Vivienda: 25 años de especulación... En 1998, el Gobierno de Aznar privatizó el mercado del suelo... El precio medio de la vivienda se incrementó un 167% en solo una década... La vivienda pasó de tener un valor puramente de uso a ser la forma en la que las familias invertían sus ahorros para, finalmente, acabar convirtiéndose en un bien sobre el que especular... Las consecuencias las conocemos perfectamente: se normalizaron cifras de cinco millones de personas paradas con un desempleo juvenil que llegó hasta el 53,2%, precariedad laboral que todavía mantenemos y salarios que no se han recuperado para la mayor parte de la clase trabajadora. Una fractura en la sociedad que todavía hoy podemos apreciar y una factura que seguimos pagando... El mercado de la vivienda español es una consecuencia directa de las políticas económicas y de vivienda implantadas entre finales del siglo pasado y principios del actual. O la falta de ellas... una persona joven, que quiera acceder a una vivienda en alquiler en solitario, debería destinar de media más del 90% de su salario... Ni el alquiler ni la compra de una vivienda son opciones viables para la gran mayoría de la juventud... Nos encontramos inmersos en un bucle perverso. El alquiler se come una gran parte del salario de las personas jóvenes, lo que les impide ahorrar para pagar la entrada de un piso. La solución es sencilla: salarios decentes y viviendas con precios asequibles. Lo que no necesitan es un bono de 250 euros para pagar el alquiler, porque va directamente al bolsillo de los propietarios. ¡Ah! Y que el Estado intervenga, como hace en los países de nuestro entorno. A veces se preguntan el porqué de la baja natalidad. ¿Quieren respuestas? Empecemos por ofrecer viviendas dignas y salarios dignos para que las personas podamos emprender nuestro camino en la vida y, quién sabe, a lo mejor formar una familia... Si el progresismo no es capaz de plantear soluciones sociales a ese horizonte incierto, el riesgo del crecimiento de la extrema derecha seguirá presente

 "(...) La fiesta del “milagro económico” de Aznar

Una de las grandes ideas del amigo de Bush y Blair que hipotecaría las vidas de millones de familias españolas surgió en 1998. Quizá tomando el vermú después de una partida de padel, Aznar decidió sacar adelante la Ley del Suelo. Una ley que seguía a pies juntillas la lógica económica neoliberal, con un claro objetivo: privatizar el mercado del suelo. Sobre el papel, el mecanismo es bien sencillo. En primer lugar, se aumenta el terreno urbanizable, con el fin de que el mercado del suelo se convierta en un negocio rentable. En segundo lugar, empresas privadas, al ver que el mercado ofrece grandes beneficios, invertirán en él y construirán muchas viviendas. Finalmente, y al haber una mayor oferta de viviendas, se conseguirá que los precios del mercado inmobiliario se reduzcan. ¿Objetivo? Que las personas jóvenes pudieran, por fin, acceder a una vivienda. O eso decían, al menos.

 Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La privatización del mercado del suelo no facilitó el acceso a la vivienda para la población joven, sino que los precios, a diferencia de los salarios, no dejaron de subir. En 1998, año de aprobación de la Ley del Suelo, el precio medio de la vivienda nueva en España era de 1.089€/m², mientras que en 2002 ya había ascendido hasta los 1.667€/m². En 2005, se situó en 2.516€/m² y en 2007 en 2.905€/m². El precio medio de la vivienda se incrementó un 167% en solo una década.

 Fueron años de desregulaciones, de bajadas de impuestos y de bajadas de intereses que permitieron una gran expansión del crédito para un mercado inmobiliario que crecía sin parar. ¿Seguro que además de comprarte una segunda vivienda en la costa mediterránea no te apetece cambiar ese coche que ya tiene diez años? Tú no te preocupes, que como soy tu gestor bancario desde hace más de una década hay confianza y puedo darte un préstamo. Ya lo devolverás tranquilamente con un pequeño interés del 5%. Y las anfetas consiguieron que la fiesta se mantuviera por todo lo alto.

 La vivienda pasó de tener un valor puramente de uso a ser la forma en la que las familias invertían sus ahorros para, finalmente, acabar convirtiéndose en un bien sobre el que especular. Porque, como decía el exministro socialista José Luis Ábalos, “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica”. España construía en 2005 más viviendas que Francia, Alemania e Italia juntas. Y así, en medio de un desenfreno de ladrillo, Marina d’Or e hipotecas subprime, llegaron los felices años veinte españoles. La fiesta se pagaba sola.

La resaca del domingo

Pero llega el domingo y la resaca. Muchas familias se vieron obligadas a incumplir los pagos de sus hipotecas, y generaron pérdidas millonarias a bancos que habían basado la mayor parte de su negocio en este tipo de préstamos. Estalla la burbuja y caen abruptamente los precios de las vivienda, dando pie a una crisis íntimamente relacionada con lo que desde el ascenso del neoliberalismo se denomina proceso de financiarización de la economía. Es decir, a raíz de la imposición del sector financiero como segmento de clase capitalista, se aplica su lógica de rentabilidad por encima de las actividades productivas.

Las consecuencias las conocemos perfectamente: incremento exorbitado de la tasa de desempleo, precarización del trabajo amparada por las reformas laborales, y creciente desigualdad en la distribución de la renta. Unos años en los que se normalizaron cifras de cinco millones de personas paradas con un desempleo juvenil que llegó hasta el 53,2%, precariedad laboral que todavía mantenemos y salarios que no se han recuperado para la mayor parte de la clase trabajadora. Una fractura en la sociedad que todavía hoy podemos apreciar y una factura que seguimos pagando.

 En 2011, Mariano Rajoy, aseguraba que no pensaba “dar un solo euro de dinero público a la banca”. Un año más tarde, su ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba que el rescate bancario no tendría “un coste para los contribuyentes españoles”. Sin embargo, diez años más tarde, todavía quedan por recuperar 88.520 millones de euros del rescate (teniendo en cuenta la Sareb). ¿En todos los países ha sido así? Ni mucho menos. ING devolvió, en 2014, a Países Bajos los 10.000 millones de euros de rescate, más 3.500 millones de euros que ganó el Estado mediante primas e intereses. En 2017, el contribuyente británico recuperaba los 20.300 millones de libras que el gobierno laborista gastó nueve años antes en rescatar a Lloyds y el Commerzbank alemán también devolvía gran parte de los 18.000 millones de euros que había recibido (el 15% de las acciones del Commerzbank pertenecen a la República Federal de Alemania). Pero esto es España y ya se dan por perdidos los miles de millones de euros que no se han conseguido recuperar en los últimos diez años.

