confiscada, se la podría utilizar para experimentar con un mercado de cocaína regulado. De ese modo se matan dos pájaros de un tiro: se quita la cocaína de los delincuentes y se los deja sin mercado, haciendo que la nueva oferta ilegal sea insignificante. Este experimento es temporal, por definición, debido a que llegará un momento en que no se podrá confiscar suficiente cocaína para sostenerlo. Para entonces, quizá estaremos convencidos de que un mercado regulado es más eficaz para combatir el crimen organizado vinculado con las drogas.

La ventaja de este enfoque es que los Países Bajos y otros países de mentalidad similar siguen cumpliendo sus obligaciones internacionales que son tan difíciles de cambiar (al final de cuentas, seguimos interceptando cocaína) y, al mismo tiempo, comienzan a explorar alternativas. Por supuesto que hay fallas en ese experimento. ¿Cómo funciona un mercado de cocaína regulado (la cocaína es, sin duda, mucho más nociva que el cannabis)? En todo caso, los mercados regulados de drogas no son un fenómeno nuevo. Los Países Bajos y Suiza están experimentando actualmente con el mercado de cannabis legal, al igual que Canadá, Uruguay y 24 de los 50 estados de los Estados Unidos. Se puede aprender mucho de estos ejemplos. "

(Tom Blickman , investigador del Transnational Institute (TNI) que ha estudiado las políticas nacionales (e internacionales) de drogas durante 25 años. TNI, 30/05/24)

¿Por qué nos podemos tomar una infusión de hojas de té o de granos de café, y fumar hojas de tabaco... pero tenemos prohibidísimo tomarnos una infusión de HOJA de coca? Situación legal de la hoja de coca en la ONU y las actuaciones de Bolivia para protegerla

"(...) La prohibición durante décadas de la hoja de coca en los tratados de drogas de la ONU y la oportunidad de reforma que ofrece el reciente proceso de revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocuparon un lugar destacado en el 67º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU, celebrado en Viena del 14 al 22 de marzo de 2024. El primer número de las Crónicas de la Coca trató sobre la actual clasificación de la hoja de coca en la Lista I de la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (o su prohibición efectiva) y el inicio por parte de Bolivia del proceso de revisión crítica de la OMS. Este segundo episodio de las Crónicas de la coca destaca tres acontecimientos ocurridos durante la reciente sesión de la CND: (1) el apoyo a la revisión de la coca por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; (2) el llamamiento de Bolivia para proteger la hoja de coca como recurso genético; y (3) una actualización de los preparativos de la OMS para la revisión. (...)
1. Apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Por primera vez, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, participó en persona en la CND. Türk, que se convirtió en Alto Comisionado en 2022, intervino durante la apertura del segmento de alto nivel de la CND el 14 de marzo, en la que pidió un «cambio transformador en la política mundial de drogas (enlace externo) » y llamó la atención sobre el informe 2023 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). 1 El innovador informe de la OACDH (enlace externo) hace referencia a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud. El informe de la OACDH también hace referencia a las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (enlace externo ) que destacan «los derechos de los Pueblos Indígenas a ser consultados y al consentimiento libre, previo e informado en relación con los asuntos que les afectan, incluidas las medidas de control de drogas y los acuerdos que puedan afectar a sus tierras, recursos, culturas e identidades».

Ese mismo día, Türk también intervino en el acto paralelo de alto nivel (enlace externo) sobre «Los derechos humanos en la política mundial de drogas y el caso de la actual clasificación de la hoja de coca en la Convención Única de 1961»,2 organizado por Colombia y Bolivia con el apoyo de Canadá, Chequia, Malta, México, Suiza y la OACDH:

«Los pueblos indígenas han sufrido décadas de profunda discriminación y violaciones de sus derechos humanos: se les han robado sus tierras, territorios y recursos, y muchas de sus culturas han sido destruidas o siguen amenazadas. […] Los pueblos indígenas también han sido objeto de una vigilancia excesiva en prácticas como el cultivo de subsistencia de plantas narcógenas -cultivos que pueden utilizarse como medicinas tradicionales, que son esenciales para sus vidas y medios de subsistencia, y que tienen un profundo significado cultural y espiritual. Desde 1961, la hoja de coca -una planta sagrada para muchos pueblos indígenas- está clasificada como droga de la Lista I, lo que obliga a los países a penalizar su consumo y cultivo».

En ese contexto, el Alto Comisionado agradeció a Bolivia por encabezar el proceso de revisión de la clasificación de la hoja de coca, que señaló «podría marcar un importante punto de inflexión para los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en muchos países».3 Esperaba con interés los resultados del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia ( enlace externo)(ECDD) que lleva a cabo la revisión, subrayando «la necesidad crítica de asegurar y apoyar la participación significativa de los Pueblos Indígenas en todas las etapas». Según Türk, «cualquier decisión que se tome sobre este asunto debe tener en cuenta las implicaciones en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas afectados», animando a la OMS a «aprovechar la experiencia específica de los diversos mecanismos de la ONU para los pueblos indígenas, incluido el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas».

Del mismo modo, el vicepresidente boliviano David Choquehuanca, hablando en el mismo evento paralelo (enlace externo), «instó a la OMS a incluir la perspectiva indígena y el conocimiento de la Medicina Tradicional durante el desarrollo del proceso de revisión crítica». En este sentido, señaló la recomendación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas de abril de 2023 (enlace externo ) para que la OMS «establezca un órgano consultivo de alto nivel con representantes de los pueblos indígenas para orientar su labor en materia de salud humana y planetaria» y «adopte una política y un mandato relativos a los pueblos indígenas».4 La revisión crítica de la hoja de coca que el Comité de Expertos de la OMS ha iniciado a partir de la notificación de Bolivia (enlace externo) representa «un paso importante para corregir el error histórico de la Convención de 1961 que destinó la hoja de coca al exterminio y un avance hacia la reconciliación del sistema de tratados de control de drogas con los derechos de los Pueblos Indígenas». La revisión, según Choquehuanca, «es una buena oportunidad para que la OMS entable un diálogo con los pueblos indígenas y cree puentes entre la medicina académica y la medicina natural».
2. Bolivia pide proteger la hoja de coca como recurso genético

