Los supermercados públicos con los que Mandani quiere equipar a Nueva York ya existen en Francia y en Bolivia... es una medida muy rupturista pues conlleva el enfrentamiento con las grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York... Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad... el supermercado público debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse... en Francia se llama “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica (Gustavo Duch)

 "Hace poco, en las páginas de la revista Soberanía Alimentaria, se publicó un artículo firmado por el activista boliviano Mario Vargas en el que explica el funcionamiento de la cadena de supermercados públicos de su país, conocidos como los EMAPA, dado que están gestionados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, de titularidad pública. Esta cuestión ha vuelto a los titulares con la noticia de la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. La creación de una red de supermercados públicos es una de sus medidas estrella y, ciertamente, muy disruptiva, pues conlleva, nada más y nada menos, que disputar la alimentación a los mercados especulativos donde está instalada, enfrentándose a grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York. ¿Lo conseguirá? En Bolivia, hasta el momento, se ha logrado.

A mi entender, los supermercados públicos beben de una misma idea: “La alimentación no es una mercancía”, el primer eslogan que las y los campesinos de La Vía Campesina lucían en sus pañoletas verdes durante sus enfrentamientos con la Organización Mundial del Comercio, en Cancún o Hong Kong, en 2003 y 2005 respectivamente. En esos tiempos ya era evidente que la globalización y el trasiego de alimentos por todo el planeta, además de todas las consecuencias ecológicas derivadas, llevaría al pequeño campesinado a una situación donde sostener su modo de vida sería muy complicado. Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad. 

Así, uno de los objetivos principales de los supermercados públicos, tanto en Bolivia como ahora en Nueva York, es garantizar que toda la población –especialmente la de bajos ingresos (en las ciudades de EEUU, el precio de los alimentos se ha triplicado en los últimos 40 años) o las que viven en “desiertos alimentarios”– tengan acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos. Para ello, en el caso del plan de Mamdani, se prevé, en una primera fase, la instalación de cinco supermercados, uno por cada distrito de la ciudad. 

Si bien estos supermercados públicos siguen operando en “los mercados”, la diferencia principal con las cadenas privadas es que el ánimo de lucro no es su motivación. La empresa debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse de todas estas dignas dedicaciones. La presencia de supermercados públicos con precios no especulativos puede entenderse, incluso, como una intervención para regular los precios alimentarios, en tanto que las cadenas privadas, de alguna manera, se pueden ver obligadas a rebajar sus márgenes si, más o menos cerca, hay un supermercado municipal con precios justos. 

Aunque otros lugares de EEUU ya han desarrollado iniciativas parecidas, con diferentes formatos, lo que hace significativa esta propuesta en Nueva York es que una gran ciudad se sume a experimentar con sistemas alimentarios bajo esta óptica pública. En este sentido, hay que poner atención a las pruebas piloto de lo que en Francia llaman la creación de una “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica. Unas y otras, buenas y necesarias prácticas que, como estamos viendo con las comunidades energéticas o las luchas por la vivienda pública, visibilizan que sí, que podemos agrietar el capitalismo."

(Gustavo Duch , CTXT, 13/11/25)

El Corredor de Cereales de Nueva Tierra Rusia-China permite a Rusia sustituir a EE.UU. y Europa en el mercado chino de cereales... Los BRICS sienta las bases para desvincularse de la agricultura estadounidense... Los beneficios para Rusia, China y otros socios incluyen una mayor seguridad alimentaria, intercambios más baratos y una menor dependencia de un dólar estadounidense inflado y convertido en arma... Sin la vigilancia estadounidense del comercio mundial a través del dólar, el SWIFT y las bolsas de materias primas, Estados Unidos y sus agricultores ni siquiera pueden ver los mercados mundiales en términos de demanda y suministros globales... Así, los agricultores y los inversores estadounidenses no obtienen la información necesaria para planificar qué cultivar y en qué cantidad (Glenn Diesen, Un. Sudeste Noruega)

 "El Corredor de Cereales de Nueva Tierra Rusia-China permite a Rusia sustituir a EE.UU. y Europa en el mercado chino de cereales.

Los BRICS sienta las bases para desvincularse de la agricultura estadounidense con el desarrollo de un nuevo sistema económico internacional postestadounidense. Esto incluye una bolsa de cereales, nuevos centros logísticos, infraestructuras de transporte, bancos de desarrollo, sistemas de seguros, tecnologías nativas y plataformas digitales, desdolarización y el abandono del sistema de transacciones SWIFT. Los beneficios para Rusia, China y otros socios incluyen una mayor seguridad alimentaria, intercambios más baratos y una menor dependencia de un dólar estadounidense inflado y convertido en arma.

Sin la vigilancia estadounidense del comercio mundial a través del dólar, el SWIFT y las bolsas de materias primas, Estados Unidos y sus agricultores ni siquiera pueden ver los mercados mundiales en términos de demanda y suministros globales. El problema se ve agravado por las sanciones y la coerción económica occidentales, ya que Rusia y China tienen más incentivos para no compartir información sobre los mercados con Estados Unidos y sus agricultores. Así, los agricultores y los inversores estadounidenses no obtienen la información necesaria para planificar qué cultivar y en qué cantidad. China ha cancelado enormes contratos con Estados Unidos, que ni siquiera puede estar seguro de quién sustituye sus suministros agrícolas. (...)"

(Glenn Diesen , Un. Sudeste Noruega, blog, 02/09/24, traducción DEEPL)

Los “otros” enemigos del campo... Los márgenes de beneficios de las grandes cadenas de distribución, de super e hipermercados, se disparan muy por encima de la inflación, hasta diez veces más que el IPC en los alimentos básicos... Estos monopolios de la alimentación, por un lado, imponen precios en origen al borde o por debajo de los costes de producción arruinando el campo; y por otro, encarecen la cesta de la compra saqueando nuestros bolsillos en el supermercado

 "Según el Índice de Precios Origen Destino que elabora la organización de agricultores y ganaderos COAG, los márgenes de las grandes cadenas de distribución, de super e hipermercados, se disparan muy por encima de la inflación, hasta diez veces más que el IPC en los alimentos básicos. Estos monopolios de la alimentación, por un lado, imponen precios en origen al borde o por debajo de los costes de producción arruinando el campo; y por otro, encarecen la cesta de la compra saqueando nuestros bolsillos en el supermercado.

