Los traslados forzosos acordados por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial... Jueces para la Democracia relaciona la expulsión de Villares con "presiones políticas y empresariales". La asociación denuncia que apartar a la mitad de la Sección Terceira sin consulta previa ni motivación suficiente pone en riesgo la inamovilidad e independencia judicial garantizadas por la Constitución... El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años... La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes (Manuel Vilas López)

"La sección territorial gallega de Xuíces e Xuízas para a Democracia ha publicado un contundente comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" por los traslados forzosos acordados el 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La asociación considera que la medida, que afecta a cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial, y advierte de que "no es descartable que la ciudadanía piense que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido".

 Jueces y Jueces por la Democracia (JJpD) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces y magistrados de España. Fundada en 1984, se define como una organización civil progresista surgida tras la escisión de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). A pesar de ser la tercera asociación en número de miembros (aproximadamente entre el 8% y el 10% de la carrera judicial), cuenta con una importante representación en órganos como el Consejo General de la Magistratura (CGPJ).

 El colectivo subraya que lo ocurrido es inusual tanto en su forma como en su alcance. El procedimiento habitual cuando se reorganizan secciones es el concurso interno voluntario entre magistrados, con consultas previas a los presidentes de sección y a los propios afectados. En este caso, sin embargo, cuatro magistrados han sido reubicados de golpe, sin audiencia previa y sin que ninguno de ellos cuente con experiencia en las materias que deberán asumir. "Ninguno de los cuatro trasladados tiene experiencia previa en esta sala en las concretas materias que les son encomendadas", señala el comunicado, augurando una "evidente disfuncionalidad" en ambas secciones durante los primeros meses.

 MOTIVACIONES QUE NO CONVENCEN

Xuíces e Xuízas para a Democracia pone también el foco en la debilidad de los argumentos esgrimidos por la presidencia de la sala para justificar los traslados. Las resoluciones apelan a facultades gubernativas de carácter organizativo, pero la ley exige que ese tipo de decisiones se apoyen en criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno. El comunicado señala que no consta que tales criterios hayan sido aprobados ni publicados. A falta de esa base, los acuerdos recurren a fórmulas genéricas como "crecimiento profesional" u "oportunidades en la carrera" de los magistrados afectados, argumentos que la asociación considera incompatibles con el efecto real que la medida va a producir.

 En el caso concreto del magistrado Luis Villares —el más mediático de los trasladados, por su pasado como líder de En Marea y diputado en el Parlamento galego— la presidenta añade como motivo la necesidad de "salvaguardar la imagen de imparcialidad" de la sala, en referencia a varias recusaciones que el Tribunal Supremo acogió en causas relacionadas con el Cunqueiro. Para Xuíces e Xuízas para a Democracia, extender a toda una sección lo que se analizó respecto a un asunto concreto carece de justificación.

 PRESIÓN POLÍTICA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años. Responsables políticos y empresariales cuestionaron públicamente no solo las resoluciones de la sala, sino la profesionalidad de sus integrantes, al margen de los canales legalmente previstos para recurrir las sentencias. Tanto la propia Sección Territorial de Xuíces e Xuízas para a Democracia como la Sala de Gobierno del TSXG tuvieron que salir en más de una ocasión a reclamar respeto hacia el trabajo de esos magistrados.

 Ese contexto es clave para entender la polémica que genera ahora el traslado. La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes.

 INAMOVILIDAD E INDEPENDENCIA, EN JUEGO

La asociación sostiene que el traslado forzoso y colectivo de la mitad de los miembros de la Sección Terceira puede vulnerar dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, consagrado en el artículo 24.2, y la inamovilidad e independencia judicial del artículo 117.1. "Este movimiento puede socavar la actuación independiente de los miembros del tribunal, al resultar intimidados por la amenaza de traslados forzosos y otras represalias por el ejercicio de la función que tienen encomendada constitucionalmente", advierte el texto.

 El comunicado concluye con un doble llamamiento: a los órganos gubernativos del poder judicial, para que ejerzan sus facultades "con cuidado y prudencia"; y a la ciudadanía y a la comunidad jurídica, trasladándoles el apoyo explícito a los magistrados que desempeñaron su labor "en circunstancias especialmente complicadas y en un contexto de reiteradas presiones". 

 La nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio González, que tomó posesión el 6 de marzo tras imponerse al propio Villares en la competición por el cargo, no ha hecho declaraciones públicas más allá de lo recogido en las resoluciones. La Xunta de Galicia y la patronal eólica tampoco se han pronunciado oficialmente sobre la reorganización."

(Manuel Vilas López , Galicia Press, 25/03/26)

Elecciones en Castilla y León: la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región... Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza ( Víctor de la Fuente)

"León y especialmente Castilla han vuelto a hacer lo que mejor saben, como remarcaba Azorín en sus versos sobre esta tierra, busca frenar el tiempo, perpetuar lo momentáneo. “Del pasado dichoso sólo podemos conservar el recuerdo; es decir, la fragancia del vaso”. El bipartidismo sale reforzado en todas sus expresiones, zonas rurales y urbanas, renta y edad apenas permiten distinguir entre los dos grandes partidos que dominan en todas las franjas. Tras estas elecciones el Partido Popular cumplirá más de cuarenta años gobernando ininterrumpidamente.

Es una demostración vigente de eso que llamamos hegemonía. Que no es sino la capacidad de una clase social para generar consenso en torno a sus propias ideas e intereses. Haciendo de sus intereses particulares un marco común para gran parte de la sociedad que los asume como propios. La conjugación armada entre la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región más extensa de todo el Estado español y la tercera de Europa.

Sobre estos pilares sociales se levantará un nuevo gobierno del Partido Popular y Vox. Un terreno en disputa donde Vox ha encontrado un anclaje fuerte. Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza. Municipios que concentran una parte importante de población y donde la disputa con el PP es más abierta que en los municipios muy pequeños, los de menos de 500 habitantes que son la mayoría (1.800 de 2.246) en toda la comunidad.
El alcalde de Soria sale triunfante

A pesar de la victoria de la derecha, uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido el cuatro veces alcalde de Soria, Carlos Martínez. Este ha conseguido romper la tendencia de caída abrupta que venía sufriendo el PSOE. Acercándose a uno de los mejores resultados de los socialistas en Castilla y León. Si bien la diferencia de votos del PSOE respecto al PP se amplía comparado con las anteriores elecciones de 2022, la buena campaña de los socialistas, el papel de su candidato y la absorción de las candidaturas de IU y de Podemos a su izquierda, le han permitido alcanzar un buen resultado.

Posiblemente el “No a la guerra” de Sánchez y la ayuda siempre inestimable del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, han ayudado a los socialistas. Pero haríamos mal en exagerar y sacar conclusiones apresuradas de los efectos de estos movimientos, más aún en una región profundamente viciada por la dinámica social y política propia, una tierra obsesionada con que los tiempos no corran demasiado rápido.

El leonesismo sigue vivo, sin embargo no se cumplieron las expectativas marcadas por las encuestas. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se asienta como tercera fuerza en la provincia de León tras un empate casi perfecto del PSOE y el PP. Reafirma así una realidad que a pesar de los esfuerzos propagandísticos de la Junta no deja de salir a la luz, la inoperancia de una identidad autonómica artificial que no es reconocida por una parte importante de la sociedad.
No basta con que todo arda

Una de las paradojas de esta jornada electoral la reflejan las cenizas de los incendios del pasado verano. Una oleada de llamas histórica que arrasó parajes naturales únicos, bosques y pueblos reducidos a cenizas tras días de llamas como expresión más visible del cambio climático. Sin embargo, este desastre que arrasa en horas lo que tardó décadas e incluso siglos en levantarse, no es suficiente para remover la hegemonía conservadora que entierra sus raíces a gran profundidad. La realidad es mucho más compleja que esperar a que cuando se posen las cenizas es suficiente con llegar y esperar recoger los restos del desastre bajo los cabreos y la indignación del vecindario.

Zamora es posiblemente el mejor ejemplo de ello. Es la provincia más afectada por los incendios en los últimos años y una de las regiones que más sufre la despoblación y la pobreza estructural en toda Europa. Sin embargo, el Partido Popular continúa siendo la fuerza política dominante en la provincia. Mañueco no es querido, pero garantiza un mínimo suficiente como para no arriesgarse a cualquier tipo de cambio. El PSOE no recoge en la mayor parte de estas comarcas el impacto de los incendios. Mucho menos se benefician las opciones a su izquierda, quienes han insistido en el desmantelamiento de unos servicios públicos casi inexistentes en las zonas rurales, quienes vienen denunciando la destrucción de los servicios de extinción de incendios y hablando de ecologismo y cambio climático, desaparecen completamente de Castilla y León.

Para una tierra como esta diez años no son nada. Un tiempo demasiado corto para un lugar donde el tiempo pasa tan despacio. Sin embargo, esta década ha sido suficiente para que Podemos pierda 150.000 votos, que son la diferencia entre su resultado en 2015 y los recientes comicios. Lo mínimo exigible sería una reflexión profunda sobre el principal hito de la izquierda parlamentaria en esta franja de tiempo. ¿Qué ha mejorado la presencia de Podemos e Izquierda Unida en un gobierno supeditado al PSOE? Lo cierto es que la respuesta a las dos grandes disyuntivas de esta pregunta tienen un mismo resultado: en nada.


Ni los grandes problemas que asolan a la clase trabajadora han vivido algún viso de mejora, principalmente en el terreno de la asequibilidad (el aumento de la pobreza, la escalada especulativa de la vivienda y la degradación de los servicios públicos). Ni la izquierda se ha visto reforzada política y socialmente por su participación en el cogobierno. Los resultados electorales son una prueba nítida de ello. El desastre electoral sólo refleja la descomposición política de un proyecto cuya única propuesta es replicar el cogobierno estatal, asentado sobre el miedo a la extrema derecha e incapaz de afrontar al menos las consecuencias, no digamos ya las causas, de los grandes conflictos estructurales que atravesamos.

