Cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y vivía en Monte Pío, había un trasiego constante de personas ajenas a la institución cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz al vincular la UDEF al empresario con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideró al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”... hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones... Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo... Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él... La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”... “Evidentemente le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario... En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”... ¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria... La causa tuvo un sobreseimiento provisional... Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo (Cristina Papin Marcote)

"Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado públicamente saber si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reside en el Palacio de La Moncloa. Más allá de que se trata de un familiar del presidente, existe un precedente reciente con Mariano Rajoy y nadie del Partido Popular hizo ningún tipo de pregunta o petición. Su padre vivía en la residencia del presidente del Gobierno y además recibía asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presidencia. Rajoy cargó a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre.

Almeida defiende el derecho de la ciudadanía a conocer esta información, referente al hermano del presidente Pedro Sánchez, considerándola una obligación ética y administrativa. Debe ser obligación únicamente cuando hay un presidente que no es de su partido político. 

Parece que no recuerda que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó una sonada polémica cuando era presidente de la Xunta y vivía en Monte Pío. Había un trasiego constante de personas ajenas a la institución. Feijóo apelaba a su esfera privada para no contestar a las preguntas relacionadas con las entradas y salidas de la residencia institucional. Ese detalle es determinante para contextualizar el origen de la controversia. Antes de que el nombre de Pachi Lucas irrumpiera con fuerza en los titulares a través de la Operación Zeta, el halo de opacidad en torno a la residencia de Monte Pío ya formaba parte del murmullo continuo en la política gallega y en los pasillos del Parlamento. A diferencia de otras instituciones donde queda constancia de cada visita, los accesos a Monte Pío se mantuvieron bajo un estricto hermetismo. 

Feijóo defendía que la esfera privada debía quedar al margen del control político y que el uso de la zona residencial de la vivienda no requería dar explicaciones ni fiscalizar quién pernoctaba o visitaba al jefe del Ejecutivo en su tiempo libre. La oposición, por otro lado, sostenía que al tratarse de una infraestructura pública financiada íntegramente en sus costes de mantenimiento y seguridad, era imprescindible contar con protocolos claros y registros de acceso. El temor de la oposición no era solo el uso recreativo de la residencia, sino la posibilidad de que se estuvieran celebrando reuniones de carácter político, económico o de presión sin luz ni taquígrafos. No se equivocaban.

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política

Las interpelaciones parlamentarias y los comentarios periodísticos ya ponían el foco en el continuo transitar de personas ajenas a la Administración autonómica. Cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz y se conoció el papel de Pachi Lucas como conseguidor, todos esos comentarios previos cobraron una dimensión distinta. La oposición sintió que sus sospechas iniciales sobre el uso de la residencia oficial y la falta de control en las entradas y salidas quedaban confirmadas por los atestados policiales.

La residencia oficial de la Presidencia de la Xunta de Galicia fue concebida durante la etapa de Manuel Fraga como una gran obra institucional. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de gasto público, infrautilización y falta de transparencia. El edificio fue diseñado para servir de residencia y sede de representación del presidente gallego, aunque su uso efectivo ha sido desigual. El debate sobre quién accede, se reúne o pernocta en el recinto ha sido recurrente en el Parlamento gallego. 

El complejo cuenta con unos 25.000 metros cuadrados construidos, 70.000 con el área verde del parque. Cuenta con diferentes espacios: de residencia, con piscina climatizada, sauna, gimnasio, despachos y otras áreas institucionales. Desde el principio fue presentada como una “Moncloa gallega”, una residencia presidencial de grandes dimensiones, tal vez excesivas para una comunidad autónoma.

El coste de construcción de Monte Pío ha sido objeto de constante controversia, oscilando entre siete y diez millones de euros, según diversas estimaciones. La falta de transparencia en el desglose presupuestario ha dificultado el seguimiento de la inversión pública. Además, los gastos de mantenimiento, vigilancia y personal continúan generándose, independientemente de la ocupación efectiva del edificio. Opacidad absoluta.

A diferencia de otros inmuebles públicos, el coste anual de mantenimiento de Monte Pío no aparece identificado de forma específica en los presupuestos de la Xunta, lo que impide conocer con precisión cuánto cuesta cada año conservar la residencia oficial del presidente, aunque ya no viva allí, como es el caso actual de Alfonso Rueda.

La policía consideraba que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política. La oposición preguntó en el Parlamento por la presencia y pernoctaciones de diferentes personas ajenas al Gobierno, especialmente de una, el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, muy cercano al entorno personal y político de Feijóo. 

El entonces vicepresidente Alfonso Rueda, rechazó de pleno en el Parlamento las preguntas sobre si Pachi Lucas había pernoctado en Monte Pío. Reprochó que la diputada socialista preguntara en sede parlamentaria sobre un tema personal y tachó la pregunta de “rancia y casposa” haciendo además referencia a cuestiones de la prensa rosa. Sin embargo, la cuestión de fondo de la pregunta era el control de accesos, la naturaleza de las visitas privadas y la participación de personas sin cargo institucional y cercanas al presidente en reuniones oficiales.

La UDEF, en un informe policial, ya había vinculado al empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideraba al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”. Existían correos electrónicos entre altos cargos de la Xunta, como Beatriz Mato, por entonces conselleira de Traballo, y el conseguidor. También hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones.

Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo.

“Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Monte Pío, lo mínimo es avisarme: ‘tienes pinchado el teléfono’. Porque ellos avisaron a Pachi Lucas, se desmarcaron de mí revocándome los cursos y dejaron de cogerme el teléfono”. Esta afirmación la realiza Gerardo Crespo cuando la policía estaba ya detrás. Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él. Crespo aseguró tener pruebas de que Feijóo fue alertado de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”. “Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario.

En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”.

En la 'Operación Zeta', los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”

¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). El criterio judicial imperante fue que no bastaba con que dos imputados usaran el nombre de un presidente para presumir de influencias. Hacía falta una prueba objetiva de retorno (un correo firmado por él, un expediente amañado directamente por su mano o un pago). Al no hallarse ese vínculo material directo, la causa se centró sobre Pachi Lucas sin rozar penalmente a Feijóo.

Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria.

Alberto Núñez Feijóo conoció a Pachi Lucas en Madrid. Cuando él se fue de Galicia con Romay Beccaria y llegó a presidente de Correos. El padre de Pachi era un médico pontevedrés afincado en Madrid. El conseguidor se dedicaba a la joyería y administraba tres empresas, Lucas y cia Joyeros, Disart 4 y Ralumeg.  Comenzaron una relación de amistad que duró décadas.

Ya con Feijóo de vuelta en Galicia, Lucas era asiduo a los mítines del PP y estuvo a su lado en la toma de posesión como presidente de la Xunta. Curiosamente, la empresa Disart 4 trabajó para algunas campañas electorales del PP. En la de las autonómicas de 2009, que llevó a Feijóo a la presidencia, la empresa de Lucas facturó a los populares gallegos 25.583,80 euros. Y en la de las generales de 2011 endosó al PP nacional 53.449,11 euros. En la fiscalización de los gastos de esa campaña, el Tribunal de Cuentas reseñó que Disart 4 no pudo presentar justificantes de las operaciones que originaron ese importe. Para los investigadores, esos pagos evidenciaban que el dinero fluía entre la maquinaria del PP y la mercantil del amigo íntimo de Feijóo. La mayoría absoluta del PP bloqueo cualquier comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.

Nadie sabe por qué esa empresa recibió eso miles de euros más allá de que pertenecía a un amigo íntimo de Feijóo. Una empresa que nada tiene que ver con organización de actos, dando servicios de publicidad que no pudo justificar. ¿Compraron joyas tal vez? Nunca lo sabremos.

Francisco Ramón de Lucas fue investigado en la Operación Zeta, centrada en el fraude de subvenciones a cursos de formación. La investigación lo señaló como uno de los “conseguidores” de la trama, actuando como enlace entre empresarios y responsables políticos. Según la instrucción judicial, Lucas habría realizado gestiones ante la dirección del PP para captar ayudas y contratos públicos, participando incluso en reuniones con miembros del Gobierno gallego y visitando Monte Pío muy a menudo. Era el “abrepuertas”, como lo había nombrado Gerardo Crespo.

