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2.2.25

Un informe demuestra que pagar menos por algunos alimentos cuesta, en realidad, más caro... El documento aborda los costes ocultos del sistema alimentario en España, que repercute en precios injustos para el campo... Son costes que realmente pagamos con nuestros impuestos para sostener problemas sanitarios, ambientales y sociales derivados de ese producto y su producción... el importe de costes ocultos en España, en 2020, ligados a la alimentación, fue de 138.294 millones de euros... una de cada cinco muertes está vinculada a la alimentación, sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos

 "¿Quién dijo que los alimentos agroecológicos y de cercanía son más caros? Si bien esta idea prevalece en la opinión pública, lo cierto es que conforma un gran mito. Porque la alimentación industrializada, la que consume mayoritariamente la población española, a medio y largo plazo, cuesta mucho más cara a la sociedad, incluyendo, por supuesto, al bolsillo, la salud y el entorno de quien compra el producto.

El motivo principal es que los precios más bajos o “competitivos” del mercado convencional no reflejan los costes reales de la producción de alimentos. Son precios impuestos por las macro empresas que dominan este gran ámbito y que resultan “injustos”, por ejemplo, para las personas agricultoras y para toda la sociedad, según indica el revelador informe “Los costes ocultos del sistema alimentario”.    

Se trata de un estudio que acaba de publicar el equipo del programa Llaurant un Futur Sostenible en colaboración con la Fundación Entretantos, para desmitificar que la agroecología y la producción sostenible es más cara que la industrializada. El documento ha sido escrito en un tono divulgativo, para llegar a un amplio público interesado en conocer cómo se produce lo que come cada día. Llaurant un Futur Sostenible es un programa de educación para la ciudadanía que lleva tres años en marcha, conducido por la Fundación Novessendes y la ONGD Pankara Ecoglobal, y financiado por la  Generalitat Valenciana. Su objetivo apunta a fomentar, desde Castellón, una sociedad comprometida con la recuperación de la soberanía alimentaria y de la transición hacia un sistema alimentario justo para las personas.

Los costes que nos ocultan en el super

La clave para comprender por qué es realmente más costoso comprar, por ejemplo, un kilo de tomates de oferta en una gran superficie, que comprarlo directamente a un proyecto sostenible y cerca de casa, está en los “costes ocultos” o “externalidades”. Es decir, aquellos valores que no se ven reflejados en el precio que paga la persona al llegar a la caja, pero que sí existen y que sin duda terminan afectando su vida.

“Las externalidades de un producto son los efectos negativos de su producción ignorados a la hora de establecer el precio del producto”, explican Alba Remollar e Iraca Vargas, técnicas responsables de Llaurant un Futur Sostenible y coautoras del informe, junto con Marta Ibáñez Verdú y Jorge Molero Cortés.

“Esto implica que los precios que la persona consumidora paga no tienen en cuenta los costes reales de la producción, como los impactos sobre el medio ambiente (aire, suelo y agua), la sociedad y la salud de las personas en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria”, precisan. Las empresas que dominan el mercado de mercancías “ocultan esos costes” al fijar las ofertas, por ejemplo, del mencionado kilo de tomates. Claro que, a la larga, alguien debe pagarlos. 

“Son costes que realmente pagamos con nuestros impuestos para sostener problemas sanitarios, ambientales y sociales derivados de ese producto y su producción”, apuntan en el informe. Sin ir más lejos, “el importe de costes ocultos en España, en 2020, ligados a la alimentación, fue de 138.294 millones de euros”.

De esa cantidad, como lo plantea el informe y la Fundación Entretantos,  nada menos que “el 76,7% estaban relacionados con los problemas de salud”. De hecho, a nivel mundial, apuntan sus autoras, “se calcula que una de cada cinco muertes está vinculada a la alimentación, sea por dieta inadecuada o por la ingesta de tóxicos”.

Al mismo tiempo, “la forma de producir, comercializar y adquirir los alimentos es el factor que más contribuye a la degradación de nuestro planeta”, explican. Los datos hablan por sí solos: esa dinámica genera entre el 26% y el 34% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; es una de las principales causas de deforestación y del 33% de la degradación de los suelos y el 20% de la sobreexplotación de los acuíferos.

Precios injustos

Los costes ocultos del sistema alimentario industrial se sostienen gracias a “precios no necesariamente justos”, es decir, que esconden el coste real de los alimentos. Y el primer eslabón de la cadena es el que más pierde: “El precio del mercado no es un precio justo para la persona agricultura, que muchas veces vende por debajo del precio de producción”, señalan las responsables de Llaurant. De hecho, ilustran, “desde el campo hasta la mesa, el precio de los productos se multiplica, de media, por 4,25”.

Otro aspecto negativo es la invisibilización de la mujer. Sólo el 15 por ciento de las cooperativas alimentarias convencionales están en propiedad de ellas, cuando su papel en el campo tradicional, y en la agricultura familiar, ha sido siempre protagónico.

Alternativas agroecológicas y sostenibles con precios justos

Frente a este sistema alimentario industrializado surgen numerosas propuestas de producción agroecológica y sostenible de proximidad, cercanos a casa. En este sentido, el programa Llaurant un Futur Sostenible ha recopilado durante estos años más de 20 de propuestas agroecológicas y sostenibles alrededor de la provincia de Castellón, las cuales se pueden descubrir en la web llaurant.com . Se trata de propuestas donde comprar directamente a las y los productores.

La agroecología es un enfoque que busca aportar equilibrio a un sistema de producción y consumo que ha perdido el norte. Un kilo de tomate producido de forma agroecológica en comparación con uno industrial genera “impactos positivos de tipo económicos, sociales, ambientales, y en nuestra salud”, señalan las autoras del informe. Y el precio al que se vende es justo para todos los eslabones de la cadena.

Entre los beneficios de la producción agroecológica de cercanía se cuentan, entre otros, que impide “la concentración de poder en macro empresas” en el mercado alimentario, y esto permite a las personas productoras y consumidoras elegir más libremente. Promueve las condiciones laborales y las prácticas comerciales justas, además de integrar el papel de la mujer en el campo. Y mitiga el cambio climático, gracias al mayor almacenamiento de carbono en los suelos con manejos agroecológicos."                  (Tomás Muñoz , El Salto, 27/01/25)

16.9.24

La crisis del costo de vida de África... los gobiernos africanos han aumentado indiscriminadamente los impuestos y recortado el gasto para cumplir con las obligaciones de los pagos de intereses de la deuda soberana, que hoy consumen un tercio de los ingresos de Kenia y más de dos tercios de los de Nigeria... El presidente keniata, William Ruto, hizo renunciar a todo su gabinete y retiró el polémico proyecto de ley de finanzas que, según se esperaba, recaudaría 2.700 millones de dólares en ingresos adicionales para cumplir con las metas fiscales fijadas por el Fondo Monetario Internacional. En Nigeria, el gobierno ha anunciado una suspensión de 150 días de los derechos de importación para ciertos alimentos

 "El creciente costo de vida en África ha desatado una ola de protestas en los últimos meses, lo que subraya los costos económicos y sociales desproporcionadamente más altos de la inflación en un continente con una pobreza generalizada persistente y una mayor vulnerabilidad a la volatilidad global. El mundo, al parecer, hoy vive una historia de dos inflaciones.

En un principio, el actual ciclo inflacionario -producto de los shocks de oferta pandémicos y de una escalada de las tensiones geopolíticas- afectó a los países desarrollados y en desarrollo por igual. Pero las presiones inflacionarias se han vuelto menos sincronizadas con el tiempo. Mientras que el crecimiento de los precios ha caído marcadamente en las economías avanzadas, en África sigue siendo persistentemente alto -y, en algunos casos, hasta está en alza-. Y aunque la inflación en muchos países desarrollados está bajando hacia la meta del 2% de los bancos centrales, ha alcanzado dos dígitos en casi un tercio de los países africanos (un ratio que es aún mayor si se excluye a los países que usan el franco CFA, donde la paridad con el euro ha contribuido a la estabilidad monetaria).

Por ejemplo, la tasa de inflación anualizada en Nigeria, una de las economías más grandes de África, alcanzó el 34% -un pico de 28 años- en mayo, y se pronostica que se mantendrá elevada en la segunda mitad del año, en gran medida debido a una disparada de la inflación de los alimentos, que se aceleró al 40%. Esto va a reducir el poder de compra de los hogares y hará subir aún más el riesgo de inseguridad alimentaria, especialmente para los ciudadanos afectados por la pobreza y más vulnerables de Nigeria, que cada vez son más. El país tiene la mayor población sumida en la pobreza del mundo después de India. Por su parte, las reformas gubernamentales, entre ellas la pronunciada devaluación de la naira -que ha perdido el 70% de su valor frente al dólar desde junio de 2023-, destinadas a atraer a los inversores extranjeros, no hicieron más que agravar las cosas para un país que depende marcadamente de las importaciones de alimentos y de otros productos esenciales.

En agosto, las protestas contra la penuria económica resultante se propagaron por varias ciudades grandes de Nigeria. A ellas les siguieron semanas de disturbios en Kenia contra el proyecto de ley de finanzas del gobierno, que propuso alzas de impuestos a productos básicos como el petróleo, el pan y las toallas sanitarias, a pesar de que a millones de personas ya les costaba llegar a fin de mes. Decenas de manifestantes en ambos países fueron asesinados durante los intentos oficiales por sofocar los levantamientos.

La inflación de los precios de los alimentos afecta más a los hogares de bajos ingresos que a sus contrapartes de altos ingresos porque gastan un porcentaje mayor de su presupuesto en necesidades. Hay que considerar que los costos de los alimentos representan el 16% del gasto de consumo en las economías avanzadas, pero alrededor del 40% en el África subsahariana (ASS). Esta diferencia en la composición del gasto explica la naturaleza más regresiva de la inflación en ASS, donde vive el 60% de las personas más pobres del mundo, y por qué la inflación allí conlleva un riesgo mayor de agitación política.

La falta de oportunidades de empleo formal también ha exacerbado la crisis del costo de vida de África. Sin duda, los salarios de los trabajadores de bajos ingresos con empleos formales no acompañan el ritmo de los aumentos de precios. Pero las actividades del sector informal -una forma solapada de desempleo y de acceso limitado a una prosperidad compartida- representan aproximadamente el 85% del empleo total en el continente, y estos trabajadores también deben lidiar con una volatilidad de ingresos y componentes inesperados de la inflación, lo que aumenta aún más la presión sobre los hogares.

Una investigación reciente que evaluó los efectos distributivos del ciclo inflacionario en los hogares en Estados Unidos detectó un fenómeno conocido como “desigualdad inflacionaria”: los precios han subido más rápidamente para quienes están en la parte inferior de la distribución de ingresos que para quienes están en la parte superior. La propagación de las protestas en África sugiere que se está gestando una dinámica similar en el continente, donde la subida desproporcionada de los precios de los alimentos causada por los traslados del tipo de cambio a los precios ha hecho subir drásticamente los costos de bienestar de este ciclo inflacionario.

Las políticas gubernamentales también han agravado la crisis del costo de vida. En lugar de apoyar a los grupos vulnerables a través de intervenciones dirigidas, los gobiernos africanos han aumentado indiscriminadamente los impuestos y recortado el gasto para cumplir con obligaciones externas. Los pagos de intereses sobre la deuda soberana hoy consumen alrededor de un tercio de los ingresos de Kenia y más de dos tercios de los de Nigeria. En ambos países, una política fiscal procíclica y medidas de austeridad han tenido un efecto dominó en los precios, atizando la inflación y agudizando la crisis del costo de vida.

