Lanzarote, una isla colapsada donde la pobreza y el turismo crecen al mismo ritmo... lo que evidencia un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población local a la hora de satisfacer dignamente sus necesidades básicas... así que ha iniciado ya los trámites para ser la primera isla del Archipiélago canario que se declara Zona Turísticamente Saturada

 "Lanzarote colapsó hace 20 años. En 2003, esta isla canaria de 845 kilómetros cuadrados superó su capacidad de carga turística, es decir, el número máximo de visitantes que un destino puede recibir sin que se deteriore. Han pasado dos décadas y el turismo y la oferta alojativa no han dejado de aumentar. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de una movilidad más sostenible. Tampoco han bajado las emisiones. Por el contrario, la llegada de turistas se ha acelerado al mismo ritmo que la pobreza y la creación de empleos precarios. 

Lanzarote ha iniciado ya los trámites para ser la primera isla del Archipiélago canario que se declara Zona Turísticamente Saturada. El Consejo de Gobierno del Cabildo insular, con Dolores Corujo (PSOE) al frente, tomó esta decisión en mayo de este año a partir de un diagnóstico sobre la capacidad de carga elaborado por Gaia Consultores Insulares SLU. Esta redacción ha tenido acceso al informe completo, que elabora una radiografía del territorio y propone algunas medidas para revertir el impacto negativo del desarrollo turístico en el entorno y en la calidad de vida de los residentes. 

 Poco más de 150.000 personas habitan en Lanzarote en la actualidad, y desde 2017 la cifra de visitantes es 20 veces mayor que la de residentes. Solo el año pasado, la isla recibió 3 millones de turistas. “Los indicadores muestran que aún no se ha abandonado la cultura del desarrollo turístico, basado en el aumento del número de turistas y de la capacidad de la planta alojativa”, advierte el diagnóstico. “Tampoco se ha abandonado el binomio turismo-construcción como concepto erróneo de progreso turístico”, añade. A pesar de la conciencia medioambiental y del legado que dejó el artista César Manrique, el deterioro ambiental, paisajístico y territorial pone a Lanzarote “en riesgo” de convertirse en un destino turístico “carente de competitividad”. 

 En un territorio limitado donde el 51,8% de la superficie está protegida, el control es clave. Los Jameos del Agua, las Montañas del Fuego, La Graciosa o las bodegas de La Geria son algunos de los espacios naturales más frecuentados. Las largas colas de coches para entrar en Timanfaya o los incidentes vividos en los Centros de Arte, Cultura y Turismo exigen a las administraciones reforzar el personal y la vigilancia. En solo un año, tres personas se han saltado la prohibición de bañarse en el espacio protegido de los Jameos del Agua para publicar un vídeo en sus redes sociales. El estudio propone “educar” a los turistas en los valores propios de la isla para evitar la “vulgarización de comportamientos” que se reproducen en Internet. 

Un índice de motorización superior al de Barcelona 

Uno de los principales problemas que enfrenta la isla es la “sobremotorización”. En 2005 había en Lanzarote 95.987 vehículos, pero la cifra ascendió hasta los 137.528 coches en 2022, de los cuales tan solo 424 eran eléctricos. A este dato debe sumarse toda la flota de vehículos de alquiler que se oferta a los turistas. Según el informe, la tasa es de 596 coches por cada 1.000 habitantes, un índice de motorización que supera al de Barcelona (570 por cada 1.000 habitantes)

En la isla se abusa del automóvil privado no solo en la rutina cotidiana de los habitantes, sino también para poder acceder a los recursos y actividades turísticas, a las que a veces resulta imposible llegar en transporte colectivo. El problema se ha agravado tanto que el transporte terrestre genera el 50% de las emisiones de dióxido de carbono en Lanzarote. La única solución es, de acuerdo con el informe, proponer soluciones de movilidad sostenible, como apoyar el uso de transporte público, apostar por vehículos colectivos de cero emisiones, mejorar los accesos peatonales y en bicicleta y mantener la red insular de senderos.

Además del transporte, el consumo de agua y de electricidad supone el 40% de las emisiones. La disponibilidad de agua para consumo depende de la producción de agua potable desalada, sustentada por cuatro desaladoras. El consumo de agua ha tenido una “tendencia de crecimiento significativa”. En 2022, después de la pandemia, Lanzarote alcanzó su récord de consumo, con 12,27 millones de metros cúbicos. En cuanto a la energía eléctrica, la aportación de las renovables en 2021 era solo de un 11,32%. 

Otro indicador que no deja de crecer es la generación de residuos. En 2018, la isla produjo 144.703 toneladas de basura, una ratio per cápita de 709 kilos por habitante al año. La cifra supera con creces la media de Canarias, que cae a 583 kilos por persona. Durante el confinamiento, la generación de residuos experimentó un brusco descenso, cuenta el diagnóstico, que también señala el alto porcentaje de hogares que reciclan frente al bajo número de establecimientos de hostelería que separan los desechos. 

Dónde meter tanta basura será pronto otro de los retos de Lanzarote. El Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) ya ha advertido que el Complejo Ambiental de Zonzamas, pese a haber renovado recientemente sus instalaciones, necesitará volver a adaptarse. La tendencia al alza de la generación de residuos hace que el vertedero de la isla esté a punto de agotar su capacidad.

Cifras de empleo vs. ingresos por el turismo 

Lanzarote ha logrado en 2022 la cifra más baja de desempleo de la última década, con 8.973 parados. Según el informe, se trata de índices elevados para una economía fundamentada en un “turismo pujante”. Al mismo ritmo que ha crecido el empleo, ha aumentado la precariedad laboral “en todas las ramas del sector turístico”. 

