"El cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida en España
tras el tabaco y el alcohol. El porcentaje de personas entre 15 y 64
años que afirmaban haber fumado marihuana se incrementó del 14,5 al
37,5 % entre 1995 y 2019. Las cifras son considerable más altas entre la
población más joven.
Existen estimaciones recientes
que colocan el gasto anual en hachís en España en el entorno de los
1 500 millones de euros. Como en otros países, la mayor parte del mismo
corresponde a los usuarios regulares y experimentados.
La tolerancia social y legal con el alcohol y el tabaco contrasta con
las fuertes limitaciones existentes sobre el consumo de marihuana. Las
normas de España restringen notablemente incluso su uso terapéutico. No
obstante, el Código Penal español no tipifica como delito la posesión y
cultivo de cannabis para el propio consumo. Asimismo, en una llamativa
zona gris, este andamiaje legal coexiste con la presencia de clubes de fumadores de esta sustancia.
El debate sobre avanzar hacia una mayor liberalización del consumo de
cannabis ha resurgido con enorme fuerza en 2021. Tres grupos políticos –Más País, ERC y Unidas Podemos–
han lanzado ambiciosas propuestas de legalización para uso medicinal y
recreativo. La primera de ellas fue rechazada por el Parlamento el 19 de
octubre. Es probable que las demás corran la misma suerte. La
aplicación con fines terapéuticos parece suscitar un amplio consenso
social. En cambio, la opinión pública
se encuentra dividida en relación a su postura sobre la liberalización
del uso lúdico de esta sustancia. Estas líneas abordan la segunda y más
controvertida de las cuestiones.
Pros, contras y muchas incógnitas por despejar
La discusión sobre la regulación del uso recreativo de esta sustancia
no puede limitarse únicamente al ámbito sanitario. La trascendencia del
consumo de cannabis traspasa los costes y beneficios sobre los
usuarios. El uso lúdico de marihuana alcanza el ámbito sanitario,
educativo y laboral.
Esta discusión adolece de un altísimo grado de incertidumbre por el
hecho de que la marihuana sea ilegal. Por un lado, esta circunstancia
reduce la calidad de los datos disponibles (por ejemplo, la prevalencia
del consumo y precios de la sustancia), en gran medida limitada a
encuestas. Por otra parte, lógicamente, suprime casi completamente la
posibilidad de obtener evidencia sólida a través de experimentos
aleatorios controlados.
De este modo, la ambición de estas líneas pasa por apuntar los
principales aspectos a considerar en el debate sobre la regulación del
consumo de esta sustancia.
La principal preocupación asociada a una mayor liberalización del
cannabis viene dada, indudablemente, por el potencial incremento del
consumo. En este sentido, el precio del producto en el nuevo mercado
ocupa un rol principal. Una legislación más tolerante, en principio,
reducirá los costes de acceso a la sustancia. En particular, elimina la
probabilidad de sanción al acudir al mercado (legal).
Asimismo, puede incrementar la tolerancia social hacia su consumo.
Sin embargo, las autoridades pueden influir en el precio a través de los
impuestos sobre la venta de marihuana. El gravamen, si nos guiamos por
la experiencia con otras drogas legales, puede ser elevado.
Sobre el mercado del cannabis legal
De esta forma, existe una enorme incertidumbre sobre hasta qué punto
la legalización del uso lúdico del hachís puede elevar su demanda y qué
parte del mercado absorberá el cannabis legal. Experiencias recientes en Estados Unidos, Chequia o Australia
sugieren descartar incrementos desproporcionados del consumo. No
obstante, en algún caso apuntan a una reducción en la edad de inicio de
experimentación con el hachís.
Este punto entronca con los efectos del consumo de la sustancia sobre
el propio usuario y el resto de la sociedad. La investigación en esta
área está plagada de problemas. El marco legal del cannabis hace que ser
fumador de marihuana diste de ser aleatorio. Así, por ejemplo, existe
una fuerte asociación con el consumo de otras sustancias psicoactivas
como el tabaco o la participación en actividades ilícitas. Esto hace que
resulte complicado determinar separar el impacto del consumo de esta
sustancia de terceras variables en el bienestar individual.
Por ello, parte importante de los estudios de interés se han llevado a
cabo en Países Bajos. La posibilidad de acceso legal a pequeñas
cantidades en los famosos coffee shops (bares donde se vende cannabis) permite a los investigadores establecer relaciones causales más sólidas.
