IU plantea una reforma fiscal para aumentar la recaudación en 111.000 millones de euros anuales... en los rendimientos superiores a los 300.000 euros anuales, el promedio en la escala estatal pasaría del 14% al 20%... eliminación de beneficios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)... eliminación de las deducciones a los planes de pensiones privados... eliminación de los topes máximos de cotización a la Seguridad Social... la reforma del Impuesto a las Grandes Fortunas obligaría a su presentación a los patrimonios netos (descontadas deudas) superiores a 1 millón de euros; la aplicación de una escala progresiva en este impuesto produciría una recaudación adicional de 11.415 millones de euros a las arcas públicas... se plantea en el IRPF un aumento de la progresividad de las rentas del trabajo: en el tramo 300.000-600.000 euros estaría gravado a un tipo marginal estatal del 28% (actualmente se halla en el 24,5%); y a partir de los 600.000 euros, el tipo marginal estatal se situaría en el 30%... fortalecer la imposición a las transacciones financieras; en concreto, “gravar no sólo la compra de acciones, sino también los derivados financieros con un 0,3%”... un Impuesto a las Grandes Herencias que impida las exenciones a herencias y donaciones por encima de 1 millón de euros... y mejorando la lucha contra el fraude, España dejó de recaudar 30.000 millones de euros entre 2016 y 2021 por la elusión fiscal de las grandes corporaciones... si España hubiese recaudado durante los últimos 25 años el 40,6% del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,46 billones de euros adicionales (Enric Llopis)

 "Defiende la Reforma del Impuesto a las Grandes Fortunas, aumentar la progresividad en los tipos a las rentas del capital y una tributación mínima del 20% al resultado contable de las empresas

¿Cómo evoluciona la fortuna de los multimillonarios del estado español? Su patrimonio aumentó un 21,5% en 2025, hasta alcanzar los 213.100 millones de dólares, detalla el informe Billionaire Ambitions-2025 del banco suizo UBS; el número de ultrarricos españoles ha pasado de ocho a 32; entre los capitales que crecieron, figura el del principal accionista de la multinacional Inditex, Amancio Ortega.

El informe Las brechas salariales de las grandes empresas, publicado por OXFAM Intermón, apunta que en 2024 el primer ejecutivo del Banco Santander ganó 367 veces el salario medio de la entidad financiera; 347 veces en el caso de CIE Automotive y 196 veces en Inditex; el promedio de las 40 empresas analizadas es de 89 veces.

Además, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (febrero de 2026) señala que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,7% en 2025; en Andalucía se alcanzó el 34,7%, en Castilla-La Mancha el 34% y el 32,5% en Murcia. Se da la circunstancia que, en el caso de los menores de 16 años, el dato de riesgo de pobreza o exclusión social se acerca al 34%.

Son tal vez algunas coordenadas en las que podrían ubicarse las Propuestas para una reforma fiscal justa, presentadas por Izquierda Unida (IU) con el subtítulo de Hacia la suficiencia, la equidad y la lucha contra el fraude.

El conjunto de medidas permitiría recaudar anualmente, según Izquierda Unida, 111.000 millones de euros adicionales (el 7% del PIB); la propuesta fue presentada en noviembre por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el doctor en Economía y miembro de la organización, Carlos Sánchez Mato.  

El documento subraya la necesidad “urgente” de una reforma fiscal; entre otras razones, por los datos comparativos de la presión fiscal detallados en la estadística de Eurostat: 41,2% del PIB en la Eurozona entre 2019 y 2024, frente al 37,1% en el estado español durante el mismo periodo.

“Si España hubiese recaudado durante los últimos 25 años el 40,6% del PIB como la media de la Eurozona, se habrían obtenido 1,46 billones de euros adicionales, un 16% más”, argumenta IU (la presión fiscal en 2024 en Dinamarca, Francia y Bélgica fue superior al 45% del PIB).

Otro punto destacado en el diagnóstico es el peso de los diferentes tributos; según los datos de la Agencia Tributaria, la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentó un 77,8% entre 2007 y 2024; la del IVA, un 62% durante el mismo periodo, mientras que la recaudación por la vía del Impuesto de Sociedades -que grava los beneficios de las empresas- se redujo un 12,8%.

La recaudación tributaria en el estado español por IRPF en 2024 sumó 133.443 millones de euros; 90.541 millones en concepto de IVA y 39.096 millones por el Impuesto de Sociedades.

Además, el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades sobre resultado contable positivo pasó del 22% en 2000 al 10,8% en 2024.

En apartado de las alternativas, el documento de IU plantea la reforma de una parte de la tributación existente; el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas grava sólo los patrimonios netos que superen los 3 millones de euros; en 2024, recaudó cerca de 40 millones de euros.

La reforma del Impuesto a las Grandes Fortunas obligaría a su presentación a los patrimonios netos (descontadas deudas) superiores a 1 millón de euros; la aplicación de una escala progresiva en este impuesto produciría una recaudación adicional de 11.415 millones de euros a las arcas públicas.

Otra de las propuestas es la modificación del tipo impositivo actual sobre los depósitos bancarios, del 0,03%, que llegaría al 1%.

Por otra parte, además de eliminar los topes máximos de cotización a la Seguridad Social, también para aumentar la recaudación, se plantea en el IRPF un aumento de la progresividad de las rentas del trabajo: entre 200.000 y 300.000 euros se gravarían a un tipo marginal del 26%; además, en el tramo 300.000-600.000 euros estaría gravado a un tipo marginal estatal del 28% (actualmente se halla en el 24,5%); y a partir de los 600.000 euros, el tipo marginal estatal se situaría en el 30%.

Asimismo IU propone un incremento de la progresividad en los tipos para las rentas del capital; por ejemplo, en los rendimientos superiores a los 300.000 euros anuales, el promedio en la escala estatal pasaría del 14% al 20%.

Otro punto relevante del documento es la eliminación de las deducciones a los planes de pensiones privados; se trata de deducciones regresivas: “Mientras que los ciudadanos con una renta inferior a los 30.000 euros se benefician del 29,3% de las reducciones fiscales, los que ganan a partir de 60.000 euros disfrutan del 70,7% de las mismas”.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, se ha producido una caída notable de la recaudación -en relación con la riqueza, medida en términos de PIB- desde 2007; el tipo efectivo medio de las 26 multinacionales españolas que menos porcentaje pagaron en 2021 fue el 2,9%; entre las propuestas del informe figura la implantación de una tributación mínima del 20% del resultado contable de las empresas, y no de la base imponible.

A ello se agregarían medidas como la eliminación de beneficios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), sociedades de alquiler de viviendas y sociedades de inversión.

Asimismo, en línea con la propuesta del economista James Tobin -seguida por colectivos como ATTAC-, Izquierda Unida aboga por fortalecer la imposición a las transacciones financieras; en concreto, “gravar no sólo la compra de acciones, sino también los derivados financieros con un 0,3%”.

Uno de los apartados destacados del informe es el dedicado a las nuevas figuras tributarias; así, en relación con la fiscalidad ecológica, Izquierda Unida plantea un Impuesto sobre Actividades Extractivas Mineras, que podría recaudar más de 470 millones de euros anuales; un Impuesto sobre el Carbono; y la reforma de la imposición sobre hidrocarburos, con la igualación de los tipos para la gasolina y el diésel.

La propuesta de reforma fiscal incluye un Impuesto a las Grandes Herencias -“con un esquema similar al de las grandes fortunas”-, que impida las exenciones a herencias y donaciones por encima de 1 millón de euros; asimismo, formula la idea de un mínimo y máximo estatal de las deducciones, bonificaciones y exenciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el fin de evitar la competencia fiscal entre autonomías; a este gravamen se añadiría otro, a las Grandes Propiedades Inmobiliarias.

Las medidas mencionadas tendrían que complementarse, según el documento de IU, con la lucha contra el fraude; el Estado español dejó de recaudar 30.000 millones de euros entre 2016 y 2021 por la elusión fiscal de las grandes corporaciones, según el informe State of Tax Justice-2025 de la organización Tax Justice Network.

En este contexto, una de las iniciativas planteadas es equiparar en seis años la plantilla de la Agencia Tributaria estatal a la media de los países europeos; asimismo, igualar el plazo de prescripción tributaria y penal a cinco años (en el caso de los delitos fiscales agravados la prescripción se produce a los 10 años); IU defiende también al coordinación entre la Agencia Tributaria estatal y las administraciones tributarias autonómicas." 

( Enric Llopis , Rebelión, 18/02/26) 

Branko Milanovic: Un impuesto pedagógico... un impuesto contra la codicia... no soy muy partidario de resolver los problemas de desigualdad de ingresos o riqueza mediante impuestos. Sin embargo, acontecimientos recientes me han llevado a apoyar el impuesto Zucman, e incluso a defender que se endurezca aún más.. pues la impunidad con la que se han comportado los ricos del caso Epstein exige la restricción social (por débil que sea). El impuesto Zucman sería una de esas modestas restricciones... Un impuesto pedagógico contra la codicia, al reducir ligeramente la riqueza de los excesivamente ricos, transmitiría el mensaje de que la sociedad no es totalmente indiferente a la codicia extrema, al poder y a la vanidad que acompañan a dicha riqueza, y que convierten a sus poseedores en objetos de adoración (inapropiada)... Un sistema de crédito social, llámalo «el sistema de crédito social anti-Epstein», que responda al "Compórtate con un mínimo de decencia o te gravarán con impuestos", sería una herramienta pedagógica... o sea, si viajas demasiado en jets o yates privados, se le gravaría entre el 1 y el 2 % de tu patrimonio neto... Si contribuye con más de 1000 dólares a la campaña de cualquier político, se le cobraría entre el 1 y el 5 % de su patrimonio neto

"La codicia es, como la definió Marx, «hedonismo abstracto».

 Hasta ahora no he hablado del impuesto Zucman propuesto. En general, no soy muy partidario de intentar resolver todos los problemas de desigualdad de ingresos o riqueza mediante impuestos. Sin embargo, dos acontecimientos recientes me han llevado a reconsiderar mi postura y a apoyar firmemente el impuesto Zucman, e incluso a defender que se endurezca aún más.

La justificación del impuesto no es que vaya a mermar significativamente la riqueza de los ricos, ni que vaya a recaudar grandes ingresos.

Pero transmitiría un mensaje. Es un impuesto contra la codicia. Es un impuesto pedagógico.

¿Cuáles son los dos acontecimientos recientes que me han hecho reconsiderar mi postura?

El primero es la reseña de Andrea Capussela sobre mi libro La gran transformación global. Me hizo volver a fijarme en el último capítulo de mi libro, titulado «Nacionalismo, codicia y propiedad». Andrea escribió bastante sobre él y amplió el debate. (El título de la reseña de Andrea es «Retrato impecable e inaceptable de nuestro mundo». Les recomiendo que la lean). Curiosamente, esta es también la única parte del libro que comenta Martin Wolf en su breve reseña del libro en The Financial Times.

