Caso Epstein-Trump: en un archivo del Departamento de Justica, indexado incorrectamente, aparece una carta manuscrita de una mujer que denuncia que Donald Trump estuvo involucrado con Jeffrey Epstein en la venta de mujeres jóvenes a la red de tráfico sexual de Epstein y los saudíes. Ella también afirma que Trump la obligó a abortar después de quedar embarazada (Ed Krassenstein)

Ed Krassenstein @EdKrassen

Vaya, nadie encontró esta horrible mención de Donald Trump en los archivos de Epstein porque era una carta manuscrita que el Departamento de Justicia no indexó correctamente. ¡Qué conveniente! 

Esta mujer denuncia que Donald Trump estuvo involucrado con Jeffrey Epstein en la venta de mujeres jóvenes a la red de tráfico sexual de Epstein y los saudíes. 

Ella también afirma que Trump la obligó a abortar después de quedar embarazada. 

Vea la carta completa de 32 páginas en el sitio web del Departamento de Justicia: efta01682031.pdf

(Wow, no one found this horrific Donald Trump mention in the Epstein files because it was a handwritten letter that wasn't indexed properly by the DOJ. How convenient? This woman alleges that Donald Trump was involved with Jeffrey Epstein in the sale of young women to the sex trafficking ring of Epstein and the Saudis. She also claims that Trump forced her to miscarriage after she got pregnant. See the entire 32 page letter on the DOJ website: efta01682031.pdf )

11:21 p. m. · 2 feb. 2026 1,8 M Visualizaciones

O sea, se están formadon dos Estados Unidos... "Los estadounidenses que huyen de las leyes de Trump... los 13 Estados con legislaciones más estrictas contra políticas de género están sufriendo una pequeña, pero sensible, pérdida de población... Por ejemplo, padres con hijos trans, que temen el acoso que pueden sufrir en esos 13 Estados que han aprobado duras leyes trumpianas. O mujeres que desean tener hijos, pero que temen que en los Estados en los que viven se las obligue a llevar a término los embarazos, aunque el feto presente grandes malformaciones congénitas. Incluso obstetras que deciden emigrar a Estados donde la legislación antiaborto sea menos rotunda, disconformes con el trato que deben dar obligatoriamente a sus pacientes, bajo pena de cárcel... En Idaho se cuenta que uno de cada cuatro médicos obstetras ha cambiado o piensa cambiar de Estado... En Nuevo Hampshire, profesores incómodos con una ley estatal, aprobada ya en 2021, que prohíbe la enseñanza de “conceptos divisorios”, es decir, temas relacionados con el racismo estructural... Lo importante es que no se trata de casos muy puntuales, sino de una corriente subterránea que está apareciendo en los 13 Estados que han abrazado políticas educativas, sociales o de salud pública profundamente regresivas" (Soledad Gallego-Díaz)

 "La repercusión de las políticas internas de la Administración de Trump está siendo notable en muchos aspectos de la vida de los estadounidenses. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Investigación Económica ha detectado que los 13 Estados con legislaciones más estrictas contra políticas de género están sufriendo una pequeña, pero sensible, pérdida de población. Es verdad que, en Estados Unidos, siempre ha existido una fuerte corriente de migración interna entre Estados en busca de mejores condiciones laborales, pero en este caso los motivos son diferentes. Por ejemplo, padres con hijos trans, que temen el acoso que pueden sufrir en esos 13 Estados que han aprobado duras leyes trumpianas. O mujeres que desean tener hijos, pero que temen que en los Estados en los que viven se las obligue a llevar a término los embarazos, aunque el feto presente grandes malformaciones congénitas. Incluso obstetras que deciden emigrar a Estados donde la legislación antiaborto sea menos rotunda, disconformes con el trato que deben dar obligatoriamente a sus pacientes, bajo pena de cárcel.

Relatos en prensa local (cada vez más interesante y necesaria) recogen testimonios de este tipo de desplazados internos. En Nuevo Hampshire, por ejemplo, dan cuenta de profesores incómodos con una ley estatal, aprobada ya en 2021, que prohíbe la enseñanza de “conceptos divisorios”, es decir, temas relacionados con el racismo estructural en sociedades blancas, o similares. En ese Estado incluso existe una web donde denunciar a los profesores que, según padres o alumnos, incurren en semejante pecado mortal, que puede llevar a su despido. En Idaho se cuenta que uno de cada cuatro médicos obstetras ha cambiado o piensa cambiar de Estado. Lo importante es que no se trata de casos muy puntuales, sino de una corriente subterránea que está apareciendo en los 13 Estados que han abrazado políticas educativas, sociales o de salud pública profundamente regresivas.

Desde el punto de vista de Europa, los movimientos más interesantes se registran en la comunidad científica, donde las decisiones de la Administración de Trump causan miedo creciente. Las órdenes de Trump provocan caos en agencias y organismos encargados de investigaciones científicas de todo tipo no solo por los recortes que introduce en su financiación, sino por las nuevas normativas que impiden desarrollar trabajos o tomar decisiones en las que aparezcan palabras malditas como “género”, “persona transexual”. Los editores responsables de 28 revistas especializadas en problemas de adicciones han firmado un manifiesto conjunto en el que llaman la atención de sus lectores “sobre los cambios abruptos y drásticos en la política científica que está implementando el actual Gobierno estadounidense”.

La incomodidad de buena parte de la comunidad científica estadounidense está siendo observada con mucha atención en Europa. Un país de seis millones de habitantes como Noruega, que no es parte de la Unión Europea —­entre otras cosas por su riqueza petrolera—, acaba de aprobar un plan financiero de más de ocho millones de euros para la contratación de investigadores “de otros países”, alusión encubierta a EE UU. La ministra del ramo lo dejó claro: “Es importante que Noruega sea proactiva en un contexto tan complejo para la libertad académica, sometida a presión en Estados Unidos”.

La rápida reacción de ese pequeño país es solo una muestra del movimiento que recorre el mundo académico e investigador de toda Europa, convencido de que es una oportunidad para repatriar talentos emigrados en su momento en busca de las facilidades de investigación y excelentes salarios de Estados Unidos y que ahora empiezan a considerar “otras posibilidades”. Y no solo talentos europeos, sino talento latinoamericano y estadounidense que tampoco cierra las puertas a emigrar a otros países más tolerantes.

Nada de todo eso será posible si, como escribían en un reciente artículo en EL PAÍS el profesor Andreu Mas-Colell y sus colegas del Instituto Einaudi, de Roma, la Unión Europea no incorpora rápidamente en sus perspectivas financieras un capítulo que permita ofrecer “paquetes retributivos atractivos”, flexibilidad institucional y paciencia estratégica para mantener el rumbo. Todo combinado con una cooperación intraeuropea, que lleve a la figura del “profesor europeo”. Al fin y al cabo, por mucho que las instituciones científicas de la UE no se encuentren hoy entre las primeras del mundo, ha sido Europa la que ha desempeñado un papel fundamental en otras coyunturas críticas en el desarrollo de lo que se puede calificar de “megaciencia global”."                          ( Soledad Gallego-Díaz , El País, 27/04/25)

Los votantes de al menos ocho estados de EE.UU. podrán votar ahora en las elecciones de noviembre sobre medidas de enmienda constitucional relativas al derecho al aborto, y en Misuri, el martes, los organizadores celebraron el éxito de su iniciativa de incluir en las papeletas un referéndum histórico, que de aprobarse, convertiría a Missouri en el primer estado en revocar su estricta prohibición del aborto mediante el voto de los ciudadanos (Julia Conley , Common Dreams)

 "Los votantes de al menos ocho estados de EE.UU. podrán votar ahora en las elecciones de noviembre sobre medidas de enmienda constitucional relativas al derecho al aborto, y en Misuri, el martes, los organizadores celebraron el éxito de su iniciativa de incluir en las papeletas un referéndum histórico.

Los votantes de Missouri tendrán la oportunidad de votar «sí» a la iniciativa Derecho a la libertad reproductiva, que, de aprobarse, convertiría a Missouri en el primer estado en revocar su estricta prohibición del aborto mediante el voto de los ciudadanos.

La iniciativa electoral fue certificada oficialmente por el secretario de Estado de Misuri el martes, tres meses después de que los organizadores de Missourians for Constitutional Freedom entregaran más de 380.000 firmas en el Capitolio del estado.

«Este esfuerzo es un salvavidas para los habitantes de Misuri, que ahora viven bajo una prohibición del aborto cruel y sin sentido, aprobada por unos políticos que están profundamente alejados de los votantes del estado», declaró Kelly Hall, directora ejecutiva del Fairness Project, que ayudó a financiar y asistir a la campaña de recogida de firmas de Missourians for Constitutional Freedom. «Los ciudadanos de Misuri quieren y necesitan tomar sus propias decisiones sanitarias sin interferencias del gobierno. Hoy, Missourians for Constitutional Freedom ha llevado a los votantes un paso más cerca de asegurar los derechos reproductivos, y estamos orgullosos de estar con ellos.»