No hace mucho el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, declaraba a propósito de la subida de precios de los alimentos: “No hay duda de que hay quien está subiendo los márgenes sin que estén subiendo los precios para los agricultores, y eso significa que o la distribución o las grandes cadenas, o ambos a la vez, lo están haciendo”.

Hoy en España 10 grandes cadenas de distribución, super e hipermercados controlan el 80% del mercado de la distribución y venta de alimentos. Entre ellas los grandes grupos extranjeros como Carrefour, Lidl, Aldi, Día o Alcampo… Tal nivel de concentración les permite actuar como un auténtico oligopolio alimentario, unos pocos tienen la capacidad de influir en el mercado y en los precios en origen y finales.

Los márgenes empresariales del sector de la distribución y grandes cadenas de supermercados, es decir, la proporción de las ventas que se quedan los grandes grupos del oligopolio alimentario como beneficio, se han disparado en estos años y son una de las principales causas tanto de la ruina de los agricultores y ganaderos, sobre todo de las pequeñas y medianas explotaciones, como del saqueo de las familias, especialmente de las rentas bajas que destinan una mayor proporción de su consumo a la alimentación.

Basta con echar una mirada a una lista de precios en origen y destino para comprender lo que está pasando con los precios de los alimentos desde octubre de 2021. (*Ver tabla)

Según el observatorio Índice de Precios Origen Destino (IPOD) de la COAG, las diferencias entre el precio de compra en origen a los productores y el de venta a los consumidores había crecido más de un 60% de un año para otro en productos como los huevos o las berenjenas, cuando el IPC medio anual acumulado era del 5,7% y el de los alimentos el 15,7%. Lo que significa un aumento diez veces superior al IPC y cuatro veces más que el precio de los alimentos. El IPOD de COAG demuestra cómo incluso cuando algunos alimentos hayan bajado en los huertos y los invernaderos, en momentos de temporada y mayor producción, han seguido subiendo en los supermercados, como ha ocurrido con las lechugas o el tomate y la leche, huevos y carne de pollo.

¿Y quién se lleva los beneficios de este saqueo a productores y consumidores?

Entre el 56% y el 70% del precio final se impone entre los grandes distribuidores y los super e hipermercados, incrementando su margen de beneficio

El tomate, producto centinela

Un observatorio nada sospechoso de izquierdista, el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, publicó hace unos meses la composición del precio final de venta del tomate.

Un agricultor recibía 96 céntimos de euro por un kilo de tomate. En la subasta inicial en la lonja se encarecía en otros 14 céntimos. y a los que se añadían 60 más en el mercado mayorista o merca para situarse en 1,70 euros, una tasación que iba a duplicarse e incluso triplicarse para llegar a la horquilla de 3,90 a 5,68 euros con la que los vendía una conocida cadena de supermercados. El kilo de tomate se había multiplicado por 4 y por 6 sin que los agricultores vieran ni un céntimo más.

Y esta fue su conclusión: Entre el 56% y el 70% del precio final del tomate se imponía entre el merca y el súper, o sea entre los grandes distribuidores y los super e hipermercados, incrementando su margen de beneficio.

Son los “otros” enemigos del campo. Los que obligan a agricultores y ganaderos a producir al borde o por debajo de sus costes de producción o incluso a pérdidas, achicando hasta el límite sus exiguos márgenes de rentas y arruinando el campo.

Fondos extranjeros, los nuevos terratenientes del campo español.

 La sombra de los buitres

Los fondos de inversión de capital riesgo, los llamados “fondos buitre”, se han lanzado en los últimos años a la compra de grandes fincas agrícolas, tomando el campo español como un “valor refugio” de sus inversiones.

Solo en los dos últimos años se han realizado en España unas 320.000 operaciones de compraventa de fincas rústicas según datos del INE. Y como declaraba el director de la norteamericana CEBRE Agribusiness (primera compañía a nivel internacional en consultoría y servicios inmobiliarios) y su nueva línea de negocio agrario en Europa se ha fijado en España y Portugal por las perspectivas de crecimiento del sector agroalimentario, “se calcula que para 2050 deberemos haber incrementado la producción de alimentos entre un 60-70%… Y por otro lado, la Península Ibérica cuenta con más de 4 millones de hectáreas de regadío que permiten maximizar las producciones e incrementar la rentabilidad de las inversiones”.

Además España es uno de los mayores productores agroalimentarios de la UE, el cuarto país exportador agrícola y con un aliciente añadido, capitalizar las ayudas de la PAC.

Los nuevos terratenientes buitre se extienden por todo el campo pero concentran su interés en fincas que supera las 200 hectáreas y en zonas de regadío. Su objetivo es “mejorar el retorno de la inversión mediante técnicas de cultivo intensivas y superintensivas para luego desinvertir”.

El cultivo superintensivo aboca al campo a la sobreexplotación de los suelos y los recursos como el agua y a una rebaja general de la calidad

Las consecuencias de la llegada masiva de los fondos ya las estamos sufriendo.

