Salvar a las prostitutas condenándolas a mayor precariedad... ninguna salvación encontrarán en las políticas abolicionistas que criminalizan todo su entorno, únicamente conseguirán más policías en sus puertas, más deportaciones, más control sobre sus vidas por parte de jueces, agentes de la autoridad o de servicios sociales. La policía nunca ha salvado a las pobres... el feminismo menos emancipador y más esencialista, que ha conseguido hegemonizar este ciclo, ha impuesto su marco abolicionista... La propuesta del PSOE propone una criminalización de todo el entorno del trabajo sexual: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con la organización del trabajo, los que reciban algún tipo de lucro por la actividad, y a los propios clientes... Si prohibes todo lo que rodea al trabajo sexual, lo que haces es arrojar a las mujeres a los brazos de las mafias más despiadadas, las que pueden explotar la situación de ilegalidad para ejercer control sobre las trabajadoras sexuales, las que se mueven mejor en las sombras, las que tienen mayor capacidad de generar corruptelas policiales o políticas. El resultado: que una ley que dice perseguir a los proxenetas acabe reforzando sus versiones más coactivas... Lo que sucederá, como ha pasado en otros países donde se han implementando políticas parecidas, es que la prostitución no desaparecerá, solo se desplazará a lugares menos visibles, más ocultos y peligrosos, lo que aumentará el riesgo de violencia y abuso. Muchas más acabarán deportadas, multadas o en la cárcel (Nuria Alabao)

 "Este último ciclo feminista se ha desplegado con toda la ambigüedad de un movimiento interclasista que lleva en sí proyectos muy diferentes. No todo el feminismo es emancipatorio o está preocupado por las condiciones de vida de las mujeres reales que se escapan de sus discursos esencialistas, punitivistas o de sus proyectos de remoralización social. La mejor muestra: el proyecto de ley “abolicionista” de la prostitución que el PSOE ha rescatado de la última legislatura. Entonces no se llegó a aprobar, hoy no sabemos si es otra guerra cultural para evitar hablar de los casos de corrupción pendientes, porque los votos para que se apruebe no están garantizados: sus socios de gobierno se muestran mayoritariamente en contra. Los socialistas buscan el apoyo del PP, pero este partido todavía no se ha pronunciado con claridad.

Parece entonces que lo que les importa es agitar, enarbolar la bandera de la “preocupación” por las mujeres, reapropiarse del feminismo que una vez más consideran exclusivamente suyo y que han tenido que disputar con los nuevos partidos de izquierdas. En medio de sus guerras de poder quedan atrapadas mujeres tangibles, con problemas de carne y hueso; las mujeres más pobres, las migrantes sin papeles, las trans, las que no votan, las que no importan, las que no pueden consentir ni tienen agencia de ningún tipo, solo esperan “a ser salvadas”. Pero ninguna salvación encontrarán en las políticas abolicionistas que criminalizan todo su entorno, únicamente conseguirán más policías en sus puertas, más deportaciones, más control sobre sus vidas por parte de jueces, agentes de la autoridad o de servicios sociales. La policía nunca ha salvado a las pobres.

 Junto con una oleada de nuevo puritanismo sexual, el feminismo menos emancipador y más esencialista –que ha conseguido hegemonizar este ciclo– ha impuesto su marco abolicionista. La prueba de que esta nueva ley supone un paso atrás es que varios de los elementos que propone fueron despenalizados por el propio Partido Socialista en el primer Código Penal de la democracia –el alquiler de espacios y el proxenetismo no coactivo– con el objetivo de acabar con las leyes franquistas. En el momento de mayor paridad en las instituciones, lo que estamos obteniendo de ese feminismo institucional son penas más duras, más cárcel y más policía como solución a todos los problemas sociales. Desde luego, nada de eso mejora la vida de las prostitutas.

La propuesta del PSOE propone una criminalización de todo el entorno del trabajo sexual: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con la organización del trabajo –los que reciban algún tipo de lucro por la actividad– y a los propios clientes. Según la ministra Redondo, incluso se quieren imponer penas contra “cualquier acción que impulse o promueva la prostitución”, un enunciado lo suficientemente ambiguo para que salten todas las alarmas. Es decir, aunque la ministra de Igualdad diga que no se va a penalizar a las mujeres, si todo lo que permite ejercer su trabajo resulta “criminal” es inevitable que acabe perjudicando a las prostitutas. Como dice Paula Sánchez, “la abolición es la teoría, la prohibición es la práctica”.

 El ejemplo de la vivienda es muy claro. Aunque se supone que va contra los prostíbulos, en la práctica penalizar la cesión de espacios implica que se pueda perseguir a las que alquilan un piso juntas, alquilan habitaciones a otras compañeras o el uso de habitaciones de hoteles, como ya ha sucedido en Noruega. Muchas veces las trabajadoras sexuales viven en los mismos lugares donde ejercen, por lo que pueden ver dificultado todavía más el acceso a una vivienda.

¿Qué supone en la práctica el abolicionismo realmente existente?

Si esta ley fuese a acabar con los patrones permitiendo la autoorganización de las prostitutas quizás sería interesante, pero como no se cansan de repetir las trabajadoras sexuales organizadas, estas normas no estimulan el trabajo autónomo, lo penalizan también. Lo que sucederá –como ha pasado en otros países donde se han implementando políticas parecidas– es que la prostitución no desaparecerá, solo se desplazará a lugares menos visibles, es decir, más ocultos y peligrosos, lo que aumentará el riesgo de violencia y abuso. Muchas más acabarán deportadas, multadas o en la cárcel. La invisibilidad, además, refuerza el estigma y dificulta el acceso a servicios de salud, protección legal y apoyo social.

“La criminalización del trabajo sexual callejero ya ha empujado a muchas compañeras que ejercían en espacios públicos a recurrir a terceros, ya sean clubes de alterne o casas de citas”, explican en este artículo las activistas Kenia García y María Riot. Si prohibes todo lo que rodea al trabajo sexual, lo que haces es arrojar a las mujeres a los brazos de las mafias más despiadadas, las que pueden explotar la situación de ilegalidad para ejercer control sobre las trabajadoras sexuales, las que se mueven mejor en las sombras, las que tienen mayor capacidad de generar corruptelas policiales o políticas. El resultado: que una ley que dice perseguir a los proxenetas acabe reforzando sus versiones más coactivas, llevando a las mujeres a mayor clandestinidad y debilidad a la hora de negociar condiciones –ya sea con patronos o clientes–.

Metemos la prostitución bajo la alfombra, junto con todas las cosas que no nos gustan

Metemos la prostitución bajo la alfombra, junto con todas las cosas que no nos gustan. Mientras, esas mujeres que tanto nos preocupan quedan también en las sombras, atrapadas en vidas peores, más duras y con más violencia, pero no las vemos. El proxenetismo no desaparecerá, quizás mute algo de forma o se disfrace de otras actividades. ¿Quiénes son los más interesados en que no sea considerado un trabajo? Los dueños de prostíbulos siempre han luchado en contra del reconocimiento de derechos que otorga a estas mujeres el marco laboral.

Disciplinar a las pobres criminalizando la prostitución

“Sencillamente no me resigno a aceptar que la prostitución es el infierno menos malo para las mujeres sin muchas opciones”, decía la diputada del PSOE, Andrea Fernández, en Twitter. Un ejemplo de cómo esta cuestión se trata principalmente como algo moral, que ofende en lo más íntimo a personas que jamás tendrán que elegir entre dedicarse al trabajo sexual o a otros trabajos mal pagados e hiperexplotados. En realidad, muchas trabajadoras sexuales vienen ya de trabajos de limpieza o similares –y a veces basculan entre estos y la prostitución–. Tienen otras opciones “más morales” pero no optan por ellas porque están peor pagadas –algunas tienen que mantener a familias enteras en sus países de origen– y les ofrecen menos autonomía –quizás crían a niños pequeños, algo muy difícil sin una red y sin dinero–. Otras están excluidas del sistema laboral formal por tener discapacidades o enfermedades crónicas o por ser mujeres trans. En muchos de estos trabajos feminizados y precarios tan dignos, pueden llegar a sufrir más humillaciones que en el trabajo sexual, algo que ni se puede imaginar una diputada del PSOE. Tampoco les exigimos imaginación, solo que hablen con las trabajadoras sexuales y conozcan sus realidades y sus demandas.

En realidad, la cobertura política o moral que pueda existir detrás de esta propuesta de ley es del todo irrelevante, lo importante es su resultado. En la práctica, estas políticas abolicionistas conllevan una agenda punitiva de endurecimiento penal, de disciplinamiento del trabajo de las más pobres y de reforzamiento de los controles migratorios, donde la criminalización de la prostitución constituye una herramienta más para la persecución de las migrantes. (Recordemos que ni siquiera se ha conseguido aprobar una regularización extraordinaria que pedía una ILP reciente.)