 La prohibición del aborto en Missouri es una de las más extremas de la nación, con el procedimiento prohibido en casi todas las circunstancias «excepto en casos de emergencia médica.» La política de 2019 entró en vigor cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade en 2022.

Además de revertir la prohibición, la iniciativa Derecho a la Libertad Reproductiva establecería que los residentes de Missouri tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre la atención médica reproductiva, incluidos el aborto, la anticoncepción y la atención de abortos espontáneos.

Rachel Sweet, directora de campaña de Missourians for Constitutional Freedom, dijo que la recogida de casi 400.000 firmas en los 114 condados de Missouri es un testimonio del compromiso de los votantes con la revocación de la prohibición del aborto.

    «Ahora que nos centramos en las elecciones de noviembre, está claro que los ciudadanos de Missouri apoyan mayoritariamente la libertad reproductiva y tendrán la oportunidad de hacer oír su voz en las urnas. Estamos dispuestos a luchar para que todos los habitantes de Misuri puedan recuperar la libertad de tomar sus propias decisiones en materia de salud», afirmó Sweet.

 Con la entrada en vigor de numerosas prohibiciones estatales en 2022, las clínicas de salud reproductiva de los estados limítrofes que permiten el aborto se han visto inundadas de pacientes de otros estados, lo que ha retrasado la atención a los ciudadanos de Missouri, que incluso antes de la anulación de Roe cruzaban con frecuencia las fronteras estatales para recibir asistencia. El año pasado, un hospital de Joplin (Misuri) denegó a una paciente un aborto de urgencia, violando una ley federal, porque a los médicos les preocupaba que la atención prestada infringiera la ley estatal.

«Los habitantes de Misuri han estado sufriendo bajo una prohibición total del aborto sin excepciones, dejando a mujeres y familias en circunstancias inimaginables», afirmó Margot Riphagen, vicepresidenta de asuntos externos de Planned Parenthood Great Rivers Action. «Esta prohibición cruel e injusta ha puesto en peligro innumerables vidas y ha negado a las personas el derecho fundamental a tomar sus propias decisiones sanitarias. Al aprobar esta enmienda, podemos poner fin a la prohibición total del aborto en Missouri y garantizar que los habitantes de Missouri recuperen el acceso a una atención sanitaria reproductiva integral.» «Es hora de devolver el control a las personas», añadió Riphagen, »y proteger la salud y la dignidad de nuestras comunidades.»

Missourians for Constitutional Freedom dijo que celebraría actos de campaña el 17 y 18 de agosto para instar a la gente a votar «sí» a la pregunta de la papeleta sobre el derecho a la libertad reproductiva.

 El lunes, los organizadores de Arizona también celebraron que el estado certificara formalmente su propuesta de medida electoral para establecer el derecho a la atención del aborto en la constitución del estado.

Los activistas de Montana y Nebraska han presentado firmas para iniciativas similares y están a la espera de su aprobación."                    

(Julia Conley , Common Dreams, 13/08/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Estados Unidos: un año sin derecho al aborto... Mujeres que son obligadas a parir fetos biológicamente inviables... En Oklahoma, a una señora cuyo embarazo no era viable le dijeron que esperara en el aparcamiento del hospital hasta que estuviera casi al borde la muerte para poder ingresarla... Esta reacción del personal sanitario obedece a la criminalización a la que está siendo sometido el colectivo, pues si la vida de la madre está en riesgo, no se esclarece el grado de peligro, lo cual deja a los médicos sin saber si están cometiendo un delito... “Nunca imaginé que mis compañeros se encontrarían rastreando a los abogados del hospital antes de realizar abortos urgentes, cuando los minutos cuentan, o preguntando si un 30% de probabilidad de muerte materna o fallo renal inminente cumple con los criterios para las exenciones del Estado”

 "Mujeres que son obligadas a parir fetos biológicamente inviables, que no son atendidas en los hospitales cuando llegan con alguna complicación grave del embarazo, que se ven forzadas a viajar cientos de kilómetros para poder ejercer lo que hasta hace poco era un derecho. Son historias que han llenado las páginas de la prensa estadounidense desde que, hace aproximadamente un año, el Tribunal Supremo del país decidiera tumbar la sentencia Roe v. Wade, aquella que en 1973 otorgaba plenas garantías para obtener un aborto.

Cumplido el primer aniversario de lo que supuso la derogación de este derecho a nivel federal, a manos de un órgano de mayoría conservadora 6-9 desde que el expresidente Trump consiguiera, en sólo una legislatura, nombrar a tres jueces afines, muchos son los casos que han sobrecogido a la opinión pública, como el de la niña de diez años, encinta tras ser violada, que tuvo que desplazarse de Ohio a Indiana para interrumpir la gestación.

Aunque es imposible cuantificar el sufrimiento que ha causado esta decisión judicial, el retroceso democrático es evidente; la supuesta “defensa de la vida” esgrimida por los movimientos antiabortistas ha roto muchas por el camino, y probablemente siga haciéndolo en un futuro próximo: “Los congresistas republicanos quieren prohibir el aborto en todo el territorio nacional”, recalcó recientemente el presidente Joe Biden, sin mayoría en la cámara de representantes, quien también advirtió de que sus oponentes persiguen disminuir el acceso a distintos métodos anticonceptivos. 

Durante los doce meses que han transcurrido, 15 Estados (de un total de 50) han ilegalizado el aborto en prácticamente todas las circunstancias, mientras que cinco han limitado el derecho a las fases tempranas de la gravidez, siendo Florida el más extremo, ya que prohíbe terminar el embarazo a partir de las 6 semanas, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están encintas. Según NBC News, más de 28 millones de mujeres viven en territorios donde el aborto está restringido o no es una opción legal, habiendo aumentado el tiempo de viaje hasta una clínica donde sí lo sea especialmente entre las minorías raciales.

La oleada de machismo en las instituciones no camina al compás de la opinión ciudadana, como aseguró una encuesta de Gallup: si el 61% de la población considera que haber derogado esta protección constitucional es “malo”, un 69% está de acuerdo con que debería ser legal hasta el tercer mes de embarazo, la cifra más alta en los últimos años. La anulación de una garantía que supuso una conquista feminista resultante de las luchas por los derechos civiles revela no sólo la pervivencia del trumpismo una vez derrotado Trump en las urnas, sino también las numerosas iniquidades que afloran cuando otros derechos, como la sanidad, están asimismo comprometidos.

En los testimonios recogidos por distintos medios abundan casos como el de Hollis, una mujer de Tennessee a quien la imposibilidad de acabar con la gestación le supuso dar a luz a un bebé prematuro, nacido con apenas medio kilo de peso y una salud tan frágil que arruinó la economía familiar a base de facturas médicas. En Oklahoma, a una señora cuyo embarazo no era viable le dijeron que esperara en el aparcamiento del hospital hasta que estuviera casi al borde la muerte para poder ingresarla.

Esta reacción del personal sanitario obedece a la criminalización a la que está siendo sometido el colectivo pues, aunque los Estados donde el aborto está prohibido han aprobado cláusulas que permiten intervenir si la vida de la madre está en riesgo, no se esclarece el grado de peligro, lo cual deja a los médicos sin saber si están cometiendo un delito. Esta situación ha sido denunciada por el presidente de la Asociación Médica Americana (AMA, en sus siglas en inglés), Jack Resneck: “Nunca imaginé que mis compañeros se encontrarían rastreando a los abogados del hospital antes de realizar abortos urgentes, cuando los minutos cuentan, o preguntando si un 30% de probabilidad de muerte materna o fallo renal inminente cumple con los criterios para las exenciones del Estado”, aseguró en una conferencia reciente. 

En un país que batió el récord en mortalidad materna en 2021 (los últimos datos disponibles), con 32.9 fallecimientos de la progenitora por cada 100.000 nacimientos, cuando en otras naciones ricas como Japón, Australia o España la cifra oscila entre dos y tres muertes, la eliminación de Roe supone otro hachazo no sólo a la libertad de las mujeres, sino a su propia vida. De hecho, algunos facultativos que están cursando la especialidad de Ginecología ya han criticado que no están recibiendo la formación adecuada para efectuar abortos en Estados donde está prohibido. Desde que se hizo pública la decisión del Supremo, esos Estados han notado, además, una bajada del 10% en las solicitudes debido al miedo de los residentes a ser tratados como criminales, un enfoque punitivista que, a largo plazo, podría crear una fuerte carencia de profesionales.