Los datos que aporta este estudio evidencian que, por cada 10.000 euros de ingresos en el sector alojativo, se generaron en 2019 1,78 empleos. Por cada 1.000 pernoctaciones, se crearon 6,95 puestos de trabajo. Por cada 100 viajeros entrados a la isla, fueron empleadas cinco personas. El número de personas en Lanzarote que viven bajo el umbral de la pobreza también se ha duplicado, pasando de un 9,4% en 2001 a un 18.4% en 2018. El análisis identifica un “bajo nivel de eficiencia de retorno de una economía turística insular que se supone pujante. Esta tendencia evidencia un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población local a la hora de satisfacer dignamente sus necesidades básicas”, asevera. 

 La población isleña se enfrenta además a un nuevo fenómeno: la vivienda vacacional. En 2022, se contabilizaron en la isla 6.826 viviendas vacacionales, a las que hay que sumar aquellas que no están registradas. “El incremento de la vivienda vacacional tiene un importante impacto en la oferta de viviendas de alquiler de larga temporada para la población residente y un fuerte aumento de los precios”, advierte el estudio.

La intención de declarar Lanzarote como isla turísticamente saturada ha sido rechazada por la mayoría de los grupos que hasta ahora estaban en la oposición, como el Partido Popular o Coalición Canaria. La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, impulsada por el gobierno de CC, establece que los planes insulares pueden identificar aquellas zonas o núcleos donde no se deben permitir nuevos crecimientos turísticos. Sin embargo, no especifica qué medidas se deben tomar. El PSOE ha propuesto que los planes insulares de ordenación tengan en cuenta a partir de ahora los datos que aporta esta radiografía y el colapso que atraviesa Lanzarote. 

El informe concluye que la necesidad de declarar la isla saturada de turistas no es solo porque “ya se han superado con creces” los umbrales de riesgo analizados, sino porque existe una tendencia de crecimiento “imparable”. Este descontrol convierte a esta isla Reserva de la Biosfera en un espacio natural “vulnerable”, por sus recursos limitados, la fragilidad de sus ecosistemas y la dependencia del exterior. Diversificar la oferta turística, apostar por el transporte sostenible, regular la vivienda vacacional, mejorar la vigilancia y reducir la presión sobre recursos críticos como el agua y la energía son algunas de las propuestas que hace este análisis."                (Natalia G. Vargas, CanariAhora, 05/06/23)

Social Europe: Un decreto español para dar más seguridad a los artistas y otros trabajadores de la cultura debería acelerar la acción a escala de la UE... es la primera vez que España da pasos tan firmes para abordar la especificidad del mercado laboral en el mundo de la cultura. Se trata, sin duda, de un enorme alivio para muchos miles de trabajadores del sector... Yolanda Díaz, señaló que había "muy pocos países que tuvieran esta protección". De hecho, muchos artistas, intérpretes y profesionales de la cultura que trabajan en la Unión Europea y fuera de ella carecen de acceso a la seguridad social, a un desarrollo profesional estable y a unas condiciones laborales sostenibles... En diciembre, el Parlamento recordó a la Comisión su petición de un estatuto europeo del artista, y como España asumirá en julio la Presidencia del Consejo durante el segundo semestre del año, la inclusión del tema entre sus prioridades daría un impulso político largamente esperado a la mejora de la situación de los artistas y trabajadores de la cultura en Europa

 "El mes pasado, tras meses de debates y negociaciones políticas, el gobierno español puso en marcha una prestación para los artistas en paro y quienes trabajan en el sector cultural, cuyos medios de subsistencia tanto han sufrido durante la pandemia. El decreto también permitirá a los artistas y demás personas que trabajan en el sector recibir una pensión, algo que antes sólo era posible si realizaban actividades que generaban derechos de propiedad intelectual.

Promovido conjuntamente por los Ministerios de Trabajo, Cultura e Inclusión y Seguridad Social, es la primera vez que España da pasos tan firmes para abordar la especificidad del mercado laboral en el mundo de la cultura. Se trata, sin duda, de un enorme alivio para muchos miles de trabajadores del sector.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que había "muy pocos países que tuvieran esta protección". De hecho, muchos artistas, intérpretes y profesionales de la cultura que trabajan en la Unión Europea y fuera de ella carecen de acceso a la seguridad social, a un desarrollo profesional estable y a unas condiciones laborales sostenibles. Además, los mecanismos de redistribución para los artistas y profesionales de la cultura se centran en los precios vinculados a un producto final o a una actuación para su remuneración.
Precariedad constante

En una reciente encuesta realizada por la Red Internacional para las Artes Escénicas Contemporáneas (IETM) entre sus miembros, en la que se les preguntaba qué les gustaría cambiar de sus condiciones de trabajo, la mayoría expresó su deseo de pasar de la "financiación generada por proyectos" a la estabilidad financiera a largo plazo. Algunos también pidieron acceso a la seguridad social para los artistas autónomos y los profesionales creativos, y sugirieron una renta básica para los artistas en Europa.

En los últimos años, la equidad y las condiciones de trabajo en las artes escénicas han ocupado un lugar destacado en la agenda de la IETM. En ¿De qué lado estás? Ideas for Reaching Fair Working Conditions in the Arts, publicado por el IETM en diciembre, Katja Praznik, Bojana Kunst y Hans Abbing analizan las raíces de la constante precariedad en las artes y sugieren ideas concretas hacia un futuro más sostenible para los artistas.