La verdadera solución pasa por permitirles migrar legalmente y con derechos

Esta no es una ley que piense en el bienestar de estas mujeres, sino que será utilizada para reforzar el control sobre ellas y obligarlas a aceptar condiciones de explotación en el ámbito doméstico, agrícola o textil. La verdadera solución es permitirles migrar legalmente y con derechos, no por la criminalización de su actividad. Las que consideran que es una situación indigna, que va en detrimento de todas las mujeres, ¿van a derogar la ley de extranjería para “abolir” la prostitución? ¿Van a dar acceso a todas estas mujeres a trabajos bien remunerados y con condiciones que les hagan innecesario optar por el trabajo sexual?

No nos engañemos. Por más que lo repita la ministra no se va a ayudar a estas mujeres. Como explican ellas mismas, los programas anteriores “para salir de la prostitución”, como el Plan Camino de la anterior legislatura, se emplearon en gran medida en campañas publicitarias o en ONG intermediarias que ayudaban a las mujeres a pedir el Ingreso Mínimo Vital u otros planes sociales para pobres, pero no les proporcionaban opciones laborales aceptables o recursos directos.

Si en este contexto no se puede acabar con los motivos que llevan a estas mujeres –y a algunos hombres– a prostituirse, al menos se debería despenalizar su actividad como estrategia de reducción de daños. Despenalizar sacaría a la policía y al sistema penal del cuello de las trabajadoras sexuales, aumentaría su autonomía sobre su actividad y haría que la prostitución fuera un trabajo más seguro y con menos violencia, o con más posibilidades de hacerle frente. ¿O van a seguir arrojando a mujeres reales a los pies de los caballos de la represión y la clandestinidad en aras de un ideal de igualdad de género abstracto?"           (Nuria Alabao, doctora en Antropología Social., CTXT, 29/03/24)

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina): “La principal violencia que atravesamos las trabajadoras sexuales es la institucional... la lucha de las putas es una lucha de clase y una lucha feminista”... hay un gran desconocimiento, las trabajadoras sexuales tenemos que hacer pedagogía para explicarle a la gente, a las funcionarias, a los partidos políticos de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual... estamos como en distintas sintonías, cuando hablan de trabajo sexual, hablan de situaciones que están muy alejadas de la realidad nuestra y a veces se centran mucho en una discusión más teórica y filosófica y dejan por fuera realidades de vidas concretas... tenemos las estrategias de invitarlos al territorio a escuchar las problemáticas que tienen nuestras compañeras. Que lejos de sentarnos a discutir si es o no trabajo, pasamos las horas hablando de las cosas que tienen que ver con no poder pagar nuestros alquileres, que tienen que ver con sufrir situaciones de discriminación... nos ven a todos como víctimas, anulan nuestro poder de decisión y nuestra agencia... Nosotras siempre tratamos de hablar de la realidad, no de suponer... En Argentina, por ejemplo, cuando se llevó adelante la prohibición de los avisos clasificados, nunca fuimos consultadas las trabajadoras sexuales, siempre se han sentado otras: filósofas, socióloga, feministas, históricas, ONGs para diseñar el programa de esa prohibición... lamentablemente, las políticas que despliegan terminan empeorando nuestra situación económica y llevándonos a mayor precariedad y mayor explotación

"Georgina Orellano (Morón, Buenos Aires, 1986) tiene una presencia y una capacidad discursiva que electrifica y te hace tener la tonta idea de que se pueden construir mundos en los que la justicia social exista. Este don no viene de la nada: Orellano lleva 13 años de lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en Argentina. Desde 2014 es la secretaria general nacional de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), un colectivo referente internacional en la lucha por la descriminalización y contra la persecución de las personas que se dedican al trabajo sexual.

En su libro Puta Feminista. Historias de una trabajadora sexual habla de todas las violencias institucionales que les atraviesan a ellas y a sus compañeras como trabajadoras sexuales y como activistas por sus derechos. Unas violencias acompañadas por un estigma que, como ella misma refiere, desprenderse de él es el proceso más difícil que vive no solo una trabajadora sexual, sino también sus hijos. La activista aprovecha su paso por el Estado español para crear redes con trabajadoras sexuales y aliadas, y recuerda que la lucha de las putas es “una lucha de clase y una lucha feminista”.

¿En qué situación se encuentra el trabajo sexual en Argentina?
El trabajo sexual en Argentina no está prohibido, pero tampoco está permitido. La mayoría de espacios donde se desarrolla la actividad están criminalizados por figuras Contravencionales, Código de Faltas, legislaciones municipales y ordenanzas provinciales que han prohibido los establecimientos donde se desarrollaba el trabajo sexual: los cabarets, las whiskerías, las casas de cita, etc. Se han prohibido también los avisos clasificados de oferta de servicios sexuales y el trabajo sexual callejero está restringido por normativa que penalizan lo que llaman prostitución escandalosa o prostitución peligrosa y esto genera mucha persecución policial hacia las compañeras que ejercen trabajo sexual en la calle.

Hace unas semanas fuiste detenida por la policía por apoyar a una de tus compañeras frente a la policía. ¿En qué situación se encuentra la violencia por parte de las instituciones argentinas hacia vosotras?

Siempre señalamos que la principal violencia que atravesamos quienes ejercemos el trabajo sexual es la violencia institucional, la violencia ejercida a manos de la fuerza de seguridad. Es la violencia que despliega la policía amparada en un montón de normativas que están vigentes en nuestro país. Es la policía la que se adueña del espacio público o del espacio donde las compañeras ejercen el trabajo sexual y que se potencia más esa violencia por la clandestinidad de nuestra actividad y por la criminalización.

¿Qué estrategias de resistencia se crean dentro de la clandestinidad?

La importancia de la organización, es la principal respuesta para frenar la violencia institucional, la falta de derechos, el estigma, la discriminación y muchísimas situaciones de precariedad que atravesamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Lo que se gesta ahí como respuesta a toda esa cadena de violencias es la organización, la importancia de la organización sindical, la importancia de lo colectivo, de saberte que sos parte de un colectivo, que no estás sola Que tenés que tener herramientas tanto de conocimiento y saberes de sobre las legislaciones y lo que puede o no puede hacer la policía. Pero también que es importante estar en red, sostenerte con el tejido de las compañeras que siempre van a estar cuando lo necesites. Cuando atraviesas alguna situación problemática siempre tenés la posibilidad de llamar al sindicato, de que te asesoren y de que te acompañen. Es importante que no te veas ahí sola y aislada, sino que te veas dentro de una organización donde muchas de las compañeras ya han pasado por situaciones hostiles y violentas.

¿Por qué crees que el poder sigue queriendo que estéis en esta situación de clandestinidad?

Sobre nosotras creemos que hay un gran desconocimiento, me parece que lo que hacemos ahí las trabajadoras sexuales es mucha pedagogía, eso es parte central de nuestro activismo. Es hacer pedagogía para explicarle a la gente, a las funcionarias, a los partidos políticos de qué hablamos cuando hablamos de trabajo sexual. Porque me parece que estamos como en distintas sintonías, cuando algunos de ellos hablan de trabajo sexual, hablan de situaciones que están muy alejadas de la realidad nuestra y a veces se centran mucho en una discusión más teórica y filosófica y dejan por fuera realidades de vidas concretas, de personas, de sujetos políticos que atraviesan un montón de situaciones y problemáticas justamente por la ausencia del Estado. Entonces ahí es importante hacer pedagogía y compartir los conocimientos, sobre todo para dar cuenta y señalar que las cerradas no somos nosotras, que hay que acercar un poco más a la realidad, a los funcionarios y a las funcionarias. Y tenemos ahí las estrategias de invitarlos al territorio a que hablen con las compañeras, a escuchar las problemáticas que tienen nuestras compañeras. Que lejos de sentarnos a discutir si es o no trabajo, pasamos las horas hablando de las cosas que tienen que ver con no poder pagar nuestros alquileres, que tienen que ver con sufrir situaciones de discriminación en un centro de salud, que tiene que ver con tener que pagar el triple de valor del alquiler porque si no, no te alquilan, de que hay compañeras que tienen que arreglar con la policía para que la dejen trabajar de manera tranquila…

También después del desconocimiento es que hay mucha moral, incluso en los sectores que se consideran progresistas y dentro de los feminismos. Cuesta mucho poder hablar de los deseos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y siempre lo que prima ahí es la mirada de la victimización y las políticas punitivas como respuesta a eso. Entonces, ahí también se cuela dentro de esa categoría el trabajo sexual y nos ven a todos como víctimas que anulan nuestro poder de decisión y nuestra agencia, que suponen que nuestra situación de ser otra, seguramente la salida laboral hubiese sido otra y no el trabajo sexual. Nosotras siempre tratamos de hablar de la realidad, no de suponer. La realidad es que hay un montón de mujeres lesbianas, travestis y trans, intersex y personas no binarias que ejercen el trabajo sexual con distintas corporalidades, con distintas situaciones de atropello policial donde a todes nos atraviesa el estigma y la falta de derechos. La política a veces está muy alejada de la realidad y los deseos de las personas.

Entonces, crees que si los partidos políticos fueran conscientes de las realidades del trabajo sexual, ¿cambiarían sus políticas?