El discurso de Choquehuanca se centró principalmente en la necesidad de una protección jurídica internacional de la hoja de coca como recurso genético y patrimonio de los pueblos indígenas andino-amazónicos. Señaló dos mecanismos que podrían explorarse con ese fin: el Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el próximo instrumento jurídico sobre conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos negociado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios ( enlace externo) contiene disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas a utilizar de forma sostenible y beneficiarse de la utilización de sus recursos genéticos, incluidas las especies vegetales. Un ejemplo es el acuerdo Rooibos ( enlace externo) con el pueblo sudafricano KhoiSan en el que «la industria detrás del té de hierbas rooibos ha acordado pagar un porcentaje del dinero que se gane a los pueblos indígenas que utilizaban la planta antes de que se industrializara la producción». Gabón ha intentado aplicar las normas de Nagoya para proteger su planta psicodélica autóctona iboga (enlace externo); el acuerdo propuesto podría «poner fin al comercio ilegal de la «madera sagrada» de Gabón y permitir por fin que las comunidades tradicionales también se beneficien equitativamente de los beneficios económicos de este patrimonio nacional ancestral.»

En el caso de la hoja de coca, múltiples pueblos indígenas de la región andino-amazónica comparten usos y conocimientos tradicionales de larga data. En ese contexto, Choquehuanca llamó la atención sobre el artículo 10 del Protocolo, que prevé la opción de «un mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios para abordar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos que se produzcan en situaciones transfronterizas», como es el caso de la hoja de coca. En la Conferencia de las Partes del CDB y su Protocolo de Nagoya prevista para octubre de 2024 en Colombia, según Choquehuanca, «podríamos discutir la utilidad de un mecanismo multilateral transfronterizo para proteger el sello de la información genética de la hoja de coca.» [SPA 2] El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y a las Indicaciones Geográficas (enlace externo), que protege los productos que tienen un vínculo especialmente fuerte con su lugar de origen, también ofrece la posibilidad de una solicitud conjunta, en virtud del apartado 4 del artículo 5, en caso de zona geográfica de origen transfronteriza.

Mientras tanto, también bajo los auspicios de la OMPI, está prevista una Conferencia Diplomática sobre Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados (enlace externo) que se celebrará los días 13 y 14 de mayo de 2024 en Ginebra. El objetivo de la conferencia será adoptar un nuevo instrumento jurídico para mejorar la protección de los derechos indígenas dentro del actual régimen de propiedad intelectual. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 31 que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar y proteger la propiedad intelectual sobre su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Sin embargo, el actual régimen de propiedad intelectual no reconoce esos derechos y, en la práctica, los pueblos indígenas se enfrentan a menudo a la explotación, el uso indebido, la apropiación indebida y el robo de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Un comité intergubernamental de la OMPI lleva más de dos décadas reuniéndose para abordar esas lagunas del régimen, y en dos ocasiones se ha convocado un taller de expertos indígenas (enlace externo) para contribuir al proceso. El último, en febrero de 2023, aporta comentarios detallados sobre el proyecto de texto y expresa su esperanza de que «este instrumento tenga la oportunidad de corregir la naturaleza discriminatoria del actual sistema de propiedad intelectual y establecer mecanismos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su propiedad intelectual a nivel internacional».6 Los expertos indígenas también llamaron la atención sobre la necesidad de cooperar en asuntos transfronterizos, sugiriendo la creación de un organismo indígena regional para tratar eficazmente los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales que se extienden por más de un Estado.

Abordando los retos transfronterizos del Protocolo de Nagoya y las negociaciones de la OMPI, Choquehuanca ha propuesto convocar un taller de expertos de las comunidades indígenas que cultivan la hoja de coca en toda la región andino-amazónica. Un mecanismo para proteger la hoja de coca como recurso genético asociado a usos y conocimientos tradicionales tiene un doble objetivo, dijo Choquehuanca:

«El escenario esperado de que el proceso de revisión crítica llevado a cabo por la OMS resulte en la liberación de la hoja de coca de la Lista I, abriría la posibilidad de un mercado internacional legal para los productos de coca en su forma natural o industrializada. Queremos asegurarnos de que una posible apertura no pueda ser utilizada indebidamente por empresas comerciales extranjeras, impedir la aprobación de patentes relacionadas con la hoja de coca sin el consentimiento informado previo, y garantizar que una gran parte de los ingresos de un futuro mercado legal de productos naturales de la hoja de coca contribuya al desarrollo de los pueblos indígenas transfronterizos andino-amazónicos. Al mismo tiempo, contar con un mecanismo de protección a través de los instrumentos internacionales mencionados, reforzado por la legislación nacional y los acuerdos regionales, ayudaría a prevenir la proliferación del cultivo y la producción de productos de la hoja de coca sin un control adecuado en caso de apertura de los mercados internacionales». 7 [SPA 3]

A este respecto, pueden extraerse valiosas lecciones de los esfuerzos peruanos por proteger la planta de la maca contra la biopiratería y las patentes de empresas extranjeras. Las raíces de la maca también han sido utilizadas por los pueblos indígenas andinos durante miles de años con fines nutricionales y medicinales. El auge del mercado internacional de la maca como «superalimento» y medicina natural ha llevado a su cultivo en China y a que empresas estadounidenses adquieran patentes sobre determinados extractos de maca. Los grupos indígenas no han intentado reclamar la propiedad de la maca mediante patentes : «Evitan designar qué grupos tienen derecho sobre la planta manteniéndola en el ámbito de los conocimientos comunales y la propiedad cultural».8 En su lugar, Perú respondió reforzando la legislación nacional y apelando a los mecanismos de protección internacionales para revocar las patentes extranjeras.