La jueza de instrucción investigaba si Lucas usó su amistad directa con Feijóo y otros altos cargos del PP para actuar como enlace entre los promotores del fraude y la administración autonómica y lo imputó por tráfico de influencias. El principal acusado, Gerardo Crespo, afirmó reiteradamente que pagaba a Pachi Lucas asignaciones mensuales para que facilitara gestiones, reuniones y la adjudicación de fondos públicos para la red.

Aunque la jueza instructora ordenó su imputación basándose en los informes policiales y en los mensajes intervenidos entre los cabecillas, la situación procesal de Pachi Lucas dio un vuelco repentino en los tribunales. Primero ella, sorprendentemente, cambió de parecer. En un auto, fechado el 30 de marzo de 2017, la jueza argumentó que no había "datos objetivos" para concretar los indicios o sospechas que en su día motivaron la condición de investigado del empresario. "Más allá de que existan indicios de que se le encargara la realización de gestiones relativas a los expedientes administrativos que interesaban a Gerardo Crespo", recoge el contenido del auto.

La 'Operación Zeta' nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados

En junio de 2017, la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos presentados al considerar que no existían indicios delictivos con el peso ni la concreción legal suficientes para mantenerlo investigado por tráfico de influencias, obligando a la jueza a acotar la causa y separar las piezas porque "se investigan hechos, no personas". Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo, de ser juzgados. 

Cómo ha cambiado desde entonces la forma de entender la justicia. Parece que hoy en día lo que se investigan son las personas más allá de los hechos. 

Todo el procedimiento fue claramente irregular. La Operación Zeta tuvo una tramitación especialmente compleja. La causa, que llegó a afectar a decenas de investigados, fue fragmentada por orden de la Audiencia Provincial, sufre años de retrasos y sobreseimientos respecto a algunos investigados y nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados.

Feijóo negó tajantemente tener un mediador y rechazó que Lucas actuara en su nombre. La controversia no solo se centró en la responsabilidad penal, sino también en la necesidad de transparencia y control sobre la influencia de personas sin cargo público y el registro de sus reuniones y correos con responsables institucionales. No hay sentencia absolutoria sobre Pachi Lucas. El sobreseimiento no es libre, es provisional. La fase de instrucción está suspendida a la espera de informes clave de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para determinar la cuantía real del fraude en las subvenciones. Conforme pasan los años sin que se abra juicio oral ni haya sentencias firmes, el proceso se desgasta. En la práctica, el paso del tiempo suele derivar en atenuantes por dilaciones indebidas o en el archivo directo de piezas por prescripción de delitos o falta de acusación sólida.

Dado que la “desimputación” de Pachi Lucas fue un sobreseimiento provisional, en teoría cabía reabrir su pieza si aparecían pruebas determinantes. Pero en la práctica, con una causa principal paralizada y diluida durante años, las probabilidades de que se reactiven diligencias contra él son prácticamente nulas.  

El estancamiento judicial benefició a la narrativa de Feijóo. Al prolongarse el trámite en los juzgados sin novedades ni juicio, el foco mediático se apagó, lo que permitió al Gobierno gallego cerrar el debate parlamentario argumentando que “la justicia ya había hablado” al “desimputar” a su amigo y que la causa no avanzaba por falta de sustancia.

Es sorprendente que cuando Feijóo fue preguntado por las declaraciones que constan en el sumario del caso, que lo señalan como "clave" en la trama, el entonces presidente de la Xunta señaló que, por lo que le habían contado —ya que afirmó "no tengo tiempo para andar leyendo el sumario"—, ese fragmento podría estar "manipulado", y aseguró que en el sumario faltan folios intermedios. Es decir, Alberto Núñez Feijóo, señalado en la investigación judicial, ¿considera que la UDEF ha manipulado pruebas? Esas declaraciones son verdaderamente graves.

Con la judicialización de la Operación Zeta, la estrecha amistad que unía a Feijóo y a Pachi Lucas se evaporó ante las cámaras. El empresario madrileño, que durante 15 años frecuentó el entorno personal del presidente e incluso cruzó las puertas de la residencia oficial, pasó a convertirse en una suerte de “desconocido" en las comparecencias públicas del Ejecutivo gallego. Se evaporó. No vaya a ser que si anda cerca vuelvan a aparecer pruebas o tenga intención de declarar. No le conviene a Feijóo.

Pachi Lucas, el “abrepuertas”, optó por un repliegue absoluto: desapareció por completo del foco público, de las fotos de verano en los toros y de la vida del Feijóo. Desapareció del mapa. Si no había nada ilegal, resulta un poco raro, ¿no creen?

El borrado de Pachi Lucas de la agenda de Feijóo no borra la falta de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ni de la delgada línea que separó lo privado de lo institucional en Monte Pío. Hoy en día siguen sin dar una explicación clara. Lo que sí está claro es que Alberto Núñez Feijóo siempre ha tenido “amistades peligrosas” con las que ha compartido negocios, fines de semana, llamadas, mails, barcos, toros y desayunos."

(Cristina Papin Marcote , InfoLibre, 08/08/26) 

Trump ha descubierto nuevos usos de su red social. A pesar de ser el presidente de los Estados Unidos y, por tanto, una de las pocas personas del planeta que cada una de sus palabras puede causar un movimiento inmediato en los mercados financieros, el buen hombre tiene la costumbre de especular en bolsa en sus ratos libres. Una de sus costumbres, según parece, es comprar o vender acciones poco antes de que mencione una empresa en Truth Social, sabiendo que sus exabruptos o halagos harán que su valor cambie de inmediato. Así que, pasito a pasito y trolleo a trolleo, Trump ha ido ganando sus cientos de millones de dólares a golpe de manipular el mercado todo contento y feliz. ¿Que esto es técnicamente especular utilizando información privilegiada y que si lo hiciera cualquier otra persona acabaría en la cárcel? Ah, pero es que el presidente es distinto, ya sabéis, porque el Tribunal Supremo le dio inmunidad casi total, y todo el mundo sabe que la corte pasaría absolutamente todo si alguien lo denunciara... y ya puestos, sabiendo que tu palabra mueve montañas, Truth Social ha innovado, creando una servicio para financieros: por unos meros $100.000 al mes, tu fondo de inversión, chiringuito especulador infame puede conectarse con la Truth API, ganando acceso avanzado y prioritario a las sagradas proclamas del líder... Imaginad que el CEO de General Motors fuera pillado cobrando mordidas de $100.000 por filtrar a personas interesadas los resultados trimestrales de la empresa, horas antes de que se hicieran públicos. Todos los implicados serían inmediatamente denunciados por al menos media docena de reguladores... Esta es una Casa Blanca con decenas de escándalos de corrupción, pero lo de pasar el cepillo para vender potenciales secretos de estado se lleva la palma (Roger Senserrich)

"Anales de corrupción creativa Y otras historias del trumpismo

Cuando Twitter decidió expulsar a Trump de su plataforma por animar a una masa enfurecida a asaltar el Capitolio y dar un golpe de estado, el entonces expresidente tomó la decisión de que nunca más iban a echarle de una red social. Convencido de la lealtad de sus seguidores y el poder de su inigualable capacidad de trolleo, el buen hombre tomó la decisión de crear una red social de la nada.

 La página en cuestión, modestamente llamada Truth Social (“verdad”, así como el Pravda de toda la vida) fue lanzado a principios del 2022, y fracasó estrepitosamente. Aunque Trump lo usaba con entusiasmo, la página sólo atrajo un puñado de pelotas del movimiento MAGA hiperventilados, unos cuantos superfans, y una horda de bots. Las estimaciones más optimistas le dan algo más de seis millones de usuarios mensuales, una fracción de Twitter o incluso de la muy modesta BlueSky.
Corrupciones creativas

Aún con esta audiencia lamentable y escandalosas pérdidas acumuladas, la familia Trump se las ha apañado para ganar una pequeña fortuna con su red social. Su salida a bolsa fue un maravilloso ejercicio de ingeniería financiera diseñado para sablar dinero a bobos que querían “invertir” en la presidencia / hacer un donativo directo al presidente fingiendo ser un lerdo.