 
Yo creo que por lo menos desplegarían políticas que estén más cercanas a solucionarles los problemas a las personas y no empeorar su situación. En Argentina, por ejemplo, cuando se llevó adelante la prohibición de los avisos clasificados, nunca fuimos consultadas, las trabajadoras sexuales siempre se han sentado otras: filósofas, socióloga, feministas, históricas, ONGs para diseñar el programa de prohibición de los avisos clasificados del servicio sexual como respuesta para combatir la trata de personas. Nosotras fuimos las últimas en enterarnos, pero fuimos las primeras en recibir las demandas de las compañeras. O sea, las compañeras no fueron a la ONG, ni hablar con la filósofa o la socióloga. Vienen al sindicato a decirnos, miren, no puedo publicar más, voy a tener que salir a trabajar en la calle o voy a tener que buscar otra manera de difundir mi servicio. Entonces, una política que supuestamente es pensada de las buenas intenciones de personas que se juntan bien intencionadas para combatir la trata de personas que en la realidad concreta criminaliza y precariza el trabajo de otras compañeras de otro colectivo que no ha sido tenido en cuenta.

Ahí lo que falla es cómo se diseñan las políticas, porque las políticas que van dirigidas a un sector deberían primeramente sentar a ese sujeto político en la mesa para preguntarle por lo menos cómo desearía que sea la intervención estatal. Entonces, de lo que vemos es que el Estado tiene una mirada muy maternalista y paternalista de las personas que venimos de los sectores populares. Ellos suponen que son los tienen las mejores respuestas de cómo deberíamos resolver nosotras las dificultades que atravesamos en nuestra vida cotidiana. Pero lamentablemente, las políticas que despliegan terminan empeorando nuestra situación económica y llevándonos a mayor precariedad y mayor explotación.

¿Qué has aprendido en estos más de 10 años de activismo?
 

Yo creo que lo primero que nosotras hemos logrado es recuperar la palabra. Para nosotras es fundamental tener una voz e interpelar, ir y llevar esa voz, estos cuerpos, estas vivencias, estas trayectorias y los saberes y conocimientos que traemos de nuestro trabajo de la calle. Hoy en Argentina si hablan de prostitución, sí, o si las trabajadoras sexuales tienen que ser las primeras convocadas en la mesa. Pero nos costó muchísimo poder revertir esa situación de tener nosotras el micrófono y no ir como oyentes, y tener que escuchar discursos de dos horas donde no tenían representación alguna de lo que nos pasaba a nosotras en nuestra realidad.

También hemos aprendido la importancia de derribar el estigma. Creo que es uno de los procesos más largos que tienen quienes ejercemos el trabajo sexual de sacarnos el estigma de encima y de hacernos visibles. De elegir el activismo como una elección de vida, nosotras somos activistas todo el tiempo, no solamente hago activismo cuando estoy en el sindicato, esto te transforma en un 100%. La militancia a nosotras nos transformó la vida. Por más discurso hegemónico que ha estado instalado en la academia, en los feminismos y en el Estado por muchos años, hay una ruptura y porque a nosotras nos empiezan a llamar como nosotras decidimos que nos llamen y no con otras categorías que se inventan para anular nuestra identidad.

Después hemos construido herramientas que tienen que ver con cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Las políticas que tiene el Estado son políticas punitivas y esclavizantes con tinte abolicionista y moralista. Pero también nosotras somos conscientes de que las compañeras viven el hoy. Si el Estado no genera políticas públicas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos generado nosotras mismas nuestras propias estrategias de organización dentro del sindicato para darle una respuesta a las compañeras desalojadas, discriminadas o que tienen que denunciar la violencia institucional. Para que por lo menos que las compañeras y compañeros puedan ejercer el trabajo sexual teniendo sus condiciones mínimas seguras.

 
AMMAR sois un colectivo referente para la lucha de las trabajadoras sexuales a nivel internacional y en el estado español. ¿Qué crees que podéis aportar a este contexto?

 

La verdad es que la situación es compleja y creo que primeramente desde la experiencia nuestra, habiendo atravesado contextos donde se desplegaban un montón de normativas abolicionistas, me parece que lo primero que hay que construir es un poder popular, unidad del colectivo y del movimiento de trabajadoras y trabajadores sexuales. Generar consensos, participación de todas las voces, no solamente de las trabajadoras sexuales que trabajan en la calle, sino en las que trabajan en los pisos, las que trabajan en las redes sociales, porque hay que generar un discurso que nos represente a todes y entender que el trabajo sexual es muy amplio, hay distintas formas de ejercerlo, hay distintas trayectorias de vida, distintas experiencias en el trabajo sexual, algunas buenas, otras malas. Antes de ir a disputar al Estado español o dar la discusión con el movimiento abolicionista, hay que generar consensos hacia el interior de la organización y decidir qué batallas queremos dar, porque no vamos a poder dar todas la batallas todas.

En una lucha de tanto tiempo habrás vivido muchos altos y bajos. ¿Qué te inspira para seguir estando al frente de este movimiento?

Mis compañeras. Hay veces que uno se levanta agotada mentalmente, pero el teléfono suena y las compañeras que nos dicen que la policía está haciendo un procedimiento y bueno, nos ponemos las zapatillas y salimos. Después también el agradecimiento de las compañeras que siempre son muy solidarias con el sindicato que todo el tiempo nos están haciendo dar cuenta de que no tenemos que tirar la toalla y que tenemos que seguir adelante porque se sienten contenidas, se sienten protegidas, se sienten parte de algo. A veces se transforman en compañeras a partir de solucionar un problema, al día siguiente la tenés en el sindicato diciendo vengo acá a dar una mano como ustedes me la dieron a mí. Y eso es construir.

Una de las cuestiones que la sociedad no tiene en cuenta a la hora de abordar la situación de las trabajadoras sexuales es el estigma que sufren sus hijes. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué hay que exigirle a las instituciones?

Yo creo que tiene que haber una Educación sexual integral con una mirada que en la que no se cuelen discursos moralistas. Nos hemos enfrentado a situaciones de discriminación y de bullying que han atravesado a les hijes de las trabajadoras sexuales. Hemos pedido y solicitado reuniones al Ministerio de Educación justamente para trasladarle esta preocupación y también nos hemos acercado a las instituciones escolares para hacerles saber que el sindicato está sabiendo de la situación que están atravesando algunes hijes de compañeras. También ahí lo importante para nosotras es la alianza con los sindicatos de docentes.
¿Qué respuesta tenéis cuando os presentáis en los centros educativos?

La respuesta mayoritariamente es decirnos que han dado intervención al Comité pedagógico o nos derivan a hablar con las psicólogas y los psicólogos del colegio. Nosotras en algunos barrios hemos celebrado el Día del Niño, por ejemplo, invitando no solamente a los hijes de las trabajadoras sexuales, sino a todos les niñes del barrio, justamente para generar comunidad que no termine siendo un gueto. Que los hijos de las putas tengan que juntarse solo con hijos de puta, si no que puedan sobre todo transitar su proceso escolar en igualdad de condiciones, y que no tengan que enfrentarse a discursos donde tengan que dar explicaciones de lo que trabaja su mamá. Nos hemos encontrado con algunas situaciones de docentes muy sensibles y sensibilizados.

¿Qué crees que aporta la lucha de las trabajadoras sexuales a la lucha de clases y a los feminismos?

Creo que nosotras al feminismo y a la lucha sindical le aportamos conciencia de clase, porque todo el tiempo estamos reconociendo primero que somos pobres. Segundo, que no elegimos libremente, pero que eso no es algo que solamente sea una realidad nuestra, sino que la compartimos con un montón de otras trabajadoras. Después, dando cuenta que cuando salimos al sistema laboral, los trabajos que nos encontramos son trabajos precarios. Esas discusiones a veces en el camino se pierden porque se piensa que un día se levantó, fue y se paró en la esquina, no, una se levantó, abrió la puerta de su casa y se encontró con que vive en un barrio pobre, con que de la calle que camina es una calle de tierra, con que tiene un color de piel que sabe que los trabajo que vas a realizar van a ser trabajos precarios, porque naciste entonces en un cuerpo feminizado, porque sos pobre, porque no vas a tener la posibilidad de ir a la universidad y porque tu propia familia sí o sí te piden que trabajes de lo que sea para poder ayudar a mantener el sostén del hogar. Y esas son las discusiones que le aportamos al sindicalismo.

Las trabajadoras sexuales vivís cotidianamente atravesadas por distintas violencias institucionales. Por eso me interesa mucho preguntarte, para poner en el centro que los colectivos vulnerabilizados y perseguidos se merecen también suavidad y afecto. ¿Qué cosas te generan ternura?