Por un lado estamos asistiendo a una concentración de la producción agrícola en explotaciones cada vez más grandes y en menos manos a costa de las pequeñas y medianas explotaciones, la mayoría familiares al borde de la ruina o que tienen que cerrar. En los últimos 10-15 años, el 10% de explotaciones agrícolas ha desaparecido; hay un 20% menos de autónomos (unos 200.000) agrícolas y ganaderos… El 85% de la uva de mesa de la zona de Totana en Murcia está en manos de 3 fondos. El fondo Fremman Capital acaba de quedarse con la firma valenciana Frutas Bollo, un referente de la naranja valenciana. El norteamericano Nuveen acapara terrenos agrícolas…

Y por otra parte el método de cultivo superintensivo que aplican los fondos. Un ejemplo es lo que empieza a pasar en el olivar. Plantaciones de hasta 2.000 olivos por hectárea, con especies “menos vigorosas que se puedan cultivar en seto”, con regadío y totalmente mecanizadas. Un método que aboca al campo a la sobreexplotación de los suelos y los recursos, especialmente del agua, y a una rebaja general de la calidad. Además de la destrucción de miles de puestos de trabajo agrícolas y acentuar la despoblación rural." (De Verdad Digital, 14/02/24)

La movilización actual del campesinado es la consecuencia de un modelo agrícola productivista que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones y al empobrecimiento de muchos agricultores... Entre los responsables de este sistema se encuentran los acuerdos de liberalización comercial, así como los representantes mayoritarios del sector [el sindicato FNSEA], cuyos dirigentes han contribuido a transformar la agricultura en un agronegocio en beneficio de unos pocos, y han sabido utilizar muy bien las normas de la Política Agrícola Común (PAC) en su beneficio... la supresión de las normas medioambientales planteada por la FNSEA para salir de la crisis es una forma de desviar la atención... un ejemplo particular del daño al que se exponen los agricultores y consumidores son los acuerdos UE-Nueva Zelanda, UE-Chile, UE-Mercosur, que supondrán la importación de miles de toneladas de carne, queso, leche y etanol... el 80% de las y los eurodiputados de la UE aprobaron el acuerdo UE-Chile el pasado miércoles... Por los derechos de los agricultores y para salvar el clima, es vital poner fin a este tipo de acuerdos: paralización definitiva de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, moratoria de todos los demás acuerdos comerciales en curso de negociación y revisión de todos los acuerdos existentes... Pero esto no basta, necesitamos, como reclama la Confédération Paysanne, una ley que prohíba la compra de productos agrícolas por debajo de su precio de coste. Para lograrlo necesitamos atacar la cadena de transformación y distribución, en la que las multinacionales agroalimentarias y las cadenas de supermercados obtienen enormes beneficios

 "La movilización actual del campesinado es la consecuencia de un modelo agrícola productivista que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones y al empobrecimiento de muchos agricultores (de 1,6 millones en 1982 a 400.000 en 2019, 100.000 explotaciones han desaparecido desde 2010, el 18% de agricultores y agricultoras viven por debajo del umbral de pobreza).

Entre los responsables de este sistema se encuentran las políticas francesas y europeas, la globalización del comercio y, en particular, los acuerdos de liberalización comercial, así como los representantes mayoritarios del sector [el sindicato FNSEA], cuyos dirigentes han contribuido a transformar la agricultura en un agronegocio en beneficio de unos pocos, y han sabido utilizar muy bien las normas de la Política Agrícola Común (PAC) en su beneficio.

 Pero mientras algunos en el agronegocio se enriquecen, la mayoría de las y los agricultores se empobrecen, se endeudan y a menudo experimentan condiciones de trabajo difíciles. Por tanto, su movilización es totalmente legítima, porque al plantear la cuestión de la renta de los agricultores, se está señalando el callejón sin salida de un modelo productivista, el de una agricultura incapaz de suministrar productos sanos y de calidad, incapaz de garantizar la soberanía alimentaria, incapaz de permitir a las y los campesinos vivir de su trabajo, incapaz de respetar la biodiversidad.

Reivindicaciones secuestradas en beneficio del agronegocio

La cuestión [de la supresión] de las normas medioambientales planteada por la FNSEA [para salir de la crisis] es una forma de desviar la atención. Es cierto que existen normas que plantean numerosos problemas (marcado obligatorio de los animales, por ejemplo), pero lo que denuncia la organización mayoritaria es sobre todo la voluntad de reducir la contaminación provocada por la agroindustria. Esta es también la orientación adoptada por el gobierno que, por ejemplo, prevé suprimir las autorizaciones medioambientales para facilitar la construcción macrogranjas industriales ganaderas. Del mismo modo, las políticas europeas siguen siendo muy modestas en lo que se refiere a las limitaciones medioambientales: se ha destripado la ley de restauración de la naturaleza, se ha renovado la autorización del glifosato, el Parlamento Europeo ha rechazado el plan de reducción del uso de pesticidas, se prevé autorizar nuevos OMG, etc.

 Rassemblement National [RN, extrema derecha] tampoco es amiga de las y los pequeños agricultores. RN ha votado a pies juntillas, junto a En Marche y los Republicanos, una nueva versión de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 que da la espalda a la emergencia climática y favorece a la agroindustria en detrimento de los miles de agricultores que, cada año, tienen que abandonar su profesión y mantener sus explotaciones a escala humana.

El gobierno no propone nada para mejorar los ingresos

Los anuncios del gobierno [realizados el 26 de enero] no solucionarán nada, sino todo lo contrario. La ideología productivista y neoliberal de este gobierno, compartida con los sindicatos agrarios mayoritarios, está a la vista de todo el mundo. No hay propuestas que permitan vivir dignamente de su trabajo a las y los agricultores, sino un despliegue legislativo ecocida que conduce a la aceleración de proyectos de todo tipo: entre ellos, facilitar la construcción de embalses de ladera y megapiscinas, someter la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) a la supervisión prefectoral, reducir las ambiciones en materia de conservación de los humedales, mantener lagunas fiscales para eliminar el impuesto sobre el gasóleo agrícola, etc. Mientras no haya medidas para mejorar los ingresos de los campesinos y campesinas, o el acceso a las tierras agrícolas, ¿cómo podemos estar satisfechos con las irrisorias propuestas que ha realizado el gobierno? Una ayuda de urgencia de 50 millones de euros para la agricultura ecológica, la oposición al acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR, pero no a los demás tratados, y tres sanciones denominadas "fuertes" contra las empresas que incumplan la ley Egalim.

