"Roberto H. trabajó durante un año como "responsable de transportes" en el centro de menores de Deba, en Guipúzcoa, que cerró a finales de diciembre. Él asegura que llevó a "15 o 20 chavales, a algunos hasta dos veces" hasta la estación de autobuses o de trenes para que, con dinero del centro, que a veces le daba el director en mano, se compraran un billete y se fueran a otras provincias, "sobre todo a Barcelona, A Coruña y Madrid". "Decían que tuviera cuidado de que no me vieran con los chavales. Una vez se iban, se ponía una denuncia para simular que se habían escapado", contó ayer a este periódico.
El diputado del PNV, Emilio Olabarría, denunció ayer el caso inverso en el Congreso. Dijo que es una práctica común que lleguen chavales en autobús desde otras provincias. Habla de una "patología" que ha sido "comprobada fehacientemente", y que consiste en que "a menores residentes en determinadas autonomías se les está pagando el billete y se les está proporcionando dinero para que se trasladen a ciudades como Vitoria o San Sebastián, donde hay servicios sociales potentes, y que permiten la acogida, aunque ya están siendo materialmente desbordados". (...)
Peio Aierbe, coordinador de SOS Racismo en Guipúzcoa, asegura que tanto los chavales como los educadores les han contado cómo en algunos centros de Guipúzcoa se ha llevado a cabo la práctica que describe Roberto H. Y explica que existe un doble discurso político: "Se atiende razonablemente bien a la gran mayoría de los chicos. Pero hay un porcentaje, de los que están en situación de mayor marginalidad, a los que se les dice 'aquí no tenéis futuro". ¿Cómo? "Poniendo trabas burocráticas, llevándoles a centros como el de Deba donde no se les educaba y no tenían nada que hacer y pagándoles un billete de autobús para que se marchen". (El País, ed. Galicia, sociedad, 11/02/2010, p. 36)
Mostrando entradas con la etiqueta jj. Menores delincuentes. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta jj. Menores delincuentes. Mostrar todas las entradas
10.2.10
La cadena perpetúa... para satisfacer la venganza... de los políticos... que utilizan a las víctimas...
"La cadena perpetua. Trasladan un mensaje de que las penas de prisión eficaces deben afectar a toda la vida del agresor. Con lo que pueden convertir las cárceles en contenedores de desechos humanos. (...)
La cadena perpetua no es garantía de nada. Es más eficaz una medida inmediata y dotada de contenido eficaz para evitar la reincidencia, que otra extensísima que desresponsabilice y cronifique en el delito o convierta a un ser humano en un discapacitado perpetuo para la sociabilidad. Sobre todo, porque los que suelen acabar pagando el pato del endurecimiento penal no suelen ser sus destinatarios inmediatos (peligrosos delincuentes), sino, como en otros órdenes de la vida, los más desgraciados. (...)
Los datos desmienten que vivamos en un estado de impunidad. La sensación de impunidad e ineficacia se sustenta en falsas creencias sobre la lenidad del sistema. España tiene la tasa menor de criminalidad violenta entre los países de la Unión Europea; no sólo estamos por debajo de la media, la delincuencia ha descendido desde hace 20 años. Por el contrario, contamos el porcentaje más alto de presos: 76.000 personas confinadas, que significa una relación de 166 por cada 100.000 habitantes. Se ha producido un incremento de la población penitenciaria del 400% en el periodo de 1980 a 2009, frente a un crecimiento del 20% de la población adulta.
Mientras tanto, Holanda cierra cárceles y Portugal tiene penas y formas de ejecución en algunos casos la mitad de gravosas que las nuestras, sin merma alguna para la seguridad de los ciudadanos. Si de la comodidad de las cárceles se habla, nuestros conciudadanos que nunca estuvieron presos deben saber que las consecuencias del encierro son terribles, física y psicológicamente; a partir de 20 años el deterioro es irreversible. El sufrimiento que infligen las penas de prisión es inconmensurable, y cuando debido al tiempo de duración o al rigor en el cumplimiento se desborda la capacidad humana de tolerancia, la pena pierde su legitimidad. Ningún ciudadano está exento de entrar en una cárcel, al menos por un infortunio o una negligencia.