En abril del año pasado, miembros e invitados de la IETM se reunieron en Bruselas para debatir sobre la justicia y las condiciones de trabajo, estudios de casos y modelos más sostenibles, equitativos e inclusivos para el futuro. La sesión plenaria de la IETM celebrada en Belgrado en septiembre, que reunió a más de 400 participantes, puso de relieve la inadecuada remuneración del trabajo artístico y las consecuencias de la economía cultural "basada en proyectos" y sus repercusiones negativas en la producción artística. Los participantes también señalaron cómo el trabajo creativo se valora de forma diferente en cada país, con discrepancias también en los presupuestos de apoyo a las actividades culturales y en las políticas relacionadas con el sector.

Aunque las condiciones de trabajo en el sector son motivo de gran preocupación, también lo es esta variación en las ayudas públicas y en las normas y reglamentos entre los Estados miembros de la UE. Un sistema más armonizado no sólo sería más justo, sino que también animaría a determinados países a desarrollar un sistema de protección para su sector cultural.

Catalizador Covid-19

 Ya en 2006, el Parlamento Europeo elaboró un estudio sobre la situación de los artistas en Europa, en el que se presentaban medidas y modelos nacionales innovadores destinados a mejorar la situación socioeconómica de los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los representantes del sector, se ha avanzado poco. Uno de los principales argumentos que se escuchan en Bruselas es que la mayoría de los aspectos de las condiciones laborales de los artistas son competencia de los Estados miembros.

Sin embargo, Covid-19 parece haber servido de catalizador para que las instituciones de la UE tomen por fin cartas en el asunto y aborden la situación de los artistas y el sector creativo de forma más coordinada. En noviembre de 2020, la Comisión, con aportaciones de organizaciones representativas del sector, publicó un estudio sobre las características del empleo de artistas y profesionales de la cultura y la creación en los Estados miembros.

Además, desde septiembre de 2021, la Comisión coordina un grupo de expertos compuesto por representantes de los Estados miembros y sus ministerios de Cultura y Empleo. Los expertos, que se reúnen cada tres meses en el marco del "método abierto de coordinación" (MAC), reflexionan sobre las condiciones de trabajo de los artistas y profesionales de la creación e intercambian buenas prácticas.
Estatuto europeo del artista

El Parlamento Europeo dio un paso más en octubre de 2021 al pedir a la Comisión que avanzara hacia un "estatuto europeo del artista", estableciendo un marco común de condiciones laborales y normas mínimas para todos los Estados miembros. Propuso un conjunto de medidas para mejorar la posición de los artistas y profesionales de la cultura, que abarcan la libertad de expresión, la movilidad, la remuneración de autores e intérpretes por el uso en línea de sus obras y actuaciones, la negociación colectiva para los profesionales autónomos y el acceso a la seguridad social.

En cuanto al Consejo de la UE, el pasado noviembre aprobó un plan de trabajo para la cultura hasta 2026. Constituye una hoja de ruta para coordinar las políticas culturales a escala de la UE, pero entre sus prioridades figura la mejora de las condiciones laborales en los sectores cultural y creativo.

 En cuanto a la financiación, el programa Europa Creativa mantiene su apoyo en 2023 a los sectores cultural y creativo, reconociendo el contexto aún difícil de la pandemia. De un presupuesto anual de 312 millones de euros, unos 90 millones se destinarán a ayudar a los sectores cultural y creativo a recuperarse y ser más resistentes tras la crisis de Covid-19.

Impulso largamente esperado

En diciembre, el Parlamento recordó a la Comisión su petición de un estatuto europeo del artista, y este año tiene previsto proponer un marco legislativo para los artistas y el sector creativo. Se espera que el grupo de trabajo del MAC presente en abril su informe a los ministros de Cultura de la UE, con recomendaciones incluidas.

El destino de los profesionales de la cultura está más que nunca en manos de los Estados miembros y de la acción coordinada de la Comisión y el Parlamento. Esto nos lleva de nuevo a España y su nuevo decreto en favor de los artistas, que podría tener repercusiones en todo el continente.

España asumirá en julio la Presidencia del Consejo durante el segundo semestre del año. La inclusión del tema entre sus prioridades daría un impulso político largamente esperado a la mejora de la situación de los artistas y trabajadores de la cultura en Europa."              (Isabelle Van de Gejuchte , Social Europe,  06/02/23; Traducción DEEPL)

La Gran Renuncia de los profesionales sanitarios... En la sanidad española, la Gran Renuncia no comenzó con la pandemia; un año antes, fue noticia cómo tres médicas de familia con plaza en propiedad en el sistema sanitario de Castilla y León renunciaron a su plaza por la situación de saturación y sobrecarga laboral... tras la pandemia algo se ha roto en los servicios de salud. "He renunciado a mi trabajo. La sensación de no poder más está ahí desde hace meses", decía Clara, entonces médica de familia en un Centro de Salud de Parla

 "Me alejo de la consulta", "cuelgo el fonendo", "me gusta la medicina, pero no puedo más"... son frases que en los últimos años pueden leerse en redes sociales, cartas abiertas en medios de comunicación y espacios similares.

Son médicos y médicas, tanto jóvenes como mayores, eventuales e incluso estatutarios con plaza fija, que manifiestan una verdad compartida: les gusta su trabajo, pero no se encuentran en situación de seguir desempeñándolo en las condiciones que les ofrece el sistema sanitario público.

En marzo de este año, la revista Harvard Bussiness Review publicó un artículo titulado The Great Resignation didn’t start with the Pandemic (La Gran Renuncia no comenzó con la pandemia"), haciendo alusión a ese fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos -aunque no solo allí- por el cual miles de personas están abandonando sus puestos de trabajo. En la sanidad española, la Gran Renuncia tampoco comenzó con la pandemia; un año antes, fue noticia cómo tres médicas de familia con plaza en propiedad en el sistema sanitario de Castilla y León renunciaron a su plaza por la situación de saturación y sobrecarga laboral; también en 2019 fueron varias las Comunidades Autónomas donde médicos y médicas de diferentes especialidades se organizaron en respuesta a ese colapso y sobrecarga del sistema.

