El verano español es el gran escenario para el blanqueo del crimen organizado... En la temporada estival que ahora comienza se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración... Las grandes mafias internacionales combinan sus actividades ilícitas con otras legales para canalizar sus enormes sumas de cash en B en los canales comerciales... Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresa... (Narcodiario, 28/06/26)

 "El verano español es el gran escenario para el blanqueo del crimen organizado.

En la temporada estival que ahora comienza se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresas de actividades náuticas y restauración.

Las grandes mafias internacionales combinan sus actividades ilícitas con otras legales para canalizar sus enormes sumas de cash en B en los canales comerciales.

Cada temporada estival se mueven miles de millones de euros en hoteles, chiringuitos, discotecas, alquileres turísticos, festivales de música, empresa... (...)"

(Narcodiario, 28/06/26) 

Javier Zaragoza Aguado, Fiscal del Tribunal Supremo: El problema del narcotráfico en el Sur de España está fuera de control... El uso de la violencia y la disposición de armas de guerra son el factor diferenciador que obliga a considerar a estas organizaciones criminales como un problema prioritario para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los ataques a las lanchas de la Guardia Civil, con cuatro funcionarios ya asesinados, y del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando estos cumplen su función asumiendo un elevadísimo riesgo para sus vidas demuestra una intolerable actitud de desafío al Estado... Unan a todo ello la penetración de estas estructuras delictivas en el tejido social, económico e institucional de esas zonas, generando corrupción y contaminando el sistema financiero y empresarial, y comprobarán que el resultado de ese singular cóctel puede ser explosivo. En consecuencia, se trata de una cuestión de Estado que no puede quedar sin respuesta

"El problema del narcotráfico en el Sur de España está fuera de control. La ausencia de una verdadera voluntad política para abordarlo se ha traducido en una notoria incapacidad para responder al desafío que en estos momentos representan las mafias y organizaciones criminales de esa zona.

A diferencia de las redes y organizaciones que operaban en la Galicia de los años noventa, esta delincuencia tiene unas características que agravan enormemente la dimensión del problema y que obliga a tomar soluciones más enérgicas y contundentes.

No solo campan a sus anchas y se mueven con la más absoluta impunidad en muchas zonas y pueblos costeros, amparados por la pasividad cuando no la colaboración de muchos de sus habitantes que obtienen unas ganancias rápidas y cuantiosas por su participación en las descargas o en la ocultación de la droga.

Disponen de modernas embarcaciones, las llamadas narcolanchas, mucho más potentes y sofisticadas que las de sus perseguidores, los servicios marítimos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, hasta el punto de que la persecución y captura de aquellas no solo se convierte en una tarea inútil, sino que va acompañada de enormes riesgos para la vida y para la integridad física que no deben ser asumidos por las fuerzas policiales.

El uso de la violencia y la disposición de armas de guerra son el factor diferenciador que obliga a considerar a estas organizaciones criminales como un problema prioritario para la seguridad de nuestros ciudadanos. Los ataques a las lanchas de la Guardia Civil, con cuatro funcionarios ya asesinados, y del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando estos cumplen su función asumiendo un elevadísimo riesgo para sus vidas demuestra una intolerable actitud de desafío al Estado.

Unan a todo ello la penetración de estas estructuras delictivas en el tejido social, económico e institucional de esas zonas, generando corrupción y contaminando el sistema financiero y empresarial, y comprobarán que el resultado de ese singular cóctel puede ser explosivo. En consecuencia, se trata de una cuestión de Estado que no puede quedar sin respuesta.

He conocido de primera mano la lucha contra el narcotráfico en otra época. No en vano fui Fiscal antidroga durante un buen número de años (1988-2005). En la década de los noventa bastó que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga intensificaran la respuesta judicial contra los clanes gallegos de la droga para que el problema no se nos fuera de las manos.

Pero tengo la impresión de que en estos tiempos el narcotráfico organizado del sur ha cruzado algunas líneas rojas que obligan a tomar soluciones mucho más contundentes contra este fenómeno criminal.

La clave es siempre la especialización y la disposición de más y mejores medios para combatir estos peligrosos grupos mafiosos –pues como tales se comportan– y en esto el Estado tiene sin duda una importante tarea por delante.

Desde la perspectiva judicial resulta obvio que no es suficiente el intenso trabajo que vienen desarrollando la Fiscalía Especial Antidroga y la Audiencia Nacional, un órgano judicial este ciertamente colapsado por los múltiples casos de corrupción política que se están produciendo, que a mi juicio deben asumir aún más mayor protagonismo en la investigación de estas mafias ampliando si es necesario el número de Juzgados Centrales de Instrucción y la plantilla de la propia Fiscalía.

Por otra parte, los juzgados territoriales –que no tienen dedicación exclusiva a estas investigaciones– no pueden desarrollar un trabajo eficaz y riguroso en esta materia al tener que compatibilizar estos asuntos con el resto de competencias que tienen atribuidas.

La única solución posible pasa por la creación urgente de Juzgados de Instrucción especializados en las diferentes provincias o zonas afectadas (Cádiz, Málaga, Huelva, etc.), que exclusivamente se dediquen a la investigación de estas tramas mafiosas, y la ampliación de los tribunales mediante secciones de enjuiciamiento especializadas para la resolución de los casos. En similares términos habría que adaptar la actual estructura de Fiscales Delegados Antidroga, ampliando sus efectivos y potenciando su dedicación exclusiva.

Pero quizás la tarea más importante es la que concierne al fortalecimiento, a la modernización y a la especialización de los servicios policiales. Las Unidades especializadas de policía, guardia civil y aduanas han sido siempre garantía de éxito en el cumplimiento de estas funciones, y es absolutamente imprescindible disponer de unidades de esta naturaleza o reforzarlas en su caso reconociendo económica y profesionalmente la singularidad de su destino. Hasta ahora nadie ha dado una explicación razonable sobre la desaparición de la llamada OCON-Sur, una potente unidad especializada con notables éxitos en la lucha contra el narco.

Los medios técnicos y materiales de que disponen los servicios marítimos de Guardia Civil y Aduanas son manifiestamente insuficientes. No se consigue capturar a las narcolanchas porque las embarcaciones que emplean los servicios policiales son muy inferiores y los medios tecnológicos de las mismas son arcaicos.

Para cumplir con eficacia este cometido resulta necesario recuperar a la Armada para ejercer funciones auxiliares de Policía Judicial en lo que atañe específicamente a los operativos marítimos consistentes en la persecución y captura de las embarcaciones empleadas por los narcos. No es la primera vez que ha desempeñado esta función: en la operación Atalanta contra la piratería del Indico actuó como policía judicial de la Audiencia Nacional capturando, deteniendo y poniendo a nuestra disposición a barcos y piratas dedicados al secuestro de embarcaciones y personas.

Pero también es obligada la cooperación de aquellos Estados que fabrican estas sofisticadas embarcaciones y que sirven de refugio a las lanchas de los narcos. La cooperación con Portugal debe alcanzar también a la neutralización de la fabricación y adquisición de esas embarcaciones para estos ilícitos fines.

En definitiva, no existe una política criminal clara, decidida y eficiente contra el problema que supone el narcotráfico organizado en el Sur. Y esto no es responsabilidad de los policías, ni de los fiscales ni de los jueces que cumplen con dignidad y con enorme sacrificio su trabajo en este desigual combate que libran día a día.

Tampoco puede atribuirse la culpa de esta ineficacia a la benevolencia de las leyes penales actualmente vigentes. Es obvio que siempre hay que abordar reformas puntuales particularmente reforzando las posibilidades legales de decomisar los bienes, instrumentos y ganancias de los narcos, pero la realidad es que el problema no es normativo, sino la palmaria insuficiencia de medios, efectivos y recursos técnicos en todos los órdenes.

Lo que verdaderamente se echa en falta es voluntad política y conciencia de la gravedad del problema, sin las cuales es imposible el diseño de una política criminal adecuada y eficaz que imponga el cumplimiento de la ley. En esta tesitura, el Estado de derecho se resiente porque si las instituciones no funcionan no se puede asegurar la aplicación efectiva de la ley, que es la mayor garantía contra la impunidad.

La responsabilidad es imputable, por tanto, a quien tiene la obligación de definir la política criminal contra el narco."

