Hablando del hermano de Pedro Sánchez, resulta que la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, obtiene una plaza pública con menos puntos que otra aspirante... la aspirante que concurrió al proceso de selección con Moreno obtuvo 49,50 puntos sobre 50 posibles, frente a los 38,20 que obtuvo la hermana de Moreno... Para las reclamantes y otras aspirantes consultadas, el procedimiento tiene el claro objetivo de encubrir una designación anunciada, y el hecho de que no se acredite públicamente la valoración de los méritos o las fuentes consultadas para desestimar candidaturas, las deja en una situación de desamparo y desigualdad, “evidenciando un interés político por encima del meramente académico” (Eva Saiz, El País)

"La hermana del presidente de la Junta de Andalucía obtiene una plaza pública con menos puntos que otra aspirante. 

María Dolores Moreno Bonilla, hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, es desde el pasado 14 de junio la nueva directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Consiguió el puesto a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro, que se jubiló el pasado junio. Según un informe reservado de la Inspección educativa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Dolores Moreno obtuvo en el concurso 38,20 puntos sobre 50 posibles. Frente a ella, Esperanza Utrera, otra competidora por la misma plaza, obtuvo 49,50 puntos.

La Inspección educativa de la Junta, encargada del nombramiento, manifestó a las reclamantes, en un correo electrónico, que a la hora de decantarse por la hermana del presidente autonómico como directora del conservatorio tuvo en cuenta “otras fuentes” de valoración más allá de la antigüedad y los méritos. Estos nuevos criterios no figuraban en las bases de la convocatoria que la Inspección remitió a los candidatos por correo electrónico. La Consejería de Educación y Deporte, dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos, se niega a justificar el nombramiento. Las personas perjudicadas denuncian falta de transparencia en lo que consideran “un claro caso de enchufismo”.

Desde la Junta defienden que el proceso de selección estuvo "sujeto a valoraciones estrictamente técnicas, donde no interviene ninguna decisión ajena a esos elementos" y aseguran a este diario que "la Inspección educativa propuso a Dolores Moreno por ser objetivamente la candidata más idónea, basándose en sus méritos académicos y profesionales"

“El procedimiento de exigir méritos no es el habitual en los casos de un nombramiento de un puesto provisional de dirección, pero es que, además, se nos ha comunicado por parte de la Inspección que había otra compañera, Esperanza Utrera, que tenía la mayor puntuación de todas las aspirantes”, explica a este diario la profesora Mónica Romero. Esta aspirante, que obtuvo 30,20 puntos en el proceso selectivo, registró el 19 de julio una reclamación ante la Junta, a la que ha tenido acceso este diario. Romero denuncia en su escrito que el inspector asignado al centro, Juan Carlos Martínez, le comentó por teléfono que se había realizado la convocatoria, en lugar de otorgar el puesto sin concurso, lo que era legalmente posible, “para no perjudicar a Mª Dolores [Moreno] Bonilla por ser quien es”. Este diario ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el inspector Martínez para recabar su versión sobre los hechos.

“En esos momentos queda patente que la inspección educativa conocía que esta persona quería optar a la dirección del centro y que la convocatoria la habían realizado a favor de ella por lo que la inspección educativa ha tomado parte en este asunto convirtiéndolo en algo político”, sostiene Romero en su escrito.

Las profesoras Romero y Utrera solicitaron por escrito el 12 de junio a la Inspección información sobre los criterios para atribuir la plaza a Dolores Moreno, que atesora 14 años de experiencia docente y que obtuvo la categoría de catedrática el pasado julio. En su respuesta a las docentes, la Inspección reconoció haber “recabado información de otras fuentes” para tomar su decisión, y se negó a “publicar la puntuación de los méritos y la información complementaria recabada” para relegar a Utrera y otorgar la plaza de directora a la hermana del presidente andaluz. Fuentes del Gobierno andaluz sostienen que fueron los servicios jurídicos quienes desaconsejaron, por posible vulneración de la ley de protección de datos remitir el informe a la reclamante.

Este periódico sí ha tenido acceso al informe de la Inspección que proponía el nombramiento de Dolores Moreno. En él, el inspector Martínez reconoce que Utrera tiene la mayor calificación por méritos -49,50 frente a los 38,20 de Moreno- pero desestima su candidatura porque “responde a un perfil de dirección con unos antecedentes que desaconsejan su nombramiento”. Martínez propone a la hermana del presidente autonómico como directora interina hasta que salga a concurso la plaza definitiva.