 "Las cosas poseen una utilidad indirecta porque transmiten a los demás la imagen de riqueza y poder de su propietario. Dado que la imagen de riqueza y poder no tiene límites superiores, es decir, no tiene límites físicos (a diferencia, por ejemplo, de los alimentos o la ropa que se pueden consumir en un período de tiempo determinado), se convierte en lo que comúnmente se denomina codicia, la pleonexia de Platón y los griegos, la codicia que lo consume todo y nunca se sacia. La codicia es extrínseca. No se puede determinar ni juzgar desde dentro, en el sentido de que no se puede afirmar objetivamente que el aumento del número de bienes que se poseen por encima de un determinado límite no aporte una utilidad adicional. La utilidad que aporta proviene de un espectador externo que, al ser consciente o reconocer nuestra propiedad de las cosas, la valida, confirma que nos son útiles y nos hace desear tener más para que la validación sea aún más fuerte. El uso omnipresente de los teléfonos inteligentes para tomar fotos de las actividades o acontecimientos más triviales de la vida cumple esa función: mercantiliza el tiempo, y ese nuevo bien adquiere su valor solo de forma extrínseca, cuando se muestra a los demás.  Tomar fotos de nuestros almuerzos o paseos por el bosque y guardarlas para nosotros mismos es un desperdicio. No aporta nada, o casi nada, además del placer potencial que se obtiene de la actividad en sí. Pero compartirlo con otros nos permite reconocer nuestra riqueza o, quizás lo que es más importante, nuestra felicidad. Que otros confirmen nuestra felicidad es una de las características de la codicia. El placer ya no reside en la actividad o el bien en sí, sino en la apreciación por parte de los demás de la felicidad que se supone que la actividad o el bien nos han proporcionado. Las cosas pueden ir aún más lejos: las actividades que no aportan ninguna utilidad, o que incluso son tareas domésticas, pero que pueden presentarse como felicidad, obtienen su valor precisamente de esa presentación, y no de ninguna cualidad intrínseca. Puede que me dé pánico o me aburra mucho escuchar música clásica, pero si puedo enviar una foto en la que aparezco asistiendo a un concierto importante o caro (y aparentemente feliz, aunque me sienta miserable), la utilidad que me reporta la convicción de que los demás me ven feliz será lo suficientemente fuerte como para superar mi aburrimiento durante el concierto. La codicia es el «motor» que impulsa nuestra obsesión por la propiedad, ya que su adquisición se considera el objetivo final, no solo por el placer hedonista que proporciona, sino porque muestra el valor de un individuo. La codicia es, como la definió Marx, «hedonismo abstracto»."

 El impuesto pedagógico contra la codicia, al reducir ligeramente la riqueza de los excesivamente ricos, transmitiría el mensaje de que la sociedad no es totalmente ajena o indiferente a la codicia extrema, al poder y a la vanidad que acompañan a dicha riqueza, y que convierten a sus poseedores en objetos de adoración (inapropiada).

Aquí viene entonces el segundo acontecimiento que me hizo reflexionar de nuevo: el caso Epstein. La impunidad con la que se han comportado los ricos exige cierta restricción social (por débil que sea). El impuesto Zucman sería una de esas modestas restricciones.

Además, pensé en un sistema de crédito social para todos los multimillonarios. Si haces bien ciertas cosas, te gravarán menos; si haces cosas horribles (aunque sean aparentemente legales), te aumentarán los impuestos.

El sistema de crédito social sería una forma eficaz de someter el comportamiento de los enormemente ricos al escrutinio social. Ya no habría declaraciones sin sentido en Davos en las que «prometen» destinar su fortuna a causas benéficas y planes similares falsos e inviables. ¿No donó Mark Zuckerberg el 99 % de su fortuna? ¿Habíamos oído hablar de esa «promesa» después del día en que se hizo y fue difundida por los medios de comunicación?

 Aquí, el sistema de crédito social sería real. Compórtate con un mínimo de decencia o te gravarán con impuestos. Sería una herramienta pedagógica. Llámalo «el sistema de crédito social anti-Epstein».

P. D.: ¿Cómo sería el sistema de crédito social para los multimillonarios? Esta es la idea principal. Se quiere limitar (1) el consumo ostentoso, (2) la influencia política y (3) el poder mediático de los multimillonarios. La necesidad de limitar (o, por tanto, castigar con impuestos exorbitantes) el consumo ostentoso es mantener una sociedad en la que las enormes diferencias de riqueza, aunque algunas sean inevitables, no se exhiban ante todo el mundo y no puedan convertirse en objeto de adoración o de odio. El objetivo del punto (2) es hacer que los multimillonarios (que, a pesar de todo, seguirán teniendo una influencia política desproporcionada) se parezcan más a los demás miembros de la comunidad o la nación. No estamos hablando aquí de democracia, sino de isonomía, un término mucho más adecuado para indicar una influencia aproximadamente igual de todos los individuos en la toma de decisiones políticas. Las llamadas democracias actuales son lugares sin ningún atisbo de isonomía, precisamente porque el poder político de los ricos no está limitado. Por último, (3) es necesario por la misma razón que (2): para limitar el poder de unos pocos.

Ahora bien, aquí hay una posible lista de precios.

 Si vuelas demasiadas veces al año en jets privados, realizas viajes en yates privados o pasas demasiados días en resorts exclusivos (todo lo cual se puede definir fácilmente), se te grava entre el 1 y el 2 % de tu patrimonio neto.

Si contribuye con cualquier cantidad superior a 1000 dólares a cualquier causa política (ya sea directamente a un político para su campaña, a una empresa de cabildeo o a una ONG), puede hacerlo, pero dependiendo del calendario fiscal, se le puede cobrar entre el 1 y el 5 % de su patrimonio neto.

Si contribuye con cualquier cantidad superior a 1000 dólares a cualquier organización mediática o si es propietario de una organización mediática (como Bloomberg, The Washington Post, The Atlantic o X/Twitter), se le gravará entre el 1 y el 5 % de su patrimonio neto.

Si contribuye con más de 100 000 dólares a cualquier causa educativa, sanitaria o cultural no política, puede obtener una desgravación fiscal (de nuevo, dependiendo de la cantidad y del caso) de entre el 1 % y el 3 % de su patrimonio neto."

(Branko Milanovic , blog, 11/02/26, traducción DEEPL, enlaces en el original)

La siempre pendiente reforma fiscal en España... las carencias del sistema fiscal español se manifiestan en la insuficiencia crónica de recursos públicos, en la falta de equidad en la distribución de las contribuciones y en un diseño impositivo poco eficaz para incentivar comportamientos económicamente deseables —como la inversión productiva o la I+D+i— y desincentivar otros claramente contraproducentes, como las energías de origen fósil, el rentismo o los apartamentos turísticos... El resultado es un Estado estructuralmente infra financiado, con déficits recurrentes y un elevado endeudamiento público, así como una Agencia Tributaria carente de recursos suficientes, lo que favorece el fraude fiscal y la economía sumergida... Uno de los problemas más evidentes es la insuficiente capacidad recaudatoria... A la falta de recaudación suficiente se suma una estructura tributaria poco progresiva y desequilibrada en el reparto de las contribuciones... La imposición indirecta, por su parte, plantea importantes dilemas distributivos. El peso del IVA en la recaudación total es elevado y afecta de manera desproporcionada a los hogares con menor renta... Especialmente crítica resulta la situación del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación efectiva es muy inferior a la que cabría esperar de un impuesto diseñado para gravar los beneficios empresariales. La existencia de deducciones, compensaciones de bases negativas, regímenes especiales y esquemas de consolidación fiscal permiten que muchas grandes empresas tributen a tipos efectivos muy reducidos, generando una competencia fiscal desleal frente a las PYMEs... La imposición sobre la riqueza es muy baja en Europa (2,3% del PIB) al igual que sobre las empresas. Aquí el economista Gabriel Zucman ha propuesto un impuesto adicional del 2% sobre el patrimonio a los superricos... En definitiva, el sistema fiscal español adolece de una combinación de insuficiencia en la recaudación, progresividad mejorable y falta de beligerancia para combatir comportamientos antieconómicos... Desgraciadamente, la composición actual del Parlamento seguirá aplazando su reforma siempre pendiente (Carlos Martín Urriza)

 "El sistema fiscal español arrastra desde hace décadas deficiencias estructurales que hacen imprescindible una reforma de calado. Estas carencias se manifiestan en la insuficiencia crónica de recursos públicos, en la falta de equidad en la distribución de las contribuciones y en un diseño impositivo poco eficaz para incentivar comportamientos económicamente deseables —como la inversión productiva o la I+D+i— y desincentivar otros claramente contraproducentes, como las energías de origen fósil, el rentismo o los apartamentos turísticos. Libro Blanco, tras Libro Blanco, los diagnósticos y recomendaciones se reiteran con una persistencia casi «sisífica«, sin que el sistema llegue a converger completamente con los estándares fiscales europeos, manteniéndose en una situación de insuficiencia en buena medida asumida como normal. El resultado es un Estado estructuralmente infra financiado, con déficits recurrentes y un elevado endeudamiento público, así como una Agencia Tributaria carente de recursos suficientes, lo que favorece el fraude fiscal y la economía sumergida.

Uno de los problemas más evidentes es la insuficiente capacidad recaudatoria. El nivel de contribución fiscal (incluidas cotizaciones sociales) se situaba en 2023 en España 3,1 puntos del PIB por debajo de la Eurozona, que se elevan a 5 puntos si se compara con Italia y a 7,3 con Francia.  Esto se traduce en decenas de miles de millones de euros que se dejan de ingresar cada año. Esta brecha limita de forma estructural la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones, la atención a la dependencia, o la inversión pública, lo que dificulta a su vez resolver el infradesarrollo del tejido productivo y pone en riesgo afrontar con éxito la transición verde y la revolución digital, en particular, cuando en agosto de este año se dejen de recibir los fondos para la inversión procedentes del Next Generation EU y persista el bloqueo para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

A la falta de recaudación suficiente se suma una estructura tributaria poco progresiva y desequilibrada en el reparto de las contribuciones. En el IRPF -la figura impositiva que más ingresos genera y donde el 80% de la recaudación procede de las rentas del trabajo-, la tendencia recurrente a introducir rebajas fiscales en momentos de crecimiento económico ha debilitado la progresividad del impuesto y reducido su capacidad redistributiva. Estas decisiones, frecuentemente justificadas como estímulos al consumo o al crecimiento, tienen efectos permanentes sobre la recaudación y limitan el margen de actuación de las políticas públicas en momentos de crisis. Por el contrario, el gobierno de coalición ha llevado a cabo cambios equilibrados y reforzado la progresividad: ha reducido el IRPF a los perceptores de rentas del trabajo por debajo de los 21.000 euros, elevado el mínimo exento hasta el salario mínimo y aumentado el impuesto para las rentas más altas en la tarifa general y de las rentas del capital.