Si entran ellos, o sus hijos o sus familiares, aprenderán a convivir con el hacinamiento, la despersonalización, la enfermedad mental y la muerte: en torno a 250 fallecidos en el año 2009 dentro de las cárceles. Si se pretende prevenir el delito con la cadena perpetua hay que recordar que ya existe en España, y no sólo para los delitos más violentos. Según datos de la Administración, en las cárceles españolas viven 345 personas que cumplen condenas superiores al límite de los 30 años -la pena mayor es de 110 años-, y ello porque no resulta aplicable dicho límite al tratarse de penas que no se pueden acumular.
La sensación de impunidad se sustenta en el mito de que las penas no se cumplen, que una vez transcurrido un breve tiempo en prisión los condenados salen en libertad. Sin embargo, todas las penas cuya ejecución se inicia se cumplen íntegramente, y sólo una pequeña parte -actualmente el 17%- llegan a hacerlo en un régimen de semilibertad: el tercer grado (...)
Si la sensación de impunidad aparece es porque los ciudadanos no se sienten suficientemente atendidos cuando sufren un delito; frecuentemente las víctimas son "perdedoras por partida doble": sometidos a daños que nadie repara, los procedimientos duran una eternidad, ven en libertad a "su" ladrón por agotamiento de los márgenes legales para la prisión provisional sin que haya sentencia, o reincidiendo por no adecuar la respuesta penal a la auténtica causa del delito; otra veces se sienten "ninguneadas" y en ocasiones maltratadas por el propio sistema penal que cuenta con medios técnicos y procesales francamente obsoletos.
La aplicación a los agresores de penas de prisión de por vida no eliminará la sensación de pérdida, dolor, miedo y desconfianza que embarga a las víctimas. La respuesta penal, con el exceso de inhumanidad que se solicita ahora, instala a las víctimas perpetuamente en el dolor y la venganza.
Por último, se sostiene que la intervención penal sobre los menores es benévola, pero también la realidad lo refuta. Cuando el sistema actúa con menores y jóvenes de 14 a 17 años, no es infrecuente que la medida de control sea superior en el tiempo a la aplicable a los adultos; incluso, mediante la privación de libertad, que puede llevarle hasta la cárcel si cumple la mayoría de edad, impidiendo así el trabajo pedagógico de las instituciones y propiciando que el joven aprenda o consolide una carrera criminal. (...)
Por ello, frente a las propuestas de rigor punitivo es importante constatar que estamos en niveles de máximo, que debemos explorar otro tipo de respuestas. Pretendemos llamar la atención sobre los efectos del sistema penal en la vida de las personas, ya sean acusados o víctimas, y sobre la necesidad de racionalizar y humanizar el funcionamiento de las agencias policiales, judiciales y penitenciarias, para que generen la mínima imprescindible violencia, se garantice el respeto a los derechos humanos de los infractores y se protejan los intereses de las víctimas."(RAMÓN SÁEZ Y SANTIAGO TORRES: Contra el endurecimiento de las penas. El País, ed. Galicia, opinión, 08/02/2010, p. 3 )
La cadena perpetua no es garantía de nada. Es más eficaz una medida inmediata y dotada de contenido eficaz para evitar la reincidencia, que otra extensísima que desresponsabilice y cronifique en el delito o convierta a un ser humano en un discapacitado perpetuo para la sociabilidad. Sobre todo, porque los que suelen acabar pagando el pato del endurecimiento penal no suelen ser sus destinatarios inmediatos (peligrosos delincuentes), sino, como en otros órdenes de la vida, los más desgraciados. (...)