Para las reclamantes y otras aspirantes consultadas por este diario, el procedimiento tiene el claro objetivo de encubrir una designación anunciada y el hecho de que no se acredite públicamente la valoración de los méritos o las fuentes consultadas para desestimar candidaturas, las deja en una situación de desamparo y desigualdad, “evidenciando un interés político por encima del meramente académico”, señala Romero. La Junta sin embargo, defiende el procedimiento. “Nada se puede objetar al criterio de la Inspección educativa, que nos merece todo el respeto y la credibilidad. Nadie puede cuestionar que el procedimiento ha sido absolutamente limpio y riguroso y nadie puede cuestionar que la candidata propuesta por la Inspección es la más idónea por sus méritos y capacidad", aseguran desde el Gobierno andaluz.

Efectivamente, la normativa permite al delegado provincial de la Consejería de Educación nombrar directamente y sin proceso selectivo, a un director o directora en funciones de un centro educativo cuando cesa por jubilación el director. “Lo extraño de todo esto es que hagan una convocatoria de méritos, cuando la delegada podría haber nombrado a cualquiera. Está claro que así se guardaban las espaldas, pero en cuanto ven que hay alguien que tiene más méritos, cambian las condiciones”, se queja a este diario Esperanza Utrera. La candidata con mayor puntuación objetiva está preparando su propia reclamación, tras solicitar a la Inspección que publique la puntuación de los méritos. “Han hecho un paripé para dar la imagen de transparencia, pero parece que se les ha terminado el paripé”, insiste Utrera. “Ahora hablan de fuentes, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo para cotejar nada y eso sería lo normal, ¿no?”, se lamenta la profesora.

Dolores Moreno: "¿Por ser 'hermana de' no puedo optar a nada en mi vida?"

Dolores Moreno defiende el procedimiento por el que consiguió la plaza como directora interina del Conservatorio Superior de Danza de Málaga. “El proceso es el habitual y ha sido nítido y claro. No tengo nada que ocultar ni se me ha tratado de beneficiar”, explica la profesora de Danza Clásica a este diario.

Moreno defiende su capacidad para dirigir el centro y esgrime su trayectoria profesional como aval para quitarse el estigma de hermana de. “Parece que ser familiar te pone bajo sospecha y por eso yo me he preparado un currículo”. La hermana del presidente andaluz cuenta con 14 años de docencia, cuatro carreras —dos títulos en grado superior de Danza, clásica y española, Psicología y Magisterio—, un doctorado en Psicología y un máster en liderazgo educativo.

Lamenta las reclamaciones que se han presentado tras ser nombrada. “Hay una intencionalidad por desacreditarme”, asegura. Moreno considera “una interpretación malintencionada” que otras aspirantes entiendan que el concurso de méritos era una pantalla para ocultar que se quería nombrar a la hermana del presidente de la Junta como directora. “Esto no es un regalo ni un caramelito, no tengo una Consejería, es la dirección de un centro educativo en un año difícil para la educación superior. Aquí se está por vocación”, alega Moreno. “Si quieren el puesto que se presenten de nuevo cuando salga la plaza definitiva”, insiste.

“Yo me lo pensé mucho antes de presentarme y lo hice porque tengo detrás el apoyo de mis compañeros y porque quiero aportar mi granito de arena a la enseñanza”, resume Moreno sobre las razones que la llevaron a optar al cargo." 

( Eva Saiz , El País, 14/08/19)

 

" La Fiscalía archiva la investigación sobre el puesto de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía.

 La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias abiertas para investigar el procedimiento por el que se designó a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía como directora en funciones del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Ángel Pericet. El verano pasado, María Dolores Moreno fue nombrada para el puesto tras pasar por un concurso extraordinario de méritos previo pese a que otra de las aspirantes obtuvo mayor puntuación. El Ministerio Público ha concluido que su designación se realizó “cumpliendo lo establecido en la norma”.

El fiscal considera que según la normativa el procedimiento admite “una cierta discrecionalidad” en cuanto a la valoración de los candidatos y no aprecia indicios suficientes para estudiar el caso en la vía penal, al entender que no hubo ningún tipo de acuerdo o connivencia previa entre el inspector que decidió optar por el procedimiento de concurso de méritos y la hermana del presidente de la Junta. La Fiscalía inició la investigación en noviembre pasado a raíz de una denuncia de la aspirante que concurrió al proceso de selección con Moreno y que obtuvo 49,50 puntos sobre 50 posibles, frente a los 38,20 que obtuvo aquella. La demandante, contactada por este diario, no ha recibido el escrito de archivo.

Desde la Junta de Andalucía se negó cualquier trato de favor a Dolores Moreno, asegurando que el concurso de méritos no era necesario y que, finalmente, se tuvieron en cuenta “otros criterios técnicos”. El pasado mes de septiembre, el consejero de Educación, Javier Imbroda, en sede parlamentaria, también defendió la actuación rigurosa de la Inspección en todo el proceso de selección. El presidente de la Junta de Andalucía también defendió que el procedimiento había sido “absolutamente limpio y normal” y que él jamás se había “entrometido o hecho injerencias en la Inspección educativa”.