El problema central no es de simple aritmética electoral, ni lo resolverá la demoscopia, sino de claridad política. Es necesario abrir un debate entre todas aquellas personas, colectivos sociales, sindicales y políticos que se sitúen a este lado de la necesidad de una ruptura con el capitalismo. Romper con la vorágine de derrota y descomposición provincia a provincia, comarca a comarca, tanto en León como en Castilla para superar la tendencia al folclorismo y la resignación. Una vía que nacerá inevitablemente como pequeña pero que sitúe al menos la necesidad y posibilidad de una alternativa política a un progresismo en descomposición. Un debate que debemos alimentar, que sitúe la iniciativa como una posibilidad real en el marco de la lucha de clases que se desarrolla cotidianamente tanto en Castilla, como en León y que reconozca el derecho democrático a articularse. Será sin prisa, no hay otra forma, pero marcando un horizonte claro en esta tierra tan ancha."

(Víctor de la Fuente , El Salto, 16/03/26)

Auge y caída de los Pocholos, el grupo al que Ayuso confió un presupuesto de 7.000 millones... manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas por el poder en el PP madrileño... La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional... cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor... Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso... compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo... Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio (José Precedo)

 "Rasputín y sus discípulos, apodados 'los Pocholos', manejaron la Consejería de Educación y también una fundación pública que recibió seis millones del Gobierno autonómico durante casi tres años, hasta que resultaron vencidos en las luchas de poder del PP madrileño

El Gobierno de Ayuso dio siete contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los 'Pocholos'

Los elementos folclóricos de la trama pueden despistar. Un dramaturgo amateur con tesis supremacistas y nostalgia del imperio español convertido en gurú de la presidenta de Madrid. Sus jóvenes pupilos, que gracias a su influencia, pasan de tocar el sacabuche o bailar en sus espectáculos a ser directores generales en la Comunidad de Madrid con sueldos de 100.000 euros. El apodo de 'los Pocholos' con el que alguien en el PP bautizó al grupo de Antonio Castillo Algarra, también conocido como Rasputín, uno de los asesores más poderosos durante años en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Pero la pregunta qué subyace a la mayor crisis del PP madrileño desde la caída de Cristina Cifuentes por su máster falso es en manos de quién han estado durante este mandato la Consejería de Educación, las universidades madrileñas y un presupuesto de 7.000 millones de euros cada año en Madrid. La respuesta corta es Emilio Viciana, un desconocido en el PP regional y también para la comunidad educativa, al que Ayuso hizo consejero en 2023 por recomendación de un asesor en la sombra y cuya carrera ha acabado de manera abrupta este lunes, destituido de forma fulminante sin ninguna explicación oficial.

Detalles pintorescos al margen, la principal consecuencia de su gestión es que la ley de universidades, uno de los proyectos estrella de la Comunidad de Madrid y que supuestamente se había estado elaborando en los últimos dos años, está muerta. Lo certificó el propio portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, este miércoles: “Tal y como está no va a salir”. Dos años perdidos en un contexto imposible para las seis universidades públicas de Madrid, a las que Ayuso -de eso no puede tener la culpa Viciana- ha asfixiado económicamente y en medio del avance de los centros privados que la propia presidenta se ha encargado de apadrinar.

El descontrol de la ley de universidades fue el último clavo en el ataúd de Viciana, pero las guerras de poder en el equipo de Ayuso habían empezado meses atrás. Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en la consejería y hoy presidente de la Asamblea de Madrid, y la actual responsable de Hacienda, Rocío Albert, alto cargo con Ossorio en el anterior gobierno, nunca perdonaron al consejero que llevase a la fiscalía la denuncia que le hizo llegar un constructor sobre corrupción en la construcción de centros de Formación Profesional. Una nueva trama en el entorno de Ayuso que destapó elDiario.es.

Ossorio y Albert, temían entonces y también ahora que el sumario -con varios imputados y evidencias del fraccionamiento de facturas y el amaño de contratos- les acabe salpicando. Ambos dirigentes están aforados y solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras la causa sigue escalando en el juzgado y las pruebas recopiladas apuntan a que semejante red de corrupción no pudieron urdirla a solas unos cuantos directores de instituto ni cargos intermedios como los que de momento están imputados.

Con una parte del núcleo duro de Ayuso enfrentado a Viciana por razones poco confesables y la ley estrella del Gobierno a medio hacer cuando ya ha transcurrido la mitad del mandato, la caída del consejero, el primero que destituye Ayuso en siete años, se precipitó este lunes. La cadena de dimisiones que sucedió a su cese evidenció el ingente poder que el clan de 'los Pocholos' había acumulado en la administración regional. Dos directores generales se fueron a las pocas horas: precisamente el responsable de Universidades, Nicolas Javier Casas y la de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Lera. El primero tocaba el trombón en la compañía de teatro de Castillo Algarra, el Rasputín de Ayuso, la segunda era la recepcionista de su academia de opositores, según adelantó El País.

El diputado que anunció el carrusel de dimisiones este martes en la Comisión de Educación de la Asamblea, Pablo Posse, ingeniero aeronáutico de formación, había hecho de regidor y microfonista en una obra de teatro de Algarra. Su compañera de escaño y de renuncia, Mónica Lavín, había sido actriz en la compañía y profesora en la academia. La tercera diputada que entregó el acta, Carlota Pasarón, pertenece también a ese mismo grupo.

Del clan de 'los Pocholos' también formaba parte la directora general de Juventud de la Comunidad, Laura Castilla, y el responsable de Enseñanzas Artísticas en la Consejería de Educación, Miguel Olive, que también fue bailarín en la compañía de Algarra. Estos dos no han dimitido de momento, pero en el Gobierno de Ayuso la mayoría los dan por amortizados.

Tras la reunión semanal del gabinete este miércoles, el portavoz Miguel Ángel García Martín, que intentó sin mucho éxito revestir la crisis de normalidad, no descartó nuevos ceses y pidió esperar a que la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, aterrizase en el puesto y conociese el equipo.

Así que de momento, lo que se sabe es que Castillo Algarra, alias Rasputín, había colocado en el Gobierno al consejero de Educación, a cuatro directores generales, además de tres diputados en el grupo parlamentario del PP y de garantizarse él mismo un asiento en el patronato del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, un organismo que Ayuso había creado a su medida y que ha recibido seis millones de euros de ayudas públicas en sus primeros tres años de vida.

Algarra renunció esta misma semana a su puesto y su despacho en la sede de los Teatros del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. Según su versión, dimitió el lunes, aunque el cese se conoció este miércoles. Varias fuentes confirman a elDiario.es que desde que supo de la destitución de Viciana, Algarra fue llamando uno a uno a todos sus discípulos, en el Gobierno y en el grupo parlamentario. “Tú verás lo que haces”, le dijo escuetamente a alguno de ellos, antes de colgar el teléfono. Mensajes parecidos recibieron los demás. El resultado es que cinco jóvenes sin apenas experiencia en política que habían visto lanzadas sus carreras en el PP madrileño con sueldos de entre 70.000 y 100.000 euros han dimitido obedeciendo las instrucciones de su mentor. Otros dos de momento intentan salvarse. Y en el partido cunde la sensación de que ese grupo bautizado con cierta inquina como 'los Pocholos' opera como una secta.

Una secta que acumuló mucho poder. Y un poder que le había dado Ayuso. Cómo si no, iban a acaparar puestos en el Gobierno y en el grupo parlamentario que la lideresa maneja con mano de hierro. La relación entre Rasputín y la presidenta empezó a fraguarse en la etapa en que todavía era candidata. En 2019 ya tienen alguna foto juntos. La dirigente acababa de recibir el encargo de Pablo Casado de ser cabeza de cartel en Madrid. Algarra empezó a asesorarla, le impartió lecciones de historia remasterizada por él que luego constituirían el corpus ideológico de su gobierno: la idea de la Hispanidad, que la Comunidad celebra la semana del 12 de octubre con inversiones millonarias, las diferencias entre la inmigración latinoamericana que es incluso recomendable y la de África, que no debe ser bienvenida, la preponderancia del castellano...

Algarra se ganó su confianza mientras echaba pestes contra algunas de las políticas de su antecesora, Cristina Cifuentes, especialmente por la ley trans y su programación cultural en los teatros. Revoloteó durante los primeros años de gobierno y se hizo imprescindible tras la mayoría absoluta de 2023. Cuentan algunas fuentes que compitió en influencia con Miguel Ángel Rodríguez y acabó perdiendo. Otros dirigentes aseguran que MAR siempre mandó más, pero que Algarra se hizo fuerte en áreas que al jefe de gabinete no le interesaban tanto: la educación y la cultura.

Rasputín, como se le conoce en el sector de la educación, ejercía en la sombra, sin despacho en el Gobierno ni cargos públicos, colocando a sus peones. Pese a ello logró armar una Consejería de Educación a su medida, con discípulos de su academia y colaboradores del teatro: jóvenes de familias bien, algunos muy formados académicamente, de ideología ultraconservadora pero sin experiencia política. A cambio de la lealtad, recibían puestos de privilegio, diputados con portavocía de área en la Asamblea General o directores generales con salarios que rondan los 100.000 euros.

Ese grupo de jóvenes, muy ideologizado, como demuestran algunas de sus intervenciones en la Asamblea de Madrid, no se limitaron a cobrar y a esperar su momento, querían mandar. Dirigentes que estuvieron sentados en reuniones con el consejero de Educación se quedaron estupefactos cuando vieron a uno de los diputados, Pablo Posse, el portavoz de área en la Asamblea, hablando en nombre de la consejería e interrumpiendo las explicaciones del propio Viciana.

El ascenso de 'los Pocholos' causó perplejidad en un sector del PP madrileño y la ascendencia de Rasputín incomodó a parte del Gobierno. Corrían anécdotas de cómo obligaba a algún viceconsejero de educación a ir a despachar con él a los Teatros del Canal de Isabel II, donde se había instalado, como codirector del Ballet Español, un capítulo al que llegaremos luego. En la consejería no se movía un papel sin que él lo tuviese controlado.

Se sabía, por ejemplo, que Rasputín estaba en contra del proyecto de educación bilingüe instaurado en la época de Esperanza Aguirre, pero no por las razones que invocaban los docentes, sino por su defensa del español y de las glorias pasadas del imperio.