Pero, en respuesta a las protestas, los gobiernos están revirtiendo algunas de sus políticas procíclicas o implementando medidas complementarias para mitigar su impacto. El presidente keniata, William Ruto, hizo renunciar a todo su gabinete y retiró el polémico proyecto de ley de finanzas que, según se esperaba, recaudaría 2.700 millones de dólares en ingresos adicionales para cumplir con las metas fiscales fijadas por el Fondo Monetario Internacional. En Nigeria, el gobierno ha anunciado una suspensión de 150 días de los derechos de importación para ciertos alimentos a fin de aliviar la presión sobre los hogares con dificultades.

De todos modos, debe hacerse más para achicar la brecha entre el crecimiento real y potencial, y para ampliar las oportunidades para los jóvenes. África es el continente más rico en recursos naturales del mundo y, sin embargo, los africanos enfrentan futuros lúgubres en países que carecen de suficientes ingenieros y voluntad política para transformar estos recursos, crear suficientes empleos bien remunerados y expandir la prosperidad. La excesiva dependencia de África de las importaciones como una alternativa para expandir la producción agregada ha mantenido desequilibrios externos y perjudicado el mercado laboral, haciendo que más gente caiga en la destitución.

Para satisfacer las aspiraciones de las poblaciones jóvenes, los gobiernos africanos deberían repensar las restricciones del gasto público y superar las crisis recurrentes de la balanza de pagos que han moldeado durante mucho tiempo la política en el continente. Una mayor inversión en crear una fuerza laboral que domine las tecnologías emergentes es esencial para fomentar la industrialización. Esto, a su vez, impulsaría al sector manufacturero de África, que en otras partes del mundo ha servido durante mucho tiempo como factor de movilidad social y acelerador del crecimiento, catalizando la convergencia con los países de altos ingresos. La transformación de las economías africanas también impulsará el desarrollo de cadenas de valor regionales, fomentará el comercio al interior de África (y, por ende, mitigará la exposición de la región a la volatilidad global) y creará grandes reservas nacionales para liberar a la región de la dependencia debilitante de la ayuda.

Los responsables de las políticas en África no solo deben invertir en capital humano para hacer subir a sus países en la escalera de valor en una economía global donde la tecnología se ha vuelto un motor clave de crecimiento. También deben esforzarse por igualar el acceso de oportunidades y alcanzar una prosperidad compartida para fortalecer el concepto del estado-nación y mejorar la seguridad nacional. Para citar a Samora Machel, el primer presidente de Mozambique, “Para que viva la nación, debe morir la tribu”. Durante demasiado tiempo, una estrategia de gobernanza tribal ha minado el desarrollo nacional, perpetuando la pobreza intergeneracional y exacerbando la desigualdad inflacionaria."

(Hippolyte Fofack, ex economista jefe y director de investigación del Banco Africano de Exportación e Importación, Project Syndicate, 12/09/24)

31.8.24

Cómo las “cinco grandes” empresas agrícolas prosperan en tiempos de crisis... La concentración desenfrenada en el mercado de productos agrícolas básicos ha permitido que un puñado de empresas maximicen sus beneficios durante una crisis alimentaria mundial... A pesar de que miles de millones de personas se vieron afectadas por la fuerte subida de los precios de los alimentos, estas empresas y su poder de mercado recibieron poca atención... Los Cinco Grandes controlan entre el 70% y el 90% del comercio mundial de cereales comerciales... La especulación de las empresas de comercio de materias primas agrícolas es incluso mayor que la de las petroleras, debido a una concentración más predominante... Haber permitido que las empresas crecieran tanto y que los Estados dependieran tanto de ellas ha reforzado aún más el poder empresarial. En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus discursos

"La concentración desenfrenada del mercado de materias primas agrícolas ha permitido a un puñado de empresas maximizar sus beneficios durante una crisis alimentaria mundial. Los reguladores europeos deben redoblar sus esfuerzos para frenar el perjudicial dominio del mercado, pero sólo una reforma más amplia puede resolver los problemas que ha generado nuestro sistema económico.

En la última década hemos asistido a una extraordinaria expansión de la concentración del mercado en la mayoría de los sectores de la economía. Las cuatro primeras empresas de cualquier sector tienen ahora una cuota de mercado mayor que hace 10 años. Este fuerte aumento de la concentración del mercado está provocando una amplia gama de daños, desde impactos negativos en los consumidores hasta la captura corporativa de los reguladores y pequeños proveedores forzados a endeudarse o a la ejecución hipotecaria. A pesar de que estas cuestiones ocupan los titulares, la atención pública y política a la naturaleza estructural del problema de la concentración del mercado sigue siendo limitada. La crisis de la inflación alimentaria de los últimos años es un ejemplo de ello.

En 2022, aproximadamente una de cada diez personas se acostó con hambre, y el número absoluto de personas con hambre aumentó en 40 millones. Ese mismo año, los beneficios de los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas se triplicaron en comparación con la media del periodo 2016-2020.

Las «Cinco Grandes» dominan el mercado mundial de materias primas agrícolas, ostentando colectivamente el monopolio de productos básicos como el grano, el maíz, la soja y el azúcar. Las estrategias mediante las cuales alcanzaron y ahora mantienen su posición dominante, incluidas las fusiones y adquisiciones, la integración vertical y las empresas e inversiones conjuntas, son probablemente las que les permitieron aumentar sus márgenes de beneficio de forma tan espectacular durante una crisis alimentaria mundial.

A pesar de que miles de millones de personas se vieron afectadas por la fuerte subida de los precios de los alimentos, estas empresas y su poder de mercado recibieron poca atención. El papel -o el fracaso- de la política de competencia y de la acción reguladora en relación con la crisis alimentaria apenas se ha analizado, aunque las leyes y agencias de competencia son actores centrales en esta historia. Tenían (y siguen teniendo) el potencial de impedir una concentración excesiva del mercado y de desafiar a las empresas que abusan de su posición dominante. Es un potencial que en gran medida no se ha aprovechado.

Las herramientas de la política de competencia están notablemente infrautilizadas. Tomemos el ejemplo de la UE: desde la promulgación del Reglamento de concentraciones de la UE en 1990, sólo se han evitado 88 de las 9.243 fusiones notificadas (es decir, menos del 1%).1 Sesenta de los casos de fusión y adquisición (F&A) que los reguladores europeos consideraron - y aprobaron - implicaban a los «Cinco Grandes» comerciantes de materias primas agrícolas.2 Mientras se escribía este artículo, la UE aprobó otro más: el acuerdo de 34.000 millones de dólares entre los gigantes agrícolas Bunge y Viterra.

La mecánica de la concentración y el dominio del mercado en el comercio de productos básicos agrícolas demuestra que las autoridades de competencia, en la UE y en otros lugares, deben cambiar radicalmente su enfoque para hacer frente a los efectos perjudiciales para la sociedad de la concentración de poder empresarial.
Los actores y su papel

Cinco grandes multinacionales dominan la cadena de valor agrícola: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO) y Louis Dreyfus Company (LDC). Los «Cinco Grandes» se denominan colectivamente ABCCD.

Aunque la mayoría de los productos agrícolas se comercializan en los mercados nacionales, los ABCCD también desempeñan un papel crucial en la conexión entre países. Tradicionalmente, los comerciantes de productos básicos agrícolas se centran en los cereales (trigo, maíz, arroz y maíz), las semillas oleaginosas (palmiste y soja) y otros productos básicos como el azúcar, los zumos de cítricos, el cacao, el café y el algodón4 . Los Cinco Grandes controlan entre el 70% y el 90% del comercio mundial de cereales comerciales.

En Europa, el dominio de los comerciantes pasa a primer plano en relación con la importación de soja. Sólo Bunge y Cargill son responsables de más del 30% de todas las exportaciones de soja de Brasil a Europa y dominan el mercado francés de harina de soja.5 Además, Bunge tiene una clara posición monopolística en algunos mercados. Por ejemplo, es responsable del 90-100% de las ventas de aceite de soja crudo en Portugal, mientras que ADM explota el mayor complejo de transformación y refinado de semillas oleaginosas de Europa.

Los cinco comerciantes de productos básicos agrícolas de la ABCCD lograron beneficios históricamente altos durante el período 2021-2022, cuando los consumidores de todo el mundo se enfrentaban a un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. En comparación con la media del período 2016-2020, durante el cual los precios de los alimentos se mantuvieron relativamente estables, los beneficios netos en 2021 aumentaron entre un 75% y un 260% para todos los comerciantes de productos básicos agrícolas. En 2022, los beneficios netos de los ABCCD fueron entre un 200% y un 300% superiores en comparación con el período estable.

Los elevados beneficios de los comerciantes de productos básicos tienen una clara relación con los precios de los productos básicos agrícolas. Estos han aumentado sustancialmente desde 2021 -y especialmente en 2022- debido a la reacción del mercado de futuros a la invasión rusa de Ucrania. El precio del trigo subió cerca de un 50% en las dos semanas siguientes a la invasión rusa de Ucrania, seguido del aceite de palma (cerca del 25%), el maíz (10% ) y el aceite de soja (10%). (...)

El gráfico anterior muestra la evolución de los precios de los alimentos y los beneficios netos medios de los comerciantes de productos alimentarios. Ambos siguen una tendencia casi idéntica. A partir de 2020, ambos aumentan fuertemente, lo que indica una posible correlación. La mayoría de los comerciantes de productos alimentarios explican el aumento de los beneficios en términos no específicos como «fuerte demanda», «escasez de suministros» o «precios elevados »6.

Si bien los elevados beneficios de estas empresas de comercio de productos básicos podrían reflejar simplemente un aumento de los volúmenes de comercio, el incremento de sus márgenes de beneficio demuestra que las ABCCD aumentaron su capacidad de generar beneficios con sus operaciones. Todas las empresas de comercio de productos básicos agrícolas lograron un margen de beneficio neto mucho mayor para los años 2021-2022 en comparación con los años anteriores. Algunas incluso duplicaron con creces su margen de beneficio neto.

Una investigación realizada en 2023 sobre la inflación de los alimentos en la UE concluyó que parte de la inflación era «inexplicable». La misma investigación señaló que las reducciones de los precios de los productos básicos no habían ayudado a disminuir la tensión de los precios de los alimentos en Europa y que en abril de 2023, «la mayoría de los productos básicos alimentarios [cotizaban] a niveles cercanos o ligeramente superiores a los de 2021.»

Esta observación coincide con el fenómeno de la inflación de los vendedores7 , en el que empresas de diversos sectores utilizaron su poder de mercado para aumentar los precios tras la pandemia del Covid-19 y la crisis ucraniana, no para cubrir sus costes, sino para aumentar sus márgenes de beneficio. El informe sobre Comercio y Desarrollo de la UNCTAD de 2022 señalaba que «[l]os mercados de la energía y la alimentación son complejos, están muy concentrados y son propensos a prácticas anticompetitivas, como el abuso de poder de mercado por parte de empresas dominantes o la fijación oligopolística de precios, que pueden provocar un aumento de los precios y una disminución del servicio».

El poder de mercado al que se refiere la UNCTAD se ha acumulado a través de acciones estratégicas deliberadas de las ABCCD, acciones que en gran medida no han sido controladas por los organismos reguladores gubernamentales, incluidos los encargados de abordar las prácticas contrarias a la competencia.

Estrategias para acumular poder de mercado

La investigación de Maarten Hietland y SOMO identificó tres estrategias utilizadas por los ABCCD que les han permitido amasar un poder de mercado tan vasto y adquirir una posición que les permite beneficiarse de los precios más altos y más volátiles de los productos básicos agrícolas.

Consolidación del mercado (fusiones y adquisiciones)

Una de las estrategias para aumentar la concentración del mercado son las fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones permiten a las empresas comerse a la competencia y ampliar su negocio para hacerse con el control de numerosas variables de la cadena de valor, y las ABCCD han llevado a cabo numerosas fusiones y adquisiciones a lo largo de las últimas décadas8.