El derecho a decidir sobre el cuerpo propio, a la maternidad deseada, o a ser tratada con dignidad siguiendo una deontología médica que priorice la salud del paciente han sido borrados de un mapa donde 80.000 mujeres se enfrentaron a serias dificultades para acceder a un aborto, y aquellos Estados donde aún es legal no lograron compensar las prohibiciones del resto. Más allá de las cifras, podríamos preguntarnos qué historias atravesadas por el dolor no saldrán nunca a la luz; cómo sobreviven las madres que han sido coaccionadas en ausencia de un estado del bienestar que provea bajas parentales a nivel federal o guarderías públicas; con qué protecciones se recibe a la infancia una vez sale del útero."            (Azahara Palomeque, La Marea, 05/07/23 )

Abascal quiere proponer la vuelta del servicio militar obligatorio... y revocar la ley del aborto

 "El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que una de las propuestas en las que trabaja su formación es la vuelta de un servicio militar obligatorio.

Abascal ha asegurado que está por definir si se trataría de un servicio militar y social y si la duración sería uno, tres o seis meses, aunque sí sería obligatorio para los jóvenes. "En esta sociedad solo se habla de derechos, pero hay que hablar también de deberes", ha defendido sin precisar más cuestiones "técnicas".

 En una entrevista con Susana Griso en Antena 3, Abascal ha dicho que no es partidario de "obligar", pero sí recomendaría cantar el himno nacional en las escuelas. Y, mientras no tenga letra el himno de España, ha sugerido que se cante 'El novio de la Muerte', el himno de la legión, que ha considerado una "canción de amor".

Abascal ha defendido la eliminación de los fueros del País Vasco, así como la ilegalización de las formaciones independentistas y la aplicación de un 155 permanente en Cataluña. (...)

El líder de Vox ha vuelto a defender el derecho de los españoles a tener un arma para defender a su familia en el seno de su hogar ante cualquier amenaza externa, así como su intención de revocar la ley del aborto. "Que nadie le imponga al no nacido y que iba a nacer que muera. Lo que hay que hacer es ayudar a la pareja a que lo tenga (el bebé) porque ahora se encuentran un sistema que da facilidades para truncar la vida, y hay que orientarlo para todo lo contrario".          (20Minutos, 22/04/2019)

Vox aborta el plan de Feijóo... no se esperaba que fuera con tanta agresividad. Ha sido violento presenciar la muerte de la estrategia de moderación de Feijóo, que tiene mucho miedo a los que le tutelan y necesita para gobernar. Por eso guarda silencio intentando que otros le ahorren el disgusto de tener que balbucear explicándolo... el tema que más daño puede hacer al PP por ambos flancos electorales y establecer este tema como centro del debate en la batalla cultural solo le puede producir beneficios a Vox. Pero al PP lo destroza... Es un asunto que los fractura porque muchos de sus miembros piensan como Vox, que se debería prohibir, mientras otros han dado por amortizado el tema al considerar que es un tema superado y aceptado en la sociedad y han progresado con ella... No hay Sémper que anule la percepción de que el PP con Vox supondrá un retroceso en los derechos de las mujeres

 "(...) Era cuestión de tiempo que los ultras mataran el plan del PP aunque no se esperaba que fuera con tanta agresividad. Ha sido violento presenciar la muerte de la estrategia de moderación de Feijóo. 

El protocolo presentado por Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, sobre la obligatoriedad para los sanitarios de ofrecer a las mujeres que fueran a abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal no lo conocemos más allá del anuncio del ultra de Vox en la rueda de prensa de acuerdos del gobierno de Castilla y León. Nadie lo ha enseñado ni mostrado.

 Lo que sí sabemos seguro sobre el protocolo fantasma es que ha tenido la capacidad concreta y real de abortar la estrategia de Feijóo sobre la moderación. Porque si algo tienen los fantasmas es que cuando son creíbles acaban provocando consecuencias reales en los que los tienen miedo. Y Feijóo tiene mucho miedo a los que le tutelan y necesita para gobernar. Por eso guarda silencio intentando que otros le ahorren el disgusto de tener que balbucear explicándolo. Sabe que no gobernará sin Vox y nunca saldrá de su boca una palabra que rompa ese puente. (...)

En todos aquellos lugares donde el PP ha necesitado a Vox para gobernar ha salido un gobierno con malformación congénita. Mañueco dice que su vicepresidente miente. Sémper que el gobierno de Mañueco no es sensato. Una ruina consuetudinaria. El circo de tres pistas de la moderación coaligada con los ultras es el camarote de los hermanos Marx en forma gobierno.

Las terminales mediáticas de la reacción se pusieron nerviosas por la ocurrencia de Vox en un momento en el que creían que tenían al gobierno acorralado con sus polémicas fetiche. La entrevista de Ana Rosa Quintana, con su feminismo liberal de saldillo, fue el ejemplo perfecto que lo demuestra al reprochar a Juan García Gallardo que le dio un balón de oxígeno al gobierno. Su escaso conocimiento de lo que es Vox, más allá de considerarlos necesarios para despojar a la izquierda, les hace pensar que lo ocurrido ha sido un error porque ha perjudicado la estrategia del PP de Feijóo. El hecho es que para Vox es un éxito incontestable porque el aborto es el tema que más daño puede hacer al PP por ambos flancos electorales y establecer este tema como centro del debate en la batalla cultural solo le puede producir beneficios en su espectro ideológico. Pero al PP lo destroza.

El aborto es un tema que en el PP es tabú porque quiebra de forma profunda las familias que existen dentro del partido. Es un asunto que los fractura porque muchos de sus miembros piensan como Vox, que se debería prohibir, mientras otros han dado por amortizado el tema al considerar que es un tema superado y aceptado en la sociedad y han progresado con ella. En la batalla con Vox por el votante más ultra en su intento de aglutinar de nuevo a toda la derecha es un torpedo en la línea de flotación. La derecha ultracatólica apoya los postulados de Vox en esta polémica y el PP tiene todas las de perder en ese debate. Una merma que se produce también en su intento por robar espacio al PSOE por el centro con un debate tóxico para esa estrategia. Varias encuestas insistían en difundir que el PP de Feijóo había logrado quitar al PSOE un porcentaje de votantes oscilante entre el 10 y el 15% gracias a las medidas de reforma del código penal para acercarse al independentismo. La polémica sobre al aborto anula cualquier posibilidad de avanzar sobre ese flanco y el PSOE ha hecho sangre conocedor de que el error puede ser mortal para los conservadores. No hay Sémper que anule la percepción de que el PP con Vox supondrá un retroceso en los derechos de las mujeres. Vox dispara a Feijóo con el aborto y el PSOE echa sal sobre la herida."                      (Antonio Maestre, blog La sexta, 17/01/23)

Daniel Bernabé @diasasaigonados

El "que hablen de ti aunque sea mal", que Vox practica a menudo con eficacia, utilizando las instituciones como un altavoz desde el que provocar y acaparar el debate público, les ha resultado esta vez un tiro en el pie con el desbarre anti-abortista de García Gallardo.

Importa que en esta ocasión los medios de la derecha hayan salido en tromba a censurarlo, más que nada porque no tenían más remedio: hay derechos que se han convertido en un consenso de difícil cuestionamiento por lo transversal de su aplicación. Así Vox ha quedado arrinconado.

La cuestión de fondo es la influencia del ultracatolicismo en Vox, resultando un elemento tan disruptivo que incluso les perjudica. Las derechas son un bloque menos cohesionado y engrasado de lo que pensamos, sobre todo cuando están expuestas a sus sectores más fanáticos.

2:15 p. m. · 17 ene. 2023·
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A principios de los 80 se realizaban en España más de 300.000 abortos ilegales, la mayoría de ellos con graves riesgos físicos, además de penales

 "(...) Tras las conquistas del divorcio y la despenalización del adulterio, el derecho al aborto se convertiría desde la segunda mitad de la Transición en el gran catalizador del movimiento feminista español. En la Asturies de los años 80 el feminismo estaría ligado a unas siglas, las de AFA, Asociación Feminista de Asturias. (...)

En mayo de 1982 la revista Xera, una efímera publicación afín a los movimientos sociales asturianos y la izquierda extraparlamentaria, recogía los testimonios de varias asturianas que habían tenido que abortar de forma clandestina dada la prohibición en España del aborto. Detrás de esta historia había estado AFA, preocupada en difundir los relatos sobre la precariedad y peligrosidad con la que las mujeres de clase trabajadora, sin dinero para ir a países europeos, estaban abortando en España debido al prohibicionismo vigente todavía en los primeros años de la democracia. 