La imposición indirecta, por su parte, plantea importantes dilemas distributivos. El peso del IVA en la recaudación total es elevado y afecta de manera desproporcionada a los hogares con menor renta. Aunque este tipo de impuestos tiene ventajas en términos de estabilidad recaudatoria, su uso sin mecanismos compensatorios adecuados contribuye a reforzar la regresividad del sistema fiscal en su conjunto. Con este fin, está pendiente reducir al 4% el IVA de los suministros básicos del hogar (agua, luz, gas, basuras y alcantarillado) y elevar el IVA de la hostelería hasta el 21% para aprovechar nuestra ventaja competitiva en el turismo, terminando así con la importante transferencia de renta que anualmente se hace a los no residentes que veranean en nuestro país. Asimismo, para compensar parte de la regresividad de la imposición indirecta sería oportuno recuperar el impuesto sobre el lujo: mansiones, yates, jets, coches de alta gama, relojes, joyas, etc.

Especialmente crítica resulta la situación del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación efectiva es muy inferior a la que cabría esperar de un impuesto diseñado para gravar los beneficios empresariales. La existencia de deducciones, compensaciones de bases negativas, regímenes especiales y esquemas de consolidación fiscal permiten que muchas grandes empresas tributen a tipos efectivos muy reducidos, generando una competencia fiscal desleal frente a las PYMEs. Este fenómeno no solo reduce los ingresos públicos, sino que distorsiona el funcionamiento del mercado y penaliza a quienes no pueden acceder a estos mecanismos. Aquí se ha avanzado adoptando un impuesto complementario que establece un suelo tributario del 15% para multinacionales y grandes empresas; se han aproximado los tipos efectivos de las grandes y las PYMEs, aunque rebajando los tipos de estas últimas lo que afecta a la suficiencia; y se introdujeron prestaciones patrimoniales sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de la energía y banca consecuencia de la guerra de Ucrania. No obstante, su proceso de conversión en impuestos terminó con la cancelación del primero y la rebaja del segundo.

La imposición sobre la riqueza es muy baja en Europa (2,3% del PIB) al igual que sobre las empresas. Aquí el economista Gabriel Zucman ha propuesto un impuesto adicional del 2% sobre el patrimonio a los superricos. En este apartado, el gobierno de coalición ha introducido un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que ha permitido recaudar 1.000 millones de euros adicionales y ha supuesto un límite a la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Está pendiente completar este esquema con un impuesto sobre las grandes herencias que tenga el mismo efecto sobre las sucesiones y donaciones.

A estos problemas se añaden los retos derivados de la transición ecológica y la digitalización de la economía. La fiscalidad medioambiental y los nuevos impuestos sobre actividades digitales se presentan como instrumentos necesarios, pero su diseño actual resulta insuficiente o problemático. Una fiscalidad verde mal planteada puede trasladar los costes de la transición a los hogares más vulnerables sin compensaciones (impuesto al diésel), mientras que los gravámenes sobre la economía digital no han logrado corregir de forma efectiva la baja tributación de las grandes multinacionales tecnológicas (impuesto sobre determinados servicios digitales).

En definitiva, el sistema fiscal español -aun siendo moderno-, adolece de una combinación de insuficiencia en la recaudación, progresividad mejorable y falta de beligerancia para combatir comportamientos antieconómicos. La ausencia de una reforma integral perpetúa un modelo que no recauda todo lo que debería y es mejorable en la distribución de las contribuciones, lo que genera desconfianza ciudadana. Afrontar esta reforma no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política clave para garantizar la cohesión social, la sostenibilidad del Estado del Bienestar y el progreso y estabilidad económica a largo plazo. Desgraciadamente, la composición actual del Parlamento seguirá aplazando su reforma siempre pendiente." 

(Carlos Martín Urriza  , La discrepancia, 05/02/26)  

Zucman: El gobierno francés debería haberme escuchado sobre el impuesto al patrimonio... Zucman se ha convertido en un nombre familiar en Francia gracias a su impuesto, que exige a los hogares con un patrimonio superior a los 100 millones de euros que paguen un impuesto anual de al menos el 2 por ciento del valor de todos sus activos... La medida parece ser extremadamente popular entre los votantes, el 86 por ciento de los encuestados lo veía de manera favorable.... "Hay una demanda muy fuerte entre la población por una mayor equidad fiscal y una mejor tributación de los ultrarricos," dijo Zucman... Gravar los activos privados de los ultrarricos, sostiene Zucman, ayudaría a Francia a superar su crisis presupuestaria. "Es un problema que, financieramente, tiene solución, y esta solución pertenece a los franceses", afirmó (Giorgio Leali, POLITICO)

 "El popular economista francés Gabriel Zucman dice que el Primer Ministro francés, Sébastien Lecornu, cometió un error fatal al no adoptar su eponímico "impuesto Zucman".

Zucman le dijo a POLITICO en una entrevista que tanto Lecornu, cuyo gobierno renunció el lunes por la mañana, como sus dos predecesores inmediatos no habían tomado en serio la propuesta.

"El ejecutivo hasta ahora ha permanecido completamente sordo tanto al trabajo parlamentario como a las demandas democráticas populares," dijo. "No intentaron tener un diálogo real con la oposición sobre esto." Agregó que descartar impuestos más altos es lo que "bloquea al país, pierde tiempo".

Zucman se ha convertido en un nombre familiar en Francia gracias a su impuesto, que exige a los hogares con un patrimonio superior a los 100 millones de euros que paguen un impuesto anual de al menos el 2 por ciento del valor de todos sus activos.

La medida parece ser extremadamente popular entre los votantes. Una encuesta encargada por el Partido Socialista, que apoya el impuesto y había presionado a Lecornu para que lo adoptara, mostró que el 86 por ciento de los encuestados veía el impuesto Zucman de manera favorable.

"Hay una demanda muy fuerte entre la población por una mayor equidad fiscal y una mejor tributación de los ultrarricos," dijo Zucman.

Políticamente, sin embargo, el impuesto Zucman sigue siendo un pararrayos dado las preguntas sobre cuánto ingreso generaría, su legalidad y si llevaría a la fuga de capitales. En una entrevista con Le Parisien, Lecornu dijo que no estaba a favor de la medida fiscal porque se aplicaría a los activos profesionales. Pero sí reconoció el amplio apoyo a un régimen fiscal más equitativo.

Los conservadores de Les Républicains, un socio de coalición en los anteriores gobiernos minoritarios, se opusieron y quisieron garantías de Lecornu de que descartaría la implementación de tal impuesto como condición para apoyar su gobierno.

La cruzada pro-impuestos de Zucman le valió ataques personales de pesos pesados, incluyendo al multimillonario francés Bernard Arnault.

"Las personas muy adineradas afectadas por esta medida, y los medios de comunicación que poseen, se han pronunciado con vehemencia sobre el tema en un intento de disuadir al gobierno de cualquier tipo de reflexión o debate", declaró Zucman.

Sin embargo, este hombre de 38 años, profesor de la Escuela de Economía de París y de la Universidad de California en Berkeley, agradece que la atención política y mediática haya contribuido a una mejor comprensión de los problemas tributarios.

"Me alegra que el nivel del debate haya mejorado", afirmó.

No es demasiado tarde.

La dimisión de Lecornu ha sumido al país en una profunda incertidumbre política y financiera. Los costes de los préstamos subieron tras la noticia, mientras que el euro se depreció más de medio céntimo frente al dólar, un caso excepcional de agitación política interna con efectos más allá de las fronteras francesas.

Zucman considera el problema como algo solucionable, en lugar de una amenaza existencial que podría arrastrar a toda la eurozona, en parte debido al alto nivel de ahorro privado de los franceses y a los activos que ya poseen.

"No debemos dramatizar", afirmó Zucman. "Francia no está a merced de sus acreedores internacionales".

Gravar los activos privados de los ultrarricos, sostiene Zucman, ayudaría a Francia a superar su crisis presupuestaria.

"Es un problema que, financieramente, tiene solución, y esta solución pertenece a los franceses", afirmó." 

(  Giorgio Leali, POLITICO, 07/10/25, traducción Quillbot, enlaces en el original)

Trump amenaza con una guerra comercial global. Europa debe desencadenar una alternativa radical... Aunque un alejamiento del libre comercio conlleva claramente riesgos, también presenta una valiosa oportunidad para reimaginar nuestras obsoletas relaciones económicas internacionales... Trump vuelve en un momento en el que la competencia fiscal ya se está produciendo a tipos mínimos, en sociedades debilitadas por el aumento de la desigualdad y la captura plutocrática, en un momento decisivo para la acción climática y en democracias más vulnerables que nunca. ¿Estamos asistiendo al preludio de una crisis que podría eclipsar incluso la violencia nacionalista y los conflictos armados de principios del siglo XX, esta vez con consecuencias verdaderamente globales? Urge replantearse las relaciones económicas internacionales, con calma pero radicalmente... Según unas nuevas reglas del juego económico mundial, los países importadores aplicarían sus leyes más allá de sus fronteras para gravar a las grandes empresas extranjeras que tributan poco y a sus multimillonarios propietarios... Este planteamiento es intrínsecamente extraterritorial, ya que los países impondrían en parte sus normas fiscales a los actores extranjeros a cambio de acceso al mercado... es hora de pensar en la extraterritorialidad desde un punto de vista positivo: como la forma más eficaz de imponer las normas mínimas necesarias para frenar la desigualdad y mantener habitable nuestro planeta... pensemos en Tesla. Imaginemos que no paga impuesto de sociedades ni sobre el carbono en EE.UU., pero que realiza el 5% de sus ventas en Gran Bretaña. La Hacienda británica calcularía lo que Tesla debería haber pagado en EE.UU. si se aplicara allí la legislación fiscal británica y recaudaría el 5% de esa cantidad. Del mismo modo, Gran Bretaña intervendría para gravar a Elon Musk proporcionalmente a la cantidad de su riqueza que se origina en el Reino Unido (que, dado que su fortuna está principalmente en acciones de Tesla, puede estimarse en alrededor del 5%)... Es nuestra mejor oportunidad de marcar el comienzo de una nueva era de cooperación internacional -el único camino prometedor para nuestro planeta- y de detener las fuerzas destructivas del nacionalismo, antes de que arrasen con todo (Gabriel Zucman)

 "A diferencia de los aranceles, una nueva forma de proteccionismo podría dirigirse contra las empresas que destruyen el clima y no pagan impuestos, y contra sus multimillonarios propietarios.

¿Cómo debe responder Europa antes de que las políticas de Donald Trump desestabilicen la economía mundial? Todos los países tendrán que pronunciarse pronto sobre las amenazas arancelarias del nuevo presidente estadounidense. Aunque un alejamiento del libre comercio conlleva claramente riesgos, también presenta una valiosa oportunidad para reimaginar nuestras obsoletas relaciones económicas internacionales, si somos capaces de captar lo que hace que este momento sea único.