Toda esa influencia empezó a mermar a raíz de un viaje de la presidenta a Florida con los rectores. Transmitieron a Ayuso que, diferencias ideológicas y financiación al margen, la ley estaba manga por hombro, que contenía errores graves y que parecía hecha por alguien sin relación con el mundo universitario. A la vuelta de vacaciones, la presidenta intervino de facto la consejería de Viciana. Colocó de viceconsejera a Mercedes Zarzalejo, una persona de su máxima confianza, que había sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, un pequeño pueblo de la región, y se había hecho famosa ya en la Asamblea de Madrid por un duro interrogatorio, repleto de bulos, a la esposa del presidente, Pedro Sánchez.

El portavoz del Gobierno, García Martín, intentó vender los cambios como un relevo normal en mitad de la legislatura. Para entonces, él mismo empezó a participar en algunas reuniones con los rectores, Zarzalejo y el propio Viciana. Fue cuando Ayuso constató que lo que decían los rectores era cierto y la ley no iba a salir. El consejero estuvo a punto de caer, según distintas fuentes, antes de navidad, pero la huelga masiva en las universidades madrileñas, le dio, paradójicamente, una bola extra: Ayuso no quería entregar su cabeza a los sindicatos.

Según fuentes que conocen cómo se fraguó el cese, la presidenta trasladó hace dos semanas a Viciana que su ley no iba a salir, y le pidió centrarse en un plan de financiación con el que salvar la cara mientras se multiplicaban las noticias sobre la asfixia de la universidad pública en Madrid. El contexto era adverso y el Gobierno tenía que responder en cada rueda de prensa sobre ello: a la Complutense le concedió la Comunidad de Madrid un crédito de 34 millones que deberá devolver con intereses y que le obligará a redoblar los recortes. Otros centros corren el riesgo de seguir el mismo camino.

Según las mismas fuentes, Viciana no se lo tomó bien. Y Algarra en su despacho de los Teatros del Canal todavía se lo tomó peor. Para pasmo de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, el pasado 6 de febrero, un viernes, a las cinco de la tarde, el anteproyecto de ley de universidades de Viciana apareció colgado en el portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Duró menos de una hora. Hasta que el gabinete de Ayuso exigió retirarlo sin avisar a Viciana. El pulso total había estallado. Viciana tardó poco más de una semana en caer. Este lunes 16 de febrero a media tarde fue destituido.

En su perfil de la red social X, Algarra, que no da entrevistas ni hace declaraciones pero comenta todas las noticias que se publican sobre él, intentó hacer ver que se trataba de una dimisión y que Viciana se había ido con la cabeza alta, “por coherencia”. En la Puerta del Sol el portavoz del Gobierno de Ayuso se limitó a citar el cese publicado en el BOE cuando los periodistas le preguntaron por la versión de Algarra. La presidenta lo más que ha dicho es que se ha ido “un funcionario honrado” mientras la oposición clamaba contra su gestión en la Asamblea de Madrid.

El martes se sucedieron las dimisiones en el Gobierno y el grupo parlamentario. En los casi tres años de gestión de 'los Pocholos' las polémicas se han multiplicado: desde las multas de hasta 100.000 euros por protestas a los campus que pretendían introducir en la ley hasta el mandato para que las universidades captasen un 30% del presupuesto de las empresas privadas. No está claro que todas las ideas fuesen suyas, hay quien ve la mano de Ayuso sobre ciertos artículos de la norma.

El encargo de la presidenta a la recién nombrada consejera, Mercedes Zarzalejo, otra soldado de Ayuso, es lograr un plan de financiación plurianual para presentar a las seis universidades públicas que están al borde del colapso. Para la famosa ley no hay fecha. Nadie se atreve a garantizar que vaya a estar lista antes de las autonómicas de 2027. Y está por ver si el cambio de caras implica un cambio de política en la educación madrileña en una región donde todo lo decide la presidenta madrileña. Miembros del Gobierno que conocen el conflicto aseguran que el error de Viciana fue desafiarla y ven la sombra de Miguel Ángel Rodríguez en la destitución. Pero el presupuesto y las líneas maestras las imponía Ayuso. Y está el caso de corrupción de la FP en el que no se puede culpar a Viciana, porque ahí el ya exconsejero ejerció de denunciante.

El fin de la era de 'los Pocholos' se notará también en la Consejería de Cultura y en la programación teatral. La Comunidad llegó a programar varias obras de la compañía de Rasputín, de ahí salen las fotos en las que caracterizado como un dios en su adaptación de la obra de Calderón El gran teatro del mundo. En total fueron 106.000 euros. Algarra, que no responde a las preguntas de los periodistas pero comenta todo en sus redes sociales, asegura que perdió dinero representando obras para la Comunidad de Madrid.

Luego está el asunto de la fundación creada a su medida para poner en marcha el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. España ya tenía un ballet nacional que depende del Instituto Nacional de Artes Escénicas, pero Rasputín convenció a Ayuso de que su Gobierno debía impulsar el suyo. Más guerra cultural. El primer espectáculo se estrenó, cómo no, el 12 de octubre de 2024: un programa doble compuesto por La Suite Española, de Albéniz y Epifanía de lo Flamenco. Su director artístico, Jesús Carmona, dimitió al poco tiempo sin dar muchas explicaciones.

Castillo Algarra se quedó al frente. Forma parte de la junta directiva de la fundación y también del patronato, donde colocó a otros miembros de 'los Pocholos', como el dimitido Viciana, el todavía director general de Enseñanzas Artísticas, Miguel Olite, y el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que ha ido multiplicando las subvenciones al organismo. En el primer año fueron 1,3 millones, el segundo, 2,3 millones y para este ejercicio se han presupuestado, 2,5 millones.

El Rasputín de Ayuso dimitió de todo esta semana y movió sus piezas para provocar una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario de la misma presidenta y amiga que lo convirtió en gurú. En la Comunidad sobreviven aún dos discípulos suyos, los únicos que han decidido desobedecerle. Dicen las malas lenguas, y esta semana hay muchas en el PP de Madrid, que por poco tiempo."

(José Precedo, eldiario.es, 21/02/26) 

Ernesto Ekaizer: El exdespacho de Montoro era “decisivo” para lograr las reformas favorables a las empresas gasístas... era el contacto con las `autoridades implicadas´ el factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”... La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta que supo que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico de Montoro. Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas. Montoro las propuso en el Consejo de Ministros. Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno... Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes

 “Según se deduciría de los correos y documentos, en ambas reformas legales [a favor de los intereses de las empresas gasísticas quedaría definido el reparto de roles, así como el desempeño real por el que sería retribuido EQUIPO ECONÓMICO, esto es, indiciariamente la mera presentación del resultado a las `autoridades implicadas´”.

“En coherencia con ello cabe llamar la atención sobre el hecho relativo a que las gasísticas, disponiendo de equipos de expertos y profesionales (que asisten a las reuniones con EQUIPO ECONÓMICO y con el MINISTERIO), son las que materialmente desarrollan los trabajos y estudios, elaboran/perfilan los datos e informes sobre las reformas legislativas. Ello en sí mismo pudiera hacer innecesario contratar al despacho investigado para una misma labor para la que las gasísticas que tienen medios más que suficientes (y que emplearon sin éxito su propia estructura de expertos fiscalistas para sus previos intentos fallidos de obtener las reformas legales)”.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

Informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Fiscalía Anticorrupción), 23 de enero 2026.

El juez Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona recibió el 19 de febrero de 2025 un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Dicho informe analizó 400 productos financieros relacionados con miembros de la consultora Equipo Económico fundada por Cristóbal Montoro, despacho que abandonó en 2008 y pasó, tres años más tarde, a finales de 2011, a ser ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy.

La UCO cifró en ese informe que la citada consultora había cobrado 673.500 euros por trabajos para conseguir reformas legislativas que solicitaba el sector gasísta español.

“La trazabilidad realizada no muestra una operativa diferenciada o destacable en relación con los fondos ingresados por las sociedades gasistas en comparación con otros abonos efectuados por distintas empresas. Gran parte de estas entradas tienen como destinos los socios de EE/GA [Equipo Económico] a través de transferencias directas…[que] fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos, gastos personales, sin que se haya identificado una derivación de estos fondos, todo ello con los datos analizados y expresados en el presente informe”, señala la UCO.

Este informe llegaba, en febrero de 2025, en un momento relevante de la acción del juez Rus, instructor de la causa desde 2018.

Todavía bajo el secreto de las actuaciones, el juez debía resolver sobre el levantamiento del secreto y la imputación a Montoro y a otras 27 personas.

El 12 de junio de 2025, el juez instructor dio orden de entregar el informe de la UCO y todas las cuentas bancarias examinadas por dicho cuerpo de policía judicial a los inspectores fiscales de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es decir, la Fiscalía Anticorrupción.

Un mes más tarde, a mediados de julio de 2025 ¡bum!, Rus levantó el secreto sumarial y dio traslado a las partes de gran parte del material.

Montoro y otras 27 personas, socios y ex socios de Equipo Económico, y clientes, eran imputadas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Cristóbal Montoro, por tanto, y nueve miembros del plantel de altos cargos del Ministerio de Hacienda, figuran entre los imputados.

Ahora, ocho meses después de que el juez instructor solicitara a los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción examinar aquello que a su turno había analizado la UCO, ha llegado el informe con fecha 23 de enero pasado.

Un informe que los inspectores definen todavía como preliminar habida cuenta de que no han tenido acceso a todas las cuentas bancarias que, en principio, debían estudiar (no han tenido acceso a las de dos fundadores del despacho de consultoría, como es el caso de Montoro y del exministro Luis de Guindos).

Los inspectores solicitan ahora al juez que intervenga para que se aporten esas cuentas.

Según el nuevo informe, la cantidad que habría pagado el sector gasísta para obtener dos reformas legislativas que favorecieron fiscalmente a dichas empresas ha ascendido a una cantidad superior a la que se había barajado.

Ya no son ni los 673.500 euros que señalaba la UCO en febrero de 2025, ni los 771.000 euros apuntados en el auto del juez Rus de mediados de julio de 2025.

Ahora son, entre 2011 y 2020, 991.613,76 euros.

La cantidad refleja los pagos por dos trajes a medida: dos reformas fiscales legislativas.