Aunque las operaciones han sido examinadas, por ejemplo, por los reguladores de la competencia de la UE, apenas se ha intervenido para impedir la consolidación. Los reguladores de la competencia de la UE han evaluado un total de 60 casos de fusiones y adquisiciones relacionadas con los ABCCD desde 19909, de los cuales todos menos uno fueron aprobados sin condiciones. Esto incluye la aprobación de transacciones entre ABCCD, como la aprobación incondicional de la adquisición por Bunge de dos instalaciones europeas de procesamiento de semillas oleaginosas a Cargill10.

En el centro del fracaso de la UE se encuentra, irónicamente, un enfoque estrecho en los precios al consumidor como el principal «daño» o riesgo de las fusiones y adquisiciones. Los reguladores aprueban fusiones que no parecen tener repercusiones negativas inmediatas en los consumidores (o que pueden presentarse como susceptibles de tener repercusiones positivas).

Como subrayó la Dirección General de Competencia de la UE (DG COMP) en el caso de la fusión Bayer/Monsanto, aunque los problemas globales más amplios son de gran importancia en los casos de competencia, «no pueden constituir la base de la evaluación de una fusión». Esto significa que ni siquiera se abordan adecuadamente los riesgos para los consumidores, ya que los efectos acumulativos de la concentración de poder en un sector, como el de las materias primas agrícolas, no siempre son determinantes en las decisiones sobre fusiones y adquisiciones.

La UE no es, ni mucho menos, el único regulador que, en las últimas décadas, ha estado dormido al volante mientras las ABCCD se «fusionaban y adquirían» su camino hacia el dominio del mercado. Aunque los responsables políticos estadounidenses han adoptado recientemente un enfoque algo diferente, tanto ellos como los organismos antimonopolio de muchas regiones han tendido a evaluar las fusiones y adquisiciones que tenían ante sí sin considerar adecuadamente factores más amplios. En particular, existe una falta de supervisión de los comerciantes de materias primas agrícolas a nivel mundial, algo que también ha observado Abdolreza Abbassian, antiguo economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La consolidación del mercado funciona junto con otras estrategias para crear una posición dominante en el mercado. Las fusiones y adquisiciones permiten la integración horizontal (cuando las empresas adquieren otros negocios similares), y son también uno de los principales mecanismos utilizados para ampliar la integración vertical (cuando una empresa obtiene el control de varias, o todas, las partes de su cadena de valor).

    La UE no es el único regulador que se ha quedado dormido mientras las ABCCD se han «fusionado y adquirido» su camino hacia el dominio del mercado.

Integración vertical

Las ABCCD dominan grandes partes de la cadena de valor, desde el suministro a los agricultores de préstamos, semillas, fertilizantes y pesticidas hasta el almacenamiento, procesamiento y transporte de productos alimentarios. Debido a su tamaño y a su implicación en diversas fases del proceso de producción, estas empresas han ampliado su influencia y control sobre los actores de la cadena de valor. Los agricultores -incluso cuando son técnicamente independientes de las empresas multinacionales- están cada vez más en deuda con ellas y dependen de ellas para plantar y vender cultivos o criar ganado.

Por ejemplo, la adquisición de Monsanto por Bayer creó, en palabras de la DG COMP, «el mayor operador mundial integrado de semillas y pesticidas». El acuerdo Bayer/Monsanto fue, de nuevo en palabras de la DG COMP, «el tercero consecutivo en el sector de las semillas y los pesticidas» tras las fusiones Dow/DuPont y ChemChina/Syngenta.12 Los reguladores europeos ven el problema, pero parecen ciegos a sus implicaciones.

La realidad de las empresas comerciales integradas verticalmente es una tendencia confirmada por el propio sector. Según Sucafina, un comerciante de café con sede en Suiza: «Si nos contentáramos con mantenernos en este tamaño y no estuviéramos integrados verticalmente, acabaríamos siendo adquiridos por alguien. (...) La casa comercial del futuro estará más integrada verticalmente, y gran parte de ello tendrá que venir del lado de la agricultura».

Interconexión

Los cinco comerciantes de productos agrícolas compiten entre sí por cuotas de mercado en determinadas regiones. Se centran en las mismas materias primas y atienden, en cierta medida, a los mismos clientes. Al mismo tiempo, también operan como socios comerciales a través de empresas conjuntas, inversiones conjuntas y cooperación en todo el sector.

Existen muchas empresas conjuntas entre ADM, Bunge, Cargill y LDC. Por ejemplo, el Informe Anual 2022 de LDC enumera las empresas conjuntas con Cargill en terminales portuarias para la exportación de grano y azúcar.13 También tienen inversiones conjuntas. Tanto ADM como Cargill tienen una inversión estratégica en la empresa francesa de biotecnología InnovaFeed SAS, por ejemplo.

Las ABCCD también trabajan juntas para desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, como blockchain. Todas las empresas ABCCD participan en la plataforma de cadena de bloques Covantis. El objetivo de la plataforma es mejorar la comunicación entre los comerciantes de materias primas agrícolas para mejorar los procesos logísticos.

Esta interconexión y cooperación permiten una mayor integración vertical y un amplio control sobre todas las facetas del mercado, y puede posibilitar la fijación de precios, el comportamiento anticompetitivo y la formación de cárteles. Existe una base para tomar en serio estos riesgos al considerar el impacto acumulativo de las estrategias descritas anteriormente y los resultados en materia de precios al consumo observados en 2021-2022.

Riesgo de abuso de posición dominante: señales de alarma

Los ABCCD se han expandido hasta alcanzar posiciones de dominio del mercado. Aunque los reguladores lo han permitido en la mayoría de los casos, se han abierto expedientes contra la mayoría de los ABCCD por comportamiento anticompetitivo. Estos casos, aunque aislados e insuficientes para abordar el desarrollo del excesivo poder de mercado de las empresas, constituyen señales de alarma para los reguladores en relación con la capacidad (y la voluntad) de las ABCCD de abusar de su poder.

En EE.UU., ADM fue acusada de fijación de precios en el sector del cacahuete y pagó un acuerdo de 5 millones de dólares en 2021. Bunge está siendo investigada desde marzo de 2023 por las autoridades rumanas por posible colusión en el mercado del aceite de girasol. Cargill fue acusada en 2022 de violar la legislación antimonopolio por comunicarse indebidamente con otras empresas del sector avícola sobre los salarios y prestaciones de los trabajadores. Junto con otras dos empresas, Cargill negoció con el Departamento de Justicia de EE.UU. y finalmente pagó 84,4 millones de dólares para zanjar las acusaciones. Cargill también ha sido acusada de fijación de precios en Corea del Sur y Estados Unidos.

Todos estos casos son relativamente recientes y existen muy pocos ejemplos en la UE. En la medida en que la UE ha empezado a considerar la posición dominante en el mercado, ha tendido a centrarse en el sector tecnológico. Sin embargo, es posible que se adopten nuevas medidas próximamente. En marzo de 2023, la Comisión Europea anunció que elaboraría nuevas directrices sobre abuso de posición dominante para 2025.

Teniendo en cuenta el poder dominante en el mercado de los comerciantes de productos básicos agrícolas y las pruebas de comportamiento anticompetitivo, los beneficios extraordinarios de 2021-2022 deberían haberse anticipado. Según un estudio de la aseguradora Allianz, hasta el 20% de la inflación alimentaria puede atribuirse a la especulación. La especulación de las empresas de comercio de materias primas agrícolas es incluso mayor que la de las petroleras, debido a una concentración más predominante.

El control monopolístico de las ABCCD sobre la cadena alimentaria les permite influir en los precios y los costes. Su papel en la especulación en los mercados de materias primas alimentarias ha sido expuesto por varios investigadores. Anna Kolesnichenko, de la Fundación Europea de Estudios Progresistas, señaló que, en Europa, la mayor parte del comercio de derivados de materias primas alimentarias (el 95%) se realiza de forma extrabursátil, lo que significa que en gran medida no está regulado.

Además de su enorme tamaño y del poder que conlleva la integración vertical, los ABCCD poseen una inmensa capacidad de almacenamiento de cereales, lo que les permite almacenar alimentos cuando los precios son bajos y venderlos cuando suben. El control que los ABCCD ejercen sobre las distintas partes de las cadenas de suministro alimentario les permite estar bien informados sobre cuándo y dónde cabe esperar escasez de alimentos. En 2022, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) señaló que los comerciantes de productos básicos agrícolas poseen importantes reservas de grano y observó que esta capacidad crea un incentivo para que estos comerciantes «retengan las existencias hasta que se perciba que los precios han tocado techo».

En definitiva, cada elemento de las estrategias de los ABCCD para adquirir posiciones dominantes se entrecruza para facilitar el abuso de posición dominante.

Los daños sociales causados por la concentración de poder de mercado no se deben a una fusión, adquisición o empresa conjunta. Los peligros se deben a la acumulación de poder de mercado.

Los fracasos de la política de competencia a la hora de prevenir y abordar la situación descrita anteriormente reflejan un enfoque estrecho desde hace mucho tiempo en este ámbito político. Pero incluso ahora, cuando se cruza la línea del bienestar del consumidor, hay otros factores que hacen que no se aborde adecuadamente la concentración y el poder masivos del mercado.

La competencia geopolítica entre las naciones por afirmar su dominio económico y salir vencedoras en la transición ecológica ha dado a las narrativas empresariales sobre los riesgos del exceso de regulación un peso aún mayor entre los responsables políticos, muchos de los cuales están inculcados en la lógica económica neoliberal. La recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas de la UE es un ejemplo de ello. Las narrativas corporativas que enmarcan la regulación como un impedimento para la seguridad energética y el empleo en Europa condujeron a cláusulas que permiten exenciones regulatorias para proyectos minerales estratégicos, comprometiendo las salvaguardas medioambientales.

Haber permitido que las empresas crecieran tanto y que los Estados dependieran tanto de ellas ha reforzado aún más el poder empresarial. En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus discursos.

Sin embargo, también existe la oportunidad de abordar los problemas, sobre todo allí donde los reguladores de la competencia están viendo los daños y despertando al potencial latente de la competencia y las herramientas antimonopolio para combatir el poder empresarial desmesurado. La crisis alimentaria y de la inflación ha sido un toque de clarín para que no nos fijemos sólo en los precios al consumo, sino en el panorama acumulativo y global del dominio del mercado y el poder empresarial. ¿Será atendida esta llamada, o será el propio poder empresarial que las autoridades de la competencia deberían controlar la herramienta utilizada contra ellas?

En el momento de redactar este artículo estaba sobre la mesa una prueba clave: la fusión entre los gigantes de las materias primas agrícolas Viterra y Bunge. La operación no tiene precedentes en el sector agrícola mundial y acercará a la nueva empresa al tamaño de ADM y Cargill. Reforzará aún más la posición dominante de los ABCCD en el mercado.

En abril, la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá declaró que era probable que la fusión tuviera efectos anticompetitivos sustanciales en los mercados agrícolas canadienses. A pesar de estas preocupaciones, Viterra y Bunge confiaban en que la operación se llevaría a cabo.

La Comisión Europea recibió la notificación de la fusión el 14 de junio. El 1 de agosto, la Comisión dio su visto bueno sin iniciar una investigación más profunda. Dados los riesgos y la preocupación pública de la sociedad civil por la operación, el hecho de que la Comisión no profundizara en ella fue una gran decepción. Sin embargo, no fue inesperado. La proporción de investigaciones en profundidad establecidas por el regulador de la UE después de que se le haya notificado un proyecto de fusión ha disminuido, pasando de más del 9% en la década de 1990 a menos del 2% en 2023.