En conclusión, Choquehuanca argumentó en Viena que «la verdad sobre la hoja de coca, como recurso natural y no como droga, está emergiendo gradualmente en la conciencia colectiva» y que la «plena legalización de la producción y el consumo de la hoja de coca en su estado natural proporcionaría grandes beneficios a la humanidad y grandes oportunidades de industrialización y comercialización para los Pueblos Indígenas transfronterizos de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador». [SPA 4]

La globalización de los usos de las plantas psicoactivas desde sus nichos tradicionales originales a nuevos contextos culturales conlleva muchos retos, y se pueden extraer lecciones de las experiencias con la ayahuasca o el kratom, por ejemplo. En el caso de la coca, se ha producido un proceso de diversificación a lo largo de los siglos a medida que el uso de la planta se extendía fuera de las zonas indígenas originales hacia el norte de los Andes, la cuenca occidental del Amazonas y hacia el sur, hasta Chile y Argentina. Han seguido surgiendo nuevas formas de consumo en los entornos urbanos de la región, así como en el extranjero, siguiendo los patrones de migración andina y a través de la venta a pequeña escala por Internet. Como se menciona en el expediente de apoyo (enlace externo) Bolivia presentado con la notificación de revisión, hoy en día ya no es posible «considerar las costumbres ancestrales como el único punto de referencia debidamente válido, y en el proceso descalificar la amplia gama de desarrollos actuales como de alguna manera menos legítimos».9 [SPA 5] Aún así, para evitar la captura corporativa de los mercados internacionales de coca y garantizar que los beneficios apoyarán a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de la región, será importante utilizar el Protocolo de Nagoya y los mecanismos de la OMPI para la protección del patrimonio cultural, los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las indicaciones geográficas (enlace externo). (...)

Un representante de la Alianza Internacional Indígena sobre Políticas de Drogas, Diego Andrés Lugo-Vivas (enlace externo) de Cauca, Colombia, fue uno de los pocos oradores de la sociedad civil en el segmento de alto nivel. Habló sobre el dramático nivel de violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, donde desde 2016 más de 1.200 líderes sociales han sido asesinados, incluidos muchos líderes campesinos e indígenas. «La regulación de la coca», dijo, «debe perseguir la despenalización de los grupos más vulnerables (familias productoras, por un lado, y consumidores, por otro).» En un evento paralelo sobre Usos lícitos de la hoja de coca (enlace externo), Andrés López, ex director del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud de Colombia, explicó las exenciones legales de los tratados para los usos industriales de la coca; y Felipe Tascón, responsable del Programa de Desarrollo Alternativo de Colombia (PNIS), pidió la «necesaria eliminación de la coca del índice de prohibición». [SPA 6]

En general, el proceso de revisión crítica de la hoja de coca estuvo visiblemente presente en la CND de marzo de 2024 y recibió un importante apoyo de diversos actores del sistema de la ONU, así como de la sociedad civil. Sigue habiendo importantes interrogantes sobre cómo y si la revisión de la OMS que se está llevando a cabo puede abarcar las múltiples dimensiones del estatus de la hoja de coca dentro del sistema de tratados de drogas de la ONU. Pero el nivel de compromiso en la reciente sesión de la CND ofreció una señal prometedora para el futuro. (...)"                      (TNI, 24/04/24)

A cocaína, allea á inflación: de custar máis de 30.000 euros o quilo fai un par de anos a estar por debaixo dos 20.000 agora

 "Neste comezo de ano todos os galegos e galegas estamos mirando de reollo aos nosos salarios, que permanecen conxelados mentres todos os produtos básicos para vivir ascender de prezo. Comprar no supermercado todas as semanas xa é un artículo de luxo para moitos petos, igual que poder usar as autopistas ou darse o capricho de ir de vacacións, así como poñer o radiador durante todo o inverno ou ter as luces de Nadal acesas toda a noite. O custe da vida, innegablemente, subiu sobremaneira. Pero hai unha cousa que se mantén allea aos incrementos do IPC: a cocaína. Unha substancia perxudicial para a saúde das persoas e para todo o noso sistema social é cada vez máis accesible e, nun mundo agobiado por chegar a fin de mes onde a ansiedade e a depresión están cada vez máis presentes nos fogares, que nos fai pensar que non haberá cada vez máis xente que busque nesta droga unha forma de evasión? A preocupación é real e actuar xa é o único que pode frear esta lacra.

 Dende a Fundación Galega contra o Narcotráfico, o seu xerente, Fernando Alonso, explica que "a devaluación do prezo da cocaína é un indicador moi claro da sobreoferta que estamos a sufrir". "O prezo da cocaína baixou case ao 50 %, ou xa está moi preto deses rexistros", asegura, apuntando que "un quilo de cocaína fai un par de anos custaba uns 32.000 ou 34.000 euros, e agora está polos 19.000 ou 20.000, unha baixada tremenda que evidencia que hai moitísima oferta". Para Alonso, "non deixa de ser algo paradóxico nestes tempos onde a inflación está tan presente, pois a todos nos custa un diñeiral ir ao supermercado, mentres que a cocaína, pola contra, é a única substancia que baixou o seu prezo". E isto foi posible grazas ao supertráfico da substancia, que abaratou a droga ao haber máis oferta para satisfacer, polo momento, á mesma demanda.

O temor, dado estes baixos prezos, é que "esa redución de prezos do mercado se traslade ás rúas, a pesares de que polo momento non se trasladou en toda a medida". E é que, como evidencia Alonso, "se hai máis droga e esta está máis barata, a reacción directa é que, evidentemente, haberá máis consumidores e máis adiccións". E este maior consumo non só provocará a destrución de vidas de persoas e das súas familias, senón tamén un aumento no número de accidentes de tráfico, no fracaso escolar e baixo rendemento dos menores e mesmo nos casos de violencia de xénero, pois "cantos salvaxes que agreden e chegan a matar ás súas mulleres consumiron droga antes de facelo?", pregúntase o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Con todo isto enriba da mesa, a conclusión está clara: "Hai que traballar contra a oferta de forma decidida e poñer as bases para fomentar a prevención, crear outro modelo de ocio e outra forma de usar o tempo libre que non nos leve a estes consumos ou situacións que estamos a sufrir". 