Los datos desmienten que vivamos en un estado de impunidad. La sensación de impunidad e ineficacia se sustenta en falsas creencias sobre la lenidad del sistema. España tiene la tasa menor de criminalidad violenta entre los países de la Unión Europea; no sólo estamos por debajo de la media, la delincuencia ha descendido desde hace 20 años. Por el contrario, contamos el porcentaje más alto de presos: 76.000 personas confinadas, que significa una relación de 166 por cada 100.000 habitantes. Se ha producido un incremento de la población penitenciaria del 400% en el periodo de 1980 a 2009, frente a un crecimiento del 20% de la población adulta.
Mientras tanto, Holanda cierra cárceles y Portugal tiene penas y formas de ejecución en algunos casos la mitad de gravosas que las nuestras, sin merma alguna para la seguridad de los ciudadanos. Si de la comodidad de las cárceles se habla, nuestros conciudadanos que nunca estuvieron presos deben saber que las consecuencias del encierro son terribles, física y psicológicamente; a partir de 20 años el deterioro es irreversible. El sufrimiento que infligen las penas de prisión es inconmensurable, y cuando debido al tiempo de duración o al rigor en el cumplimiento se desborda la capacidad humana de tolerancia, la pena pierde su legitimidad. Ningún ciudadano está exento de entrar en una cárcel, al menos por un infortunio o una negligencia.
Si entran ellos, o sus hijos o sus familiares, aprenderán a convivir con el hacinamiento, la despersonalización, la enfermedad mental y la muerte: en torno a 250 fallecidos en el año 2009 dentro de las cárceles. Si se pretende prevenir el delito con la cadena perpetua hay que recordar que ya existe en España, y no sólo para los delitos más violentos. Según datos de la Administración, en las cárceles españolas viven 345 personas que cumplen condenas superiores al límite de los 30 años -la pena mayor es de 110 años-, y ello porque no resulta aplicable dicho límite al tratarse de penas que no se pueden acumular.
La sensación de impunidad se sustenta en el mito de que las penas no se cumplen, que una vez transcurrido un breve tiempo en prisión los condenados salen en libertad. Sin embargo, todas las penas cuya ejecución se inicia se cumplen íntegramente, y sólo una pequeña parte -actualmente el 17%- llegan a hacerlo en un régimen de semilibertad: el tercer grado (...)
Si la sensación de impunidad aparece es porque los ciudadanos no se sienten suficientemente atendidos cuando sufren un delito; frecuentemente las víctimas son "perdedoras por partida doble": sometidos a daños que nadie repara, los procedimientos duran una eternidad, ven en libertad a "su" ladrón por agotamiento de los márgenes legales para la prisión provisional sin que haya sentencia, o reincidiendo por no adecuar la respuesta penal a la auténtica causa del delito; otra veces se sienten "ninguneadas" y en ocasiones maltratadas por el propio sistema penal que cuenta con medios técnicos y procesales francamente obsoletos.
La aplicación a los agresores de penas de prisión de por vida no eliminará la sensación de pérdida, dolor, miedo y desconfianza que embarga a las víctimas. La respuesta penal, con el exceso de inhumanidad que se solicita ahora, instala a las víctimas perpetuamente en el dolor y la venganza.
Por último, se sostiene que la intervención penal sobre los menores es benévola, pero también la realidad lo refuta. Cuando el sistema actúa con menores y jóvenes de 14 a 17 años, no es infrecuente que la medida de control sea superior en el tiempo a la aplicable a los adultos; incluso, mediante la privación de libertad, que puede llevarle hasta la cárcel si cumple la mayoría de edad, impidiendo así el trabajo pedagógico de las instituciones y propiciando que el joven aprenda o consolide una carrera criminal. (...)