En muchos sentidos, la agenda económica de Trump sigue el manual de juego del partido republicano que se remonta a la candidatura presidencial de Barry Goldwater en 1964, que lanzó la duradera misión del partido de desmantelar el New Deal de Roosevelt. Trump afirma que Estados Unidos nunca estuvo mejor que bajo la presidencia de William McKinley (1897-1901), cuando el gobierno federal, antes de que existiera el impuesto sobre la renta, se redujo al mínimo.

El fundamentalista del libre mercado Milton Friedman esgrimió un argumento similar en su época, al considerar la introducción del impuesto sobre la renta en 1913 y su aumento (con un tipo impositivo marginal máximo que alcanzó una media del 78% entre 1930 y 1980) como una de las principales fuentes del declive económico. Es poco probable que Trump lo consiga en los próximos cuatro años, pero ahora aspira a abolir por completo el impuesto sobre la renta.

También en política comercial, aunque la retórica ha evolucionado, el enfoque mercantilista de Trump se hace eco de las políticas de Ronald Reagan de la década de 1980. Reagan impuso un arancel del 45% a las motocicletas japonesas, aranceles del 100% a los ordenadores, televisores y herramientas eléctricas japonesas, y aranceles del 15% a la madera canadiense. Sin duda, China ha sustituido a Japón como principal objetivo de la ira estadounidense; Trump también está a favor de los aranceles frente a las cuotas de importación que Reagan utilizaba con frecuencia (incluso contra países europeos). Pero la filosofía subyacente sigue siendo la misma, basada en una visión del mundo en la que la búsqueda agresiva del interés propio y nacional es el verdadero motor del progreso.

Sin embargo, estas similitudes no deberían ocultar la diferencia fundamental entre el trumpismo y sus predecesores históricos. Como resultado de cuatro décadas de integración financiera y de la creciente importancia de los bienes públicos mundiales (el clima, entre ellos, el principal), las decisiones de Estados Unidos tienen ahora efectos multiplicadores mucho mayores en todo el mundo. «America first», a menudo tachada de aislacionista, es en realidad la primera agenda nacionalista de libre mercado verdaderamente global en sus ambiciones e impactos económicos.

¿Estamos asistiendo al preludio de una crisis que podría eclipsar incluso los conflictos armados del siglo XX?

Las leyes fiscales estadounidenses afectan al resto del mundo como nunca antes. Casi la mitad de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos son propiedad de no residentes, frente al 5% de la década de 1980. Así pues, cuando Estados Unidos reduce los tipos del impuesto de sociedades, no son sólo los accionistas estadounidenses los que sacan provecho (a través del aumento de los dividendos o del precio de las acciones), sino el 1% más rico de todo el mundo.

Tomemos Francia como ejemplo: mientras que estas participaciones eran insignificantes hace 40 años, los hogares franceses ricos poseen ahora (a través de diversos intermediarios financieros) casi tanto en acciones estadounidenses (alrededor de 800.000 millones de euros) como en acciones del CAC 40 (mercado de valores francés) (1 billón de euros). Washington DC está exportando sus políticas de desigualdad al resto del mundo.

Este impacto directo se ve amplificado por un efecto indirecto aún más poderoso: la carrera a la baja de los impuestos a las empresas. Durante su primer mandato, Trump redujo drásticamente el impuesto de sociedades del 35% al 21%; ahora pretende bajarlo al 15%. Las subvenciones masivas introducidas por la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 de Joe Biden -la nueva cara de la competencia fiscal internacional- van a continuar, aunque con diferentes beneficiarios: empresas tecnológicas y de defensa en lugar de industrias ecológicas. Mientras tanto, el acuerdo internacional de 2021 sobre un impuesto de sociedades mínimo a escala mundial se encuentra con respiración asistida, bajo el ataque constante de los republicanos. Esta carrera a la baja está a punto de acelerarse drásticamente, pudiendo acabar con la eliminación total de los impuestos sobre el capital y la renta.

El panorama es similar en la política climática. El auge de la fracturación hidráulica ha disparado la producción de petróleo estadounidense en los últimos 15 años. Estados Unidos se convirtió en el primer productor de petróleo del mundo en 2018 y en exportador neto de petróleo en 2020, una hazaña no alcanzada desde finales de la década de 1940, cuando el resto de la infraestructura mundial estaba en ruinas. Pero esto no es suficiente para Trump, que ha hecho de la extracción implacable un objetivo clave de su nuevo mandato.

Al igual que la dependencia de los incentivos fiscales para empobrecer, esta estrategia puede resultar muy rentable a corto y medio plazo para el país que la aplique. Pero es un juego de suma negativa para el planeta en su conjunto. El capital absorbido por los recortes fiscales se produce a expensas del resto del mundo, alimentando la desigualdad. Mientras tanto, el aumento de las prospecciones petrolíferas acelera la degradación del clima, golpeando más duramente a las poblaciones más vulnerables de los países más pobres. A la larga, estas formas de dumping no pueden sino desencadenar violentas reacciones.

Estados Unidos no es, por supuesto, el primer país que persigue una competencia internacional de suma negativa, y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Trump vuelve en un momento en el que la competencia fiscal ya se está produciendo a tipos mínimos, en sociedades debilitadas por el aumento de la desigualdad y la captura plutocrática, en un momento decisivo para la acción climática y en democracias más vulnerables que nunca. ¿Estamos asistiendo al preludio de una crisis que podría eclipsar incluso la violencia nacionalista y los conflictos armados de principios del siglo XX, esta vez con consecuencias verdaderamente globales?

Urge replantearse las relaciones económicas internacionales, con calma pero radicalmente. El enfoque más prometedor es una política que neutralice e invierta las fuerzas de la competencia fiscal, la desigualdad y el caos climático. Según las nuevas reglas del juego económico mundial, los países importadores aplicarían sus leyes más allá de sus fronteras para gravar a las grandes empresas extranjeras que tributan poco y a sus multimillonarios propietarios.

Para ilustrar cómo funcionaría esto en la práctica, pensemos en Tesla. Imaginemos que no paga impuesto de sociedades ni sobre el carbono en EE.UU., pero que realiza el 5% de sus ventas en Gran Bretaña. La Hacienda británica calcularía lo que Tesla debería haber pagado en EE.UU. si se aplicara allí la legislación fiscal británica y recaudaría el 5% de esa cantidad. Del mismo modo, Gran Bretaña intervendría para gravar a Elon Musk proporcionalmente a la cantidad de su riqueza que se origina en el Reino Unido (que, dado que su fortuna está principalmente en acciones de Tesla, puede estimarse en alrededor del 5%).

Este planteamiento es intrínsecamente extraterritorial, ya que los países impondrían en parte sus normas fiscales a los actores extranjeros a cambio de acceso al mercado. Pero es hora de pensar en la extraterritorialidad desde un punto de vista positivo: como la forma más eficaz de imponer las normas mínimas necesarias para frenar la desigualdad y mantener habitable nuestro planeta.

A diferencia de los aranceles tradicionales, esta forma de proteccionismo, que podríamos llamar «proteccionismo de interposición», crearía un círculo virtuoso. Como los países con importantes mercados de consumo, como el Reino Unido, recaudarían los impuestos no pagados en otros países, éstos ya no tendrían motivos para ofrecer exenciones fiscales. La carrera hacia abajo sería sustituida por una carrera hacia arriba.

Dentro de Europa, ni siquiera sería necesario que todos los gobiernos se pusieran de acuerdo. Un solo país por sí solo podría condicionar el acceso a su mercado al cumplimiento de unas normas fiscales mínimas, como ya ocurre en otros ámbitos como la seguridad alimentaria. Las multinacionales extranjeras, y los multimillonarios que las poseen, no deberían tener acceso al mercado británico si no pagan impuestos.

El sistema que propongo ofrece mucho más que una defensa contra el trumpismo. Presenta una alternativa viable al fracasado paradigma del libre comercio de la era posterior a 1980, un marco que los votantes de todo el mundo rechazan cada vez más. Es nuestra mejor oportunidad de marcar el comienzo de una nueva era de cooperación internacional -el único camino prometedor para nuestro planeta- y de detener las fuerzas destructivas del nacionalismo, antes de que arrasen con todo."

(Gabriel Zucman , Sin Permiso, 27/02/25, fuente The Guardian)

Una reforma fiscal justa y verde. 10 medidas básicas... existe un amplio margen para tener una fiscalidad más justa, aumentar la progresividad de impuestos de la renta, el capital y el patrimonio, y cerrar de manera permanente los agujeros de la fiscalidad corporativa. Asimismo, es fundamental salir del pelotón de cola de la fiscalidad verde (attac España)

 "En los últimos años un grupo de organizaciones sociales, de cooperación para el desarrollo, sindicales y ecologistas hemos pedido^[1] al gobierno una reforma fiscal progresiva y verde para salir del marco de la denominada austeridad 2.0 impuesto por las nuevas reglas fiscales europeas y avanzar hacia un marco de responsabilidad fiscal del dinero público para una economía más justa y resiliente al servicio de las personas y el planeta. Es fundamental que los compromisos derivados del plan fiscal estructural enviado el 15 de octubre 2024 por el Gobierno a la Comisión Europea^[2] se desarrollen garantizando el espacio fiscal necesario para una transición ecológica justa y los derechos sociales^[3].     

España sigue por debajo de la media europea en presión fiscal -36,8% frente al 41,7%-. Es decir, existe un amplio margen para tener una fiscalidad más justa, aumentar la progresividad de impuestos de la renta, el capital y el patrimonio, y cerrar de manera permanente los agujeros de la fiscalidad corporativa. Asimismo, es fundamental salir del pelotón de cola de la fiscalidad verde – los impuestos verdes alcanzan solo un 1,5% del PIB frente al 2% de la media de la UE -. Es momento de sacar del cajón el Libro blanco de la reforma fiscal y avanzar en medidas que concilien el “final del mundo” con el “final de mes”.