La fusión necesita ahora la aprobación de las autoridades canadienses y chinas. Aunque se sabe poco de la situación en China, las asociaciones de agricultores de Canadá han protestado enérgicamente contra el acuerdo. No obstante, todo parece indicar que la fusión seguirá adelante.

    'En toda la UE, los responsables políticos escuchan a los mismos actores que deberían supervisar y han interiorizado sus narrativas.'

Una economía diferente

Tras las lecciones de 2021-2022, el caso Bunge-Viterra subraya enfáticamente el fracaso de los enfoques poco sistemáticos de la política de competencia frente a los desafíos del poder corporativo mundial.

Para abordar la situación de manera significativa, necesitamos un cambio de paradigma. Una aplicación más enérgica de las leyes de competencia y antimonopolio puede suponer un gran avance; sin duda, mucho más que en la actualidad. Debería reconsiderarse el estrecho enfoque que se utiliza actualmente para evaluar las fusiones y adquisiciones y examinar los casos de abuso de posición dominante. Hay muchas pruebas de que los daños sociales acumulativos y amplios se extienden más allá de las jurisdicciones individuales, lo suficiente como para justificar una acción más enérgica y, cuando sea necesario, enmiendas a la orientación y la legislación en materia de competencia.

Pero al final, se necesita más. La ley de competencia, por muy bien que se aplique, no puede resolver el problema por completo. La concentración de poder corporativo se ha expandido dramáticamente en las últimas décadas y necesita ser revertida a través de una acción legal deliberada. También debemos desmantelar las estructuras y los incentivos que impulsan la concentración del mercado en primer lugar. El «crecimiento a toda costa» es una creencia fundamental de la mayoría de las multinacionales y, al servicio de esta creencia, han promovido un edificio de leyes fiscales, de inversión y comerciales, todas las cuales -fuera o no la intención de los gobiernos- promueven el crecimiento y la concentración (de beneficios, valor para los accionistas y poder).

Unas barandillas sólidas pueden limitar el poder corporativo, pero no las presiones hacia su creación. La contención no puede ser la única estrategia. Para abordar realmente los problemas que ha generado nuestro sistema económico, debemos plantearnos reformas más amplias de todo el sistema. Una economía basada en los principios del decrecimiento y la descolonización es, en última instancia, el antídoto contra el poder empresarial concentrado y generador de desigualdades."

(Audrey Gaughran es directora ejecutiva del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO). Çağrı Çavuş es investigador de SOMO y se especializa en políticas de competencia y regulación de los mercados digitales. Vincent Kiezebrink es investigador de SOMO e investiga una amplia gama de cuestiones relacionadas con el poder corporativo, incluidas las cadenas de suministro de materias primas y la evasión fiscal. Brave New Europe, 28/08/24, traducción DEEPL, gráficos, notas y enlaces en el original, fuente Green European Journal)

11.7.24

Reclamar la soberanía alimentaria: un enfoque alternativo al comercio y la agricultura... La paradoja de la UE: un sector agrario próspero que fracasa ante los agricultores, la mayoría de las explotaciones europeas no pueden proporcionar unos ingresos decentes a quienes las gestionan, que a menudo son familias... En las dos últimas décadas, el sector agrario de la UE ha experimentado un proceso masivo de concentración y consolidación, en el que las grandes explotaciones dominan cada vez más el mercado... desaparen una media de 800 explotaciones al día... La producción de productos agrícolas primarios ha dejado de ser una prioridad... la creciente dependencia de las importaciones plantea riesgos para la seguridad alimentaria europea... Para garantizar la seguridad alimentaria de Europa a largo plazo y el apoyo a los agricultores europeos, la UE debe volver a centrarse en la soberanía alimentaria. Esto significa rechazar los perjudiciales acuerdos de libre comercio, reducir la dependencia de las importaciones, dar prioridad a la producción de alimentos frente a objetivos medioambientales poco realistas y aplicar políticas que favorezcan la producción agrícola nacional. Debemos acompañar y apoyar a los agricultores europeos, no tratarlos como un problema del que hay que deshacerse (Thomas Fazi)

 "En los últimos meses, los países europeos se han visto arrasados por protestas masivas de agricultores. Aunque a menudo se trata de una reacción a políticas nacionales concretas (propuestas para suprimir las exenciones fiscales al gasóleo agrícola, propuestas de reducción de las emisiones de nitrógeno, etc.), el hilo conductor de las protestas es la oposición de los agricultores a las crecientes cargas económicas y burocráticas asociadas a la agenda climática y medioambiental de la Unión Europea, en primer lugar el Pacto Verde Europeo. Los agricultores tienen buenas razones para oponerse a estas políticas, que corren el riesgo de diezmar las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas al tiempo que consiguen poco, o nada, en términos de beneficios climáticos y/o medioambientales.

Sin embargo, es importante que el público entienda -y que los agricultores expliquen, para mantener el apoyo público- el contexto más amplio de estas protestas. Un observador desinformado podría pensar que a los agricultores europeos les iba bien hasta que llegó la agenda «verde» de la UE para arruinarles la fiesta - o peor aún, que los agricultores se oponen a estas políticas por motivos ideológicos. Nada más lejos de la realidad. La realidad es que los pequeños y medianos agricultores llevan años luchando contra el aumento de los costes, el exceso de regulación, las prácticas de los cárteles empresariales a lo largo de toda la cadena de suministro y, sobre todo, la competencia desleal impulsada por el régimen de libre comercio de la UE. De hecho, las explotaciones agrarias han ido desapareciendo a un ritmo alarmante en toda la UE.

 En mi último informe para el think tank MCC Brussels, explico cómo las políticas de la UE -y en particular su régimen de libre comercio- perjudican a los pequeños agricultores e incluso amenazan la seguridad alimentaria de Europa a largo plazo. El informe reclama un cambio fundamental hacia la soberanía alimentaria, dando prioridad a la producción nacional y reduciendo la dependencia del bloque de las importaciones.

He aquí un breve resumen del informe:

Retos actuales de la agricultura de la UE

    La paradoja de la UE: un sector agrario próspero que fracasa ante los agricultores. La UE es una de las principales potencias agrícolas del mundo, con una producción total de más de 500 000 millones de euros anuales. La renta agraria en su conjunto lleva años creciendo. A pesar de ello, las explotaciones pequeñas y medianas pasan apuros: la mayoría de las explotaciones europeas no pueden proporcionar unos ingresos decentes a quienes las gestionan, que a menudo son familias.

  Consolidación y concentración. En las dos últimas décadas, el sector agrario de la UE ha experimentado un proceso masivo de concentración y consolidación, en el que las grandes explotaciones dominan cada vez más el mercado. La UE ha perdido cinco millones de explotaciones en los últimos 20 años, desapareciendo una media de 800 explotaciones al día. Esto ha provocado un dramático declive de las pequeñas explotaciones, que aportan numerosos beneficios económicos y sociales. La consolidación ha permitido aumentar la productividad y la eficiencia económicas, pero también ha perjudicado los medios de subsistencia de los pequeños agricultores y acelerado el declive de las comunidades rurales. Y lo que es aún más importante, como muestra este informe, este cambio estructural representa una amenaza para la seguridad alimentaria europea a largo plazo.

    La producción de productos agrícolas primarios ha dejado de ser una prioridad. La concentración de la propiedad agraria ha ido acompañada de un desplazamiento de la producción de productos agrícolas primarios de escaso valor, pero esenciales, hacia la producción de productos agroalimentarios transformados de alto valor, pero no esenciales. Hay razones ideológicas y económicas para ello. La adopción de la ideología verde en la UE significa que la producción agrícola, como segundo mayor contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, se ha convertido gradualmente en un tabú en Europa. Desde el punto de vista de las grandes empresas, la producción de alimentos básicos también se considera menos rentable que la de alimentos procesados.

 Creciente dependencia de las importaciones. Gracias a la orientación original de la Política Agrícola Común (PAC) hacia la soberanía alimentaria, la UE sigue siendo autosuficiente en muchos productos agrícolas primarios. Sin embargo, como consecuencia de las políticas actuales, sus índices de autosuficiencia han disminuido en muchos productos primarios durante las dos últimas décadas. Mientras tanto, sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de insumos clave como las semillas oleaginosas y las proteaginosas. Esta creciente dependencia de las importaciones plantea riesgos para la seguridad alimentaria europea, sobre todo teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados mundiales y la geopolítica.

    La obsesión de la UE por el libre comercio: una amenaza para los agricultores y la seguridad alimentaria. La UE tiene el mayor régimen de libre comercio del mundo, con 42 acuerdos de libre comercio (ALC) que abarcan 74 países socios. Por lo general, estos acuerdos benefician a las grandes corporaciones agroalimentarias a costa de los pequeños agricultores. El proceso de negociación de estos acuerdos carece de transparencia y escrutinio democrático, lo que margina aún más los intereses de los pequeños agricultores. La política comercial de la UE, al utilizar las importaciones de productos agrícolas primarios de terceros países como moneda de cambio para promover la exportación de productos agroalimentarios industriales de la UE, socava la seguridad alimentaria a largo plazo de la UE al exponer a los productores nacionales a una competencia desleal y aumentar la dependencia de las importaciones de la UE.

Libre comercio: un caso de libro de hipocresía climática. El informe también destaca la hipocresía de la política climática de la UE. Por un lado, la UE impone estrictas normas a los productores europeos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que amenaza con expulsar a los agricultores del mercado y reducir la producción nacional. Por otro, fomenta el comercio internacional mediante acuerdos de libre comercio que sólo conducirán a un aumento de las emisiones y de las importaciones agrícolas procedentes de países con normas medioambientales menos estrictas.

Retos actuales de la agricultura de la UE

    Resistencia creciente. Los agricultores europeos y las organizaciones de la sociedad civil se oponen cada vez más a los ALC que perjudican a la agricultura local. Las protestas de agricultores indignados en toda Europa, más el reciente rechazo del CETA por el Senado francés y la oposición generalizada al acuerdo UE-Mercosur, reflejan esta creciente resistencia.

    Rechazo del paradigma del libre comercio Este informe aboga por rechazar el actual paradigma de libre comercio de la UE en favor del principio original de «preferencia comunitaria» de la Política Agrícola Común. Este principio hacía hincapié en la producción nacional para satisfacer la demanda local antes de recurrir a las importaiones.

    Beneficios medioambientales y económicos. El aumento de la producción nacional no sólo ayudaría a los agricultores y consumidores europeos, sino que también reduciría el impacto ambiental asociado al comercio a larga distancia.

Viabilidad de la producción nacional. Los estudios realizados indican que la UE tiene un gran potencial para aumentar la producción de muchos productos agrícolas, que podrían sustituir a las importaciones sin provocar grandes subidas de precios. Se trata de productos como las semillas oleaginosas, las legumbres, las hortalizas y las frutas.

Conclusión

El informe concluye que las actuales políticas comercial y agrícola de la UE son erróneas e insostenibles. La actual consolidación de la producción agrícola beneficia a las grandes empresas a expensas de los pequeños agricultores y las comunidades rurales. Para garantizar la seguridad alimentaria de Europa a largo plazo y el apoyo a los agricultores europeos, la UE debe volver a centrarse en la soberanía alimentaria. Esto significa rechazar los perjudiciales acuerdos de libre comercio, reducir la dependencia de las importaciones, dar prioridad a la producción de alimentos frente a objetivos medioambientales poco realistas y aplicar políticas que favorezcan la producción agrícola nacional. Debemos acompañar y apoyar a los agricultores europeos, no tratarlos como un problema del que hay que deshacerse o al que hay que sustituir.