De aquellos barros, estos lodos

Y de aquellos barros, estos lodos. El mercado de la vivienda español es una consecuencia directa de las políticas económicas y de vivienda implantadas entre finales del siglo pasado y principios del actual. O la falta de ellas, mejor dicho.

 Como explicábamos antes, el precio de la vivienda no ha parado de aumentar durante las últimas décadas. Hasta el punto de que, actualmente, la vivienda es, junto al mercado laboral, el mayor problema de gran parte de la población y especialmente de las personas jóvenes. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven, que quiera acceder a una vivienda en alquiler en solitario, debería destinar de media más del 90% de su salario. En 2008 era el 55%, que ya estaba por encima de lo recomendado (35% de tus ingresos). Por eso, emanciparse sitúa a los jóvenes en una situación económica más precaria y con mayor riesgo de estar en situación de pobreza.

 La dispar evolución de los ingresos de las familias y los precios de las viviendas la observamos también cuando analizamos los años de renta que necesita una familia media para comprarse una vivienda. Mientras en 1988 hacían falta 2,8 años, actualmente se requieren más de 7.

Hoy en día no existe un entorno favorable para que las personas jóvenes nos emancipemos. Ni el alquiler ni la compra de una vivienda son opciones viables para la gran mayoría de la juventud. España es uno de los países de la OCDE con menor porcentaje de viviendas destinadas al alquiler social, tan solo el 1,1% del total, mientras que en Países Bajos asciende hasta el 37,7%, en Austria al 23,6%, en Dinamarca al 21,2% y la media de la OCDE se sitúa en el 6%. La falta de políticas sociales y de vivienda tiene como resultado que España sea el sexto país con la edad de emancipación más tardía de Europa. La edad media de emancipación en la Unión Europea es de 26,2 años, mientras que en España es de 29,8 años y, en los países con políticas fuertes dirigidas a las personas jóvenes, como pueden ser Suecia, Finlandia o Dinamarca, entre los 19 y los 21 años.

 Nos encontramos inmersos en un bucle perverso. El alquiler se come una gran parte del salario de las personas jóvenes, lo que les impide ahorrar para pagar la entrada de un piso, que se suele situarse en torno al 20% de su valor. Es decir, solamente la entrada de un piso asciende de media a 58.600 euros en Gipuzkoa, 52.400  en Madrid o 47.700 en Barcelona.

La solución es sencilla: salarios decentes y viviendas con precios asequibles. Lo que no necesitan es un bono de 250 euros para pagar el alquiler, porque va directamente al bolsillo de los propietarios. ¡Ah! Y que el Estado intervenga, como hace en los países de nuestro entorno. A veces se preguntan el porqué de la baja natalidad. ¿Quieren respuestas? Empecemos por ofrecer viviendas dignas y salarios dignos para que las personas podamos emprender nuestro camino en la vida y, quién sabe, a lo mejor formar una familia.

 En definitiva, el gran problema de la vivienda tiene su origen en una operación especulativa, fraguada a finales de los noventa e inicios de los dos mil, cuyas graves consecuencias siguen sufriendo la gran mayoría de la sociedad española. Se nos anuncia constantemente un futuro incierto, catastrófico y casi apocalíptico. Si el progresismo no es capaz de plantear soluciones sociales a ese horizonte incierto, el riesgo del crecimiento de la extrema derecha seguirá presente. Y, realmente, es un problema que sea la extrema derecha quien ofrezca certezas (por populistas que sean) a una generación que ha crecido con los ecos de la crisis de 2008 y que ha salido al mercado laboral en medio de una pandemia, una guerra y sus derivadas socioeconómicas. Hay un futuro que construir, pero hay que ser capaces de diseñarlo. Especialmente cuando se está en el gobierno."                   (Julen Bollain  , CTXT, 21/10/2022)

Zizek: Hay más en juego en Ucrania de lo que muchos comentaristas parecen percibir. En un mundo acuciado por los efectos del cambio climático, las tierras fértiles serán un activo cada vez más valioso. Y si algo tiene Ucrania en abundancia es su chernoziom... si Ucrania logra una victoria militar decisiva estará profundamente en deuda con EE. UU. y la UE. ¿Será capaz de resistir una presión aún mayor para ceder ante la colonización económica de las multinacionales occidentales? Sería trágico que Ucrania derrotara al neoimperialismo ruso para luego someterse al yugo del neoliberalismo occidental

" Todo el mundo sabe ya que Volodímir Zelenski personificó al presidente ucraniano en la serie televisiva Servidor del pueblo antes de serlo en la vida real, y que esa ironía llevó a que muchos no lo tomaran en serio —como si haber sido miembro de la KGB antes de la presidencia fuera algo mejor—, pero la trama básica de la serie es menos conocida. 

 Zelenski hizo de Vasili Petrovich Goloborodko, un maestro cuyos alumnos lo graban quejándose de la corrupción, comparten el vídeo en línea (que se hace viral) y luego lo inscriben como candidato para las siguientes elecciones presidenciales. Goloborodko, aprovechando involuntariamente la frustración generalizada de los ucranianos por la corrupción, transita una difícil curva de aprendizaje mientras está en el cargo y, finalmente, comienza a enfrentar a la oligarquía del país desde su nuevo puesto de poder.

 La forma en que la serie describe a Ucrania es apta. Fue, de todos los países poscomunistas de Europa Oriental, el más golpeado por la «terapia de shock» económica (amplias reformas de mercado y privatización) en la década de 1990. A partir de su independencia y durante tres décadas, el ingreso de los ucranianos se mantuvo por debajo de los niveles que tuvo en 1990. La corrupción fue desenfrenada y los tribunales resultaron una farsa.

 Como escribe Luca Celada, de il manifesto, «la “conversión” al capitalismo siguió el patrón habitual: una clase de oligarcas y una élite restringida se enriquecieron desproporcionadamente saqueando al sector público con la complicidad de la clase política». Además, la asistencia financiera de Occidente siempre estuvo «fuertemente vinculada a las reformas que Ucrania debía implementar, todas bajo la bandera de la restricción fiscal y la austeridad», lo que dejó a gran parte de la población en una situación de miseria aún peor. Ese es el legado de la relación de Occidente con Ucrania después de su independencia.(...)

