Para
entender la naturaleza del crimen organizado y su relación con la
democracia y el Estado, es necesario problematizar una serie de
supuestos que subyacen a nuestra visión convencional sobre el tema. Por
un lado, usualmente asociamos crimen organizado a altos niveles de
violencia visible (por ejemplo, a homicidios). Pero en realidad, la
violencia es mala para el negocio porque genera visibilidad social y
atrae la atención de la opinión pública. El mejor crimen organizado y el
más próspero es el que no se ve.
Por otro lado, cuando pensamos
en crimen organizado tendemos a asociarlo al narcotráfico, y cuando
pensamos en narcotráfico, tenemos en mente a los grandes carteles
mexicanos o colombianos, que controlan toda la cadena de valor del
negocio. Es decir, imaginamos una sola organización, integrada
verticalmente, que produce, distribuye, vende localmente, exporta y lava
dinero. Sin embargo, la realidad del crimen organizado es sumamente
compleja, varía rápidamente y se adapta a las nuevas oportunidades y a
las ventajas competitivas que ofrecen distintos países y economías
locales. En esa realidad conviven, compiten y cooperan múltiples
organizaciones (algunas locales, algunas transnacionales) que explotan
una diversidad de mercados ilegales. Es decir, el «narco» es solo uno de
esos negocios.
Las estructuras criminales pueden lograr la
integración horizontal (desarrollando varios negocios) y la integración
vertical (controlando distintas etapas de un mismo negocio), pero
también pueden funcionar de forma más atomizada. Entender mejor los
niveles de integración horizontal y vertical de los intercambios que
ocurren en un territorio determinado es una de las claves para
comprender su «lugar» en el mapa del crimen organizado, así como el tipo
de estructura criminal que desafía y coopera con agentes estatales y
actores políticos en cada país.
Como dijimos, los mercados
ilegales son variados. Incluyen actividades como la trata de migrantes y
la trata sexual, la explotación laboral, el sicariato, el microcrédito,
la extorsión (desde el impuesto de seguridad y la «vacuna» a comercios
locales hasta el secuestro extorsivo), el tráfico de terrenos y lotes
para vivienda, la explotación de productos primarios como la madera, la
fruta y la minería, y el tráfico de especies protegidas. El tráfico de
arena, catalizado por la expansión de la industria de la construcción,
constituye otro negocio próspero en la región2.
El reportaje «La noche de los caballos», ganador del Premio Gabo en
2024, que relata la operación de un enorme negocio de exportación de
equinos robados desde Argentina hacia Europa, nos ha vuelto a mostrar la
variedad que alcanza el negocio ilegal3.
De
la gran mayoría de estos mercados no hablamos. En Chile, por ejemplo,
están casi completamente ausentes del debate público sectores muy
dinámicos como el de las máquinas tragamonedas presentes en buena parte
de los almacenes en los barrios populares, el tráfico de medicamentos en
ferias, o el mercado ilegal de la ropa usada (importada y luego vendida
informalmente en el mercado nacional e internacional). La extorsión en
varias de sus expresiones es otro negocio en expansión del que casi no
hablamos.
Esta falta de análisis hace que no percibamos lo
dúctiles que estas organizaciones pueden ser. Por ejemplo, los carteles
que operan en el estado de Michoacán han comenzado a especializarse en
la exportación de palta (aguacate) y limón hacia Estados Unidos, donde
se los sindica como responsables del alto precio de esos productos,
mientras que el Clan del Golfo (también conocido como los Gaitanistas,
un grupo originado en las autodefensas colombianas) domina el tráfico de
migrantes cuyo epicentro es la región del Darién en Panamá. Por esa
ruta migran hacia eeuu, bajo la
«protección» y «guía» del Clan, latinoamericanos, pero también
asiáticos. En 2023, transitaron por ese paso al menos 500.000 personas4.
En
América del Sur, la tala, la minería ilegal, el tráfico de
hidrocarburos, el mercado de apuestas, la extorsión a negocios, y el
tráfico y explotación de migrantes se han convertido en negocios
prósperos de importantes organizaciones que solo identificamos como
traficantes de droga. Aunque por sus altas rentas y la violencia que
suele generar en el ámbito barrial el narcotráfico acapara la atención
en el debate sobre seguridad en nuestros países, lo cierto es que la
expansión de los «nuevos negocios» nos obliga a pensar en el crimen
organizado de otra manera. A continuación, expondré cinco argumentos
para perfilar las características que tiene el crimen organizado en
nuestro continente hoy.