A principios de los años 80 las estimaciones de la Fiscalía General del Estado hablaban de más de 300.000 abortos clandestinos en España. Además, otras 20.000 españolas habían viajado en 1983 a Londres a abortar. Una opción muy cara para la inmensa mayoría de las españolas, que tenían que recurrir a vías mucho más baratas, pero que entrañaban graves riesgos, tanto físicos como de cárcel, además de una notable sordidez.

Así relataba Carmen, de treinta años, ama de casa, con dos hijos, su aborto clandestino en Xixón:

«Hace cuatro años, cuando el pequeño tenía dos, me quedé embarazada y por decisión propia decidí abortar […] Recurrí a una mujer que se había hecho varios y me dijo que había tres posibilidades. La primera era un practicante al que había que pagarle el favor previamente en carne, la segunda otro hombre que lo hacía en condiciones muy precarias, y la tercera, otro que lo hacía bien. Opté por el último pagando 29.000 pesetas […] Al tumbarme en la camilla observé que la sábana estaba manchada con sangre de la anterior y donde colocaba las piernas estaba forrado de trapos de cocina (¡Esta era la mejor posibilidad que se me había ofrecido!). El material lo lavaba en un cubo de plástico que no se si tendría algún desinfectante, y una de las pinzas con las que cogió mi matriz tenía los extremos rotos, así que al enganchar unas tres veces se le soltaba y el dolor era terrible […] Por eso, si hoy me quedara embarazada no volvería a abortar porque uno vale, y otro pasa, pero lo que no se puede es estar jugando con mi vida cada vez que me quedo embarazada. Si mi anticoncepción me falla, no podría quitarme un tercero, pero no es una cuestión moral, es por mí misma. Lo tendría» (...)

Además de en la capital, AFA llegaría a tener grupos locales en Xixón, Avilés y Mieres, y realizaría todo tipo de acciones directas en defensa del aborto. Desde un encierro en el Ayuntamiento de la capital en solidaridad con las once mujeres de Bilbao juzgadas por abortar, hasta la ocupación de un autobús urbano de Oviedo/Uviéu “para ir a Londres a abortar”, la filmación y proyección pública de un aborto clandestino o la impresión masiva, en una acción nocturna, de todos los ejemplares de La Nueva España depositados en los kioskos, con un sello en defensa del aborto libre y gratuito.

 La primera despenalización del aborto llegaría en 1985, durante el primer gobierno de Felipe González, y bajo solo tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación (supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico). 

La mayoría del movimiento feminista juzgaría insuficiente esta ley y seguiría luchando por su reforma y ampliación, que no llegaría hasta 2010 y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es hoy, 12 años más tarde, cuando el nuevo anteproyecto recoge todas las históricas reivindicaciones de las pioneras de los años 70 y 80 en defensa del aborto libre y gratuito."            ( Diego Díaz Alonso , Nortes, 20 mayo 2022)

Pues, vuelta a empezar con el aborto... «¿Consideráis que alguien de 16 años no es suficientemente madura para abortar pero sí para ser madre?» (Ana Milán)...

 "España tiene ya una de las leyes más progresistas del mundo, pero su aplicación continúa siendo controversial y tiene flecos pendientes que se vuelven a poner sobre la mesa.

En este sentido, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, desgranó algunos de los avances que se llevarían a cabo en una reforma ya prevista de la misma y que ahora se han confirmado.

El más llamativo ha resultado el que las  jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, según el borrador que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros.

La nueva ley mantendrá los plazos actuales, de aborto libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, si existe un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, existen anomalías graves en el feto o existe presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.

ACAI (Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo), ha lanzado varias consideraciones sobre esta medida.

 Apuntan, por un lado, que «valora positivamente que se devuelva a las mujeres de 16 y 17 años la libertad para decidir sobre su gestación, un cambio que viene a corregir una anomalía que abocaba, especialmente a las mujeres de esta edad en situación de desprotección, a situaciones de riesgo e inseguridad».

Sin embargo, muchas han sido las voces discordantes, procedentes desde la derecha y el catolicismo más anquilosado. Por este motivo la actriz Ana Milán lanzaba una mordaz pregunta, que rompía los esquemas de los críticos:

ANA MILÁN @_ANAMILAN_

Los antiabortistas consideráis que alguien de 16 años no es suficientemente madura para abortar pero sí para ser madre? (Pregunto, y a ver si es posible que se conteste sin insultar…)

7:31 a. m. · 13 may. 2022
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«¿Los antiabortistas consideráis que alguien de 16 años no es suficientemente madura para abortar pero sí para ser madre?»."           (Contrainformación, 14/05/22)

El final de un derecho... Una filtración del supremo indica la probable derogación del derecho al aborto en Estados Unidos... es muy, muy probable que el aborto pase a ser casi completamente ilegal en gran parte del sur y centro del país... derogar Roe hace que los estados puedan volver a promulgar leyes prohibiendo la sodomía, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos

 "Una de las leyes que he seguido con cierto interés este periodo de sesiones en Connecticut (cuando no estaba ocupado viendo cómo se cargaban la mía) ha sido H.B. 5414. La ley (ya aprobada en ambas cámaras) incluye dos provisiones que uno sólo puede ver en un lugar como Estados Unidos. (...)

 Segundo, la ley permite a personas que hayan sido denunciadas en otro estado por ofrecer servicios relacionados con el embarazo, incluye contraceptivos y aborto, de llevar a sus acusados a juicio para recuperar costas judiciales si esos servicios son legales en Connecticut. También prohíbe a las autoridades del estado cooperar con investigaciones y denuncias de otros estados sobre materias relacionadas con medicina reproductiva y aborto.

Es decir: los legisladores estatales de Connecticut, un estado progresista y que quiere proteger el derecho al aborto, han aprobado una ley esencialmente protegiendo a las mujeres que vengan de otros estados para interrumpir su embarazo, y a los médicos, clínicas y enfermeras del estado que ofrezcan ese servicio.

Ha resultado ser una decisión acertada, porque todo parece indicar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a derogar el derecho al aborto en los próximos meses.

La filtración

Politico publicaba ayer por la noche el borrador de la sentencia, firmada por Samuel Alito y con los votos a favor de otros cuatro jueces conservadores del supremo (Thomas, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett). Es increíblemente inusual ver una filtración de cualquier clase en el supremo, una institución con una larguísima tradición de opacidad y oscurantismo, pero dada la importancia colosal de esta sentencia y el terremoto político que va a acompañarla, no es que me sorprenda demasiado.

Vaya por delante, por supuesto, que esto es un borrador, no una sentencia en firme; según parece, fue escrito en febrero. No que sea un documento ligerito o esquemático; es igual de largo y detallado (98 páginas, 30 de apéndices, todo anotado y referenciado) que una sentencia completa. Es posible que la versión final, que será publicada antes de que acabe el periodo de sesiones a finales de junio, sea distinta.

Todo parece indicar, no obstante, de que no cambiará demasiado. Primero, porque quedó claro en la vista oral de que hay cinco jueces que se mueren de ganas de derogar Roe v. Wade, la sentencia judicial que define el derecho al aborto en Estados Unidos. Segundo, porque la radicalidad del lenguaje de Alito, y sus argumentos legales, siguen al pie de la letra lo que sus colegas conservadores, y el movimiento conservador americano, llevan repitiendo desde hace años. Ahora que tienen la victoria a su alcance, no darán un paso atrás.

Derogando Roe v. Wade

Vaya por delante: la sentencia del supremo no ilegaliza el aborto en Estados Unidos. Lo que hace es eliminar la interpretación constitucional vigente que sostiene que la constitución de los Estados Unidos incluye, de forma implícita, el derecho a la privacidad, y con ello, protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre derechos de penumbra (derechos que no están listados en la constitución, pero que el supremo ha considerado necesarios para su funcionamiento) hablé aquí en detalle; (...)

Las consecuencias de esta decisión son múltiples. Para empezar, el supremo autoriza a los estados a aprobar leyes que limiten o prohíban el derecho al aborto. El NYT publicó un muy buen artículo aquí detallando el impacto de este cambio, pero es muy, muy probable que el aborto pase a ser casi completamente ilegal en gran parte del sur y centro del país. Hay más de una veintena de estados que tienen “leyes gatillo” que prohibirán el aborto desde el momento en que Roe v. Wade sea invalidada.

¿Os acordáis esa ley tan demencial de Texas que permitía a ciudadanos actuar como cazarrecompensas denunciando abortos? Pasará a ser completamente legal. Esa es la ley que Connecticut está intentando combatir.