Artículo completo  aquí "                  (Thomas Fazi , blog, 06/06/24, traducción DEEPL)

23.4.24

¿Quién especula con nuestros alimentos? 20 grandes multinacionales acumulan el 20 % de la producción agroalimentaria a nivel mundial... 5 grandes grupos acumulan un 60 % de la cuota de mercado en nuestro país. Mercadona y Dia tienen un control total del mercado estatal... La especulación triunfa solo ante la inacción de los Estados. Falta regulación y mecanismos de estabilización de los precios... El comercio mundial de alimentos debe coexistir con cadenas alimentarias más cortas y sencillas para que se pueda devolver el poder a quienes cultivan la tierra para que puedan vender sus productos directamente al consumidor... es imprescindible considerar los alimentos como un bien común, no de mercado y garantizar el derecho a una alimentación sana. Todo ello debe ir acompañado de la protección de las personas trabajadoras del sector y de mecanismos de estabilización de precios y rentas que garanticen ingresos dignos y suficientes a los pequeños y medianos productores... sería un gran avance la intervención estatal para limitar los precios de una cesta básica, siguiendo lo que se hizo con el gas y las mascarillas (Carlos Sánchez Mato)

 "Un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros están comprado ávidamente tierras de cultivo en todo el mundo subiendo alarmantemente su precio

Naciones Unidas anunció en 2015, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la erradicación del hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Esto está unido indefectiblemente a la necesidad de lograr un sistema alimentario más resiliente, que deje de ser uno de los principales contribuyentes al cambio climático, y forme parte de la solución. No parece que vayamos bien encaminados para lograrlo en la fecha fijada, en 2030, porque Las cifras del hambre en el mundo volvieron a alcanzar niveles inasumibles en 2022. Entre 691 y 783 millones de personas no tuvieron alimentos suficientes durante 2022 según la FAO, 122 millones más que en 2019. No, no es la escasez la que ha incrementado las cifras sino la subida de precios que sí que tiene mucho que ver en esta dramática situación.

En España, a pesar del aumento de la renta media, el incremento del precio de los alimentos ha golpeado con fuerza a las familias más vulnerables y especialmente a las personas más jóvenes. El 7 % de los menores de 16 años tuvo grandes dificultades para comer carne o pescado todos los días. El aumento del precio de la cesta de la compra afecta muy especialmente a las familias más vulnerables, que tienen que ajustar su escaso presupuesto y cambiar el menú para poder alimentarse, aunque no de la mejor manera. El impacto es brutal y hace que el 9 % de la población presente carencias materiales severas, más de un punto por encima del año 2022, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Preguntarse por las causas obliga a analizar el funcionamiento del sistema capitalista en el sector de la producción y la distribución de alimentos, la concentración en manos de gigantescos grupos empresariales que conforman poderosos oligopolios y la especulación financiera asociada que genera enormes daños a la inmensa mayoría de la población mundial y jugosos beneficios a una pequeña minoría.

Greenpeace Internacional realizó una investigación en 2022 en la que analizó las mayores empresas mundiales de cada uno de los cuatro sectores agroalimentarios. El resultado es esclarecedor y demuestra el fracaso sistémico de las políticas públicas que han permitido que un reducido grupo de empresas multinacionales de la alimentación acumulen enormes beneficios convirtiendo en un lucrativo negocio lo que debería ser un derecho[1].

20 grandes multinacionales acumulan el 20% de la producción agroalimentaria a nivel mundial

Los amos del negocio

20 grandes multinacionales acumulan el 20 % de la producción agroalimentaria a nivel mundial. Seguramente muchas de ellas ni las conozcas, pero están detrás de las marcas que consumes. Cargill y Archer-Daniels Midland en cereales, Danone y Lactalis en lácteos, JBS y Tyson Foods en carnes o Nutrien y Yara en fertilizantes condicionan tu vida mucho más de lo que puedes llegar a imaginar. Y es que la consecuencia de que los mercados alimentarios se concentren en manos de un número muy limitado de grandes empresas facilita la propensión de la cadena de suministro a fracturarse cuando hay inestabilidad global. En 2020 y 2021, las 20 empresas agroalimentarias internacionales más grandes que pertenecen a los sectores del cereal, de los fertilizantes, de la carne y de los productos lácteos distribuyeron más de 53.500 millones de dólares a sus accionistas al mismo tiempo que crecían las personas hambrientas a nivel mundial y se alejaban las expectativas de alcanzar el objetivo de “hambre 0” en 2030.

La nociva concentración que describimos a nivel global y que otorga un obsceno control de los mercados a las grandes corporaciones también se traslada a nuestra realidad más cercana. En España, el número de empresas de la industria de alimentación y bebidas asciende a 28.335, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,9 % de total de la industria de nuestro país. Pues bien, solo el 0,9 % que tiene más de 250 personas trabajadoras, acumula el 42 % de la producción[2].

En la distribución, 5 grandes grupos acumulan un 60% de la cuota de mercado en nuestro país. Mercadona y Dia tienen un control total del mercado estatal

Y si descendemos al último eslabón de la cadena, la distribución, 5 grandes grupos acumulan un 60 % de la cuota de mercado en nuestro país. Mercadona y Dia tienen un control total del mercado estatal. La empresa valenciana, que controla 1.500 supermercados y planea la apertura de otros 200 más en el país, tiene una cuota de mercado, según los estudios realizados por distintas consultoras, del 27 % del total. Dia tiene 4.151 tiendas en España y, tras la compra de Supermercados El Árbol y de 160 supermercados de Eroski, operaciones ambas que acaba de materializar este mismo año, llegará a tener el 13 % de la cuota de mercado. Carrefour, Eroski y Alcampo con el 9 %, 7 % y 4 % respectivamente completan un quinteto que constituye un poderoso oligopolio. Para cualquier proveedor de la industria alimentaria no tener acceso a estas cinco grandes distribuidoras limita su desarrollo de una forma brutal.

En definitiva, la concentración a nivel global en la producción unida a la que existe a nivel del estado español y a la guinda que supone el control de la distribución en muy pocas manos, convierte el conjunto en una verdadera bomba de relojería.

Especular con el hambre

Por si fuera poco, el fenómeno de la especulación financiera con alimentos y sus derivados se ha instalado en la economía. Especular no es otra cosa que adquirir un determinado producto no con el objetivo de consumirlo sino con el de venderlo de nuevo aprovechando las variaciones de su precio. Esto es precisamente lo que está sucediendo en el mercado de alimentos, donde los inversores especulan en los mercados y provocan variaciones de precios que alejan los mismos de su valor real. En unas ocasiones incrementándolos y expulsando del mercado a las personas más vulnerables. En otras hundiéndolos y arruinando a los pequeños productores incapaces de aguantar las pérdidas.

Hay dos tipos de prácticas especulativas:

  1. Las relacionadas con el acaparamiento directo o, lo que es lo mismo, en almacenar y mantener fuera del mercado un producto a la espera de que suba su precio.
  2. La especulación en los mercados de futuros que se caracterizan por comprar no la materia prima en sí, sino los contratos de venta anticipada entre productores y empresas distribuidoras. En estos, los primeros se comprometen a entregar una determinada cantidad de materia prima alimentaria y los segundos a comprar a esta determinada cantidad. El mercado de futuros se comenzó a desarrollar a partir del siglo XIX.

La especulación modifica los precios de mercado y genera gravísimas distorsiones a productores y consumidores de manera global

La especulación causa graves problemas porque estas prácticas no se circunscriben al ámbito de los inversores financieros, sino que modifican los precios de mercado y generan gravísimas distorsiones a productores y consumidores de manera global causadas y derivadas de las apuestas realizadas por quienes realizan estas operaciones financieras.

Un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros están comprado ávidamente tierras de cultivo en todo el mundo subiendo alarmantemente su precio

El capital financiero migra de burbuja en burbuja buscando rentabilidad para la inmensa masa acumulada en las fases previas. El sector alimentario es ya uno de sus destinos centrándose en el acaparamiento de tierras, un nuevo terreno de especulación alimentaria que se está produciendo en un número cada vez mayor de países del Sur y que ya constituye una amenaza en el acceso a la tierra para las personas más empobrecidas. En los últimos años un ejército de fondos de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros por el estilo han comprado ávidamente tierras de cultivo en todo el mundo. El efecto es que los precios de la tierra están subiendo alarmantemente. 


HAY ALTERNATIVAS Y HAY QUE PELEARLAS

La especulación triunfa solo ante la inacción de los Estados. Falta regulación y mecanismos de estabilización de los precios

Ante todo lo descrito, no cabe el desánimo. Porque nadie puede negar que hay alternativas.

En primer lugar, es imprescindible considerar los alimentos como un bien común, no de mercado y garantizar el derecho a una alimentación sana. Todo ello debe ir acompañado de la protección de las personas trabajadoras del sector y de mecanismos de estabilización de precios y rentas que garanticen ingresos dignos y suficientes a los pequeños y medianos productores. El comercio mundial de alimentos debe coexistir con cadenas alimentarias más cortas y sencillas para que se pueda devolver el poder a quienes cultivan la tierra para que puedan vender sus productos directamente al consumidor, en lugar de hacerlo a través de grandes empresas que actúan como intermediarias y se llevan porcentajes enormes de los beneficios.

A nivel estatal sería un gran avance la intervención estatal para limitar los precios de una cesta básica —siguiendo lo que se hizo con el gas y las mascarillas— combinado con el establecimiento de bonificaciones a las familias con rentas bajas, que son las que en mayor porcentaje destinan la misma a alimentación, de productos como carnes, pescados, frutas y lácteos.

Por último, es necesario indicar que la especulación triunfa solo ante la inacción de los Estados. Ocurre porque existe falta de regulación y debido a la ausencia de mecanismos de estabilización de los precios. Sería perfectamente posible actuar a nivel global para controlar los precios y eliminar la volatilidad del precio de los alimentos básicos.

Pero claro, eso eliminaría los enormes incentivos a quienes se están haciendo de oro en esta situación.

¿Estarán dispuestos los gobiernos a romper el nudo gordiano que nos oprime?

Sin presión y movilización de la clase trabajadora, seguro que no.

NOTAS:

[1] https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/Food-Injustice-2020-2022-report-design-spain.pdf

[2] https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/20240126informeanualindustria2022-20234t23ok_tcm30-659567.pdf     "

 (Carlos Sánchez Mato, Responsable Elaboración Programática de Izquierda Unida; profesor de Economía Aplicada de la UCM, Mundo Obrero, 23/04/24)

31.3.24

Así pactan os grandes supermercados o prezo do aceite de oliva: a especulacións das marcas brancas... 8 grandes supermercados seguen fixando o prezo do aceite de oliva de marca branca na mesma contía: 9,90 euros

"Tras medio ano e varias advertencias de asociacións de consumidores, 8 grandes supermercados seguen fixando o prezo do aceite de oliva de marca branca na mesma contía: 9,90 euros. En Portugal está un 12% máis barato.

Nos últimos meses, o prezo do aceite de oliva non deixou de subir e as familias cada vez teñen máis difícil acceder a este produto básico da gastronomía. Os factores ambientais e o contexto económico son os motivos polos que os lineais dos supermercados enchéronse de botellas e garrafas de aceite de oliva a prezos astronómicamente altos, creando unha conxuntura aproveitada por moitos supermercados para encarecer as súas marcas brancas cun acordo de prezos.

O prezo do aceite de oliva disparouse un 177,8% nos últimos dous anos e un 74,5% no último período (datos Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación) debido á inflación e á escaseza de produción do denominado "ouro líquido". Esta situación contáxiase ao carro da compra dos españois que ademais observan como, desde novembro, algúns dos principais retailers inflaron ao unísono o prezo das súas marcas brancas.