 Los acuerdos de libre comercio son un ejemplo particular del daño al que se exponen las y los agricultores y consumidores. Los acuerdos negociados recientemente o en proceso de finalización (UE-Nueva Zelanda, ratificado en diciembre de 2023, UE-Chile en proceso de ratificación, UE-Mercosur, en proceso de finalización) supondrán la importación de decenas de miles de toneladas de carne, queso, leche y etanol... Al poner a todos las campesinas y campesinos a competir entre sí en un sistema de globalización neoliberal, sus condiciones de vida y de trabajo se nivelan a la baja, amenazando con acabar con los pequeños agricultores en beneficio de las multinacionales del agronegocio. Estos acuerdos fomentan la agricultura intensiva, que es una de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el 80% de las y los eurodiputados de la UE aprobaron el acuerdo UE-Chile el pasado miércoles, en particular los liberales (incluido Renaissance –partido de Macron–), el Partido Popular Europeo aliado con los republicanos, la extrema derecha (con la ausencia del Rassemblement National) y los socialdemócratas.

 Por los derechos de los agricultores y para salvar el clima, es vital poner fin a este tipo de acuerdos: paralización definitiva de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, moratoria de todos los demás acuerdos comerciales en curso de negociación y revisión de todos los acuerdos existentes.

Pero esto no basta para garantizar unos ingresos decentes y necesitamos, como reclama la Confédération Paysanne, una ley que prohíba la compra de nuestros productos agrícolas por debajo de su precio de coste. Para lograrlo, necesitamos atacar urgentemente la cadena de transformación y distribución, mientras las multinacionales agroalimentarias y las cadenas de supermercados obtienen enormes beneficios.

 Además de esta emergencia económica para los agricultores, es necesario transformar radicalmente el actual modelo agrícola y alimentario: garantía de precios justos, freno a la artificialización de las tierras, defensa de las tierras agrícolas que deberían destinarse a la producción alimentaria, redistribución de las subvenciones para hacer frente al agronegocio, creación y apoyo a los circuitos cortos y a las microcadenas de distribución (que son respuestas totalmente viables y adecuadas a las necesidades de productores y consumidores por igual), bifurcación agroecológica para dar prioridad a la instalación de nuevos agricultores...

La cuestión de la agricultura nos concierne a todos y todas. Lo que se produce es lo que comemos cada día. Una remuneración justa para los y las agricultoras significa también repensar los métodos de distribución de los alimentos y la forma en que accedemos a los alimentos ecológicos y de calidad producidos lo más cerca posible del consumidor. A corto plazo, esto significa aumentar los salarios para que la gente pueda alimentarse correctamente y, más allá, significa buscar modelos alternativos de consumo.

Junto a la Confédération Paysanne y, más ampliamente, a los agricultores y agricultoras que se movilizan, Attac pide que se apoyen las reivindicaciones de "una renta digna para todas las y los agricultores", la ruptura con los acuerdos de libre comercio, y que la gente se una a las acciones de defensa de estas reivindicaciones."                 (Viento Sur, 02/02/24)

Por un lado, cada vez son más en el mundo agrícola los que ya no pueden vivir de su trabajo. Por otro lado, los precios de los alimentos se disparan y cada vez más personas asalariadas tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la riqueza está siendo acaparada por las multinacionales alimentarias y los supermercados, cuyos márgenes están alcanzando niveles récord... ¿Estamos preparados para ver cómo el mundo de la agricultura sigue pereciendo ante nuestros ojos, con el objetivo último de deslocalizar la explotación francesa? Para evitar cuestionar las rentas de la agroindustria, el gobierno y los grandes patrones agrícolas están desviando el debate hacia las normas medioambientales. Ponerlas en tela de juicio supondría un dramático paso atrás... Cada vez más franceses quieren comer alimentos de calidad, pero no pueden permitírselos. Cada vez más agricultores quieren cambiar su forma de producir adoptando prácticas agroecológicas, pero no cuentan con el apoyo suficiente para realizar esta costosa transición (Laurence Marandola, portavoz de la Confédération paysanne)

 "La movilización del mundo agrícola está poniendo de relieve un escándalo. Por un lado, cada vez son más en el mundo agrícola los que ya no pueden vivir de su trabajo. Por otro lado, los precios de los alimentos se disparan y cada vez más personas asalariadas tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la riqueza está siendo acaparada por las finanzas, las multinacionales alimentarias y los supermercados, cuyos márgenes están alcanzando niveles récord. Son esas mismas personas, jefes de la industria alimentaria y de los supermercados, las que colaboran para rebajar los salarios de los agricultores y agricultoras y explotar a sus empleados. Las causas del malestar son las mismas y las reivindicaciones son las mismas: vivir dignamente de nuestra profesión. Pedimos a las y los asalariados y a las y los agricultores que se unan para poner fin al robo de su trabajo por las multinacionales y los accionistas.

La movilización de las y los agricultores indignados debe conducir a una revalorización del trabajo. No lo olvidemos: durante Covid, se aplaudía a las personas que trabajaban en los servicios públicos: agricultoras, cuidadoras, basureros, camioneros, cajeras y profesores. ¿Cuál es la situación actual de estas personas? Cada vez es más difícil encontrar vivienda, comida y un nivel de vida digno. Por no hablar de la injusta e inicua reforma de las pensiones, por la que los agricultores y agricultoras se han movilizado junto al resto de trabajadores, aportando alimentos de sus granjas para "alimentar la lucha".

El debate público sobre las condiciones de trabajo y los niveles salariales en el sector agrícola debe permitir reorientar las políticas públicas al servicio del interés general y de quienes trabajan la tierra. Si no hay agricultores que trabajen, no habrá comida en nuestros platos. Y punto. Estos hombres y mujeres que se levantan día tras día y cuidan la tierra y los animales son indispensables para poder realizar las actividades individuales o colectivas de la vida cotidiana.