En este sentido hay diez medidas urgentes para una reforma fiscal con foco en el bienestar colectivo:

1. Dar un paso más allá sobre la tributación temporal sobre beneficios extraordinarios a la banca y empresas energéticas^[4] y definir un impuesto permanente para gravar dichos “beneficios caídos del cielo”, motivado principalmente por las posiciones de poder monopolístico, en sectores estratégicos donde el poder de los grandes oligopolios detrae rentas de la ciudadanía de manera estructural y compromete el bienestar de la mayoría.
2. Reformar el Impuesto de Sociedades, poner fin a la transferencia de beneficios corporativos a las guaridas fiscales y limitar las múltiples deducciones y bonificaciones de las que se benefician las grandes empresas.
3. Acabar con los privilegios del régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) y de las sociedades de inversión como las de capital variable (SICAV) o de Inversión Libre (SIL), que fomentan la financiarización de la vivienda y de las tierras agrícolas perjudicando el bienestar colectivo y representan un privilegio regresivo en favor de grandes patrimonios.
4. Impuesto a ultraricos, vía modificación y refuerzo del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas y en línea con la propuesta “Zucman” que se está negociando en el G20 con el liderazgo de Brasil, el apoyo del Gobierno de España y el clamor de la más ciudadanía^[5]. En España hay aproximadamente 27 milmillonarios y 852 personas con un patrimonio de más de 30 millones de euros.   
5. Un impuesto al lujo por daños ambientales a jets, yates, SUVs, etc. En términos de emisiones per cápita, una persona del 1% más rico contamina 17 veces que una persona de la mitad de la población con menores ingresos^[6]. Un vuelo en jet privado contamina 10 veces más que el equivalente en un vuelo comercial ordinario y quien lo usa emite casi lo mismo que una persona europea de media durante un año^[7].  
6. Gravar mejor las rentas altas: aumento de la progresividad del IRPF y del impuesto del patrimonio, con foco especial en los tramos más elevados de renta, acabando con el trato favorable del capital financiero respecto a las rentas del trabajo y suprimiendo beneficios fiscales de carácter regresivo. Establecimiento de un tipo mínimo común del impuesto de sucesiones y donaciones entre las diferentes comunidades autónomas.  
7. Impuesto progresivo a propietarios viviendas vacías según el número de propiedades, subida del IVA para pisos turísticos y prórroga y ampliación por tres años de la bonificación en el IRPF por mejoras de rehabilitación energética en la vivienda habitual – como aislamientos e instalación de sistemas basados en energías renovables, autoconsumo individual o colectivo -.
8. Revisar en verde y de manera justa la fiscalidad en el transporte que es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero^[8]: acabar con la amnistía fiscal del queroseno que favorece a las compañías aéreas – 4.610 millones de euros de exenciones en 2022 – y aumentar la progresividad del impuesto de matriculación en los nuevos vehículos de combustión. Al mismo tiempo, prolongar un año más las ayudas al transporte público, medida que ha contribuido a reducir emisiones e incrementar su uso. En 2026 debería estar disponible un abono único de transporte con tarifa plana a un precio asequible para todo el territorio^[9].
9. Establecer un IVA progresivo de la electricidad según niveles de consumo per cápita, empezando en 0% para los consumos inferiores y para el autoconsumo y subiendo de manera progresiva en los tramos altos hasta el 16%. Reducir el IVA de los alimentos ecológicos, saludables y de proximidad.
10. Elaborar una verdadera lista de guaridas fiscales y aumentar las capacidades y recursos para luchar contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva, especialmente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, y aumentar las plantillas de la Agencia Tributaria, Haciendas Forales y Agencias y Servicios tributarios autonómicos para alcanzar la media ponderada de las administraciones tributarias europeas. El escaqueo fiscal de las élites en España es de 130 mil millones de euros al año, suficiente para doblar los recursos de la acción climática.

Un mayor espacio fiscal implica una mayor responsabilidad y exigencia en el uso del gasto público y su contribución eficaz al bienestar de la ciudadanía. Por ello es fundamental que los recursos recaudados sirvan efectivamente para reforzar una transición ecológica justa y democrática y garantizar políticas públicas en derechos fundamentales de las personas como el acceso a servicios públicos de calidad en sanidad y educación pública, protección social, vivienda, acogida e inclusión, vida libre de violencias, agua y energía limpia, transporte público y alimentación sana. Se deben incentivar las inversiones públicas que reduzcan las desigualdades, que fomenten una cooperación internacional, mejoren las condiciones laborales (productivas y reproductivas) y refuercen los derechos recogidos en la Carta Social Europea.

España necesita urgentemente una reforma fiscal justa y verde^[10] que elimine los privilegios fiscales de las élites y democratice la economía en favor de la ciudadanía y las futuras generaciones.

El momento es ahora.

 

^[1] CARTA GOBIERNO_plan fiscal estructural nacional_junio 2024.docx y Carta gobernanza económica UE_marzo2023

^[2] En el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo 2025-2028 el Gobierno explica las reformas, inversiones y medidas de ajustes fiscal a siete años vista, para cumplir con el objetivo de la reducción de la deuda pública y del déficit público requeridos por las nuevas reglas fiscales europeas. En dicho plan el Gobierno propone “En el horizonte de validez del Plan de medio plazo están previstas medidas adicionales de refuerzo de la progresividad del sistema, aumento de la tributación corporativa de los grandes grupos económicos y profundización en la tributación

medioambiental y la disuasoria de consumos indeseados. El despliegue de las medidas en el tiempo, dentro de la estrategia de cambios fiscales progresiva para reforzar los ingresos públicos, aumentar su ratio sobre el PIB y reducir el diferencial con la Unión Europea».

^[3] Austeridad | ¿Tenemos un plan para la gente y las futuras generaciones? – El Salto – Edición General

^[4] La banca española ha acumulado en el tercer trimestre de 2024 un récord de beneficios que supera los 23.000 millones. En el caso de las energéticas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa ganaron 7.770 millones en el primer semestre de 2024, ya con un mercado energético supuestamente normalizado y el gravamen del Gobierno. Esto es un 12% más de beneficio que en 2022, en plena crisis por la guerra de Ucrania.

^[5] TAX THE RICH

^[6] Los milmillonarios generan más emisiones de carbono en 90 minutos que una persona promedio en toda su vida | Oxfam International.

^[7] Tres aeropuertos españoles entre los cinco que reciben más vuelos de jets privados en Europa – ES | Greenpeace España

^[8] Según el Miteco, el sector transporte representa el 30,7 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España, representando el transporte por carretera por sí solo un 28,4 %.

^[9] Greenpeace propone la creación de “T-lleva”, un abono único de transporte para moverse de forma sostenible por todo el país

^[10] https://institut-rousseau.fr/wp-content/uploads/2024/05/RTNZ-Annexes-Spain-V4PAO.pdf  

   (attac España, 11/11/24)

Al bloque de gobierno se le acumulan los frentes contrarios al gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas... Repsol ha de realizar inversiones y tiene dinero para ello, pero dedica buena parte de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Una posición lógica desde el punto de vista de la compañía, pero no tanto desde el Estado. Esta visión recuerda demasiado a un modelo fallido... Desde el Gobierno señalan que, en un momento como este (se van a necesitar) 10.000 millones más, tiene sentido que las empresas ayuden... pero, Los fondos de inversión, presentes en la práctica totalidad de nuestras cotizadas, están exigiendo rentabilidades del 10% incluso a negocios ya maduros... Esa exigencia de rentabilidad, que es natural en cualquier negocio, deja de serlo cuando se vuelve demasiado rígida, y perjudica en la medida en que detrae recursos de la economía española para redirigirlos hacia ámbitos que no aprovechan al país... Europa necesita una notable inyección de capital, la prioridad debería ser el reforzamiento de las capacidades europeas y de los distintos países que integran la Unión, mucho más que la satisfacción de exigencias rigurosas por parte de accionistas... el de Repsol es uno de los muchos conflictos que vendrán: cómo y dónde destinar el capital y para qué supondrá ajustes complicados (Esteban Hernández)

 "Al bloque de gobierno se le acumulan los frentes contrarios al gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha expresado su posición en un artículo en términos muy duros, y más en la medida en que volvía contra el gobierno los argumentos que utilizaba para justificar el impuesto. Las medidas que están tomando son populistas, ahogan a la industria, continúan sin solucionar las superposiciones regulatorias, perjudican a las empresas y acabarán causando daños al estado del bienestar. Según Imaz, el gravamen destruirá empleos, en especial los industriales, y llevará a España a volcarse aún más en el modelo de servicios y en trabajos deficientemente retribuidos. Sin embargo, más allá del caso concreto de Repsol, la intención de Moncloa y su viabilidad formula grandes preguntas acerca de la economía de nuestra época y de la manera en que un país como España puede encontrar una salida beneficiosa en una era muy complicada.

El primer asunto se asienta en la veracidad de muchos de los argumentos que utiliza Imaz. La necesidad de fortalecer la industria, de invertir en ella y de potenciar un empleo más estable, así como de asentar las capacidades españolas, son aspectos muy relevantes en estos años. Desde el gobierno debería hacerse lo posible para favorecer ese reforzamiento y para impulsar una reindustrialización para la que nuestro país tiene muchas opciones si es capaz de aprovechar sus bazas energéticas. En ese orden, parece absurdo colocar trabas a las compañías ligadas a la industria.

Sin embargo, esa no es toda la realidad. En este sentido, la invocación de Repsol a que el Gobierno no presione más fiscalmente se produce en un contexto en el que el beneficio neto de la compañía ha sido de 1.626 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 14,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y en el que la energética ha anunciado un segundo programa de recompra de acciones y una reducción de capital. Repsol tiene 1.128 millones de euros comprometidos como dividendo en efectivo para 2025.

Repsol ha de realizar inversiones y tiene dinero para ello, pero dedica buena parte de sus beneficios a retribuir a sus accionistas. Una posición lógica desde el punto de vista de la compañía, pero no tanto desde el Estado. Esta visión recuerda demasiado a un modelo fallido, tanto a nivel interno como externo, la economía del trickle-down o del efecto derrame. Desde esta perspectiva, la reducción de impuestos a grandes empresas y a las clases con más recursos generaría consecuencias muy positivas para la sociedad, ya que esos beneficios revertirían en forma de inversión, lo que acabaría por mejorar la actividad económica y el nivel de vida de los ciudadanos de un país. Esta ha sido la teoría dominante en las últimas décadas, y continúa siéndolo.

Desde el Gobierno señalan que, en un momento como este (se van a necesitar) 10.000 millones más, tiene sentido que las empresas ayuden

Los efectos negativos de esta forma de entender la economía han sido abundantes: gran parte de la inversión ha tenido lugar en países fuera de la esfera occidental, lo que contribuyó enormemente a potenciar a China y a India, mientras que la mayoría de lo generado no ha tenido ningún destino productivo, ha ido a parar a los bolsillos de los accionistas o a inversiones en el ámbito financiero extractivo y ha empobrecido a una gran mayoría de los ciudadanos.

Por lo tanto, se conjugarían aquí tres lógicas: la necesidad de retribuir a los accionistas, la de realizar inversiones que son necesarias para que la compañía conserve la competitividad y la de los Estados de impulsar una economía más productiva.

Más allá del afán recaudatorio, este tipo de gravámenes incentivarían que los beneficios se reinvirtieran en el ámbito productivo

En un momento como este, en el que el Estado va a necesitar 10.000 millones más, tendría sentido, aseguran fuentes del bloque de gobierno, que empresas que han obtenido beneficios fruto de la coyuntura, ayuden en la recaudación: es imprescindible para unas cuentas públicas que a su vez serán presionadas no solo por las deudas pendientes sino por las exigencias de reducción del déficit de Bruselas. Recordemos que el efecto derrame ha tenido consecuencias muy distintas de las anunciadas: mientras los ciudadanos cada vez pagamos más impuestos, los sectores que más beneficios obtienen, gracias a la capacidad de las grandes firmas para evitar los límites territoriales, poseen mecanismos para evitar legalmente la imposición de los gobiernos. Al final, paga el ciudadano común.