(Javier Zaragoza Aguado es Fiscal de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El Debate, 01/06/26)

Las cuentas del narco en España: Estos son los números para el tráfico de hachís. Porque si es cocaína, las cifras se multiplican. Por diez... Tripulante común de narcolancha: 10.000 euros por viaje... tripulante de narcolancha con conocimiento de comunicaciones: 20.000 euros... patrón de la embarcación: 45.000 euros... vigilantes en las playas de la llegada de la policía: 300/ 900 euros... alijadores que descargan a tierra los fardos desde las embarcaciones: 1.500/ 3.000 euros... conductores que trasladan la droga de la playa a los chalés: 25.000 euros... quiénes vigilan estos chalets: 10.000 euros... El 40% de la cocaína que entra en Europa lo hace por España (Jordi Amat)

"Hacía frío en el Parque Nacional de Doñana. Fue durante las pasadas Navidades, la temperatura no llegaba a los 4°C. Era una compañía de voluntarios para limpiar la zona. No recorrieron más de tres kilómetros de costa, según explicaron en la emisora de Canal Sur. Además de kilos y kilos de plástico, recogieron 210 garrafas: son grandes, muy visibles porque flotan o se incrustan en la arena. “Muchas de ellas llevan combustible, están rotas, gotean, contaminan el suelo y el mar”. La mayoría tienen capacidad para 25 litros. Acostumbran a llenarlas de noche en gasolineras de autoservicio. 

Las mafias las guardan en pisos de barrios pobres hasta que les llega la información y se activa la operación porque son el envase fundamental en una de las fases logísticas del contrabando de hachís y cocaína. Es el petaqueo: la venta de garrafas –petacas- que permite repostar a las narcolanchas en altamar. Se están comprando por 250 euros, contó aquí hace unos meses Jesús A. Cañas. Ponía cifras al volumen de carburante que necesitan los motores de cuatro tiempos para ir a toda velocidad, cargar la droga de los buques nodriza y esquivar a la Guardia Civil: entre 2.000 y 4.000 litros.

El 40% de la cocaína que entra en Europa lo hace por España y nuestra geografía tiene lugares estratégicos. Ves un mapa de la costa onubense y no hace falta ser Pablo Escobar para intuir su potencial para desarrollar uno de los negocios más rentables del mundo. El Atlántico está muy cerca y también una de las rutas tradicionales del tráfico internacional: el corredor entorno al Estrecho de Gibraltar. Uno de los periodistas locales que mejor lo están contando es Jordi Landero en Huelva Información. Allí primero fue el tabaco, luego el hachís, ahora la coca. No ha cambiado la geografía, pero sí la escala. “[El narco] maneja cifras millonarias, introduce cocaína procedente de Sudamérica y utiliza armas de guerra para proteger sus cargamentos”. Es una amenaza para la seguridad de primera magnitud y se necesitan más recursos. El viernes a media mañana, a 80 millas de la costa de Huelva y a 47 de la de Marruecos, dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Comandancia de Huelva chocaron cuando perseguían a una narcolancha. Han fallecido dos guardias civiles. En el primer congreso académico sobre la cuestión, celebrado a finales del año pasado, la Guardia Civil lo explicó: el narcotransporte es la especialidad en Huelva.

Uno de los responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera le contó al periodista Landero cuál es la escala salarial de los implicados en el negocio. El tripulante de una narcolancha se puede llevar 10.000 euros por viaje y, si tienes conocimiento de comunicaciones, incluso 20.000. Para el patrón de la embarcación, la cifra máxima: 45.000 euros. Además, debe pagarse a los petaqueros. Donde aquella mañana un grupo de voluntarios recogían garrafas de plásticos, entre playas y marismas, en ocasiones hay jóvenes vigilando. Si ven policía, avisan. Por ello pueden cobrar entre 300 y 900 euros. Es el sueldo más bajo de la cadena del narcotransporte. Luego están los que descargan a tierra los fardos desde las embarcaciones: a ellos les tocan entre 1.500 a 3.000 euros. Son los alijadores, que pueden encargarse también de ocultar y custodiar la mercancía en un primer momento. 25.000 euros pueden cobrar los conductores que trasladan la droga de la playa a los chalés, naves industriales o casas de campo donde se guardarán entre 24 y 48 horas (quienes vigilan las “guarderías”, así las llaman, se embolsan unos 10.000 euros). Estos son los números para el tráfico de hachís. Porque si es cocaína, las cifras se multiplican. Por diez."

(Jordi Amat , El País, 10/05/26)  

No hay solución militar al problema de los cárteles en México... El problema es la realidad más profunda e inalterable de que, mientras se pueda ganar dinero vendiendo drogas, eliminar a un jefe de cártel solo significa asegurar su reemplazo. Los mexicanos han visto esta película suficientes veces como para saber que el reemplazo a menudo será peor, y que solo puede surgir después de un sangriento desangramiento en brutales batallas territoriales que con demasiada frecuencia atrapan a civiles inocentes en el fuego cruzado... El contrabando hacia Estados Unidos ha existido en México desde siempre... policías, soldados o funcionarios gubernamentales mexicanos han tomado su parte de las ganancias que se pueden obtener vendiendo a los estadounidenses lo que su gobierno no les permite comprar. Sin embargo, la inseguridad y la violencia masiva para la gente común debido al narcotráfico a través de México son un fenómeno relativamente reciente, que data de 2006... A partir de ese año, el presidente conservador Felipe Calderón, con el apoyo y financiamiento de la administración Bush, se propuso aplastar militarmente a los cárteles de México. Muchos líderes prominentes de cárteles fueron asesinados o capturados mientras que las muertes de civiles se disparaban... Pero los cárteles de la droga no son ejércitos que puedan ser obligados a rendirse... son más como bancos: actores económicos que satisfacen una necesidad en un mercado enorme, aunque ilícito, y que están dispuestos a tomar medidas extremas para defender sus ganancias igualmente enormes. Eliminar a todo un cártel, desde el mula de droga más humilde hasta el narcotraficante de más alto rango, no puede acabar con el narcotráfico más de lo que cerrar el Bank of America acabaría con el sector financiero... los cárteles de hoy son más fuertes que antes. Vastas extensiones de México han pasado de ser seguras a inseguras; cientos de miles de mexicanos han sido desplazados, muchos de ellos buscando asilo en Estados Unidos; y hasta 30,000 mexicanos mueren cada año en actos de violencia relacionados con el crimen. Matar a otro líder del cártel solo nos devuelve al punto de partida... La enorme demanda de drogas ilegales y peligrosas en Estados Unidos asegura que siempre será enormemente lucrativo proporcionar un suministro. Mientras tanto, la propia abundancia de armamento de grado militar de Estados Unidos, así como el suministro de jóvenes económicamente precarios de México, aseguran que la violencia armada siempre será una opción barata para los proveedores de drogas, ya sea contra el estado o contra la competencia... ninguna política individual sería tan efectiva para reducir el poder de los cárteles de la droga mexicanos como cortar el flujo de armas estadounidenses al sur de la frontera. Esta ha sido una prioridad de larga data para el gobierno mexicano (Antonio De Loera-Brust)

 "Tan recientemente como en 2005, no solo era factible conducir desde las ciudades estadounidenses de El Paso o San Diego hasta la Ciudad de México, sino que también era seguro.

Eso ya no es así. Desde 2006, México ha caído en una guerra contra las drogas que ha hecho que grandes partes del país sean inseguras para viajar. Esa realidad quedó crudamente expuesta el domingo después de que las tropas mexicanas mataran al jefe de la droga más notorio del país. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", comandaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que respondió matando a fuerzas gubernamentales en ataques en todo México. Algunas zonas populares entre los turistas se vieron afectadas por bloqueos de carreteras y quema de coches.

Las fuerzas mexicanas mataron a El Mencho por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo presión estadounidense y con apoyo de inteligencia de Washington, pero sin tropas estadounidenses. Una operación militar estadounidense en suelo mexicano es la línea roja de Sheinbaum en sus relaciones con Washington, que parece ansioso por utilizar la potencia de fuego estadounidense contra los cárteles de la droga mexicanos.

Al tomar medidas contra un importante líder de cártel, Sheinbaum está caminando sobre la cuerda floja. Ha revertido su postura de larga data contra la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, que muchos mexicanos consideran que inició su crisis de inseguridad de larga data. (La ira por la guerra contra las drogas fue una razón importante por la que el partido Morena de Sheinbaum llegó al poder por primera vez en 2018). Al mismo tiempo, Sheinbaum intenta salvaguardar la soberanía mexicana y evitar el tipo de intervención que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado repetidamente con lanzar.

La administración Trump acogió con satisfacción el ataque de México contra el CJNG y se apresuró a reclamar su parte del mérito por la eliminación de El Mencho. Sin embargo, el beneficio de la operación para los mexicanos comunes es mucho menos claro. La reacción del cártel fue rápida y despiadada. Las cifras reales de víctimas no están claras, aunque se informa que al menos 25 miembros de la Guardia Nacional de México murieron, con un total de más de 70 fallecidos. Los ataques ocurrieron a lo largo de la costa del Pacífico de México, desde Oaxaca hasta Baja California, paralizando la vida diaria y desencadenando avisos generalizados de quedarse en casa.