Hay más en juego en Ucrania de lo que muchos comentaristas parecen percibir. En un mundo acuciado por los efectos del cambio climático, las tierras fértiles serán un activo cada vez más valioso. Y si algo tiene Ucrania en abundancia es su chernoziom («tierra negra»): suelos extraordinariamente fértiles con elevadas concentraciones de humus, ácidos fosfóricos, fósforo y amoníaco. Por eso las empresas de agronegocios estadounidenses y de Europa Occidental ya compraron millones de hectáreas de tierras agrícolas ucranianas (según se dice, diez empresas privadas controlan la mayor parte).

 Muy consciente de la amenaza del desposeimiento, el gobierno ucraniano impuso hace 20 años una moratoria a las ventas de tierras a extranjeros. Durante años, el Departamento de Estado de EE. UU., el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial solicitaron que se eliminara esta restricción. Fue solo en 2021 que el gobierno de Zelenski, bajo una enorme presión, comenzó finalmente a permitir a los agricultores que vendieran sus tierras. La moratoria a la venta a extranjeros sigue vigente, sin embargo, y Zelenski dijo que para eliminarla haría falta un referendo nacional, que casi seguramente fracasaría.

 De todas formas, la cruel ironía es que, antes de que Putin lanzara su guerra para colonizar a Ucrania por la fuerza, había algo de cierto en el argumento ruso de que Ucrania se estaba convirtiendo en una colonia económica de Occidente. Si algo bueno tiene el conflicto es que el proyecto neoliberal quedó en pausa. Debido a que la guerra requiere movilización social y la coordinación de la producción, le ofrece a Ucrania una oportunidad única para detener la expropiación por entidades corporativas y financieras extranjeras, y librarse de la corrupción oligarca.

 Para aprovechar esta oportunidad los ucranianos deben recordar que no alcanza solo con unirse a la Unión Europea y recuperar el nivel de vida para alcanzar a Occidente. La propia democracia occidental atraviesa una profunda crisis: EE. UU. se está desviando hacia una guerra civil ideológica y Europa enfrenta la existencia de expoliadores autoritarios en sus propias filas. En términos más inmediatos, si Ucrania logra una victoria militar decisiva (algo que todos debiéramos desear) estará profundamente en deuda con EE. UU. y la UE. ¿Será capaz de resistir una presión aún mayor para ceder ante la colonización económica de las multinacionales occidentales?

 Esta lucha ya se da bajo la superficie de la heroica resistencia ucraniana. Sería trágico que Ucrania derrotara al neoimperialismo ruso para luego someterse al yugo del neoliberalismo occidental. Para garantizar su libertad e independencia genuinas, Ucrania debe reinventarse. Aunque convertirse en una colonia económica de Occidente es ciertamente mejor que ser absorbidos por un nuevo imperio ruso, ninguno de esos resultados justifica las penas que están pasando los ucranianos."               (Slavoj Žižek  , Project Syndicate, 30/08/22)

Privatizaciones. Como nos arrebataron (robaron) un país

 "Llegados a este punto, cuando el recibo de la luz se nos ha convertido en tortura mensual, vendría bien conocer el origen del desmán que se produce en el adelgazamiento del Estado en base a las privatizaciones.  (...)

 En España, los alumnos de la señora Thatcher fueron los cachorros del PP, con Aznar a la cabeza que propugnaban el adelgazamiento estatal como solución a las penurias propiciadas por el PSOE que les había precedido.

Pero no nos confundamos, la venta de empresas públicas (es decir, de la ciudadanía española) no la empezó el PP. En absoluto. Comenzó  mucho antes. Nada más llegar Felipe González a la Moncloa emprendió el desbaratamiento de la empresa pública.

Volvamos a hacer historia. En las elecciones del año 82, el PSOE y Felipe González, en concreto, habían recibido mucho dinero y apoyo de sus amigos internacionales y debían devolver favores. Muchos favores. Sirva como ejemplo el que sigue.

En el año del ascenso socialista al poder, gobernaba Venezuela Carlos Andrés Pérez, líder de Acción Democrática. Tenía un gran amigo, el multimillonario Gustavo Cisneros. En esos años Venezuela era conocida como la Saudí de América y el rio de corrupción ahogaba al país al calor de la riqueza emanada del petróleo. La revuelta popular (Caracazo) se saldó con 200 muertos que protestaban contra  el amiguísimo de González, Carlos Andrés Pérez.

 Volvemos a Cisneros. En el año 82, aconsejado por Carlos Andrés Pérez, amigo y protector del González,  inyectó un buen puñado de millones en la campaña electoral socialista que llevó al PSOE al triunfo y a conseguir el primer gobierno de ¿izquierda? de la democracia. Había que devolver el favor ¿Cómo? vendiendo a precio de saldo, Galería Preciados, que había sido  una de las empresas incautadas a RUMASA. Costo de la compra que realiza Cisneros al estado español: 1.500 millones de pesetas. Al cabo de tres años, Galerías se vende por 30.000 millones de pesetas. ¿Ven ustedes la rentabilidad que tiene apoyar a  políticos? Nada menos que 28.500 millones de pesetas de ganancia en solo tres años, que se hurtó a la ciudadanía española.

 Por cierto, el señor  Gustavo Cisneros, amiguísimo del alma de González tiene como Vicepresidenta de Asuntos Corporativos a doña María Antonieta Mendoza de López, que nos les dirá nada su nombre, pero… es la mamá de una figura muy conocida, Leopoldo López, el opositor venezolano por el que tanto luchan los líderes de ambos partidos. Cuando Felipe González viaja a Venezuela (frecuentemente) lo hace en el avión privado de Cisneros y reside  en la reserva natural que posee el millonario, llamada Caraboro. No le falta de nada al querido Isidoro, el de la chaqueta de pana. ¿A que ahora entienden ustedes el empeño de González en el país venezolano y en la familia López?

 Este es un ejemplo de cómo y porqué se privatiza en nuestro país. No tanto por dinamizar el mercado liberalizando al estado de la carga de empresas como por devolver favores y “promover el futuro” al abandonar la política. Porque, queridas lectoras/es, se privatizan empresas rentables con las que los nuevos propietarios (privados) hacen pingües negocios.