Primero, como dijimos, en nuestros países
asociamos el crimen organizado al narco, y el narco al microtráfico, el
cual ubicamos especialmente en las periferias urbanas. A partir de esto
se argumenta que la lucha contra la venta de droga (microtráfico)
impactará en la vitalidad de las organizaciones criminales. Esta idea es
engañosa. Aunque tiende a ser muy visible, pues produce violencia en
las periferias urbanas, el microtráfico es hoy la actividad narco que
menos renta genera. Esas ganancias se redujeron durante la pandemia, a
partir del exceso de stock de droga que se generó en la región
con el enlentecimiento del comercio internacional. Esa caída en los
réditos generó incentivos para la diversificación de negocios criminales
locales como la extorsión a comercios (las llamadas «vacunas») y
personas.
Ese giro ha ocurrido en varios países de la región y ha
tendido a que las organizaciones busquen aumentar su control
territorial (lo que hace posible la extorsión) e integren
horizontalmente sus negocios (es decir, que multipliquen los mercados
ilegales que explotan). También ha sucedido que bandas especializadas en
alguna actividad transversalmente útil para la operación de mercados
ilegales (el sicariato es un ejemplo) pasen a ser subcontratadas por
otras bandas para operaciones específicas. Una consecuencia de este
proceso es que en el ámbito territorial ha llevado a un aumento de la
competencia entre bandas que pujan por el control de estos lugares, lo
que conduce a una escalada de violencia y corrupción (porque las bandas
buscan mejorar las condiciones en que operan comprando voluntades en la
política y en las agencias estatales relevantes). Sin embargo, enfocarse
solamente en el microtráfico, y más ampliamente, en los mercados
criminales que operan en las periferias urbanas, reduce la atención
pública sobre actividades mucho más lucrativas para las organizaciones
criminales, como son la venta de droga en sectores altos, el tráfico
internacional y el lavado de dinero. Estos negocios son menos violentos
que el microtráfico porque no dependen del control territorial, pero
generan más potencial de corrupción e infiltración de la política y el
Estado en las zonas en que se realizan (los puertos, las aduanas, las
fronteras, el sistema financiero, etc.).
Así, mientras los
operadores del microtráfico en las periferias urbanas tienden a comprar
estructuras políticas y agentes estatales en el nivel local, quienes
operan otros mercados y actividades tienden a infiltrar la
institucionalidad política y estatal a más alto nivel.
Una
consecuencia es que los primeros tienen más probabilidad de terminar
presos (especialmente los integrantes menos relevantes de cada
organización, como las mujeres que complementan sus ingresos con
microtráfico). Quienes operan los mercados de alta renta rara vez
enfrentan a la justicia y son socialmente invisibles. El crimen
organizado más lucrativo no se ve, porque funciona comprando voluntades
en los intersticios del Estado y la política.
Segundo, el debate
público de los distintos países suele activar las alarmas cuando la
policía detecta la operación en el territorio de alguno de los grandes
carteles de droga. Hoy preocupan especialmente el Tren de Aragua de
Venezuela y el Primer Comando de la Capital (pcc) de Brasil, como hace una década generaban miedo los carteles mexicanos o colombianos. Esta idea también resulta engañosa.
Lo
cierto es que los grandes operadores del mercado ilegal pueden o no
integrarse verticalmente con los pequeños traficantes locales. En los
casos emblemáticos de Colombia y México, las grandes organizaciones sí
tenían integración vertical de sus negocios, y también lo tienen hoy las
grandes bandas carcelarias brasileñas –como el Comando Vermelho o el pcc–
que operan en buena parte de la región y son jugadores claves en el
tráfico hacia el mercado europeo. Sin embargo, países por los que pasan
grandes cargamentos, como Uruguay y Chile, pueden no contar con
integración vertical, siendo escasos los vínculos orgánicos entre
operadores internacionales y bandas que operan en el territorio.