Durante todo el domingo, las fuerzas mexicanas trabajaron para despejar los bloqueos de carreteras y restaurar el orden en grandes extensiones del país. Para el lunes por la mañana, el gobierno afirmó haber recuperado el control. Pero es probable que la violencia continúe, con el CJNG enfrentando una sangrienta batalla de sucesión y guerras territoriales con cárteles rivales que buscan aprovechar la debilidad de su rival. Cualquier reducción en el flujo de drogas hacia el norte será temporal, si es que ocurre.

Sin embargo, la reacción de muchos expertos, políticos y analistas tanto en México como en Estados Unidos fue tan rápida como predecible: pedir inmediatamente una mayor escalada y acción militar contra los cárteles. Algunos influyentes activistas de MAGA y funcionarios republicanos difundieron afirmaciones falsas de que los cárteles estaban atacando a ciudadanos estadounidenses en México, lo que provocó una respuesta directa de la Embajada de México en Washington.

La oposición mexicana buscó presentar el caos como evidencia de que el gobierno de Sheinbaum es blando con los cárteles. El senador mexicano Alejandro Moreno afirmó que Sheinbaum lidera un "narcogobierno", sin importar que ella misma fue quien ordenó la operación contra el CJNG en primer lugar. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses, incluido el representante republicano de Miami, Carlos Giménez, se apresuraron a insinuar que la intervención militar directa de Estados Unidos seguía sobre la mesa. Incluso el senador demócrata Rubén Gallego se unió al coro, calificando el enfoque anterior de la administración Sheinbaum hacia los cárteles como "blando".

Estas respuestas no entienden el punto. La falta de poder de fuego mexicano no fue un problema; el ejército mató con éxito a El Mencho. El problema son las consecuencias de la operación: tanto la violencia de represalia inmediata por parte del CJNG decapitado pero aún muy vivo, como la realidad más profunda e inalterable de que, mientras se pueda ganar dinero vendiendo drogas, eliminar a un jefe de cártel solo significa asegurar su reemplazo. Los mexicanos han visto esta película suficientes veces como para saber que el reemplazo a menudo será peor, y que solo puede surgir después de un sangriento desangramiento en brutales batallas territoriales que con demasiada frecuencia atrapan a civiles inocentes en el fuego cruzado.

 Así es exactamente como comenzó el problema de inseguridad de México. El contrabando hacia Estados Unidos ha existido en México desde que los contrabandistas de la época de la Prohibición operaban a través de la frontera entre Estados Unidos y México, si no antes. La corrupción endémica llegó junto con ella; muchos policías, soldados o funcionarios gubernamentales mexicanos han tomado su parte de las ganancias que se pueden obtener vendiendo a los estadounidenses lo que su gobierno no les permite comprar. Sin embargo, la inseguridad y la violencia masiva para la gente común debido al narcotráfico a través de México son un fenómeno relativamente reciente, que data de 2006.

A partir de ese año, el presidente conservador Felipe Calderón, con el apoyo y financiamiento de la administración Bush, se propuso aplastar militarmente a los cárteles de México. Muchos líderes prominentes de cárteles fueron asesinados o capturados mientras que las muertes de civiles se disparaban. Pero los cárteles de la droga no son naciones, ejércitos o grupos ideológicamente motivados que puedan ser obligados a rendirse. Los cárteles son más como bancos: actores económicos que satisfacen una necesidad en un mercado enorme, aunque ilícito, y que están dispuestos a tomar medidas extremas para defender sus ganancias igualmente enormes. Eliminar a todo un cártel, desde el mula de droga más humilde hasta el narcotraficante de más alto rango, no puede acabar con el narcotráfico más de lo que cerrar el Bank of America acabaría con el sector financiero.

Previsiblemente, la guerra contra las drogas de Calderón ha sido seguida por interminables oleadas de violencia. Se desataron batallas de sucesión cada vez que se eliminaba a un narcotraficante prominente, mientras que surgían nuevos grupos criminales para tomar su parte de las ganancias del tráfico de drogas. Irónicamente, algunos de los cárteles más peligrosos, como Los Zetas, surgieron de las mismas fuerzas militares mexicanas entrenadas por Estados Unidos que habían sido encargadas de eliminarlos.

Dos décadas después de que la violencia empeorara, pocos de los líderes de los cárteles de 2006 siguen vivos. Sin embargo, los cárteles de hoy son más fuertes que antes. Vastas extensiones de México han pasado de ser seguras a inseguras; cientos de miles de mexicanos han sido desplazados, muchos de ellos buscando asilo en Estados Unidos; y hasta 30,000 mexicanos mueren cada año en actos de violencia relacionados con el crimen. Matar a otro líder del cártel solo nos devuelve al punto de partida.

Es hora de reconocer el trato injusto que recibe el pueblo mexicano en la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos. La enorme demanda de drogas ilegales y peligrosas en Estados Unidos asegura que siempre será enormemente lucrativo proporcionar un suministro. Mientras tanto, la propia abundancia de armamento de grado militar de Estados Unidos, así como el suministro de jóvenes económicamente precarios de México, aseguran que la violencia armada siempre será una opción barata para los proveedores de drogas, ya sea contra el estado o contra la competencia.

Los cárteles de la droga mexicanos son un problema sin solución militar. Reconocer esto no significa tirar la toalla e ignorar la amenaza genuinamente peligrosa para la salud pública que representan las drogas ilícitas. De hecho, penas más severas contra los consumidores de drogas en Estados Unidos, especialmente los ricos y privilegiados, que consumen casualmente el producto de una enorme miseria latinoamericana, podrían ayudar a reducir la demanda que perpetúa la fuerza de los cárteles en toda la región. Si se les pide a los jóvenes mexicanos que mueran combatiendo a los cárteles de la droga que contrabandean cocaína, lo menos que Estados Unidos puede hacer es encarcelar a algunos de los jóvenes corredores de bolsa de Wall Street, a los técnicos de Silicon Valley y a los miembros del personal del Congreso que la esnifan rutinariamente.

Más allá de las medidas punitivas, se debería hacer mucho más para abordar las realidades de la adicción en los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los opioides. La administración Trump ha dado un ejemplo particularmente malo en este frente al proponer recortes en programas que abordan la adicción a los opioides, retrocediendo solo después de una reacción significativa.

La reciente cooperación diplomática de Estados Unidos con China para abordar el flujo de precursores químicos para la producción de fentanilo ha demostrado que es posible obtener resultados reales en la reducción del suministro general de drogas al prevenir su fabricación. Estrategias similares para limitar las materias primas necesarias para la producción de drogas incluyen invertir en programas de sustitución de cultivos en dificultades en Colombia, donde los agricultores de coca de larga data necesitan inversión de capital, acceso a mercados y asistencia técnica para que la transición a cultivos legítimos, como el banano y el cacao, sea factible.

 Sin embargo, ninguna política individual sería tan efectiva para reducir el poder de los cárteles de la droga mexicanos como cortar el flujo de armas estadounidenses al sur de la frontera. Esta ha sido una prioridad de larga data para el gobierno mexicano, que intentó sin éxito demandar a los fabricantes de armas estadounidenses en un tribunal de EE. UU. El historial de Washington en esta área es particularmente irregular, con exmilitares estadounidenses corruptos y otros funcionarios federales que a menudo se encuentran vendiendo armas financiadas con fondos de los contribuyentes a cárteles mexicanos.

Aprobar la Ley ARMAS, presentada por el representante demócrata de Texas, Joaquín Castro, sería la forma más sensata de garantizar que los cárteles ya no tengan acceso fácil a las armas de fuego estadounidenses. La propuesta legislativa devolvería la autoridad sobre las exportaciones de armas pequeñas del Departamento de Comercio al Departamento de Estado y requeriría la creación de una estrategia interinstitucional para interrumpir el flujo de armas estadounidenses a América Latina, revirtiendo una decisión de la administración Trump en su primer mandato destinada a promover las exportaciones de armas pequeñas de Estados Unidos.

Trágicamente, abordar las causas fundamentales tanto de la oferta como de la demanda de armas y drogas no parece interesar a Trump. Su administración no valora las vidas mexicanas, como lo indica su dura política migratoria cada día. En cambio, Estados Unidos parece decidido a presionar al gobierno mexicano para que tome medidas cada vez más provocadoras contra los cárteles, convirtiendo al país en un campo de batalla, victimizando a los mexicanos comunes y luego utilizando la violencia resultante para aumentar la presión a favor de nuevas acciones militares. Mientras tanto, la Casa Blanca también parece dispuesta a mantener la frontera de Estados Unidos cerrada a los solicitantes de asilo mexicanos que crea la guerra contra las drogas.