Felipe González recién estrenado el gobierno comenzó la tarea privatizadora, como les apuntaba. Sirva el dato de que desde los años 80 hasta 2015 se han privatizado 120 empresas con unos ingresos de 45.000 millones de euros que el estado se ha embolsado, según la Sociedad Española de Participaciones (SEPI) Durante el periodo socialista se realizaron 80 operaciones de privatización con un saldo de 13.200 millones de euros que engordaban las arcas del estado de forma un tanto ficticia. Solo el año de la venta  se adecenta  el déficit público, el resto de los años se torna a desinflar la burbuja, mientras que manteniendo las empresas bien gestionadas en el sector público, los recursos se mantendrían en el tiempo y la riqueza producida revertiría en el estados. En nosotras.

 Es como si una familia que anda estrecha de dinero, vende el negocio del que vive…Ingresa dinero de momento pero luego se muere de hambre. Claro que a nuestros gestores el “luego” no les ha importado demasiado con las  formas políticas de cortoplacismo hasta la próxima elección.

González le dejó a Aznar la tarta a medio hornear y bien preparada. Al llegar a Moncloa, el gran liberador de la economía, se alzó con el deseo de  venderlo todo. A ello se puso con empeño y ganas.

Las joyas de la corona del estado español eran un bocado precioso para la empresa privada, como ENDESA (que salió a bolsa en sucesivos años, 1988, un 18%, 1994, 1997,1998) hasta que Aznar la finiquitó. Por eso, amiguitas, nos escuece tanto el recibo de luz. ENDESA pasó a ser privada cuando era suministradora no solo de luz a los/as españoles sino que producía la energía para SEAT, BAZÁN, IBERIA (privatizadas también por Aznar)

 En 2004 Aznar liberalizó el sector eléctrico en su totalidad; la factura de la luz nos ha subido un 80% desde entonces de lo que se aprovecha el estado italiano ya que ENEL, principal accionista de ENDESA, es la empresa estatal italiana, porque ellos (italianos) mantienen una empresa eléctrica pública y se aprovechan del bocado precioso que nos producen en el bolsillo el recibo de la luz.

España es el país de la UE, salvando la peculiaridad de Gran Bretaña, con menos empresa pública. Y menos personas empleadas del sector público, solo un tímido 0,80% Tres veces menos que Italia, cinco que Portugal y nueve menos que Francia.

Como decía antes, 120 empresas se han privatizado, suponiendo al estado 45.000 millones de euros que engordaron las cuentas del Estado cuando fueron vendidas. ¿Entienden ahora por qué al PP se le llena la boca hablando de que Aznar disminuyó el gasto público e incrementó las arcas? Nos ha jodido, vendiendo hasta los muebles del estado e ingresando por ello. No generando ganancias, no generando riqueza económica. No. Vendiendo hasta los jarrones. Ese fue el milagro económico del señor Aznar, desposeernos de lo mejor para repartirlo entre amigos.

Con Aznar cayeron Endesa, Tabacalera (Altadis) Repsol, Telefónica, Argentaria, Gas Natural (donde fue consejero Felipe González cobrando por ello 120.000 euros al año) Se vendieron las empresas más importantes que sujetaban la economía española y que eran y son definitivas en el soporte del estado. ¿Por qué se optó por venderlas en vez de sanearlas si eran todas rentables? Pregunta importante…

Podríamos pensar que fue ideología, puede ser. Miren, queridas lectoras, en Margaret Thatcher, seguro que fue así. Nadie le niega integridad y determinación  a la Dama de Hierro, pero tratándose de nuestros gobiernos, permitan la duda. Duda asentada por la carrera de ratas que se inicia en cuanto abandonan el cargo en pos del puesto de consejeros de cualquiera de las empresas privatizadas. Las famosas puertas giratorias. La lista de nombres es tan larga que no se la mostraré porque llenaría una hoja entera. Busquen ustedes que verán que colección de ratas agraciadas se encuentran.

 Llegados a este punto, he de decir que el presidente que menos privatizó (no sé si por convencimiento o porque no quedaba mucho) fue Zapatero, el único, también, que ha tenido la vergüenza torera de no participar de las denostadas puertas giratorias. Dicho queda como honra a la excepcionalidad. Ah, y viaja a Venezuela en misión de paz no en apoyo de opositores dudosos. Con Rajoy poco quedaba de rascar en privatizaciones además de que la crisis barrió la especulación privada en espera de mejores vientos.

Poco queda a este estado depauperado por los alimañeros que gobernaron, quizá por eso hace años se impuso en la Comunidad de Madrid, con malas artes, Esperanza Aguirre. La desmanteladora de la sanidad pública. Admiradora y emula de Margaret Thatcher, soñó con pasar a la historia como la Dama de Hierro española, quedándose en Dama de Hojalata oxidada y maltrecha.  El mordisco de la privatización de la sanidad es fruta golosa que, de momento,  ha parado el Covid, porque ha mostrado las vergüenzas de una depauperada sanidad que se ha dejado morir de inanición. Ya saben como es la historia. Se deja morir de inanición un servicio, no se invierte, no se renueva, cuando está totalmente depauperado, los poderes públicos nos convencen que solo la privatización puede sanear y dar buen servicio.

Correos  está calentando para salir. Soy asidua visitante de las dependencias de este estamento, les aseguro que en los últimos años he ido comprobando el decaimiento del servicio, la penuria de unos medios envejecidos, anticuados hasta el sonrojo…Todo para sacar la conclusión que no es funcional y ¡voilá! el milagro de la privatización salvará a Correos, a Sanidad y posiblemente a Renfe, como antes salvó a las eléctricas. Preparen el bolsillo porque les recuerdo el dato aportado más arriba: la luz subió un 80% desde 2004. Tomemos nota.

No les digo más."                          (María Toca, La Pajarera Magazine, 20/06/21)

Aznar, el primer buitre... Su política de vivienda se desplegó en tres pilares, a cual más nefasto... Entre los directivos de las empresas beneficiadas del grupo de los fondos buitre sobresale José María Aznar Botella

"La política de vivienda del aznarismo se desplegó en tres pilares, a cual más nefasto. El primero fue la liberalización completa del suelo, consistente en que se pudiera edificar en cualquier rincón, parcela o descampado siempre que no estuviese específicamente prohibido.

Esa era la filosofía ultraliberal de la ley del suelo de Josemari Aznar, de 1998. Pretendía abaratar la vivienda mediante un silogismo oferta-demanda de fachada imbatible. A más suelo disponible, mejores precios para los productos de la construcción.