La
integración vertical, así como la dinámica del negocio, se transforman a
un ritmo vertiginoso. A modo de ejemplo, con el auge de las drogas
sintéticas (como las metanfetaminas, los opioides y, más recientemente,
el fentanilo), China se ha convertido en un proveedor privilegiado de
los insumos y precursores que son utilizados en México para su
fabricación y exportación a eeuu. La
misma cadena logística que une México y China, por la que circulan
numerosos productos legales, también se ha ido convirtiendo en un
vehículo para la exportación de especies protegidas y fauna exótica
entre ambos países5.
Tercero,
los equilibrios asociados a la interacción entre el crimen organizado y
el Estado pueden cambiar con bastante rapidez. Un ejemplo es Ecuador,
que pasó de tener una baja tasa de homicidios a convertirse en el país
más violento de América Latina, con 45 homicidios cada 100.000
habitantes en 2023. Este cambio se explica por la combinación de
dinámicas internas y factores externos que transformaron a Ecuador en el
epicentro de las actividades de tráfico y lavado de bandas
internacionales con alto poder de fuego (¡y de compra!).
Otro
caso de cambio rápido entre un equilibrio poco violento y una espiral de
violencia homicida es Rosario, Argentina. Desde hace más de una década,
esa ciudad constituye una excepción en un país que cuenta con los
índices más bajos de homicidios en la región. Aunque la espiral de
violencia ha sido influida por la posición estratégica de Rosario en la
hidrovía que enlaza zonas productoras en Bolivia y Paraguay con zonas
exportadoras que se han vuelto más relevantes (los puertos de la propia
Rosario, Buenos Aires y Montevideo), las causas más importantes tienen
más que ver con dinámicas internas del mercado ilegal.
Cuarto, el
crimen organizado explota debilidades en cada país, pero también saca
ventaja de las fortalezas que ellos poseen respecto al desarrollo de
negocios legales. En algunos casos esto pasa por reconvertir (o
utilizar) viejas rutas de contrabando o corredores logísticos entre
países. A modo de ejemplo, Paraguay tiene una larga tradición de
importar vehículos usados desde Japón y eeuu,
los que ingresan a Chile por los puertos del norte del país. Esos autos
son luego conducidos, por tierra, hacia Paraguay, por pilotos
paraguayos. En los últimos años, parte de esos vehículos han alimentado
el mercado de autos «chutos» en Bolivia (autos que ingresan ilegalmente a
ese país y que circulan sin patente, hasta que son eventualmente
legalizados por el Estado boliviano, con el objetivo de cobrarles por el
trámite y la oficialización)6.
El mercado de «chutos» también se alimenta de autos de alta gama
sustraídos en Argentina, Brasil y Chile, los que en ocasiones son
transados en Bolivia a cambio de algunos kilos de cocaína. El corredor
logístico que transitan los autos que sí llegan a Paraguay también
parece estar siendo utilizado por bandas brasileñas para el tráfico de
armas7.
Los
flujos de personas se vinculan asimismo con el desarrollo y la
expansión de mercados ilegales en un momento determinado. En la década
de 1980, por ejemplo, la llegada a la periferia de Buenos Aires de
ex-guerrilleros del grupo peruano Sendero Luminoso que buscaban refugio
tuvo un rol relevante en masificar el consumo de cocaína en la ciudad,
pues los ex-senderistas tenían vínculos en zonas productoras en su país
de origen8.
Sin embargo, las ventajas que cada país ofrece al crimen organizado no
solo se vinculan con «vacíos» estatales, sino también con el tipo de
actividad legal que desarrollan. Por ejemplo, los países mineros poseen
un amplio stock de químicos con los que los narcos pueden
cocinar drogas sintéticas. También resultan interesantes para el crimen
organizado los países que destacan por su capacidad logística. En ese
sentido, los puertos de Chile y Uruguay, que poseen alto volumen de
tráfico y buena reputación en los puertos de llegada, se han convertido
en atractivos para el negocio de la exportación de droga hacia destinos
del Primer Mundo. Más aún si estos les dan un trato de fast track (asociado a menos controles) pues exportan grandes cantidades de mercaderías perecibles.
Quinto, más que un problema de seguridad, el crimen organizado debe comenzar a considerarse un problema de desarrollo9.
Usualmente se argumenta que los países de ingreso medio, como lo son
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, enfrentan una «trampa» que está dada
por la explosión de expectativas (y de descontento) ante una
trayectoria de crecimiento sostenido que aún no logra satisfacer la
demanda ciudadana que ese mismo recorrido estimuló. Las protestas
sociales que ocurrieron en Brasil en 2013, así como el estallido chileno
de 2019 (también una ola de protestas masivas), suelen ser descritos
como episodios que ilustran esa trampa.