Los mexicanos han estado viendo esta película sin parar desde 2006. No hay final feliz; solo hay interminables secuelas sangrientas. Es hora de escribir un nuevo guion." 

(Antonio De Loera-Brust, Revista de prensa, 26/02/26, fuente Foreing Policy, enlaces en el original) 

Violencia y crimen organizado en el sur de Tenerife: algo más que casos puntuales... se sabe que la presencia de la Camorra en municipios como Arona y Adeje ha sido una constante... cuando un territorio concentra de forma simultánea narcotráfico internacional, blanqueo, explotación sexual y un aumento sostenido de determinados delitos violentos, ya no estamos ante casos puntuales, es un auténtico ecosistema criminal. Y es en este contexto cuando debemos formular la pregunta clave: ¿están nuestras administraciones queriendo acabar con el crimen organizado en Tenerife? A esta pregunta, la realidad de los datos y las informaciones que manejamos, de nuevo, nos dicen que no... sorprende enterarse que un delincuente condenado como el famoso mediador, pudiera pasearse por el Cabildo de Tenerife como si fuera un alto cargo, y nos evidencia el alto grado de corrupción de la Administración Insular... o si indagamos en el sur de Tenerife, donde las redes tejidas entre políticos, agentes, empresarios y delincuentes van mucho más allá de lo que sale en prensa, y se atropella mortalmente a un niño sin justicia o se dan palizas a taxistas sindicalistas que denuncian las licencias... macroenclaves donde el ocio, la prostitución, las drogas y el capital opaco forman parte de un modelo económico del que no se puede hablar. Y ese es nuestro producto estrella. Esa, nuestra gallina de los huevos de oro, nos guste o no. Hay que cuidarla, y con eso tenemos que tirar... aquí el verdadero problema no es que existan redes criminales -eso ocurre en cualquier lugar del mundo-, es que se naturalice su presencia como parte inevitable del paisaje. Que se asuma que “esto es lo que hay” y se trivialice la corrupción institucional (Eloy Cuadra)

"Sobrecogidos todavía por el brutal asesinato de un niño a manos de su propio padre y la mutilación terrible de su madre en el sur de Tenerife, se suceden en estos días las habituales manifestaciones de condena y minutos de silencio. Pero, ¿de verdad vamos a conformarnos con la explicación cómoda del “caso aislado”? ¿Otro machista que simplemente “se volvió loco”? Es evidente que hay que ir más allá, y sobre eso va mi artículo de hoy.

Porque a falta de confirmación oficial, se habla entre testigos y diversos medios aludiendo a fuentes policiales de la posible influencia de una droga de efectos espeluznantes llamada “caníbal”. Esto es algo que tal vez nos confirmen en los próximos días, o tal vez no, porque igual no conviene decir que hay una sustancia que se vende en el sur y puede hacer que un padre aparentemente normal se convierta en el demonio encarnado. Pero incluso si este crimen concreto no tuviera relación alguna con las drogas, la pregunta de fondo seguiría siendo la misma: ¿puede analizarse un hecho tan brutal al margen del contexto en el que ocurre? Y es que conviene señalar que el padre no vivía en una pequeña aldea perdida en los Alpes, lo hacía en un territorio que en los últimos tiempos aparece repetidamente en titulares vinculados al narcotráfico internacional y el crimen organizado. A saber: Tenerife, uno de los centros del narco europeo: así operaba la red del Cártel de Sinaloa (Diario de Avisos: 07/01/2026); Canarias, nodo del narcotráfico internacional: «Alcanza niveles sin precedentes» (La Provincia: 31/01/2026).

Pero hay más, mucho más. El sonado caso bautizado por la prensa como el “Breaking Bad de Tenerife”. Una operación de septiembre del año pasado en la que intervino hasta la DEA norteamericana, y en la que se desarticuló una red de narcotráfico con epicentro en Tenerife, con más de dos toneladas de cocaína incautada, un gran laboratorio desmantelado y la detención de un total de 34 personas.

 Y no solo de América vienen los cárteles a Tenerife, porque dos meses después, en noviembre de 2025, supimos por la prensa que habían detenido en el sur de la isla a dos fugitivos vinculados a la mafia italiana. Uno de ellos un capo de alto valor y líder de un conocido clan de la Camorra. Por lo visto andaban escondidos en un apartamento de Costa del Silencio ( Arona), y desde ahí continuaban dirigiendo las actividades de su organización. Por desgracia no fue un caso puntual, se sabe que la presencia de la Camorra en municipios como Arona y Adeje ha sido una constante. Así, en 2021, en una sola operación se detuvo nada menos que a 106 personas vinculadas a la mafia en el sur de Tenerife. Y puestos a repasar otros homicidios o asesinatos luctuosos relacionados, el joven de Santa Cruz conocido como Albertito, al que dieron muerte los de la banda de Añaza a principios de 2025, al parecer por rencillas pendientes relacionadas con el tráfico de drogas en el sur de Tenerife.

Otra de las patas del crimen organizado muy presente por estas tierras la pone la prostitución. Y en El País del pasado 29 de enero leemos que: La Policía libera a 27 mujeres explotadas sexualmente en el sur de Tenerife. Operación Coyote, cuatro clubs nocturnos, muchas mujeres obligadas a prostituirse, obligadas también a consumir drogas, algunas menores de edad, con estafas a los clientes en sus tarjetas…, ahí es nada.

   Y si nos vamos a las estadísticas oficiales de los últimos años Adeje sale bastante mal parado, con un aumento disparado de los delitos relacionados con drogas o de índole sexual, y un aumento importante de los robos con violencia y los hurtos. Y en Arona, aunque la situación no es tan extrema, sí que han subido los homicidios en grado de tentativa, los delitos contra la libertad sexual y las sustracciones de vehículos, con un nivel mantenido de los relacionados con el tráfico de drogas. Un panorama, el del sur, que apunta a una presencia persistente de actividades delictivas de gravedad y crimen organizado, nos empuja a desechar la narrativa de los “casos aislados” y, de confirmarse la mediación de drogas en el crimen de Cabo Blanco, nos dejaría un inquietante dilema: ¿habrímos tenido el mismo desenlace fatal si el acceso de la población a las drogas no resultara tan fácil y extendido en el sur de Tenerife?

Así llegamos a la segunda parte de este artículo, en la que toca preguntarnos si vale con minutos de silencio y otras manifestaciones de condena contra la violencia de género, o la cosa va mucho más allá. Porque hemos de ser claros: cuando un territorio concentra de forma simultánea narcotráfico internacional, blanqueo, explotación sexual y un aumento sostenido de determinados delitos violentos, ya no estamos ante casos puntuales, es un auténtico ecosistema criminal. Y es en este contexto cuando debemos formular la pregunta clave: ¿están nuestras administraciones queriendo acabar con el crimen organizado en Tenerife? A esta pregunta, la realidad de los datos y las informaciones que manejamos, de nuevo, nos dicen que no. Y para sostener este `no´ -aclaro-, no hace falta acudir a rumores ni a teorías conspirativas. Basta con repasar titulares de prensa generalista de los últimos años.

Así, el Canarias7, el 20 de mayo de 2025, publicaba el siguiente titular haciéndose eco de una investigación del diario El Mundo: Matos se ofreció a implicar a ministros y la Policía destaca «la relación de reciprocidad» con Derbah / Una nueva entrega del periódico ‘El Mundo’ compromete todavía más al expresidente del Parlamento canario. Para los que no lo sepan, Derbah es un empresario archiconocido del sur de Tenerife, detenido recientemente por cuestiones de drogas, y Matos es un diputado del PSOE en ejercicio en el Parlamento de Canarias, y fue Presidente del Parlamento en la anterior legislatura.

Otro titular, del digital de Radio Televisión Canaria del 21 de mayo: El subdelegado del Gobierno, Javier Plata, también se vio con el empresario Mohamed Derbah detenido por drogas. El Subdelegado del Gobierno, para los que no lo sepan, es el máximo responsable de la seguridad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el que tiene que velar precisamente porque narcotraficantes y mafias internacionales no operen a su antojo en la isla.

   Más titulares, en esta ocasión del diario El Mundo del mismo 21 de mayo: La Policía señala a la fiscal antidroga por sus “actuaciones favorables” a la trama del capo libanés vinculado al socialista canario / Es la pareja del jefe policial imputado del ‘caso Mediador’ y Asuntos Internos le atribuye “conductas delictivas reiteradas”. En este caso se trata de la fiscal antidroga que debía velar porque en el sur de Tenerife los narcotraficantes no hicieran lo que les diera la gana. Juzguen ustedes.