El resultado fue justo el contrario: el afán especulador, unido a la desmesura financiera y a la escasez de oferta pública de vivienda que actuase como moderadora del sector, derivó en una desaforada burbuja inmobiliaria de resultado cruel: la Gran Recesión desatada al cabo de años de desafueros fue aquí mucho más fuerte que en la mayor parte de países.

Paradójicamente, acarreó la mochila de esta pesada herencia, no quien la generó, sino el Gobierno siguiente, el de José Luis Rodríguez Zapatero, por su escasa habilidad y lentitud en paliar luego la crisis. Pero no había sido él su causante, sino el aznarismo, que le acusó, en falso, de ser su responsable.

El segundo pilar fue el boicoteo a la creación de vivienda de protección oficial (VPO). En 1997, año previo a la nefanda ley, se calificaron 85.028 VPO; en 2002 bajaron a 37.544; en 2011, con Zapatero, subieron a 58.308, y en 2017, con Mariano Rajoy, capotaron ¡a 4.938! (cifras del Ministerio de Fomento).

El tercer pilar fue la estrategia Robin Hood: quitarles a los pobres para malvender a los ricos, los fondos buitre. La Administración municipal madrileña de Ana Botella, alcaldesa por esposa, entregó 1.860 pisos habitados, de alquiler público, a Blackstone, en una irregular operación (2013) blanqueada —tras condenarla— por el Tribunal de Cuentas gracias al voto de la imparcial Margarita Mariscal de Gante, exministra de Josemari.

Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid del heredero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, hizo lo propio con 2.935 viviendas del instituto autonómico Ivima, por 200 millones, al grupo Goldman Sachs. El Tribunal Supremo acaba de ratificar que la operación perjudicó a los arrendadores y fue nula, como había fijado el Tribunal Superior de Madrid. 

Entre los directivos de las empresas beneficiadas del grupo sobresale José María Aznar Botella. Gran experto sectorial como consejero de Gesnova, filial de Blackstone, tan bien tratada por mamá."               (Xavier Vidal-Folch, El País, 16/12/19)

Privatizando las playas

"Cierre usted su sombrilla o váyase de esta zona de playa, está quitando la vista del mar a los que han pagado por ella” con esta frase desaloja la policía marítima de Portugal a los que se niegan a moverse de la zona de playa que está justo delante de la zona acordonada para hamacas de pago.

Antes que la policía es el socorrista el encargado de dar el primer aviso, también es el encargado de pedir disculpas a los clientes de las hamacas por las sombrillas impertinentes que les roban las vistas.

Estas situaciones se viven a diario en muchas playas de Portugal, aquellas en las que el beneficiario de la concesión de sombrillas y hamacas paga un poco más por tener las vistas libres de sombrillas ajenas, aunque sea fuera de su zona.

Estos casos, además de dar cuenta del tipo de relaciones que generan la gestión privada de las playas; los que pagan frente a los que no pagan, los que tienen derecho a vistas frente a los que se hacinan en la mitad de playa gratuita… cuestionan las funciones de servicios públicos como la policía marítima o los socorristas que se ven obligados a proteger los derechos de los clientes por encima de los de los ciudadanos.

Todo lo anterior nos sitúa en el debate de fondo entre lo público y lo común. En tiempos de crisis, este debate cobra fuerza frente a las distintas leyes o proyectos de ley que pretenden dar luz verde a la venta de bienes comunes que hasta entonces eran intocables o a la concesión de servicios privados sobre estos terrenos.

 En la actualidad, las playas de los países mediterráneos se sitúan en el punto de mira de las oleadas privatizadoras. 

Es el caso del proyecto de ley del gobierno griego, que permite no solo construir en primera línea, si no la venta de parcelas con playas. El proyecto de ley se ha paralizado por la presión ciudadana pero sin embargo la agencia estatal encargada de la gestión y privatización del patrimonio griego, TAIPED, ha puesto ya en venta este tipo de terrenos con playa. 

Los compradores podrán usarlos con fines turísticos durante 50 años, pasados los cuales, el terreno ya no será de uso exclusivo pero si las instalaciones que se hayan construido, lo cual es un contrasentido y da paso al uso privado de las playas griegas, lo cual hasta el momento era ilegal.

 En Italia, fue el partido de Berlusconi el que propuso en la comisión presupuestaria del Senado debatir la propuesta de ingresar dinero en las arcas del Estado mediante la venta de playas del país. La propuesta fue rechazada tanto por los partidos de izquierda como por los ecologistas. Ante las críticas, el senador Antonio D Alì argumentó que ya existían muchas concesiones a empresas turísticas privadas y que “los inversores estarían más dispuestos a hacer mejoras si los terrenos fueran de su propiedad”

En el caso de España, la ley de Costas del 2013 ha supuesto también un duro varapalo a la protección del litoral marítimo. Una de las medidas que se aprobó con la nueva ley es la de reducir la protección de la costa de 100 metros a 20 a los municipios costeros que lo soliciten. En apenas seis meses desde que se puso en marcha, 100 municipios de los 500 con costa lo han pedido.  (...)"               (Emma de Coro, Diagonal, Portugal, 05/08/14)

Los efectos de las recalificaciones: de un valor catastral de 496 euros, a otro de 3,8 millones de euros

"Los desmanes de la actividad inmobiliaria siguen pasando factura a los ciudadanos siete años después del estallido de la burbuja. Los Ayuntamientos vieron en el negocio del ladrillo un filón para llenar sus arcas. Durante la pasada década los consistorios recalificaron suelos rústicos a urbanizables para crear nuevos barrios o urbanizaciones, lo que suponía un incremento casi automático del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

 Miles de contribuyentes, desde campesinos hasta empresarios, han visto cómo su recibo del IBI se disparaba durante estos años aunque su terreno siguiera siendo un campo de patatas. Una sentencia del Tribunal Supremo, sin embargo, pone fin a esa anomalía: si un suelo se ha recalificado pero no se ha podido construir en él, su dueño solo deberá pagar como si fuera rústico. Unos 900.000 propietarios podrían beneficiarse del fallo.

El origen de la sentencia está en un grupo de propietarios de suelo de Badajoz, entre ellos la Fundación Dolores Bas. La entidad tiene el 50% de una finca en la que se cultivan cereales. Nunca se ha puesto un solo ladrillo, pero la finca fue declarada urbanizable y su recibo del IBI se disparó. “No tenía sentido.