Me produce ternura, por ejemplo, ayer, cuando presenté el libro en Madrid, vino una chica estudiante y me regaló unos aritos hechos por ella porque trabaja en una feria haciendo bisutería y eso me produjo ternura. Una trabajadora reconociendo el activismo de otra trabajadora y donde ambas tenemos una identificación que es la identificación de clase. Esa es laburante como yo, esa no tiene derechos laborales tampoco, Ella también atraviesa situaciones de precariedad, como la atravesamos las trabajadoras sexuales. Ese gesto que me produjo ternura." ( Aurora Báez Boza , El Salto, 18/04/23)

El acoso abolicionista a las trabajadoras sexuales es contrario a la ley y al Convenio 190 de la OIT... las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio, puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso

 "Desde hace unos años el movimiento abolicionista ha iniciado una campaña dirigida a colgar en nuestro país el distintivo de “territorio libre de prostitución”, a pesar de que dicha iniciativa no pueda conseguir el pretendido objetivo de librarse de la prostitución en nuestro entorno, como así se desprende de la situación de otros países en los que se ha abogado por políticas abolicionistas o prohibicionistas (Suecia, Francia, Irlanda, por ejemplo), despreocupándose  -pues nada tiene que ver con su verdadera meta- de cuál sea la situación en la que se deje a las prostitutas, dado que la precariedad no puede ser la alternativa la prostitución.

En los últimos tiempos, ese movimiento ha encontrado el apoyo de diversos grupos políticos, de forma más o menos homogénea, o con importantes discrepancias, como es el caso de Unidas Podemos. Lo cierto es que, en esa situación de poder, las campañas dirigidas a convencer a la opinión pública de que el abolicionismo es la mejor opción para la sociedad, proporcionando una batería de argumentos que arranca de la negativa a reconocer el trabajo sexual libremente prestado y que equipara la prostitución con la trata, han ido acompañadas de una violencia inusitada en contra de toda manifestación en favor del reconocimiento de derechos de las trabajadoras del sexo, así como frente a todo intento de llevar a la luz pública argumentos que rebatan aquella postura, en un afán de abrir un debate que viene siendo negado desde el abolicionismo, empecinado en alcanzar su objetivo a cualquier precio.

En esta tesitura, el movimiento abolicionista se ha visto respaldado, en buena medida, por medios de comunicación e instituciones públicas -con gobernantes abiertamente declarados como abolicionistas-, dando pie a un contexto de descalificación, hostigamiento y censura, que queda fuera de los márgenes legales y constitucionales, incurriendo en arbitrariedades difícilmente justificables en el actual panorama regulador de la prostitución, en la que ésta se encuentra en un limbo de alegalidad, concurriendo en muchas ocasiones con otra actividad, la de “alterne”, que ha recibido el beneplácito de los tribunales en reiteradas ocasiones (la última, STS, Penal, de 25 de enero de 2023, rec. 817/2021).

Pues bien, teniendo en cuenta esta circunstancia de alegalidad de la prostitución, el contexto hostil generado desde el abolicionismo contra las trabajadoras sexuales puede entenderse constitutivo de la conducta de acoso descrita en el artículo 6.4 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Este artículo define como acoso, “cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Entre tales causas de discriminación no se menciona expresamente el trabajo sexual, si bien la referencia a “otra condición o circunstancia personal o social” permitiría incluir al trabajo sexual como causa discriminatoria, teniendo en cuenta que las trabajadoras sexuales constituyen un colectivo vulnerable, siendo el estigma que las acompaña la principal razón de su vulnerabilidad.

Por otra parte, y si se llegase a negar que el trabajo sexual constituye un factor de discriminación, resulta de todo punto innegable que sí constituiría un criterio aparentemente neutro con efectos discriminatorios, al afectar mayoritariamente a grupos caracterizados por su pertenencia a unos determinados orígenes raciales o étnicos, sexo o situación socioeconómica, factores reconocidos todos ellos en la Ley 15/2022 como criterios de diferenciación discriminatorios.

Por otra parte, el artículo cuarto de la Ley identifica como conducta discriminatoria “el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de funciones, o incumplimiento de deberes”.

Las muestras de intolerancia y ambiente hostil a que se refieren estas normas han sido reiteradas a lo largo del tiempo frente a la prostitución, motivando la preocupación de las trabajadoras sexuales por encontrarse en espacios seguros cuando han decidido plantear un debate público sobre su situación, en un intento de hacerse oír. Incluso se ha constatado el intento institucional por hacer desaparecer estas voces en sedes universitarias, lo que llevó a la aparición del movimiento #UniversidadSinCensura reivindicando la libertad de expresión tras la suspensión de un acto en A Coruña, por presiones de colectivos abolicionistas.

Semejantes acciones de acoso, por lo demás, no quedarían exclusivamente vedadas a la luz de la Ley 15/2022, sino también en virtud del recientemente ratificado por España Convenio 190 OIT sobre la violencia y el acoso, que entrará en vigor el 25 de mayo de 2023. En este Convenio se identifica la expresión “violencia y acoso” en el mundo del trabajo con “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Junto a ello, el Convenio alude a la expresión «violencia y acoso por razón de género» entendiendo por tal a “la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.”

Es cierto que el Convenio todavía no está en vigor (le faltan pocos meses), pero debería servir desde ya mismo de canon de interpretación de la norma interna, teniendo en cuenta que el mismo identifica como violencia o acoso aquellos comportamientos, aislados o repetidos, que tengan por objeto -o, que, sin tenerlo, causen- un daño físico, psicológico, sexual o económico.

Pues bien, todo el contexto de hostigamiento descrito entraría de lleno en esta definición de violencia o acoso, tanto por los objetivos perseguidos (erradicar la prostitución del espacio público, así como eliminar las opciones de lucrarse con esta actividad); por sus efectos (esto es, profundizar en el estigma que soportan las trabajadoras sexuales, ahondando en el ataque a su dignidad y consolidando el entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo en el que desde siempre se ha movido la prostitución); y por la falta de acción de los poderes públicos para garantizar los derechos fundamentales (vida, integridad física, vivienda, libertad de expresión, derecho al trabajo -habiéndose legislado de forma contraria, prohibiendo la publicidad de las actividades de contenido sexual-…), lo que posibilita la exigencia de responsabilidades administrativas, y en su caso, penales o civiles por el daño causado, y que podrán incluir la indemnización, hasta lograr la reparación plena y efectiva para las víctimas (art. 25 de la Ley 15/2022) además de la nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación (art. 26) y, en el caso de la  persona física o jurídica que cause discriminación, reparación del daño causado (presumiéndose la existencia de daño moral) proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible (art. 27).

En el ámbito de la responsabilidad administrativa, las infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación pueden conllevar multas que oscilan entre 300 y 10.000 euros (infracciones leves), entre 10.001 y 40.000 euros (infracciones graves) y entre 40.001 y 500.000 euros (infracciones muy graves) debiendo invertirse lo recaudado por el cobro de las multas en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.

En cuanto a los sujetos legitimados para actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, el art. 29 de la Ley 15/2022 reconoce legitimación, además de a las personas afectadas, a  los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos, a las que se reconoce legitimación en los términos establecidos por las leyes procesales, para defender los derechos e intereses de las personas afiliadas o asociadas o usuarias de sus servicios en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su autorización expresa.

A la hora de interponer las acciones que se estimen pertinentes por parte de los sujetos legitimados, interesa destacar que lo que deberán aportar son indicios fundados de la conducta discriminatoria (acreditar la reducción de todo espacio para el ejercicio de la prostitución; situación de hostigamiento en la que viven las trabajadoras sexuales, etc.) correspondiendo a aquél a quien se impute la situación discriminatoria aportar la existencia de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

Sobre este particular, cabe señalar que no resultaría válida la principal argumentación esgrimida por el abolicionismo para la adopción de estas medidas restrictivas, esto es, la lucha contra la trata, ya que la medida resultaría claramente inidónea (y, por consiguiente, desproporcionada, al no superar, cuando menos, uno de los tres juicios integrados en el juicio de proporcionalidad -idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto-), en el sentido de que no se contribuye a acabar con el tráfico aboliendo la prostitución, sino que lo que se consigue es empeorar las condiciones en las que la prostitución se ejerce, y ocultar todavía más la actividad. Tampoco la pretendida defensa de la dignidad de la trabajadora sexual resultaría constituir una justificación válida, pues lo que resulta contrario a su dignidad son las condiciones en las que la trabajadora sexual se ve obligada a prestar sus servicios, no la actividad en sí misma considerada, que no está prohibida en nuestro ordenamiento.

En este sentido, hay indicios más que sobrados de actuación discriminatoria en la misiva recientemente remitida por la consellera de Justicia, Interior y Administración, Gabriela Bravo, a los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, instándoles a sumarse a la lucha para abolir la prostitución mediante la adopción de Ordenanzas Municipales, y que se puede encontrar colgada en la web de la consellería, en el foro abolición de la prostitución, al considerar que la prostitución no es más que humillación, explotación y violencia de género, en un acto voluntarista, que no cuenta actualmente con el respaldo de leyes."                           