Y si hablamos del caso Mediador, en el que estuvo también implicado un alto mando policial y un diputado en el Congreso, sorprende enterarse que un delincuente condenado como el famoso mediador, pudiera pasearse por el Cabildo de Tenerife como si fuera un alto cargo, y nos evidencia el alto grado de corrupción de la Administración Insular. En esta última trama, como en la mayoría de las tramas criminales: juergas, drogas y prostitutas, como leemos en otro titular de La Sexta: Las imágenes de las juergas de los imputados en el ‘caso Mediador’: cocaína, prostitutas y Viagra. Y ya puestos a hablar de prostitutas, quién no recuerda la que lió Casimiro en aquel prostíbulo madrileño.

No se trata aquí de prejuzgar responsabilidades penales -eso corresponde a los tribunales-, sino de señalar algo más inquietante: la normalización de conductas inapropiadas y relaciones entre poder político, poder económico y figuras posteriormente investigadas por actividades delictivas graves. Porque además no se trata de un fenómeno exclusivo de Canarias. Basta recordar la amistad incómoda de Feijóo con ese conocido narco gallego, las polémicas que han salpicado al entorno familiar de Pedro Sánchez, lo del novio de Ayuso o el entramado del caso Ábalos, Koldo y compañía. Cambian los territorios y cambian las siglas, pero el patrón se repite: proximidad entre poder político, negocios turbios y redes de influencia que rara vez se investigan hasta el fondo. Tanto más de lo mismo nos pasaría si nos metiéramos de lleno a indagar en el sur de Tenerife, donde las redes tejidas entre políticos, agentes, empresarios y delincuentes van mucho más allá de lo que sale en prensa, y se atropella mortalmente a un niño sin justicia o se dan palizas a taxistas sindicalistas que denuncian las licencias. Por no hablar del nepotismo del alcalde de Adeje o los macroproyectos urbanísticos depredadores, donde se blanquean capitales de todo tipo y nada se mira desde las administraciones, como muestra un último titular del Diario de Avisos del pasado sábado: Denuncian ante la Fiscalía el ‘perdonazo’ de 17 millones en multas ambientales en Canarias. Así es como a infractores medioambientales y urbanísticos, la mayoría empresarios poderosos y muy ricos en muchos casos vinculados con estas redes criminales de las que venimos hablando, las administraciones canarias les perdonan hasta 17 millones de euros en multas. Entre los maxi perdonados, como no, los archiconocidos de Cuna del Alma. ¿Podemos llamarlo ya corrupción o todavía no?

Y así vamos llegando al final de este artículo, y va quedando también resuelta nuestra pregunta central. No, nuestras administraciones, las autoridades políticas e institucionales encargadas de luchar contra la delincuencia en Tenerife, no están haciendo todo lo que podrían y deberían, ni en Canarias ni desde fuera de Canarias. De modo que el señor Matos sigue en su puesto, no ha dimitido, ni lo han cesado, el señor Subdelegado tampoco, ni Casimiro, ni Feijóo, ni Pedro Sánchez, ni Ayuso, ni ni Fraga, ni Torres, ni ninguno de los salpicados por investigaciones, escándalos o relaciones impropias. Y volvemos al ecosistema, donde el listón de lo correcto está muy bajo, porque de esta manera está dispuesto desde hace mucho y así se acepta, por más propaganda institucional políticamente correcta que se haga. Hasta tal punto es así, que da la impresión de que muchos, hace tiempo que se convencieron de que Tenerife, Canarias y sobre todo los sures turísticos, son lo que son: macroenclaves donde el ocio, la prostitución, las drogas y el capital opaco forman parte de un modelo económico del que no se puede hablar. Y ese es nuestro producto estrella. Esa, nuestra gallina de los huevos de oro, nos guste o no. Hay que cuidarla, y con eso tenemos que tirar. Es lo que somos, los canarios, verbeneros, fiesteros, pasotas, si te gusta la fiesta bien, si no te gusta, vete a Suiza. Pero no. Esa no es la única manera de entender lo que somos los canarios. No todos hemos aceptado que el sur de Tenerife deba resignarse a ser patio trasero de mafias internacionales o parque temático del exceso para consumo externo. No todos creemos que el desarrollo consista en mirar hacia otro lado mientras el dinero fluye, venga de donde venga, porque mantiene ocupación hotelera y estadísticas de crecimiento. Canarias no es un decorado, ni un territorio condenado a elegir entre precariedad o corrupción. Y aquí el verdadero problema no es que existan redes criminales -eso ocurre en cualquier lugar del mundo-, es que se naturalice su presencia como parte inevitable del paisaje. Que se asuma que “esto es lo que hay” y se trivialice la corrupción institucional, mientras se multiplican los minutos de silencio. Pues no, yo no me resigno, por eso me atrevo con este artículo. ¿Y tú, te resignas?" 

(Eloy Cuadra, Versus Sistema, 22/02/26)

El narcotráfico en Andalucía, una hidra de infinitas cabezas que ya desafía al Estado... Europol calcula que solo se recupera el 2% del botín... El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal... La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva... existe la "conocida" y "preocupante instalación" en Málaga de "grandes organizaciones criminales"... cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio cada vez es más rentable... el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023... hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria... la escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas... El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes... El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo... ¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio (Raúl Bocanegra)

 "El mito griego de la hidra de Lerna, animal de múltiples cabezas que se renovaban cada vez que una de ellas era cortada, ilustra con cierta precisión en qué consiste el tráfico de drogas que se produce en España y singularmente Andalucía, una de las principales puertas de entrada de hachís, sobre todo, y cocaína, también, en Europa, según coinciden diferentes fuentes e informes consultados por Público. El 70% de las incautaciones de hachís y el 40% de las de cocaína en España se produjeron en 2024 en Andalucía, según la estadística sobre drogas que recopila cada año el ministerio de Interior. 

Los trabajos y reflexiones de la Comisión Europea, de Europol, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Fiscalía Antidroga y de las Fiscalías provinciales y autonómicas, de las asociaciones de jueces y de las ONG que trabajan en la lucha contra los estragos personales y sociales que causan las adicciones describen un panorama en el que las organizaciones criminales, transnacionales, son extremadamente dinámicas y ocultan sus bienes con un alto grado de eficacia.

"Redes criminales de alto riesgo dominan el tráfico y el comercio de cocaína en la UE y generan miles de millones de euros en beneficios. Sus actividades se ven facilitadas por objetivos de alto valor, como intermediarios de contactos o de dinero, que facilitan el tráfico de cocaína en un entorno altamente fluido e interconectado", expone la Agencia Europea sobre Droga en su último estudio.

Europol (la agencia de policía europea) calcula en su último informe publicado por la unidad de Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE (EU-SOCTA, en sus siglas en ingles) que solo se recupera el 2% del botín: "La baja tasa de recuperación de activos en la Unión Europea sigue siendo un reto importante en la lucha contra la delincuencia organizada y financiera. A pesar de las sustanciales inversiones en recursos y de marcos legislativos sólidos, el decomiso de productos delictivos se mantiene en un nivel alarmantemente bajo, de aproximadamente el 2%".

Añade Europol —al igual que lo aseguran jueces, fiscales, policías y ONG— que este es un asunto fundamental: "El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal. La dificultad para recuperar activos delictivos permite a las redes delictivas expandir sus actividades ilícitas e infiltrarse cada vez más en la economía legal. La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva". 

En Andalucía, según la Fiscalía Antidroga, existe la "conocida" y  "preocupante instalación" en Málaga de "grandes organizaciones criminales". "Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos". 

Diligencias abiertas en Málaga permiten "observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan" y cuyas redes se extienden por todo el globo. Hay diligencias abiertas en las que "son grandes organizaciones albanesas y chinas las que colaboran", según Antidroga. El otro gran foco es Algeciras, en la provincia de Cádiz, que según los fiscales especializados "sufre una situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho". La Fiscalía de Algeciras mantiene también "una intensa actividad en la investigación de delitos de blanqueo". 

En Andalucía, además de la entrada de cocaína a través de los puertos, la Fiscalía Antidroga observa también "el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa". Esta es "una actividad que deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho que separa en solo 14 kilómetros a la península de Marruecos, productor del hachís que se transporta a las costas para seguir posteriormente a Europa, sin perjuicio de lo que queda en [España] para consumo nacional".  

Más droga

A pesar de los sonados y publicitados golpes policiales y judiciales que los traficantes reciben cada dos por tres —según las estadísticas del ministerio del Interior cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio cada vez es más rentable. 