GRANDES SUPERMERCADOS COS MESMOS PREZOS

Así o evidencia o novo estudo elaborado por FITstore.es, firma de referencia no ecommerce de fit-food saudable, onde sinala como as grandes firmas de alimentación Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl e Mercadona presentan un prezo idéntico nas súas botellas dun litro de aceite de oliva de marca branca. Máis concretamente, as oito grandes cadeas de supermercados venden o litro de aceite de oliva da súa propia marca a 9,90 euros, cunha diferenza de tan só un céntimo en tres deles. Isto se replica en todas as modalidades de envase; "pactando" o prezo da garrafa de 3L en 29,55 euros ou da botella de 750ml en 8,09 (agás DIA).

Segundo denuncia o estudo difundido nas redes sociais de FITstore.es, estes grandes retailers poderían acordar esta práctica ilegal para aumentar a súa marxe de beneficio na distribución dos produtos á conta do peto dos consumidores. "O prezo no campo está máis alto, pero os retailers poderían estar a aproveitar a escalada de prezos para sacar unha maior rendibilidade ao comercio destes produtos básicos", indica esta firma.

Calquera acordo entre operadores para fixar prezos máximos en alimentos está prohibido por lei en España. Segundo a CNMC, tanto a Lei de defensa da competencia como o Tratado de funcionamento da Unión Europea "prohiben expresamente os acordos ou recomendacións de fixación de prezos ou outras condicións comerciais que restrinxan ou falseen a competencia".

Aínda que as contías nese momento eran inferiores, esta política de prezos xa foi denunciada o pasado novembro pola organización para a protección dos consumidores Facua, quen solicitan ás autoridades que investiguen se é unha acción acordada entre as grandes cadeas de distribución. Agora, mantiveron a práctica, pero seguiron incrementando os prezos das súas marcas brancas e o prezo do litro de aceite disparouse até os 8,37 euros de media, segundo datos do Goberno. Tan só entre xaneiro e febreiro deste ano, o litro de aceite encareceuse un 5,3% máis, segundo o Índice de Prezos de Consumo (IPC).

E O ACEITE QUE SE EXPORTA, MÁIS BARATO

Moitas das causas desta crise do ouro líquido están ligadas ao estado do campo, onde as colleitas debido á seca foron inferiores ás dos últimos anos. Pero tamén hai outros factores como a inflación desatada tras a crise enerxética e a guerra de Ucraína, a alta demanda fronte a pouca oferta e a especulación. "Non é normal que un alimento esencial sexa máis caro no país produtor que no país importador. Isto é a especulación que estamos a sufrir en España. Non fai falta que nos vaiamos moi lonxe xa que tan só mirando a Portugal dáse esta situación, o que empuxa a que moitos españois vaian até Portugal para comprar o mesmo aceite, pero até un 12% máis barato se nos fixamos nos prezos actuais", denuncia Luís Cañada, fundador de FITstore.es."               (Galicia Confidencial, 30/03/24)

8.2.24

La movilización actual del campesinado es la consecuencia de un modelo agrícola productivista que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones y al empobrecimiento de muchos agricultores... Entre los responsables de este sistema se encuentran los acuerdos de liberalización comercial, así como los representantes mayoritarios del sector [el sindicato FNSEA], cuyos dirigentes han contribuido a transformar la agricultura en un agronegocio en beneficio de unos pocos, y han sabido utilizar muy bien las normas de la Política Agrícola Común (PAC) en su beneficio... la supresión de las normas medioambientales planteada por la FNSEA para salir de la crisis es una forma de desviar la atención... un ejemplo particular del daño al que se exponen los agricultores y consumidores son los acuerdos UE-Nueva Zelanda, UE-Chile, UE-Mercosur, que supondrán la importación de miles de toneladas de carne, queso, leche y etanol... el 80% de las y los eurodiputados de la UE aprobaron el acuerdo UE-Chile el pasado miércoles... Por los derechos de los agricultores y para salvar el clima, es vital poner fin a este tipo de acuerdos: paralización definitiva de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, moratoria de todos los demás acuerdos comerciales en curso de negociación y revisión de todos los acuerdos existentes... Pero esto no basta, necesitamos, como reclama la Confédération Paysanne, una ley que prohíba la compra de productos agrícolas por debajo de su precio de coste. Para lograrlo necesitamos atacar la cadena de transformación y distribución, en la que las multinacionales agroalimentarias y las cadenas de supermercados obtienen enormes beneficios

 "La movilización actual del campesinado es la consecuencia de un modelo agrícola productivista que ha llevado a la desaparición de miles de explotaciones y al empobrecimiento de muchos agricultores (de 1,6 millones en 1982 a 400.000 en 2019, 100.000 explotaciones han desaparecido desde 2010, el 18% de agricultores y agricultoras viven por debajo del umbral de pobreza).

Entre los responsables de este sistema se encuentran las políticas francesas y europeas, la globalización del comercio y, en particular, los acuerdos de liberalización comercial, así como los representantes mayoritarios del sector [el sindicato FNSEA], cuyos dirigentes han contribuido a transformar la agricultura en un agronegocio en beneficio de unos pocos, y han sabido utilizar muy bien las normas de la Política Agrícola Común (PAC) en su beneficio.

 Pero mientras algunos en el agronegocio se enriquecen, la mayoría de las y los agricultores se empobrecen, se endeudan y a menudo experimentan condiciones de trabajo difíciles. Por tanto, su movilización es totalmente legítima, porque al plantear la cuestión de la renta de los agricultores, se está señalando el callejón sin salida de un modelo productivista, el de una agricultura incapaz de suministrar productos sanos y de calidad, incapaz de garantizar la soberanía alimentaria, incapaz de permitir a las y los campesinos vivir de su trabajo, incapaz de respetar la biodiversidad.

Reivindicaciones secuestradas en beneficio del agronegocio

La cuestión [de la supresión] de las normas medioambientales planteada por la FNSEA [para salir de la crisis] es una forma de desviar la atención. Es cierto que existen normas que plantean numerosos problemas (marcado obligatorio de los animales, por ejemplo), pero lo que denuncia la organización mayoritaria es sobre todo la voluntad de reducir la contaminación provocada por la agroindustria. Esta es también la orientación adoptada por el gobierno que, por ejemplo, prevé suprimir las autorizaciones medioambientales para facilitar la construcción macrogranjas industriales ganaderas. Del mismo modo, las políticas europeas siguen siendo muy modestas en lo que se refiere a las limitaciones medioambientales: se ha destripado la ley de restauración de la naturaleza, se ha renovado la autorización del glifosato, el Parlamento Europeo ha rechazado el plan de reducción del uso de pesticidas, se prevé autorizar nuevos OMG, etc.

 Rassemblement National [RN, extrema derecha] tampoco es amiga de las y los pequeños agricultores. RN ha votado a pies juntillas, junto a En Marche y los Republicanos, una nueva versión de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 que da la espalda a la emergencia climática y favorece a la agroindustria en detrimento de los miles de agricultores que, cada año, tienen que abandonar su profesión y mantener sus explotaciones a escala humana.

El gobierno no propone nada para mejorar los ingresos

Los anuncios del gobierno [realizados el 26 de enero] no solucionarán nada, sino todo lo contrario. La ideología productivista y neoliberal de este gobierno, compartida con los sindicatos agrarios mayoritarios, está a la vista de todo el mundo. No hay propuestas que permitan vivir dignamente de su trabajo a las y los agricultores, sino un despliegue legislativo ecocida que conduce a la aceleración de proyectos de todo tipo: entre ellos, facilitar la construcción de embalses de ladera y megapiscinas, someter la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) a la supervisión prefectoral, reducir las ambiciones en materia de conservación de los humedales, mantener lagunas fiscales para eliminar el impuesto sobre el gasóleo agrícola, etc. Mientras no haya medidas para mejorar los ingresos de los campesinos y campesinas, o el acceso a las tierras agrícolas, ¿cómo podemos estar satisfechos con las irrisorias propuestas que ha realizado el gobierno? Una ayuda de urgencia de 50 millones de euros para la agricultura ecológica, la oposición al acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR, pero no a los demás tratados, y tres sanciones denominadas "fuertes" contra las empresas que incumplan la ley Egalim.

 Los acuerdos de libre comercio son un ejemplo particular del daño al que se exponen las y los agricultores y consumidores. Los acuerdos negociados recientemente o en proceso de finalización (UE-Nueva Zelanda, ratificado en diciembre de 2023, UE-Chile en proceso de ratificación, UE-Mercosur, en proceso de finalización) supondrán la importación de decenas de miles de toneladas de carne, queso, leche y etanol... Al poner a todos las campesinas y campesinos a competir entre sí en un sistema de globalización neoliberal, sus condiciones de vida y de trabajo se nivelan a la baja, amenazando con acabar con los pequeños agricultores en beneficio de las multinacionales del agronegocio. Estos acuerdos fomentan la agricultura intensiva, que es una de las mayores emisoras de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el 80% de las y los eurodiputados de la UE aprobaron el acuerdo UE-Chile el pasado miércoles, en particular los liberales (incluido Renaissance –partido de Macron–), el Partido Popular Europeo aliado con los republicanos, la extrema derecha (con la ausencia del Rassemblement National) y los socialdemócratas.

 Por los derechos de los agricultores y para salvar el clima, es vital poner fin a este tipo de acuerdos: paralización definitiva de las negociaciones del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, moratoria de todos los demás acuerdos comerciales en curso de negociación y revisión de todos los acuerdos existentes.

Pero esto no basta para garantizar unos ingresos decentes y necesitamos, como reclama la Confédération Paysanne, una ley que prohíba la compra de nuestros productos agrícolas por debajo de su precio de coste. Para lograrlo, necesitamos atacar urgentemente la cadena de transformación y distribución, mientras las multinacionales agroalimentarias y las cadenas de supermercados obtienen enormes beneficios.

 Además de esta emergencia económica para los agricultores, es necesario transformar radicalmente el actual modelo agrícola y alimentario: garantía de precios justos, freno a la artificialización de las tierras, defensa de las tierras agrícolas que deberían destinarse a la producción alimentaria, redistribución de las subvenciones para hacer frente al agronegocio, creación y apoyo a los circuitos cortos y a las microcadenas de distribución (que son respuestas totalmente viables y adecuadas a las necesidades de productores y consumidores por igual), bifurcación agroecológica para dar prioridad a la instalación de nuevos agricultores...

La cuestión de la agricultura nos concierne a todos y todas. Lo que se produce es lo que comemos cada día. Una remuneración justa para los y las agricultoras significa también repensar los métodos de distribución de los alimentos y la forma en que accedemos a los alimentos ecológicos y de calidad producidos lo más cerca posible del consumidor. A corto plazo, esto significa aumentar los salarios para que la gente pueda alimentarse correctamente y, más allá, significa buscar modelos alternativos de consumo.

Junto a la Confédération Paysanne y, más ampliamente, a los agricultores y agricultoras que se movilizan, Attac pide que se apoyen las reivindicaciones de "una renta digna para todas las y los agricultores", la ruptura con los acuerdos de libre comercio, y que la gente se una a las acciones de defensa de estas reivindicaciones."                 (Viento Sur, 02/02/24)

7.2.24

Por un lado, cada vez son más en el mundo agrícola los que ya no pueden vivir de su trabajo. Por otro lado, los precios de los alimentos se disparan y cada vez más personas asalariadas tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la riqueza está siendo acaparada por las multinacionales alimentarias y los supermercados, cuyos márgenes están alcanzando niveles récord... ¿Estamos preparados para ver cómo el mundo de la agricultura sigue pereciendo ante nuestros ojos, con el objetivo último de deslocalizar la explotación francesa? Para evitar cuestionar las rentas de la agroindustria, el gobierno y los grandes patrones agrícolas están desviando el debate hacia las normas medioambientales. Ponerlas en tela de juicio supondría un dramático paso atrás... Cada vez más franceses quieren comer alimentos de calidad, pero no pueden permitírselos. Cada vez más agricultores quieren cambiar su forma de producir adoptando prácticas agroecológicas, pero no cuentan con el apoyo suficiente para realizar esta costosa transición (Laurence Marandola, portavoz de la Confédération paysanne)

 "La movilización del mundo agrícola está poniendo de relieve un escándalo. Por un lado, cada vez son más en el mundo agrícola los que ya no pueden vivir de su trabajo. Por otro lado, los precios de los alimentos se disparan y cada vez más personas asalariadas tienen dificultades para alimentarse adecuadamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque la riqueza está siendo acaparada por las finanzas, las multinacionales alimentarias y los supermercados, cuyos márgenes están alcanzando niveles récord. Son esas mismas personas, jefes de la industria alimentaria y de los supermercados, las que colaboran para rebajar los salarios de los agricultores y agricultoras y explotar a sus empleados. Las causas del malestar son las mismas y las reivindicaciones son las mismas: vivir dignamente de nuestra profesión. Pedimos a las y los asalariados y a las y los agricultores que se unan para poner fin al robo de su trabajo por las multinacionales y los accionistas.