(Fernando Fita Ortega,  Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro de la Alianza Pro-derechos de Castellón, Alicante y Valencia (APROCAV), Viento Sur, 23 febrero 2023)

El Supremo condena a seis meses de cárcel a los dueños de un prostíbulo por no dar de alta a 14 prostitutas... la Jurisprudencia de la Sala de lo Social no ha dudado en afirmar el carácter laboral de la actividad de «alterne» siempre que se acredite la ajenidad de la prestación y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial... el tribunal de instancia establece como hechos probados que “en las diez habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona de bar una actividad de «alterne» con intensos rasgos de laboralidad -marco horario prefijado, previsión del régimen retributivo por número y tipo de consumición servida y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento-. Descartándose, al tiempo, tanto la existencia de proxenetismo locativo penalmente relevante, pues la actividad de prostitución se ejercía por cuenta propia de las mujeres que así lo decidían, como toda conexión de continencia o de inherencia entre dicha actividad por cuenta propia y la de «alterne» por cuenta ajena”

 "El Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de cárcel y al pago de una multa a los dueños del club de alterne Las Marismas por un delito contra los trabajadores. Ambos no dieron de alta a las 14 prostitutas que ejercían su profesión en este club. Explican los jueces de la Sala Segunda que "el ejercicio de la prostitución por cuenta propia no tinta a la actividad de «alterne» por cuenta ajena de ilicitud causal y, en consecuencia, no diluye las obligaciones del empresario de dar de alta en la Seguridad Social a los o a las trabajadoras por la actividad lícita efectivamente ejecutada”.

El fallo también deja un ‘recado’ a los escritos forenses, a quienes les recuerda que “a la hora de referirse a las personas que ejercen la actividad de «alterne» o de prostitución deberían evitarse términos que reflejan un sesgo valorativo cosificador y discriminatorio, predeterminativo de un rol social de sujeción”.

La sentencia

En la sentencia, dicen los magistrados que 14 mujeres no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, pues solo el gerente, el encargado, la cocinera y un camarero estaban trabajando de forma legal. Estas mujeres ejercían labores de alterne, captando clientes para incentivar el consumo de bebidas y recibiendo una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio, siendo establecidas previamente estas cantidades por la empresa y pagadas a las chicas por esta, no por los clientes. El club fijaba el horario de las trabajadoras, con la flexibilidad propia de su actividad entre las 17:00 y las 5:00 horas, coincidiendo con el de apertura y cierre del local. Algunas disponían de habitaciones para pernoctar en el establecimiento por las que no pagaban nada si no las utilizaban para realizar algún servicio.  

Sobre los contratos, explican los jueces que no pueden hacerse cuanto existe subordinación a terceros, pero descartado dicho marco de subordinación a terceros en el ejercicio de la prostitución, la Jurisprudencia de la Sala de lo Social no ha dudado en afirmar el carácter laboral de la actividad de «alterne» siempre que se acredite la ajenidad de la prestación y la dependencia de dicha actividad en el seno de una organización empresarial. La razón fundamental estriba en que la actividad de «alterne» genera unos rendimientos económicos, consecuentes a la previa organización de capital y trabajo, que deben estar sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protejan a los trabajadores.

Y añaden que, el contrato de trabajo se presume existente siempre que la actividad laboral remunerada se desarrolle por cuenta ajena en el ámbito de organización y dirección de otro.

Pues bien, en el caso, el tribunal de instancia establece como hechos probados que “en las diez habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona de bar una actividad de «alterne» con intensos rasgos de laboralidad -marco horario prefijado, previsión del régimen retributivo por número y tipo de consumición servida y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento-. Descartándose, al tiempo, tanto la existencia de proxenetismo locativo penalmente relevante, pues la actividad de prostitución se ejercía por cuenta propia de las mujeres que así lo decidían, como toda conexión de continencia o de inherencia entre dicha actividad por cuenta propia y la de «alterne» por cuenta ajena”.

Por tanto, “en plena coincidencia con lo argumentado por el Tribunal Superior, el hecho de que las personas que desempeñaban la actividad laboral de «alterne» que se declara probada pudieran, además, ejercer eventualmente la prostitución por cuenta propia no tinta a aquella de ilicitud causal y, en consecuencia, no diluye las obligaciones del empresario de darles de alta en la Seguridad Social por la actividad lícita efectivamente ejecutada”. (...)"                    (Loreto Ochando  , El Plural, 07/02/23)

Telmo Irureta o de cómo buena parte del feminismo se equivocó a lo grande... Las redes se llenaron de insultos cuando el actor dijo en la ceremonia de los premios Goya “nosotros también follamos”. El tema de la asistencia sexual no es un tema fácil, pero buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, por su reacción hiriente y discriminatoria... El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial... Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo

"El 11 de febrero se celebraron los Goya. Un muchacho con discapacidad física grave —parálisis cerebral con alto grado de tetraparesia— ganó una estatuilla y pronunció estas palabras: “Nosotros también existimos, nosotros también follamos. Brindemos por más representación de todos los cuerpos y un cine más inclusivo”.

Y las redes ardieron.

Y ardieron como hacen siempre, con prisas, sin debate, yendo al insulto, al daño, al desprecio, al acoso, sin parar a pensar en nada. Las feministas de bien, las del cartel abolicionista, sacaron las armas: Telmo era un putero explotador de mujeres que había hecho un alegato a favor de la violación y el resto, quiénes veíamos en su discurso una reivindicación legítima, éramos cómplices.

Yo seguía la gala con interés y su momento me pareció muy significativo y necesario. Pude leer el hervidero de comentarios malsonantes en el Instagram de la Academia y luego, cómo la gente osaba ir a su muro a decirle cosas como “violador de mujeres en silla de ruedas”. Yo no dejé de escribir, desde el respeto pero con indignación, mientras me decían cosas como “pon tú el coño para Telmo” y semejantes.

Todo el argumentario abolicionista no me sirve para justificar la vejación a la que sometieron a esta persona. Ni todos esos: “Tiremos de hemeroteca, que dijo que pagó por sexo”. No me sirve, nunca me va a servir. ¿En qué momento el discurso se salta a la persona y se come a la de enfrente a cualquier precio?

Yo no soy abolicionista, pero puedo empatizar con ciertos puntos de la gente que lo es y tengo hasta mis dudas. Pero, por encima de todo, soy una persona que intenta ser prudente y sensible con diferentes causas. La causa que representa Telmo —de forma involuntaria por su papel en La consagración de la primavera y de forma voluntaria por su discurso en los Goya— no es una causa menor al feminismo.

El debate “la sexualidad no es un derecho, es un deseo” me parece insustancial. Como cuando le preguntan a la gente vegana: “Y si te vas a una isla desierta y no hay plantas, ¿te comerías a un animal?”. Pero se repite tanto y se usa tanto que al final una manipulación pretenciosa se convierte en verdad.

Los derechos sexuales y reproductivos los recoge la ONU desde hace tiempo. Algunos de los puntos son el derecho a la autonomía personal y a la libre elección de la sexualidad. En el caso de la gente con discapacidad física grave, el dilema viene porque su autonomía proviene de terceras personas. Por lo tanto, la sexualidad entraría en una esfera a tratar.

En cualquier caso, aunque estos derechos no existieran, negar la importancia de la sexualidad en la conformación de nuestra persona es una completa estupidez. Somos seres sexuales, de diferentes formas y en diferentes grados. El sexo aporta placer pero también salud y autoestima, afecto y comunicación. El sexo también nos ofrece identidad, formas de ser y de auto-denominarnos, de elegir y crecer.

La gente dice que sin sexo se puede vivir. Puede pero, por la experiencia que hemos vivido las mujeres, creo que es fácil entender que no se vive mejor cuando no es tu elección si no una imposición de fuera. En nosotras, la imposición ha venido del patriarcado, mientras que en la gente con una discapacidad física severa por su corporalidad y los tabúes y estigma sobre ella, ha venido por el capacitismo. Nadie se siente bien cuando no puede elegir sobre su deseo, placer, ni nada. Convencernos del resto es solo engancharnos en temas que no van a ninguna parte.

Entiendo que el tema de la asistencia sexual, la prostitución y el trabajo sexual, no es un tema fácil. Y comprendo muchas reticencias, puntos de vista dispares y que el debate se tenga. Pero no comparto tenerlo a costa del insulto. Porque cuando aparece el insulto, el debate se anula.

Buena parte del feminismo la ha fastidiado, y mucho, con Telmo. Han sido profundamente discriminatorias, profundamente hirientes y profundamente faltas de empatía, planteándose escenarios que ni conocían ni tan solo existen. Telmo ha tenido que decir que nunca ha pagado a mujeres, porque es homosexual. Algunas se han apresurado a decir que es lo mismo, pero está claro que en su interior no lo es. El imaginario colectivo abolicionista sobre el putero estilo Torrente (física o mentalmente) aprovechándose de una mujer (a ser posible inmigrante) pobre que no llega a final de mes, se les vino abajo. La realidad es amplia y si no sabemos, mejor callar, primero preguntar o sencillamente escuchar.