La patronal gasística no veía la luz del túnel en sus intentos para sacar adelante esas reformas hasta saber que el canal para lograrlas era, ¡eureka!, Equipo Económico.

Los miembros de esta consultora, en contacto con el equipo de Hacienda que trabajaba con Montoro, diseñó las reformas.

Montoro las propuso en el Consejo de Ministros.

Y Mariano Rajoy les dio el visto bueno.

Es curioso que el mismo material examinado no haya llamado la atención de la UCO en febrero de 2025, ahora, según el informe del pasado 23 de enero, despierta sospechas fundadas de la unidad tributaria en la Fiscalía Anticorrupción.

Según advierten, había un patrón de funcionamiento de los socios y exsocios de Equipo Económico, quienes se habrían servido de esos “fondos con trazas contaminadas” con una periodicidad mensual, “lo que presuntamente pudiera asemejarse más a una velada distribución de beneficios, no vinculada a su porcentaje societario, que a una eventual remuneración por una prestación efectiva”.

Aun así, y pese a "las limitaciones expuestas" [faltan las cuentas bancarias de Montoro] y "a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada” loe inspectores han localizado siete transferencias en las que Montoro "consta como destinatario en el concepto bancario" por valor de 137.358,16 euros.

Y también existen pagos a la mujer del exministro que se hicieron cuando ya no estaba vinculado al despacho por un total de 9.450,69 euros.

La unidad solicita, asimismo, el envío de comisiones rogatorias-petición de auxilio judicial-Alemania y a Luxemburgo para seguir la ruta del dinero transferido.

El informe desmonta uno de los puntos del argumentario que el PP ha distribuido en los medios de comunicación según el cual sería la ausencia de una legislación para regular la actividad de lobby -grupos de presión que representan intereses privados que intentan hacer prosperar sus intereses en el Congreso y en el Gobierno- lo que explicaría la actividad de Equipo Económico durante el gobierno de Rajoy con Montoro en Hacienda.

Según el informe, Equipo Económico ingresó 35,5 millones por sus gestiones y capacidad de entrada en el Ministerio de Hacienda de Montoro para satisfacer la necesidad legislativa de distintos lobbies o clientes.

“Por tanto, el despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las `autoridades implicadas´ como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”, señala el informe (página 167).

Ahora, el juez Rus tiene que afirmar, frente a las múltiples personaciones y recursos de reforma, su competencia para investigar la causa y citar a declarar a Montoro y los otros veintisiete imputados." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 15/02/26)  

A medida que los ingresos por cabildeo crecen a un ritmo récord, las empresas afines a Trump obtienen cantidades asombrosas de ingresos... Las empresas y los gobiernos extranjeros acudieron en masa a las firmas de cabildeo conectadas con Trump en medio de la confusión y la preocupación por qué importaciones y países se verían afectados por los aranceles. Como resultado, el número de clientes que contrataron cabilderos se triplicó... Para tener influencia, los cabilderos necesitan tener relaciones personales cercanas con el presidente y aquellos que le sirven... las empresas que vieron el mayor crecimiento interanual en los primeros tres trimestres tienen todos vínculos con Trump... Los temas con más cabilderos en los primeros tres trimestres de 2025 fueron el presupuesto federal y las asignaciones, los temas de salud y los impuestos ( Hien An Ngo)

 "Las firmas de cabildeo con estrechos vínculos con el presidente Donald Trump están obteniendo cantidades asombrosas de ingresos, y el gasto en K Street está creciendo al ritmo más rápido desde que el gobierno federal instituyó los requisitos de informes trimestrales en 2008.

Aunque los cambios en la administración alteran qué firmas de cabildeo atraen a más clientes, el segundo mandato de Trump ha introducido un crecimiento desmesurado entre las empresas que normalmente se quedan muy atrás de las firmas más rentables.

Los gastos de cabildeo de este año están creciendo al ritmo más rápido desde que comenzaron los informes trimestrales en 2008. Los primeros tres trimestres de 2025 vieron un aumento del 13.1 por ciento en el gasto de cabildeo en comparación con 2024. Ajustado por inflación, el crecimiento interanual para los primeros tres trimestres fue del 7.7 por ciento.

Aunque el cabildeo del tercer trimestre tiende a ser más tranquilo debido al receso de agosto del Congreso, el tercer trimestre de 2025 vio un aumento del 11.8 por ciento en el gasto no ajustado en comparación con 2024, el mayor aumento desde 2009.

En total, los primeros nueve meses de 2025 vieron $3.8 mil millones en gastos de cabildeo. Durante el mismo período en 2024, el gasto en cabildeo ascendió a $3.3 mil millones.

Los aumentos récord en el gasto han coincidido con los cambios drásticos de Trump en las políticas y las instituciones gubernamentales.
Principales firmas de cabildeo

El segundo mandato de Trump ha estado marcado por el crecimiento explosivo de las firmas de cabildeo que tienen estrechos vínculos con el presidente. Liderando el grupo está Ballard Partners,

Ballard destronó a la anterior firma de cabildeo más rentable, Brownstein, Hyatt, una vez que se actualizaron los números acumulados hasta la fecha con las ganancias del tercer trimestre. Ballard ha recibido $59.5 millones por servicios de cabildeo en 2025, en comparación con los $54 millones del antiguo rey del cabildeo. Brownstein, Hyatt había ganado más ingresos cada año desde 2021 hasta 2024.

En el tercer trimestre del año pasado, Ballard Partners ingresó $4.7 millones y ocupó el puesto 16. Este año, ganó más de cinco veces esa cantidad, obteniendo 5 millones solo en el tercer trimestre.

El fundador de la firma, Brian Ballard, fue presidente del PAC de Victoria de Trump en 2016 y 2017. Durante el mandato del presidente Joe Biden, Ballard mantuvo una relación cercana con Trump mientras su firma de cabildeo perdió casi una docena de clientes en menos de un año de administración. En los primeros tres trimestres desde que Trump volvió al cargo, la firma ganó 135 clientes, casi duplicando su lista.

Varios exlobbistas de Ballard Partners ahora se desempeñan en la Casa Blanca como altos funcionarios, incluyendo a la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles y a la Fiscal General Pam Bondi.

Ballard Partners no es la única firma que se beneficia de la nueva administración. Entre los 20 principales ganadores del tercer trimestre, las empresas que vieron el mayor crecimiento interanual en los primeros tres trimestres tienen todos vínculos con Trump.

BGR Group, que reportó $51.4 millones en ingresos por cabildeo para los primeros tres trimestres de 2025, emplea al exasesor de la campaña de Trump David Urban y anteriormente empleó al Secretario de Transporte Sean Duffy. La firma terminó el tercer trimestre con el segundo mayor ingreso entre todas las firmas. El año pasado, tuvo el quinto mayor ingreso en el tercer trimestre.
Los ingresos de Miller Strategies en los primeros nueve meses se cuadruplicaron entre 2024 y 2025. La firma está dirigida por Jeff Miller, quien fue presidente de finanzas en el segundo comité inaugural de Trump. La firma ocupó el puesto 36 en el tercer trimestre del año pasado en términos de ingresos. Este año, terminó en quinto lugar.
Dirigida por el exasesor de Trump Carlos Trujillo, Continental Strategy ha multiplicado sus ingresos por más de 22 veces en los primeros tres trimestres de 2025 en comparación con el mismo período en 2024. Reportó 8.2 millones en ingresos en los primeros nueve meses de 2025, un salto asombroso en comparación con el mismo período del año pasado, cuando obtuvo alrededor de $800,000.
Una firma prácticamente nueva, Checkmate Government Relations, que reportó su primer trimestre de ingresos a finales de 2024, ha tenido un ascenso meteórico en Washington. La firma está dirigida por Ches McDowell, un compañero de caza de Donald Trump Jr.
Mercury Public Affairs, donde Wiles anteriormente se desempeñó como copresidente, reportó un total de 9.1 millones en ingresos en los primeros tres trimestres de 2025, más del doble de lo que ganó en el mismo período del año pasado.

Principales problemas

Las empresas y los gobiernos extranjeros acudieron en masa a las firmas de cabildeo conectadas con Trump en medio de la confusión y la preocupación por qué importaciones y países se verían afectados por los aranceles. Como resultado, el número de clientes que contrataron cabilderos para abordar la política arancelaria se triplicó más de tres veces entre los primeros tres trimestres de 2024 y 2025, alcanzando los 342.

Los cabilderos han dicho que las estrategias para influir en la política comercial han cambiado desde la primera administración de Trump. Para tener influencia, los cabilderos necesitan tener relaciones personales cercanas con el presidente y aquellos que le sirven. Brian Ballard atribuyó el crecimiento de su firma a la atracción de clientes preocupados por los aranceles.

Junto con los aranceles, el cabildeo comercial también ha visto un aumento en el número de clientes, con un incremento del 40 por ciento en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 1,570. El comercio también fue el quinto tema más cabildeado de Q1 a Q3 en 2025.

Los temas con más cabilderos en los primeros tres trimestres de 2025 fueron el presupuesto federal y las asignaciones, los temas de salud y los impuestos.
Principales industrias

La industria de la salud miscelánea, que incluye organizaciones de salud que no son profesionales de la salud, servicios de salud y organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) o productos farmacéuticos, más que duplicó su gasto en cabildeo en los primeros tres trimestres de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado. Los recortes de la administración Trump a Medicaid y una posible interrupción en la financiación de la Ley de Cuidado Asequible han impulsado una mayor actividad de cabildeo. En los primeros nueve meses de 2025, la industria gastó 13.8 millones de dólares en cabildeo.

El mayor gastador de la industria fue Kidney Care Partners, que gastó $945,000. Los grupos que representa la organización incluyen proveedores de diálisis y compañías farmacéuticas. En 2025, han contratado cabilderos para consultar sobre cuestiones de Medicaid y Medicare y otros temas de salud.

El cabildeo en la política de educación pública ha provenido principalmente de grupos de defensa de la "elección de escuelas", seguido por organizaciones enfocadas en fortalecer o reformar las escuelas públicas. La industria gastó $902,000 en los primeros nueve meses, un aumento del 97 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Invest in Education Policy, una organización conservadora que trabaja para promover la elección escolar, fue el mayor gastador en política de educación pública. El grupo gastó $500,000 para hacer lobby por la Ley de Elección Educativa para Niños de 2025 y la One Big Beautiful Bill. La Ley de Elección Educativa para Niños fue incluida en el paquete OBBB de Trump aprobado a principios de este año. Proporcionará un crédito fiscal para generar dinero para los gastos educativos de las familias, incluyendo la matrícula de escuelas privadas.