"COLABORACIÓN INTERNACIONAL, OS CÁRTELES NON COÑECEN DE FRONTEIRAS"

A día de hoxe a oferta de droga é tal que todas as bandas están interesadas en introducila en Galicia en grandes cantidades e de todos os xeitos, por terra, mar e aire. A cousa adquire tal dimensión que para as autoridades resulta moi complicado, cos efectivos existentes, detectar os novos métodos e artimañas empregados polos narcotraficantes. Alonso apunta, por exemplo, aos narcosubmarinos, tamén coñecidos como semisumerxibles, porque "dende logo son algo novo aquí e non estamos preparados para combatilos, polo que debemos dotarnos tecnoloxicamente para poder facelo". Ademais, asegura que para facer fronte a esta lacra "hai que fortalecer a colaboración internacional", pois "gran parte dos alixos que coñecemos o pasado 2023 derivan da labor de investigación da Policía, a Garda Civil, Aduanas e axencias internacionais como a DEA ou os servizos de intelixencia colombianos".

Hai que ser conscientes de que este tipo de transportes, xa sexan pesqueiros ou semisumerxibles, saen de Sudamérica e cruzan o océano para chegar a Europa. Os sistemas legais dos países de Sudamérica son moi diferentes aos nosos e ás veces atópanse liñas vermellas, pero "a colaboración entre administracións é necesaria", porque, como recorda Alonso, "os cárteles da droga non coñecen de ningún tipo de fronteiras nin limitación nin barreiras". "Os cárteles organizan o transporte e póñense de acordo entre participantes de diferentes países dunha forma moitísimo máis áxil da que o fai a policía e a xustiza de cada país e os propios gobernos", afirma o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Así que, agora que é tempo de eleccións en Galicia, e a pesares de que a modificación da lexislación debería darse máis a nivel estatal, o certo é que dende a comunidade tamén se poden facer cousas e os políticos deben implicarse na cuestión.

O 20 % DA HEROÍNA QUE CHEGA A GALICIA, QUÉDASE PARA CONSUMIR EN GALICIA

Fronte á baixada de prezo da cocaína, está a suba do da heroína. Os narcotraficantes que operan en Galicia teñen menor inventario desta droga, aínda que cada vez chega tamén en maiores cantidades á comunidade, sendo o seu destino final a propia Galicia ou ben o norte de Portugal. En concreto, é o país veciño o que ten un maior problema neste senso, pola alta demanda deste produto que procuran desesperadamente os toxicómanos. E é que o problema dos adictos á heroína que sacudiu a España na década dos 80 trasladouse ao territorio luso. Así o confirman dende as Unidades de Droga e Crimen Organizado (UDYCO), do Corpo Nacional de Policia. Un dos grupos máis activos na loita contra o narcotráfico atópase na provincia de Pontevedra. No último ano realizáronse ata catro grandes operacións co obxectivo de sacar quilos e máis quilos de heroína da circulación. E é que Pontevedra leva anos no foco das organizacións criminais. É unha zona de entrada da droga tanto para a Península como para Europa.

A heroína chega por carretera dende Países Baixos principalmente. Tamén ten chegado dende Turquía, Irán e Afganistán. Grazas á labor das forzas e corpos de seguridade do Estado, as operacións de incautación lograron deixar moi desabastecido ao mercado da heroína en España. Tal é a situación que ante a escaseza de oferta, o prezo dispárase, superando por moito ao doutras substancias como a propia cocaína. Se fai uns anos o prezo da heroína era menor ao da cocaína, na actualidade a tendencia é a inversa: o quilo de heroína pasou de custa uns 19.000 euros hai un par de anos a chegar agora aos 26.000. E aínda que a metade da substancia que chega a Galicia remata en territorio portugués, unha cantidade importante, ao redor do 30 %, acaba en Madrid e, aproximadamente, o 20 % quédase en Galicia.

COCAÍNA: DOS 263 EUROS POR GRAMO DE AUSTRALIA AOS 3 DE BOLIVIA

En Estados Unidos, segundo os datos do último Informe Mundial sobre Drogas da ONU (2022), o prezo medio da cocaína é de 120 dólares por gramo. En Bolivia, de 3 dólares por gramo; en Costa Rica e México, 14 dólares. Sen embargo, en Rusia o prezo medio da cocaína é de 95 euros por gramo. En Xapón, custa uns 130 euros; na China, 128 dólares; e en Australia, de 263. En Europa o prezo medio é duns 74 euros: en Alemaña é de 89 dólares; en Francia, de 77; nos Países Baixos, de 62; e en Reino Unido, de 95. En España, está aínda máis barata que na media da UE, a uns 60 euros por gramo.

HEROÍNA: DOS 390 DÓLARES POR GRAMO DE EE.UU. AOS 20 DE PORTUGAL

En Estados Unidos, tamén segundo os datos reflectidos no último Informe Mundial sobre Drogas da ONU (2022), o prezo medio da heroína é de 390 dólares por gramo e en Irlanda de 212 euros por gramo. En Brunei chega á frioleira de 1.330 dólares o gramo. Sen embargo, en Portugal o prezo medio da heroína é de 20 euros por gramo, moi semellante ao custe de Israel. En Nova Zelanda supera os 650 dólares. En Xapón, un gramo de heroína custa en torno a 200 euros o gramo. En Europa o prezo medio ronda os 50 euros por gramo na zona euro. En España o custe é algo maior, duns 60 euros por gramo."           (Galicia Confidencial, 18/01/24)

Heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina: Canadá despenaliza la posesión de algunas drogas duras... El proyecto piloto durará tres años y se pondrá en marcha en Columbia Británica, la provincia más golpeada por la epidemia de opiáceos. Será tolerado un máximo de 2,5 gramos de sustancia... tiene como objetivo privilegiar un enfoque basado en la salud pública y en la reducción de estigmas por encima de uno de corte punitivo. “En vez de tratar a estas personas como delincuentes, se les dará cuidado y compasión. Tendrán acceso a información”... además, se ha contratado a personal que ejercerá de enlace entre los agentes de seguridad y el sistema sanitario... La ciudad de Toronto ha presentado una petición para obtener una autorización igual... Portugal y Estonia ya habían optado medidas similares

 "Canadá da un paso importante en materia de drogas duras. Este martes ha entrado en vigor una exención a la ley federal para permitir la posesión para uso personal de pequeñas cantidades de ciertas sustancias en la Columbia Británica. La medida, aprobada por el ministerio de Salud de Canadá y solicitada por el Gobierno de esa provincia, tiene como objetivo privilegiar un enfoque basado en la salud pública y en la reducción de estigmas por encima de uno de corte punitivo. “En vez de tratar a estas personas como delincuentes, se les dará cuidado y compasión. Tendrán acceso a información”, indicó este lunes en rueda de prensa Jennifer Whiteside, ministra de Salud Mental y Dependencias de Columbia Británica.