Mi empatía hacia una persona que tiene una situación como la de Telmo es alta. Y lo es porque no me siento con poder de enjuiciarle. No me siento con el poder de decirle como vivir su vida, porque Telmo tiene unas limitaciones motrices que yo no tengo. Antes de nada, quizá se tendría que oír a toda la gente como Telmo. A muchas mujeres que por cierto siempre, de forma más que perversa y pretenciosa, se sacan de la ecuación. Ellas tienen sexualidad y ellas también pagan a asistentes sexuales. Ya sé que no todas están a favor, también contemplo esa posibilidad, pero eso no cierra el debate.

El feminismo de hace dos semanas no es mi feminismo, no lo quiero, no me representa y simplemente me espanta. El feminismo de ese fin de semana de febrero le debe una disculpa, sin excusas, sin “peros” a Telmo. Pero ya sé que no va a ocurrir o que ocurrirá de parte de muy poca gente. Porque quien tiene el poder, nunca reconoce sus faltas."                                       (Carmen Godino Megía , El Salto, 26 feb 2023)

La prostitución no puede abolirse a golpe de decreto porque no es una norma que se pueda derogar y menos dando la espalda a las condiciones materiales en las que se produce... Si las formas de trabajar al uso se criminalizan, en un escenario económico de crisis galopante tras la pandemia, por mucho que lo desee el abolicionismo la prostitución no desaparecerá, se desplazará a espacios todavía más clandestinos, donde las mafias y las pandillas delictivas aprovecharán el tablero de juego para establecer condiciones abusivas... Sin derechos, actuaciones sociales y una política antirracista en materia de migración tan solo se agudizará la criminalización y la clandestinidad del ejercicio. Si el proyecto civilizatorio consiste en la cronificación de la pobreza, la persecución policial, las deportaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica y el estigma, quizá habría que replanteárselo. Sería conveniente priorizar el impacto de las políticas en las vidas de las personas a las que atañe en lugar de hacerlo con el símbolo que ostenta la prostitución para liderar la campaña electoral y la disputa por el trono de la izquierda. Porque esta manera de comprender el asunto no es ética

 "El pasado 18 de mayo el PSOE retiró la enmienda que recrudecía el delito de proxenetismo para que la ley del “solo sí es sí” saliera adelante. Al día siguiente presentó su contenido en una propuesta de ley abolicionista; una reforma del artículo 187 del Código Penal (CP). En ella, propone una ampliación sin límites del delito de proxenetismo. Es decir, se penaliza la tercería locativa, el proxenetismo no coactivo, a la clientela e, incluso, pudiera dar cabida a la prohibición de la pornografía.

El Código Penal de la democracia –a propuesta del PSOE, por cierto– despenalizó la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo. Desde 2003, en la legislación, se considera irrelevante el consentimiento para ejercer la prostitución y, aunque existen diferentes tendencias jurisprudenciales, en la práctica a menudo solo se penaliza el proxenetismo coactivo, la explotación sexual. Por su parte, la tercería locativa cuenta con reconocimiento de la jurisprudencia social desde los años 80 y la patronal fue reconocida en 2003 por el Tribunal Supremo, mientras que las trabajadoras no tuvieron derecho a sindicarse hasta 17 años después.

Penalizar a la tercería locativa supone que, aunque se consienta, cualquier persona que les alquile una habitación o un espacio para ejercer estaría cometiendo un delito. El colectivo de trabajadoras sexuales ya padece de dificultades sustantivas para acceder a la vivienda, porque carecen de nómina de trabajo que les acredite. La propuesta de reforma del CP les complica todavía más el acceso a un derecho que tienen restringido, favoreciendo el que los arrendatarios les rescindan contratos por miedo a la penalización o las desahucien, tal como ocurrió en Argentina tras el cierre de las whiskerías. Aunque por “tercería locativa” la mayoría de la gente tenga en mente los clubes de alterne, esto también significa penalizar el alquiler de habitaciones en hoteles o que se subalquilen entre ellas habitaciones o sus casas; situaciones, todas ellas, donde abunda el trabajo autónomo. El abolicionismo practica una criminalización indirecta, porque busca erradicar el ejercicio, pero desoye que cualquier injerencia termina perjudicando a quienes ejercen.

Además, esta propuesta de reforma del CP contempla la criminalización de la clientela. En rigor, elevaría una sanción que ya existe del nivel administrativo al régimen penal, porque desde hace siete años la ley mordaza multa a la demanda de prostitución en la vía pública mediante su artículo 36.11. Por la misma razón, contamos con una experiencia socializada desde los colectivos de trabajadoras sexuales y las entidades sociales que les atienden sobre los efectos que genera. Para evitar que sancionen a su fuente de ingresos, tienden a ocuparse en lugares más opacos y en circunstancias que las exponen a un mayor riesgo de sufrir violencia y abusos y que recortan su capacidad de negociación. La criminalización da lugar a una lógica reducción de los ingresos y un aumento de la competencia, por lo que bajan las tarifas o filtran menos; es decir, se ocupan con clientes que antes hubiesen rechazado. En contextos criminalizados, las trabajadoras negocian atravesadas por una mayor desesperación económica que beneficia al cliente. Como los clientes asumen correr el riesgo de ser sancionados, a menudo buscan con esa excusa imponer sus condiciones como no usar preservativo, regatear los precios o evitar pagar el servicio.

En cuanto a la penalización del proxenetismo no coactivo, esta se produce al considerar delito no solo la explotación ajena, sino el lucro. Este articulado difumina la distinción entre prostitución forzada y escogida, porque penaliza tanto relaciones comerciales al uso, con intermediarios o con arrendadores, como la coacción, el abuso y la violencia. Viven del lucro de la prostitución ajena tanto compañeros sentimentales en paro como hijos mayores de edad que estudian a partir de sus ingresos, pero también quienes les venden lencería, comida en los espacios de prostitución, arrendatarios, personal de seguridad y de anuncios e, incluso, taxistas con los que mantienen acuerdos. Todas estas realidades complejas, que no necesariamente vulneran la libertad e indemnidad sexuales y la dignidad de la trabajadora, no deberían ser descritas bajo una misma figura penal.

Además, una realidad bastante habitual y documentada en el mercado del sexo es la de extrabajadoras sexuales que gestionan casas de citas y pisos. En las dinámicas habituales del sexo comercial, las mujeres, una vez llegan a cierta edad, ponen en marcha proyectos de movilidad social en su entorno, el que conocen y en el que han aprendido a manejarse, empleando la cartera de clientes que han cosechado con los años para abrir sus propios negocios. Este proyecto se describe como el propio de una victimaria malvada, sin mayores matices y sin atender a la heterogeneidad de factores que entran en concurso, a consecuencia de la narrativa penal que codifica el fenómeno en la dicotomía víctima/victimario. Lo cierto es que entre ellas mismas también suelen darse relaciones de subordinación, y la propuesta de reforma del CP podría criminalizar a las trabajadoras que gestionen las citas, la limpieza del espacio, los materiales y el transporte. Si las formas de trabajar al uso se criminalizan, en un escenario económico de crisis galopante tras la pandemia, por mucho que lo desee el abolicionismo la prostitución no desaparecerá, se desplazará a espacios todavía más clandestinos, donde las mafias y las pandillas delictivas aprovecharán el tablero de juego para establecer condiciones abusivas. Subirán los precios de los arriendos y se les dificultará todavía más lograr una estabilidad económica.

En la literatura académica española asistimos a un vacío importante en la investigación de campo sobre el proxenetismo. Implantar leyes de este calado requiere antes de una investigación exhaustiva a fin de conocer cuáles son las relaciones de poder más frecuentes, las diferentes prácticas de empresarios e intermediarios y la prevalencia de la violencia, de modo que se documente tanto la incidencia de una explotación extrema como la de aquellos casos de control y abuso característicos del trabajo asalariado donde las herramientas del derecho laboral pudieran hacer una mejor labor que las penales.

Cuando el derecho penal se concibe como la herramienta de transformación y justicia social, no solo se deposita en él una excesiva confianza, sino que también implica un compromiso con una racionalidad liberal. Una vez que el derecho penal entra en escena, las desigualdades sociales, como la de género, fruto de factores estructurales, se convierten en el resultado simple de una serie de acciones concretas e intencionales de un individuo o un grupo de ellos. En consecuencia, la responsabilidad deja de ser sistémica para individualizarse. Las deudas coloniales del Sur global, tanto las regulaciones y excepciones fiscales que facilitan el trabajo esclavo como la deslocalización de las fábricas, el cierre de fronteras y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrolla la migración laboral, la desregulación creciente del trabajo informal y la desigualdad no solo de género, sino racial; todo este marco complejo desaparece eximiendo al Norte de su responsabilidad en la creación y en el mantenimiento de las condiciones materiales que producen la prostitución forzada. Dichos factores estructurales en España se conjugan con las condiciones restrictivas para el acceso al estatus de ciudadanía que impone la normativa de extranjería y sus mecanismos (controles, redadas, internamientos en el CIE y deportaciones), generando un caldo de cultivo que beneficia a las mafias y a las redes que explotan y extorsionan a las migrantes.