Si eso os parece poco, es necesario recalcar Roe v. Wade no es sólo una sentencia sobre el aborto, sino también sobre el derecho a la privacidad. Hay una cantidad francamente desmesurada de jurisprudencia que depende sobre la existencia de este derecho; derogar Roe, por ejemplo, hace que los estados puedan volver a promulgar leyes prohibiendo la sodomía, el matrimonio homosexual o los anticonceptivos. Si los “derechos de penumbra” implícitos en la constitución dejan de merecer protección, esto implicaría la posibilidad de aprobar toda clase de nuevas e innovadoras medidas reaccionarias, desde prohibir la existencia de salarios mínimos a legalizar la discriminación entre particulares por motivos religiosos.

Consecuencias políticas

Políticamente, las consecuencias de derogar Roe v. Wade son impredecibles. Para empezar, los sondeos son bastante consistentes en que una mayoría de americanos son partidarios de mantener el derecho al aborto. La inmensa mayoría de americanos viven en estados donde la mayoría de los votantes quieren que siga siendo legal en la mayoría de las situaciones. No hay ningún estado, ni siquiera en el sur, donde los partidarios de una prohibición completa o casi completa sean mayoría.

Esto parecería un ejemplo de libro de una decisión impopular por parte de una institución contramayoritaria que puede ser utilizada por el partido que se opone a esta para movilizar a sus bases y sacar rédito político. A fin de cuentas, la sentencia hace que las elecciones estatales en noviembre pasen a ser muchísimo más importantes; los progresistas no pueden perder esta guerra.

Hay motivos, sin embargo, para ser escéptico, más allá de la congénita incompetencia del partido demócrata. Para empezar, hay una conocida asimetría entre un movimiento antiabortista pequeño pero muy, muy movilizado y una amplia mayoría pro- derechos pero que no considera el aborto como un tema prioritario. Es posible que la sentencia radicalice a los pro- abortistas, pero no me parece inevitable.

Segundo, los americanos, a la que rascas un poco debajo de los sondeos, están muy confundidos sobre los derechos que dicen defender. Como señalan en 538, amplias mayorías están a favor del derecho al aborto durante el primer trimestre, pero están en contra durante el segundo. Lo que hace Roe, sin embargo, es legalizar el aborto hasta 24-28 semanas de gestación, es decir, ese segundo trimestre.

 Es decir, es muy probable que muchas de las leyes propuestas en estados conservadores propongan cosas como prohibir el aborto a las 10, 14, o 16 semanas de embarazo para sonar razonables y “buscar consensos”. Esos resultan ser los límites para interrumpir un embarazo en Portugal, España, o Francia.

Este dato, por cierto, es lo que siempre me ha parecido más chocante del derecho al aborto en Estados Unidos. Este es un país, se mire como se mire, mucho más conservador que la mayoría de los países europeos, que por un accidente legal (una sentencia increíblemente complicada en 1973) tiene un régimen de protección de los derechos reproductivos de la mujer mucho más progresista que Europa en muchos aspectos. La involución del supremo colocará a Estados Unidos más cerca del resto del mundo (excepto en los estados más conservadores), de forma un tanto paradójica.

La sentencia, sin duda, es una tragedia que va a empeorar la vida de manera dramática a cientos de miles de mujeres en todo el país, y sus implicaciones para derechos civiles y sentencias futuras en manos de un supremo cada vez más reaccionario son aterradoras. Pero es increíblemente complicado de hablar sobre consecuencias políticas de todo este asunto, porque la opinión pública está mucho más confundida de lo que parece."                      ( Roger Senserrich , Four freedoms, 03/04/22)

El cuento de la criada se hace real en Polonia: se crea el registro de embarazos y abortos involuntarios... Este registro de embarazos hará que a cualquier mujer que reciba tratamiento médico de cualquier tipo y a la que se identifique como embarazada, se le tomarán y guardarán los datos... así el gobierno podrá controlar cualquier intento de aborto en el extranjero o por medios ilegales

 "La extrema derecha de Ley y Justicia (PiS) que gobierna Polonia está haciendo todo lo posible para acabar con el derecho al aborto. Ahora ha dado un nuevo paso con la creación del registro de embarazos y abortos involuntarios.

Este registro de embarazos hará que a cualquier mujer que reciba tratamiento médico de cualquier tipo y a la que se identifique como embarazada, se le tomarán y guardarán los datos.

El posible uso de este registro de embarazos y abortos involuntarios es el que ha provocado una oleada de críticas. Como temen tanto los activistas por los derechos de las mujeres como la oposición política, el gobierno podrá controlar cualquier intento de aborto en el extranjero o por medios ilegales.

 Y es que el aborto es prácticamente ilegal ya en Polonia, teniendo una de las legislaciones más restrictivas de la Unión Europea y en constante regresión.

En 2020 se suprimió el supuesto principal de malformación o defecto del feto, con el que se llevaban a cabo casi todos los abortos legales, unos mil al año en 2019 los abortos por este supuesto representaban un 97,7% del total, siendo 1074 de los 1100 abortos legales). Se calcula que se practican mas abortos ilegales que legales en el país.

Solo se han mantenido los supuestos de peligro para la vida de la madre, violación o incesto, que son casi anecdóticos (en 2019 fueron 26 abortos, el 2,3%).

 Así, con este mecanismo, el gobierno podría monitorizar cualquier interrupción del embarazo y aplicar la implacable legislación contra el aborto, que castiga con penas muy severas cualquier intento en este sentido, incluso de manera inintencionada. (...)

En 2016 el equipo de gobierno intentó prohibir el aborto en todos los supuestos. Esto provocó la marcha del “lunes negro” donde decenas de miles de mujeres vestidas con ropa negra marcharon, haciendo que el gobierno diera marcha atrás y reconociera que la manifestación “nos ha hecho pensar”.

Pese a esto, el aborto seguía en el punto de mira del PiS. El 22 de octubre, el Tribunal Supremo respondía una pregunta del gobierno sobre el aborto y aceptaba su argumentario, aduciendo que en efecto el supuesto de malformación o defecto del feto era una técnica eugenésica, prohibiéndolo.

Esto provocó las mayores protestas desde 2016, con manifestaciones, cortes de carreteras y amplias protestas. Muchas mujeres se vistieron de negro, pero otras vista la deriva del país vistieron los ropajes rojos de las «criadas» en la distopía «El cuento de la criada». (...)

Lo relevante de esto, es que está actuación no es el hecho independiente de la actuación judicial. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países, el Tribunal Supremo no es un agente independiente del gobierno.

A través de distintas reformas el ejecutivo ha tomado el control de este órgano e impuesto una mayoría conservador afín al gobierno. También lo esta haciendo sobre el resto de la judicatura, creando nuevas leyes sobre jueces y  tribunales e incluso con la creación de cámaras para juzgar a los jueces díscolos.

Esta deriva autoritaria es lo que se conoce como democracias iliberales y ha provocado múltiples choques con la Unión Europea. (...)

El derecho al aborto es un tema actualmente muy presente en Polonia, a la par que un tabú social, en especial estos meses tras la muerte de Izabela, la que se considera la primera víctima mortal de la restrictiva ley del aborto.

Izabela acudió a un hospital en Pszcyna, embarazada de 22 semanas. Su feto había sido diagnosticado con “defectos”, concretamente con perdida del líquido amniótico. Pero el aborto por malformación está prohibido, así que el equipo médico se lanzó a intentar salvar ambas vidas.

Cuando se comprobó que no había nada que hacer, el equipo intentó provocar el parto y se mantuvo expectante, esperando la muerte del bebé antes de poder actuar, ya que sino podrían enfrentarse a amplios castigos penales.

Izabela pudo hablar con su madre Barbara y le comunicó “que esperarían hasta que muera el bebé porque no tenían otra opción».

Cuando el bebe murió, actuaron vaciando la cavidad uterina, pero ya era tarde. Izabela murió de un shock séptico horas después.

El hospital alegó que había cumplido la más estricta legalidad y todos los procesos legales, poniendo el foco sobre la estricta ley.

Así con sus derechos cercenados, las mujeres polacas viajan en gran número a otros países de la UE para poder abortar."                 (J. F. Albert, Contrainformación, 19/12/21)

“La objeción de los médicos a practicar abortos casi me cuesta la vida”

"No he vuelto a ser la misma desde entonces”. Paula rompe a llorar al recordar lo que sucedió hace cuatro años, cuando tuvo que recorrer los 600 kilómetros que separan Burela (Lugo) de Madrid por carretera para interrumpir su embarazo, muy deseado pero inviable.

La sanidad pública gallega se negó a practicar un aborto apelando a la objeción de conciencia de los facultativos. Tras un difícil viaje en coche, acudió a la clínica privada madrileña que le había indicado el Servicio Gallego de Salud. Allí la trasladaron de urgencia al hospital La Paz por su grave estado. Perdió el útero. 