Las industrias que más gastaron en cabildeo en los primeros nueve meses de este año son la industria de productos farmacéuticos y de salud, la industria de fabricación y equipos electrónicos, y la industria de valores e inversiones, que gastaron $341.3 millones, 26.3 millones y 36.4 millones, respectivamente." 

( Hien An Ngo , Scheer Post, 21/11/25, traducción Quillbot, fuente OpenSecrets)

Jordi Pujol es el primero en saber que en el juicio que hoy comienza está en juego la última oportunidad de salvar su lugar en la historia... Su confesión generó un profundo sentimiento de estafa moral e intelectual entre cientos de miles de catalanes... aquel día se rompió uno de los grandes espejos en los que una parte de Cataluña se había mirado durante décadas. Y el espejo sigue roto... Mientras basaba su liderazgo en un discurso de principios y valores, mantuvo durante más de 30 años fondos ocultos y de origen ilícito... lo que está en juego en el juicio es qué hay de cierto y qué hay de falso en aquella versión exculpatoria que abrazó el pujolismo: la de unos hijos díscolos y un padre entregado al país, a la patria. Un líder que confesaba, para defender a la familia, ser el único responsable de la fortuna escondida en el extranjero. Pero, al hacerlo, provocaba una inmensa crisis entre los cientos de miles de catalanes de diversas generaciones que habían otorgado a Jordi Pujol un liderazgo moral. Primero fue un sentimiento de vacío, de desconcierto. Y muchos intentaron superar aquella orfandad con la utopía de la independencia... hay un segundo momento clave, la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, la sucesión de preguntas y la falta de respuestas resultaron demoledoras. Configuraron un retrato del pujolismo, de un régimen clientelar en torno al clan familiar que lleva su nombre... Marta Ferrusola proclamó que “Catalunya no se merece” una comisión de investigación como la del Parlament. Su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, mantuvo un tono desafiante ante los parlamentarios. Los tres —padre, esposa e hijo— reflejaban la Cataluña que el clan Pujol consideró su patrimonioFue una nueva escenificación del hundimiento de la era en la que el expresidente de la Generalitat y su partido mantuvieron la hegemonía política en Cataluña... Y no es solo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios: de políticos, de empresarios que pagaban, y de la prensa que calló. Complicidades y silencios que solo se explicaban en un país aún sumergido en los viejos hábitos del franquismo; en una Cataluña y una España donde perduraban (¿y perduran?) los caciques... La Cataluña que creyó en Jordi Pujol y en su obra política, CDC, necesitó primero hacer una catarsis, que en buena parte explica el Procés. Y aún tiene pendiente recomponer el espejo roto y abrir un profundo proceso de regeneración para evitar que aquel legado derive hacia planteamientos de extrema derecha, en los que, conviene insistir, Jordi Pujol nunca participó (Josep Carles Rius)

 "Jordi Pujol es el primero en saber que en el juicio que hoy (24 de noviembre de 2025) comienza en la Audiencia Nacional está en juego la última oportunidad de salvar su lugar en la historia. Su legado. Su confesión (25 de julio de 2014) generó un profundo sentimiento de estafa moral e intelectual entre cientos de miles de catalanes. Mientras escribía el principal relato político de la Cataluña contemporánea, Jordi Pujol y su familia mantenían importantes fondos en paraísos fiscales. Mientras basaba su liderazgo en un discurso de principios y valores, mantuvo durante más de 30 años fondos ocultos y de origen ilícito.

Entonces, Jordi Pujol se dirigió “a quienes se han sentido defraudados en su confianza”, y habló de “dolor” mientras pedía perdón. Pero aquel día se rompió uno de los grandes espejos en los que una parte de Cataluña se había mirado durante décadas. Y el espejo sigue roto. En el fondo, lo que está en juego en el juicio es qué hay de cierto y qué hay de falso en aquella versión exculpatoria que abrazó el pujolismo: la de unos hijos díscolos y un padre entregado al país, a la patria. Un líder que confesaba, para defender a la familia, ser el único responsable de la fortuna escondida en el extranjero. Pero, al hacerlo, provocaba una inmensa crisis entre los cientos de miles de catalanes de diversas generaciones que habían otorgado a Jordi Pujol un liderazgo moral. Primero fue un sentimiento de vacío, de desconcierto. Y muchos intentaron superar aquella orfandad con la utopía de la independencia.

El entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se apresuró a decir que era un tema familiar que nada tenía que ver con Convergència Democràtica de Catalunya, el partido-movimiento creado por Jordi Pujol en 1978. Pero Mas sabía perfectamente que no era así. Pujol era el gran referente del partido y, especialmente, de su base social. La confesión fue un golpe letal para Convergència, que se vio obligada a cambiar de nombre en dos ocasiones: del PDECat a Junts.

El primer “juicio político”

En esta historia hay un segundo momento clave: la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament, en febrero de 2015, ante la comisión de investigación creada por el caso que llevaba su nombre. Fue una nueva escenificación del hundimiento de la era en la que el expresidente de la Generalitat y su partido mantuvieron la hegemonía política en Cataluña. Jordi Pujol menospreció al Parlament —y al país que tanto había utilizado como bandera— con sus silencios y con sus expresiones (“Dicen, dicen, dicen…”). Pero la sucesión de preguntas y la falta de respuestas resultaron demoledoras. Configuraron un retrato del pujolismo, de un régimen clientelar en torno al clan familiar que lleva su nombre.

La estrategia de la familia en aquel momento era remitirse a los tribunales, pero lo que se dirimía en aquella comisión de investigación del fraude fiscal, conocida como Comisión Pujol, era la responsabilidad política. Y en el Parlament se celebró un juicio a una época, un juicio político. No jurídico y, por tanto, no pendiente de sentencias ni de recursos. Aquello que ahora sí, 10 años después, llega a la Audiencia Nacional.

Sobre las intervenciones en aquella comisión pesaban como una losa los intentos de refundación, de soltar lastre, del mundo convergente. La familia Pujol se sentía abandonada. Jordi Pujol lo verbalizó: “Suponiendo que mi partido me hubiera abandonado —que no le digo ni que sí ni que no—, no me siento nada abandonado por mucha, mucha gente”. Marta Ferrusola fue más lejos y proclamó que “Catalunya no se merece” una comisión de investigación como la del Parlament. Su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, mantuvo un tono desafiante ante los parlamentarios. Los tres —padre, esposa e hijo— reflejaban la Cataluña que el clan Pujol consideró su patrimonio. Era el final de una época que ahora vuelve a juzgarse, esta vez en los tribunales.

Revivir el trauma

Con el juicio en la Audiencia Nacional, la Cataluña que creyó durante tantos años en el liderazgo político y moral de Jordi Pujol revivirá el trauma provocado por todo lo que, durante estos años, se ha ido conociendo sobre el caso.

“Reverend Mossèn. Soy la madre superiora de la congregación. Desearía que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Él ya le dirá dónde deben colocarse. Muchas gracias”. Este es el texto de la nota manuscrita, firmada por Marta Ferrusola el 14 de diciembre de 1995. Palabras que contribuyeron al sentimiento de tristeza de los millones de catalanes que durante veintitrés años dieron el poder a su marido, Jordi Pujol.

Jordi Pujol construyó un relato basado en valores y principios compartidos por una amplia mayoría social en Cataluña. La decepción de sus votantes es infinita. Quienes creyeron en Pujol descubrieron el cinismo de la apariencia, de la moral que se aplica a los demás pero no a uno mismo; la que sirve como instrumento de control social. El clan por encima de todo, el sentido patrimonial de la política y del país. Y no es solo una cuestión personal o familiar. El pujolismo fue un régimen construido sobre múltiples complicidades y silencios: de políticos, de empresarios que pagaban, y de la prensa que calló.

Complicidades y silencios que solo se explicaban en un país aún sumergido en los viejos hábitos del franquismo; en una Cataluña y una España donde perduraban (¿y perduran?) los caciques. La fortuna descubierta a los Pujol en paraísos fiscales no revela solo un fraude fiscal, sino el saqueo del dinero público a través del pago de comisiones por parte de contratistas de la Administración. Dinero para los partidos y dinero para el clan. Corrupción sistémica.

El “factor humano”

Para entender el “factor humano” que explica por qué tantos catalanes, durante tanto tiempo, otorgaron su confianza y admiración a Jordi Pujol es muy recomendable recuperar ¡Esto es una mujer! Retrato no autorizado de Marta Ferrusola. El libro explica cómo el clan Pujol-Ferrusola logró tejer a su alrededor un verdadero régimen político que mantuvo la hegemonía en Cataluña. El libro, escrito por la periodista Cristina Palomar en 2014, fue prácticamente silenciado por la prensa, una prueba más del poder que todavía conservaba entonces la vieja Convergència.

La obra refleja muy bien una época de una cierta Cataluña: la que, tras la posguerra y el franquismo, abrazó el catalanismo y la democracia de la mano del movimiento político y social liderado por Jordi Pujol. Esa Cataluña sufrió, el día de la confesión del expresidente, un demoledor golpe emocional, seguido de una sensación de duelo colectivo.

Quienes habían convertido a Pujol en el padre de la patria, en su referente político e incluso moral, necesitaban encontrar un porqué. Sin una explicación, el fracaso de Pujol era también el fracaso vital de quienes lo habían votado y admirado durante “toda una vida”. Era imprescindible encontrar un culpable que, de algún modo, “salvara” al presidente. Y, de repente, todas las miradas se dirigieron a Marta Ferrusola (1935–2024). La esposa de Pujol era el “factor humano” que explicaba el desastre. Su nota manuscrita parecía reforzar esta tesis.