 Al llegar 2020, con la pandemia, se abrió una especie de tregua por necesidad mayor; la magnitud de la pandemia hizo que todo el mundo en la sociedad pusiera de su parte mucho más de lo que podía para sacar adelante el bienestar y la seguridad de todas y todos; sin embargo, tras la pandemia algo se ha roto en los servicios de salud.

"He renunciado a mi trabajo. La sensación de no poder más está ahí desde hace meses", decía Clara, entonces médica de familia en un Centro de Salud de Parla. "Oficialmente dejo el hospital [...] No nos conformemos con el maltrato institucional]", publicaba en redes sociales Víctor, enfermero madrileño. La Gran Renuncia sanitaria parece que avanza hundiendo sus raíces en cierta desafección previa a la pandemia, y precipitada por una pandemia que ha terminado de quemar a quienes ya mostraban signos de agotamiento. La Gran Renuncia sanitaria no es algo exclusivo de nuestro entorno; la revista Forbes ya hacía referencia a ella hace unos meses, y en diversos textos se han señalado sus particularidades e, igualmente, las singularidades que deberían caracterizar su abordaje.

España no se puede permitir una Gran Renuncia de profesionales sanitarios, porque nunca como ahora ha sido tan necesario un sistema con capacidad para cuidar de la gente que lo necesita. Ante esto, nos solemos encontrar con respuestas de dos tipos: por un lado, una batalla entre diferentes niveles institucionales sobre quién es responsable de que haya escasez de profesionales sanitarios, lo cual suele acabar en fiarlo todo a un incremento de las plazas universitarias y del número de plazas MIR, EIR, PIR, FIR,... (Especialistas Internos Residentes); por otro lado, afirmar que toda renuncia desaparecería si las condiciones laborales fueran mejores, los salarios más elevados y la carga de trabajo menor.

Sobre lo primero, la falta de médicos y las-culpas-del-otro, es necesario partir de una realidad: en España nunca se habían graduado tantas personas en las facultades de medicina y en las de enfermería. Jamás con anterioridad habíamos llegado a estas cifras. Lo que existe es un fenómeno triple: 

I) aumento de médicos que piden el certificado para irse a trabajar al extranjero, 

II) oferta escasa de plazas de especialista en formación en ciertas especialidades y procedimientos que facilitan que se queden plazas libres, y 

III) mala distribución de los profesionales existentes. Las actuaciones en este ámbito no van a lograr solucionar el problema en el corto plazo, pero son imprescindibles si queremos que la situación no empeore y podamos aspirar, al menos, a que mejore un poco.

 En relación con la precariedad como causa única de las renuncias, es necesario señalar que no cabe duda de que es un problema central, pero sin una solución inmediata. Qué se consideran condiciones de trabajo que justifican dejarlo es algo que ha ido variando; la temporalidad cada vez es menor, y ahora tal vez sea la sobrecarga y la sensación de ausencia de un horizonte mejor lo que hace que, en muchas ocasiones, un contrato indefinido en la sanidad pueda ser visto más como una cárcel que como algo deseable, en determinados puestos y circunstancias. Controlar la carga de trabajo, dar seguridad laboral y facilitar la flexibilidad de los trabajadores en el ámbito horario parecen tres patas que pueden ser de utilidad, más allá de las condiciones salariales, para hacer que trabajar en los servicios sanitarios sea algo deseable, lo cual es la condición sin la cual no es posible pensar la sostenibilidad de nuestra sanidad.

El sistema sanitario suele caracterizarse porque quien trabaja en él suele hacerlo por voluntad propia. Ser parte de lo que mejora la vida de la gente es una características de la sanidad pública; no poder más y renunciar a la actividad asistencial porque tu trabajo te genera más malestar que el bienestar que puedes dar a otras personas es algo que las administraciones no pueden permitir; por respeto a las personas que cuidan de otras en la sanidad pública, y por la necesidad de ser cuidada de toda una sociedad que no puede permitirse una Gran Renuncia de los profesionales sanitarios."           

(Javier Padilla Bernáldez, Médico de Atención Primaria, Público, 18/07/22)

Hablemos de lo que hay detrás de Uber (y dejémonos de historias)... No se trata únicamente de un conflicto que vive el sector del taxi, sino de un enfrentamiento en toda regla entre distintos tipos de sociedad. El modelo Uber conduce a cambios radicales que nos afectan a todos... Cuando tienen que introducirse en el mercado, pueden ofrecer precios que beneficien al cliente, pero eso es hasta que se hacen con el sector. A partir de entonces, la competencia se olvida y los precios suben... Y más con un sistema como el de Uber, en el que lo que se abona por la carrera se fija a través de un algoritmo según la demanda existente (lo cual permite cobrar precios mucho más elevados si se trata de un día muy lluvioso, por ejemplo). Si en realidad el problema fuera la competencia, bastaría con que se permitiera que cualquiera pudiese tener una licencia si cumpliera los requisitos, y no seguiría regulándose, como se va a hacer, para que únicamente empresas como Uber o Cabify encuentren su hueco en el mercado

 "La huelga de taxistas ha sido interpretada desde una serie de argumentos banales, que han circulado con mucha frecuencia, y que suelen repetirse sin reflexión alguna. Aluden a la tecnología (“contra la que no se puede luchar”), a la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos (“los taxistas tienen que darse cuente de que tienen que cambiar”) y, por supuesto, a la existencia de privilegios (“el taxi es un monopolio y tiene que abrirse a la competencia”) que perjudican a los clientes. Son objeciones absurdas, pero que forman parte de la ortodoxia de la época. 