 Tenemos incluso una subvención agrícola”, explica su abogado, Luis Díaz-Ambrona, quien afirma que entre los afectados hay el de una parcela en Fresno de Torote (Madrid) que en 2006 tenía un valor catastral de 496 euros. Solo dos años más tarde, su dueño se quedaba sin aliento al ver la nueva valoración: 3,8 millones de euros.

 Sus propietarios estaban negociando con el consistorio pagar el tributo con terrenos de la propia parcela. “Es muy corriente ver una diferencia de 50 veces entre el recibo que se pagaba cuando el suelo era rústico al que se abona tras ser declarado urbanizable, pero puede llegar a ser incluso de 100 veces”, asegura Díaz-Ambrona.

 El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dio la razón a la fundación al considerar que para que un suelo sea urbano precisa de un plan urbanístico o bien de obras de urbanización. Sin embargo, la Administración central del Estado recurrió el caso en el Supremo al considerar que “la doctrina” que se estaba sentando era “gravemente dañosa para el interés general y además claramente errónea y no ajustada a Derecho”.

 El Abogado General del Estado advertía de la gran cantidad de inmuebles que se verían afectados, unos 900.000, y “el daño económico directo” que se infligiría a las arcas públicas. El abogado solicitaba que no se considerara necesaria la aprobación de “un instrumento urbanístico” para considerar la “naturaleza urbana del suelo urbanizable”. El Supremo, no obstante, desestima ese recurso “al no poder aceptarse la doctrina que postula el Abogado General del Estado”.

 Fuentes judiciales explicaron que la sentencia del Supremo abre la puerta a que los propietarios de esas 900.000 fincas dejen de pagar ese IBI hinchado. Lo que está por ver es si, además, tienen derecho a ser compensados por lo abonado en años anteriores. 

Porque esas valoraciones que también alimentaron la burbuja se dieron en todo el territorio. Durante la burbuja la recalificación de una finca no era una mala noticia para el propietario. Al pasar de rústica a urbanizable, su valor se incrementaba y podía sacar tajada al venderla a un promotor. Demanda había de sobra. Hoy eso ya no es así. 

Muchos propietarios de suelo, algunos de los cuales lo adquirieron como inversión, han quedado atrapados y tienen que hacer frente a un IBI elevado. Algunos, dicen fuentes del sector, los han devuelto a los Ayuntamientos y otros han pasado a manos de los bancos.  (...)"             ( Lluís Pellicer , El País, Barcelona 27 JUN 2014)

Imposiciones de la troika para paliar la deuda griega: poner en venta todos los recursos naturales, playas, islas, bosques,...

"(...) otra de las imposiciones de la troika para paliar la deuda griega: poner en venta todos los recursos naturales o explotarlos sin mesura. En Grecia los mecanismos utilizados conllevan modificar disposiciones legales que, como dice Roxanne Mitralias, militante en temas agrícolas y ecológicos, «mal que bien, cerraban el paso a la sobrexplotación de los recursos naturales». 

Con las nuevas normativas llegan a cuestionar la Constitución, que impedía la explotación privada del litoral y de los espacios forestales, explica Roxanne. Por ejemplo, a finales de enero del 2013, el lago de Casiopea, en Corfú, fue vendido a NCH Capital y desde la primavera del 2012 las playas se pueden ceder por 50 años, lo que previsiblemente desencadenará una ola de privatizaciones que acabará en complejos turísticos irreverentes con el medio natural y exclusivos para las personas más adineradas.

Por otra parte, la explotación de los recursos mineros está dejando el mapa griego señalado de puntos conflictivos. Se habla de bolsas de petróleo en el mar que -si se encuentran- no generarían beneficios más que a las empresas extranjeras, explotadoras de los yacimientos.

 En el norte del país, en Skouires, desde hace más de un año hay una gran movilización social, reprimida constantemente por cuerpos especiales de la policía, para defender sus bosques de un proyecto de dos empresas, una griega y otra canadiense, de minas para la extracción de oro.

 Y así una larga lista que, demasiado parecida, encontramos en nuestro país, donde se repiten las mismas quimeras: petróleo en Canarias, minas de cielo abierto para extraer oro en Galicia, uranio en Catalunya o fracking en muchos puntos del norte peninsular. 

Como en Grecia, hay que denunciar las leyes (dos) que el Gobierno central dispone para servir el territorio en bandeja de plata y abierto en canal, para permitir el saqueo de nuestros bienes comunes."         (Gustavo Duch, Rebelión, 24/07/2013)

La venta masiva de Europa en rebajas por liquidación, es una de las formas en que las finanzas utilizan la crisis para consolidar el neoliberalismo

"JAY: Así que demos algunos ejemplos del tipo…del nivel y la magnitud de las privatizaciones que están teniendo lugar o van a tener lugar.

BUXTON: Bueno, tal vez las de mayor magnitud serán en Italia, con una proyección de hasta 570 mil millones de dólares de dinero proveniente de la venta de gran parte de la enorme cantidad de activos del patrimonio histórico nacional y estatal, que se venderían fuera de la zona euro, también de la energía, el transporte y muchos de los sectores de los que ya hemos hablado. 

El tema del agua se ha abordado ya casi universalmente, a pesar de la gran polémica que ha habido desde hace décadas sobre la privatización del agua. Pero también la energía, el transporte, el agua por supuesto, la electricidad, la sanidad y toda una serie de servicios adicionales, así como cualquier tipo de empresas nacionales, como las telecomunicaciones, compañías aéreas, empresas de autobuses, etc. 

Así que abarca a todo el sector público. Supongo que en Grecia es obviamente donde estás pensando que se va a llevar a cabo una de las más extensivas privatizaciones de las que se van a imponer.

JAY: Sí, yo creo que se está pensando en vender los dos puertos más grandes de Grecia.

BUXTON: Los dos puertos más grandes de Grecia. Son sus principales empresas energéticas. Las luchas más controvertidas en la actualidad se están librando en torno al agua en Salónica y Atenas donde existen fuertes presiones para su privatización.

Y también está ocurriendo en Italia, donde quizás también sea una de las cuestiones más disputadas y donde claramente se muestran la formas totalmente antidemocráticas con que la Unión Europea impone sus decisiones.

En Italia en 2011, en junio de 2011, se celebró un masivo referendo, en el que el noventa y nueve por ciento de los que votaron lo hicieron en contra la privatización del agua y los servicios públicos. Y lo sorprendente es que solo tres meses después, en agosto, la Comisión Europea escribió al gobierno italiano, diciéndole que debían liberalizar y privatizar los servicios públicos, ignorando por completo la opinión de los italianos expresada en el referendo. 