 Países como Portugal y Estonia ya habían optado por medidas similares. En el caso canadiense, no es casualidad que la puesta en marcha de este proyecto piloto, que tendrá una duración de tres años, se lleve a cabo en la provincia ubicada en la costa del Pacífico. Columbia Británica es considerada el epicentro de la crisis de muertes por sobredosis que golpea al país norteamericano. Desde abril de 2016, cuando la provincia declaró el Estado de urgencia sanitaria por este flagelo, más de 11.000 personas han perdido la vida, principalmente por el consumo de opioides. El abuso de drogas es la principal causa de muerte no natural en Columbia Británica

De acuerdo con la disposición, los ciudadanos mayores de 18 años podrán poseer para consumo personal un máximo de 2,5 gramos de cocaína, metanfetamina, MDMA y ciertos opiáceos (como heroína, fentanilo y morfina). La policía no podrá confiscar dichas sustancias y los consumidores estarán a resguardo de multas, arrestos o acusaciones. A cambio, recibirán información sobre un abanico de recursos sociosanitarios a su disposición.

Más de dos tercios de los agentes policiales en la provincia ya han recibido formación sobre este novedoso enfoque. Fiona Wilson, vicepresidenta de la Asociación de jefes de policía de Columbia Británica, dijo que la despenalización es un elemento importante para alejar a las personas que consumen drogas de la esfera judicial y marginal para dirigirlas hacia los servicios de atención social. Además, se ha contratado a personal que ejercerá de enlace entre los agentes de seguridad y el sistema sanitario y se ha aumentado el número de centros especializados para prestar apoyo. En su último presupuesto, Columbia Británica ha destinado 430 millones de dólares canadienses (unos 320 millones estadounidenses) para luchar durante los próximos tres años contra esta crisis. Asimismo, habrá una campaña de información destinada a la población general y que explica las bases y el concepto de la despenalización.

“A través de esta exención, podremos reducir el estigma, el miedo y la vergüenza que siente la gente que consume drogas y ayudar a más personas a acceder a apoyos y tratamientos que pueden salvar vidas”, declaró la ministra federal de salud mental y dependencias, Carolyn Bennett. Sin embargo, Bennett recalcó que seguirán siendo ilegales las actividades de producción, tráfico, importación y exportación de estas sustancias.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, había señalado en distintos momentos que la despenalización de algunas drogas duras no estaba contemplada. No obstante, la cifra de decesos en aumento y los argumentos presentados por Columbia Británica hicieron que Ottawa cambiara de parecer, anunciando el pasado junio la exención que entró en vigor este martes. Una condición que impusieron las autoridades federales fue permitir la posesión de 2,5 gramos en vez de los 4,5 solicitados inicialmente. La ciudad de Toronto ha presentado una petición para obtener una autorización similar. Una encuesta efectuada en Canadá por la firma Research Co. el pasado octubre arrojó que el 40% de los consultados apoyaba la idea de despenalizar todas las drogas para uso personal. Un año antes, la opinión era del 33%."                  (Jaime Porras Ferreyra , El País, 01/02/23)

Bolivia buscará la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente

 "El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este miércoles que su Gobierno está adelantando las gestiones para la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente y así poder comercializarla libremente, en medio de las celebraciones por el Día del "Acullico" o masticado de esa planta ancestral.

En una plaza frente a la sede del Gobierno en La Paz se extendieron sobre varios aguayos, un tejido típico andino de colores, cientos de hojas de coca y luego los amautas y yatiris, los sabios y curanderos aimaras, realizaron una ceremonia ancestral en la que también hubo música y bailes a la que asistieron Arce, ministros, representantes de organizaciones políticas, sociales y de cocaleros.

Tras esa ceremonia, Arce dio un discurso en el que afirmó que era un día importante para recordar "la injusticia que se comete en contra de nuestra hoja de coca".

En el año 1961 "se la ingresa (a la hoja de coca) en la lista de la convención de estupefacientes, se prohibía el acullico y en nuestra primera parte de nuestro Gobierno con el hermano Evo (Morales) logramos despenalizar el acullico en nuestro país", recordó el presidente.

Arce habló de que la "batalla" sigue y que ahora el "objetivo es lograr definitivamente la desclasificación de la hoja de coca de la lista como estupefaciente y lograr la libre comercialización de la hoja de coca y sus derivados".

Esa tarea está en manos del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, quien, según Arce, ya adelanta acciones para su desclasificación y espera que esta campaña cuente con el apoyo de otros países que comparten el uso de la hoja de coca "para que el mundo entero se dé cuenta del potencial que tiene la coca y sus 14 alcaloides".

También destacó los avances de la industrialización de la hoja de coca en el país, para lo que el Gobierno trabaja en la conformación de un centro de investigación y de industrialización de la planta en la zona de Los Yungas, en el departamento de La Paz.

Por su parte Choquehuanca dijo que hay que "exigir a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que pueda hacer conocer al mundo las investigaciones que han llevado adelante" sobre "las cualidades medicinales, alimenticias y espirituales que tiene nuestra sagrada hoja de coca", y señaló que Bolivia también "debe dar a conocer", pues "no es solo industrializar, necesitamos comercializar".

"La hoja te da fuerzas para el trabajo y no te hace sentir cansado", destacó una de las tantas productoras de hoja de coca que asistió a las celebraciones por el Día del "Acullico".

Para "nosotros los originarios la coca es cultura, vida y dignidad y soberanía", dijo por su parte otro productor.