La justicia, en una dura sentencia, ha condenado al Sergas a indemnizarla con 270.000 euros. La reconstrucción de su vía crucis muestra los problemas que aún existen en algunos lugares de España para practicar abortos tardíos y cumplir la ley. "El derecho a objetar de los médicos casi me cuesta la vida", lamenta.

Una cadena de errores en las pruebas diagnósticas llevadas a cabo en el hospital de Burela fue la que provocó que se detectaran tarde, a los siete meses de embarazo, las graves alteraciones cromosómicas que tenía el feto y que conllevaban que este fuera “incompatible con la vida”; es decir, que no podía sobrevivir.

Pero ningún médico quiso interrumpir su embarazo ni en su hospital ni en ningún otro de la comunidad autónoma. Finalmente, el servicio de salud gallego le dijo que, para “respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales”, la Administración pagaría la interrupción del embarazo, pero en una clínica de Madrid. En ese momento ya estaba en la semana 32 de gestación.

Paula emprendió el viaje. “Tuve que dejar a mi otra hija de tres años con mi madre y viajar con mi pareja”, relata. “Llevaba ya días con dolores vaginales, pero en el hospital me decían que eran gases”. Fue un nuevo error, porque resultó que tenía el útero vascularizado.

 Por eso, cuando llegó a la clínica con un sangrado vaginal, estaba tan grave que fue trasladada al hospital de referencia, donde le salvaron la vida. Le practicaron una cesárea para extraer el feto, un bebé inviable que murió a los 90 minutos de nacer, y le quitaron el útero para detener la hemorragia. No podrá ser madre de nuevo.

“Fue todo tremendo”, recuerda. “Nos preguntaron si queríamos ver al bebé, si queríamos que lo reanimaran, pese a que era incompatible con la vida. Tuvimos que incinerarlo y volver a casa con sus cenizas”.

"Perjuicios físicos y psíquicos que hay quien resarza"

De vuelta ya en Galicia, tras una semana ingresada en el hospital madrileño y con su pareja alojada mientras tanto en un hotel, Paula recibió del Sergas al cabo del tiempo el pago correspondiente al kilometraje del viaje.“En total, algo más de 80 euros”, recuerda. “Ni siquiera me llamaron del hospital de Burela, como hacen con todas las parturientas, para citarme para una revisión. Mucho menos para pedirme disculpas por las enormes negligencias”.

Paula está en tratamiento psiquiátrico desde entonces. El magistrado que ha condenado al Servicio Gallego de Salud considera que la negligencia denunciada por la afectada “rebasa los estándares de lo tolerable” con “perjuicios físicos y psíquicos que no hay quien los resarza”.

La “extensión innecesaria del embarazo” de Paula representa “un fracaso estrepitoso del sistema” sanitario público, según la sentencia. Marcos Amboage, el magistrado del juzgado 2 de lo Contencioso-Administrativo de Lugo que la firma, entiende que “resulta difícilmente aceptable que no se disponga de un centro público en Galicia” para practicar las interrupciones del embarazo que garantiza la ley. (...)

Francisca Fernández, abogada de Paula, asegura que su caso no es único. Ha presentado otras dos reclamaciones de pacientes afectadas por la objeción de conciencia de los profesionales de la red pública gallega. El Sergas, por su parte, insiste en que el derecho a la interrupción del embarazo está garantizado en los términos que recoge la ley y señala que en este momento se están practicando algunos abortos correspondientes al segundo trimestre en los hospitales públicos de A Coruña y Ourense.

 

En todo caso, Galicia no es una excepción. En la red pública española se practica una mínima parte de los abortos legales. La mayoría, el 90% en 2014 según datos del Ministerio de Sanidad, se deriva a clínicas privadas, algo que permite la ley. Pero el problema surge cuando la derivación se hace a una clínica que está a cientos de kilómetros o cuando no hay profesionales para llevar a cabo abortos tardíos que requieren un hospital. (...)

Blanca Cañedo, vocal en Asturias de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), insta a la Administración a formar a los médicos en la práctica instrumental de la interrupción del embarazo en las facultades. En su opinión, el método farmacológico es “una brutalidad en los casos de más de 14 semanas de gestación ya que mantiene a las mujeres con síntomas de parto durante días hasta que expulsan el feto”.

El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Luis Enrique Sánchez, opina que una de las principales causas por las que algunos hospitales públicos no realizan interrupciones de embarazo es que “las consejerías de sanidad no han fijado la obligación y los servicios de ginecología hospitalarios prefieren no planteárselo, aludiendo a problemas organizativos, falta de quirófanos o escasez de recursos”. En su opinión, se trata de una cuestión de “falta de voluntad política de los responsables sanitarios”.

En el caso de Paula, que usa un nombre ficticio para este reportaje, la sentencia reconoce que la sanidad pública no le ofreció los recursos adecuados. Ella está segura de que si hubiera podido interrumpir su embarazo en Galicia no habría perdido el útero y la capacidad para ser madre biológica de nuevo."                (El País, 07/11/16)

Y Gallardón ya no es el chico de la película...

"(...) . En la película de la reforma de la ley del aborto es Ruiz-Gallardón el protagonista. Pero no es el director. Porque el director se llama Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno. Quizá el protagonista, por su personalidad, codirige algunas escenas el film. Pero, insisto, no es el director.

  Un planteamiento guía al director y a su protagonista: el PP ha incumplido nada más llegar su programa de mantener los impuestos o no subirlos bajo ningún concepto con el deseo de bajarlos despues. Pero Rajoy los sube.

  Se trata, pues, de cumplir lo que se está en condiciones de cumplir.

  Estiman que mientras tarda en llegar la pretendida recuperación económica de Rajoy, un sector de electores del PP debe ser alimentado con ideología. Que es necesario cuidarlo. Mimarlo. Es un sector a horcajadas de cuya movilización, callejera  muchas veces, el PP ha cabalgado contra Zapatero durante la legislatura 2004-2008, un sector de votantes que ha sido usado para desgastar al Gobierno del PSOE.

 Ruiz-Gallardón asume entre sus tareas el diseño del anteproyecto de reforma de la ley del aborto. Se metarmorfosea totalmente en el personaje que debe interpretar. A tal punto que su papel se ve muy influenciado por otros anteriores. De centrista-progre, un papel que ha asumido con gusto durante años, debe pasar a conservador-reaccionario.

 Esta actuación tiene, o puede tener, su recompensa. Ese premio es ganarse la confianza de un sector del Partido Popular que le critica y que desconfía de él.

 Poseedor del don de la eterna juventud, cual Dionisos en la mitología griega, nunca ha dejado de acariciar la presidencia del Gobierno. Es una tentación sobre la cual no puede pasar página.

  Su actuación como protagonista de la reforma del aborto que le confía Rajoy es excesiva. Ruiz-Gallardón sobreactúa. Se mete en la piel del personaje conservador-reaccionario que debe interpretar, se abandona a tal ensimismamiento que olvida una cosa fundamental: no está rodando una película, está en un lugar preeminente de la política española. Y europea.

  Parece creer que mientras llega la pretendida recuperación económica de Rajoy, un sector de electores del PP debe ser alimentado con ideología. Que es necesario cuidarlo. Mimarlo. Es un sector a horcajadas de cuya movilización, callejera  muchas veces, el PP ha cabalgado contra Zapatero durante la legislatura 2004-2008.

 Esta sobreactuación no está presente solamente en su interpretación de la reforma del aborto. Al tiempo encara otros proyectos presuntamente históricos: la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la nueva ley Orgánica del Poder Judicial, la tasas judiciales, la reforma de ley de enjuiciamiento criminal elaborada por el magistrado Manuel Marchena y abandonada, la prisión permanente revisable...

  Y su reacción ante los problemas que surgen en lugar de hacer brillar al Gobierno le provocan  deterioro político y tensión con la jueces y sus asociaciones: la defensa de Carlos Dívar como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, el fallo sobre la doctrina Parot (tenía el preaviso de la Sala Pequeña del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con un año de anterioridad), reforma de la jurisdicción universal (considerada "confusa" por el Tribunal Supremo) y otros.

  Ruiz-Gallardón está en todo y en ninguna parte.

  Su huida hacia adelante está jalonada, finalmente, por la idea de que es necesario dar una respuesta al ascenso de Podemos -los frikis de Pedro Arriola, el asesor áulico de Rajoy- en las elecciones europeas y arrebatarle (!) la bandera de crítica a la clase política... a través de la reforma de los aforamientos. Una reforma que en realidad desvía la atención desde los políticos hacia aquellos a quienes el ministro de Justicia ya ha golpeado con anterioridad: los jueces, magistrados y fiscales. (...)

  Pero algo ha pasado en el final de esta escapada.

