"Raúl Burillo (Zaragoza, 1963) era delegado de la Agencia Tributaria en
Baleares cuando comenzó la investigación de Caso Nóos. Fue una de las
personas que tuvo en sus manos los primeros documentos de la operación y
asegura que, desde el principio, sabía que lo que tenían era algo
importante. (...)
Cuando teníamos entre manos esos
expedientes nos sorprendía estar investigando temas de tantísimos
millones que se habían desviado de la función pública. Era algo que nos
parecía excepcional.
Después ya vimos que el sistema era
corrupto.
Sobre todo porque había dos tipos de corrupción: de abajo a
arriba, que es la que afecta, por ejemplo, a un alcalde por algo propio;
esa no se extiende, es algo puntual. Pero la nuestra era la que de
arriba se extiende a abajo y llega a todos.
Porque cuando el sistema se
da cuenta de que está enfermo lo de arriba, que el que no lo hace es
tonto, pues se extiende. Vimos un sistema corrupto, en el que
investigaras por donde investigaras siempre encontrabas algo. Todos los
que estaban relacionados, los profesionales que hacían posible el fraude
eran siempre los mismos, los mismos despachos, los mismos asesores…
¿Encontraron trabas en la investigación?
No, realmente fue muy fácil. Cuando se
investiga judicialmente todo queda a disposición del juez, muchos
asuntos son piezas secretas, nadie lo ve y así da gusto avanzar.
Teníamos buena relación con la Policía, con el fiscal Horrach, se hacía
fácil el trabajo.
Trabajamos bien y a gusto. Llega un momento en el que
el juez levanta el secreto de sumario, los abogados tienen la
información, se la pasan a la prensa y empiezan a hacerse públicos
informe de unos y otros.
En los últimos años, hubo prensa
claramente afín a los corruptos que jugaron su papel en defensa de los
corruptos y del sistema. La corrupción se sostiene, en gran medida,
creando barro y humo. Diciendo ‘estos señores no saben investigar’, ‘lo
hacen presionados por el partido’, desprestigiando. Desprestigiar a
investigadores, jueces, fiscales ha sido uno de los instrumentos
recurrentes de los partidos políticos en el tema de la corrupción.
Siempre se ha desprestigiado a los investigadores usando medios de
comunicación afines. Cuando se empieza a investigar, en las primeras
noticias se cierran en banda. La segunda fase es la presión mediática a
jueces y fiscales, y eso lo vivimos allí también. (...)
Sabemos que se organizaban eventos casi ficticios en cuanto a su coste y no se ha considerado delito de malversación.
Como consecuencia de ello, hay unas penas
relativamente muy bajas en conjunto, y eso hace que se pida una fianza
casi simbólica para no entrar en la cárcel. (...)
¿Y en el caso de la infanta?
Aquí lo verdaderamente difícil era que
llegara a estar sentada. Lo que ahora se podía haber planteado en la
sentencia era si estaba bien sentada. Y se ha demostrado que sí. En
primer lugar, porque ella podría haber dicho que era una injusticia que
estuviera sentada, si no hubiera habido ningún condenado por delito
fiscal, pero se ha condenado a su marido por dos delitos fiscales.
Y hay más: el instrumento usado para la
defraudación es un velo societario, es decir, interponer una sociedad.
El delito fiscal es por lo que se llama, técnicamente, levantamiento del
velo, levantamiento de la sociedad interpuesta. Esta sociedad la
formaba con su mujer al 50 % cada uno. En estas condiciones está más que
justificado que hubiera que investigarla, en primer lugar, y,
posteriormente, se ha demostrado que había elementos suficientes para
considerar que podía ser partícipe.
Hay una cosa curiosa en la ‘no condena’.
Ella está condenada por participación a título lucrativo, es decir, por
haberse quedado con el dinero de un delito. En la sentencia llama la
atención que, en todos los casos (como es habitual), el juez dice ‘debo
condenar y condeno a….’, en todos los casos, con Urdangarin, Matas,
etcétera.
Pero cuando llega la infanta, que está condenada aunque no sea
a cárcel, se cambia la fórmula, se omite el ‘condeno’. También pasa con
Ana María Tejeira, la esposa de Diego Torres. Y no existe ninguna razón
para hacerlo.
¿Cree que la condena es justa?
Creo que había elementos más que
suficientes para poder haberla condenado, aunque la condena que hubiera
procedido no tenía que ser nunca superior al año. La petición de ocho
años de Manos Limpias estaba absolutamente fuera de lo que correspondía
al delito cometido. (...)
Ella, en su derecho, lo negó todo, y
había que haber puesto de manifiesto una serie de condicionantes que
ponían muy en duda que no tuviera conocimiento. Y no solo porque tenga
estudios y sea economista, sino porque había elementos muy básicos para
decir que era consciente de a qué se dedicaba la sociedad de su marido.
Además, una infanta de España siempre tiene un asesoramiento. Su papel
no está solo en Aizoon, sino también en el Instituto Nóos, es decir,
está tanto donde entra el dinero como donde sale. Estaba
estratégicamente colocada en una trama organizada de desvío de dinero.
Hay que tener en cuenta que la única
acusación que hay es de Manos Limpias; ni la abogada del Estado, ni el
fiscal, ni la Agencia Tributaria la han acusado. Y Manos Limpias no
podía poner toda la carne en el asador porque, a la vez (casualidad, o
no), estaba siendo investigada. (...)
Hay una lectura política, aparte de la
judicial, y es cómo se financian determinadas vías de poder. Debemos
recordar que el marqués de Villaverde, que era yerno de Franco, estaba
en cientos de consejos de administración. Un yerno de la Jefatura del
Estado, según investigaciones periodísticas, fue capaz de hacerse con un
patrimonio de 100.000 millones de pesetas.
Pero la vía de financiación de los
yernos sigue haciendo historia, porque el señor Marichalar también
participa en muchos consejos de administración. Lo que pasa es que lo
que se llega a estudiar en el ámbito judicial es, exclusivamente, el
dinero público.
En el caso que nos ocupa, por ejemplo, los
investigadores llegaron a la conclusión de que ese entramado se había
hecho con unos 17 millones de euros, de los que solo 6 eran dinero
público, es decir, al juzgado solo fueron esos 6. Los otros 11 fueron
pagados por muchas empresas privadas. Por tanto, empresas privadas pagan
importantes cantidades de dinero a cambio de nada, pero ninguna ha
considerado que le estuvieran estafando.