Aunque sigue perdiendo dinero a espuertas, Trump Media (la empresa propietaria de la paginita) ha seguido una especie de paseo aleatorio de timos semi-obvios, incluyendo criptomonedas y bitcoin, y una (incomprensible) fusión empresarial con TAE, una compañía que dice estar trabajando en fusión nuclear.

Ninguno de estos proyectos está ganando demasiado dinero, pero Trump ha descubierto nuevos usos de su red social. A pesar de ser el presidente de los Estados Unidos y, por tanto, una de las pocas personas del planeta que cada una de sus palabras puede causar un movimiento inmediato en los mercados financieros, el buen hombre tiene la costumbre de especular en bolsa en sus ratos libres. Una de sus costumbres, según parece, es comprar o vender acciones poco antes de que mencione una empresa en Truth Social, sabiendo que sus exabruptos o halagos harán que su valor cambie de inmediato. Así que, pasito a pasito y trolleo a trolleo, Trump ha ido ganando sus cientos de millones de dólares a golpe de manipular el mercado todo contento y feliz.

¿Que esto es técnicamente especular utilizando información privilegiada y que si lo hiciera cualquier otra persona acabaría en la cárcel? Ah, pero es que el presidente es distinto, ya sabéis. Primero, porque las leyes que exigen a los funcionarios públicos a no jugar en el mercado de valores incluyen a todo el ejecutivo menos al presidente, porque en su día nadie se imaginó que un jefe de este iba a ser tan extravagantemente corrupto como Trump. Segundo, porque el Tribunal Supremo le dio inmunidad casi total, y todo el mundo sabe que la corte pasaría absolutamente de todo si alguien lo denunciara.
Sobornos, de oferta

Esto, supongo, le habrá dada a Trump una idea. Es muy bonito ver como tu fortuna aumenta tras dar un pelotazo usando tu posición en el centro del país más rico del planeta para mover los mercados, pero no deja de ser una oportunidad perdida. Estaría bien, por ejemplo, que otros especuladores se sumaran a la fiesta para hacer que tu enriquecimiento personal fuera aún más exagerado. Ya puestos, sabiendo que tu palabra mueve montañas, no estaría de más monetizar ese poder, cobrando a esos especuladores el privilegio de leer todo lo que vas a enviar unos minutejos antes de salga publicado para las masas.

Así que Truth Social ha innovado, creando una servicio con un valor añadido único para profesionales financieros: por unos meros $100.000 al mes, tu fondo de inversión, chiringuito especulador infame o saco de estafas fiduciario puede conectarse con la Truth API, ganando acceso avanzado y prioritario a las sagradas proclamas del líder.

Imaginad, por un momento, que el CEO de General Motors, Apple, Siemens o Inditex fuera pillado cobrando mordidas de $100.000 para filtrar a personas interesadas los resultados trimestrales de la empresa horas antes de que se hicieran públicos. Todos los implicados serían inmediatamente denunciados por al menos media docena de reguladores en uno de los casos de fraude más bonitos, fáciles y divertidos de la historia del departamento de justicia.

Hace apenas unos meses la administración Trump detuvo a un soldado que ganó $400.000 en uno de esos mercados de predicciones apostando que iban a atacar Venezuela. El tipo iba a tomar parte en la operación, y su apuesta le costó ser acusado de uso indebido de información confidencial para beneficio personal, robo de información restringida del gobierno y fraude mercantil. El mes pasado despidieron al encargado del teleprompter de Trump porque estaba haciendo lo mismo apostando en lo que iba a decir en sus discursos.

El presidente, en cambio, no solo está haciendo esto personalmente todo el santo rato, sino que está cobrando dinero para que otros se unan al chanchullo.
¿Consecuencias? Je.

No está claro cuántas empresas se han apuntado hasta ahora a este “negocio”. Al presidente la fiscalía no le dirá ni pío, y no lo pueden trincar ni siquiera por revelación de secretos, ya que goza de autoridad ilimitada para desclasificar lo que le plazca. Está mucho menos claro sobre la situación legal de aquellos que paguen esta especie de soborno presidencial para tener acceso a información privilegiada, y existe un riesgo limitado pero en absoluto trivial de que una administración futura se lie a denunciar a gente. Si los demócratas ganan las elecciones en noviembre, la posibilidad de una investigación del congreso tampoco es nada agradable.

Incluso si nadie da el paso, el mero hecho de que a alguien dentro de Truth Social esto le pareciera una buena idea y el presidente accediera a ello es delirante. Esta es una Casa Blanca con decenas de escándalos de corrupción, pero lo de pasar el cepillo para vender potenciales secretos de estado se lleva la palma.

El maldito estanque

La fiscal de distrito de Washington DC, Jeanine Pirro, ha retirado los cargos a un pobre tipo al que había acusado de “sabotear” el estanque reflectante del memorial de Lincoln. En el escrito pidiendo al juez parar el caso, Pirro dice que el departamento de interior (quien lleva los parques nacionales) les dio información incorrecta sobre el estado del estanque.

Esto ha provocado una histérica respuesta del secretario de ese departamento, Doug Burgnum, insistiendo que fueron vándalos los que atacaron y destruyeron el estanque, y que lo que dice la fiscal de que el proyecto era una chapuza no es cierto:

Trump se ha puesto del lado de su secretario de interior, a pesar de que es obvio que todo el proyecto fue un desastre y que las hordas de antifa sólo existen en su mente malsana.

Porque lo normal estos días es tener un presidente que niega la realidad alegremente doce veces por semana.
La guerra tonta

Tras pasarse unos cuantos días amenazando con arrasar Irán, pausar los bombardeos, ver como Irán sigue atacando cosas, amenazar más ataques, prometer a Israel que iban a acabar con todo, etcétera, Trump ha vuelto a declarar otro alto el fuego porque dice que Irán está dispuesto a negociar y van a aclarar el estatus del estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo ha vuelto a bajar de inmediato, a pocas horas de que los mercados reabran el lunes. Trump ha perdido la guerra, y parece que lo sabe todo el mundo menos él.
Fondo de corrupción desaforada, volumen II

Tras la enorme polémica levantada por su intento de crear un fondo para dar miles de millones de dólares de “indemnización” a los co-golpistas del 2021, incluyendo a los asaltantes al Capitolio, Trump aparentemente se echó para atrás. Al menos un ratito.

Semanas más tarde, el buen hombre decidió nominar a fiscal general a Todd Blanche, el abogado que tuvo la idea y “acordó” crear ese fondo. Dos senadores republicanos (que Trump se ha cargado en sus primarias) se han plantado y han dicho que a no ser que Blanche prometa no crear fondo alguno, no votarán su nominación. Trump se ha cabreado como una mona e insiste que van a poner ese dinero y que los senadores son unos vendidos.
Patanes y becarios

En el departamento de cosas obvias que no dan pena a nadie, Politico tiene un divertido artículo en el que cargos dentro del partido republicano se quejan amargamente en privado de que todos los becarios y nuevos empleados que vienen a trabajar al congreso son poco menos que nazis idiotizados con el cerebro podrido por Twitter.

Quizás eso de nombrar Presidente a Trump era mala idea, no sé.
Anales presidenciales

Para celebrar que su popularidad está sobre el 35% en los sondeos, con sólo Richard Nixon pre-dimisión por debajo de él en la serie histórica, con el país en guerra, etcétera, etcétera, Trump celebraba ayer su victoria en el torneo de golf en su club de Nueva Jersey."