Endeudadas e inseguras

Sin embargo, una parte importante de las y los agricultores vive por debajo del umbral de la pobreza, endeudada y dependiente de un sistema económico inhumano. En cuanto a las y los trabajadores agrícolas y temporeros, combinan inseguridad, salarios bajos y trabajo duro. El mundo agrícola está en cierto modo apartado, porque los derechos sociales concedidos a esta profesión son muy exiguos: ningún derecho al descanso, pensiones miserables, sobre todo para las mujeres agricultoras, un dramático declive de los servicios públicos en nuestro campo... ¡Es un escándalo! La única respuesta que obtienen es una carrera al gigantismo [productivo]. Para intentar obtener unos ingresos decentes, tienen que producir cada vez más, expandirse y endeudarse. Como resultado, las y los agricultores se encuentran dependientes de la agroindustria, con las manos y los pies atados, transformándose en agrogestores con una lógica de agrobussines.

¿Estamos preparados para ver cómo el mundo de la agricultura sigue pereciendo ante nuestros ojos, con el objetivo último de deslocalizar la explotación francesa? En los últimos cincuenta años, la superficie de las explotaciones se ha cuadruplicado y el número de agricultores se ha multiplicado por cuatro. ¿Qué sentido tiene esta carrera hacia el gigantismo? ¿Qué sentido tiene obligar a las y los agricultores franceses a producir cada vez más para inundar los países emergentes de pollos en batería y leche en polvo?

La historia comenzó con esta lógica de liberalización preconizada por la OMC. La industria francesa fue incapaz de resistir el dumping social y medioambiental. La fábrica francesa fue deslocalizada. Los trabajadores y trabajadoras han pagado el precio. Y las y los agricultores ya han pagado un alto precio. Es hora de romper con el dogma del libre comercio que está asfixiando el sistema agrícola y alimentario y a los y las agricultoras, enfrentando a las y los trabajadores de todo el mundo y arrasando los derechos sociales y medioambientales.

Imponer un precio mínimo para proteger a las y los agricultores
La respuesta a la movilización pasa por reconocer el trabajo y poner fin a la mercantilización de la agricultura. Hay que imponer un precio mínimo para proteger a las y los agricultores de las multinacionales. Es hora de condicionar la entrada de materias primas y mercancías en el mercado europeo al cumplimiento de normas medioambientales y sociales. Es hora de armonizar [por arriba] los derechos sociales y medioambientales en toda Europa.

En cambio, para evitar cuestionar las rentas de la agroindustria, el gobierno y los grandes patrones agrícolas están desviando el debate hacia las normas medioambientales. Ponerlas en tela de juicio supondría un dramático paso atrás. Con su trabajo, las y los agricultores tienen un impacto directo en la mitad de la superficie de Francia, en nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra agua... en definitiva, en nuestra vida cotidiana. Duramente golpeados por el creciente número de catástrofes naturales, también están pagando un alto precio por la contaminación: el cáncer es la principal causa de muerte entre los agricultores y agricultoras.

Al igual que quienes trabajan en el automóvil sufren la deslocalización de su industria con el pretexto del cambio climático, las y los campesinos tienen que hacer frente a la proliferación de normas medioambientales, que consideran un estorbo para su ya difícil vida cotidiana. Enfrentar las cuestiones sociales y medioambientales es el callejón sin salida en el que prosperan la extrema derecha y las políticas neoliberales. ¿Cómo podemos superar esto y abordar juntos la emergencia social y climática? ¡Teniendo el coraje de enfrentarnos al capital!

Cada vez más franceses y francesas quieren comer alimentos de calidad, pero no pueden permitírselos. Cada vez más agricultores y agricultoras quieren cambiar su forma de producir adoptando prácticas agroecológicas, pero no cuentan con el apoyo suficiente para realizar esta costosa transición. Necesitamos aumentar los salarios y el valor del trabajo, revisar la distribución de las subvenciones y llevar a cabo una profunda revisión del modelo agrícola. Éstas son las cuestiones que debemos abordar si queremos que todo el mundo pueda vivir de su trabajo y comer alimentos de calidad producidos localmente."

(Laurence Marandola, portavoz de la Confédération paysanne ... Sophie Binet, secretaria general de la CGT ... Murielle Guilbert y Simon Duteil, coportavoces de Solidaires ... Benoît Teste, secretario general de la FSU ... Pierre Thomas, presidente del Modef. Viento Sur, 02/02/24)

Agricultores: "La situación actual es muy grave y por una cosa muy sencilla: tenemos unos precios de los productos que vendemos de hace 30 años y, por otro lado, los costes de producción tienen precios europeos y cada vez suben más... Vender a pérdidas siempre no se puede hacer"... se está produciendo una reconversión del sector agrario, echando a las explotaciones familiares...

"Agricultores que venden su cosecha a precios "de ruina", grandes distribuidores que "especulan" para inflar sus beneficios y la sensación de que la agricultura es "moneda de cambio" en los tratados internacionales. Son algunos de los elementos que han hecho que los productores del campo español hayan salido a protestar en hasta once comunidades autónomas esta semana (...)

Especulación en la distribución

"La situación actual es muy grave y por una cosa muy sencilla: tenemos unos precios de los productos que vendemos de hace 30 años y, por otro lado, los costes de producción tienen precios europeos y cada vez suben más. En muchos sectores, el precio al que vendemos el producto no nos paga lo que cuesta producirlo. Vender a pérdidas siempre no se puede hacer. 

Se está produciendo una reconversión callada y encubierta del sector agrario, echando a las explotaciones familiares, que se tienen que ir en muchos casos, arruinadas", explica Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. Ejemplifica con el precio de la ciruela en Extremadura: "Ponen el precio a 20 céntimos. El coste de producción tiene que estar en torno a los 40 céntimos en una situación normal, pero el consumidor luego va al supermercado y la ciruela se la encuentra por encima de los dos euros". Huertas no duda en calificar este aumento de "especulación" y "abuso" por parte de la industria y la distribución. 