Según el INE, que cada año clasifica el gasto en consumo final de los hogares, el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023 (8.222). Esta estadística supone la estimación más aproximada al volumen de negocio del narco, porque refleja compras finales, las del menudeo. La cifra, según el INE, es similar al gasto en fruta (8.829 millones), es superior a lo que se dispone para calzado (6.866) e inferior a la del alcohol, que se sitúa en 10.601 millones. 

"Las estadísticas de incautaciones no son un dato definitivo sobre las cantidades disponibles en el mercado; sí lo son, sin embargo, los precios, y el bajo precio de la cocaína implica una gran disponibilidad de esta sustancia", se recoge en la última memoria, del año 2025, de la Fiscalía Antidroga. 

"El precio al por mayor ha bajado a la mitad", precisa a Público Francisco Mena, de la coordinadora Alternativas, que lleva cuatro décadas en la primera línea del activismo social contra la droga en el Campo de Gibraltar. "Estaba en unos 30.000 euros el kilo en origen, y ahora se ha reducido a la mitad. Es un fenómeno de los últimos años, hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria".

"Esto puede ir a peor. Todo lo que está haciendo Donald Trump, amenazando a los cárteles, ¿qué va a provocar? Esa droga va a buscar nuevos mercados. ¿Cuál es el mejor mercado que hay actualmente? El europeo. La cocaína que no entre en EEUU vendrá para Europa. ¿Por qué? Porque [los narcos] van buscando una sociedad que económicamente se puede permitir la compra", expone Francisco Mena.   

Así se recoge en el Informe Europeo sobre drogas de 2025: "El tráfico de drogas ilícitas se adapta rápidamente a los acontecimientos geopolíticos, los conflictos regionales y los cambios en las rutas comerciales. En este contexto, se cree que los acontecimientos en Colombia, Brasil y Ecuador contribuyeron al aumento observado en el tráfico de cocaína hacia la Unión Europea por parte de grupos del crimen organizado. El cultivo y la producción de cocaína aumentaron en Colombia en 2023, impulsados por diversos problemas económicos y de seguridad".

Y así lo expone Europol: "El aumento de la producción de cocaína en los países de origen de Latinoamérica ha alcanzado niveles sin precedentes, abasteciendo a la UE y a sus Estados miembros con cantidades sustanciales de la droga. Este aumento de la producción se alinea con la creciente demanda dentro de la UE, lo que garantiza un flujo constante de cocaína a los mercados europeos. Este equilibrio estable del mercado garantiza que el tráfico de cocaína siga siendo una actividad altamente rentable, lo que convierte al mercado de la cocaína en una perspectiva atractiva para las redes delictivas".

Laboratorios en España

Los casos de ejemplo que Europol ha elegido en su último informe para describir cómo funciona estos días el tráfico de cocaína y de hachís son ambos de Andalucía. Así describe el primero de ellos: "Una red criminal, compuesta principalmente por sospechosos colombianos y españoles, traficaba cocaína utilizando un método sofisticado para evitar ser detectados. Inyectaban cocaína base en cajas de cartón que contenían carga legal (como fruta). Una vez enviada en contenedores marítimos desde Colombia a Málaga, la red criminal extraía la cocaína base del cartón y la procesaba para obtener el producto final, listo para su distribución".

El cargamento partía de Colombia y llegaba al puerto de Málaga bajo la apariencia legal de exportación de fruta —a través de una empresa frutícola— y posteriormente el estupefaciente era transportado a un laboratorio instalado en Puebla de Montalbán (Toledo), según la Agencia Tributaria. En la operación fueron detenidas 28 personas, repartidas en Toledo (13), Madrid (ocho), Málaga (cinco) y Colombia (dos) y se intervinieron 47 kilos de cocaína, 20 kilos de cocaína base, 3.000 litros de precursores líquidos y 300 kilos de sólidos, tres armas de fuego, 20 vehículos y más de 245.000 euros en efectivo.

Las redes, en efecto, como se ha documentado en este caso, no solo exportan a Europa el producto final, la cocaína en polvo, sino que también comercian con el producto intermedio, la base de cocaína. "El procesamiento final se lleva a cabo en la UE. Para reducir los riesgos y optimizar las ganancias, la cocaína se incorpora a diversos materiales. Posteriormente, se extrae mediante procedimientos químicos específicos. Los laboratorios para el procesamiento y/o la extracción de cocaína se encuentran principalmente en países de Europa occidental y meridional. Existen indicios de una mayor expansión de las actividades de extracción de cocaína en laboratorios de la UE", afirma Europol.

"La finca que albergaba el laboratorio —asegura la Agencia Tributaria— contaba con un campo de olivos, una explotación ganadera y una plaza de toros. En esa plaza de toros, concretamente en la parte inferior del tendido, se encontraba instalado el laboratorio, que estaba dividido en diversas zonas, cada una de ellas con una finalidad específica y que, en conjunto, posibilitaba la producción de una gran cantidad de estupefaciente. Con el establecimiento de ese laboratorio, la organización pretendía crear una vía continua de producción en España, para lo que utilizaban equipos similares a los utilizados en los grandes laboratorios de Colombia".

Mayor violencia y armas de guerra

Los fiscales detectan también que hay una mayor violencia, vinculada sobre todo a la cocaína, que mueve mayores cantidades de dinero. Así, la Fiscalía de Jerez refleja que existe una "situación mantenida" y sitúa "la alarma en la constatación del incremento de incautaciones de armas de fuego, muchas de ellas automáticas, que anuncian una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con materialización en un disparo realizado este año contra un agente de la Guardia Civil que trataba de impedir una descarga de una embarcación de alta velocidad". 

Los propios guardias civiles lo notan. Así lo expone a Público el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería, Víctor Vega Romero: "Me decía un compañero: ¿Yo por qué no voy bien defendido contra estas mafias, cuando ellos van bien equipados con armamento, para los vuelcos y para sacar a los migrantes de las pateras? Llegará el día que lo usen contra nosotros. Esta escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas". 

La Fiscalía de Huelva lo expresa, según recoge la memoria de Antidroga, en los siguientes términos: "Ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís según la fórmula riesgo/ganancia. El mayor problema derivado del tráfico de cocaína es el incremento de la violencia y la introducción de armas de guerra. Se han tramitado durante el año 2024 cinco procedimientos con depósito de armas de guerra en Huelva. Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municiones".

"O que las descargas de hachís —continúa— se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano, lo que ha causado una gran alarma social, no sólo a nivel provincial, sino también nacional. El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes para los famosos vuelcos, robos de mercancías entre ellos, así como para castigar las pérdidas de la mercancía. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de la ostentación de estas en redes sociales, con lo que la inquietud ciudadana es preocupante. Se ha llegado a tal punto que incluso existe una causa judicial en la que un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores", añade.

Europol resume de este modo la situación: "Las redes de tráfico de cocaína tienden a usar la violencia con mayor frecuencia y recurren a formas más extremas que las redes que comercian con otros tipos de drogas. La violencia se utiliza principalmente internamente, dentro de la red criminal, para garantizar la disciplina y la cooperación, mantener el control y castigar a los socios por acuerdos fallidos. La violencia también se utiliza contra competidores en el mercado para establecer y mantener el poder".

Esto es lo que ha sucedido en Huelva, según la Fiscalía. Son "las mismas organizaciones criminales asentadas en la provincia que traficaban con hachís y que realizan ahora el transporte de cocaína". La presión policial en el Estrecho ha desplazado en parte la actividad hacia Huelva y hacia Málaga y, también, Almería, que se ha convertido, según la AUGC, "en la gasolinera de [los narcotraficantes]". 

"El problema se hace mayor —exponen los fiscales— ya que [las organizaciones que operan en Andalucía] no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína. El río Guadalquivir es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa". También se han producido incautaciones de alijos en el Guadiana.  

El informe europeo sobre drogas apunta a este respecto: "El tráfico ilícito de armas se caracteriza por una compleja interacción entre la oferta y la demanda, y contribuye a la expansión regional de la violencia relacionada con las drogas. Las fuentes de armas de fuego ilícitas cambian y se expanden aún más bajo la influencia de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la esfera en línea. La disponibilidad de armas en las zonas que salen de una crisis y zonas en guerra en países vecinos de la UE y países terceros también contribuye a esta expansión". 

Un "desafío abierto" al Estado

Andalucía, escriben los fiscales Antidroga, "desde el punto de vista de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que, por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido". La "exhibición constante" y la "provocación" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido", supone "un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada". 