(Roger Senserrich , blog, 03/08/26)

¿Qué pretendía Ayuso con la compra del ático? La Comunidad de Madrid compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial... ella esto lo ha repetido hasta la saciedad... Ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente... la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio... es la versión de Manuel Rico (José Vico)

José Vico  @josevico4

Bajo mi punto de vista, esta versión de Manuel Rico sobre lo que pretendía Ayuso con el ático es la más acertada que he escuchado, él la conoce muy bien y sabe de sus ambiciones. Veamos: La CAM compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial, como tiene Pedro Sánchez y los ministros, ella esto lo ha repetido hasta la saciedad. Pero yo apunto más allá, ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente, el año pasado la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio. Venga, madrileños que la votáis, para quien gobierna, ¿Para vosotros o para sus ambiciones personales? Esta os la sabéis, otra cosa es que no queráis verlo. Caerá por su ambición desmesurada, es muy bestia hasta para ella.

vídeo: https://x.com/josevico4/status/2084291596363653275/video/1

4:53 p. m. · 3 ago. 2026 ·131,7 mil Visualizaciones

El alquiler de los 250 metros cuadrados del ‘pisito’ de Feijóo, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, según Idealistas, oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros... así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción, los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades... “Obviamente lo paga mi familia" dijo… y ciertamente, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”

"La dimensión del problema de la vivienda en España la describe perfectamente la situación del líder de la oposición y presidente del partido que la gente de antes llamaba “el de los ricos”. El piso se lo tiene que pagar “la familia”, según ha confesado, entre confuso y avergonzado. Una situación similar a la de tantos estudiantes universitarios que tienen que sufragar un piso compartido precariamente amueblado. 

El piso

Según fuentes varias, el alquiler de los 250 metros cuadrados de vivienda, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, asciende a 4.000 euros mensuales. Eso es lo mismo que cuesta una casa en la Ciudad Jardín de A Coruña, así que consulto la web Idealista (que se llame así la web inmobiliaria de referencia ya da una idea de la confusión conceptual de la clase emprendedora española) y compruebo que las residencias de esas características en El Viso oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros. El elevado porcentaje medio que una familia española destina a ese fin no baja del 30%, así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción (menor, pero fértil), los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades.

Cierto es que no carece de patrimonio (unos pisos aquí y allá, unas acciones de esto y lo otro) y que la dedicación a la política no le ha distraído de la gestión de lo suyo. Su patrimonio, en 2019, en su última toma de posesión en el parlamento de Galicia, era de 319.593 euros, que se convirtieron en 930.972 euros en 2023, según declaró –con año y medio de retraso, pero declaró– al arribar al Senado y la presidencia del PP.

Pero, como todo el mundo sabe, y particularmente los propietarios de viviendas en sitios sin crecimiento demográfico, una cosa es el patrimonio y otra el cash disponible.

La familia

A pesar de que no es el “niño campesino” que saca a relucir cuando le conviene, la familia de Feijóo no era una familia pudiente. Bien es cierto que, como dicen que se dice en la política mexicana, “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Mientras crecían las dudas sobre quién pagaba la vivienda, el inquilino arrojó luz sobre el asunto: “Obviamente lo paga mi familia… [pausa dramática] Y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo”.

La pareja es Eva Cárdenas Botas, aunque quizás un sector considerable de los votantes conservadores no la consideren como tal, dada la inexistencia de un vínculo matrimonial, legal o religioso. Eva Cárdenas es la madre de Alberto Núñez Cárdenas, el hijo de nueve años de ambos (y que contra lo que argumenta su padre para defender la intimidad de su hogar, no vive allí, que se sepa, porque este año pasado estuvo escolarizado en A Coruña) y es además hija de Antonio Cárdenas, que fue director de personal en la extinta Caixa Galicia (como diría Guillem Martínez, quédense con el dato para después), y de Cristina Botas, una familia de raigambre falangista y farmacéutica, sin que una cosa quitase la otra, sino todo lo contrario: lo primero benefició económicamente lo segundo.

Eva Cárdenas, después de picotear en varias multinacionales de la alimentación y la perfumería, recaló en 2003 en Inditex, donde fue, con 38 años, directora de la filial más reciente, Zara Home. Una historia de éxito que finalizó en 2018, con un cese por motivos personales (y una indemnización, ni desmentida ni confirmada, de dos millones y medio de euros). Fue consultora externa de Sargadelos (hasta que las relaciones de la firma con la Xunta aconsejaron que dejase de serlo) y de Mango, pero su principal ocupación empresarial actual es Niebla Azul, una sociedad inmobiliaria que arroja unos beneficios anuales de unos 150.000 euros (lo que no está mal, con una administrativa como única empleada).

Eva Cárdenas es hermana de, entre otros, Ignacio Cárdenas, director comercial de Universal Support, una empresa de telemarketing, sin relación con el sector de la salud que, a pesar de presentar la oferta más cara, obtuvo 19,2 millones en contratos de la administración sanitaria gallega para atención telefónica y rastreo de casos de infección durante la pandemia de la covid.

Otro caso de estar en el sitio justo en el momento justo (“donde hay”) es el de la única hermana del líder de la oposición. Micaela Núñez Feijóo era delegada en Pontevedra de Eulen, pero acabó siendo la directora del área noroeste después. En los 13 años en los que su hermano presidió la Xunta, Eulen obtuvo contratos por valor de 37 millones de euros. Tan solo de 2018 a 2024, fueron 1.566 adjudicaciones de distintos órganos de la administración, la mayoría a dedo, fragmentados en partidas de menos de 30.000 euros. Y desde 2023, los sucesores de Feijóo le adjudicaron otros 17 millones. Desde que el hermano mayor de Micaela accedió al mando en la calle Génova, Eulen aumentó sustancialmente las contrataciones de administraciones como las comunidades de Andalucía y Madrid, o el ayuntamiento de la capital.

Volviendo a los Cárdenas, y a los Botas. Otro de los hermanos de Eva e Ignacio, Antonio Raimundo, ha ocupado varios cargos en Abanca, y forma parte del comité de control del fondo de pensiones del banco. Feijóo era presidente de la Xunta cuando el diktat del Banco de España determinó que las dos cajas gallegas –Caixa Galicia y Caixanova– se fusionaran primero y se privatizaran después. La nueva entidad, que sumaba más del cincuenta por ciento del mercado financiero gallego y la mayoría de los ahorros, se vendió por 700 millones de euros a un banquero venezolano entonces desconocido, llamado Juan Carlos Escotet (que los recuperó sin prácticamente haberlos desembolsado desprendiéndose de sociedades participadas).

El ganador de la pugna con rivales como Caixabank había metido el pie en el sector financiero gallego a través de un pequeño banco coruñés, Etcheverría (el Etcheverría y otra entidad coruñesa, el Banco Pastor, eran los únicos en España que manejaron en su día ducados y euros, antes de desaparecer). El entonces director general del Etcheverría y actual CEO de Abanca es Francisco Botas Ratera. Efectivamente, primo hermano de Eva Cárdenas.

El casero

Mientras Feijóo o el PP no desgranen los pormenores del inquilinato de El Viso con el mismo detalle que lo tuvo que hacer Pablo Iglesias sobre el casoplón de Galapagar, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”.

Y cuando se hagan públicos los detalles, que se repita el proceso con la mansión de su socio prioritario, Santiago Abascal, que tampoco se sabe, para no salirnos de Madrid y como decía el cuplé La chica del 17, “de dónde saca, pá tanto como destaca”."

(Xosé Manuel Pereiro  , CTXT, 03/07/26)

Contratos públicos millonarios (y opacos) para el entramado empresarial del cuñado de Feijóo... La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia pidió un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia, que abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares... la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’... Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19. En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta... Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos (Cristina Papin Marcote)

"La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia —creada por el Pleno el 21 de marzo de 2024 y formalmente constituida el 2 de abril de 2024— incluyó entre sus primeras actuaciones un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia. Este requerimiento abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico durante los años investigados.

La comisión pidió contratos, adjudicaciones, comunicaciones internas y cualquier documento acerca de la relación entre la Xunta y el entramado empresarial del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas. Sin embargo, como ya había sucedido en la comisión de investigación del Parlamento gallego, la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’.

Faltan documentos, más de 1.100 contratos menores adjudicados al Grupo Eulen —donde la hermana de Feijóo desempeña un cargo directivo— no fueron enviados a la comisión. En los contratos que sí se remitieron, el objeto aparece en muchos casos bajo la etiqueta genérica de ‘otros’, imposibilitando conocer qué bienes o servicios se estaban financiando con dinero público. Esta opacidad alimentó las sospechas de un intento deliberado de limitar el alcance del control parlamentario.

La comisión de investigación del Congreso continuó con peticiones adicionales y comparecencias centradas en los contratos realizados durante la pandemia, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares.