Tanto la profesora que presentó la denuncia ante la Fiscalía, como otra de las que concurrió al proceso de selección con la hermana del presidente andaluz solicitaron por escrito el pasado 12 de junio a la Inspección información sobre los criterios para atribuir la plaza a Moreno, que atesora 14 años de experiencia docente y que obtuvo la categoría de catedrática el pasado julio. En su respuesta, la Inspección reconoció haber “recabado información de otras fuentes” para tomar su decisión, y se negó a “publicar la puntuación de los méritos y la información complementaria recabada” para relegar a Utrera y otorgar la plaza de directora a la hermana del presidente andaluz.

La Fiscalía entiende que la Inspección propuso a la hermana de Moreno al valorar "su idoneidad para el puesto" frente a la denunciante, según consta en los informes; un procedimiento que el fiscal no entiende irregular al seguir el decreto y porque es coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito

Este diario pudo recabar la versión Juan Carlos Martínez, el inspector que dirigió el proceso de selección y que se decantó por Moreno, pese a que otra candidata la superaba en 11 puntos. Martínez explicó que para adoptar su decisión consultó con el anterior inspector adscrito al conservatorio y con el director saliente, José Gutiérrez. “Ambos me desaconsejaron su nombramiento [por Utrera]”. “Yo recabé datos y propuse a una persona desde el punto de vista técnico, que no tiene que ser la que tiene más experiencia, sino la más adecuada”, señaló Martínez, quien recordó que su informe no era vinculante y podría haber sido rechazado por el jefe de la Inspección y por la delegada territorial. El anterior director del centro negó a este periódico que el inspector le hubiera consultado sobre la idoneidad de alguna de las aspirantes después de haber mandado el correo con los requisitos para aspirar al puesto de dirección el 29 de mayo. “Jamás habló conmigo, ni se dirigió a mí, ni yo desaconsejé en ningún momento el nombramiento de Utrera”, aseguró."

(E. S. , El País, 03/02/20)  

El Gobierno Vasco se alía con Google Cloud para privatizar la infraestructura digital de los centros educativos... De este modo, la administración pública deberá desplazar sus servicios de educación a la nube de la multinacional estadounidense durante los próximos cuatro años y entrega, sin recibir cuantía económica alguna, los datos de todos los alumnos de la CAPV.

"El boletín del Gobierno Vasco publicado el pasado jueves confirmaba la renuncia a la soberanía digital de este territorio en el ámbito educativo al anunciar un partenariado entre el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y la rama de computación en la nube de Google. El objetivo de este es desplazar los datos de todos los estudiantes hacia los centros de datos del gigante estadounidense a cambio de utilizar los servicios de Google Workplace, incluyendo Gmail, Meet, Drive, Docs, entre otros.

La resolución, fechada en el 11 de abril y adelantada por Argia, está firmada por Jon Iñaki Urbina, director de Secretaría de Gobierno y Relaciones Parlamentarias, y contiene un convenio de 36 páginas donde la administración se compromete a utilizar esta plataforma durante los próximos cuatros años y entregar la información del alumnado sin contraprestación económica alguna.

Google se ha comprometido a “colaborar con el Departamento en la creación de un grupo de trabajo mixto para asistir a reuniones de seguimiento y analizar el desarrollo del proyecto así como la posibilidad de aportar ideas de nuevas funcionalidades en las aplicaciones Google existentes, o nuevas aplicaciones; así como disponer la elección por parte de Google de los representantes de Google en dicho grupo de trabajo”. Este lenguaje tecnocrático refleja el desplazamiento de las decisiones políticas desde las instituciones públicas hacia empresas privadas.

A este respecto, el Departamento de Educación manifiesta “disponer de los recursos técnicos necesarios para la correcta ejecución del proyecto de despliegue de los Servicios”, aunque no específica los costes que tendrá para el erario. Tampoco especifica qué implicaciones tiene comprometerse a “colaborar en el diseño y ejecución del plan de formación de las asesorías de formación permanente de los centros del profesorado”.
Largo historial de externalizaciones

Bajo la falsa promesa de la digitalización, las instituciones cogobernadas por el PNV y PSE-EE han gastado hasta ahora 3 millones de euros en externalizar las plataformas digitales educativas a Microsoft. Hasta el momento, el Gobierno Vasco ha firmado dos grandes acuerdos con Microsoft, una de las grandes multinacionales de Silicon Valley, por valor de 18 millones de euros (15 millones entre 2018 y 2020; 3 millones en 2017) para que asuman el control de las infraestructuras tecnológicas.

Por otro lado, las partidas del Departamento de Educación destinadas a subvencionar la compra de ordenadores de Google y Microsoft entre la red de escuelas concertadas se dividen entre 2020 (6,3 millones) y 2021 (9 millones). Cada Chromebook y Windows le ha costado al erario público entre 300 euros y 445 euros respectivamente.