La prostitución no puede abolirse a golpe de decreto porque no es una norma que derogar y, mucho menos, dando la espalda a las condiciones materiales en las que se desarrolla. Sin derechos, actuaciones sociales y una política antirracista en materia de migración tan solo se agudizará la criminalización y la clandestinidad del ejercicio. Si el proyecto civilizatorio consiste en la cronificación de la pobreza, la persecución policial, las deportaciones, la explotación laboral, la indefensión jurídica y el estigma, quizá habría que replanteárselo. Sería conveniente priorizar el impacto de las políticas en las vidas de las personas a las que atañe en lugar de hacerlo con el símbolo que ostenta la prostitución para liderar la campaña electoral y la disputa por el trono de la izquierda. Porque esta manera de comprender el asunto es moral, pero no es ética."                    (Paula Sánchez Perera, CTXT, 11/06/22)

Prostitución: "Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas... Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas"... Piikara Blood, prostituta y actriz porno, explica que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida... Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido 'trabajadoras sexuales"... la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza, para acabar con la prostitución hace falta dinero

 "Pocos debates existen dentro del movimiento feminista más controvertidos que el de la prostitución. Una disputa donde parece completamente imposible llegar a algún tipo de consenso y que ha enfrentado a dos posturas aparentemente irreconciliables, como son el abolicionismo y el reglamentarismo, que sólo tienen en común su diagnóstico: la causa que ha llevado a la mayoría de mujeres al "trabajo sexual" es la pobreza.

"Sé que hay muchas compañeras que, si hubieran tenido mejores condiciones laborales, no hubieran sido 'trabajadoras sexuales'", explica Piikara Blood, prostituta y actriz porno. Durante una entrevista para Público, Blood asegura que se acercó a la industria del sexo "huyendo de trabajos precarios y buscando mejores condiciones de vida". El contexto cultural y las redes sociales contribuyen a que se piense la explotación sexual como "una actividad normalizada" y ello supone una "banalización del valor de las personas" y una "banalización del sexo", sostiene Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución.

 En España, cuatro de cada diez personas están en riesgo de exclusión social severa. El desempleo asciende en los hombres hasta el 11,9% frente al 15,3% de las mujeres. Quienes también en la parcialidad de los contratos se llevan el gordo: el 24% de ellas están ocupadas con jornadas reducidas, frente al 7,3% de la tasa masculina. Unos datos que llevan a pensar que quizás no es sólo la falta de alternativas lo que perpetúa la prostitución sino la falta de alternativas generizadas. 

"Los hombres pueden no tener alternativas, pero no se les pasa por la cabeza. Se trata de una mezcla entre pobreza y desigualdad patriarcal", explica Beatriz Gimeno, feminista y exdirectora del Instituto de las Mujeres. Cuando se habla de prostitución se habla de prostitución femenina porque las personas que la ejercen son mayoritariamente mujeres. "Su exclusión social en sus múltiples variedades es el factor determinante de la prostitución", declara Carracedo. Aunque las cifras son difíciles de conocer, la OIT estima que el 90% de la trata de seres humanos son mujeres y niñas. 

El riesgo de caer en la criminalización de las prostitutas

Un elemento clave en cualquier conversación sobre prostitución es la trata. Ambos fenómenos resultan, por ahora, indisociables. "Nadie lo niega a estas alturas", afirma Gimeno. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual existe para satisfacer un determinado mercado. En este sentido, las posturas abolicionistas sostienen que, si dicho mercado se termina, también lo haría el tráfico y la trata destinados al mismo.

 "Aunque sólo fuera un 1%, la prioridad es acabar con la trata, pero también hay que garantizar las condiciones de aquellas que no son víctimas", declara Blood, que pone de relieve la importancia de distinguir entre prostitución forzada y voluntaria. En la misma línea habla la secretaria del sindicato OTRAS, Conxa Borrell: "Primero hace falta un buen plan de salidas para quien necesite salir. Pero, para quien no, es importante ofrecer también alternativas".

Ambas denuncian el estigma y el paternalismo con el que se trata a las prostitutas por parte de las instituciones. "No luchan por mejoras laborales o salariales, solo les importa que se extingan", explica Borrell. El desamparo es todavía mayor cuando hablamos de mujeres migrantes. El punitivismo de la llamada Ley Mordaza les enreda en multas infinitas e impagables por prostituirse en la calle que se les van acumulando hasta que terminan por arrastrar una enorme deuda imposible de afrontar que, además, les impide acceder a la nacionalidad española cuando logran reunir el resto de condiciones (demostrar tres años de permanencia en el Estado español y tener un contrato de trabajo de un año). Es un proceso absolutamente viciado que genera un cerco delictivo alrededor de la "trabajadora sexual" que acaba criminalizándola a ella. "Me siento más protegida por mis compañeras que por las instituciones", confiesa Blood.

Desde otra óptica, Carracedo asegura que lo que persigue el modelo abolicionista es generar un marco normativo que reconozca derechos a no estar ahí: "Lo que intentamos es construir sociedades que caminen y busquen un programa igualitario del que tú, cuando quieras, te puedas salir". La Plataforma Estatal por la Abolición pone de relieve la importancia de oír las voces de las supervivientes de la prostitución como modelos reales, como ejemplos de mujeres que han logrado encontrar otras oportunidades.

La Ley de Extranjería otro punto caliente en cualquier perspectiva. "Se está incumpliendo el Tratado de Palermo, que dice que hay que proteger a las victimas de trata. Eso no sucede", afirma Borrell. La normativa prevé eximir de responsabilidad administrativa a las mujeres víctimas de trata en situación irregular, es decir, no expulsarlas siempre y cuando cooperen y colaboren con las autoridades competentes testificando contra sus esclavistas y maltratadores. Una acción que supone una exposición directa de sí mismas y sus familias, quienes en muchas ocasiones dependen de sus ingresos para sobrevivir.

Según el último informe de la asociación In Género, el 39,9% de las prostitutas tienen a una o dos personas dependientes de ellas. Además, establece que la Ley de Extranjería llevó a la prostitución al 76% de las trabajadoras sexuales. "Las personas no pueden ser ilegales ni se las puede tener en un limbo social que no les permita enfrentar la vida con la suficiente dignidad y seguridad. Las mujeres que no tienen absolutamente ninguna otra salida deben ser protegidas y no perseguidas", sentencia Gimeno.

Sobre el estigma y el abandono de las instituciones

Durante el confinamiento, el Gobierno amplió el Plan de Contingencia contra la violencia de género para proteger a "las mujeres en contexto de prostitución sin regularizar" y que pudieran acceder al Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, al subsidio sólo pudieron acceder quienes se declaraban víctimas de trata o tráfico con fines de explotación sexual. Aquellas que no quisieron exponerse o no se encontraban en esa situación siguieron desangeladas. "Declararte víctima de trata puede suponer que los servicios sociales te quiten a tus hijos", explica Borrell.​

Desde OTRAS cuentan que "muchas compañeras" se vieron obligadas a irse a casas de sus clientes durante el confinamiento porque los lugares donde ellas residían habitualmente (hoteles, clubes, prostíbulos) estaban cerrados y no se les ofrecieron alternativas habitacionales. "Esa situación pudo generar situaciones realmente violentas. Nadie ofrece nada a cambio de nada", continúa Borrell. Al no existir ningún marco laboral sobre el que operar, tampoco pudieron acceder a los ERTE ni a la prestación por desempleo. "Tampoco tendrán derecho a una pensión por jubilación en un futuro", dice Borrell.

A lo largo de los últimos tres años, la política institucional ha situado en el centro la necesidad de legislar sobre la prostitución en España para acabar con la vulnerabilidad y la violencia a la que se exponen las "trabajadoras sexuales". Pero todas las políticas públicas que se han sacado adelante han hecho caso omiso de los sujetos políticos a los que iban dirigidas.

Beatriz Gimeno: "Para acabar con la prostitución hace falta dinero"

"El problema es que no se soluciona ni la trata ni la voluntariedad. Y, en ningún caso, se nos da voz y voto", asegura Borrell. Algunas posturas feministas ponen en duda esta forma de actuar al considerar que, dado que las mujeres han sido históricamente sujetos invisibles y silenciados, deben tener al menos la posibilidad de estar presentes en aquellos debates que les interpelen. Se reivindica que se recupere el lado humano de las historias, que no se las trate como factores de negocio, como problemática social, sino como lo que son: mujeres y sujetos con capacidad de decisión.

Por su parte, Carracedo hace hincapié en desplazar la representación social y colectiva hacia otros dos elementos que son esenciales: el proxenetismo y los puteros: "Las prostitutas no son los únicos actores. Hay que actuar sobre la raíz del problema y eso consiste en entender por qué los hombres se creen con el derecho que disponer de las mujeres cuando se les antoja".