La movilización de las y los agricultores indignados debe conducir a una revalorización del trabajo. No lo olvidemos: durante Covid, se aplaudía a las personas que trabajaban en los servicios públicos: agricultoras, cuidadoras, basureros, camioneros, cajeras y profesores. ¿Cuál es la situación actual de estas personas? Cada vez es más difícil encontrar vivienda, comida y un nivel de vida digno. Por no hablar de la injusta e inicua reforma de las pensiones, por la que los agricultores y agricultoras se han movilizado junto al resto de trabajadores, aportando alimentos de sus granjas para "alimentar la lucha".

El debate público sobre las condiciones de trabajo y los niveles salariales en el sector agrícola debe permitir reorientar las políticas públicas al servicio del interés general y de quienes trabajan la tierra. Si no hay agricultores que trabajen, no habrá comida en nuestros platos. Y punto. Estos hombres y mujeres que se levantan día tras día y cuidan la tierra y los animales son indispensables para poder realizar las actividades individuales o colectivas de la vida cotidiana.

Endeudadas e inseguras

Sin embargo, una parte importante de las y los agricultores vive por debajo del umbral de la pobreza, endeudada y dependiente de un sistema económico inhumano. En cuanto a las y los trabajadores agrícolas y temporeros, combinan inseguridad, salarios bajos y trabajo duro. El mundo agrícola está en cierto modo apartado, porque los derechos sociales concedidos a esta profesión son muy exiguos: ningún derecho al descanso, pensiones miserables, sobre todo para las mujeres agricultoras, un dramático declive de los servicios públicos en nuestro campo... ¡Es un escándalo! La única respuesta que obtienen es una carrera al gigantismo [productivo]. Para intentar obtener unos ingresos decentes, tienen que producir cada vez más, expandirse y endeudarse. Como resultado, las y los agricultores se encuentran dependientes de la agroindustria, con las manos y los pies atados, transformándose en agrogestores con una lógica de agrobussines.

¿Estamos preparados para ver cómo el mundo de la agricultura sigue pereciendo ante nuestros ojos, con el objetivo último de deslocalizar la explotación francesa? En los últimos cincuenta años, la superficie de las explotaciones se ha cuadruplicado y el número de agricultores se ha multiplicado por cuatro. ¿Qué sentido tiene esta carrera hacia el gigantismo? ¿Qué sentido tiene obligar a las y los agricultores franceses a producir cada vez más para inundar los países emergentes de pollos en batería y leche en polvo?

La historia comenzó con esta lógica de liberalización preconizada por la OMC. La industria francesa fue incapaz de resistir el dumping social y medioambiental. La fábrica francesa fue deslocalizada. Los trabajadores y trabajadoras han pagado el precio. Y las y los agricultores ya han pagado un alto precio. Es hora de romper con el dogma del libre comercio que está asfixiando el sistema agrícola y alimentario y a los y las agricultoras, enfrentando a las y los trabajadores de todo el mundo y arrasando los derechos sociales y medioambientales.

Imponer un precio mínimo para proteger a las y los agricultores
La respuesta a la movilización pasa por reconocer el trabajo y poner fin a la mercantilización de la agricultura. Hay que imponer un precio mínimo para proteger a las y los agricultores de las multinacionales. Es hora de condicionar la entrada de materias primas y mercancías en el mercado europeo al cumplimiento de normas medioambientales y sociales. Es hora de armonizar [por arriba] los derechos sociales y medioambientales en toda Europa.

En cambio, para evitar cuestionar las rentas de la agroindustria, el gobierno y los grandes patrones agrícolas están desviando el debate hacia las normas medioambientales. Ponerlas en tela de juicio supondría un dramático paso atrás. Con su trabajo, las y los agricultores tienen un impacto directo en la mitad de la superficie de Francia, en nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra agua... en definitiva, en nuestra vida cotidiana. Duramente golpeados por el creciente número de catástrofes naturales, también están pagando un alto precio por la contaminación: el cáncer es la principal causa de muerte entre los agricultores y agricultoras.

Al igual que quienes trabajan en el automóvil sufren la deslocalización de su industria con el pretexto del cambio climático, las y los campesinos tienen que hacer frente a la proliferación de normas medioambientales, que consideran un estorbo para su ya difícil vida cotidiana. Enfrentar las cuestiones sociales y medioambientales es el callejón sin salida en el que prosperan la extrema derecha y las políticas neoliberales. ¿Cómo podemos superar esto y abordar juntos la emergencia social y climática? ¡Teniendo el coraje de enfrentarnos al capital!

Cada vez más franceses y francesas quieren comer alimentos de calidad, pero no pueden permitírselos. Cada vez más agricultores y agricultoras quieren cambiar su forma de producir adoptando prácticas agroecológicas, pero no cuentan con el apoyo suficiente para realizar esta costosa transición. Necesitamos aumentar los salarios y el valor del trabajo, revisar la distribución de las subvenciones y llevar a cabo una profunda revisión del modelo agrícola. Éstas son las cuestiones que debemos abordar si queremos que todo el mundo pueda vivir de su trabajo y comer alimentos de calidad producidos localmente."

(Laurence Marandola, portavoz de la Confédération paysanne ... Sophie Binet, secretaria general de la CGT ... Murielle Guilbert y Simon Duteil, coportavoces de Solidaires ... Benoît Teste, secretario general de la FSU ... Pierre Thomas, presidente del Modef. Viento Sur, 02/02/24)

2.2.24

El sistema agroalimentario puede ofrecer alimentos baratos porque en toda su cadena esconde costes ambientales, sociales y sanitarios por valor de 15 billones de dólares... los sistemas alimentarios seguirán generando un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la producción de alimentos será cada vez más vulnerable al cambio climático, y la probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos aumentará drásticamente... si transformamos el sistema alimentario" de cara a 2050, lLos sistemas alimentarios podrían convertirse en sumideros netos de carbono para 2040, lo que ayudaría a limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados para finales de siglo, protegería 1.400 millones de hectáreas adicionales de tierra, reduciría casi a la mitad el excedente de nitrógeno procedente de la agricultura y revertiría la pérdida de biodiversidad. Además, 400 millones de trabajadores agrícolas en todo el mundo podrían disfrutar de ingresos suficientes... con un coste del 0,2/0,4 por ciento del PIB mundial por año

 "El sistema agroalimentario puede ofrecer alimentos baratos porque en toda su cadena esconde costes ambientales, sociales y sanitarios. Una reciente investigación elaborada por economistas y científicos de la Comisión de Economía de los Sistemas Alimentarios (FSEC) ha logrado por primera vez cuantificar esta cifra: 15 billones de dólares anuales. 

Mientras los agricultores franceses bloquean las carreteras más importante del país y dan alas a una gran revuelta agraria europea (las organizaciones españolas anunciaron movilizaciones) por la pérdida de rentabilidad del sector, la Ciencia alerta cada vez con más evidencia científica que el problema es de fondo y que el modelo neoliberal globalizado de la alimentación está herido de muerte por sus impactos y que, por ende, necesita una urgente transformación.

Según este estudio, que ha contado con la colaboración del Instituto de Potsdam, la Universidad de Oxford y la London School of Economics, el "más ambicioso y completo sobre la economía de los sistemas alimentarios", según sus autores, el actual modelo de producción está "destruyendo más valor del que crea" debido a millonarios costes que están ocultos, entre ellos el cambio climático, la salud humana, la nutrición y los recursos naturales.

Estos costes, explican los investigadores, van a emerger tarde o temprano generando menos producción, alimentos más caros y muchísima más inseguridad alimentaria.

La única solución es virar cuanto antes hacia "un sistema alimentario mundial más sostenible", que en el largo plazo generaría más beneficios económicos, mejoraría la salud de la humanidad y aliviaría la crisis climática.

 El estudio recuerda que los sistemas alimentarios generan un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Si no se revierte esta tendencia, el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2,7 °C para finales de siglo, una temperatura que haría inviable la mayoría de las cosechas.

En este informe, los científicos lograron dimensionar los impactos de "dos posibles futuros para el sistema alimentario mundial hasta la fecha": el de las "tendencias actuales" y el de la "transformación del sistema alimentario" de cara a 2050.

En el primer escenario, incluso si los responsables políticos cumplen todos los compromisos firmados hasta el momento, "la inseguridad alimentaria seguirá dejando a 640 millones de personas (incluidos 121 millones de niños) con bajo peso en algunas partes del mundo, mientras que la obesidad aumentará un 70% a nivel mundial".

 Además, "los sistemas alimentarios seguirán generando un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la producción de alimentos será cada vez más vulnerable al cambio climático, y la probabilidad de que se produzcan fenómenos extremos aumentará drásticamente".

En el segundo escenario, la desnutrición podría erradicarse para 2050, con 174 millones menos de muertes prematuras. "Los sistemas alimentarios podrían convertirse en sumideros netos de carbono para 2040, lo que ayudaría a limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados para finales de siglo, protegería 1.400 millones de hectáreas adicionales de tierra, reduciría casi a la mitad el excedente de nitrógeno procedente de la agricultura y revertiría la pérdida de biodiversidad. Además, 400 millones de trabajadores agrícolas en todo el mundo podrían disfrutar de ingresos suficientes", explican estos científicos.

 Hermann Lotze-Campen, Comisionado de FSEC, detalla que esta transformación tendría un coste estimado en el equivalente de 0,2/0,4 por ciento del PIB mundial por año, un "monto pequeño" en comparación con los beneficios multimillonarios que podría traer.

"En lugar de hipotecar nuestro futuro y acumular costes crecientes que generen altos costes ocultos para la salud y el medio ambiente que tendremos que pagar en el futuro, los responsables de las políticas deben enfrentar el desafío del sistema alimentario de frente y realizar cambios que generarán enormes resultados a corto plazo. y beneficios a largo plazo a nivel mundial", explica Ottmar Edenhofer, copresidente de FSEC.

Para otros de los autores, Johan Rockström, del Instituto Potsdam, "el sistema alimentario mundial tiene en sus manos el futuro de la humanidad en la Tierra", según declaraciones a The Guardian. 

"Este análisis pone una primera cifra sobre las oportunidades económicas regionales y globales en la transformación de los sistemas alimentarios. Si bien no es fácil, la transformación es asequible a escala global y los costos acumulados en el futuro por no hacer nada plantean un riesgo económico considerable", advierte en la misma línea Steven Lord, científico del Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford.

Todos los investigadores coinciden que el "mayor desafío" de esta transición es su materialización política, pero aclaran que, lamentablemente, "la actual economía del sistema alimentario está rota sin posibilidad de reparación".

Al "florecer" los costes ocultos, alerta Rockström, la producción y la comercialización de alimentos se encarecerá, una situación que "tendría que manejarse con destreza política" para ayudar al mismo tiempo a agricultores y consumidores. 