Además de estos dispositivos, las administraciones vascas también han decidido remar en la corriente contraria al software y hardware libre, claves en cualquier noción de soberanía digital. Por ejemplo, el Departamento de Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) ha firmado desde 2015 contratos anuales de entre 650.000 y 700.000 euros para el suministro de Licenciamiento de Productos Microsoft para Educación, de acuerdo a los datos presentes en la Plataforma de contratación de Euskadi.

Los acuerdos entre las instituciones educativas públicas y Google han sido ampliamente criticados internacionalmente por no garantizar la privacidad de los alumnos y por privatizar la educación en la era digital. En palabras de Nagore Iturrioz, del sindicato Steilas, “fidelizan al alumnado, pero sobre todo hacen imposible que nadie se escape de su ecosistema informático, ya que alumnado y profesorado, junto con las familias se convierten en rehenes de estos gigantes informáticos.”                               (El Salto, 22/04/22)

En cuanto a los comentarios acerca de la vigilancia contra la desigualdad en Estados Unidos, solo me queda reír. Siempre ha habido un sistema de admisiones universitarias distinto para los ricos, así como siempre ha habido un sistema de justicia penal distinto para ellos. Cuando eres rico todos los problemas tienen la misma solución: ¿a quién le hago una transferencia para que me solucione esto?

“No puede haber un sistema de admisiones universitarias aparte para los ricos”, dijo Andrew Lelling, el fiscal estadounidense del distrito de Massachusetts, cuando anunció los cargos por una extensa confabulación en la que decenas de padres adinerados están acusados de sobornar para que sus hijos entraran a universidades estadounidenses de élite. “Y agregaré que tampoco habrá un sistema de justicia penal aparte”.

No me opongo a los cargos, pero, en cuanto a los comentarios de Lelling acerca de la supuesta vigilancia contra la desigualdad en nuestro país, solo me queda reír.

Siempre ha habido un sistema de admisiones universitarias distinto para los ricos, así como siempre ha habido un sistema de justicia penal distinto para ellos. (Véase Manafort, Paul).

La verdadera noticia en la conspiración de sobornos universitarios no es que los ultrarricos hayan descubierto un atajo para ingresar a las universidades de élite. Más bien, la verdadera historia en este caso tiene que ver con los pequeños encantos de los burgueses no tan ricos. En vez de las perfidias de la gente con cientos o miles de millones de dólares, los cargos ilustran la ansiedad que aflige a las personas que están justo por debajo de lo más alto en la jerarquía social.

Si observamos a los padres acusados sabremos que simplemente son minititanes de la tecnología, las finanzas, la abogacía y el entretenimiento, la mayoría perteneciente a una categoría que el multimillonario Peter Thiel alguna vez describió con adolorida simpatía como “los millonarios de un solo dígito”.

Mientras que los multimillonarios están aplastando a la sociedad a gran escala, los millonarios de un solo dígito se están esforzando para aplastarla solo un poco. Más allá de lo que dice el ardid de sobornos sobre la integridad del sistema educativo estadounidense, los cargos cuentan una historia acerca de la democratización de los sobornos o, lo que podríamos llamar de manera acertada, su uberización.

Una de las principales funciones de la economía de los últimos años ha sido permitir que la gente en los más bajos niveles del uno por ciento viva como los más ricos, en el nivel del 0,1 por ciento al proporcionar conductores, cocineros, asistentes personales, empleados de limpieza, mayordomos, aviones privados y servicios de entrega de comida con tan solo oprimir un botón a cualquiera que tenga la suerte de tener más dinero que tiempo.

Ese tipo de conveniencia de solo oprimir un botón ha llegado al negocio de los favores especiales. Los multimillonarios compran a los senadores y a los presidentes, así como alas de museos y cátedras subvencionadas. Los millonarios de un solo dígito, que buscan imitar a sus colegas más adinerados, participan en formas de corrupción de menor escala pero no menos corrosivas, quizá porque se han acostumbrado socialmente a superar todos los obstáculos a través de una aplicación.

Debido a que cuando eres rico estás rodeado de un mar de personas que no lo son, todos los problemas comparten la misma solución: ¿a quién le hago una transferencia para que me solucione esto? (...)