  Ruiz-Gallardón ha hecho una catarsis de mesa y mantel. Se presenta ante sus amigos siempre como el el dueño de su destino. El que no va a tolerar que lo ninguneen.

  Veamos.

 El sábado 6 de septiembre es una fecha relevante. Rajoy reúne en el parador de Sigüenza al comité de dirección del PP, al que acude Pedro Arriola. El asesor de Rajoy, con los números en la mano y el análisis de la situación del electorado del PP, explica en qué hay que centrarse en esta etapa post pérdidas electorales del 25 de mayo de 2014. 

En qué caladeros de votos hay que pescar de aquí a las elecciones municipales y autonómicas de mayo próximo, antesala de las generales de finales de 2015. 

 Rajoy baja el pulgar para al proyecto de reforma de la ley del aborto. (...)

Fue la estocada definitiva al corazón de Alberto Ruiz-Gallardón. El presidente del Gobierno le arrebató la escena final, la más dramática de toda la película: la confirmación de la retirada del proyecto de reforma Gallardón.

   Rajoy, apoyado de facto en un amplio sector del partido, le dio el último empujón.

  Y Ruiz-Gallardón, destrozada su agenda, no tiene más remedio que anticipar su comparecencia. Su escena solemne en el Congreso no se iba a rodar. El director de Reforma del Aborto. La película, Mariano Rajoy, había gritado: ¡Corten!

  Ni siquiera vaciló el presidente del Gobierno ante el solemne momento que supone la inminente convocatoria del referéndum de Cataluña y el papel central del ministro de Justicia, que el propio Ruiz-Gallardón se encargó de realzar la semana pasada de manera grandilocuente.

   Porque, claro, ya tenía Rajoy un propio como sustituto. (...)"         (Ernesto Ekaizer, El País, 23/09/2014)

El verdadero problema moral ahora no es si se tiene derecho a abortar en caso de graves malformaciones sino si, conociéndolas, se tiene derecho a dar a luz

"En una sociedad abierta y pluralista, por tanto laica y no sometida a rigideces teocráticas, las leyes no deben pretender zanjar las divergencias morales de los ciudadanos, sino crear un ámbito en el que puedan convivir todas sin humillación de nadie.

 O sea, lo contrario de lo que ocurrió cuando el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, convirtiendo en obligatoria la opción moral de una parte de la ciudadanía contra la de los demás. Algunos que en su día apoyaron esa ley han descubierto ahora, con motivo de la posible modificación de la ley sobre la interrupción del embarazo, las virtudes de respetar la decisión personal y no imponer una ética única a toda la población. Bienvenidos a la tolerancia… o al menos a la cordura legal. 

En el tema del aborto, las perplejidades éticas son inevitables y deberían ser celebradas como una muestra del desarrollo de la conciencia que aquilata los valores vitales, no como un atraso. Solo un idiota moral —que los hay— afronta esa situación con la misma despreocupación que quien se extirpa un lobanillo.

 Pero ninguna legislación puede zanjar tales escrúpulos: si es discreta, se conformará con impedir que se vean agravados por persecuciones penales y una clandestinidad anti-higiénica.

El supuesto de aborto lícito en el caso de una malformación grave del feto presenta precisamente el ejemplo de un auténtico dilema moral contemporáneo. Antes no hubiera existido, porque no teníamos la tecnología adecuada para detectar tales casos: la cuestión la resolvía en ciertas culturas tras el nacimiento el infanticidio (que no es lo mismo que un “feticidio”) o la resignación ante lo que nos manda la naturaleza o Dios. 

La ética no cambia radicalmente con los tiempos, pero como trata de la valoración de nuestras acciones evoluciona según se amplían las capacidades humanas. Hoy podemos decidir con información suficiente antes del nacimiento, en las primeras etapas del embarazo, y el verdadero problema moral ahora no es si se tiene derecho a abortar en caso de graves malformaciones sino si, conociéndolas, se tiene derecho a dar a luz

. La norma legal debe señalar el marco razonable de ese íntimo debate, sin aspirar a tener nunca la última palabra."      (FERNANDO SAVATER, EL CORREO 30/05/2013, en Fundación para la Libertad)  

Ciencia y aborto

"La concepción no es un momento mecánico (conectar un enchufe), sino un proceso vital (formarse y crecer un viviente): más de 20 horas para la fecundación y dos semanas hasta completarse la anidación del preembrión.

 Es cierto que no se puede considerar al feto mera parte del cuerpo materno, ni realidad parásita. Pero la interacción embrio-materna de la tercera a la octava semana es decisiva para la constitución de la vida naciente: a medida que se aproxima el tercer mes del embarazo aumenta la exigencia de ayudarle para llegar a término.

 Las circunstancias excepcionales deberán ser sopesadas seriamente; tendrán menos peso al aproximarse el umbral de la novena semana de gestación.

 En vez de hablar de protección de la vida en general, tendremos presente la distinción entre materia viva de la especie humana (el blastocisto antes de la anidación) y una vida humana individual (el feto, más allá de la octava semana). "        ( Juan Masiá Clavel , El País, 13 MAY 2013)

“No quería ver a mi hijo sufrir, eso no tiene que ver con ideologías”

“Nadie quiere más a un hijo que una madre. Por eso no quería verlo con sufrimiento, con un dolor tremendo como el que iba a padecer, si es que vivía...”. Isabel López no se arredra cuando explica su decisión. Interrumpió su embarazo hace un mes, a las 30 semanas de gestación; un tiempo en el que muchas familias ya planifican el nacimiento. 

Pero el hijo que ella esperaba padecía artrogriposis múltiple congénita, una patología muy grave, en su caso de pronóstico nefasto, y que suele acarrear daños neurológicos severos. “Nos informamos de todas las opciones y nos dijeron que no iba a mejorar. Así que decidimos abortar”, dice.  (...)

A Isabel, una administrativa de 40 años que vive en un pueblo de Galicia, le inquieta que la nueva regulación vaya a ese punto. Cuenta que para ella y para Ramón, su marido, recibir el diagnóstico fue un duro golpe. Tienen una hija de siete años y ese segundo embarazo había sido muy deseado. “Pensaba en ese hijo y me decía: ¿qué es más egoísta, verle nacer y sufrir, o dejarle ir?”, relata. 

Católica —“y practicante”, precisa con su acento cantarín—, cree, sin embargo, que la religión no tiene que ver con este tema. “Precisamente a mí me ayuda ser creyente, porque pienso que alguien puso en mi camino que se detectara el problema para evitarlo. Si se puede impedir un sufrimiento tan tremendo, a mi hijo y a nosotros, es irresponsable no hacerlo. Las creencias y la política no entran en esto”, remarca.

Los médicos detectaron a Isabel la anomalía fetal tarde, en una ecografía en tres dimensiones que decidió hacerse por su cuenta. Pidió varias opiniones. Todas confirmaron el diagnóstico de artrogriposis en grado severo: su hijo habría nacido con múltiples contracturas articulares y daños neurológicos muy importantes.

Hasta hace menos de tres años, un caso como el suyo, de diagnóstico tardío y muy grave, solo tenía dos opciones: seguir adelante con un embarazo, muchas veces inviable, o viajar a otros países. Hasta 2010, expone el jefe del servicio de medicina maternofetal del hospital Clínic de Barcelona, Eduard Gratacós, los abortos por malformación fetal solo se permitían hasta la semana 22ª. 

“Ahora nos hemos asimilado a la mayoría de la UE con un sistema muy organizado con comités clínicos que solo aprueban las intervenciones que cumplen con la ley”, dice.

Gratacós apunta que con ello se da respuesta a una situación muy complicada. “No puedes dejar desamparados estos casos. Para estas mujeres es un drama importantísimo. Se pasa de una situación de esperanza, por una maternidad muy deseada, a una realidad truncada”, dice.

 El ginecólogo es uno de los cientos de expertos en diagnóstico prenatal que está en contra de la supresión del supuesto de aborto por anomalía fetal: “Se debe separar la legislación de la ideología”.

Isabel, Ramón y su familia también lo piensan. “Mi abuelo, con 95 años, me decía que me fuera a Londres, como antaño. Y mi suegra, que es una mujer de misa, me dijo: ‘Que Dios me perdone, pero este mundo ya es bastante duro como para traer a nadie a sufrir”, cuenta

Cuando decidió que no continuaría con el embarazo, Isabel cogió un avión y se plantó en Madrid. Ahí, dice, empezó la parte más dura: la espera en el comité, la intervención... “Angustia saber que tomaste una decisión, pero que nada está en tu mano”, dice.