Por ley se declaró el 11 de enero de cada año como el Día Nacional del Acullico para conmemorar que en 2013 Bolivia se adhirió nuevamente a Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, con una reserva para permitir el masticado dentro de su territorio.

Además, en esa norma se establece que la hoja de coca es un patrimonio cultural de Bolivia y que en su estado natural no debe considerarse como una droga, además de promover su revalorización, producción y venta.

La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico.

Desde 2017 Bolivia amplió la superficie de los cultivos legales de la planta de 12.000 a 22.000 hectáreas.

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) estableció en su último informe anual que los cultivos de hoja de coca se incrementaron en Bolivia en un 4 %, al pasar de 29.400 hectáreas en 2020 a 30.500 hectáreas en 2021.

Sin embargo, el Gobierno presentó sus propias cifras que indican que la superficie disminuyó un 0,7 % en 2021, alegando diferencias "metodológicas" con el registro del Unodc."                   (El Obrero, 12/01/23)

El debate de la legalización de la cocaína se abre paso en Colombia... El fracaso de la lucha contra el narcotráfico lleva a algunos políticos y organizaciones a defender la despenalización de su consumo... El mercado negro alrededor del polvo blanco ha creado bandas criminales capaces de enfrentarse con armamento pesado al Ejército, como ha ocurrido en México o en Colombia... La legalización podría debilitar a los cárteles, que perderían su principal fuente de financiación. “No acabaría con ellos, aunque sufrirían un choque fuerte en sus finanzas”... la experiencia que da haber legalizado el uso recreativo de la marihuana sirve como guía de lo que podría ocurrir llegado el momento. “No se trata de que se venda en supermercados, sino de que exista una regulación clara y firme y genere riqueza legalizada”... Su consumo se asocia al placer de los ricos, aunque en realidad llega a una franja de la población mucho más amplia. “A medida que se vuelve más barata y accesible, el desafío de regulación se vuelve más apremiante. Un enfoque de salud pública debe centrarse en reducir los daños potenciales de su uso”

 "En lugar de una caja registradora, sobre los mostradores descansan básculas. En un puñado de pueblitos aislados de Colombia, en mitad de la selva, la gente compra en las tiendas con gramos de pasta de coca en vez de dinero. Los billetes y las monedas son una rareza, un producto más de la televisión. ¿Cuánto cuesta una cerveza? 1,4 gramos, unos 60 céntimos de dólar. ¿Una libra de carne? El doble, 2,8. ¿Un teléfono móvil? 194 gramos, algo más de 80 dólares. 

Los habitantes de estas zonas remotas en las que se cultiva y produce cocaína acumulan kilos y kilos que más tarde venderán al intermediario de un cártel, que colocará la mercancía en discotecas de Nueva York, Madrid o Roma tras multiplicar por 100 su valor. La droga parece legalizada de facto en este pequeño universo campesino al que se tarda en llegar varios días por río. ¿Podría extenderse esa frontera de legitimación al resto del país? ¿Y al mundo?

En las últimas semanas se ha abierto el debate en el primer productor mundial de cocaína. “Si alguien tiene que comenzar esta discusión es Colombia. ¡Nadie más lo va a hacer!”, asegura Catalina Gil Pinzón, oficial en política de drogas de la Open Society Foundations. El momento resulta propicio. El nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, habla con insistencia de cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas que inició el presidente Richard Nixon hace medio siglo. La conclusión general es que utilizar el presupuesto para perseguir a los capos de la droga y erradicar de manera forzosa las plantaciones de hoja de coca no ha funcionado. Cuando se fumiga un sembradío en un monte, se traslada al de enfrente. El resultado es que el flujo de cocaína hacia Estados Unidos alcanzó su récord en 2021, mientras que Colombia produce más que nunca. Washington ha dilapidado 10.000 millones de dólares en los últimos 20 años en políticas fracasadas.

Los primeros en verle la ventaja a la legalización han sido los encargados de las arcas públicas. El director de los impuestos y las aduanas colombianas, Luis Carlos Reyes, lo dijo sin rodeos: “Hay que legalizar y gravar la cocaína”. Poco antes, Petro había compartido con entusiasmo un editorial de The Economist en el que se acusaba a Joseph Biden de ser demasiado tímido respecto al problema de las drogas. El presidente de Estados Unidos.

 acababa de indultar a 6.000 estadounidenses condenados por posesión de una pequeña cantidad de marihuana, pero la revista veía difícil que se atreviera a hacer algo así con presos relacionados con la cocaína. A Petro le ha ocurrido algo parecido. Su excitación inicial no se ha traducido en una apuesta firme por la legalización. El exguerrillero confía en la compra masiva de tierras improductivas a ganaderos para dárselas a los campesinos —la primera gran reforma agraria que ejecutaría el país— y con eso crear una industria de los alimentos que sustituya la tentación de participar en el negocio de la cocaína. Su ministro de Justicia ha negado tajantemente que el Gobierno vaya a aventurarse en algo semejante. Ningún gobernante, por ahora, quiere mostrarse como un amigo de las drogas.

Esas políticas de sustitución no siempre han sido exitosas en el pasado. “No va a funcionar mientras haya un gran mercado mundial de cocaína. El consumo no se puede frenar, hagamos lo que hagamos. Las drogas no siempre llevan a un consumo problemático, ni a una sobredosis ni a una muerte”, agrega Gil Pinzón, que considera fundamental desestigmatizar los narcóticos. Si la cocaína fuese legal la gente tendría la opción de consumirla o no, como con el alcohol o el tabaco. Existen muy pocos estudios sobre la adicción que produce. Las enormes cantidades de dinero que se destinan en armamento para enfrentar a los cárteles, cree la investigadora, podría destinarse a investigar los efectos de la sustancia, a campañas de información y accesos a servicios de salud.