Mi impresión es que los
países latinoamericanos enfrentan un problema de desarrollo diferente y
eventualmente complementario. Por una parte, el crecimiento económico
que trajo el boom de los commodities estimuló el
desarrollo de múltiples mercados ilegales. Esos mercados terminaron
siendo dinamizados por la circunstancia de la pandemia del covid-19 y
por el estancamiento económico que trajeron las restricciones de
movilidad, así como por el frenazo del boom. Ante una economía
menos dinámica, que no logra satisfacer las demandas de amplios sectores
de la ciudadanía, los mercados ilegales comenzaron a ofrecer una
alternativa de empleo y movilidad social.
Además de generar
crecimiento económico y proveer empleo y recursos a quienes no logran
obtenerlo en el mercado formal, la expansión de mercados informales e
ilegales también incrementó la infiltración de instituciones estatales y
de los sistemas políticos de la región. Si los economistas argumentan
que el crecimiento económico requiere de instituciones de buena calidad,
el crecimiento económico en la región (inestable, con altos niveles de
desigualdad) ha contribuido más bien a minar la calidad de aquellas
instituciones. Como confesó un entrevistado en Uruguay, mientras la
ilegalidad genere crecimiento económico y no aumente la violencia, «el
político» tiene todos los incentivos para «hacerse el gil y mirar para
el costado». Los límites de este razonamiento están en que la fuerza de
los mercados ilegales y la debilidad de nuestros Estados, paulatinamente
colonizados por la ilegalidad, van dejando sin margen de acción a los
sistemas políticos.
Además, es importante subrayar una obviedad
que, sin embargo, usualmente pasamos por alto debido a nuestros sesgos
normativos. Mientras buena parte de nosotros tendemos a ver una
demarcación clara entre lo legal y lo ilegal, entre la política
institucional y la violencia, en la realidad, esas esferas poseen
interfases porosas. Lo legal y lo ilegal se determinan mutuamente y
constituyen, en conjunto, el tipo de orden que observamos en distintos
niveles sociales y territoriales.
La policía como coordinadora de mercados ilegales
América
Latina es la región más violenta del mundo. Nuestras ciudades figuran
entre aquellas con mayores tasas de homicidios a escala global. En el top de
la tabla suelen estar localidades de México, Colombia, Venezuela y de
los países del triángulo norte de América Central, pero recientemente la
violencia ha aumentado fuertemente en localidades de países como Costa
Rica y Ecuador. La violencia también ha aumentado en otros países que
solían tener niveles bajos de homicidios, como Chile y Uruguay. Este
último es un caso muy preocupante, pues tiene más del doble de
homicidios cada 100.000 habitantes que Chile. Entre los países menos
violentos de la región encontramos a Argentina, Bolivia y Paraguay. La
situación paraguaya, sin embargo, posee varias similitudes estructurales
con la configuración observada en México antes de 2000, es decir poco
antes de que estallara la guerra contra el narco y comenzara un proceso
en cuyos primeros diez años murieron unas 170.000 personas10.
Hoy se calcula que México ya ha superado las 250.000 muertes. Mientras
tanto, la ciudad de Rosario en Argentina constituye la excepción más
flagrante al patrón de baja violencia homicida que tiene ese país. En
esa ciudad de la provincia de Santa Fe, la tasa de homicidios sobrepasa
los 22 cada 100.000 habitantes y es aproximadamente cinco veces mayor
que el promedio argentino. La escalada de violencia coincide con la
ruptura del pacto de protección tradicional entre policías, políticos y
operadores del crimen organizado que caracteriza el «manejo» de la
violencia en el resto del país.
Ese pacto se rompió (sin que haya sido
posible reinstaurarlo) hacia 2007, luego de la alternancia entre el
peronismo (que había estado en el poder provincial desde el retorno a la
democracia y durante seis periodos consecutivos) y el Partido
Socialista (que terminó gobernando la provincia por tres periodos, hasta
que se produjo alternancia primero hacia el peronismo y, más
recientemente, hacia la Unión Cívica Radical en 2023). Los trabajos de
Hernán Flom, Marcelo Sain, Matías Dewey y Javier Auyero y Katerine
Sobering permiten entender cómo funciona la coordinación del crimen
organizado en el caso argentino11.