Pero no estábamos ante un “error humano”, de una persona o de una familia, sino ante un caso sistémico: un régimen de clientelismo que utilizó Cataluña como patrimonio para enriquecerse y acumular poder. Y que, incluso, no tuvo reparos en utilizar como tapadera el Palau de la Música, símbolo de la cultura catalana. La Cataluña que creyó en Jordi Pujol y en su obra política, CDC, necesitó primero hacer una catarsis, que en buena parte explica el Procés. Y aún tiene pendiente recomponer el espejo roto y abrir un profundo proceso de regeneración para evitar que aquel legado derive hacia planteamientos de extrema derecha, en los que, conviene insistir, Jordi Pujol nunca participó.

Los cargos que se juzgan

El juez instructor del caso, José de la Mata, concluyó que Jordi Pujol y su familia se aprovecharon de su poder para “acumular un patrimonio desmesurado”. El juez relaciona ese dinero con “percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. La Fiscalía Anticorrupción sitúa a la familia en el centro de una “red de clientelismo” en la que los Pujol y “empresarios afines” a Convergència “se repartían” los “excelentes beneficios” de concursos públicos dependientes de administraciones catalanas. La Fiscalía evalúa el impacto de esta trama: entre 2008 y 2012, las cuentas de la familia Pujol pasaron de 106.796 euros a 12,2 millones.

El juez considera que la familia diseñó un “plan preconcebido” para ocultar “grandes sumas de dinero de origen desconocido” mediante el blanqueo de capitales (sociedades mercantiles instrumentales, testaferros y grandes cantidades de dinero en efectivo).

Según el juez, Jordi Pujol era quien lideraba “la organización criminal”. Aunque quien se enfrenta a una pena mayor es Jordi Pujol Ferrusola, que, según el juez instructor, seguía las “instrucciones” de su padre y “dirigía” toda la estrategia.

En el banquillo de los acusados también se sentarán los otros seis hermanos porque “seguían las instrucciones” y se beneficiaron del dinero “directa y conscientemente”. Además, será juzgada Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, y diez empresarios, acusados de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales. En total hay 19 acusados. Las principales penas que solicitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado son: Jordi Pujol Ferrusola (29 años), Mercè Gironès (17 años), Josep Pujol Ferrusola (14 años) y Jordi Pujol (9 años). La Fiscalía pide, además, multas que suman 50 millones de euros.

Más allá de los 19 acusados, en el banquillo se sentará una época. Jordi Pujol representó la resistencia de cierta pequeña burguesía catalana al franquismo; fue una pieza clave en la construcción del ideario catalanista y creó el movimiento nacionalista que, con su hegemonía, lo mantuvo veintitrés años en la presidencia de la Generalitat. Fue, en definitiva, un líder político e ideológico decisivo en la configuración de la Cataluña contemporánea. Tanto es así que, sin su tránsito intelectual del autonomismo al independentismo, no se entiende en toda su dimensión el proceso que vivió Cataluña y que alcanzó su cenit en 2017."

 (Josep Carles Rius , La Marea, 24/11/25) 

El ‘modus operandi’ de Acciona para ganar contratos públicos: un buzón de Gmail donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta, dinero para las consultoras y despedir al que denuncie (Braulio García Jaén)

 "El 23 de noviembre de 2023, el ya entonces exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, se vieron en una cafetería para hablar de Santos Cerdán, que aún era secretario de Organización del PSOE, y pronunciaron un nombre de pila: “Justo”. Lo mencionó Koldo, una sola vez. “Santos [Cerdán] ha ido al Ministerio a colocar a dos hombres de Justo, de Acciona”, le dijo a Ábalos. Y repitió: “Está intentando colocar a dos hombres que le ha pedido Acciona”.    

“Justo” era Justo Vicente Pelegrini, entonces CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África, según anotó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al pie de su informe de junio, el que llevó a Cerdán a la prisión provisional en la que aún hoy sigue. Cuatro días después de que se conociera el informe de la UCO que incluía los audios de las conversaciones, Acciona despidió a Pelegrini. Más de cuatro meses después, Pelegrini no ha sido llamado a declarar ni como testigo por el Tribunal Supremo, que investiga la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública tejida por Cerdán, Ábalos y Koldo, pero el registro de dos sedes de Acciona el viernes devuelve el foco a la constructora sin la que la trama ni siquiera se entendería. Porque nadie puede cobrar si nadie paga.

A la espera de lo que esos registros muestren cuál era el papel de la constructora en el caso Cerdán, su modus operandi para conseguir algunos de sus contratos públicos —de servicios, en otro caso— está registrado en un juzgado de Sevilla. La historia de un cargo medio despedido por Acciona Infraestructuras hace un par de años, y el expediente judicial que la demanda contra su despido acumuló, desmiente el pretendido celo frente a la corrupción de Acciona. Y no solo por las irregularidades que el expediente deja al descubierto, sino porque la empresa despidió precisamente al trabajador que las denunció, según la sentencia que obligó a readmitirlo y que adelantó en su día Infobae, cuando el caso Koldo-Ábalos no era aún el caso Cerdán. A diferencia de Pelegrini, los responsables de esas irregularidades siguen en la compañía.

Matar a los mensajeros

Al menos hasta que el trabajador lo denunció a finales de 2021, Acciona operaba con un buzón de Gmail, fuera del sistema de correo corporativo, donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta. Acciona, contactada por este diario, admite la existencia de ese buzón, pero asegura que se cerró tras la denuncia interna y que fue “el propio director quien mandó cerrarlo”, según un portavoz de la compañía.

El “director” era Francisco Javier López Buciega, y fue a quien el trabajador denunció internamente a través del canal de Compliance (cumplimiento) de la compañía. El responsable de Compliance era Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil que desde 2013 trabajaba en la compañía de la familia Entrecanales, y también fue nombrado instructor de la investigación interna. Frente al derecho a la confidencialidad que reconoce la ley a los denunciantes, Collado, bregado en labores de espionaje, rastreó los correos corporativos para encontrar conexiones con la cuenta de correo anónima desde la que el denunciante enviaba la información y las pruebas de su denuncia, hasta descubrirlo.

El trabajador, que no ha querido atender a este diario, pero cuyos pasos la sentencia traza pormenorizadamente, siguió comunicándose a través del canal, creyendo que lo hacía anónimamente. Y expuso “su miedo a perder su puesto de trabajo”, porque Buciega le estaba “forzando a saltarse” las normas éticas y de cumplimiento, diciéndole que quien no estuviera “dispuesto, sobra[ba] en la empresa”, según la sentencia. Envió varios correos electrónicos más —nueve de los que él mismo había remitido al buzón de Gmail—, pantallazos, audios y vídeos. El 27 de enero de 2022, tras varias semanas de comunicaciones, el trabajador denunciante aceptó reunirse con Collado como instructor de la investigación interna. Quince días después, fue despedido.

En mayo de 2024, declarado nulo el despido, el trabajador tuvo que ser readmitido. El buzón de Gmail, sin embargo, no era la única vía por la que Acciona conseguía información privilegiada sobre los contratos. En un correo sobre un consultor incorporado a la causa, Buciega le indicaba a un subordinado que había que “eliminar cualquier alusión a comisión, cambiando por la obligación de contratar los servicios recogidos en su oferta”, según refleja la sentencia. Y un audio complementaba ese correo revelando que Acciona había contratado “a la consultora que elaboró los pliegos para el ayuntamiento, para lograr adjudicaciones, como se hizo con el ayuntamiento de Alicante”, detalla la sentencia.

“Es especialmente relevante que los hechos que fueron denunciados por [el trabajador] tenían todos una base objetiva”, destaca el juez. “Los pantallazos de whatsapp y correos electrónicos aportados no fueron impugnados en la vista en cuanto a su autenticidad”, ni por la empresa ni por el directivo Buciega. Todos los materiales aportados al expediente “se dieron por auténticos”, y Buciega únicamente trató de cuestionarlos en el trámite de conclusiones del juicio, fuera de lugar.

Al juicio por el despido, el entonces CEO de Acciona Construcciones, Justo Vicente Pelegrini, estaba citado como testigo, pero no acudió, según publicó El Mundo tras el ingreso en prisión de Cerdán. Sí acudió y declaró un compañero del denunciante que había estado en una fiesta en plena pandemia de covid con personal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo, de la que se grabó un vídeo. En el juicio reconoció que había filtrado el vídeo aportado al expediente de la denuncia sobre las irregularidades de la empresa. Lo despidieron el mismo día que al denunciante. Según el portavoz de Acciona, también por “una restructuración departamental”, aunque para el juez reforzaba “la idea del despido como represalia”.

Ni Buciega, que sigue en su puesto, ni el instructor de la investigación interna, Joaquín Collado, ex teniente coronel de la Guardia Civil que hoy mantiene “responsabilidades de seguridad” en Acciona, según un portavoz, han querido atender a este diario. El portavoz de la compañía sostiene que Acciona considera que por tratarse de un asunto laboral, las irregularidades constatadas en el proceso no han sido investigadas, porque internamente se considera que no existieron. “El trabajador fue readmitido en [2024] en cumplimiento de la sentencia”. Acciona recurrió el fallo, pero el viernes, en conversación con este diario, su portavoz anunció que iba a desistir. “La sentencia ya es firme”, dijo." 

(Braulio García Jaén , El País, 16/11/25) 

FORBES: Ninguna primera familia ha utilizado el cargo para ganar tanto dinero como la de Donald Trump... Los miembros de la familia que nunca tuvieron fortunas significativas propias —Eric, Don Jr., Barron y Melania— han acumulado decenas y luego cientos de millones de dólares. En total, la familia (incluido el yerno del presidente, Jared Kushner) tiene ahora un valor estimado de 10 000 millones de dólares, lo que supone casi el doble de su patrimonio neto desde las elecciones del año pasado... La fortuna de Trump aumentó en 3000 millones de dólares en un año... la criptomoneda de Melania tiene una capitalización de mercado actual de menos de 200 millones de dólares

 "Esto es lo que han ganado los hijos de Trump gracias a la presidencia.

 El presidente Trump acaba de tener el año más lucrativo de su vida. Pero, en términos porcentuales, los miembros de su familia inmediata, incluidos sus hijos Eric, Don Jr. y Barron, obtuvieron resultados aún mejores.    