Como lo dijo Bob Dylan: “El dinero no habla, insulta”. El exceso de riqueza no solo te permite comprar cosas lujosas. También puedes adquirir poder e influencia, clase y permanencia. Te ayuda a comprar la certidumbre corrupta de que todos los problemas de la vida serían evadidos a través de una puerta lateral especial, y lo hace a costa no solo de los pobres, sino de todos nosotros, y acaba incluso con la feble ilusión de la meritocracia, que de alguna manera aún seduce a la política estadounidense.  (...)"                     ( Farhad Manjoo  , The New Times.es, 14 de marzo de 2019)

El Plan Bolonia consistió en reducir al máximo la parte de las carreras con precios relativamente públicos (los grados) y hacer gravitar los curricula en torno a los másteres de precios desorbitados. Han sido estas reformas (absolutamente exitosas, porque el movimiento anti-Bolonia fue derrotado) las que abrieron la posibilidad de institucionalizar este tipo de pocilgas que ahora tanto nos escandalizan

"Hay algo que me tiene estupefacto en las tertulias de estos días sobre la Universidad Rey Juan Carlos y los másteres del Instituto Universitario de Derecho público (IDP). Hay algunos tertulianos que, con el tono de estar ya perdiendo la paciencia, explican que lo ocurrido con los másteres del IDP demuestra que la Universidad necesita de reformas a fondo. 

Incluso he llegado a escuchar varias veces que hay que poner a la Universidad en condiciones de poder afrontar los “nuevos retos y desafíos” que le plantea la sociedad. Yo no salgo de mi asombro. 

Es la misma mierda con la que, precisamente, se implantaron las reformas universitarias que nos han llevado a esta situación. Durante los doce años de lucha contra las reformas de Bolonia, la propaganda del gobierno y del círculo de empresarios no paró de repetir que había que “poner la Universidad al servicio de la sociedad” para que fuera capaz de afrontar los “nuevos retos y desafíos”. 

Y han sido, precisamente, estas reformas (absolutamente exitosas, porque el movimiento anti-Bolonia fue derrotado) las que abrieron la posibilidad de institucionalizar este tipo de pocilgas que ahora tanto nos escandalizan.

En el año 2000, ante la amenaza ya del Informe Bricall, las Universidades públicas empezaron a prepararse para competir con la privadas. Se invirtió en toneladas de propaganda para imponer la idea de que había que flexibilizar las rígidas instituciones de la Universidad estatal, acabar con la autoridad de las cátedras y los departamentos, y sustituirlos por los fugaces y dinámicos “grupos de investigación” que actualmente son la norma de nuestra vida universitaria.  (...)

Mientras tanto, se inició la verdadera reconversión económica de los estudios superiores: reducir al máximo la parte de las carreras con precios relativamente públicos (los grados) y hacer gravitar los curricula en torno a los másteres de precios desorbitados.

Como propaganda de todo este proceso, en 2004, se llegó a utilizar un power point (Valcárcel, “La preparación del profesorado para el EEES”, ahora desaparecido de las redes, me parece) que presentaba una “utopía posible: la ilusión por el aprendizaje”, que se me antoja que el IDP de la UJRC logró realizar con mucho éxito. 

Se trataba de lograr construir una nueva universidad, en la que una alumna (!) pudiera resumir su vida académica con las siguientes palabras: 

 “La gente de la universidad parece feliz, como si lo hicieran todo por puro placer. La relación entre alumnos y profesores es de lo más cordial, casi de colegueo. No hay notas, ni exámenes, la gente está aquí porque disfruta con ello. En el edificio hay un salón con una pequeña cocina donde, de vez en cuando, hacen reuniones informales alumnos, profesores y a veces artistas. He solicitado una plaza para dos cursos intensivos de una semana cada uno, estoy ansiosa por empezarlos. Son de 9 a 4 de la tarde. Aunque no asistas a los cursos puedes utilizar los talleres y hay muy buen ambiente.” Esta era la “utopía”.

 Algunos tomaron nota y se pusieron a ello, creando pocilgas académicas como la del IDP, valiéndose para ello de la tan anhelada “autonomía económica” que también incluía la propaganda del Plan Bolonia (al IDP se le permitió, incluso, dotarse de un CIF propio), autonomía que incluía, por supuesto, unas tasas de matriculación prohibitivas para el populacho.

No. Esta Universidad podrida no es que necesite reformas. Es que es el resultado de unas reformas contra las que los estudiantes y (algunos) profesores se opusieron durante doce años en una lucha desigual. El movimiento estudiantil no paró de explicar que “Bolonia no existía”, que no era más que una tapadera para una reconversión neoliberal de la Universidad estatal. Desde el año 2000, en las Juntas, los Claustros y las calles no cesó de lucharse, sobre todo -mira tú por dónde-, contra la figura del “máster”, que se consideraba una avanzadilla de la Universidad privada que penetraba cada más en la Universidad estatal. Actualmente, ya nadie piensa que puede tener un curriculum universitario que se precie si no figuran ahí algunos másteres de prestigio.  (...)

El sentido de todo esto que está ocurriendo en la Universidad desde hace dos décadas no es difícil de diagnosticar. Los estudios superiores habían dejado de ser patrimonio de una élite y, cada vez más, las clases populares tenían acceso a la Universidad. Eso costaba mucho dinero. Y desde 1998, empezó a concebirse que ese dinero podía ser mejor utilizado que en dar estudios a los trabajadores. 