 El mercado negro alrededor del polvo blanco ha creado bandas criminales capaces de enfrentarse con armamento pesado al Ejército, como ha ocurrido en México o en Colombia. Criminales como El Chapo Guzmán o Pablo Escobar son legendarios. Los funcionarios públicos y los políticos de las regiones productoras de cocaína quedan a merced de estos poderes en la sombra, que levantan un Estado paralelo. La legalización podría debilitar a los cárteles, que perderían su principal fuente de financiación. “No acabaría con ellos, aunque sufrirían un choque fuerte en sus finanzas”, se suma a la conversación desde Estados Unidos Juan Carlos Garzón, investigador asociado de Ideas para la Paz. A su modo de ver, la experiencia que da haber legalizado el uso recreativo de la marihuana sirve como guía de lo que podría ocurrir llegado el momento. “No se trata de que se venda en supermercados, sino de que exista una regulación clara y firme y genere riqueza legalizada”.

La cocaína es seguramente la más molesta de todas las drogas cuando se trata de regulación. En un estudio de la Transform Drug Policy Foundation, se señala que el desafío se complica por el hecho de que exista una amplia gama de productos a base de coca, desde la hoja sin procesar hasta la cocaína en polvo y el crack fumable. Y que tenga una cadena de producción y suministro tan compleja.

 Su consumo se asocia al placer de los ricos, aunque en realidad llega a una franja de la población mucho más amplia. “A medida que se vuelve más barata y accesible, el desafío de regulación se vuelve más apremiante. Un enfoque de salud pública debe centrarse en reducir los daños potenciales de su uso”, se lee en el texto.

 A menudo se dice en Colombia que si Estados Unidos tuviera plantaciones de coca el mundo estaría inundado de establecimientos de MCcocaine’s. Pero es al revés. Los países productores y consumidores ven el problema desde diferente óptica. Norteamérica ha puesto las sobredosis, pero América Latina los muertos por la violencia y la desestabilización de sus democracias. Por eso se trata de un asunto binacional. La regulación en Colombia no tendría mucho sentido si no se hiciera en los países consumidores. El mercado local es muy pequeño y las bandas criminales seguirían teniendo los mismos ingresos millonarios por transportar la droga de forma clandestina. La regulación, a día de hoy, todavía resulta lejana, pero el hecho de que se debata sobre un tema que hasta hace nada era tabú abre una compuerta. Llegado el día, esos pueblitos colombianos en mitad de la nada podrán decir que fueron pioneros."                  (Juan Diego Quesada, El País, 22/10/22)

Confesiones de un adicto: “Nadie se autodestruye porque quiere. Nadie, jamás”

 "Javier Giner, cineasta bilbaíno y el hombre que desde hace años lleva las agendas mediáticas de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, está experimentando esta mañana de martes la cara oscura de haber publicado un libro sobre la época más vulnerable de su vida: repetir la historia una y otra vez en entrevistas. 

“Esto no se lo he dicho a nadie, pero cuando tuve el manuscrito final, llamé a mi editor y le dije: ‘Que sepas que estoy fantaseando con no dar entrevistas, que sea el libro el que se defienda’. En el mundo en que vivimos eso es irreal, a no ser que seas, no sé, Philip Roth”, explica durante una pausa de la promoción, que hace por Zoom desde su piso en Barcelona. “Pero no te puedo negar que es una sensación extrañísima. Llevo dos días haciendo entrevistas de 30 minutos con gente que no conozco y ellos tienen acceso no ya a secretos de mi vida, sino a la parte más oculta. Si lo pienso, me muero del vértigo”.

Esa parte más oculta de su vida es la adicción de Giner al alcohol y la cocaína, así como su rehabilitación, que cuenta en Yo, adicto (Paidós). “Es el proyecto más importante que he llevado a cabo en toda mi vida. No el libro, sino mi reconstrucción personal”, confiesa. No se trata solo de un relato autobiográfico. Es la deconstrucción de una enfermedad, la toxicomanía, no para hacer un manual con su experiencia, sino para convertirla en universal. 

“Hago un esfuerzo por derribar el estigma del toxicómano, que no es el que va por la calle con la jeringa en la mano. No es el otro, ese que nada tiene que ver conmigo: es una persona profundamente enferma y la realidad de su enfermedad es emocional y psicológica, dos cosas que compartimos todos los seres humanos. Los miedos, las inseguridades, la no aceptación de uno mismo, la ira, la frustración, el malestar… Intento acercar ese prejuicio y decir, ‘en distinta medida, toxicómanos somos todos”.

Los años más oscuros de su adicción se despachan en las primeras 43 páginas del libro, un delirio de autodestrucción, de sesiones de drogas y sexo compulsivo (y créditos al banco para financiarlo todo). Ningún adicto se ve reflejado en las cosas que hace movido por su enfermedad. 

“Lo comparo con La invasión de los ultracuerpos, con una posesión demoníaca; una forma absurda de explicarlo, pero muy directa. Sigues teniendo tu aspecto, sigues siendo tú, pero el resto ya no tiene nada que ver con tu identidad”, explica el autor. “Uno de los grandes dramas de esta enfermedad es que te convierte en alguien que hace cosas en las que ni siquiera te reconoces. Intento incidir mucho en eso en el libro: nadie se autodestruye porque quiere. Nadie, jamás”.

El resto del libro, casi 500 páginas, recoge los días de 2009 que Giner pasó en una clínica de rehabilitación, su resistencia a enfrentarse los vacíos que le condujeron al abismo, la convivencia con otros toxicómanos en los que aprende a verse a sí mismo (y nosotros con él), el pánico a la vida. “Tuve que aprender que ese proceso no me iba a convertir en alguien que no era yo, sino que justamente, si salía de él con éxito, era convertirme en el yo más auténtico que he tenido en mi vida”, confiesa.

 “Hay un momento revelador: en la clínica, desde que llegué, firmaba con una especie de burruño que no se entendía nada. Anaís, mi educadora social, me dijo, ‘chico, es que no se ve tu nombre’. En ese momento, empecé a firmar como Javier Giner, hasta el día de hoy. Javier. Giner. Entré en esa clínica como un burruño sin identidad, y salí con un nombre y un apellido: los míos”.