El siguiente pasaje del libro de Sain, estudioso del fenómeno, así como
ex-funcionario del gobierno provincial, permite entrever cómo
funcionaba el viejo pacto. La cita corresponde al testimonio de un
narcotraficante en una audiencia judicial:
"[Acá]
nadie vende drogas si no es con el permiso de la policía. La policía
controla el narcotráfico. Dice quién vende y quién no y todo el mundo lo
sabe (...) la Brigada de Drogas Peligrosas, no toda, pero la gente más
fuerte, es la que maneja la droga. Ellos dicen quién vende y quién no
vende, ellos dicen, «este arregla y este no» y va preso. La policía
arregla con las personas que le sirven. Al resto de los que venden
drogas y no pueden arreglar los utilizan para hacer procedimientos que
le son útiles para limpiarse. El razonamiento de ellos es: a algunos los
tenemos para meterlos presos y a otros para trabajar. Es sencillo. Si
uno no tiene drogas, ellos [la policía] se la proveen. Y si la tiene, se
le paga mensualmente a la policía para poder trabajar.12"
Como
puede colegirse del pasaje citado, el pacto de protección tiene a la
policía como actor fundamental, que articula y organiza el mercado
criminal de venta de droga. Esta coordinación policial, que según
muestran estudios como el de Dewey, opera en otros mercados criminales
(como el robo de vehículos, la venta clandestina de autopartes, la
producción, explotación laboral y venta de textiles falsificados, etc.)
hace posible que los mercados ilegales funcionen «ordenadamente»,
reduciendo los niveles de violencia abierta.
En este sentido, es
relevante subrayar un elemento crucial: la posibilidad de regulación
policial depende de la capacidad estatal de hacer regir la ley (ante
aquellos que no cumplen con el pacto). Es decir, las policías pueden
suspender selectivamente la vigencia de la ley en beneficio de quienes
adhieren al sistema de coordinación policial. Si usualmente pensamos que
el crimen organizado prospera en espacios de vacío o ausencia estatal,
el caso argentino ilustra la situación contraria. El crimen organizado
está presente y solo puede funcionar con habilitación estatal. A modo de
ejemplo, las policías segmentan el territorio que «liberan» para que
distintas bandas operen, evitando la competencia territorial. Esto se
explica también porque, aunque la violencia homicida es baja en
Argentina, la prevalencia de otros delitos (como el robo), así como la
corrupción, son desproporcionadamente altas.
El trabajo de Matías
Dewey también muestra cómo las policías actúan con poderes delegados
por parte del poder político, pero asimismo en concertación con otros
actores como las compañías textiles legítimas, o las aseguradoras de
autos (ambas eventualmente negocian beneficios por debajo de la mesa, o
en el caso de las aseguradoras, umbrales máximos para el robo de autos,
de forma tal de hacer rentable y viable su negocio). Las policías
también obtienen beneficios monetarios directos de esta coordinación,
que proveen la base para el enriquecimiento ilícito de la oficialidad y
sus jerarquías. Esos fondos, sin embargo, también financian insumos para
el funcionamiento de las comisarías (Dewey documenta cómo, ante la
austeridad o ausencia de transferencias oficiales, las coimas a veces se
utilizan para comprar tinta para las impresoras con que se imprimen las
denuncias de robos). Esos fondos, a su vez, también se vuelcan al
financiamiento de campañas políticas. Así, si un candidato «arregla» con
la policía, puede obtener fondos para su campaña, mientras que si no lo
hace, de resultar electo, seguramente deba enfrentar una crisis de
seguridad en su distrito, propiciada por la misma capacidad de las
policías de regular el funcionamiento de los mercados ilegales.
El
nivel de comunicación entre las distintas fuerzas policiales
(provincial, de la ciudad y federal) y las bandas de crimen organizado
es tal que, para uno de los operativos claves en contra de una de las
principales organizaciones delictivas de Rosario, conocida como Los
Monos, se tuvo que llevar desde Buenos Aires a una policía especializada
en otra área (la gestión de aeropuertos) para evitar que el operativo
fuera avisado desde la propia fuerza a los miembros de la banda.