Y fue sólo una enorme presión pública la que hizo que el gobierno italiano no capitulara. Y finalmente fue el Tribunal Constitucional el que decidió el año pasado que era ilegal según la Constitución, gracias a la presión de la opinión pública, cuando el gobierno italiano estaba a punto de proceder a la privatización.

JAY: Y supongo -. Adelante. Lo siento. Adelante.

BUXTON: Sí, es una provocación, y eso es algo que ha sido rechazado por una gran mayoría de ciudadanos europeos que se han opuesto de forma muy activa.

JAY: Bueno, supongo que es uno de los pocos sectores que quedan en los que el capital querría entrar. Quiero decir que quedan pocos espacios de la economía productiva en los que se pueda invertir que no hayan sido invadidos ya y además tampoco está creciendo el poder adquisitivo.

 Así que, ¿dónde va a ir el capital? O va a los derivados y a las áreas especulativas donde los megaricos se lo juegan unos contra otros en una especie de timba de tahúres o intenta forzar la apertura a la privatización de los servicios públicos donde tiene los mercados garantizados. Quiero decir, que si controlas el suministro de agua de una ciudad, ya sabes que el agua la tienes vendida, porque nadie puede vivir sin beber agua.

BAXTON: Por supuesto, por supuesto. Y las empresas tienen el beneficio casi garantizado. Creo que eso es lo que está en el núcleo del asunto, y además es un negocio que no necesita ni una inversión de gran magnitud ni tampoco a largo plazo.

Es interesante. Grecia era inicialmente el objetivo para recaudar 50 mil millones de euros mediante la venta de su patrimonio. Ahora lo ha dejado en 25 mil millones de euros. Eso no significa que se esté vendiendo menos en el exterior, sino que ahora están dispuestos a entrar por mucho menos dinero, porque las empresas saben que Grecia está en una gravísima crisis. 

Son capaces de obtener activos a precios muy bajos y no van a pagar más de lo que sea necesario. Así que no estamos hablando de ganar montañas de dinero en este caso, sino que lo que buscan es tener una fuente de ingresos garantizada.

Y en países como el Reino Unido estamos viendo muy claramente lo que ocurre con las privatizaciones. Si con las privatizaciones de lo que se trata es de ahorrar el dinero del Estado, ¿por qué el gobierno del Reino Unido, transcurridos 10, 15 años de la privatización de los ferrocarriles sigue pagando 3.000 ó 4.000 millones a las empresas ferroviarias privadas? Es porque esos subsidios estatales se continúan abonando, pero en vez de ser invertidos en servicios públicos van a parar a los bolsillos de los accionistas y altos dirigentes de las empresas. 

Y lo que se encuentra en muchos servicios públicos privatizados de Europa Continental y Reino Unido son los precios mucho más altos, muy por encima de los servicios públicos que permanecen en el sector público.

 Así que el dinero, el dinero del Estado se les está dando todavía a estas empresas para su supervivencia, supuestamente, pero realmente es para financiar a los accionistas y pagar las primas de los altos directivos, en lugar de ir a mejorar los propios servicios públicos."       (Entrevista a Nick Burton, Attac Madrid, 07/05/2017)

“Nuestra costa va a pasar a ser la ‘costa nostra’”

"¿Qué es la Ley de Costas y por qué sigue siendo tan polémica una norma de 1988?

La Ley de Costas se concibió para abordar los grandes problemas de nuestro litoral: su degradación física y su privatización, y para garantizar su uso público, libre y gratuito. Es una ley básica para la defensa ambiental, precursora en la identificación de espacios de alto valor ecológico y pionera en el mundo. 

Sin la Ley de Costas muchos espacios costeros habrían desaparecido y no podrían formar parte, como lo son hoy, de la Red Natura 2000 para la conservación de la biodiversidad europea. 

 Además, es una ley que identifica y deslinda el dominio público marítimo-terrestre (la anchura de las playas, zonas de dunas, humedales, y otras formaciones costeras). En esta franja en la que se encuentran la tierra y el mar no es seguro ubicar instalaciones.

 Identificándola y dejándola libre es un espacio de defensa natural, de amortiguamiento, para proteger de las inundaciones a la población. Esto es más importante cuanto más se sabe de las consecuencias del calentamiento global.

 La razón por la cual esta ley ha estado rodeada de polémica se debe a que retira el uso privado y privativo de esa franja denominada dominio público marítimo-terrestre, con lo cual los propietarios de terrenos que se ubican en dicha franja se consideran afectados por la misma. 

Además, las limitaciones de esta ley a ciertas actividades que son incompatibles con la conservación de la costa nunca han gustado a determinados sectores.

¿La modificación de la Ley de Costas promueve la especulación?

Sí. Es abrir la puerta a una carrera salvaje orientada al lucro rápido y privado de unos pocos a costa de sustraer para siempre un espacio público a la población. Significa que el Gobierno promueve cambios legislativos a la carta que sólo beneficiarán a sectores que, en muchos casos, han protagonizado importantes episodios de especulación y corrupción en nuestro país.

 Lo siguiente será la retirada o desclasificación de miles de metros cuadrados del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección, que es territorio público, para planeamientos urbanísticos o que se extraigan recursos, y en unos pocos años habremos perdido nuestro litoral que quedará en manos privadas para siempre. Nuestra costa va a pasar a ser la ‘costa nostra’.  (...9

¿La enmienda del PP en el Senado para rebajar la zona de protección de la costa de cien a 20 metros es una estrategia?

La propuesta pretende reducir los terrenos incluidos en dominio público marítimo-terrestre, a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, modificando la definición para las dunas, algunas de las cuales podrían considerarse excluidas de esta franja, o retirando del dominio público terrenos que, siendo invadidos por el mar, no sean navegables (sin especificar qué tipo de navegación). 

En este caso concreto, el propio Gobierno directamente sugiere la fórmula de inundar ex profeso cualquier marisma o marjal poco profundo para que esos terrenos se desclasifiquen y puedan pasar a manos privadas. 

También retirando del dominio público todas las áreas que hayan sido inundadas artificialmente para poder llevar a cabo determinadas actividades, como son las salinas o los cultivos marinos. Las empresas a las que en el pasado se les permitió la opción de operar en estas zonas públicas con una concesión podrían quedárselas definitivamente.