En Galicia, la oposición reclamó en varias ocasiones que la Xunta completara la entrega de documentación, incluidos los más de 1.100 contratos menores omitidos, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó cualquier nuevo requerimiento.

Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19.

En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta.

La concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés

Cárdenas es, además, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, lo que convierte cada euro público adjudicado a las compañías que dirige o con las que colabora en un caso de potencial conflicto de intereses que en cualquier democracia exigente dispararía todas las alarmas. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos.

Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia.

Entre 2020 y 2021, esta filial de Konecta facturó a la administración gallega 15,2 millones de euros procedentes de fondos Covid por servicios de atención telefónica, rastreo de contactos y otros encargos ligados a la emergencia sanitaria.

El detalle es todavía más incómodo: de esos 15,2 millones, 9,76 millones proceden de 12 contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tramitados por la vía de urgencia, sin concurso abierto competitivo. 

Universal Support se convirtió así en la principal beneficiaria de los contratos de call center y rastreo impulsados por la Xunta, concentrando una parte desproporcionada del negocio público en plena crisis sanitaria.

En paralelo a los contratos de emergencia, Universal Support dio un salto cualitativo: en abril de 2022 ganó un concurso del Sergas para gestionar el servicio telefónico de información sobre la covid por 4.058.533,72 euros, pese a presentar la oferta más cara de las finalistas.

Además, la compañía del cuñado de Feijóo carecía de experiencia previa en servicios sanitarios cuando comenzó a recibir estos encargos millonarios.

Si se suman los 15,2 millones en contratos de emergencia y fondos covid a los más de 4 millones del concurso de 2022, Universal Support alcanza ya los 19,2 millones de euros adjudicados por la Xunta solo en el ámbito de la pandemia, sin contar otros contratos anteriores o ajenos a la covid.

Esta cifra, que se repite en diversas investigaciones periodísticas, dibuja una relación continuada y estructural entre el Gobierno gallego y la empresa del cuñado del hoy líder de la oposición.

Pero la historia no se agota en los grandes números. Universal Support obtuvo además unos 200.000 euros en contratos menores y adjudicaciones directas "a dedo" de la Xunta mientras Feijóo era presidente, sin concurrencia pública y con un retraso de cuatro meses a la hora de publicar esos expedientes en el portal de transparencia.

El Gobierno gallego incumplió así los plazos de la Ley de Transparencia precisamente cuando se trataba de contratos especialmente sensibles por sus vínculos familiares.

La documentación presentada en la comisión de investigación del Congreso eleva todavía más el número de contratos: en el Diario de Sesiones de junio de 2024 se habla de hasta 42 contratos relacionados con la Covid concentrados en Universal Support, buena parte de ellos en el año 2021.

Esta concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés que marcan tanto la legislación europea como la estatal.

El argumento oficial de la Xunta, defendido por el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña ante la comisión de investigación, es que todos los contratos se firmaron con arreglo a la ley y en un contexto de urgencia extrema, y que Universal Support ya trabajaba para el Samur en Madrid y fue capaz de poner 75 teleoperadores a disposición del Sergas en cuestión de días.

Pero la legalidad formal de un procedimiento no elimina por sí sola la sombra de trato de favor cuando el beneficiario es el cuñado del máximo responsable político que decide la contratación.

Los contratos con Universal Support se enmarcan además en un ecosistema empresarial más amplio, donde aparecen otras sociedades vinculadas al grupo Konecta y al propio Ignacio Cárdenas. La comisión del Congreso ha exigido a la Xunta toda la documentación sobre contratos, comunicaciones, subvenciones y ayudas concedidas entre 2008 y 2023 a Universal Support S.A., Sum Talk Iniciativas S.A. y Nervo Group Investment, todas ellas relacionadas con el mismo entramado empresarial

La solicitud incluye no solo los expedientes de contratación sino también correos, actas de reuniones y cualquier rastro de interlocución con esos grupos empresariales.

Varios medios gallegos han explicado que Ignacio Cárdenas ha ocupado cargos de dirección o apoderamiento en sociedades como Sum Talk Iniciativas S.A. o STD Multiopción, además de su posición en Universal Support, lo que refuerza la idea de un grupo de empresas que actúan en red para concurrir a diversos contratos públicos.

La documentación pedida por el Congreso pretende aclarar si esa red de sociedades operó de forma coordinada para maximizar la facturación pública en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo.

El caso de Telemark‑Coremain, la UTE que gestiona el 112 en Galicia, añade otra capa de opacidad al cuadro. Telemark‑Coremain, vinculada también al entorno de Ignacio Cárdenas, recibió más de 15 millones de euros de la Xunta para la gestión del número único de emergencias.

Esta cifra incluye, entre otros, un contrato de 7.417.289,26 euros adjudicado en 2018 para el servicio de gestión del Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 Galicia.

La estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales

La propia empresa Coremain reconoce en su web corporativa que participa en UTE con Telemark en el proyecto de gestión operativa del 112 de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), lo que confirma el peso de este consorcio en la externalización de un servicio tan crítico como la atención a emergencias.

La combinación de altas cuantías, contratos de larga duración y vínculos empresariales con el entorno del poder político de Alberto Núñez Feijóo dibuja un mapa de riesgos que, de nuevo, cualquier sistema serio de integridad pública debería haber analizado y mitigado.

La oposición gallega ha denunciado que, tanto en el caso de Universal Support como en el de Telemark‑Coremain, la Xunta construyó un sistema de externalización masiva de servicios públicos sin controles suficientes y con una clara puerta giratoria entre lo privado y lo institucional.

Ese modelo habría permitido a un puñado de empresas afines o vinculadas al entorno familiar de Feijóo concentrar decenas de millones de euros en contratos, mientras la administración reducía capacidad propia y se blindaba tras la excusa de la “gestión eficiente” y de la urgencia sanitaria.

En paralelo a la investigación parlamentaria estatal, el Parlamento de Galicia aprobó la creación de una comisión sobre contratación pública cuya ponencia final, recogida en el Boletín Oficial de enero de 2025, constata problemas de transparencia y control en el conjunto del sistema, aunque evita entrar a fondo en la dimensión familiar y de posible conflicto de intereses de los contratos vinculados a Universal Support o Eulen 

La lectura de ese dictamen sugiere una voluntad de cerrar en falso el debate en Galicia mientras el foco político se desplaza a Madrid.

La comisión del Congreso, sin embargo, ha ido más allá al exigir no solo contratos y expedientes, sino también todas las comunicaciones y relaciones laborales, comerciales o mercantiles entre el hermano de la pareja de Feijóo y cualquiera de las empresas del grupo Konecta con la Xunta. Esa ampliación apunta a aclarar si hubo un uso sistemático de la posición de poder para favorecer a empresas del entorno familiar, más allá de la estricta literalidad de la legislación de contratos.

La Xunta también pagó en 2020 sobreprecios de hasta el 37% por la compra de material sanitario a Mape Asesores, la empresa gallega que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.

En este contexto, la estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales. Pero los hechos recogidos por las investigaciones periodísticas y por la propia documentación oficial —concentración de contratos, retrasos en la publicación, empresas sin experiencia sanitaria previa que se convierten en proveedores casi exclusivos— apuntan a un patrón de captura de lo público que excede con mucho las necesidades de urgencia.

Quedan, en todo caso, demasiadas zonas oscuras: no se conocen aún en detalle todos los importes y contratos con filiales como Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment, aunque la documentación pedida por la comisión de investigación incluye expresamente esos nombres. Tampoco se ha esclarecido públicamente cuál ha sido exactamente el papel personal de Ignacio Cárdenas en la negociación de los contratos ni qué canales informales se utilizaron para que su empresa se situara siempre en la pole position de las adjudicaciones.

Lo que sí sabemos ya es que la Xunta de Feijóo levantó un ecosistema de contratos públicos en el que la línea entre el interés general y el interés familiar se volvió peligrosamente borrosa.

Y que, una vez estalló el escándalo, la reacción del aparato político no fue abrir ventanas y entregar toda la información, sino retrasar publicaciones, minimizar cifras y refugiarse en la coartada de la emergencia.