Pero, más allá de lo recaudatorio, el gravamen tendría mucho sentido, aseguran, en la medida en que la política fiscal contaría con un propósito incentivador. La parte de los beneficios que se destinase a inversión productiva en el país podría deducirse, lo que animaría a destinar más partidas a ese objetivo, y desincentivaría la retribución a los accionistas. De este modo, se favorecería a la industria en lugar de beneficiar al rentismo.

Un momento distinto

El segundo asunto tiene que ver con las críticas de Escrivá, quien afirmó ayer que sería deseable “cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones”. Las palabras del gobernador del Banco de España se interpretan desde Sumar como una posición lógica de defensa del sector bancario, pero que carecen de sentido en la medida en que “los bancos españoles actualmente prácticamente no pagan el Impuesto sobre Sociedades a pesar de registrar beneficios históricos. Esto se debe a que aún se están descontando las pérdidas acumuladas por las Cajas que compraron a precio de saldo una vez saneadas por el contribuyente”.

¿La prioridad debe ser el reforzamiento de las capacidades europeas o la satisfacción de las exigencias rigurosas de los accionistas?

Sin embargo, y más allá de este elemento, señalan un problema grave que no solo afecta a los bancos. Los fondos de inversión, presentes en la práctica totalidad de nuestras cotizadas, están exigiendo rentabilidades del 10% incluso a negocios ya maduros. Esa presión perturba a muchas firmas, lo que lleva a disfunciones notables con el fin de aumentar los beneficios.

Esa exigencia de rentabilidad, que es natural en cualquier negocio, deja de serlo cuando se vuelve demasiado rígida, y perjudica en la medida en que detrae recursos de la economía española para redirigirlos hacia ámbitos que no aprovechan al país. En otro contexto, el asunto tendría ribetes menos preocupantes, pero ahora Europa necesita una notable inyección de capital, como ponían de manifiesto, de maneras distintas, Draghi y Letta, por lo que la prioridad debería ser el reforzamiento de las capacidades europeas y de los distintos países que integran la Unión, mucho más que la satisfacción de exigencias rigurosas por parte de accionistas. En un momento de debilidad y urgencia, son necesarias medidas muy distintas que las que se utilizaron en épocas de menor presión, y esta clase de impuestos van a ser necesarios.

Difícil de realizar

La realidad, sin embargo, pasa por algo más prosaico, la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo las medidas que entienden necesarias. En el caso español, los escollos para que el impuesto a los bancos y las energéticas cobre un carácter permanente son numerosos. Por más que el PSOE pretenda llevar adelante la propuesta, tendrá que saltar varios obstáculos. Sumar no será problema, como ERC y Bildu. Tampoco Podemos debería oponerse a esta clase de impuestos. Pero PNV y Junts son otra cosa. Los vascos se debaten entre las posiciones encontradas de empresas del ámbito energético radicadas su territorio. Iberdrola, más verde, que pagaría menos al tener parte de su actividad regulada, es menos hostil que Repsol, dedicada al petróleo y al gas. Se cree que la posición de los jeltzales no sería insalvable, ya que les puede convenir por recaudación. El problema es Junts, un partido de derechas que no ve con buenos ojos esta iniciativa y cuyo voto en contra impediría la aprobación de la medida.

En segundo lugar, está la redacción de la norma. Imaz tiene razón en que si el Gobierno camina por la vía del impuesto, la doble imposición haría que el TS pudiera anular la norma, con el coste que eso supondría para las arcas públicas. En Sumar afirman que se trata de un gravamen con destino finalista, lo que haría posible que no existieran correcciones posteriores desde los tribunales. Unas y otras cosas, el equilibrio parlamentario de fuerzas y el diseño de la norma hacen muy difícil que salga adelante. Demasiadas piezas que han de encajar.

Las soluciones distintas

El problema va mucho más allá de Repsol y de un gravamen. No se trata de si Imaz tiene razón o de si las empresas tienen que pagar más: se trata de cómo se va a recomponer España en una época internacional complicada, en la que las apuestas productivas se multiplican en los países con mayor potencia del mundo, en el que la energía (abastecimiento y coste) va a ser fundamental y en el que la industria va a jugar un papel relevante para que les vaya bien a los países. Congeniar las necesidades en juego resulta complicado, pero es claro que España necesita una dirección y un proyecto en el que no se puede mantener la misma mentalidad económica que en el periodo inmediatamente anterior. Si queremos sobrevivir en Europa, como afirmaba Draghi, van a hacer falta soluciones distintas, que levantarán ampollas a un lado y a otro. Los partidos van a tener que mover su marco económico, pero también las empresas tendrán que pensar de otra manera sobre la política. En este sentido, el de Repsol es uno de los muchos conflictos que vendrán: cómo y dónde destinar el capital y para qué supondrá ajustes complicados."               

(Esteban Hernández , El Confidencial , 23/10/24)

¿Podría 2025 terminar siendo una pesadilla para nuestros ricos con aversión a los impuestos? A finales de año, la mayoría de los regalos fiscales a los ricos que Donald Trump promulgó en 2017 expirarán... si pierde las eleccines, los grupos de presión de nuestros ricos podrían enfrentarse a derrotas legislativas como las que no han sufrido los ricos de Estados Unidos desde que Franklin Roosevelt ocupó la Casa Blanca, pero sólo si los que buscamos un país más igualitario nos ponemos las pilas y nos organizamos para crear un código tributario que mime a la mayoría, no a los pocos más ricos... La recién anunciada coalición Fair Share America pretende liderar ese esfuerzo organizativo, al que ya se han adherido unas 300 organizaciones estatales y nacionales. Estos grupos van desde los principales centros de investigación y el mayor sindicato de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Educación, hasta grupos de defensa de la justicia fiscal en estados que van desde Nueva Jersey y Pensilvania hasta Michigan y Montana (Sam Pizzigati)

 "Últimamente no hemos tenido mucho «consenso» político en Estados Unidos. Pero hoy tenemos una especie de consenso sobre nuestro sistema fiscal. Casi todo el mundo considera que la forma en que nos gravamos es, en el mejor de los casos, claramente subóptima.

¿Cómo cambiarlo? ¿Por dónde empezar? ¿A quién perjudica realmente nuestro actual sistema fiscal? Nuestro «consenso» fiscal sobre cuestiones fundamentales como éstas se rompe de inmediato.

Tomemos, por ejemplo, la cuestión de quién está realmente perjudicado por nuestras normas fiscales actuales. Nuestra derecha política contemporánea ve a los ricos de Estados Unidos como las mayores víctimas de nuestro sistema fiscal. Como declaró recientemente un analista conservador, el 1% más rico de Estados Unidos «contribuye más de lo que le corresponde».

La mayoría de nuestros ricos, con algunas nobles excepciones, comparten esta perspectiva. De hecho, observa el director general de la consultora Henley & Partners, Juerg Steffen, el descontento de nuestros ricos con el sistema fiscal estadounidense -y su incertidumbre sobre el futuro del sistema- ha generado «un aumento sin precedentes de estadounidenses acaudalados que buscan opciones alternativas de residencia y ciudadanía».

 Los progresistas estadounidenses, por el contrario, ven en nuestro actual sistema fiscal una operación que esencialmente privilegia a los ya privilegiados.

Estados Unidos, explica un análisis de Americans for Tax Reform de los nuevos datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, se asienta ahora sobre su «distribución más asimétrica de la renta» desde que los estadísticos del gobierno empezaron a hacer un seguimiento de esa distribución. La mayor parte de este aumento de la desigualdad, señala la ATF, refleja «la bonanza de las ganancias de capital» que nuestros hogares con mayores ingresos han disfrutado durante mucho tiempo.

Nuestro código tributario grava actualmente esta bonanza de las plusvalías -los beneficios que obtienen los ricos cuando venden sus acciones, bonos y otros activos financieros apreciados- a un tipo mucho más bajo que el impuesto más elevado que grava las rentas salariales.

Pero el trato preferente que reciben las plusvalías, subrayan los analistas progresistas, es aún más profundo. Las ganancias inesperadas de capital que registran nuestros más ricos no sólo se enfrentan a tipos impositivos convenientemente bajos. Estas ganancias inesperadas no suelen estar sujetas a ningún impuesto.

¿Cómo lo consiguen? Chuck Marr y Samantha Jacoby, del Center on Budget and Policy Priorities, nos explican la magia en un resumen que publicaron a principios de este mes. Los más ricos entre nosotros, detallan, no venden sus activos apreciados. Piden prestado contra ellos.

Este endeudamiento permite a los ricos mantener su lujoso estilo de vida y evitar tener que pagar los modestos impuestos que tendrían que pagar si vendieran sus activos, cuyo valor se ha disparado. Sus activos, mientras tanto, siguen aumentando de valor, y ese aumento suele superar con creces cualquier coste que el endeudamiento con cargo a esos activos haya podido generar.

¿Qué ocurre cuando estos ricos pasan al más allá? Sus plusvalías no tributan. La magia particular aquí se conoce como «base incrementada». Los herederos de la riqueza que nuestros queridos ricos dejan atrás no pagan impuestos sobre los miles de millones en plusvalías latentes que sus ricos benefactores habían acumulado a lo largo de los años. La razón: Nuestro código fiscal valora los activos heredados a su valor justo de mercado en el momento de la herencia. Cualquier plusvalía sobre el coste original de los activos simplemente desaparece a efectos fiscales.

¡Qué magia!

Esta bolsa de trucos fiscales no funciona en absoluto con el único activo que se revaloriza: la vivienda. Todos los años pagamos impuestos sobre la propiedad de las viviendas que poseemos. Si el valor de nuestras casas aumenta, pagamos más impuestos. Y si vendemos nuestras casas, pagamos impuestos sobre cualquier ganancia que obtengamos.

Los privilegios de los que disfrutan nuestros más ricos a la hora de pagar impuestos se extienden perfectamente a las generosas compensaciones anuales que se embolsan nuestros principales ejecutivos corporativos. Según acaba de informar el Instituto de Política Económica, el año pasado los directores generales de las grandes empresas percibieron 22,1 millones de dólares, 290 veces más que los trabajadores estadounidenses normales.

Más de las tres cuartas partes de esta retribución de los presidentes se pagó en acciones, ya sea en forma de opciones para comprar acciones en el futuro a un precio inferior al del mercado o en forma de adjudicación de acciones gratuitas tras un periodo de «consolidación». Tanto las opciones como las adjudicaciones de acciones adquiridas están repletas de ingeniosas soluciones fiscales que pueden hacer que los altos ejecutivos paguen impuestos sobre su exuberante retribución a tipos impositivos más bajos que sus trabajadores.