Ahora ya está en casa. Cuando llegaron le explicaron a su hija que el hermanito no llegaría. “El otro día la oí diciéndole a una amiga que su mamá ya no iba a tener el bebé, pero que todos estábamos bien. Es estupenda”, dice."          (El País, 12/05/2013)

Diez mitos sobre el aborto

"Enredado el debate del aborto en las contradicciones entre quienes se supone decidirán la reforma, y con la izquierda y las organizaciones de mujeres dispuestas a dar la batalla, convendría al menos saber de qué estamos hablando. Con ese fin pretendo aquí aclarar algunas confusiones.

1. Una ley más restrictiva evitaría miles de abortos. Falso.

 Ese titular apareció en un diario nacional pero no se sostiene. Una ley que impida abortar legalmente reduciría, obviamente, el número de abortos legales, pero aumentaría los clandestinos o en el extranjero. Un estudio de la OMS publicado en la respetada revista médica The Lancet en 2012 confirmaba que la tasa de abortos no es inferior, más bien al contrario, en los países que lo prohíben.

 Los abortos se practican allí en la clandestinidad con grandes riesgos sanitarios para la mujer. Pero se practican.

2. Una ley de plazos es más permisiva que la de supuestos. Según como se mire.

 Es más permisiva en el sentido de que no obliga a la mujer a dar una justificación (la más socorrida era el riesgo psicológico) en abortos en el primer trimestre de gestación. Pero la ley de 2010 es mucho más restrictiva para practicar abortos en embarazos avanzados, al introducir el criterio de la viabilidad fetal. 

Esto implica que incluso en caso de riesgo grave para la madre, un feto de más de 22 semanas no puede ser eliminado si hay posibilidad de sacarlo adelante (porque la medicina ha mejorado mucho la supervivencia de los neonatos prematuros). Sin embargo, con la ley anterior podía alegarse riesgo psicológico en cualquier momento del embarazo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que tanto invoca Gallardón eliminó los límites temporales al aborto por peligro para la madre.

 Si a usted no le parece lo mismo un aborto el primer mes de gestación que en el octavo, puede considerar la ley de plazos más garantista para el no nacido. Otro ejemplo: el Reino Unido tiene una ley de supuestos tan amplia que en la práctica es de plazos. Durante décadas ese país ha recibido a mujeres llegadas de otros países para acogerse a ella. Francia, Alemania o Italia tienen leyes de plazos.

3. La reforma de Gallardón pretende volver al modelo de 1985. Incierto.

 El ministro ha hecho saber que no se considerará la malformación del feto como causa de aborto, lo que acaba con uno de los tres supuestos de esa norma. Además se plantea que cada aborto por riesgo para la madre sea acreditado por dos médicos ajenos al centro que practica el aborto, cuando con la ley de Felipe González era un único profesional, normalmente el de la clínica, el que certificaba el riesgo.

 Lo del riesgo psicológico era un coladero, sí. Todo el mundo lo sabía. Aznar no lo modificó en ocho años de Gobierno. ¿Cómo discutir que enfrentarse a una maternidad indeseada implica un problema psicológico?

4. La ley de 1985 funcionaba bien. Dudoso. 

 Funcionaba en el sentido de que hacía posible, gracias al coladero citado, que se practicaran los abortos por el cauce legal. El detonante de la reforma de 2010 fue la constatación de que la norma anterior no resolvía la inseguridad jurídica, como se demostró cuando una unidad de la la Guardia Civil citó a declarar a decenas de mujeres que habían abortado en la clínica Isadora, en un caso que el juez archivó tachándolo de montaje.  

Por otro lado, un reportaje de una televisión danesa desveló que una clínica de Barcelona atraía a personas de toda Europa para abortar fuera del límite de 22 semanas. Este caso sí llegó a juicio pero los delitos no pudieron probarse y acabó en absolución. En todo caso influyó en la decisión de fijar plazos más estrictos.

5. Son las personas más incultas las que abortan. Lo dijo Escudero de forma rotunda y nada elegante, pero ningún dato lo constata.

 Las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que abortan mujeres de todas las edades, niveles de formación y perfiles socioeconómicos. Solo un 2,3% de los abortos corresponden a mujeres sin estudios; un 11% son de universitarias. Tampoco es demostrable con las cifras que el número de abortos sea más elevado en las clases más desfavorecidas, lo que no sería difícil de explicar en su contexto social. 

El dato que sí es constatable es que las inmigrantes recurren al aborto más que las españolas: un 40% de los abortos son de extranjeras, una proporción muy superior a su peso en la población.

6. El aborto lo deben decidir los médicos de la sanidad pública. Complicado. 

El empeño de Gallardón por asegurar que todo aborto responde a un criterio médico es uno de los asuntos más conflictivos de la reforma. ¿Está el sistema sanitario público preparado para participar, con un diagnóstico previo por partida doble, en decenas de miles de intervenciones cada año? En la sanidad está extendida una especie de objeción de conciencia tácita, que ha desviado casi todos los abortos al sector privado, aunque no se dispone de un registro general de objetores, así que se desconoce cuántos aceptarían participar en ellos. El asunto de fondo es que esta reforma trasladaría la responsabilidad final, la decisión última, de la mujer a su médico. ¿O tendría una mujer que peregrinar de doctor en doctor hasta que alguno avale lo que está decidida a hacer en cualquier caso? Sin duda lo encontraría.

7. Las mujeres no irán a la cárcel con la nueva ley. El ministro de Justicia lo afirma con grandilocuencia. Lo cierto es que las mujeres que abortan no iban a la cárcel con la ley de 1985 ni pueden ir con la de 2010, así que no se ve la novedad. 

La ley vigente sólo prevé multas para la mujer por aborto ilegal, no así para el médico. Incluso con una ley más dura puede ocurrir que no vayan a la cárcel si no tienen antecedentes, porque la condena máxima sea inferior a dos años de prisión, lo que no evita que se enfrenten a un proceso penal. Eso se quería evitar con la ley de 2010. Porque no beneficia a nadie ni repara nada: a un trauma añade otro.

8. Se protege más la vida animal que la del embrión humano. Lo dijo esta semana en Twitter Beatriz Escudero (refiriéndose al cefalópodo) y hace unos años lo decía la Conferencia Episcopal, con aquella campaña del lince que estaba más protegido que un niño talludito. 

Proteger el medio ambiente y la vida animal, en especial de especies amenazadas, es algo propio de países avanzados. Regular el aborto para que el fenómeno se encauce por vías legales también lo es. El lince ibérico es una especie autóctona, una riqueza de nuestro ecosistema, que gracias a los esfuerzos científicos se está salvando de la extinción. 

En los restaurantes se fríen cefalópodos (calamares, pulpo, sepia) todos los días y se sirven en un plato a quien quiera comérselos. ¿Qué demonios tiene eso que ver con que haya mujeres que se enfrentan a un embarazo indeseado?

9. ETA y el aborto tienen poco que ver, algo sí, pero no demasiado. Supongo que lo que quiso decir Fernández Díaz es que ambos fenómenos causan muertes de personas.

 La afirmación es muy propia de ese discurso político que detesta los matices y adora los mensajes simples. Y entonces todo es lo mismo: los nazis que los escraches; los terroristas que su víctima Eduardo Madina; Hitler y Stalin que Artur Mas. Con esa visión es el mismo pecado cortar un embarazo que poner un coche-bomba. Coherente con lo que se oye.

10. Existe una violencia estructural que empuja a las mujeres a abortar. Otro argumento de Gallardón necesitado de más explicaciones. 

Si quiere decir que las mujeres deciden sobre su embarazo coaccionadas, tendría que detallar por quién. Si lo que afirma es que hay circunstancias que presionan a favor del aborto se nos ocurren muchas: paro, precariedad laboral, falta de acceso a la vivienda, recorte de ayudas sociales de todo tipo, despidos fáciles, empobrecimiento, impago escandaloso de las pagas por cuidados a dependientes... Ninguna de esas variables ha ido a mejor con el Gobierno de Rajoy. 

11. El número de abortos es muy elevado en España. Esto sí es cierto.

 118.359 abortos en 2011 no son una cifra menor (María R. Sahuquillo detalla los datos en este artículo). Era igualmente elevada antes de entrar en vigor la ley de plazos, y son factores demográficos (mujeres en edad fértil) y socioeconómicos (migraciones, crisis) los que explican mejor las variaciones anuales. Estamos en torno a 10 abortos al año por cada 1.000 mujeres, cifra que se sitúa en la media europea según un estudio de 2011 de la revista internacional de ginecología BJOG. 

Países con leyes flexibles para el aborto como Holanda están muy por debajo de las tasas españolas, en 7 por 1.000; los países de Europa del Este tienen los registros más altos de la Unión. Cifras abultadas en cualquier caso."            (Ricardo de Querol, blog Mujeres, El País, 10/05/2013)