 En primer lugar, la tecnología tiene poco que ver en esto. Los coches no se conducen de otra manera, el servicio se presta igual (un conductor lleva al pasajero en su vehículo al lugar que le indican) y se sigue cobrando un precio por ello. Uber y Cabify son 'apps', y 'apps' hay muchas, también en el sector del taxi. Lo que diferencia a ambas compañías es que han realizado una enorme inversión en propaganda, en 'lobby' y en puesta en marcha de sus firmas, no los medios técnicos que emplean, que son lo de menos.

Lo que os espera

La adaptación a los tiempos es otro dogma habitual. Consiste en dibujar un horizonte como ineludible, dando forma a un marco en el que todo el mundo debe obligarse a encajar. Pero esto tiene mucho de versión interesada del futuro y mucho menos de realidad. Y no solo porque lo que pasará mañana depende en buen medida de lo que hagamos hoy, sino porque no se entrevé ninguna conexión entre esa afirmación y el caso Uber. Quizás el taxi deba cambiar, y es un sistema que posee muchos defectos, pero la 'uberización' como porvenir obligado es solo una versión de parte. Y poco conveniente. 

 El taxi no es un monopolio, sino un sector regulado en el que compiten diariamente muchísimos autónomos y pequeños empresarios por ganarse la vida. Uber y Cabify, firmas de alcance mundial, sí pueden conformar un duopolio, con todas las desventajas para trabajadores y usuarios que se derivan de ello. Cuando tienen que introducirse en el mercado, pueden ofrecer precios que beneficien al cliente, pero eso es hasta que se hacen con el sector. A partir de entonces, la competencia se olvida y los precios suben. 

Y más con un sistema como el de Uber, en el que lo que se abona por la carrera se fija a través de un algoritmo según la demanda existente (lo cual permite cobrar precios mucho más elevados si se trata de un día muy lluvioso, por ejemplo). Si en realidad el problema fuera la competencia, bastaría con que se permitiera que cualquiera pudiese tener una licencia si cumpliera los requisitos, y no seguiría regulándose, como se va a hacer, para que únicamente empresas como Uber o Cabify encuentren su hueco en el mercado.

Los nuevos modelos de negocio

Más allá de esta retórica argumental, el caso Uber nos afecta a todos. No es un problema aislado del sector del taxi, sino una constante de nuestro tiempo que amenaza con intensificarse. La 'uberización' del trabajo es un grave problema, que se está manifestando en muy distintos sectores y con consecuencias serias, que ya hemos abordado.

Pero los problemas no quedan circunscritos al plano laboral: van mucho más allá. El nuevo tipo de empresas que están imponiéndose, que pertenecen a la economía del contenedor, posee características que se revelan muy negativas para el conjunto de la sociedad. Suelen ser (aunque no solo) plataformas tecnológicas globales que no producen ni prestan ningún servicio y que se limitan a mediar, lo cual les permite soportar costes bajísimos. Sus empleados son muy pocos, si se tiene en cuenta el gran número de actividades que se realizan bajo su cobertura, cuentan con una posición dominante, como es el caso de Amazon, que les permite imponer condiciones a sus proveedores, y su modelo transnacional les ayuda a evitar las legislaciones locales, también las referidas a los impuestos. Su fórmula consiste en despojarse de todo aquello que no consideran central para la firma, como ha ocurrido en muchas otras compañías, solo que ellas lo llevan al extremo.

 Como expuse en 'Los límites del deseo', el caso Uber es muy representativo: la empresa no necesita de un parque de vehículos o de viviendas propio, no ha de abonar salarios, seguros sociales, gastos de mantenimiento o impuestos derivados de la posesión de los bienes destinados a la actividad (que corren por cuenta de los prestadores de servicios, a los que consideran como 'freelances' y no como empleados), y su única tarea es poner en relación a clientes y autónomos a través de una aplicación cobrando un porcentaje por ello. Su peculiar fórmula le permite obtener ingresos de una cantidad ingente de transacciones, ya que es una firma que opera a nivel mundial.

Sus enemigos

Para conseguir este objetivo, deben derrotar a su competencia, que no son empresas similares que ocupan su mismo sector; más al contrario, han de pelear con un buen número de pequeños operadores que ocupaban un espacio fragmentado. Del mismo modo que el enemigo de Amazon en sus inicios eran las librerías o las tiendas de discos físicas, en el caso de Uber o Airbnb sus rivales son los taxistas o los hosteleros que ya están operando. Para ganar cuota de mercado, no solo han de tejer una oferta diferente sino que deben pasar por encima de controles institucionales (los que regulan las actividades de prestación de servicio de transporte o de alojamiento), de las resistencias de asociaciones gremiales, de las costumbres de los usuarios y de los propios estados, que tratan de salvaguardar su papel como supervisores de la actividad económica. Al final del camino, ganan la partida porque tienen más capital, pueden ejercer presión de forma efectiva para influir en los gobernantes y que cambien las normas y poseen el poder para pasar por encima de leyes vigentes. Ellos tienen condiciones de funcionamiento privilegiadas y ahí radica su fuerza real.

Las dos ortodoxias

De modo que vivimos entre una ortodoxia que vive inmersa en la retórica de la innovación, la tecnología y el futuro para justificar empresas que poco tienen que ver con estas cosas, y otra ortodoxia, la progresista, que se queda anclada en el factor trabajo y en las huelgas. El nuevo modelo de negocio que están imponiendo las tecnológicas y los fondos de inversión que las impulsan posee una visión holística en la que se pretende extraer lo máximo haciendo lo mínimo. Y eso afecta a los empleados, que ya no lo son y se convierten en autónomos y que vuelven al trabajo a destajo típico del pasado, pero también a proveedores y clientes.