¿La buena noticia en medio de toda esta evasión fiscal de los más ricos? En 2025, tenemos una oportunidad real de eliminar la magia favorable a los ricos de nuestro actual código fiscal federal.

¿Por qué 2025 es tan especial? A finales de año, la mayoría de los regalos fiscales a los ricos que Donald Trump promulgó en 2017 expirarán. Esa realidad hará que los legisladores favorables a los ricos entren en el próximo año absolutamente desesperados por renovar esas dádivas antes de que se produzca esa expiración.

Si Donald Trump gana las elecciones este noviembre y llega de nuevo al poder con mayorías en el Congreso dispuestas a seguir su ejemplo, nuestros más ricos obtendrán esa renovación. En 2026, calcula el Institute on Taxation and Economic Policy, esa renovación ahorraría a nuestro 1 por ciento más rico -contribuyentes con ingresos superiores a 914.900 dólares- 46 veces más que a los contribuyentes medios que ganan entre 55.100 y 94.100 dólares.

Por otra parte, si las elecciones de noviembre arrojan un resultado diferente, los grupos de presión de nuestros ricos podrían enfrentarse a derrotas legislativas como las que no han sufrido los ricos de Estados Unidos desde que Franklin Roosevelt ocupó la Casa Blanca, pero sólo si los que buscamos un país más igualitario nos ponemos las pilas y nos organizamos para crear un código tributario que mime a la mayoría, no a los pocos más ricos.

La recién anunciada coalición Fair Share America pretende liderar ese esfuerzo organizativo, al que ya se han adherido unas 300 organizaciones estatales y nacionales. Estos grupos van desde los principales centros de investigación y el mayor sindicato de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Educación, hasta grupos de defensa de la justicia fiscal en estados que van desde Nueva Jersey y Pensilvania hasta Michigan y Montana.

Para enero, Fair Share America aspira a contar con al menos mil organizaciones.

La activista que dirigirá Fair Share America, Kristen Crowell, cuenta con un alentador historial de éxitos organizativos. En 2022, dirigió el esfuerzo popular de Massachusetts que consiguió un impuesto adicional del 4% sobre los ingresos imponibles superiores a un millón de dólares. Ese recargo, aquí en 2024, ya ha generado más de mil millones de dólares en nuevos ingresos para la educación pública y el transporte.

¡Que empiece la batalla!"                 

(Sam Pizzigati , Counter Punch, 24/09/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Una decisión histórica de la ONU allana el camino para una revolución fiscal democrática... Por primera vez, todos los estados pueden negociar un acuerdo fiscal global en igualdad de condiciones... las negociaciones en la ONU son democráticas y transparentes. Esto fortalece la responsabilidad de los gobiernos ante la sociedad civil y debilita la influencia de los grupos de presión... La resolución abre la oportunidad de un sistema tributario global justo en el que finalmente se combata eficazmente el abuso y el fraude fiscal en interés de todos los países... El objetivo será determinar la fiscalidad de las corporaciones multinacionales, la transparencia fiscal o la fiscalidad global de los activos extraterritoriales

 "Ayer por la tarde en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por una gran mayoría una resolución histórica sobre la futura cooperación internacional en cuestiones fiscales . Prevé iniciar negociaciones sobre una convención marco de las Naciones Unidas en el ámbito fiscal. Esto significa que por primera vez todos los estados pueden negociar en igualdad de condiciones dentro de la ONU sobre la futura política fiscal internacional y un acuerdo fiscal global justo.

Hasta ahora, la política fiscal internacional se ha negociado en la OCDE, el club de países industrializados, aunque éste no es un foro de negociación global. Por lo tanto, muchas normas tributarias internacionales reflejan los intereses de las naciones industrializadas, y no los de los países emergentes y en desarrollo¹ 

Menos influencia para los grupos de presión financieramente fuertes / combatir por fin el abuso fiscal de forma eficaz

Para la red Attac, crítica para la globalización, la resolución es un momento histórico en la política fiscal internacional. “Estamos viviendo el comienzo de una revolución fiscal democrática. Porque, a diferencia de la OCDE, las negociaciones en la ONU son democráticas y transparentes. Esto fortalece la responsabilidad de los gobiernos ante la sociedad civil y debilita la influencia de los grupos de presión financieramente fuertes”, explica David Walch de Attac Austria.

“La resolución abre la oportunidad de un sistema tributario global justo en el que finalmente se combata eficazmente el abuso y el fraude fiscal en interés de todos los países”, explica Martina Neuwirth de VIDC.

Culminación de años de esfuerzo

La resolución de la ONU es la culminación de muchos años de esfuerzos de numerosos estados y la sociedad civil internacional para fortalecer a la ONU en materia fiscal. La decisión es bien recibida por la Alianza Global por la Justicia Fiscal , cientos de organizaciones internacionales y varios economistas destacados , como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y el director del Observatorio Fiscal de la UE, Gabriel Zucman. Numerosas ONG austriacas también escribieron la semana pasada una carta al gobierno exigiéndole que apoye la resolución.

Los países de la OCDE, la UE y Austria deben por fin participar de forma constructiva

Hasta hace poco, la fuerte resistencia al fortalecimiento de la ONU provino de los países de la OCDE, especialmente la UE y Gran Bretaña. Con una excepción, los países de la OCDE votaron unánimemente en contra de la resolución, incluidos los países de la UE y Austria. Sin embargo, la resolución fue adoptada por 125 votos contra 48 y 9 abstenciones.

“Para seguir configurando las normas fiscales globales en función de sus intereses dentro de la OCDE, los países industrializados llevan años intentando torpedear el proceso de la ONU”, critica Walch. “La UE y, por tanto, también Austria están llamados a participar finalmente de forma constructiva en la democratización de la política fiscal internacional. Esto se aplica aún más en tiempos de creciente fragmentación geopolítica”.

Se espera que el mandato de la Convención Marco de las Naciones Unidas se negocie durante el próximo año. El objetivo será determinar los temas de una próxima convención fiscal de la ONU: como la fiscalidad de las corporaciones multinacionales, la transparencia fiscal o la fiscalidad global de los activos extraterritoriales.

1    (1) La OCDE sólo está formada por 38 países miembros, principalmente naciones industriales. Ninguno de los tratados fiscales internacionales existentes ha sido aprobado a nivel mundial. Aunque la OCDE también hizo posible que países no miembros participaran en sus negociaciones fiscales, de ninguna manera eran socios iguales. Además, sólo podrían participar con la condición de que, en contra de sus propios intereses, apliquen los acuerdos de reforma anteriores de la OCDE en el ámbito de la fiscalidad corporativa. Al final, la mitad de los países africanos y dos tercios del grupo de países menos desarrollados no participaron en las negociaciones de la OCDE. La mejor prueba del predominio de los intereses de los países industrializados hasta la fecha es la actual reforma de la OCDE de la tributación corporativa global. Pone a los países más pobres en una enorme desventaja. Países como EE.UU., Irlanda y Suiza han convertido el impuesto mínimo global en un programa de recompensa para los pantanos fiscales ."                 (attac españa, 15/12/23)

«¿Es malo que tengamos cada vez mejores ordenadores, cada vez mejores coches? En absoluto. Pero el error es que estos avances no van acompañados de unas políticas reales de distribución... los impuestos deberían ser más progresivos, repercutir más en las clases altas de lo que lo hacen. Ese dinero no debería repartirse sin más, sino que hay que usarlo para estimular la inversión, en infraestructuras, en generar riqueza. Por eso la inversión pública debe ser siempre la principal tarea de cualquier gobierno... la solución al cambio climático pasa por los impuestos. De esta manera equilibras el nivel de productividad de cada país, y además es una nueva vía para obtener ingresos públicos, con los que se puede invertir en tecnología y medidas para detener el calentamiento global... Hay grandes bancos en Europa que debían haber cerrado» (Peter Diamond, Nobel de Economía 2010)

 "Es difícil encontrarse en el mundo con alguien que sepa más de políticas de empleo que Peter Diamond, Nobel de Economía 2010. Este macroeconomista accidental, ya que él basa sus trabajos en teorías microeconómicas, recela de hablar del caso español, aunque sus reflexiones son perfectamente aplicables. (...)

Ganó el Nobel de Economía en 2010 por un estudio sobre los fundamentos de los mercados de búsqueda de empleo. Otros dos economistas utilizaron su marco teórico para diseñar una especie de «teoría de la búsqueda», en la que equiparan a empleador y asalariado con comprador y vendedor. Las conclusiones resultantes han servido de inspiración para muchas políticas de empleo posteriores, y por eso los tres recibieron el prestigioso galardón de la academia sueca. El papel de Diamond fue puramente teórico, como el de un físico o un matemático que se encierran a diseñar fórmulas. Tal vez eso es precisamente lo que acerca su personalidad más a la de un científico que a la de un polifacético pensador. (...)

Hay una percepción en la gente, después del rescate a la banca, de que la deuda privada se está cubriendo con deuda pública, es decir, con su dinero.

Lo que la gente no sabe, o lo que no se para a pensar, es que hay algunos bancos que no pueden caer porque sería terrible para la economía del país, y afectaría de forma devastadora a su bolsillo. Otra cosa es si el Gobierno ha sido capaz de determinar qué bancos debían seguir abiertos y cuáles debía dejar caer. En Europa, aún quedan algunos grandes bancos que deberían haber cerrado. Debería haber más coordinación y un mayor papel del BCE. (...)

Merkel, Sarkozy y Obama dijeron, cuando estalló la crisis, que había que refundar el capitalismo. ¿Qué ha quedado de todo eso cinco años después? ¿Necesitamos más regulación?

Han cambiado muchas cosas. No hace falta más regulación, lo que hace falta es una mejor regulación.

¿Por ejemplo?

La regulación de los bancos está yendo muy lenta, aunque no va en la mala dirección: una mayor capitalización. El problema es que esta exigencia se está cumpliendo demasiado despacio. El debate no es «más o menos regulación», sino qué medidas son las acertadas. Yo creo que es necesaria una mayor coordinación internacional. Hay bancos que operan en muchos países, y en algunos asumen demasiados riesgos sin ningún tipo de control. También sería necesaria una mayor coordinación fiscal entre los diferentes países. Un sistema impositivo internacional bien coordinado sería tremendamente beneficioso para la economía global. Y cuando hablo de coordinación no me refiero a que tenga que haber los mismos derechos en todos los países, sino a la cooperación a la hora de adoptar acuerdos que nos afectan a todos. Esto es necesario en una economía sistémica como la que vivimos, para alcanzar un nivel mayor de ingresos públicos.

¿Esa coordinación debería darse dentro de cada país, en cada continente o a un nivel más global?

Obviamente hay que empezar por abajo. En mi país sería entre estados, en Europa entre países. Pero cuanto más global, mejor para todos: evitaríamos paraísos fiscales como las Islas Cayman, por ejemplo.

