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25.1.18

Ventajas económicas de legalizar las drogas

"(...) La ilegalización: Un cheque en blanco para las mafias.

No existe nadie más interesado que las mafias para que los Estados establezcan y mantengan leyes contrarias a la legalización de las diferentes drogas. Es un sueño hecho realidad para que cualquier tipo de organización que se dedica al comercio de un determinado producto.  (...)

Fruto de esta prohibición, nacen mafias que se dedican a la producción y distribución de drogas en el mercado negro. Estas mafias operan en zonas determinadas, por lo cual se establece un monopolio.

Los beneficios para un monopolio son claros, se convierte en el productor único, y en consecuencia podrá establecer los precios de distribución y venta sustancialmente más elevados, frente a una alternativa de mercado competitivo en la que múltiples ofertantes estuvieran dispuestos a producir las diferentes drogas.

En el mercado se compite y el más ineficiente quiebra... Sin embargo, en las mafias las reglas de juego son diferentes: Al que compite se le elimina (literalmente). De hecho, es frecuente que las diferentes mafias vivan en convivencia cuando “controlan” un territorio y existan “disputas” cuando una mafia ve que en su territorio ha entrado en juego otra mafia.

En consecuencia, surge un monopolio que recibe beneficios extraordinarios que reinvinvierte en la acumulación de armas o diferentes sobornos para mantenerse como productor y distribuidor en exclusiva. Por ello, aparecen los altos niveles de criminalidad.

Consecuencias económicas de la legalización de las drogas

La consecuencia económica en la legalización de las drogas sería un descenso generalizado de los precios frente a la alternativa del mercado negro ya que muchos empresarios se pondrían a producir, de la manera más eficientemente posible. No obstante, está afirmación es temporal ya que los Estados tienen cierta fijación con estos productos y gravarlos con Impuestos Especiales.

Las mafias no tienen sentido en un entorno de legalización, por lo que su negocio se vería seríamente dañado por el descenso de los ingresos que hundiría parcial o fatalmente la estructura criminal que se genera en su entorno. Veríamos por lo tanto, un descenso en los niveles de criminalidad.  (...)

Desd el punto de vista del Estado, la legalización de las drogas implicaría un ahorro para los contribuyentes, tanto por el coste de la identificación y sanción al consumidor como por la persecución de las mafias.  (...)

¿Qué aprendimos con la Ley Seca?


La prohibición del alcohol en los Estados Unidos duró 13 años desde el año 1920 hasta finales de 1933. Mintras que la intención era reducir el consumo de alcohol eliminando los negocios que lo fabricaban, distribuían y vendían, el plan fracasó estrepitosamente. 


La tasa de mortalidad por alcoholismo se redujo en un 80% en 1921 con respecto a los niveles anteriores a la guerra, mientras que los delitos relacionados con el alcohol disminuyeron notablemente. Sin embargo, siete años después de su entrada en vigor, el total de muertes por licor adulterado se disparó superando las cifras iniciales y hubo muchos más casos de ceguera y parálisis.

Hacer cumplir la ley resultó ser casi imposible con el surgimiento y la extensión del contrabando. La asignación original del Congreso para la aplicación de la ley fue de 5 millones de dólares. Varios años después, el Gobierno estimó que la aplicación de la ley costaría 300 millones de dólares.


La imposibilidad de restringir el contrabando y la inevitable corrupción que lo acompañaba, finalmente condujo a un desencanto público generalizado con la Ley Seca y a su abolición el 5 de diciembre de 1933."              (Marc Fortuña, El Blog Salmón, 19/01/18)

24.9.10

Los afectados por el metílico buscan reabrir el caso

"El mayor envenenamiento de la historia de España con cuna en Ourense, el Caso Metílico, es un capítulo de la memoria histórica gallega con cuentas pendientes casi cincuenta años después. Los afectados, más bien sus descendientes –la gran mayoría murieron sin que se hiciese justicia– están dispuestos a recuperar en los tribunales las herida de cientos de muertes y cegueras que se pagaron con condenas que el franquismo redujo e indemnizaciones que nunca llegaron a pagarse.

La bebida asesina, como la bautizó la prensa de la época, provocó más de mil muertos en el año 1963, según los datos del fiscal que llevó el caso, Fernando Seoane, a pesar de que las investigaciones judiciales se basaron solo en las pruebas de la exhumación de 51 cadáveres, en los que se hallaron restos de alcohol metílico en sangre, y nueve personas ciegas. La magnitud de los hechos no permitió conocer nunca la cifra exacta de muertos, ya que el venenoso licor llegó a distribuirse desde Galicia a Canarias, Madrid, Cataluña, Andalucía, Melilla, Santander, Aragón, el País Vasco, Sudamérica, Alemania, EE UU, Guinea Ecuatorial o el Sáhara español.

En la primavera de 1963, decenas de campesinos de O Carballiño fallecían en un corto período de tiempo, y a la vez que ellos, múltiples marineros de Lanzarote. Una farmacéutica asturiana que abandonó su tierra tras un fracaso sentimental acabó en la isla y decidió investigar por qué se producían tantas muertes entre los marineros.

Se decidió y fue a las tabernas, analizó lo que bebían y determinó que estaban sirviéndoles veneno. Con la presión y amenazas de los almacenistas, descubrió que los cargamentos llegaban desde Vigo a través de la etiqueta Lago e Hijos S.L. que estaba en los barriles de ron de un mayorista canario.

La viguesa Casa Lago compraba la materia prima de sus licores al industrial ourensano Rogelio Aguiar, quien a su vez le había comprado a una empresa de Madrid 750.000 litros de alcohol metílico que consumió entre diciembre de 1962 y abril de 1963. Su empleo estaba prohibido para “uso en boca” y podía matar a una persona que ingiriese el equivalente a una sola copa de licor. Las bebidas fabricadas con este alcohol poseían una graduación mayor que las del etílico, lo que obligaba a los acusados a añadir agua a sus productos para disimular la diferencia.

A partir de ahí, 35.000 folios de sumario, la instrucción más amplia en aquel entonces después de la Causa General de la Guerra Civil, resumieron una catástrofe imparable de la que el Gobierno de la dictadura se desentendió sin asumir responsabilidades por permitir el libre comercio de esta sustancia. El negocio parecía redondo para los bodegueros: un litro de metílico costaba 14 pesetas por litro, unas 16 pesetas más barato que el de alcohol etílico, y no daba olor, color ni sabor.

Fernando Méndez, periodista que investigó en profundidad el caso y escribió los libros Historia dun crime: o caso do metílico y Mil muertos de un trago tras decenas de viajes y entrevistas, cuenta que el fiscal intuía que la tragedia fue mucho mayor de lo que nunca se supo. “Me decía que, al ser gente del rural, había mucha que no se atrevía a decir que su pariente había muerto por beber alcohol, y por eso en muchos casos la vergüenza llevó a que permanecíesen para siempre en silencio”, explica. “Os velliños da aldea e os negriños de Guinea caeron como moscas”, contaba el fiscal Seoane. " (Xornal.com, 24/09/2010)