 Cualquier análisis que quiera realizarse de estas empresas debe tener en cuenta todos los factores, porque cada uno de ellos cuenta con repercusiones serias. Y, desde luego, ha de examinar las consecuencias para el conjunto social que estos modelos de negocio producen. Reducir todo esto a la resistencia inútil de unos teóricos privilegiados, como serían los taxistas, frente al poder de la tecnología, o al del trabajo frente al capital, es perderse buena parte del cuadro. Pero, en fin, habrá quien prefiera hablar de Pablo Iglesias y del huevo."               (Esteban Hernández, El Confidencial, 30/05/17)

El problema de la sostenibilidad de las pensiones, si queremos empezar por el primer factor, es que no hay el trabajo suficiente, y que además está peor pagado, del que se necesitaría. Esa es la causa principal de que se recaude menos y de que, en consecuencia, los equilibrios en las cuentas sean cada vez más inestables... en la medida en que haya suficiente trabajo, y en que los salarios sean dignos, la posibilidad de afrontar el coste de las pensiones será mucho mayor, ya que se recaudará más. Tampoco la baja natalidad sería aquí un gran obstáculo: si hay empleo, la inmigración ayudaría a cubrir las vacantes... y hay menos trabajo y peor pagado por dos motivos, ambos relacionados con las fórmulas que nos dieron esos economistas. Nos dijeron que había que llevarse los trabajos a China porque era más eficiente, y que debíamos orientar la economía hacia una mayor competitividad... es difícil encontrar peores ideas en los últimos tiempos que las impulsadas por estos economistas que nos prometían un mundo eficiente y brillante, y que nos han conducido a enfrentamientos sociales, territoriales y de bloques geopolíticos que, en teoría, habían desaparecido de la historia

 "Una sociedad que produce muchas malas películas no es necesariamente decadente; una sociedad que hace las mismas películas una y otra vez sí lo es". Es una afirmación de Ross Douthat, un columnista estadounidense, recogida en su libro 'La sociedad decadente' (Ed. Ariel), que resulta especialmente atinada en nuestra época. Y más todavía si la aplicamos al terreno económico, donde las mismas fórmulas son utilizadas una vez y otra, a pesar de que nos han metido en un lío tremendo.

La reforma de las pensiones es un ejemplo más, pero no menos significativo, de esta tendencia. Por las consecuencias a las que aboca, pero también por el argumentario que se pone en juego.

Como punto de partida, se fija un marco a partir del cual se limitan las posibilidades de lo que puede ser analizado. Más o menos es este: dentro de una década o dos (da igual, en el futuro) como la natalidad ha caído, las pensiones entrarán en quiebra porque habrá poca gente trabajando y muchos jubilados, lo que hará imposible seguir ingresando para pagar a nuestros mayores. Como la esperanza de vida ha subido mucho y la gente vive más años, cobrará la pensión durante más tiempo. De manera que el Estado, que ya está incurriendo en déficit para pagar las pensiones, está generando incesantemente una deuda que supondrá una carga grande para las generaciones jóvenes. El bienestar actual de los viejos está arruinando el porvenir de los jóvenes.

La causa primera

Lo curioso es que este tipo de cosas se afirman como verdades evidentes, y de tanto repetirlas suenan como tales, pero no constituyen más que un proceso de enmarcado, que parte de suposiciones y que reduce enormemente el espacio de reflexión. Sobre todo, porque deja fuera aspectos muy relevantes.

El problema de la sostenibilidad de las pensiones, si queremos empezar por el primer factor, es que no hay el trabajo suficiente, y que además está peor pagado, del que se necesitaría. Esa es la causa principal de que se recaude menos y de que, en consecuencia, los equilibrios en las cuentas sean cada vez más inestables.

Nos dijeron que había que llevarse los trabajos a China porque era más eficiente, y que debíamos cobrar menos para ser más competitivos

Y hay menos trabajo y peor pagado por dos motivos, ambos relacionados con las fórmulas que nos dieron esos economistas que quieren salvar las pensiones. Nos dijeron que había que llevarse los trabajos a China porque era más eficiente, y que debíamos orientar la economía hacia una mayor competitividad.

Eso fue lo que ocurrió: por una parte, deslocalizaron la producción; por otra, para poder integrarnos en la economía globalizada, se redujeron los salarios; y por último, para aumentar el rendimiento de los accionistas, se contrajeron las plantillas y se abarató aún más el coste salarial.

Las peores ideas

Ese goteo incesante durante décadas ha producido disfunciones de toda clase. Desde luego sociales, con dificultades para llegar a fin de mes en una parte importante de la población. Pero también ha provocado un exceso de ahorro en partes beneficiadas de la sociedad, que fue invertido en el ámbito financiero y creó burbujas que derivaron en crisis, o en un rentismo que ha encarecido los bienes esenciales para la subsistencia, como la vivienda. Por supuesto, también produjo desequilibrios muy importantes entre regiones y países.

Las ideas de estos economistas nos han conducido a enfrentamientos sociales, territoriales y de bloques geopolíticos

Y desde luego, está en el centro de los actuales problemas geopolíticos: el ascenso chino se debe a su eficacia a la hora de organizar su país, pero lo hicieron con todo aquello que les proporcionamos: capital, propiedad intelectual, ‘know how’, mercados. Si nos fijamos solo en los resultados, sin entrar en consideraciones políticas o sociales, es difícil encontrar peores ideas en los últimos tiempos que las impulsadas por estos economistas que nos prometían un mundo eficiente y brillante y que nos han conducido a enfrentamientos sociales, territoriales y de bloques geopolíticos que, en teoría, habían desaparecido de la historia.