Por otro lado, la reducción de la servidumbre de protección de cien metros –que en los ‘80, cuando se aprobó la ley, fue una medida de mínimos– a 20 metros supone equiparar a urbano cualquier terreno en los primeros cien metros de costa tras la línea de mar.

Es decir, podrá ser urbano si se ponen en marcha los instrumentos de planeamiento correspondientes. Así, de un lado, se pueden consolidar actuaciones urbanísticas ilegales que quedarían dentro de esta franja, y, por otro, se incita a la transformación de los primeros cien metros en todo el litoral. 

El Gobierno además amplía a 75 años el plazo de las concesiones para la ocupación del dominio público, lo que supone en realidad una privatización de facto. Además, se establecen diversas excepciones para la aplicación de la Ley, como en el deslinde de Formentera, y amnistía, también, para cumplir con la ley a diez núcleos de poblaciones costeras.

¿Se han tenido en cuenta las previsiones de subida del mar? ¿El Estado tendría de indemnizar a los propietarios de las viviendas?

No, pese a que el Gobierno conoce esta amenaza. (...) El Centro de Estudios y Experimen­tación de Obras Públicas y la Universidad de Cantabria, por ejemplo, realizaron investigaciones preliminares que apuntan a una realidad: las inundaciones costeras afectarán a amplias zonas del litoral español. 

 Cualquier cambio que se pretenda hacer sobre la Ley de Costas debería integrar esta realidad. Pero este tema no se trata ni se pretende gestionar. Estas investigaciones identifican en el litoral español más de 300 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación. (...)

Un lugar que reúne unos paisajes y una diversidad envidiada en Europa, que atrae cada año a millones de turistas y que es un potente generador de empleo para la mayor industria del país."           (Diagonal Global, 23/04/2013)

El ex-ministro Abel Matutes (“Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”), vuelve a robar la propiedad pública de las salinas... y toda la costa

" Ciento diez propietarios de Formentera celebraban ayer el trato “excepcional” que les da el proyecto de Ley de Costas. El Gobierno del PP excluirá sus fincas e inmuebles, afectados por la anterior norma, con lo que los liberará y la titularidad de las propiedades bloqueadas por los actuales deslindes e hitos retornará a sus manos. (...)

Con 10.000 pobladores, la famosa y pequeña Formentera pasa en verano a tener hasta 40.000 residentes. La atracción y el negocio radican en los arenales de los 69 kilómetros de la costa insular, en gran parte protegida y no alterada por las murallas de cemento.

Los afectados por la ley vieja pugnaban por cambiar el deslinde de líneas moradas de 1988 y las rojas de 1968. Formentera cuenta con un parque natural en sus salinas, estanques y dunas playeras, conexo al ámbito vecino de las salinas y playas de Ibiza. 

Ambos latifundios son propiedad de Salinera Española e Ibifor, de la familia del expresidente balear Gabriel Cañellas, del PP, que recuperarán la posesión y la capacidad de libre disposición y explotación de los enclaves afectados por la ley que ahora se modifica. Decenas de viviendas antiguas y negocios de restauración están en estos ámbitos salineros.

El exministro de Exteriores con el PP, Abel Matutes, se atribuyó parte de la paternidad del cambio legal en El Diario de Ibiza. “Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, aseguró. El grupo Matutes tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de las salinas y planes de puertos deportivos en Ibiza.

Los ecologistas del Gen-Gob de Ibiza afirman que “se vuelve a robar la propiedad pública de las salinas”, mientras que Salinera Española festeja que vaya a “restituirse la propiedad privada, la original, tras una expropiación sin indemnización”.        (El País, 06/10/2012)

"Da la impresión de que el texto ha sido redactado para favorecer solo a unos determinados grupos de interés, y no para reforzar la protección y el uso público de los bienes del DPMT. 

Respecto a la dimensión económica, no hay duda del especial trato dado en el texto de la reforma. Solo el hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 años, es decir, a tres generaciones vista, es buena muestra de su perfil e intención. Este plazo es, a todas luces, un exceso, y se parece bastante a una privatización de hecho del DPMT. 

Por cierto, una vez que sean aplicados los nuevos criterios para el deslinde del DPMT y sean excluidas bastantes instalaciones y edificios, ¿quién pagará las obras de su defensa costera?, ¿y quién pagará los daños ocasionados por el mar a esas mismas edificaciones?"         (El País, 06/10/2012)

En el periodo 1998-2010, los Ayuntamientos autorizaron la construcción de cerca de 5,5 millones de viviendas. Rato, el culpable, vuelve a las andadas

"Las declaraciones de los populares enlazan con la exposición de motivos y con el contenido de la que fue la principal norma urbanística establecida en los tiempos del Gobierno del PP, el Real Decreto Ley 6/1998.

La teoría subyacente es que un aumento del suelo urbanizable provoca un descenso del precio del suelo y ello hará que bajen los precios de las viviendas. (...)

Junto al debate teórico, lo sucedido en España en el último ciclo de la vivienda desmonta buena parte del análisis defensivo de la liberalización del suelo a ultranza como panacea de la política de vivienda.

En el periodo de 13 años comprendido entre 1998 y 2010, los Ayuntamientos autorizaron en España la construcción de cerca de 5,5 millones de viviendas, según la estadística de licencias municipales de obras (LMO) del Ministerio de Fomento. A dichas viviendas les correspondió una superficie a edificar de 899.727 miles de metros cuadrados.

Dicha superficie equivale al 0,178% de la superficie total de España (505.990 kilómetros cuadrados). (...)

Un ritmo de calificación de suelo urbanizable tan intenso demuestra que no hubo precisamente restricciones al uso del suelo por parte de las administraciones competentes, Ayuntamientos y autonomías. Las normativas autonómicas recogieron el mensaje del texto legal promovido por el Gobierno de Aznar.

La efectiva liberalización del suelo producida ha ocasionado un elevado stock de suelo y de viviendas de difícil digestión, una creciente sobreocupación del suelo y unos precios del suelo y de las viviendas muy superiores a lo que el mercado permite absorber.

Y esto tiene bastante que ver con la difícil situación presente de la economía española.

A pesar de la evidencia de que la abundancia de suelo calificado de urbanizable y de crédito en condiciones excepcionales fue decisiva para alimentar la burbuja, hay quien rechaza aprender de los errores. " (JULIO RODRÍGUEZ LÓPEZ: La única pradera sostenible. El País, Negocios, 14/08/2011, p. 13)