Existe, prosigue la Fiscalía, "alarma e impotencia ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir". Además, según Antidroga, "cada vez es más violento el uso de esta herramienta que, además de ser utilizada para el asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2023, ha provocado que otros cinco ocupantes de estas embarcaciones hayan fallecido durante 2024 y en 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último recientemente en aguas internacionales, frente a Barbate". 

El petaqueo

La última memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge los problemas que causa el fenómeno del petaqueo, el suministro de gasolina a las narcolanchas, que se ha extendido hasta Almería: "Varias fiscalías refieren algunos cambios en la actividad de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que, como señala el fiscal de Almería, han mutado convirtiéndose en abastecedores de gasolina a narcolanchas que operan no solo en esta provincia sino en todo el litoral andaluz. Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han convertido en refugio de narcolanchas ante situaciones de inclemencia marítima". 

El petaqueo es una actividad "especialmente lucrativa", según los fiscales y "aparentemente desprovista de las consecuencias penales" y está "extendiéndose alarmantemente". Según se expone en un trabajo reciente, un informe especial, muy trabajado, titulado El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal y publicado en el boletín de la AUGC, "un motor fueraborda V6 de 300 caballos, de 350 caballos o V8 de 425 caballos pueden gastar más de 110 litros a la hora de navegación, esto multiplicado por el número de motores de una narcolancha supone que de tres motores el consumo es 330 litros a la hora a toda máquina". 

Este nivel de consumo provoca "que las narcolanchas no tengan mucha autonomía". "Por ejemplo, de Marruecos a Sanlúcar de Barrameda ha podido consumir casi todo el combustible que llevan a bordo. Y hay que pensar que las narcolanchas no tienen medidas de seguridad naval, son embarcaciones en su mayoría artesanales, todo un peligro en caso de incendio. Pero aun más peligro corren las personas que realizan el apoyo a las narcolanchas con el petaqueo, porque suelen llevar de 600 a 1.000 litros y más, de gasolina, son cantidades que son claramente catalogadas como mercancías peligrosas", se recoge en este documentado trabajo. 

Las petacas de gasolina son "aproximadamente de veinte, veinticinco y treinta litros"; siempre "tiene que existir una porción de aire para los gases, por ejemplo si son de treinta litros, solo rellenan veinticinco litros". "Cada garrafa puesta en la narcolancha cuesta aproximadamente entre trescientos y quinientos euros, según la dificultad de hacer la entrega y la urgencia que tenga la narcolancha", se lee en el estudio.

La AUGC en Almería plantea sobre este asunto las dificultades legales para perseguirlo: "Hemos visto estos años cómo en el mundo narco, una mafia de muchas cabezas, ha proliferado [el petaqueo]. Almería [se ha convertido] en la gasolinera de Europa y en el basurero de estas gasolineras. El mundo de la petaca no está bien legislado. Se dan piruetas legislativas o sanciones administrativas. Cuando se ha hecho una gran operación, ha sido por ingeniería legislativa".   

La memoria de la Fiscalía Antidroga lo confirma: "Algunas operaciones han permitido demostrar la vinculación del petaqueo con el tráfico de drogas. En el resto de los casos, la Fiscalía ha comenzado a presentar acusaciones por delito de tenencia de sustancias inflamables. En Cádiz, la Fiscalía  ha emitido una nota interna analizando "las posibilidades de que determinadas actividades de petaqueo puedan ser consideradas delictivas". 

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que había estimado un recurso de la Fiscalía y había  condenado con ocho años de cárcel y dos multas de 180.000 euros cada una a un petaquero multirreincidente: "La conducta enjuiciada consistió en la tenencia ilegal de 1.300 litros de gasolina y en su transporte por vía marítima distribuidos en 52 garrafas, siendo palmario que su poseedor conocía la peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil de dicho producto y que asumía tal grave riesgo, habiendo incurrido por tanto en el delito tipificado en el artículo 568 del Código Penal como promotor responsable de esa posesión y transporte que efectuaba".

Fuentes del ministerio del Interior aseguraron que el departamento estudia junto al ministerio de Justicia "posibles reformas del Código Penal que permitan mejorar la lucha contra las organizaciones que se dedican a estas labores logísticas de aprovisionamiento de combustible". Para la AUGC, ya van tarde.

El Ministerio del Interior aseguró a Público: "El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar incorpora de manera expresa la necesidad de erradicar las redes de abastecimiento de combustible y víveres que actúan como apoyo logístico a las denominadas narcolanchas".  

Fruto de la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según Interior, "ha sido posible decomisar [casi dos millones de litros] de combustible para abastecer a las embarcaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando, desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2025". 

Migrantes 

La Guardia Civil ha detectado también que, como otra forma de negocio, en periodos de espera entre alijo y alijo, las narcolanchas son en ocasiones utilizadas para el transporte de personas migrantes. "Tratan la emigración como si fueran fardos de drogas. Hemos visto cómo desalojan las pateras con gran violencia", lamenta el portavoz de la AUGC en Almería.  

El trabajo El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal también describe así esta actividad: "Se desarrolla de la siguiente manera. Suele acontecer en la época estival, varios narcotraficantes pilotan motos de agua de gran cilindrada. [...] Cada narco lleva en su moto de agua varios fardos de hachís [...] y a una persona migrante, la cual es menor de edad, el cual va montado detrás del narcotraficante. Esta persona migrante ha pagado por su viaje entre dos mil y tres mil euros, para que le transporten a España".

"Si se encuentra —se lee en el estudio— con alguna patrullera en el trayecto y se produce una persecución, el narco le dará una patada para tirarlo al agua, para anular el seguimiento. Estos menores no llevan ningún chaleco salvavidas o flotador, con el que puedan ayudarse a flotar en el caso de terminar en aguas del Estrecho de Gibraltar. La vida de la persona migrante es lo principal, por lo que las patrulleras se paran en el mar a iniciar el rescate, porque estas personas corren un peligro inminente de ahogamiento o de padecer hipotermia". 

Capacidad de corrupción

"Lo que podría parecer en los últimos años una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando efectivamente más potencial de daño, utilizando más violencia y una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real y que conduce a un deterioro de la seguridad y una merma de confianza en las instituciones públicas", considera la Fiscalía Antidroga. 

El narco tiene "una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real"

Casos como el del inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior en Madrid, que fue arrestado y al que se le encontraron más de 15 millones de euros en su casa, perduran en la memoria. En España, entre 2011 y 2021, fueron detenidos 148 guardias civiles por vínculos con el narcotráfico. 

"El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo. Afortunadamente, en este país no tenemos la situación de otros lugares. Nuestros sistema de garantías hace que no puedan corromper o no puedan llegar [a numerosos lugares]", afirma Francisco Mena, de la coordinadora Alternativas.   

El caldo de cultivo 

Ante las cifras de detenidos vinculados a las redes del tráfico, miles cada año en Andalucía, Mena se plantea: "¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio, por mucho que veamos en titulares nombres de los clanes... pero estos eran meros transportistas. Los que ganan dinero de verdad no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres. Son los que llegan al acuerdo con el productor y el comprador y ellos son los que realmente ganan dinero".  

"Y los que descargan droga, hay que ver cuál es la situación de pobreza y de paro —prosigue Mena— en la que viven. No es justificable pero es la realidad: cuando alguien no tiene capacidad económica para subsistir, son tentados por el narcotráfico. De ahí se nutre el narcotráfico: del paro, la pobreza y la exclusión social. ¿Alguno dice de quién es la droga? Jamás, no por miedo, sino porque si mantienen la boca cerrada los van a tener protegidos a él y a su familia en la calle. Esto está montado de una forma mercantilista cien por cien. Es un negocio y hay gente que por la situación de pobreza entiende que el narcotráfico es la solución a sus problemas económicos". El desempleo en el Campo de Gibraltar es endémico, hay barrios donde la desesperanza y la falta de oportunidades son la norma.

"Esto no tiene arreglo. La bajada de la demanda puede [llevar la situación a] unos términos aceptables: educando, y aplicando políticas sanitarias, educativas y de concienciación. Ese es el trabajo que hay que hacer. Se puede vivir sin drogas, no es necesario consumir nada para ser feliz. Una raya llega en cualquier fiesta y la encuentras. Por eso hablamos de un plan integral. No solo se trata de políticas policiales, que hay que tenerlas, sino de darle oportunidades a la gente", reflexiona Mena. 