De modo que, volviendo al principio, en la medida en que haya suficiente trabajo, y en que los salarios sean dignos, la posibilidad de afrontar el coste de las pensiones será mucho mayor, ya que se recaudará más. Tampoco la baja natalidad sería aquí un gran obstáculo: si hay empleo, la inmigración ayudaría a cubrir las vacantes. (...)"              (Esteban Hernández, El Confidencial, 25/05/22)

“Los jóvenes que dejan el trabajo no lo hacen por rebelión; no quieren tomar tranquilizantes para aguantar la tensión”... nos atraviesa una precariedad crónica. No podemos construir un proyecto vital... Dicen que nos gusta hacer coliving (piso compartido), y nesting (del inglés, nido), quedarnos el finde en el sofá viendo Netflix... romantizan la precariedad... Que no nos ridiculicen, tenemos aspiraciones

 "Sus trayectorias no se parecen demasiado, pero las dos han llegado a ser las cabezas visibles del Consejo de la Juventud de España (CJE), el órgano de representación de las nuevas generaciones desde los 14 a los 30 años. Elena Ruiz Cebrián (30 años) y Margarita Guerrero Calderón (29), presidenta y vicepresidenta del CJE(...)  

Pregunta. ¿Cuál es el mayor drama de la juventud?

Margarita. El mayor es que no hay un único tema, nos atraviesa una precariedad crónica. No podemos construir un proyecto vital. La salud mental es la primera causa de muerte no natural en jóvenes —en 2020, el suicidio fue la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 29 años (300) por detrás de los tumores (339)—, y ese es un indicador de lo que hay debajo. El gran drama es la pérdida de expectativas en el futuro. (...)

Margarita. Un 40% de los jóvenes están sobrecualificados para el puesto que ocupan (España es líder la UE, según Eurostat). Sin duda, Trabajo es clave pero también Vivienda. España tiene una de las tasas de vivienda pública más bajas de Europa, un 1,2%. Otros gobiernos están poniendo sobre la mesa la necesidad de frenar la especulación con la vivienda. El nuevo bono joven del alquiler que ha aprobado el Gobierno (250 euros hasta 35 años y con ingresos hasta 24.319 euros al año) tiene sus limitaciones. Hay datos de políticas similares en otros países que nos dicen que hasta 78 céntimos de cada euro se van al arrendatario, que sigue subiendo el alquiler, y solo 22 céntimos repercuten en el que alquila. Hay una transfusión de dinero público hacia manos privadas y no termina de llegar a los que lo necesitan. Nos preocupa que sea un parche y no sabemos qué continuidad va a tener.

P. Parte del problema en el acceso a la vivienda es la incapacidad de los jóvenes de adquirir un compromiso económico a largo plazo. ¿O es rechazo por miedo a estar atado?

Elena. Tienes que tener un trabajo estable para que el banco te dé la hipoteca y, además, tienes que tener en cash el 20% de su precio para la entrada. Pero los datos nos dicen que para poder hacerlo tendríamos que destinar el sueldo de entre tres y cinco años exclusivamente a eso. Y mientras tanto, ¿no nos podemos tomar ni una mísera Coca-Cola? Es muy fácil comprar una segunda vivienda cuando ya tienes una en propiedad que te sirve de aval. ¿Qué pasa con los que nunca hemos podido acceder a esa primera inversión? ¿Tenemos que poner de aval a nuestras familias y luego hacernos responsables de que algo salga mal? Tendrá que haber una fórmula para acceder por primera vez, ¿no? Nuestros padres tuvieron un salario más acorde al coste de la vida.

Margarita. Ahora hay una moda de usar términos anglosajones como coliving (piso compartido) que romantizan la precariedad. Dicen que nos gusta hacer nesting (del inglés, nido) que es quedarnos el finde en el sofá viendo Netflix. ¿De verdad alguien en pospandemia no quiere ver el sol y ser feliz? Que no nos ridiculicen, tenemos aspiraciones, claro. (...)

¿El problema de la vivienda se concentra en capitales como Madrid o Barcelona?Elena. Nosotras dos somos de Murcia y Extremadura, que no tienen ciudades de tamaño astronómico. Sin embargo, están entre las regiones con los datos de emancipación más bajos. ¿Por qué? Porque los salarios y la dificultad de acceso al empleo son más complejos. Pensar que si te vas de Madrid la vida va a ser mucho más fácil es una falacia. Los datos nos dicen que en las ciudades donde las viviendas son más baratas, siguen emancipándose pocos jóvenes. (...)

Hay que atreverse a frenar la especulación. Hay una ley de vivienda en proceso de tramitación y hemos presentado una enmienda en la que proponemos una definición de vivienda vacía: aquella deshabitada durante más de un año sin causa justificada y siempre que el propietario tenga más de tres. Se la hemos mandado a todos los grupos parlamentarios. Nos da igual que el tenedor sea una persona o un fondo buitre, al final quien especula lo hace de la misma forma. El Consejo no va en contra de las segundas viviendas, tener casa en el pueblo está bien. Pero hay que acotar bien qué es una vivienda vacía. (...)

Socializar únicamente en espacios de precariedad nos lleva a pensar que no hay alternativa. Cuando te dicen: “si tú no quieres, hay cuatro o cinco esperando”, eso genera indefensión y sensación de soledad. Sin normas rígidas es como la ley de la selva. La empresa no puede pervertir el sentido de las prácticas. Hacemos un llamamiento a los empresarios a que fomenten otro tipo de cultura y a que no se opongan a remunerar las prácticas. Hay que cambiar el chip. (...)