Por ello, frente a las propuestas de rigor punitivo es importante constatar que estamos en niveles de máximo, que debemos explorar otro tipo de respuestas. Pretendemos llamar la atención sobre los efectos del sistema penal en la vida de las personas, ya sean acusados o víctimas, y sobre la necesidad de racionalizar y humanizar el funcionamiento de las agencias policiales, judiciales y penitenciarias, para que generen la mínima imprescindible violencia, se garantice el respeto a los derechos humanos de los infractores y se protejan los intereses de las víctimas."(RAMÓN SÁEZ Y SANTIAGO TORRES: Contra el endurecimiento de las penas. El País, ed. Galicia, opinión, 08/02/2010, p. 3 )
3.9.09
Rebajar la edad penal de los menores... es lo más barato
"Otra cosa bien distinta es cómo se utilizan, cómo funcionan, con qué medios y con qué limitaciones se encuentran esos mecanismos, que en la práctica totalidad de los casos son gestionados por los servicios sociales de las comunidades. Las distintas posibilidades, la dispersión normativa y de medios en autonomías, diputaciones e, incluso, ayuntamientos muchas veces conforman una maraña de recursos inconexos que ralentizan la toma de unas medidas que deben ser muy rápidas. "Las comunidades tienen que asumir su responsabilidad y crear los mecanismos especializados para responder adecuadamente lo más rápido que se pueda", añade Pascual Jiménez de Bagüés, educador del Equipo de Menores de Catorce Años, organismo creado por los servicios sociales en la provincia de Zaragoza para los chavales que cometen delitos por debajo de esa edad.
Empezaron a trabajar en 2002 porque los profesionales de protección de menores no especializados dejaban desatendidos el 95% de los casos de infractores menores de 14 años. La razón es que suelen trabajar con casos claros de abandono o desamparo, es decir, que el niño esté solo o desatendido por sus padres, algo a lo que no responde ese alto porcentaje de los infractores. (...)
Por ejemplo, el equipo zaragozano al que pertenece Jiménez es pionero en España; luego han ido llegando otros en Guadalajara, Cuenca y Granada. "Y funciona; sólo el 6% vuelve a cometer alguna infracción después de que trabajemos con ellos", asegura el educador. Pero, por regla general, con un niño infractor de 13 años o menos, "si es por pequeños delitos, como hurtos o peleas, no se suele hacer nada", explica Madrigal. Si hay reincidencia, continúa, o si el delito es muy grave -"algo que ocurre muy poco, lo cual no significa que no haya que intervenir"-, la fiscalía emite un informe que manda a los servicios sociales de la comunidad para que ellos evalúen la situación y tomen las medidas. Para José Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el hecho de que las medidas a tomar dependan de los servicios sociales de cada comunidad las convierte en "insignificantes". "Probablemente no sea necesario rebajar la edad penal, pero sí hacer un protocolo estable y planificado de actuación", sostiene Luengo. (...)En el equipo zaragozano de menores de 14 años, lo primero que se hace es trabajar en apoyo de la víctima. Después con el agresor y su familia. "Es cierto que no tienen que aceptar la ayuda, pero aunque sean reacios, y aun en ese 10% en el que los menores no reconocen haber cometido el delito, se acaba aceptando el apoyo", asegura Pascual Jiménez. Y si finalmente los padres y el menor se cerraran en banda en un caso grave, Jiménez asegura que el caso iría al juez alertándole de la clara situación de riesgo del menor.
Sólo han tenido un caso grave de abuso sexual en los siete años del equipo, y hoy, agresor y víctima tienen una vida normal, asegura. En su actuación, lo primero es que el infractor entienda que lo que ha hecho está mal y asuma las consecuencias. Se intenta que compense a la víctima de alguna manera y también a la sociedad, por ejemplo, con programas educativos que tengan que ver con el delito cometido. También ofrecen talleres (de solución de problemas, habilidades sociales o control emocional) e incluso programas de orientación familiar para padres e hijos. "Se les puede tratar en abierto y con garantías", dice Jiménez, pero también han llegado a sacar a dos chavales de su entorno para llevarles a centros en zonas rurales.
A menudo, a estas intervenciones se les acusa de buenistas, sin embargo, una larga lista de expertos y trabajadores las defienden, no sólo como las mejores, sino como las eficaces para la sociedad." ("Se puede reeducar en lugar de encarcelar". El País, ed. Galicia, 26/07/2009, p. 36/7)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)