Frente a esa cultura del favor y de la opacidad, la exigencia democrática es clara: auditorías independientes, publicación íntegra y accesible de todos los expedientes, identificación de los beneficiarios últimos de las empresas adjudicatarias y, si se confirman las sospechas de trato de favor, depuración de responsabilidades políticas además de las eventuales responsabilidades penales. 

Porque lo que está en juego no son solo los contratos de la Covid, sino la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos no se convierten en un negocio privado para el entorno familiar de algunos representantes del poder político." 

(Cristina Papin Marcote  , InfoLibre, 03/12/25) 

El hijo de Trump posee en secreto una participación en una startup de refinería de petróleo en Texas que aseguró una inversión de nueve cifras de la familia Ambani: Donald Trump Jr. adquirió en secreto una participación en America First Refining, una startup de refinería de petróleo en Texas que estaba luchando y que posteriormente recibió una inversión de nueve cifras de Reliance Industries de India—propiedad de la familia Ambani, cuyo patriarca había sido atacado públicamente por la administración Trump debido a las compras de petróleo ruso solo unos meses antes—según una nueva investigación de ProPublica. La inversión coincidió con una serie de victorias políticas de EE. UU. para Reliance, incluyendo una drástica reducción de tarifas para India, una licencia para comprar petróleo venezolano y una exención de sanciones para comprar crudo ruso (Drop Site News)

 "(...) Trump Jr. posee en secreto una participación en una startup de refinería de petróleo en Texas que aseguró una inversión de nueve cifras de la familia Ambani: Donald Trump Jr. adquirió en secreto una participación en America First Refining, una startup de refinería de petróleo en Texas que estaba luchando y que posteriormente recibió una inversión de nueve cifras de Reliance Industries de India—propiedad de la familia Ambani, cuyo patriarca había sido atacado públicamente por la administración Trump debido a las compras de petróleo ruso solo unos meses antes—según una nueva investigación de ProPublica. La inversión coincidió con una serie de victorias políticas de EE. UU. para Reliance, incluyendo una drástica reducción de tarifas para India, una licencia para comprar petróleo venezolano y una exención de sanciones para comprar crudo ruso. Lee más sobre la conexión Trump-Ambani aquí.(...)"

(Drop site News, 09/06/26, traducción Quillbot) 

Hablando del hermano de Pedro Sánchez, resulta que la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, obtiene una plaza pública con menos puntos que otra aspirante... la aspirante que concurrió al proceso de selección con Moreno obtuvo 49,50 puntos sobre 50 posibles, frente a los 38,20 que obtuvo la hermana de Moreno... Para las reclamantes y otras aspirantes consultadas, el procedimiento tiene el claro objetivo de encubrir una designación anunciada, y el hecho de que no se acredite públicamente la valoración de los méritos o las fuentes consultadas para desestimar candidaturas, las deja en una situación de desamparo y desigualdad, “evidenciando un interés político por encima del meramente académico” (Eva Saiz, El País)

"La hermana del presidente de la Junta de Andalucía obtiene una plaza pública con menos puntos que otra aspirante. 

María Dolores Moreno Bonilla, hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, es desde el pasado 14 de junio la nueva directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Consiguió el puesto a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro, que se jubiló el pasado junio. Según un informe reservado de la Inspección educativa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Dolores Moreno obtuvo en el concurso 38,20 puntos sobre 50 posibles. Frente a ella, Esperanza Utrera, otra competidora por la misma plaza, obtuvo 49,50 puntos.

La Inspección educativa de la Junta, encargada del nombramiento, manifestó a las reclamantes, en un correo electrónico, que a la hora de decantarse por la hermana del presidente autonómico como directora del conservatorio tuvo en cuenta “otras fuentes” de valoración más allá de la antigüedad y los méritos. Estos nuevos criterios no figuraban en las bases de la convocatoria que la Inspección remitió a los candidatos por correo electrónico. La Consejería de Educación y Deporte, dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos, se niega a justificar el nombramiento. Las personas perjudicadas denuncian falta de transparencia en lo que consideran “un claro caso de enchufismo”.

Desde la Junta defienden que el proceso de selección estuvo "sujeto a valoraciones estrictamente técnicas, donde no interviene ninguna decisión ajena a esos elementos" y aseguran a este diario que "la Inspección educativa propuso a Dolores Moreno por ser objetivamente la candidata más idónea, basándose en sus méritos académicos y profesionales"

“El procedimiento de exigir méritos no es el habitual en los casos de un nombramiento de un puesto provisional de dirección, pero es que, además, se nos ha comunicado por parte de la Inspección que había otra compañera, Esperanza Utrera, que tenía la mayor puntuación de todas las aspirantes”, explica a este diario la profesora Mónica Romero. Esta aspirante, que obtuvo 30,20 puntos en el proceso selectivo, registró el 19 de julio una reclamación ante la Junta, a la que ha tenido acceso este diario. Romero denuncia en su escrito que el inspector asignado al centro, Juan Carlos Martínez, le comentó por teléfono que se había realizado la convocatoria, en lugar de otorgar el puesto sin concurso, lo que era legalmente posible, “para no perjudicar a Mª Dolores [Moreno] Bonilla por ser quien es”. Este diario ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el inspector Martínez para recabar su versión sobre los hechos.

“En esos momentos queda patente que la inspección educativa conocía que esta persona quería optar a la dirección del centro y que la convocatoria la habían realizado a favor de ella por lo que la inspección educativa ha tomado parte en este asunto convirtiéndolo en algo político”, sostiene Romero en su escrito.

Las profesoras Romero y Utrera solicitaron por escrito el 12 de junio a la Inspección información sobre los criterios para atribuir la plaza a Dolores Moreno, que atesora 14 años de experiencia docente y que obtuvo la categoría de catedrática el pasado julio. En su respuesta a las docentes, la Inspección reconoció haber “recabado información de otras fuentes” para tomar su decisión, y se negó a “publicar la puntuación de los méritos y la información complementaria recabada” para relegar a Utrera y otorgar la plaza de directora a la hermana del presidente andaluz. Fuentes del Gobierno andaluz sostienen que fueron los servicios jurídicos quienes desaconsejaron, por posible vulneración de la ley de protección de datos remitir el informe a la reclamante.

Este periódico sí ha tenido acceso al informe de la Inspección que proponía el nombramiento de Dolores Moreno. En él, el inspector Martínez reconoce que Utrera tiene la mayor calificación por méritos -49,50 frente a los 38,20 de Moreno- pero desestima su candidatura porque “responde a un perfil de dirección con unos antecedentes que desaconsejan su nombramiento”. Martínez propone a la hermana del presidente autonómico como directora interina hasta que salga a concurso la plaza definitiva.

Para las reclamantes y otras aspirantes consultadas por este diario, el procedimiento tiene el claro objetivo de encubrir una designación anunciada y el hecho de que no se acredite públicamente la valoración de los méritos o las fuentes consultadas para desestimar candidaturas, las deja en una situación de desamparo y desigualdad, “evidenciando un interés político por encima del meramente académico”, señala Romero. La Junta sin embargo, defiende el procedimiento. “Nada se puede objetar al criterio de la Inspección educativa, que nos merece todo el respeto y la credibilidad. Nadie puede cuestionar que el procedimiento ha sido absolutamente limpio y riguroso y nadie puede cuestionar que la candidata propuesta por la Inspección es la más idónea por sus méritos y capacidad", aseguran desde el Gobierno andaluz.

Efectivamente, la normativa permite al delegado provincial de la Consejería de Educación nombrar directamente y sin proceso selectivo, a un director o directora en funciones de un centro educativo cuando cesa por jubilación el director. “Lo extraño de todo esto es que hagan una convocatoria de méritos, cuando la delegada podría haber nombrado a cualquiera. Está claro que así se guardaban las espaldas, pero en cuanto ven que hay alguien que tiene más méritos, cambian las condiciones”, se queja a este diario Esperanza Utrera. La candidata con mayor puntuación objetiva está preparando su propia reclamación, tras solicitar a la Inspección que publique la puntuación de los méritos. “Han hecho un paripé para dar la imagen de transparencia, pero parece que se les ha terminado el paripé”, insiste Utrera. “Ahora hablan de fuentes, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo para cotejar nada y eso sería lo normal, ¿no?”, se lamenta la profesora.