El final, su exitosa desintoxicación, no solo hace del libro algo más luminoso: lo convierte en un testimonio importante. “Cuando esto haya pasado, cuando este artículo esté publicado, volveré a mi clínica, a decir: ‘chicos, llevo 12 años sobrio, de esto se puede salir’. Cuando ingresas, las únicas personas que vuelven son las que recaen. El mensaje que estás recibiendo es: ‘vuelve otro, vuelve otro, vuelve otro”, explica. “Es importante que esas personas sepan lo que digo en el libro. Vas a encontrar 1.500 obstáculos, vas a sufrir como un perro. Pero de esto se puede salir”.               (Tom C. Avendaño, Icon, El País, 12/05/21)

Una retirada segura de la guerra contra las drogas... Oregón, va camino a abolir las sanciones penales por la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales, desde heroína hasta metanfetaminas. Se debería aplaudir este enfoque y adoptarlo mucho más ampliamente

 "Mientras el mundo se obsesionaba con los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos, prestó menos atención a otra consecuencia de los votos del martes pasado: se dieron pasos significativos para despenalizar las drogas en varios estados del país. 

 Uno de ellos, Oregón, va camino a abolir las sanciones penales por la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales, desde heroína hasta metanfetaminas. Se debería aplaudir este enfoque y adoptarlo mucho más ampliamente.

 Según datos de 2018, unos 269 millones de personas en todo el mundo usan drogas ilegales, entre ellas hay 11 millones que lo hacen con inyecciones endovenosas, un método que conlleva riesgos adicionales. Casi la mitad de quienes se inyectan drogas sufren hepatitis C, y la impactante cantidad de 1,4 millones, VIH. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tan solo en 2017 murió más de medio millón de personas debido al uso de drogas.

Esta es una tragedia completamente evitable, alimentada por el enfoque cruel y contraproducente de la llamada «guerra contra las drogas». Debido a esta iniciativa, lanzada en la década de 1970 por el presidente estadounidense Richard Nixon, la posesión de drogas es hoy un delito penal en la mayoría de los países y quienes las usan enfrentan un grave estigma social.

La lógica de la guerra es simple: el riesgo de un duro castigo tendrá un efecto disuasorio eficaz y reducirá el uso de drogas, pero no es esto lo que ocurre, en absoluto. A pesar de los enfoques cada vez más punitivos, la venta y el uso de drogas siguen aumentando en el mundo y causan más sobredosis, VIH, hepatitis C y tuberculosis.

 La amenaza del castigo y la discriminación no hace que la gente deje las drogas o las evite, sino que oculte su uso, incluso de sus médicos. Cuando se desalienta a quienes usan drogas a vincularse con los sistemas de salud, la criminalización y estigmatización —al igual que el racismo, que se suma a la discriminación por el uso de drogas— contribuyen a los malos resultados sanitarios, tanto para las personas como para sus comunidades, que van mucho más allá de las drogas en sí.

Hay una mejor alternativa. En vez de tratar de obligar a la gente a que renuncie por completo a usar drogas, debiéramos tratar de minimizar el impacto negativo sobre su salud y bienestar. Las llamadas intervenciones de reducción de daños incluyen programas de intercambio de agujas, a través de los cuales la gente puede acceder a agujas y jeringas esterilizadas; salas para el consumo de drogas, donde la gente puede usar drogas de manera segura sin correr el riesgo de una sobredosis; la terapia con agonistas opioides, como el reemplazo por metadona; y las iniciativas de vivienda y empleo.

 Décadas de práctica e investigación han demostrado que las intervenciones de reducción de daños funcionan y son eficientes en términos de su costo. Por ejemplo, la terapia con agonistas opioides reduce la probabilidad de sobredosis. Y los programas de intercambio de agujas disminuyen sustancialmente el contagio de hepatitis C y VIH entre quienes se inyectan drogas, con lo que contribuyen a reducir la transmisión en general. 

En Portugal, la cantidad de casos de VIH se desplomó desde que se despenalizó la posesión de todas las drogas y aumentaron las intervenciones de reducción de daños hace casi 20 años.La buena noticia de que, como muestra el último informe de Harm Reduction International (HRI), se lograron avances significativos en la provisión de esos servicios. Durante las últimas décadas, 86 países implementaron programas de agujas y jeringas, y 84 ofrecen algún tipo de terapia con agonistas opioides.

 De todas formas, todavía queda mucho por hacer.Como señala el informe de HRI, persisten enormes brechas en el acceso a los servicios de reducción de daños, incluso en lugares que los ofrecen, como Australia, Canadá y Europa Occidental. Por ejemplo, hay pocos servicios diseñados para mujeres y personas con inconformidad de género, y los servicios de reducción de daños sistemáticamente fueron incapaces de cubrir las necesidades de los grupos que sufrieron lo peor de las políticas punitivas contra las drogas durante décadas, como los descendientes de africanos (entre quienes se cuentan los afroamericanos y los pueblos indígenas en todo el mundo).

Además, los servicios necesarios suelen estar concentrados en las ciudades, por lo que son de difícil acceso para quienes viven en zonas rurales. Y las personas encarceladas, que tienen un mayor riesgo de contraer VIH y hepatitis C mientras están en prisión — y de sufrir sobredosis cuando son liberadas— no suelen tener acceso a ellos en absoluto.Según el HRI, los avances para ampliar el acceso a los programas de reducción de daños están paralizados desde hace más de cinco años. Mientras los recursos limitados se asignen a las fuerzas del orden en vez de a la reducción de daños, será difícil lograr más beneficios significativos.

Cuando la gente que usa drogas sufre y muere, se la suele reducir a estadísticas y desestimar porque se trata de «criminales» o «delincuentes», pero son nuestros amigos y familiares, vecinos y colegas. Son seres humanos y tienen derecho a la salud, la equidad y el respeto, independientemente de su género, sexualidad, raza, nacionalidad, situación legal o hábitos y antecedentes de uso de drogas.

Si algo nos enseñó la COVID-19 es que la salud y el bienestar de todos están interconectados. Solo un enfoque del uso de drogas basado en los imperativos de salud pública y los principios de derechos humanos —que proteja a los más vulnerables— puede poner fin a una guerra que nunca debió haber comenzado."                       (Tlaleng Mofokeng , Project Syndicate, 11/11/20)