La transición reconoce este científico tiene una complejidad mayúscula, pero la "inacción" para transformar el sistema alimentario nos lleva a un "camino extremadamente peligroso".                 (Andrés Actis, LPO, 31/01/2024)

20.9.23

Piquetes de agricultores en la Sierra de Gata: por un precio justo para la aceituna... “La aceituna se vende a un precio de 14€ el kilo, mientras que a las y los agricultores se les paga tan solo 50 céntimos”... piden, y con razón, un precio que ronda el 1,30€ por kilo... Las calles de Extremadura han sido testigo del descontento creciente. Las manifestaciones y movilizaciones se suceden, y aunque uno esperaría ecos resonantes en la prensa nacional, parece que hay un velo de silencio en torno al tema. La pregunta inmediata es: ¿por qué?

 "En el norte de Extremadura, el palpitar de la tierra se confunde con el de sus habitantes. Las manos que laboran, recogen y seleccionan la aceituna, la llamada “oro verde”, narran una historia de lucha y resistencia. Esas mismas manos, aparentemente invisibles para algunos medios de comunicación, se alzan en protesta, clamando por justicia y equidad en el negocio olivarero. En el epicentro de la polémica: el inquietante abismo entre lo que reciben las y los productores de aceituna y el costo que finalmente asume el consumidor.

Las calles de Extremadura han sido testigo del descontento creciente. Las manifestaciones y movilizaciones se suceden, y aunque uno esperaría ecos resonantes en la prensa nacional, parece que hay un velo de silencio en torno al tema. La pregunta inmediata es: ¿por qué?

Llevamos semanas movilizándonos para exigir un precio justo por la aceituna,” dice una voz en medio de la protesta. Sin embargo, la cobertura mediática es casi nula, y la sensación que prevalece es que se está escondiendo algo. Si el oro verde es tan valioso, ¿por qué se paga tan poco a quienes lo producen?

Y es que los números no mienten. Las y los productores piden, y con razón, un precio que ronda el 1,30€ por kilo. Parece justo, ¿no? Pero ahí no acaba el asunto. Algunos compradores ofrecen tarifas por debajo de ese monto, desplomando las expectativas de quienes esperaban un trato más equitativo.

EL ABISMO ENTRE EL PRODUCTOR Y EL CONSUMIDOR

Es cierto que el mercado tiene sus reglas, pero cuando el margen de beneficio se torna desorbitado, no podemos más que sospechar. Un paseo por los supermercados revela que la aceituna se vende a un precio que puede llegar hasta los 14€ el kilo. “La aceituna se vende a un precio de 14€ el kilo, mientras que a las y los agricultores se les paga tan solo 50 céntimos,” resalta una de las voces indignadas. La brecha es evidente y el beneficio que obtienen los intermediarios, inmoral.

En las aceras, piquetes informativos alzan la voz para desenmascarar esta injusticia. Información que, por alguna razón, no siempre llega a la mayoría. Los piquetes contrastan los precios que las y los productores reciben con los precios de venta al consumidor, poniendo en evidencia una estructura que parece favorecer únicamente a los intermediarios.

La carga laboral no es menor. Quienes trabajan en la recolección de la aceituna enfrentan jornadas extenuantes, que no siempre se ven recompensadas con un salario justo. Aunque el esfuerzo físico es evidente, la retribución es, en muchas ocasiones, indigna.

Las protestas en Extremadura no son un mero capricho. Son la manifestación palpable de una realidad que clama por ser atendida. Es hora de que las y los productores de aceituna reciban lo que justamente les corresponde. Es hora de que su trabajo, esencial para la economía regional, sea reconocido y valorado.

Al final del día, la lucha en Extremadura es más que una lucha por el precio de la aceituna. Es un grito de resistencia contra un sistema que parece favorecer a unos pocos, dejando a las y los verdaderos productores en un segundo plano. Es, en definitiva, un llamado a la equidad y a la justicia en un sector que es vital para la región.

El “oro verde” de Extremadura merece ser tratado con el respeto que implica su nombre. Es hora de que las y los productores, las verdaderas raíces de este negocio, sean reconocidos y retribuidos de forma justa. Porque sin ellos, sin su trabajo y dedicación, el oro verde no sería más que una ilusión."                (Javier F. Ferrero, Contrainformación, 20/09/23)

14.9.23

No solo es sequía, también es especulación: Facua culpa a los supermercados del precio del aceite... La misma marca de aceite puede llegar a costar hasta un 45% más en distintos supermercados... esta diferencia de precios entre supermercados revela que la especulación está detrás de parte del encarecimiento del aceite... mientras, el fondo buitre Beka Finance se está haciendo de oro con el aceite de oliva a 10 euros el litro. Su presidente de honor es Miguel Arias Cañete, ministro de agricultura con el PP de Aznar y de Rajoy. Nos mean en la cara (Fonsi Loaiza)

 "La misma marca de aceite puede llegar a costar hasta un 45% más en distintos supermercados, una diferencia que puede suponer hasta cuatro euros por litro. Un estudio realizado por la organización de consumidores Facua realizado sobre 50 marcas y ocho grandes cadenas de supermercados concluye que las subidas no son “únicamente consecuencia de las malas cosechas de aceituna, sino también de la especulación”.

En el caso de la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra (AOVE), la diferencia entre diferentes marcas y establecimientos llega a un máximo del 68,1%: un litro de AOVE puede llegar a costar hasta 5,31 euros más en función del supermercado y la marca elegida.

Desde esta organización que engloba a más de 200.000 consumidores recuerdan que podría tratarse de “prácticas sancionables” ya que el Real Decreto por el que se aprobó la rebaja del IVA del 10% al 5% prohíbe desde enero subidas de precio que nos sean consecuencia de incrementos de costes.

Bajando a la tienda, la misma botella de litro de AOVE 100% Picual de Carbonel cuesta 8,86 euros en Alcampo y 12,85 euros en Carrefour.

Según el estudio realizado por Facua, el precio medio del litro de AOVE en botella de plástico se sitúa hoy en 9,67 euros, mientras que la garrafa de cinco litros tiene un precio medio de 44,35 euros, unos 8,87 euros el litro. Desde agosto del año pasado el aceite se ha encarecido un 52%.

Aunque la caída de la producción de aceitunas es la principal causa de esta escalada, desde Facua apuntan a la responsabilidad de las grandes tiendas y también a la del Gobierno, que debe llevar a cabo “un mayor control de la cadenas de distribución u otros intermediarios a la hora de aplicar margen de beneficio a estos productos”. 

Esta organización también recuerda que el Ejecutivo tiene margen para fijar precios máximos o topar los márgenes de comercialización. Entre los supuestos que permiten al Gobierno fijar topes de precios, se incluyen situaciones que afecten a productos de primera necesidad, como es el caso del aceite de oliva."                (El Salto, 13/09/23)

 

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

El fondo buitre Beka Finance se está haciendo de oro con el aceite de oliva a 10 euros el litro. Su presidente de honor es Miguel Arias Cañete, ministro de agricultura con el PP de Aznar y de Rajoy. Nos mean en la cara.

7:15 p. m. · 10 sept. 2023 728,1 mil Reproducciones

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 "El fondo de capital riesgo que se está haciendo de oro con el aceite de oliva a 10 euros el litro. Beka Finance va a conseguir rentabilidades con este vehículo cercanas al 20% anual para sus clientes de banca privada.

 El consumidor no sale de su asombro. El aceite de oliva virgen extra (AOVE) ha superado en muchos supermercados los 10 euros por litro. Algo impensable hace dos años. Este encarecimiento tiene su origen en una drástica caída de la producción debido a la pertinaz sequía, lo que ha arruinado a muchos agricultores y cooperativas. Pero no a todos. Una gestora de activos española, Beka Finance, lanzó en 2020 un fondo de capital riesgo especializado en la inversión en plantaciones de olivos con los más modernos sistemas de producción. Al utilizar técnicas agronómicas, su producción apenas se ha visto afectada y están facturando más que nunca. Los clientes de banca privada que pudieron acceder a este producto (con un mínimo de inversión de 100.000 euros) van a poder conseguir rentabilidades del 20% anual.

Fernando de la Vega, uno de los máximos responsables de ventas de Beka Finance, reconoce que la inversión en olivares ni siquiera era la idea original. “En 2019 veíamos que los tipos de interés seguían muy bajos, que había mucho interés por inversiones alternativas a los bonos y la Bolsa, y que había una burbuja en los tradicionales fondos de capital riesgo, por eso empezamos a buscar nuevas opciones para nuestros clientes”.

Pensaron en lanzar un fondo especializado en la compra de hoteles pero, con la pandemia desecharon la idea y empezaron a valorar la opción de entrar en el llamado agribusiness: la inversión en el sector primario pero con criterios financieros muy avanzados. En ese momento fue cuando conocieron al socio ideal para este proyecto.

Bolschare era una compañía familiar portuguesa que llevaba ya años plantando olivos con una técnica que iba a revolucionar por completo este tipo de plantaciones: en lugar de disponer los árboles aislados unos de otros y a 10 metros de separación, como era la forma tradicional, empezaron a plantar olivos en largas hileras, mucho más juntos, y a podarlos para que no llegaran a superar los tres metros de altura. Además, en todos estos setos se instaló un preciso sistema de riego por goteo. Gracias a la cercanía del embalse de la Alqueva (en el Alentejo portugués), el agua estaba garantizada. Algo fundamental en tiempos de cambio climático y sequías cada vez más frecuentes.

Esta técnica permite pasar de 300 olivos por hectárea a casi 2.000 árboles por hectárea y multiplicar la productividad. Además, al estar alineados y con poca altura, la técnica de recolección no es manual, sino con tractores que pasan por encima de los setos y cosechan a toda velocidad. La monitorización de la salud de la plantación se hace con drones.

“La idea de negocio era buena. Nos aliamos con Bolschare como socio industrial para lanzar Beka & Bolschare Iberian Agribusiness Fund y hoy ya hemos invertido más de 50 millones a través del fondo y la sociedad de capital riesgo vinculada al proyecto”, explica De la Vega. La cifra se podría duplicar en unos meses si prospera un acuerdo con el Instituo de Crédito Oficial (ICO).

El fondo es ahora dueño de unas 1.300 hectáreas de cultivos en Portugal (sobre todo olivar) y otras 1.500 hectáreas en Talavera de la Reina (Toledo), que van a estar dedicadas sobre todo a la producción de almendra.

 Los cálculos iniciales apuntaban a una rentabilidad media anual de entre el 11% y el 13%, durante los 10 años de vida que suelen tener este tipo de proyectos. Pero el encarecimiento del aceite de oliva lo ha cambiado todo. 

(...)“En nuestras fincas del Alentejo, donde tenemos garantizados los derechos de riego gracias al embalse de la Alqueva, que ha dinamizado toda la comarca, no hemos sufrido casi nada por la sequía. La producción cae ligeramente por las altas temperaturas, pero se está vendiendo el kilo de aceite en almazara a casi ocho euros, lo que triplica el precio medio de los últimos 20 años”, apunta De la Vega. En este escenario, Beka Finance quiere seguir creciendo con su apuesta por el agribusiness y seguir comprando fincas en España y Portugal.

¿Y qué se puede esperar para los próximos meses? Pues, buenas noticias para los inversores y malas para los consumidores. Desde la gestora barajan tres escenarios. En el más prudente, que el precio baje a final de años a 7 euros el kilo (estaría en parte motivado por la caída de la demanda); un escenario central en 9 euros el kilo, y un escenario agresivo a 12 euros el kilo, en el que el oro verde sería cada vez más dorado."                     (Miguel Moreno, Cinco Días, 10/09/23)