Dolores Moreno: "¿Por ser 'hermana de' no puedo optar a nada en mi vida?"

Dolores Moreno defiende el procedimiento por el que consiguió la plaza como directora interina del Conservatorio Superior de Danza de Málaga. “El proceso es el habitual y ha sido nítido y claro. No tengo nada que ocultar ni se me ha tratado de beneficiar”, explica la profesora de Danza Clásica a este diario.

Moreno defiende su capacidad para dirigir el centro y esgrime su trayectoria profesional como aval para quitarse el estigma de hermana de. “Parece que ser familiar te pone bajo sospecha y por eso yo me he preparado un currículo”. La hermana del presidente andaluz cuenta con 14 años de docencia, cuatro carreras —dos títulos en grado superior de Danza, clásica y española, Psicología y Magisterio—, un doctorado en Psicología y un máster en liderazgo educativo.

Lamenta las reclamaciones que se han presentado tras ser nombrada. “Hay una intencionalidad por desacreditarme”, asegura. Moreno considera “una interpretación malintencionada” que otras aspirantes entiendan que el concurso de méritos era una pantalla para ocultar que se quería nombrar a la hermana del presidente de la Junta como directora. “Esto no es un regalo ni un caramelito, no tengo una Consejería, es la dirección de un centro educativo en un año difícil para la educación superior. Aquí se está por vocación”, alega Moreno. “Si quieren el puesto que se presenten de nuevo cuando salga la plaza definitiva”, insiste.

“Yo me lo pensé mucho antes de presentarme y lo hice porque tengo detrás el apoyo de mis compañeros y porque quiero aportar mi granito de arena a la enseñanza”, resume Moreno sobre las razones que la llevaron a optar al cargo." 

( Eva Saiz , El País, 14/08/19)

 

" La Fiscalía archiva la investigación sobre el puesto de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía.

 La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias abiertas para investigar el procedimiento por el que se designó a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía como directora en funciones del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, Ángel Pericet. El verano pasado, María Dolores Moreno fue nombrada para el puesto tras pasar por un concurso extraordinario de méritos previo pese a que otra de las aspirantes obtuvo mayor puntuación. El Ministerio Público ha concluido que su designación se realizó “cumpliendo lo establecido en la norma”.

El fiscal considera que según la normativa el procedimiento admite “una cierta discrecionalidad” en cuanto a la valoración de los candidatos y no aprecia indicios suficientes para estudiar el caso en la vía penal, al entender que no hubo ningún tipo de acuerdo o connivencia previa entre el inspector que decidió optar por el procedimiento de concurso de méritos y la hermana del presidente de la Junta. La Fiscalía inició la investigación en noviembre pasado a raíz de una denuncia de la aspirante que concurrió al proceso de selección con Moreno y que obtuvo 49,50 puntos sobre 50 posibles, frente a los 38,20 que obtuvo aquella. La demandante, contactada por este diario, no ha recibido el escrito de archivo.

Desde la Junta de Andalucía se negó cualquier trato de favor a Dolores Moreno, asegurando que el concurso de méritos no era necesario y que, finalmente, se tuvieron en cuenta “otros criterios técnicos”. El pasado mes de septiembre, el consejero de Educación, Javier Imbroda, en sede parlamentaria, también defendió la actuación rigurosa de la Inspección en todo el proceso de selección. El presidente de la Junta de Andalucía también defendió que el procedimiento había sido “absolutamente limpio y normal” y que él jamás se había “entrometido o hecho injerencias en la Inspección educativa”.

Tanto la profesora que presentó la denuncia ante la Fiscalía, como otra de las que concurrió al proceso de selección con la hermana del presidente andaluz solicitaron por escrito el pasado 12 de junio a la Inspección información sobre los criterios para atribuir la plaza a Moreno, que atesora 14 años de experiencia docente y que obtuvo la categoría de catedrática el pasado julio. En su respuesta, la Inspección reconoció haber “recabado información de otras fuentes” para tomar su decisión, y se negó a “publicar la puntuación de los méritos y la información complementaria recabada” para relegar a Utrera y otorgar la plaza de directora a la hermana del presidente andaluz.

La Fiscalía entiende que la Inspección propuso a la hermana de Moreno al valorar "su idoneidad para el puesto" frente a la denunciante, según consta en los informes; un procedimiento que el fiscal no entiende irregular al seguir el decreto y porque es coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito

Este diario pudo recabar la versión Juan Carlos Martínez, el inspector que dirigió el proceso de selección y que se decantó por Moreno, pese a que otra candidata la superaba en 11 puntos. Martínez explicó que para adoptar su decisión consultó con el anterior inspector adscrito al conservatorio y con el director saliente, José Gutiérrez. “Ambos me desaconsejaron su nombramiento [por Utrera]”. “Yo recabé datos y propuse a una persona desde el punto de vista técnico, que no tiene que ser la que tiene más experiencia, sino la más adecuada”, señaló Martínez, quien recordó que su informe no era vinculante y podría haber sido rechazado por el jefe de la Inspección y por la delegada territorial. El anterior director del centro negó a este periódico que el inspector le hubiera consultado sobre la idoneidad de alguna de las aspirantes después de haber mandado el correo con los requisitos para aspirar al puesto de dirección el 29 de mayo. “Jamás habló conmigo, ni se dirigió a mí, ni yo desaconsejé en ningún momento el nombramiento de Utrera”, aseguró."

(E. S. , El País, 03/02/20)  

Los traslados forzosos acordados por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial... Jueces para la Democracia relaciona la expulsión de Villares con "presiones políticas y empresariales". La asociación denuncia que apartar a la mitad de la Sección Terceira sin consulta previa ni motivación suficiente pone en riesgo la inamovilidad e independencia judicial garantizadas por la Constitución... El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años... La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes (Manuel Vilas López)

"La sección territorial gallega de Xuíces e Xuízas para a Democracia ha publicado un contundente comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" por los traslados forzosos acordados el 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La asociación considera que la medida, que afecta a cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial, y advierte de que "no es descartable que la ciudadanía piense que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido".

 Jueces y Jueces por la Democracia (JJpD) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces y magistrados de España. Fundada en 1984, se define como una organización civil progresista surgida tras la escisión de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). A pesar de ser la tercera asociación en número de miembros (aproximadamente entre el 8% y el 10% de la carrera judicial), cuenta con una importante representación en órganos como el Consejo General de la Magistratura (CGPJ).

 El colectivo subraya que lo ocurrido es inusual tanto en su forma como en su alcance. El procedimiento habitual cuando se reorganizan secciones es el concurso interno voluntario entre magistrados, con consultas previas a los presidentes de sección y a los propios afectados. En este caso, sin embargo, cuatro magistrados han sido reubicados de golpe, sin audiencia previa y sin que ninguno de ellos cuente con experiencia en las materias que deberán asumir. "Ninguno de los cuatro trasladados tiene experiencia previa en esta sala en las concretas materias que les son encomendadas", señala el comunicado, augurando una "evidente disfuncionalidad" en ambas secciones durante los primeros meses.

 MOTIVACIONES QUE NO CONVENCEN

Xuíces e Xuízas para a Democracia pone también el foco en la debilidad de los argumentos esgrimidos por la presidencia de la sala para justificar los traslados. Las resoluciones apelan a facultades gubernativas de carácter organizativo, pero la ley exige que ese tipo de decisiones se apoyen en criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno. El comunicado señala que no consta que tales criterios hayan sido aprobados ni publicados. A falta de esa base, los acuerdos recurren a fórmulas genéricas como "crecimiento profesional" u "oportunidades en la carrera" de los magistrados afectados, argumentos que la asociación considera incompatibles con el efecto real que la medida va a producir.

 En el caso concreto del magistrado Luis Villares —el más mediático de los trasladados, por su pasado como líder de En Marea y diputado en el Parlamento galego— la presidenta añade como motivo la necesidad de "salvaguardar la imagen de imparcialidad" de la sala, en referencia a varias recusaciones que el Tribunal Supremo acogió en causas relacionadas con el Cunqueiro. Para Xuíces e Xuízas para a Democracia, extender a toda una sección lo que se analizó respecto a un asunto concreto carece de justificación.