Los
trabajos de Sain y Dewey (así como el de Auyero y Sobering para
Rosario) también muestran que los políticos delegan en la policía la
tarea de coordinar los mercados ilegales y bajar la violencia. Esto
último, en tanto la violencia homicida es la que genera más atención y
costos políticos. Otro resorte fundamental del Estado que tiene vínculos
porosos con la corrupción policial y la política es el sistema
judicial. Esto ha generado que la justicia se politice (mediante los
mecanismos de nominación y promoción de actores judiciales afines) y la
política se judicialice (mediante las operaciones que pueden hacer los
actores judiciales para perseguir o proteger a los liderazgos políticos
según sean amigos o enemigos). Este ejemplo ilustra uno de los
mecanismos claves a través de los que se erosiona la calidad
institucional de las democracias actuales (la politización de la
justicia y la judicialización de la política).
Paradójicamente, a
pesar de este intrincado sistema de penetración cruzada entre actores
criminales, la política, fuerzas policiales y miembros del sistema de
justicia, Argentina ha logrado mantenerse como uno de los países menos
violentos de la región. ¿Cómo se explica entonces la epidemia homicida
en Rosario? Confluyeron en este caso varios factores que fragmentaron
los pactos de protección entre la política, los criminales y las
policías. Esa fragmentación se produjo tanto en el mundo criminal como
en el espacio político y estatal. Del lado criminal, el crecimiento
económico asociado al boom de la soja en las provincias de la
pampa argentina aumentó la demanda de droga y amplió la posibilidad de
lavar el dinero, por ejemplo, vía inversión en agronegocios, mercados
financieros y construcción. Esto sucedió en mercados de alto poder
adquisitivo, pero también en los cinturones urbanos de la ciudad de
Rosario, a la que el crecimiento económico convirtió en polo de
atracción para migrantes pobres, provenientes del Norte argentino, así
como de la zona del Chaco boliviano y paraguayo. A esto también
contribuyó la mayor centralidad de los puertos del Río de la Plata como hub
logístico para la exportación de grandes embarques de droga hacia
África y Europa. La ubicación central de Rosario en la hidrovía que
conecta los ríos Paraná, Uruguay y el Río de la Plata la convierte en
uno de los puertos con más tráfico del mundo. También la transforma en
un punto nodal para la logística asociada al tráfico de grandes
cantidades de droga. Si bien no existe evidencia de una articulación
sistemática entre los exportadores de droga y las bandas de microtráfico
locales, la centralidad de Rosario para el negocio internacional puso
mucha droga a disposición del mercado minorista de la ciudad, vía pago
en especies a las bandas que asistían en la logística y seguridad del
negocio.
En este contexto, las dos grandes estructuras que
dominaban el microtráfico en la ciudad –Los Monos y el Clan Alvarado–
entablaron abiertas disputas territoriales. Además, como resultado del
desarrollo de un sistema de franquicias y de las disputas internas,
estos grupos comenzaron a fragmentarse y generaron organizaciones más
pequeñas. En sus investigaciones, Sain y Flom argumentan que las
estructuras que hoy compiten en Rosario son fundamentalmente precarias y
poco sofisticadas, lo que contribuye a un nivel mayor de violencia.
Por
su parte, la alternancia política ocurrida en 2007, así como la mayor
competencia entre partidos, liderazgos provinciales y nacionales, generó
descoordinación en la respuesta política a la violencia criminal. Esto
se tradujo en que distintos sectores de la política y la justicia
comenzaran a competir por la protección de diversos grupos criminales.
En suma, mientras Argentina ilustra las posibles «virtudes» de un
sistema de coordinación de los mercados criminales para reducir la
violencia letal, Rosario muestra cómo esa coordinación puede quebrarse
ante shocks que alteren la estructura de incentivos que enfrentan los actores que conforman el sistema local.
La bukelización de América Latina
En
el caso chileno, la configuración del debate público y de la
competencia política que está emergiendo es similar a la que ha
facilitado la irrupción del «modelo Bukele» en El Salvador y su difusión
en la región. Aunque sabemos que el «populismo punitivo» no funciona en
términos de proveer soluciones sostenibles de política pública, sí lo
hace como lógica de competencia electoral para actores orientados al
corto plazo13.