Reivindicaciones y cambios legales

El narco dispone de medios de los que carecen las fuerzas de seguridad, según lamentan policías y guardias civiles. Submarinos, drones, embarcaciones... todo sirve para transportar la droga. Europol recoge en su último informe el ejemplo de una red criminal que utilizaba helicópteros modificados para traficar cannabis desde Marruecos al sur de España. "Una vez en España, la droga se transportaba a Francia en vehículos o camiones pesados con matrículas falsas. Como contramedida, se utilizaban múltiples identidades falsas y la red utilizaba empresas fantasma para blanquear las ganancias del tráfico y comercio ilícitos. Las ganancias se utilizaban posteriormente para desarrollar y avanzar su negocio, incluyendo la mejora y expansión del sistema de tráfico", recoge la Agencia de Policía europea.

Tanto guardias civiles como policías como fiscales y jueces vienen reclamando más medios, de todo tipo, materiales y de personal (también el establecimiento de un complemento de peligrosidad), y cambios legales que faciliten la labor de investigación del blanqueo, sobre todo, para poder llegar a una condena, frente a equipos legales muy preparados. Por ejemplo, la asociación de jueves Francisco de Vitoria, tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, reclamó que la Audiencia Nacional asumiera la competencia sobre todos los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos, "con incremento de medios para su instrucción y posterior enjuiciamiento". Ahora mismo, la Audiencia Nacional se ocupa de las causas más relevantes, las que afectan a más de una provincia."                        (Raúl Bocanegra, Público, 24/01/26)  

De aquellos narcotráficos, estas migraciones... la producción, la manufactura y la distribución de cocaína lleva más de cuatro décadas bañando en sangre el suelo de Latinoamérica... en el conjunto de países que integran América Central y Sudamérica se produjeron más de 291.000 crímenes y delitos relacionados con el tráfico y la posesión de drogas durante el año 2023... El reguero de violencia se produce al conectar las zonas productoras con las rutas de tránsito hacia los destinatarios finales... a excepción de Chile, todo el continente está a merced de esta actividad mercantil... El recorrido de la mercancía concluye en los los big five de recepción y de consumo de cocaína a nivel mundial: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Bélgica y España. Para que los ciudadanos del norte desarrollado tengan acceso a sus golosinas del fin de semana, hay un continente entero que debe vivir bajo la tiranía de los cárteles... Si los ricos se drogan, a los pobres no les queda más remedio que ponerse a traficar o, con suerte, salir por patas de donde se está traficando... una foto es la del actual líder del PP Alberto Núñez Feijóo a bordo del yate del narcotraficante Marcial Dorado... El PP que deja éste sonado rastro de compadreo con el narcotráfico, es el mismo PP que agita a diario el mantra de la inmigración... En ningún caso pone sobre la mesa el origen del fenómeno. Más que nada, porque eso obligaría a señalar que el yate de Marcial Dorado reposa sobre las extorsiones, la corrupción y los asesinatos que fuerzan el grueso de las migraciones procedentes de Latinoamérica (Emma Zafón)

 "A principios de este pasado mes de octubre, el youtuber Jordi Wild afrontaba una peliaguda polémica tras haber afirmado, durante una de sus entrevistas, que tiene por costumbre llevar una “vida sana” pero que de vez en cuando se da el gusto de meterse una rayita de cocaína. Los pistoleros habituales del viejo Twitter no tardaron en desenfundar: qué despropósito, ¿cómo puede decir que se cuida si luego se droga? ¿Es que nadie va a pensar en los niños?  

Como siempre, el barullo tuitero se quedaba en la superficie, en la anécdota, y nadie fue capaz de reparar en el verdadero mal mayor que se escondía tras el planteamiento de Wild. Esto es: hay que ser muy hipócrita para reconocer que consumes cocaína mientras te dedicas a esparcir discursos de odio contra la inmigración a través de tus diferentes canales. 

Por si acaso queda algún despistado, la producción, la manufactura y la distribución de cocaína —así como de otras drogas sintéticas— lleva más de cuatro décadas bañando en sangre el suelo de Latinoamérica. La ONU, en su último informe World Drug Report, documenta que en el conjunto de países que integran América Central y Sudamérica se produjeron más de 291.000 crímenes y delitos relacionados con el tráfico y la posesión de drogas durante el año 2023, el último del que se tienen registros. 

En menos de una semana, entre finales de octubre y principios de noviembre, México vivía un tiroteo a plena luz del día en la Colonia Tepito de la capital con un saldo de tres víctimas mortales. Poco después se producía el sonado asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien había mostrado su firme intención de combatir el crimen organizado. Entremedias, en Río de Janeiro, el gobernador bolsonarista Claudio Castro daba la orden de asaltar una favela del norte de la ciudad y causaba más de 130 víctimas mortales, la mayor masacre de estas características en la historia de Brasil.  

La ley de la sangre y la demanda

Los procesos de violencia que sacuden Latinoamérica no son homogéneos, ni permanentes en el tiempo, pero sí que son transversales y se enquistan latentes en el territorio. Todo depende del auge, de la expansión y del declive de los cárteles. O del escenario geopolítico. En los años 80 y 90, Medellín era el punto más caliente del continente, con casi 7.000 personas asesinadas durante el año 1991. Tras la caída de Pablo Escobar, la ciudad fue dando pequeños pasos hacia la paz y la convivencia y actualmente es hasta destino turístico. 

Lo que fue bueno para Medellín fue malo para las regiones cercanas. El periodista hondureño Óscar Estrada, en su libro Tierra de narcos, afirma que el desmantelamiento del cártel de Escobar acabó expandiendo la guerra contra las drogas al resto del continente. “Para inicios del 2000, la guerra que ya se reconocía como una estrategia fracasada, fue exportada a México a través del Plan Mérida, que tendría grandes repercusiones en Centroamérica”, explica. 

Los cárteles mexicanos asumieron parte de la cuota de mercado de Pablo Escobar y, según el periodista guadalajarense Antonio Nieto, el narco conocido como ‘El Abuelo’ llegó a entrar 35 toneladas de cocaína anuales a los Estados Unidos a través del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 

El reguero de violencia se produce al conectar las zonas productoras con las rutas de tránsito hacia los destinatarios finales. De acuerdo con el mismo World Drug Report de la ONU, a excepción de Chile, todo el continente está a merced de esta actividad mercantil. Colombia, Perú y Bolivia son los ejes productores y cada año incrementan sustancialmente la superficie de cultivo dedicada a la planta de coca: de las 120.000 hectáreas destinadas en 2013 se había pasado a las 375.300 en 2023.

El resto de países, sobre todo Brasil, Venezuela y Ecuador, son el punto de gestión intermedia hacia el destino final de esta cadena de distribución. También lo es Honduras, convertido en puerto de entrada y de salida de la droga cuando Nicaragua se salió del circuito en los años 80 tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Desde entonces, suma más de 30.000 víctimas de asesinatos y un presidente, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por asociación “con algunos de los traficantes más grandes del mundo para transportar toneladas de droga hacia Estados Unidos”.  

El recorrido de la mercancía concluye en los los big five de recepción y de consumo de cocaína a nivel mundial: Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Bélgica y España. Para que los ciudadanos del norte desarrollado tengan acceso a sus golosinas del fin de semana, hay un continente entero que debe vivir bajo la tiranía de los cárteles. 

Farloperos de pueblo y sobredosis de racismo

Dos fotografías. La primera, de sobras conocida, es la del actual líder del PP Alberto Núñez Feijóo a bordo del yate del narcotraficante Marcial Dorado. La segunda, solo conocida a nivel local, es la de un edil de un pueblo de Castellón, José Vicente Adsuara, pintando una raya de coca sobre una mesa que sostiene media decena de cubatas. 

La primera imagen no impidió que Núñez Feijóo se hiciese con el liderazgo del PP tras la liquidación de Pablo Casado y la segunda imagen no ha impedido que Adsuara haya sido recompensado este verano con un puesto de asesor en la Diputación de Castellón. 

El PP que deja estos sonados rastros de compadreo con el narcotráfico es el mismo PP que jamás titubea a la hora de subirse al carro de los cuestionamientos demográficos. Con la ultraderecha pisándole los talones, los líderes populares agitan a diario el mantra de la inmigración. Ahora bien, lo hacen limitándose a vociferar conceptos relacionados con la seguridad y con la delincuencia, para luego ponerse a exigir que no venga ya nadie más. 

En ningún caso ponen sobre la mesa el origen del fenómeno. Más que nada, porque eso obligaría a señalar que tanto el yate de Marcial Dorado como el pollo de cocaína de José Vicente Adsuara reposan sobre las extorsiones, la corrupción y los asesinatos que fuerzan el grueso de las migraciones procedentes de Latinoamérica. Si los ricos se drogan, a los pobres no les queda más remedio que ponerse a traficar o, con suerte, salir por patas de donde se está traficando."                       ( Emma Zafón, , El Salto, 24/11/25)