 PRESIÓN POLÍTICA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años. Responsables políticos y empresariales cuestionaron públicamente no solo las resoluciones de la sala, sino la profesionalidad de sus integrantes, al margen de los canales legalmente previstos para recurrir las sentencias. Tanto la propia Sección Territorial de Xuíces e Xuízas para a Democracia como la Sala de Gobierno del TSXG tuvieron que salir en más de una ocasión a reclamar respeto hacia el trabajo de esos magistrados.

 Ese contexto es clave para entender la polémica que genera ahora el traslado. La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes.

 INAMOVILIDAD E INDEPENDENCIA, EN JUEGO

La asociación sostiene que el traslado forzoso y colectivo de la mitad de los miembros de la Sección Terceira puede vulnerar dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, consagrado en el artículo 24.2, y la inamovilidad e independencia judicial del artículo 117.1. "Este movimiento puede socavar la actuación independiente de los miembros del tribunal, al resultar intimidados por la amenaza de traslados forzosos y otras represalias por el ejercicio de la función que tienen encomendada constitucionalmente", advierte el texto.

 El comunicado concluye con un doble llamamiento: a los órganos gubernativos del poder judicial, para que ejerzan sus facultades "con cuidado y prudencia"; y a la ciudadanía y a la comunidad jurídica, trasladándoles el apoyo explícito a los magistrados que desempeñaron su labor "en circunstancias especialmente complicadas y en un contexto de reiteradas presiones". 

 La nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio González, que tomó posesión el 6 de marzo tras imponerse al propio Villares en la competición por el cargo, no ha hecho declaraciones públicas más allá de lo recogido en las resoluciones. La Xunta de Galicia y la patronal eólica tampoco se han pronunciado oficialmente sobre la reorganización."

(Manuel Vilas López , Galicia Press, 25/03/26)

Elecciones en Castilla y León: la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región... Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza ( Víctor de la Fuente)

"León y especialmente Castilla han vuelto a hacer lo que mejor saben, como remarcaba Azorín en sus versos sobre esta tierra, busca frenar el tiempo, perpetuar lo momentáneo. “Del pasado dichoso sólo podemos conservar el recuerdo; es decir, la fragancia del vaso”. El bipartidismo sale reforzado en todas sus expresiones, zonas rurales y urbanas, renta y edad apenas permiten distinguir entre los dos grandes partidos que dominan en todas las franjas. Tras estas elecciones el Partido Popular cumplirá más de cuarenta años gobernando ininterrumpidamente.

Es una demostración vigente de eso que llamamos hegemonía. Que no es sino la capacidad de una clase social para generar consenso en torno a sus propias ideas e intereses. Haciendo de sus intereses particulares un marco común para gran parte de la sociedad que los asume como propios. La conjugación armada entre la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región más extensa de todo el Estado español y la tercera de Europa.

Sobre estos pilares sociales se levantará un nuevo gobierno del Partido Popular y Vox. Un terreno en disputa donde Vox ha encontrado un anclaje fuerte. Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza. Municipios que concentran una parte importante de población y donde la disputa con el PP es más abierta que en los municipios muy pequeños, los de menos de 500 habitantes que son la mayoría (1.800 de 2.246) en toda la comunidad.
El alcalde de Soria sale triunfante

A pesar de la victoria de la derecha, uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido el cuatro veces alcalde de Soria, Carlos Martínez. Este ha conseguido romper la tendencia de caída abrupta que venía sufriendo el PSOE. Acercándose a uno de los mejores resultados de los socialistas en Castilla y León. Si bien la diferencia de votos del PSOE respecto al PP se amplía comparado con las anteriores elecciones de 2022, la buena campaña de los socialistas, el papel de su candidato y la absorción de las candidaturas de IU y de Podemos a su izquierda, le han permitido alcanzar un buen resultado.

Posiblemente el “No a la guerra” de Sánchez y la ayuda siempre inestimable del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, han ayudado a los socialistas. Pero haríamos mal en exagerar y sacar conclusiones apresuradas de los efectos de estos movimientos, más aún en una región profundamente viciada por la dinámica social y política propia, una tierra obsesionada con que los tiempos no corran demasiado rápido.

El leonesismo sigue vivo, sin embargo no se cumplieron las expectativas marcadas por las encuestas. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se asienta como tercera fuerza en la provincia de León tras un empate casi perfecto del PSOE y el PP. Reafirma así una realidad que a pesar de los esfuerzos propagandísticos de la Junta no deja de salir a la luz, la inoperancia de una identidad autonómica artificial que no es reconocida por una parte importante de la sociedad.
No basta con que todo arda

Una de las paradojas de esta jornada electoral la reflejan las cenizas de los incendios del pasado verano. Una oleada de llamas histórica que arrasó parajes naturales únicos, bosques y pueblos reducidos a cenizas tras días de llamas como expresión más visible del cambio climático. Sin embargo, este desastre que arrasa en horas lo que tardó décadas e incluso siglos en levantarse, no es suficiente para remover la hegemonía conservadora que entierra sus raíces a gran profundidad. La realidad es mucho más compleja que esperar a que cuando se posen las cenizas es suficiente con llegar y esperar recoger los restos del desastre bajo los cabreos y la indignación del vecindario.

Zamora es posiblemente el mejor ejemplo de ello. Es la provincia más afectada por los incendios en los últimos años y una de las regiones que más sufre la despoblación y la pobreza estructural en toda Europa. Sin embargo, el Partido Popular continúa siendo la fuerza política dominante en la provincia. Mañueco no es querido, pero garantiza un mínimo suficiente como para no arriesgarse a cualquier tipo de cambio. El PSOE no recoge en la mayor parte de estas comarcas el impacto de los incendios. Mucho menos se benefician las opciones a su izquierda, quienes han insistido en el desmantelamiento de unos servicios públicos casi inexistentes en las zonas rurales, quienes vienen denunciando la destrucción de los servicios de extinción de incendios y hablando de ecologismo y cambio climático, desaparecen completamente de Castilla y León.

Para una tierra como esta diez años no son nada. Un tiempo demasiado corto para un lugar donde el tiempo pasa tan despacio. Sin embargo, esta década ha sido suficiente para que Podemos pierda 150.000 votos, que son la diferencia entre su resultado en 2015 y los recientes comicios. Lo mínimo exigible sería una reflexión profunda sobre el principal hito de la izquierda parlamentaria en esta franja de tiempo. ¿Qué ha mejorado la presencia de Podemos e Izquierda Unida en un gobierno supeditado al PSOE? Lo cierto es que la respuesta a las dos grandes disyuntivas de esta pregunta tienen un mismo resultado: en nada.


Ni los grandes problemas que asolan a la clase trabajadora han vivido algún viso de mejora, principalmente en el terreno de la asequibilidad (el aumento de la pobreza, la escalada especulativa de la vivienda y la degradación de los servicios públicos). Ni la izquierda se ha visto reforzada política y socialmente por su participación en el cogobierno. Los resultados electorales son una prueba nítida de ello. El desastre electoral sólo refleja la descomposición política de un proyecto cuya única propuesta es replicar el cogobierno estatal, asentado sobre el miedo a la extrema derecha e incapaz de afrontar al menos las consecuencias, no digamos ya las causas, de los grandes conflictos estructurales que atravesamos.

El problema central no es de simple aritmética electoral, ni lo resolverá la demoscopia, sino de claridad política. Es necesario abrir un debate entre todas aquellas personas, colectivos sociales, sindicales y políticos que se sitúen a este lado de la necesidad de una ruptura con el capitalismo. Romper con la vorágine de derrota y descomposición provincia a provincia, comarca a comarca, tanto en León como en Castilla para superar la tendencia al folclorismo y la resignación. Una vía que nacerá inevitablemente como pequeña pero que sitúe al menos la necesidad y posibilidad de una alternativa política a un progresismo en descomposición. Un debate que debemos alimentar, que sitúe la iniciativa como una posibilidad real en el marco de la lucha de clases que se desarrolla cotidianamente tanto en Castilla, como en León y que reconozca el derecho democrático a articularse. Será sin prisa, no hay otra forma, pero marcando un horizonte claro en esta tierra tan ancha."

(Víctor de la Fuente , El Salto, 16/03/26)