Si se condicionaba la financiación pública a la previa obtención de fuentes de financiación privadas (sustituyendo los departamentos y las cátedras por grupos de investigación compitiendo por obtener recursos), las grandes empresas podrían utilizar la Universidad estatal como un cajero automático para aspirar dinero público. 

Pongamos que la casa Bayer está interesada en invertir diez euros en investigar tintes para teñir de rubio los anos oscuros (según las modas pornográficas). No es una investigación que tenga la dignidad de una posible vacuna contra la malaria. Pero si la casa Bayer financia con 10 euros un grupo de investigación, el Estado estará gustoso de aportar 100 euros y diez becarios, diez jóvenes que, en realidad, estarán trabajando para la casa Bayer, pagados con el dinero de los impuestos, es decir, de otros trabajadores. 

De este modo, se marcan las prioridades de la investigación universitaria y las empresas obtienen dinero público para sus propios fines privados. El caso de lo que ocurrió con la viagra femenina en EEUU ilustra muy bien esta lógica perversa. Ya hemos hablado bastante de eso en nuestro libro Escuela o Barbarie.

Mientras tanto, las clases populares vuelven a tener difícil el acceso a la Universidad. Aún logrando unos estudios de Grado (aunque el precio de matrícula, en España, se ha multiplicado por cuatro), es difícil ingresar en el mundo del máster. De este modo, las élites sociales, hasta entonces refugiadas en las Universidades privadas, se han apropiado también de la Universidad pública. La propaganda de Bolonia, en este punto, tampoco disimuló nada. 

 Se habló sin parar de que la población, en general, estaba sobrecualificada. Se consideró absurdo que el dinero público sirviera, en efecto, para fabricar doctores que luego trabajaran en la hostelería o de repartidores de Amazon. Luego, por supuesto, la podrida lógica privada, ahora financiada con dinero público, construye los chiringuitos a su medida. Una vez que has pagado unos estudios superiores, lo de estudiar es lo de menos.

 Hay que dar facilidades a las personas importantes que pagan su máster, para eso lo han pagado. Y como estaba previsto en la propaganda de Bolonia, los contenidos no son importantes, puesto que ya están en Internet y no hay más que descargarlos. Esto no es plagio, es lo que estaba previsto.

En todo esto, hay algo mucho más grave que el caso de unos cuantos políticos que han tenido que dimitir. Se ha robado la Universidad a las clases trabajadoras. Y se ha robado a la humanidad una de sus más bellas conquistas: el derecho universal a estudiar. 

Era lo único que, durante mucho tiempo, tuvieron los pobres, el sueño de tener hijos o hijas universitarios. Para la que se ha llamado la “generación mejor formada de la historia”, las cosas serán muy distintas, porque sus hijos no podrán estudiar en la Universidad. Eso, si tienen hijos, claro, porque la cosa tampoco está para lujos."              (Carlos Fernández Liria, Cuarto Poder, 14/09/18)

Cuando hablar de un máster sirve para tapar la privatización de la enseñanza pública. La Universidad Rey Juan Carlos es una de las avanzadillas de ese modelo educativo... con la convenios de colaboración en la formación de cuadros dirigentes, en la política, las administraciones públicas y en las empresas

"(...) la pillada de Cifuentes es el modo último que ha empleado el capital para asestar otro gran golpe al crédito de la enseñanza pública y a ello han jugado tanto los poderes económicos y los sectores de la derecha (Ciudadanos) interesados en el desplazamiento de lo público hacia lo privado como los de izquierda (los progres), ávidamente interesados en sustituir a las élites políticas del momento.  (...)

Hoy el capitalismo tiene serios problemas para encontrar en la producción industrial la acumulación de capital que necesita para reproducirse. El proceso de desmonte del Estado del Bienestar le brinda la ocasión de convertir su crisis en oportunidad. (...)

La URJC (Universidad Rey Juan Carlos) es una de las avanzadillas de ese modelo educativo. Los convenios de colaboración en la formación de cuadros dirigentes, en la política, las administraciones públicas y en las empresas   han sido la tónica habitual en la concesión de estos estudios postgrado. Los medios del capital han preferido no hablar  apenas de las connivencias público-privadas.

Lo que la URJC representa como ejemplo concreto de penetración de la “iniciativa privada” (capital privado, para entendernos)  en la educación pública, lo encarna la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), compuesta por 50 universidades públicas y 26 privadas.

Ni la URJC (ligada al PP), ni la CRUE (creada en el último período PSOE de Felipe González) pueden hacerse el harakiri de una autocrítica sobre sus procedimientos, más que dudosos, respecto a la manera en la que han corrompido la valoración de sus estudiantes a partir de la fabricación masiva de títulos. La transición desde el prestigio de la universidad pública hacia su descrédito requiere de cierta cautela y “savoir faire”.