¿Cree que la globalización ha cumplido las expectativas de quienes la defendían hace 10 años?

Hay como una obsesión con el concepto de globalización. La economía es cíclica, siempre va acompañada de grandes cambios, y eso es algo que se ha dado siempre, también antes de que se diera lo que hoy llamamos globalización, antes incluso de la revolución tecnológica. La globalización no es ni mucho menos el único gran cambio en nuestras vidas, pero desde luego es un cambio inevitable con los enormes avances de nuestro tiempo en comunicación, por ejemplo. Pero no es el mal de nuestro tiempo: a veces perjudica a algunos sectores, pero otras muchas crea oportunidades, y eso es algo que solemos olvidar con facilidad. La economía está en continuo cambio, no es algo estático. Es la vida.

¿Tiene la globalización algo que ver con el continuo ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres?

Sí, pero hay que matizarlo. Veamos, la globalización, en este caso entendida como la revolución en las comunicaciones, ha logrado que la información llegue a muchos sitios a los que antes no llegaba, y eso reduce la brecha de las oportunidades entre clases. Pero si nos ceñimos a lo económico, es obvio que la globalización contribuye a crear riqueza entre los que más tienen. La pregunta es: ¿es malo que tengamos cada vez mejores ordenadores, cada vez mejores coches? En absoluto. Pero el error es que estos avances no van acompañados de unas políticas reales de distribución.

¿Qué políticas aplicaría?

Obviamente, los impuestos deberían ser más progresivos, repercutir más en las clases altas de lo que lo hacen. Ese dinero no debería repartirse sin más, sino que hay que usarlo para estimular la inversión, en infraestructuras, en generar riqueza. Por eso la inversión pública debe ser siempre la principal tarea de cualquier gobierno.

 Otro aspecto que se achaca a la globalización: varios estudios alertan del impacto negativo que va a tener la degradación del medio ambiente en la economía.

Creo que el calentamiento global es un tema que estamos descuidando. Todavía es pronto para diagnosticar un impacto real en la economía, pero sin duda lo tendrá. Cuando el nivel del mar suba y millones de personas tengan que ser reubicadas, el impacto será de unas dimensiones enormes, con unos costes que aún no somos capaces de cuantificar.

 ¿Se están tomando medidas, o ahora con la crisis es un problema que se está descuidando?

La solución pasa por los impuestos. De esta manera equilibras el nivel de productividad de cada país, y además es una nueva vía para obtener ingresos públicos, con los que se puede invertir en tecnología y medidas para detener el calentamiento global.

La política está perdiendo credibilidad, y ya hay voces que claman por los gobiernos tecnócratas . ¿Esto pone en peligro la democracia?

En absoluto. Un gobierno tecnócrata puede conseguir que la economía vuelva a crecer y armar por tanto un escenario apropiado para una democracia. Lo que es peligroso es que haya gobiernos democráticos sin capacidad de actuación, sometidos por políticas externas. En el caso de mi país, es habitual que los políticos reconozcan que hay medidas que no pueden tomar dentro del marco normativo establecido, y para ello crean instituciones… digamos que inusuales, para que lleven a cabo esas políticas. Por ejemplo para llegar a acuerdos de mercado, o con temas que tienen que ver con las bases militares. Muchos políticos usan este sistema para evitar comprometerse personalmente. Es muy difícil hacer política hoy en día (ríe). Por eso un gobierno tecnócrata, en un momento puntual, puede ser beneficioso: no atienden a políticas electoralistas, se centran más en el problema que tienen que resolver, que es para lo que les han puesto ahí. (...)"               

(Entrevista a Peter Diamond, Premio Nobel de Economía, Luis Meyer, Ethic, 16/09/23)

Joseph E. Stiglitz: El impuesto mínimo mundial del 15% a las sociedades se queda corto... el acuerdo de 2021 no solo malinterpreta la estructura económica tributaria de los beneficios societarios, sino que refuerza las desigualdades mundiales debido a que produce pocos ingresos para los países en desarrollo en un momento en que enfrentan la tormenta perfecta de crisis energética, alimentaria y de la deuda... Los países de todo el Sur Global están desesperados por conseguir nuevas fuentes de ingresos tributarios y muchos llegaron a la conclusión de que no se tuvieron en cuenta adecuadamente sus problemas en las negociaciones de hace dos años, cuando la atención pareció centrarse en los intereses de las economías avanzadas y sus multinacionales. Ahora, la falta de avances en la adopción completa del acuerdo erosionó aún más su confianza en el proceso... Los países ricos han bloqueado históricamente los esfuerzos de los países en desarrollo para desempeñar un papel activo en la creación de las normas de juego internacionales... Los líderes del mundo deben considerar las demandas de los países en desarrollo y acordar una nueva ronda de negociaciones, más inclusiva, para crear una reforma fiscal mundial más equitativa y sostenible

 "Ya pasaron más de dos años desde que los líderes del G7 anunciaron un innovador acuerdo para repartir los impuestos sobre los beneficios de las corporaciones multinacionales. Fue un gran avance después de años de tensas negociaciones bajo los auspicios del Marco inclusivo de la OCDE y el G20, que luego adoptaron ese mismo acuerdo un año después.

El acuerdo, que establece un impuesto mundial mínimo del 15 % a las empresas independientemente de dónde funcionen, busca evitar el traslado de ganancias a través de paraísos fiscales y limitar las políticas de empobrecer al vecino para atraer inversión extranjera. Además creó un impuesto adicional para «cerca de 100 de las multinacionales más grandes y rentables para los países, garantizando que [esas empresas] tributen de manera justa dondequiera que funcionen y generen beneficios». El objetivo era obligar a los gigantes tecnológicos como Amazon y Google a pagar más impuestos a los países de acuerdo con dónde venden sus productos y servicios, tengan o no presencia física en ellos.

Pero parece que el consenso del acuerdo se va erosionando. Mientras la Unión Europea y otros miembros de la OCDE han comenzado a implementar el impuesto mundial mínimo acordado, el Congreso estadounidense rechazó ese enfoque el año pasado por temor a dejar a las empresas de su país en desventaja competitiva. De acuerdo con la Ley de Reducción de la Inflación, Estados Unidos optó en cambio por una tasa mínima alternativa del 15 % para las empresas que registren ingresos de más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos, un criterio que solo incluye a una pequeña cohorte de multinacionales estadounidenses.

Además, el otro puntal del acuerdo —el mecanismo que reasigna una pequeña parte de los beneficios de las multinacionales de mayor tamaño a los países signatarios— requiere un tratado multilateral vinculante, pero eso es imposible en EE. UU., donde para ratificar los tratados es necesaria una mayoría de dos tercios en el Senado (los republicanos a dejaron en claro que se opondrán a cualquier nuevo impuesto a las multinacionales estadounidenses).

De todas formas, incluso sin un acuerdo multilateral formal, más países pueden adoptar otras medidas en forma unilateral que no están permitidas por el marco de 2021, como el impuesto a los servicios digitales. Colombia y Tanzania aplicaron recientemente esas medidas. Los países de todo el Sur Global están desesperados por conseguir nuevas fuentes de ingresos tributarios y muchos llegaron a la conclusión de que no se tuvieron en cuenta adecuadamente sus problemas en las negociaciones de hace dos años, cuando la atención pareció centrarse en los intereses de las economías avanzadas y sus multinacionales. Ahora, la falta de avances en la adopción completa del acuerdo erosionó aún más su confianza en el proceso.

Tal es la frustración que los países africanos propusieron una resolución de las Naciones Unidas para lanzar una nueva ronda de negociaciones intergubernamentales sobre fiscalidad internacional este año. Simultáneamente, Colombia, Brasil y Chile organizaron debates sobre un enfoque regional común.

Esas iniciativas son entendibles, según las normas actuales, las multinacionales pueden escapar fácilmente del pago de las contribuciones que les corresponden registrando sus ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. A causa de ello, los gobiernos están sedientos de ingresos fiscales (alrededor de 240 mil millones de dólares al año); las empresas locales deben competir en condiciones desiguales contra las multinacionales que tributan menos que ellas; y los trabajadores —cuyo ingreso es menos móvil y más fácil de auditar— deben pagar más impuestos porque los países tratan de compensar la pérdida de ingresos.

El acuerdo de 2021 iba a poner fin a todo esto, pero para cuando terminaron las negociaciones se había diluido tanto que generaría pocos ingresos adicionales para los países en desarrollo.

Por ejemplo, el impuesto mínimo se debía aplicar según un conjunto de normas entrelazadas para determinar qué país tiene derecho a gravar los ingresos de las multinacionales que no tributaron lo suficiente. En la práctica, sin embargo, el ordenamiento de esas reglas garantizaba que la mayor parte de los ingresos quedaría en los países de origen (en su mayoría, las principales economías avanzadas) o en paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur, que simplemente aumentaron sus impuestos extraordinariamente bajos al 15 %.

Pasar de un mundo sin un impuesto mínimo a otro con un piso del 15 % parecería un avance, pero siempre hubo buenos motivos para temer que un mínimo tan bajo se convirtiera en la nueva norma: que una reforma diseñada para subir el listón terminara, en realidad, bajándolo. Y como los países en desarrollo tienen una dependencia relativamente mayor de los ingresos por impuestos de sociedades, previsiblemente serían quienes más perdieran.

La norma que orienta la reasignación de los derechos fiscales, por ejemplo, solo se aplicaría a una pequeña cantidad de multinacionales, y a menos de un cuarto de sus beneficios, mientras que la mayor parte de los beneficios quedaría sujeta al sistema actual de precios de transferencia. Pero la lógica de esa división sigue siendo poco clara, dado que los beneficios societarios que se informan en casi todas las jurisdicciones ya incluyen deducciones por el costo del capital y los intereses. Se trata de puros beneficios que surgen de las operaciones conjuntas de las actividades mundiales de las multinacionales.

Así, el acuerdo de 2021 no solo malinterpreta la estructura económica tributaria de los beneficios societarios, sino que refuerza las desigualdades mundiales debido a que produce pocos ingresos para los países en desarrollo en un momento en que enfrentan la tormenta perfecta de crisis energética, alimentaria y de la deuda. Que los países estén ocupándose ellos mismos de la cuestión refleja la fragilidad del consenso actual y la necesidad de reformas adicionales."              

Los países ricos han bloqueado históricamente los esfuerzos de los países en desarrollo para desempeñar un papel activo en la creación de las normas de juego internacionales. No alcanza con sentar a los representantes del sur global a la mesa, es necesario que los otros negociadores escuchen y respondan de manera significativa a sus problemas. Los líderes del mundo deben considerar las demandas de los países en desarrollo y acordar una nueva ronda de negociaciones, más inclusiva, para crear una reforma fiscal mundial más equitativa y sostenible."                ( Joseph E. Stiglitz  and Tommaso Faccio , Project Syndicate, 19/06/23)