¿Con qué argumentos afirmar que la «mano dura» no es solución, ante el
«éxito» de Nayib Bukele en cuanto a la reducción de la violencia en El
Salvador14?
Los argumentos son tres. Primero, por varias razones, el experimento
Bukele no es replicable en buena parte de la región. Por un lado, El
Salvador es un país muy pequeño, en el que además operaban
organizaciones criminales con una estructura de liderazgo piramidal con
las que Bukele negoció treguas, así como la entrega de miembros de cada
organización. Países de dimensiones mayores, con estructuras criminales y
aparatos de seguridad más complejos, no tienen condiciones que hagan
posible cuadrar una estrategia de este tipo «desde arriba» y en los
plazos (muy comprimidos) en que Bukele desarrolló su estrategia de
encarcelamiento masivo. La evidencia con que contamos respecto a
enfoques de «mano dura» y militarización de la seguridad en contextos de
mayor complejidad es apabullante: en Brasil, Colombia y México, la
«mano dura» terminó escalando simultáneamente la violencia y la
corrupción15.
Segundo,
el esquema de encarcelamiento masivo de Bukele no tiene una estrategia
de salida. Las cárceles en América Latina son criminógenas, en el
sentido de que expanden y complejizan el fenómeno criminal, más que
atenuarlo y prevenirlo. ¿Por cuánto tiempo son sostenibles, entonces,
los logros de Bukele en cuanto a seguridad? ¿Quiénes y en qué
condiciones comenzarán eventualmente a salir de las cárceles
salvadoreñas? La falta de respuesta a estas interrogantes anticipa el
tercer argumento: la estrategia Bukele implica la caída de las
libertades civiles y de la vigencia de los derechos humanos que son
constitutivos de un régimen democrático. Un porcentaje importante de la
ciudadanía salvadoreña se siente, no sin razón, más segura que en el
pasado. Sin embargo, ellos y sus hijos corren el riesgo de encontrarse
en cualquier momento con la arbitrariedad de las autoridades
salvadoreñas y terminar en las mazmorras de Bukele. Y ante esa
eventualidad, no tendrán a quien recurrir sin correr el riesgo de
empeorar aún más su condición.
Recientemente, ante el alza de
precios y enfrentando una caída en su popularidad por la situación
económica, Bukele amenazó a los empresarios (que hasta entonces lo
apoyaban abiertamente) con perseguirlos judicialmente si no bajaban los
precios. Lo hizo afirmando que «todos estaban fichados», a lo que añadió
«ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por
el incremento de los alimentos lo que les vamos a poner. No es broma.
Como se lo dijimos a las pandillas en 2019, y se dieron cuenta de que no
era broma. Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y
mayoristas de alimentos: paren de abusar»16.
Es probable que, al igual que como obró con las pandillas, al tiempo de
hacer pública su amenaza, Bukele haya estado negociando la política de
ajuste de precios con las empresas por debajo de la mesa.
En
suma, que un porcentaje relevante de la población prefiera vivir con
incertidumbre respecto a las arbitrariedades del régimen de Bukele antes
que preservar sus libertades civiles dice mucho más de los déficits de
la democracia salvadoreña que antecedió al mandatario (y por extensión,
de varias de las democracias latinoamericanas contemporáneas) que del
éxito de este último en generar una alternativa sostenible y
normativamente razonable de política pública.
Evité aquí de modo
consciente referirme a los vínculos evidentes entre el crimen organizado
y las tres dictaduras hoy vigentes en la región (Cuba, Nicaragua y
Venezuela), porque lo que me interesaba era explorar las relaciones
entre regímenes democráticos y las dinámicas del crimen organizado.
Desde esta perspectiva, el caso de Bukele es relevante porque señala una
vía electoral y democrática hacia el autoritarismo. Esa vía ilustra
cómo un sistema de partidos que se encontraba entre los más estables e
institucionalizados de la región (junto con los de Argentina, Chile y
Uruguay) terminó siendo barrido en una elección por un outsider que
logró explotar la desesperación de la ciudadanía ante el problema de la
seguridad. A su vez, el camino salvadoreño es uno que, a diferencia de
los procesos de dictaduras anacrónicas, hoy cuenta con una gran
estrategia de marketing y viento a favor.
Nota: este texto forma parte del libro ¿Democracia Muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado, Ariel, Santiago de Chile, 2024.