 No se puede ir demasiado a lo loco y poner en evidencia la manera en la que se intentan cargar la enseñanza pública superior. Todavía queda cierta masa crítica, cierto que incapaz de denunciar este proceso dentro del ruido mediático iniciado por un medio progre (El Diario), que no habla de estas cosas, y seguido por todos los demás interesados en el mismo objetivo.

Mientras tanto les sugiero que se interesen por cómo en determinados ámbitos privados, y les aseguro que proliferan, se están ofreciendo titulaciones de máster, sobre todo en MBA, asunto tan buscado no solo entre candidatos a nuevos tiburones económicos sino también por los políticos al alza, con el fin de prestigiarse.

Se da el caso de que dichas titulaciones en universidades privadas se ofrecen incluso online, sin ir a la clase ¡Qué casualidad!, como en el caso de Cristina Cifuentes, que tampoco apareció por las aulas.

En un mundo dominado por el fetichismo de la mercancía del título universitario, luego que la diferencia entre diplomado y licenciado se borró con el invento del grado, tras la superinflación de titulaciones superiores porque la Formación Profesional era para tontos, a pesar de su alta cualificación y mejores salidas laborales, sólo el máster podía ser el salto superior a la carrera universitaria. Y así andamos. No aprendemos.

A los hijos de la clase trabajadora nos van poniendo nuevos escalones que nos distancien en la pirámide social, sin que nos planteemos si el objetivo de nuestras vidas debe pasar por desclasarnos y competir en un mundo en el que el asalariado siempre irá a la baja, y más si viene de la universidad pública, porque se trata de desprestigiarla.

 Si nuestra clase de origen no nos permite saltar los nuevos obstáculos que nos crean las dominantes ante la inflación de títulos y el exceso de demanda del candidato a un puesto de trabajo, tanto peor para nosotros.  (...)"                   (Marat , Sociólogo, Crónica Popular, 26/04/18)

¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político?

"¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió? (...)

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”.  (...)

-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido.

 ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.

La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.

Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política  (...)

No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.

Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos. 

Uno de los aspectos más preocupantes del escándalo en la URJC es que muestra cómo se acaban banalizando comportamientos inadecuados y tolerando cosas casi sin darse uno cuenta

Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros).

 La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.

-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. 

En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. 

Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.

Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. 

En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.

-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 

Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.

No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. 

Algunas relaciones son casi de vasallaje. Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna. (...)

En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.

Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles."              (Isidoro Tapia, El Confidencial, 10/04/18)

Los otros masters,,, los de la jeta... la catalana

"Si Cristina Cifuentes ha mentido que lo pague. De hecho ya tarda. Ella sabrá sí tiene que dimitir o no, pero si tiene que dimitir cuanto antes mejor.

Yo, cuando dijo que no encontraba el trabajo en cuestión tras tres mudanzas sucesivas, llegué a creérmela. Soy hombre de papeles y sé lo que es una mudanza. He hecho muchas en mi vida. Pero también es cierto que, en la época de los ordenadores ... ¿lo hizo a mano? ¿a máquina?. No cuela.

Da igual, en Catalunya vamos de puretas. Como es del PP ha sonado aquel grito ancestral de “a por ellos”. Va a ser la venganza por el 1-O. Cristina Cifuentes es un pez gordo. Y a un año de las elecciones no es cuestión de desaprovechar una ocasión como ésta.

Pero, aquí hay que recordar que tuvimos un president que no acabó la carrera. Y que cuando lo admitió -¡en un pleno del Parlament!- dijo que había sido por el accidente de tráfico. Permitan que, ponga en duda la relación causa-efecto. Permitan que lo dude. Tiendo a pensar mal. Deformación profesional. Es hombre, por otra parte, que suele dejar las cosas a medias.

El colega Carles Enric me recordaba ayer en twitter que fue director de la Casa de Cultura de Girona a pesar de que los estatutos exigían licenciatura. El artículo 22 establece, en efecto, que el director general "tendrá que estar en posesión de un título superior".

No es ningún secreto, por otra parte, que lo puso en el cargo su amigo Carles Páramo, entonces alcalde de Roses y presidente de la Diptuación de Girona. Hasta lo casó él.

Tenemos también el caso de Joana Ortega, vicepresidenta del Govern, que no tenía el título de Psicología pese a lo que indicaba el currículum oficial.

Recuerdo que, cuando me llamó, uno de mis hijos estaba a punto de celebrar un partido de hockey en una localidad de Osona. Cuento la experiencia personal, pese a ser reacio a hablar de estas cosas, porque me quedó grabado. Como la muerte de Lady Di o el asesinato de Ernest Lluch. Recuerdas lo que estabas haciendom en ese preciso momento.