La primera queja es, por tanto, los precios a los que los agricultores venden sus productos. En el camino entre el agricultor y el cliente que va a un supermercado está el grueso de las ganancias, que se las queda el distribuidor: "Si tenemos en consideración el precio de origen y el de destino de diciembre de 2019, en general, los precios que se pagan al productor y que luego paga el consumidor se incrementan en un 450% de media. Llegamos al extremo de que en la patata el diferencial es del 700% o en la naranja o a mandarina del 600% . Los márgenes comerciales se los queda la industria y gran distribución".

Además, desde UPA-UCE Extremadura también se quejan de las malas prácticas que "bajan los precios artificialmente", ejemplificando con dos: la "venta a pérdidas" de los supermercados como estrategia comercial y las "subastas a ciegas". Para ejemplificar la primera, recurre al ejemplo de un supermercado que pone el aceite a dos euros como producto gancho y el resto de supermercados, para equipararse, lo que hacen es "presionar al agricultor": "Les dicen que o lo ponen a este precio o no se lo compran", explica Huertas. 

También denuncia la opacidad de las subastas a ciegas: "Se saca una licitación y se les dice a las empresas que quieren comprar 100.000 toneladas de aceite y que quien haga la oferta más baja se que queda con ella".

La respuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido clara: "Las administraciones no pueden fijar precios". Se ofrece, sin embargo, a trabajar para paliar la volatilidad. Los representantes consultados de los agricultores replican al Gobierno que haga política y que empiece, por ejemplo, implementando la Ley de la Cadena Alimentaria.

El representante de UPA-UCE Extremadura también alude a la necesidad de hacer una legislación "que nos permita hablar de precios" para hacer frente a los grandes distribuidores que son capaces de incidir en el mercado: Francia tiene una ley que dice que ningún eslabón de la cadena se puede llevar más beneficio del 30% del coste de lo que paga el consumidor por un producto".

Los agricultores, además, creen que sus reivindicaciones benefician también al consumidor. Huertas pone como ejemplo la miel: "La distribuidora les dice a los agricultores que trae miel de Argentina, Corea u otro sitio. No hay una ley de etiquetado que obligue a poner el origen y si hay mezcla de producto. Aprovechan el resquicio que deja la ley y mezclan un 95% de miel de Argentina, le aplican un 5% de España y dicen que está producida en "la UE y otros países, confunden al consumidor".  (...)

La agricultura, "moneda de cambio" en los tratados internacionales

Blanco señala que sus quejas tienen una vida de décadas: "Se han ido perdiendo políticas de preferencia comunitaria, de intervención pública, de regulación de mercados, que en este momento están globalizados, sin sistemas de integración de la UE... Se hacen tratados comerciales con países terceros y se utiliza la agricultura como moneda de cambio a costa de nuestros productores. Somos pequeñas y medianas explotaciones con poca capacidad de capitalización". Estos profesionales miran hoy a los tratados que negocia la Unión Europea con Australia y Nueva Zelanda.

Los agricultores ven incoherente que a los productores españoles se les exija cumplir con los estándares de calidad europeos y que después se importen productos de países donde no se cumplen ni con las condiciones sanitarias ni con las sociolaborales: "Está entrando tomate de Marruecos producido con productos no autorizados. En Marruecos, los salarios por desgracia son 14 veces menores en el campo que en España", ejemplifica Blanco. (...)

El problema del campo tiene largo recorrido, pero las protestas coinciden con la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en el seno de la Unión Europea. "Pedimos dos cosas. Por un lado, que se mantengan los fondos y que la redistribución de ayudas sean más justas. La PAC que tenemos en este momento perjudica a las explotaciones familiares. También pedimos que se recupere los mecanismos de regulación del mercado y que frene la especulación", explica Huertas. (...)"    (Sara Montero, Cuarto Poder, 31/01/20)

Los ayuntamientos pueden ayudar a construir un nuevo sistema alimentario aplicando criterios de proximidad y origen ecológico a los alimentos que compran para escuelas, etc...

"En la larguísima lista de imputados por prevaricación administrativa y urbanística de los últimos años hay un nombre que no cuadra. Las razones que lo llevaron a esa situación son diametralmente opuestas a las del resto.

Es el caso de Alberto Cañedo, exalcalde de Carcaboso, una localidad extremeña de mil habitantes. Cañedo fue elegido en 2005 al frente de una plataforma vecinal convertida en partido. Diez años después fue inhabilitado y multado con 37.000 euros, acusado de no responder en tiempo y forma las nada menos que 700 peticiones de información lanzadas por la oposición en solo dos años.

Según las organizaciones que denunciaron este acoso, mucho tenía que ver su empeño por intentar una política social, ambiental y alimentaria diferente.

Durante su mandato, este pueblo se negó a privatizar el agua, se declaró contrario al TTIP y a los transgénicos —con un programa de sensibilización sobre “los peligros que tiene perder la propiedad de las semillas”—, y creó empleo en huertos sociales convirtiéndolos en productivos.

Tras los resultados de las elecciones de mayo de 2015, donde plataformas ciudadanas llegaron a las alcaldías de cientos de municipios, iniciativas transformadoras como las de Carcaboso se han replicado a lo largo de toda la geografía española. (...)

“La ciudad nos necesita, nuestros campos producen los alimentos, nuestras gentes guardan la tierra, los paisajes y la salud del planeta”, afirmaba el manifiesto final del encuentro, donde el tejido rural y agrario se posicionó como pieza imprescindible en los procesos que se impulsan en pueblos y ciudades para transformar el sistema alimentario.

Laura Arroyo, alcaldesa de Talaveruela de la Vera (Cáceres), afirma que las ciudades tienen la capacidad de devolver al mundo rural su potencial económico, aunque admite que le da “un poco de miedo” que el campo se vuelque a producir en exclusiva para las grandes urbes.

“En realidad habría que construir canales cortos de comercialización, y el primer paso sería hacerlo dentro de la propia comarca. Si luego, además, sobra y se puede llevar a la ciudad, pues fenomenal”, agrega Arroyo.