Lo peor es que muchas veces es un no puedo más. Nos dejamos la salud mental por el camino. No se trata de una rebelión, simplemente no es aceptable que tengamos que tomar pastillas o tranquilizantes para poder aguantar la tensión de jornadas que no respetan los descansos, condiciones laborales inaceptables. La gente está a punto de estallar. Nuestra salud mental llega hasta donde llega.

Elena. Lo que ha pasado es que por fin se ha puesto en valor la salud mental y eso está impulsando la lucha contra la empresa. Antes tragabas, pero cuando te han dicho que tu salud mental importa y que tienes derecho a estar sana, has visto un aliciente para poder tomar decisiones que son muy difíciles. (...)

Los jóvenes no responden a la caricatura que se tiene de ellos. Los datos dicen que se movilizan por el feminismo, el medio ambiente... La pregunta es si están cambiando las formas de participación, que ya no es tan estructurada. Los movimientos por el clima Fridays for Future o Extinction Rebellion funcionan de forma diferente, sin estatutos, sin junta directiva. Están cambiando las formas de organizarse.  (...)"                  (Ana Torres, El País, 26/05/22)

La temporalidad en el empleo está disparada en el sector público (28,1%) y supera a la del sector privado (23%) ¡En la sanidad pública es del 40%! El motivo es, entre otros, la infrafinanciación estructural del sector público debido a una contribución fiscal 6,2 puntos del PIB

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

 La temporalidad en el empleo está disparada en el sector público (28,1%) y supera a la del sector privado (23%) ¡En la sanidad pública es del 40%! El motivo es, entre otros, la infrafinanciación estructural del sector público debido a una contribución fiscal 6,2 puntos del PIB...

por debajo de la media de la Eurozona. Esta brecha supone que el Estado deja de ingresar €70.000 millones al año. La temporalidad alcanza su nivel más alto en las CCAA (31,7%) y las Corporaciones Locales (32,6%). Y el más bajo en la Administración Central (9,8%)

Por CCAA, la tasas de temporalidad en el sector público alcanza su nivel más alto en País Vasco (36,8%), Navarra (36,7%), Cantabria (34%), Canarias (33,1%) y Extremadura (32,8%). Y el más bajo en Madrid (23,9%), Cataluña (24,2%) y La Rioja (24,4%).

El detalle de todo esto en el estudios presentado hoy por @CCOO https://ccoo.es/01ff8757c0b4f9

4:50 p. m. · 2 dic. 2021
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La precariedad alcanza a la mitad de los trabajadores españoles... Los jóvenes son el colectivo más afectado, con índices que alcanzan el 75%... la pandemia no ha causado efectos significativos más allá de un leve repunte... Eso sí, queda a años luz de la anterior crisis, que sí produjo un gran salto cualitativo en la inestabilidad. Fomentada por la reforma laboral

 "El mercado laboral español siempre se ha definido como precario por la alta tasa de temporalidad y es una realidad que la calidad de muchos empleos deja mucho que desear. La dependencia de actividades con poca cualificación y que apenas generan valor añadido favorecen una inestabilidad que va más allá de la falta de contratos indefinidos y que alcanza a nada menos que la mitad de los trabajadores.

Esta es la principal conclusión de un estudio elaborado por expertos universitarios y CC OO y que es uno de los primeros que pone datos a esta situación. En el mismo, los autores dan importancia a la clásica referencia de si un contrato es temporal o indefinido pero añaden otros parámetros como los bajos salarios (los que se sitúan en el entorno de los 1.000 euros) y factores menores como contar con una jornada atípica, hacer horas extra no remuneradas o estar sobrecualificado. 

 Las evidencias que arroja el informe que cuenta con la base de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019 son contundentes al afirmar que el 48% de los asalariados sufren esta precariedad ya sea por contar con las principales variables o la suma de las menores. Dentro de este grupo, un 8% se considera un precario extremo al sufrir la amplia mayoría de las carencias.

El 36% de los asalariados tiene una jornada atípica, un campo amplio que implica trabajar noches, fines de semana o mediante turnos irregulares. El 28% acumula más estudios de los necesarios para su puesto y uno de cada cuatro soporta un contrato temporal o un salario mileurista, lo que directamente le arroja a la precariedad.

Estos patrones se agudizan en el caso de determinados colectivos. Los más desfavorecidos son los jóvenes, cuya tasa alcanza valores tan sangrantes como el 75%. Los inmigrantes (66%) y las mujeres (54%) también están por encima de la media. En Andalucía, Extremadura o Canarias este índice asciende al 60% y se rebaja al 40% en Madrid o Cataluña.

La precariedad laboral global, que incluye desempleados y personas que han desistido de buscar trabajo además de los asalariados inestables, es varios puntos superior. Una de las características reseñadas es que hay población que se mueve entre los grupos al pasar de estar en paro a conseguir un trabajo precario y luego terminar volviendo al desempleo. El ascenso a un puesto de calidad es mucho más complicado.

 Para los autores de este estudio se consolida la tesis de que la precariedad en el mercado laboral español es un «fenómeno estructural», arraigado a la economía y con valores siempre en torno al 50%. Existen oscilaciones con la mejora de la economía y las crisis pero los márgenes son estrechos.

 Pese a no tener datos cerrados, se considera que la pandemia no ha causado efectos significativos más allá de un leve repunte. Eso sí, queda a años luz de la anterior crisis, que sí produjo un gran salto cualitativo en la inestabilidad. Fomentada, según los autores y el sindicato, por la reforma laboral.(...)"           ( A. CERVELLERA | J. CAMARERO  , El Correo, 09/12/21)