El padre del presidente Trump, Fred, se hizo rico construyendo 20 000 apartamentos en la ciudad de Nueva York. Donald se incorporó a la empresa de Fred en 1968. Desde el principio, se mostró ambicioso y despiadado. Su primera cita en la lista inaugural Forbes 400 de 1982, cuando él y su padre aparecieron juntos en la lista, con un valor combinado de 200 millones de dólares (660 millones de dólares en dinero actual): «El hombre es el más cruel de todos los animales, y la vida es una serie de batallas que terminan en victoria o derrota». Décadas más tarde, con Trump en la Casa Blanca, su familia está monetizando esos instintos asesinos de una manera novedosa.

No es que los Trump sean los primeros en aprovechar la presidencia para obtener beneficios. El hermano de Jimmy Carter, Billy, promocionó la cerveza Billy Beer y aceptó dinero de los libios. Richard Nixon hizo que se pinchara el teléfono de su hermano Donald en medio de las preocupaciones sobre sus negocios. Hunter Biden recibió más de un millón de dólares por obras de arte de dudosa calidad. Pero ninguna primera familia ha utilizado el cargo para ganar tanto dinero como la de Donald Trump.

 Las criptomonedas son el principal motor, pero se han obtenido fondos adicionales gracias al asesoramiento a empresas de derecha en Estados Unidos y a la asociación con empresas con gran liquidez en el extranjero, especialmente en Oriente Medio. Los miembros de la familia que nunca tuvieron fortunas significativas propias —Eric, Don Jr., Barron y Melania— han acumulado decenas y luego cientos de millones de dólares. En total, la familia (incluido el yerno del presidente, Jared Kushner) tiene ahora un valor estimado de 10 000 millones de dólares, lo que supone casi el doble de su patrimonio neto desde las elecciones del año pasado.

Donald y Melania Trump

PATRIMONIO NETO: 7300 millones de dólares; más de 20 millones de dólares

La fortuna de Trump aumentó en 3000 millones de dólares en un año. Esa ganancia del 70 % le hizo subir 118 puestos en la lista Forbes 400, donde este año ocupa el puesto 201. Su incursión en las criptomonedas representa 2000 millones de dólares de esa cantidad, repartidos más o menos a partes iguales entre World Liberty Financial y una memecoin. Un tribunal de apelación de Nueva York le dio un impulso de 500 millones de dólares al desestimar su sanción por fraude civil, y otros 400 millones provienen de la explosión de su negocio internacional de licencias. Melania ha ganado dinero de la forma típica de una primera dama (libros, discursos, un documental) y, sin duda, al estilo Trump, lanzando su propia memecoin, que tiene una capitalización de mercado actual de menos de 200 millones de dólares.

 Jared Kushner e Ivanka Trump

PATRIMONIO NETO: 1000 millones de dólares; 100 millones de dólares

En enero de 2021, el mismo mes en que su suegro abandonó la Casa Blanca, Kushner fundó la empresa de capital privado Affinity Partners. Aprovechando las relaciones que había establecido como asesor presidencial, Kushner recaudó 4600 millones de dólares de inversores de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y ha invertido más de 2000 millones de dólares en 22 empresas. La empresa está valorada en unos 215 millones de dólares. Gracias en parte al fondo de guerra de Affinity, además de su participación del 20 % (por valor de 560 millones de dólares) en la empresa inmobiliaria de su familia, Kushner Companies, Kushner es ahora multimillonario. También ayuda que la casa de la pareja en la elitista Indian Creek Island de Miami, donde entre sus vecinos se encuentra Jeff Bezos, haya triplicado su valor hasta alcanzar los 105 millones de dólares desde que la compraron en 2020.

 Eric Trump

PATRIMONIO NETO: 750 millones de dólares

El segundo hijo del presidente, con un patrimonio estimado en 40 millones de dólares el año pasado, ha ganado más dinero con las criptomonedas que cualquiera de sus hermanos. La mayor parte proviene de American Bitcoin, una empresa de minería de criptomonedas que cofundó en marzo y que salió a bolsa a principios de septiembre, lo que le convirtió brevemente en multimillonario. Parte del entusiasmo se ha desvanecido, pero la participación del 7,5 % de Eric sigue valiendo unos 500 millones de dólares. También obtuvo una participación estimada del 10 % en las ventas de tokens de World Liberty Financial. Junto con su hermano mayor, Don Jr., viajó a Oriente Medio en mayo, donde firmó un acuerdo para licenciar el nombre de la familia en un complejo de golf en Qatar, entre otras nuevas empresas. A partir de julio de 2024, los hermanos aparentemente se repartieron el 20 % de los beneficios de ciertos acuerdos de licencia.

 Donald Trump Jr.

PATRIMONIO NETO: 500 millones de dólares

Don Jr. tiene una participación menor en American Bitcoin y es cofundador de World Liberty. Él y Eric crearon en agosto una sociedad de adquisición con fines especiales que busca objetivos de fusión en los sectores de la tecnología, la sanidad o la logística. También es un actor importante en la economía anti-woke, ya que se ha asociado con la empresa de capital riesgo 1789 Capital, que se autodenomina «anti-ESG», y ocupa puestos en el consejo de administración del mercado online anti-woke y antiaborto Public Square, el minorista online de armas de fuego GrabAGun y la empresa matriz de Truth Social. Su fortuna ha aumentado desde los 50 millones de dólares estimados el año pasado.

 Barron Trump

PATRIMONIO NETO: 150 millones de dólares

El hijo menor del presidente se interesó por las criptomonedas mucho antes que su padre y ayudó a convencer a la familia para que cofundara World Liberty Financial. «Tiene cuatro carteras o algo así, y yo le digo: "¿Qué es una cartera?" », bromeó Trump el pasado mes de septiembre en la presentación de World Liberty. Hasta ahora, este estudiante de segundo año de la Universidad de Nueva York, de 19 años, ha ganado unos 80 millones de dólares con la venta de tokens y todavía tiene unos 2300 millones de tokens bloqueados, que Forbes descuenta en gran medida porque aún no se pueden negociar. Si el precio actual se mantiene durante el tiempo suficiente, podría venderlos por 525 millones de dólares cuando se desbloqueen.

( Dan Alexander, Kyle Khan-Mullins, Forbes , 22/09/25, traducción DEEPL)

Roger Senserrich: Desvergüenza y delitos variados de Trump... El sector de las criptomonedas donó montañas de dinero a la campaña de Trump... World Liberty Financial, una joven empresa de criptomonedas, fundada por Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump, los hijos del presidente, entre otros... Chanpeng Zhao, fundador de Binance, otra empresa de criptomonedas, ha estado invirtiendo en toda clase de activos creados por la compañía de los hijos de Trump... Estas maniobras han generado, probablemente, cerca de 3.000 millones de dólares para la familia del presidente, combinando dinero procedente de los Emiratos Árabes con la “ayuda” de Binance, más una cantidad indeterminada en inversiones en otros pufos trumpianos... La semana pasada, el presidente indultaba a Zhao, que había estado cuatro meses en la cárcel después de admitir ser culpable de delitos. Binance, que tuvo que abandonar el mercado americano, está estudiando volver a entrar en el país, porque a quién le importa ya nada mientras estés lanzando sacos de dinero a la familia del presidente... Zhao es un ciudadano chino, haciendo negocios con los hijos del presidente, dándoles miles de millones de dólares a cambio de un indulto. La noticia duró un par de días en medios, siendo generoso... El año pasado el partido republicano montó un escándalo infinito porque Hunter Biden, hijo del presidente y cretino habitual, vendió unas cuántas pinturas mediocres por precios un tanto (bastante) inflados. Los hijos del actual presidente han dado un pelotazo de miles de millones a cambio de un indulto y nadie ha dicho ni pío

 "Los que me leéis desde hace una temporada probablemente sabéis que soy profundamente escéptico sobre las criptomonedas. Siempre he sido de la opinión de que son una solución en busca de un problema, no una tecnología revolucionaria; no tienen mayor valor inversor que una colección de sellos, exceptuando el hecho de que un sello al menos te sirve para enviar una carta.

Muchos observadores, no obstante, creen que aparte de la especulación pura, las criptomonedas tienen dos usos muy obvios y claros, gracias a su opacidad, falta de regulación, y carácter descentralizado: blanquear dinero y cometer delitos. Las empresas del sector, cuando no están haciendo lo primero (que es poco escrupuloso, pero legal) suelen albergar mucho de lo segundo, y dado que son transacciones extremadamente lucrativas, tienen la costumbre de tolerarlo sin prestarles demasiada atención.

Regulando empresas dudosas

Durante la administración Biden, los reguladores financieros decidieron intentar obligar a las entidades de este mundillo a que adoptaran controles similares a bancos y entidades financieras tradicionales para prevenir delitos. Empezaron por las buenas, estableciendo reglas por primera vez, y siguieron por las malas, llevando a juicio y enchironando a algunos de los “emprendedores” que habían hecho su fortuna vendiendo humo en elaboradas estafas piramidales (léase, FTX).

Aparte, también fueron a por entidades que estaban vulnerando normas básicas como, por ejemplo, asegurarse que tus clientes no son Hamas, jihadistas, o imperios criminales que se dedican a la trata de blancas.

Una de esas entidades era Binance, el mercado de intercambio de criptomonedas con mayor volumen de transacciones del planeta. El Departamento de Justicia, en sus investigaciones, dejó claro que sus ejecutivos no sólo no estaban evitando tomar medidas para prevenir actividades ilegales, sino que a menudo sabían que estaban sucediendo y les daba igual. A principios de este año, la misma administración Trump les acusó de estar moviendo fondos para Hamas.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao (conocido como CZ), admitió ser culpable de blanqueo de capitales el año pasado, aceptando una pena de cuatro meses de cárcel. Binance pagó una multa de 4.300 millones de dólares. En un país en que nadie con dinero parece acabar en el trullo, el hecho de que el CEO firmara ser enviado a prisión es excepcional. La cantidad de basura que estaba (y está) haciendo Coinbase, incluyendo financiar a organizaciones terroristas, era delirante. Y ese era sólo uno de los casos; los reguladores estaban también intentando ir a por la empresa por fraude.

Ofendiditos

El sector de las criptomonedas, por supuesto, se tomó a mal esta clase de investigaciones, probablemente porque iban directamente contra su modelo de negocio1. Durante la campaña del 2024, donaron montañas de dinero a la campaña de Trump, convirtiéndose en uno de los mayores sopores financieros del partido republicano.