Para esta alcaldesa, que también estuvo presente en el foro, la producción local y el consumo de cercanía son clave para las políticas alimentarias, ya que es más fácil reconocerse en “territorios con características naturales, geográficas e históricas comunes”, donde las necesidades son similares y puede haber entendimiento más allá del partido que gobierne cada municipio.

La falta de población que caracteriza el medio rural limita la puesta en marcha de muchas iniciativas. “Para atraer nuevos pobladores, impulsamos un banco de tierras y también incentivamos el alquiler de casas, pero nos encontramos con un obstáculo grande: los miedos de los propietarios a ceder tierras en desuso o a alquilar las casas cerradas. Existe mucha desconfianza y esto implica trabajar en transformar prejuicios y actitudes que vienen de muy atrás. Cambiar esto lleva su tiempo”, señala Arroyo.  (...)

Los proyectos más frecuentes y visibles han sido los grupos de consumo responsable, los huertos urbanos o los mercados agroecológicos. “En Zaragoza, el mercado agroecológico supuso un antes y un después”, cuenta Mónica Herrera, de Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria.

 “Empezó en 2009, y, con su proceso, los colectivos de base que lo impulsaron se fortalecieron y estrecharon su relación con el Ayuntamiento, sobre todo gracias a los obstáculos que hubo que superar, con la oposición, con el comercio minorista…”.

En este contexto, en 2013 el Ayuntamiento de Zaragoza recibió fondos de la UE para el proyecto Huertas Life km 0. Esta iniciativa, llevada a cabo con esas mismas organizaciones, “permitió invertir en la promoción de la huerta creando una marca para el producto local, montar una escuela de agroecología, facilitar la incorporación al sector agrario o el acceso a la tierra”, expone Mónica, que formó parte del equipo de trabajo. (...)

“No queremos vincular este proceso solo a quienes consumen ecológico, queremos trabajar el derecho a la alimentación y abrir nuevas vías con el pequeño comercio vecinal, con el consumo social, la ayuda alimentaria y los comedores populares y autogestionados”, dice.

Mónica identifica avances en los últimos años. Según ella, la población de Zaragoza se ha acercado a la huerta y hay mucha más sensibilidad sobre la procedencia de los alimentos. “Sin embargo, no se ha hecho nada que haya restado poder a las grandes empresas. Al revés, llegan a aprovecharse de este auge.

 Tratamos de verle la parte positiva: las grandes superficies pueden ser la puerta de entrada a este mundillo para gente que luego puede ir mirando otras cosas, como favorecer al productor local”, añade.  (...)

 Quim Muntané, que desde la plataforma Llaurant Barcelona participa en el proceso que se lleva adelante en esta ciudad, coincide en la necesidad de enfrentarse con la raíz del problema: “No se trata solo de hacer huertos o introducir criterios de proximidad en la compra pública de alimentos, es necesaria valentía política y cuestionarse el sistema alimentario existente, identificar las piezas clave que posibilitan que haya alimentos kilométricos o agricultura intensiva sin campesinos. Por ejemplo, el papel de las grandes centrales de compra municipales, ‘los mercas'”.  (...)

El consejo alimentario municipal

Los consejos alimentarios, donde convergen la Administración local, organizaciones de consumidores, sindicatos agrarios, colectivos de base y empresas de distribución, se perfilan como una pieza clave para definir las políticas alimentarias. Valencia ha sido la primera ciudad en ponerlos en marcha, centrándose en cambiar los hábitos de la ciudadanía, potenciar los productos de proximidad en los mercados municipales o crear menús con productos de la huerta en escuelas.

Compra pública

Los ayuntamientos pueden dar ejemplo en la construcción de un nuevo sistema alimentario aplicando criterios de proximidad y origen ecológico a los alimentos que compran para espacios de gestión pública. Esta herramienta permite fortalecer el tejido agrario y ya se está utilizando en Iruña, donde se han incorporado estos criterios en la gestión de los comedores del organismo autónomo de las Escuelas Infantiles Municipales.

Estrategias alimentarias municipales

La ‘Carta por una soberanía alimentaria desde nuestros municipios’, definida en Zaragoza en 2014, es una propuesta de los movimientos que ha sido fundamental para estimular y orientar los primeros pasos de muchos ayuntamientos en la necesidad de incidir de una manera determinante en los circuitos agroalimentarios. Los colectivos sociales demandan que las ciudades elaboren estrategias claras en este sentido, que coordinen y den coherencia a la organización de un sistema alimentario propio, como ha hecho recientemente Barcelona."                 (Revista Soberanía Alimentaria , Saltamos.net)

La caída del comercio mundial sacude el transporte marítimo. Las navieras alcanzarán pérdidas de 4.500 millones de euros este año

"Ha llegado una tormenta perfecta en el transporte marítimo. Hay unos 60.000 buques de carga que llevan en sus entrañas las mercancías alrededor del mundo. Pero la ralentización de los intercambios comerciales, en particular debido a la menor actividad de China, ha golpeado al sector.

Durante los años de bonanza, estas empresas se lanzaron en una carrera para aumentar el tamaño de los barcos y así conseguir mayores economías de escala. Pero ante la pérdida de fuelle de la demanda, las tarifas se han hundido hasta mínimos históricos. 

Un contenedor de 40 pies desde Asia hasta Europa ha caído este año hasta rondar los 1.000 euros cuando un año antes el precio era el doble. Con esto apenas se cubre el combustible. “Los costes de envío son demasiado baratos”, admitía Soren Skou, máximo ejecutivo de Maersk, la firma danesa líder del sector. 

El problema es que pese a este recorte de precios ahora cuesta llenar los portacontenedores. “La mayor parte de las navieras están navegando entre el 60 y el 70% de su capacidad. Falta negocio y todas las compañías luchan para hacerse con lo que hay”, dijo Isaac Eddi, el presidente de la compañía American Transport Logistic.

Como resultado, el exceso de capacidad se está cebando en las grandes navieras. En 2012, los ingresos casi rozaban los 200.000 millones de euros. Este año no se llegará ni a 130.000. “Con toda probabilidad, ninguna de las veinte mayores firmas del sector alcanzará beneficios este ejercicio”, admitía esta semana Rodolphe Saadé, vicepresidente de CMA CGM. Según la consultora Drewry, las pérdidas este año superarán los 4.500 millones de euros.  (...)