"Es exactamente lo mismo que ha ocurrido con la propuesta de ley abolicionista del PSOE", afirma Blood, que sostiene que, si finalmente se promulga, sólo empeorará sus condiciones. "Las cosas no terminan porque se prohíban. La mayoría se verá empujada aún más a la clandestinidad", continúa. En el mismo sentido, Gimeno advierte de que "para acabar con la prostitución hace falta una batería de medidas de muy diverso tipo y, sobre todo, hace falta dinero". La activista y teórica feminista cuestiona que se pueda acabar con las redes de prostitución sin medidas que vayan más allá del Código Penal. "Penalizar la demanda lo veo siempre que haya alternativas reales para las mujeres. Y más que como castigo como un mensaje, una manera de hacer pedagogía social", termina. "             (María Martínez Collado , Público, 04/06/22)

Sobre la prostitución... dice El País que "Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz sobre la prostitución"... pues veamos... es sintomático el caso de Francia, en la que la abolición de la prostitución ha sido un fracaso clamoroso... Tras cinco años de ley, solo 161 mujeres han dejado la calle... las ayudas de de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente... en Nueva Zelanda cotizan como el resto de trabajadores, tienen acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tienes vacaciones y los mismos derechos que el resto, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a su seguridad... con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de sus trabajadoras sexuales han mejorado... alrededor del 40% aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también... tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre su trabajo... en la India, la Corte Suprema acaba de legalizarla, así por lo menos las prostitutas no podrán ser privadas de la custodia de sus hijos

 "(...) Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz esta cuestión, y ninguno de los modelos de otros países está libre de inconvenientes. 

Pero tampoco había legislación europea en torno a la salud menstrual, y está ya en marcha en España. 

Proteger la prostitución como si fuera un trabajo más permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero no incide sobre las causas sociales y económicas de esta forma de explotación. Tampoco asegura que quienes dicen ejercerla de forma voluntaria sean realmente libres, ni que sean los proxenetas quienes, bajo diferentes formas de ocultamiento, se acaben aprovechando de esa regulación.

Convertir la prostitución en una actividad económica reconocida y regulada, como ha hecho Alemania, tampoco evita la trata de mujeres y estimula el consumo de prostitución como si fuese una diversión más, y aligerada de reproches sociales. El modelo abolicionista aplicado en Suecia sí ha reducido la prostitución, pero el efecto indeseable ha sido su crecimiento en la clandestinidad. 

Ese es el mayor peligro de este enfoque. Para que el modelo dé fruto, no basta con prohibir y castigar a proxenetas y clientes. Exige un plan muy ambicioso que ofrezca alternativas de inserción social y laboral a mujeres que perderían sus ingresos, por fuerza y de un día para otro, y se verían abocadas al ejercicio clandestino, con una desprotección extrema. (...)"                   (Editorial El País, 28/05/22)

 

"Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, solo 161 mujeres han dejado la calle.

 Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución. La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado.

 En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución.

La senadora centrista Annick Billon, presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, resumía recientemente esos sentimientos encontrados. La ley supone “un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas”, dijo.

La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad. 

Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.

Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales.

“Falta de un pilotaje nacional”

Un informe oficial de evaluación de la ley que debería haberse entregado en abril de 2018, pero que solo fue hecho público en junio del año pasado, constata que “su implementación se ha visto considerablemente frenada por una ausencia de compromiso de los poderes públicos”. El principal problema, señalaba, era la “falta de un pilotaje nacional” que ha derivado en una “aplicación débil de ciertas medidas”, como las campañas de educación, y en una “heterogeneidad de prácticas en el territorio”, con diferencias grandes entre los departamentos a la hora de establecer los requisitos del programa de reinserción social. A todo ello se une la ausencia de medios para que la norma sea eficaz. “Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial.

“No es la ley lo que se cuestiona, sino su implementación, que debe ser total”, coinciden fuentes de Mouvement du Nid, una de las principales asociaciones abolicionistas. La ley de 2016 “es eficaz porque es justa y equilibrada”, sostienen; el problema es que falta que sea realmente aplicada en todo el territorio. Y para ello, subrayan, hacen falta medios. El Gobierno debería garantizar 2.400 millones de euros en la próxima década —240 millones anuales para que 4.000 prostitutas puedan entrar cada año en el programa de integración— para asegurar que “las 40.000 personas en situación de prostitución puedan efectivamente integrarse de forma plena en la sociedad”, señalan las organizaciones, que reclaman también campañas de sensibilización y una “voluntad política clara del Gobierno”.

 No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. “No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. 

Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley. Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo. 

Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”.              (Silvia Ayuso, El País, 13/04/21)

"Catherine Healy: “Con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales han mejorado”.

Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores.

“Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.

¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda? 

Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.

La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.

Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.

Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.

¿En la ley se dice algo sobre jornada laboral, vacaciones, por ejemplo, o hay, por ejemplo acuerdos para fijar precios del servicio?

No, porque la cada situación es bastante diferente, y las trabajadoras deciden independientemente sobre estos temas. Ellas se manejan su propio trabajo, e incluso si trabajan para un jefe, cada una paga sus impuestos y decide qué horas quiere trabajar etc. Si eres empleado tienes vacaciones y si trabajas por tu cuenta lo resuelves también por tu cuenta, como el resto de trabajadores autónomos.

En cuanto al precio del servicio, generalmente cada trabajadora decide sus propios precios. Si trabajan en un prostíbulo, en este se pueden fijar precios y si la trabajadora no está de acuerdo, no trabaja ahí ya está o se negocia entre la trabajadora y el dueño del prostíbulo.

Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria? 

Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales. Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.

En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud. Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.

Hace algunos meses comenzó a sonar el nombre de Sabrina Valisce, una trabajadora sexual que también luchó en Nueva Zelanda por la ley aprobada en 2003 pero que ahora critica este modelo afirmando que este ha tenido como consecuencia que las trabajadoras trabajen hoy más por menos dinero, ¿qué opinas sobre que dice Valisce?

En primer lugar, Sabrina basa sus comentarios en su propia experiencia, no en investigaciones independientes. Es muy posible que esta haya sido su experiencia, que ahora tenga que trabajar mucho más para conseguir clientes, pero dudo de que esto esté relacionado con la descriminalización del trabajo sexual. Creo que lo está con una dinámica de edad que existe en muchos sitios en trabajo, en los que los más jóvenes son valorados por encima de los más mayores.

Sí hay investigaciones independientes llevadas a cabo desde varias universidades en las que se muestra que no es posible valorar si ahora las trabajadoras tienen que trabajar más o no. De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.

Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda?

Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte. Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.

Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo? 

Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.

Esta ley se aprobó en 2003, hace ya quince años. ¿Cómo fue el proceso que llevó a su aprobación?

La propuesta de ley vino de nosotras. Empezamos en 1987 como organización, y comenzamos a luchar por el cambio, directamente y con mucha fuerza. Nos llevó mucho tiempo que el Parlamento y los políticos nos escucharan. Fue muy controvertido, y conseguimos el apoyo de las grandes organizaciones de mujeres, fuimos muy afortunadas por ello. Ellas estaban de acuerdo en que las condiciones que afrontaban antes las trabajadoras sexuales no eran justas, que se necesitaba un reconocimiento de sus derechos humanos. También la gente de salud pública, y otras organizaciones de otro tipo, nos apoyaron.

Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista? 

Sí, en esa época contamos con su apoyo.

En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista. 

Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: "Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo".

Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo? 

Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales. 

Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras. 

¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley? 

Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.

No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral. 

Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida."                   

(Entrevista a Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, Ter García, El Salto, 13/01/18)

 

"La Corte Suprema de la India dictamina que la prostitución es una profesión legal

La sentencia reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales y su protección legal.

La Corte Suprema de la India, con el juez L Nageswara Rao como presidente ha hecho pública la sentencia mediante la que se despenaliza la prostitución y se confiere derechos a las trabajadoras sexuales.

«La ley penal debe aplicarse por igual en todos los casos sobre la base de la edad y el consentimiento», determina el fallo. En base a esta sentencia, siempre que las trabajadoras sexuales sean mayores de edad, y presten su consentimiento, la policía no podrá interferir ni emprender acciones penales contra ellas a partir de esta sentencia.

De esta manera, el trabajo sexual voluntario no es ilegal, aunque administrar un burdel sigue considerándose un delito.

«Sin perjuicio de la profesión, todo individuo en este país tiene derecho a una vida digna según el artículo 21 de la Constitución», señala la sentencia. Y además, explica que las madres que trabajen en el ámbito sexual no deberán ser privadas de la custodia de sus hijos, ni deme asumirse que los menores que estén viviendo en un burdel o con una trabajadora sexual sean objeto de trata sin investigaciones específicas.

También se señala que la policía no debe discriminar a las trabajadoras sexuales cuando sean víctimas de agresión sexual. De hecho en la sentencia se denuncia la actitud «bruta y violenta de la policía hacia las trabajadoras sexuales» lamentando que «es como si fueran una clase cuyos derechos no son reconocidos».

Los jueces lanzan también una advertencia en su sentencia hacia los medios de comunicación: les avisa para que tengan «el máximo cuidado de no revelar las identidades de las trabajadoras sexuales, durante las operaciones de arresto, allanamiento y rescate, ya sea como víctimas o acusadas y que no publiquen ni transmitan ninguna fotografía suya».          (Beatriz Talegón, Diario16, 29/05/22)