Me pidió, por favor, si podíamos no destacarlo. Le dije que si no había ocultado información durante el tripartito no lo haría ahora que ellos habían vuelto al poder. Los colegas de Nació Digital lo habían dado antes. Pero a escondidas.

Sospecho que no me lo perdonó nunca. Está en su derecho. Nuestra relación no volvió a ser la misma. Aunque la conocía desde que era una simple diputada en la comisión de control de la CCMA. El otro día la encontré en la presentación del libro de Santi Vila:

- ¿Cómo estás?
- Bien

El proceso también nos ha alejado.

Al final consiguió acabar la carrera en la Universidad Abad Oliba, privada y religiosa. No quiero volver a pensar mal pero ¿cómo se puede acabar la carrera siendo vicepresidenta? O tenía poco trabajo o la aprobaron por la cara. Me gustaría saber qué tuvo que hacer para sácarse las dos asignaturas en cuestión. Mejor no preguntar.

Hay que recordar igualmente, a pesar de que ya esté fallecida, a Carme Chacón. Tampoco tenía el doctorado. Había hecho el programa pero no había presentado la tesis. Ambos requisitos académicos son necesarios.

Sé de lo que hablo porque yo hice los cursos y la tesina, pero ni siquiera me puse con la tesis doctoral. Prefiero el periodismo de calle que la vida académica. No voy por la vida diciendo que soy doctor.

Y en fin, el último ejemplo: a ver cuantos colegas de Urdangarin le vieron en las clases durante el máster en una escuela de negocios de tanto prestigio como Esade. Dicen que, el día de la graduación, hasta hubo silbidos.

En Catalunya no se habla de otra cosa que del máster de Cifuentes. Es una manera también de tapar el proceso. O el fiasco del proceso. TV3 dedicó ayer hasta su programa de tarde al evento. Todas las tietes pendientes de la conexión en directo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ya se sabe que los catalanes somos la hostia. Más altos, más guapos y hasta más inteligentes que los españoles. Tampoco hay un palmo de corrupción en esta bendita tierra. Lo del caso Palau fue una simple anécdota. Todo luce, como diría mi abuela, limpio com una patena."            (Xavier Rius, director de e-notícies, 05/04/18)

La inacción y el cinismo de los responsables de la universidad pública Rey Juan Carlos solo confirman la sospecha devastadora sobre el nivel de corrupción que ha alcanzado el sistema universitario en España

"A partir de las primeras informaciones de eldiario.es sobre el caso Cifuentes los periódicos han escrito un relato irrevocable que lleva este título: 

"La presidenta de la comunidad de Madrid obtuvo un máster en la Universidad Rey Juan Carlos sin cursar todas sus asignaturas".

 La presidenta, el rector y el director del máster son los responsables y los tres deben asumir las consecuencias del escándalo. Pero hasta el momento no lo han hecho. Tampoco la Asamblea de Madrid, el Partido Popular y la Comunidad Universitaria les han obligado a ello. De tal modo que, como sucede a veces, la reacción ante el escándalo se convierte en el mayor escándalo. 

Respecto a la Asamblea hay una responsabilidad derivada que es la del partido Ciudadanos. Su insistencia en la formación de una comisión de investigación ha sido una pobre manera de ganar tiempo y perder crédito. Y el argumento de que la destitución de la presidenta no podía llegar sin las conclusiones de la comisión, irrisorio. 

Lo sustancial del caso lo ha dicho el periodismo, que es la principal comisión de investigación de las democracias, aunque como ellas también se vea amenazado por el espectáculo, la mentira, la desinformación y la incompetencia.

 Ahora Cs exige al Pp que aparte a Cifuentes, pero esa pretensión es humo si no va acompañada de su disposición a apoyar la moción de censura socialista. Lejos de obligar a irse a Cifuentes el Pp la ha arropado en la enrojecedora convención del fin de semana y sigue haciéndolo después de la última exigencia de C's.

 Su inmoral actitud es la más fervorosa adhesión a los hechos alternativos y a la posverdad de que haya hecho hasta ahora gala un partido político español. No es que el PP mienta con Cifuentes. Es mucho peor. Es que no le importa la verdad. Un reflejo trumpista, (...). 

En vez de encarar los ásperos hechos, el PP ha activado la busca y captura de la fuente originaria y se rasga las vestiduras ante la posibilidad de que haya actuado por venganza. Oh, oh. Como si el PP no tuviera la prueba, ¡y en sus propias filas!, de que la verdad es tantas veces la hija legítima de la venganza. En cuanto a los responsables de la Rey Juan Carlos su inacción y su cinismo solo confirman la sospecha devastadora sobre el nivel de corrupción que ha alcanzado el sistema universitario en España.

Este caso Cifuentes y su ejemplar enseñanza sobre la degradada noción de la responsabilidad de las élites españolas."                       (Arcadi Espada, El Mundo, 10/04/18)