¿Cómo es posible que un producto que haya dado la vuelta al mundo y recorrido casi 50.000 kilómetros acabe siendo más barato que uno de proximidad fabricado a poca distancia del consumidor? Para entender esta paradoja Denis Delestac ha rodado este año un documental titulado Freightened: el precio real del transporte marítimo (2016), que ha cosechado numerosos premios. 

Tal como muestra el metraje, construir barcos cada vez más grandes ha permitido a lo largo de estos años conseguir economías de escala. Estos monstruos marinos han alcanzado tamaños considerables. “Cada dos meses se bate un récord nuevo”, exclama Alex MacGillvray, autor del libro A brief history of globalization.

 En particular, la serie Triple E de Maersk destaca por sus dimensiones. Estos portacontenedores tienen una longitud de 400 metros, el equivalente a cuatro canchas de fútbol. Podrían transportar 10 Airbus A320, la Torre Eiffel, el Titanic u 800 millones de plátanos, los suficientes para alimentar el conjunto de la población de Europa y EE.UU . 

Estas embarcaciones tienen capacidad para transportar 18.000 contenedores de seis metros (TEU). Si se dispusieran en fila, se alcanzaría una distancia de 120 kilómetros, como ir de Londres hasta Bélgica. El analista Alidsar Pettigrew sostiene que la capacidad sigue aumentando y hay modelos que llegarán a los 22.000 TEU."        (Piergiorgio M. Sandri , La Vanguardia, Rebelión. 07/11/16)

Las cooperativas de consumo: acuerdo entre 120 familias y dos explotaciones agrarias

"Por comer alimentos ecológicos, por salud, por respeto al medio, por paladar, para evitar los circuitos clásicos del modelo capitalista, para apoyar al territorio y sus campesinos... 

Por alguna o por todas estas razones, las cooperativas de consumo, —agrupaciones de familias o consumidores que compran directamente a los productores de proximidad de fruta, verdura, carne, pan o cualquier otro alimento y se autogestionan— están experimentando un gran crecimiento en los últimos años.

 Constituidas formalmente como cooperativas o como grupos de consumo que tienen como paraguas legal una asociación, solo en Barcelona hay unas 150 organizaciones de este tipo. Si contamos que cada grupo lo forman una media de 30 “unidades familiares” de cuatro miembros, el resultado es que en la capital hay 18.000 personas que se alimentan al margen del circuito clásico en el que intervienen o Mercabarna o las grandes cadenas de supermercados. (...)

El coordinador de la Soberanía Alimentaria, Gustavo Duch, sitúa el auge del fenómeno “en un marco ideológico de transformación de la sociedad que, por una u otra sensibilidad, busca espacios apartados del modelo capitalista”. 

El payés Toni Jarque, del colectivo La Paca —basado en el acuerdo entre 120 familias y dos explotaciones agrarias—, fue muy claro: “No es lo mismo comer que alimentarse, cuando la comida deviene mercancía aparecen lógicas aberraciones como que una manzana esté seis meses en una nevera frente a la producción local y de temporada”.  (...)

 Josep Maria Coll, de Unió de Pagesos, pidió una política agraria “que dé pasos atrás para fomentar una agricultura que vele por la soberanía alimentaria de la gente que vive en el territorio”. Las cooperativas, consideró, “no son la solución total para el sector agrario, pero sí serán la salvación para algunos”.           ( Clara Blanchar Barcelona , El País, 5 OCT 2014)

"La revolución de la papa" en Grecia... vender productos básicos directamente del productor al consumidor, saltándose a los intermediarios

"Mientras Grecia continúa hundida en la peor recesión de la historia moderna del país, agricultores y ciudadanos han declarado "la revolución de la papa". El objetivo de esta iniciativa es vender productos básicos directamente del productor al consumidor, saltándose a los intermediarios con lo que se reduce considerablemente el precio final del producto.

La idea comenzó en el norte de Grecia y con papas pero se ha extendido a otras zonas del país y a otros productos y está beneficiando a muchos ciudadanos. Veálo en este video de BBC Mundo."            (Jaque al neoliberalismo, 16/03/2011)

Los precios de los productos agrarios frescos se incrementan una media del 500% y hasta un 1.000% desde su origen hasta la llegada al consumidor final

"Los precios de los productos agrarios frescos se incrementan una media del 500% y hasta un 1.000% desde su salida de origen hasta su llegada al consumidor, según los datos elaborados mensualmente por la organización agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), junto a la Unión de Consumidores Españoles y de Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa. (...)

La participación del agricultor o ganadero en el precio final de un producto agroalimentario al consumo mantiene una línea de caída hasta situarse solamente en poco más del 20% (...)

El actual desequilibrio y la desigualdad en la distribución de beneficios en la cadena alimentaria responderían fundamentalmente a dos causas. Una, la falta de las adecuadas estructuras para la comercialización. Dos, la existencia de un poder desigual entre todos los participantes en dichos procesos.

El sector agrario es el eslabón más débil de la cadena, que paga los platos rotos de la industria y de la distribución. (...)

Las industrias se hallan en el medio de la cadena alimentaria y sobre ellas ejerce su poder la gran distribución, aunque las mismas tienen la ventaja de poder trasladar la presión al sector de origen. (...)

Finalmente, como la parte más fuerte de la cadena se halla una gran distribución, cada día más concentrada, con capacidad para imponer sus exigencias en sus políticas de compras. (...)

Las posiciones de poder en la cadena alimentaria, según denuncian organizaciones agrarias, cooperativas y la propia industria, se traducen en el desarrollo de prácticas comerciales abusivas en las condiciones de compra y pagos, ventas a precios bajos o a pérdidas u otras condiciones que distorsionan los mercados y que van en contra de las reglas de la competencia." (El País, Negocios, 07/08/2011, p. 8)