Aunque nuestro conocimiento resulte imperfecto, la literatura
sugiere que el consumo de marihuana afecta negativamente, y de forma
causal, al rendimiento educativo y, especialmente entre los grandes
consumidores, a la salud física y mental. Así, una mayor prevalencia
elevaría la factura sanitaria.
Conviene recordar, no obstante, que los efectos negativos de esta
sustancia se consideran inferiores a los inducidos por tabaco o alcohol.
Al mismo tiempo, no parece afectar de forma relevante a la
productividad y salario del trabajador. Existe, además, alguna evidencia
que sugiere que el hachís puede actuar como puerta de entrada a otras drogas más duras.
Su relación con otras sustancias constituye, también, objeto de
discusión. El consumo de marihuana parece sustituir parcialmente al de
alcohol y existen dudas de si esto se produce (o, al contrario,
complementa) en el caso del tabaco.
Al margen de la satisfacción que puede obtener el consumidor de cannabis, existen argumentos
que apoyan que un marco más liberal proporciona herramientas para
combatir estos efectos negativos asociados al consumo. En primer lugar,
las políticas de prevención de un ámbito político a uno sanitario, que
compartiría con el tabaco. Estas se han mostrado, como sabemos,
efectivas.
Asociación con otras drogas más duras
En segundo término, podría facilitar la separación del consumo de
cannabis de otras drogas más duras. Esta asociación, frecuentemente,
responde a que los vendedores, con bastante asiduidad, ofertan más de
una sustancia. Al regular la producción de la marihuana, el acceso al
cannabis y a otras drogas podría situarse en planos distintos.
Una tercera razón se vincula a que los efectos negativos del cannabis
sobre la salud parecen tener relación causal con su composición
química. Un marco para la producción legal y regulada (por ejemplo, bajo
licitación) puede facilitar el control de este aspecto y limitar los daños a la salud.
Los defensores de la legalización se apoyan a menudo en la posible reducción
de las actividades criminales y de las políticas represivas. Sin
embargo, los resultados de algunas investigaciones centradas en Estados Unidos no avalan esta hipótesis.
En este ámbito, en cualquier caso, conviene recordar que el crimen
asociado al mercado de hachís actúa, fundamentalmente, desde el lado de
la oferta. En este sentido, existe un amplio consenso sobre que las
consecuencias del consumo de esta sustancia son muy inferiores a las que
acarrea el alcohol, fuente mucho más relevante de delitos violentos.
Desde esta misma perspectiva, la legalización representa una
potencial oportunidad de incrementar los recursos fiscales a través de
la imposición. En cualquier
caso, debemos ser cautos y no sobrestimar esta potencial ventaja. La
legalización del uso recreativo del hachís puede inducir una caída del
consumo de alcohol y tabaco y, por lo tanto, de los ingresos fiscales
asociada a estos rubros.
Son varias las voces que en España apoyan una finalidad
de la eventual recaudación fiscal vinculada al cannabis. Concretamente,
sugieren canalizar estos recursos hacia el sistema sanitario. Resulta
dudoso que esta sea una forma adecuada de abordar las prioridades de
inversión social. En cambio, parece más razonable determinar primero si
precisamos mayores ingresos fiscales y, en segundo término, asignar
estos a las áreas de mayor impacto sobre el bienestar social, con total
independencia del debate sobre el cannabis.
El aspecto ambiental
se ha incorporado al debate en los últimos tiempos. La producción
ilegal de cannabis se realiza fundamentalmente bajo techo y en bosques.
La regulación de esta actividad (producción bajo licitación de grandes
productores) podría contribuir a reducir la huella ecológica y, quizás,
promover un uso más razonable y adecuado de la electricidad que el que
suele vincularse a la producción ilícita.
Por una discusión racional y sin prejuicios
A los lectores y los periodistas posiblemente no les entusiasmará
escuchar que los interrogantes superan ampliamente las certezas. Algunos
estudios estiman importantes beneficios de la legalización para la sociedad. Otros no encuentran apenas diferencias entre el saldo de la política de legalización y de prohibición.
De forma simultánea, esta incertidumbre no asegura que el statu quo
derivado de la inacción no resulta necesariamente superior al cambio.
Un régimen de prohibición no debe llevar a ignorar una realidad
existente. Afrontemos al menos una discusión madura, informada, libre de
prejuicios y basada en la (muy imperfecta) evidencia empírica."
(José-Ignacio Antón, Profesor Titular de Economía, Universidad de Salamanca, The Conversation, 20/10/21)