Para Chanpeng Zhao, sin embargo, esto de donar a campañas le debía parecer una forma demasiado indirecta de participar en el proceso democrático. En vez de anuncios en favor de un candidato, el hombre prefirió centrar su estrategia en demostrar las fortalezas y virtudes de su industria, mover dinero de forma opaca, sin control alguno, para crear pelotazos financieros enormes que favorecieran a los listillos con conexiones en la industria.

Supongo que os acordaréis de World Liberty Financial, una joven empresa de criptomonedas fundada por jóvenes emprendedores sedientos de gloria. Uno de ellos es Zach Witcoff, hijo de uno de los asesores de Donald Trump. Otros son Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump, los hijos del presidente. Lo llevan todo muy discretamente.

El bueno de CZ es muy de ayudar a tipos que crean nuevas empresas en este sector si los ve con modelos de negocio innovadores y buenas ideas. El modelo de negocio de World Liberty Financial se basa en avanzados conceptos financieros como “replicadores de flujo apalancados según modelos matemáticos de AI”, “difusiones gaussianas de riesgo estratificado financializadas mediante obligaciones en la blockchain” y “enriquecer de forma obscena a la familia del presidente de los Estados Unidos de forma misteriosa y totalmente desinteresada”, así que no dudó en apostar por ellos.

Los dos primeros me los he inventado. El tercero no es oficial ni aparece en ninguno de los documentos financieros de la empresa, pero parece relativamente claro que forma parte de su estrategia.

“Inversiones”

Binance ha estado “colaborando” con World Liberty Financial e “invirtiendo” en toda clase de activos creados por la compañía completamente obvia y transparente. Estas maniobras han generado, probablemente, cerca de 3.000 millones de dólares para la familia del presidente, combinando dinero procedente de los Emiratos Árabes con la “ayuda” de Binance, más una cantidad indeterminada en inversiones en otros pufos trumpianos, como su propia meme-moneda2:

Toda esta infatigable tarea de promoción y apoyo al emprendimiento ha sido reconocida por la administración Trump. A principios de año, la SEC (Securities and Exchange Commission, el regulador financiero) anunció que iba a abandonar las investigaciones a Binance, y que todo eso que decían de que estaba financiando a terroristas, narcotraficantes, esclavistas y mercenarios era broma. La semana pasada, el presidente indultaba a Zhao, que había estado cuatro meses en la cárcel después de admitir ser culpable de delitos. Binance, que tuvo que abandonar el mercado americano porque MUCHOS DELITOS CORCHO YA, está estudiando volver a entrar en el país, porque a quién le importa ya nada mientras estés lanzando sacos de dinero a la familia del presidente.

Y no pasa nada

El indulto fue el 23 de octubre. Esta administración hace tal cantidad de burradas cada día que no tuve tiempo de dedicarle más que una nota a pie de página entonces, pero sigue siendo un escándalo mayúsculo. Zhao es un ciudadano chino, haciendo negocios con los hijos del presidente, dándoles miles de millones de dólares a cambio de un indulto. La noticia duró un par de días en medios, siendo generoso.

En un universo normal, con políticos normales, la revelación de esta clase de relaciones, maquinaciones y negocios habría avergonzado a los implicados. Nos han pillado en algo que se parece muchísimo a un soborno. Tenemos que buscar elaborados argumentos ofuscatorios diciendo que dos empresas trabajando juntas no significa que estén asociadas de forma alguna, aparte de los miles de millones que una de ellas tiene así de golpe en su cuenta corriente.

Esta Casa Blanca, sin embargo, ha hecho todo lo de arriba en voz alta y haciendo ruedas de prensa, así nada era secreto y todo era público. Cuando la gente ha puesto mala cara y le han preguntado a Trump directamente, su respuesta ha sido que no sabe quién es Zhao, ni tiene ni idea sobre el indulto.

El año pasado el partido republicano montó un escándalo infinito porque Hunter Biden, hijo del presidente y cretino habitual, vendió unas cuántas pinturas mediocres por precios un tanto (bastante) inflados. Los hijos del actual presidente han dado un pelotazo de miles de millones a cambio de un indulto y nadie ha dicho ni pío.

El truco de Trump no es tanto que le importa un pimiento parecer corrupto, sino que a su partido no le molesta lo más mínimo."

(Roger Senserrich, blog , 03/11/25)

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Que apareció así M.A.R... en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP... En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente director general de Telemadrid. Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP. En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A. Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”. Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez. Sánchez admitió ser el beneficiario (Ernesto Ekaizer)

 "(...) La contabilidad B lleva décadas rodando.

Y Gürtel, aquella trama “contra el PP”, según el mensaje que le dictó Federico Trillo, defensor de los altos cargos del PP imputados (el PP le pagó 69.000 euros por esa labor), en marzo de 2009, permitió seguir los rastros de Bárcenas sin saber hacia dónde iban a conducir.

Porque es a día de hoy que nadie recuerda la punta del ovillo: que fue precisamente a raíz de una comisión rogatoria del juez Francisco Monterde, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -Bárcenas era senador, por tanto aforado- que la justicia helvética siguió la pista de una tarjeta Visa con la que el entonces tesorero realizó un pago -era 2010- hasta bucear debajo de la punta de un iceberg que había llegado a acumular 48,2 millones de euros en bancos de Ginebra.

  Es que Bárcenas, en calidad de senador, era una Personalidad Expuesta Políticamente (PEP), lo que obliga, por acuerdos de blanqueo de capitales entre países, al seguimiento de sus pagos.

    Eso no podría pasarle nunca, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso o a su pareja Alberto González Amador, porque, según hemos revelado, ella nunca ha rellenado el formulario que se exige a presidentesa de CCAA y sus relaciones sentimentales estables (ley de blanqueo de capitales española de 2010).

Ahora, por tanto, la estrategia de Feijóo consiste en mostrar que él nada tiene que ver con la contabilidad B del PP en el pasado y que, por el contrario, el que sí está inmerso en una contabilidad B y financiación ilegal de su partido es…Pedro Sánchez.

Y aquí entra Aldama, tan necesario ahora mismo, precisamente cuando empezaba este pasado lunes, día 20 de octubre, el último capítulo de Gürtel: el juicio por blanqueo de capitales (Francisco Correa acumuló en Suiza 40.137.682,96 algo menos de los 42,8 millones de Bárcenas).

MAR Y José Antonio Sánchez

Ahora bien, es interesante refrescar la memoria: José Antonio Sánchez es el director general de Telemadrid desde el 26 de junio de 2024.

Y su experiencia con la contabilidad B del PP la hizo en primera fila. Porque en su condición de periodista político del diario Abc recibió pagos que le hizo Miguel Ángel Rodríguez después de recibir el dinero que le enviaba Bárcenas.

En Queríamos tanto a Luis (Espasa, 2015), mi segundo libro definitivo sobre la contabilidad B del PP, explico la secuencia de los pagos. [Los cuatro apuntes están señalados en el pantallazo que ilustra esta información].

En la contabilidad manuscrita del PP que llevaba Luis Bárcenas, visada por su superior, el tesorero Álvaro Lapuerta, aparece el 23 de octubre de 1997 un pago de 1.500.000 pesetas a Miguel Ángel Rodríguez. Que apareció así M.A.R

Pero en la contabilidad manuscrita había un vacío: faltaba el periodo 1993-1996. Esta parte mecanizada 1993-1996 fue desencriptada del pendrive de Luis Bárcenas y fue aportada al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Pablo Ruz.

La versión completa fue volcada por el inspector titular número 82.701 y el policía con carné profesional 106.594 de la Comisaría General de Policía Científica, Unidad Central Criminalística, sección Informática Forense.

Pero he aquí que al dar traslado a las partes, se omitió la columna de Observaciones.

Y entre las observaciones de interés figura en 1993 un pago de 1 millón de pesetas “por indicación de J.M.” [presuntamente José María Aznar], a Pedro Arriola, el extinto gurú electoral del PP.

Pero a lo que vamos.

En el mes de noviembre de 1993, con el número 50, se puede ver una entrega de 300.000 pesetas “a Sánchez”. Se trata del periodista de Abc, José Antonio Sánchez, más tarde presidente de RTVE y actualmente director general de Telemadrid.

Se observa: “Indicación de M.A. Rodríguez”, entonces director de comunicación del PP.

En 1994, con el número 53 hay una nueva entrega, en diciembre, esta vez de 400.000 pesetas a “J.A. Sánchez. Se observa: “Petición de Miguel A. Rguez”.

Y en 1995, se registra una nueva entrega con el número 36, en julio, a “José A. Sánchez” de 350.000 pesetas y se observa junto a su nombre “M.A.Rod”. Es decir: Miguel Ángel Rodríguez.

Sánchez admitió ser el beneficiario.

Rodríguez ha explicado el pago a su nombre de 1,5 millones de pesetas, el único conocido por el que se le ha preguntado, como posiblemente “un finiquito” o “será la cosa burocrática de lo que haya sido”.

En una intervención en Antena 3 explicó que los pagos anotados por Bárcenas podían ser una “gratificación, por alguna campaña, nunca sobresueldos.

“Todo comportamiento que he visto de Bárcenas me ha parecido reprochable, pero es que por encima de él sólo había hombres honrados, como Álvarez Cascos”, explicó.

Pero este sistema no lo inventó Bárcenas.

Lapuerta siempre visaba los pagos de Bárcenas, según aparece su letra en la contabilidad B.

En resumen: que el show de Aldama con sus “bombas” fuera el plato estrella de Telemadrid del pasado lunes 20 de octubre en el que se trataba de mostrar que hay financiación ilegal en el PSOE, con Aldama como testigo de cargo –“no tengo pruebas”, al menos admitió- fue una operación calculada.

La prueba que Aldama presentó ante el juez Puente en las últimas horas, filtraciones previas mediante, ha sido desmentida por Carlos Bautista, el nuevo letrado de Ábalos. Es decir: las condiciones de compra de un local en Valencia por parte del exministro de Transportes.

Con Bautista -el que avisa no es traidor- ya no lo tendrán fácil."

(Ernesto Ekaizer , blog, 22/10/25)