"EL DERECHO
1 — La implementación del Proyecto 2025
Más allá del caos y el espectáculo permanente de la Casa Blanca, la administración sigue un plan.
En un año, ha puesto en marcha más de la mitad de las recomendaciones emitidas por la Heritage Foundation en su Proyecto 2025,
un documento programático extremo que tiene como objetivo reformar el
gobierno federal según una visión nacionalista y ultraconservadora.
Así, la administración de Trump ha limitado las subvenciones
concedidas para la instalación de aerogeneradores y paneles solares, ha
establecido tasas para las solicitudes de asilo y ha financiado la
instalación de 100.000 plazas adicionales en los centros de detención del ICE,
que este año dispondrá de un presupuesto anual superior al gasto en
defensa de varios países: 28.700 millones de dólares frente a los 28.300
de Turquía en 2024, 24.500 para España y 21.900 para los Países Bajos,
según la OTAN. También ha puesto fin a las políticas que permitían a las
personas transgénero servir en el ejército, a la recopilación de datos
sobre la identidad de género y a la lucha contra la desinformación por
parte del gobierno, mediante un decreto destinado a «restablecer la libertad de expresión y poner fin a la censura federal».
Otras medidas que se están aplicando son la reducción de la presencia
militar estadounidense en Europa (p. 94 del «Proyecto 2025»), la
eliminación de los programas de captura, utilización y almacenamiento de
carbono (p. 376), el restablecimiento de la política «Remain in Mexico»
(p. 178) —bloqueada por un juez en abril—, la salida de Estados Unidos
de la UNESCO (p. 191), que debería entrar en vigor en diciembre, o la
reducción de la tasa impositiva sobre las sociedades: la ley One Big
Beautiful Bill, aprobada el año pasado por el Congreso, reduce de forma
permanente la tasa del 35 % al 21 %; la Heritage recomendaba una tasa
del 18 % (p. 696).
Esta aplicación sistemática y metódica no es solo el resultado de una
alineación ideológica de la Casa Blanca con un think tank
ultraconservador.
Varios de los artífices del documento han sido nombrados por Trump
para ocupar puestos clave en el gobierno federal, desde donde pueden
aplicar y supervisar la implementación de estas medidas que, en algunos
casos, ellos mismos recomendaron. Es el caso, en particular, de Russell Vought, que dirige la poderosa Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), del asesor comercial de Trump, Peter Navarro, del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, o del «zar de las fronteras», Tom Homan.
2 — El uso extensivo de los poderes de emergencia
Desde el 20 de enero de 2025, Donald Trump ha declarado 10 estados de
emergencia nacional, mucho más que sus predecesores durante su primer
año de mandato: 5 en 2001, 0 en 2005 (Bush), 1 en 2009 y 0 en 2013
(Obama), 4 en 2021 (Biden) y solo 1 en 2017 durante el primer mandato de
Trump.
Otro punto de divergencia: la gran mayoría de las declaraciones de
emergencia suelen tener como objetivo la adopción de sanciones.
En 2021, las cuatro emergencias declaradas por Joe Biden se referían a
la situación en Etiopía, el tráfico de drogas, en particular el
fentanilo, el golpe de Estado en Myanmar y las actividades rusas de
manipulación de la información y ciberataques, y permitían al
Departamento del Tesoro imponer sanciones individuales.
Por su parte, las emergencias declaradas por Trump tienen como objetivo principal ampliar los poderes del ejecutivo.
El presidente estadounidense anunció un estado de emergencia
relacionado con la inmigración y el tráfico de drogas que sirve de base
para el despliegue del ejército en la frontera sur, la aplicación de la
Ley de Enemigos Extranjeros y los aranceles anunciados en febrero de
2025 sobre los productos canadienses, mexicanos y chinos. La emergencia
energética permite a las agencias federales acelerar las autorizaciones
de proyectos de producción de energía. La Casa Blanca también ha
declarado el estado de emergencia por el elevado y persistente déficit
comercial para invocar la Ley de Emergencia Económica Internacional e
imponer aranceles denominados «recíprocos».
El presidente también invocó «situaciones de emergencia» para sancionar
a la Corte Penal Internacional e imponer aranceles a Brasil en
respuesta a la condena del expresidente Bolsonaro.
Trump también declaró, el 11 de agosto, mediante decreto
presidencial, una emergencia local relacionada con la delincuencia en el
Distrito de Columbia, en el corazón de la capital estadounidense.
3 — Trump frente al Congreso y la Reserva Federal: ¿es este el fin de los contrapoderes en Estados Unidos?
Hace ya varias décadas que el Congreso comenzó a ceder parte de sus
prerrogativas —en materia de guerra, pero también de comercio, política
migratoria o gestión del gasto federal— al ejecutivo, a veces por
razones de eficacia, para permitir al presidente tomar decisiones más
rápidamente, a veces redactando leyes vagas que ofrecen una mayor
libertad de interpretación por parte de la Casa Blanca.
Pero incluso en este contexto, el regreso al poder de Trump en enero
de 2025 marca una ruptura brutal, en una especie de inversión sin
precedentes del equilibrio de poderes. Por la convicción de que el
ejecutivo —y, sobre todo, Trump— debía concentrar la mayor parte de los
poderes, o por temor a que cualquier oposición a la agenda presidencial
fuera recibida como un acto de desacato, los representantes republicanos
renunciaron deliberadamente a sus prerrogativas, ya fuera en el
despliegue de fuerzas armadas en el extranjero o en la asignación de los
fondos aprobados por el Congreso.
Mientras que los Padres Fundadores habían convertido al Congreso en
la «primera rama» del gobierno, este se ha ido transformando
progresivamente en un poder igual («co-equal») al ejecutivo.
Bajo Trump II, este cambio se ha acentuado aún más, hasta tal punto
que hoy en día resulta difícil concebir al Senado y a la Cámara de
Representantes como un contrapoder.
Basta con observar las repetidas violaciones por parte de la
administración de la Ley de Control de Embargos de 1974, una ley que
tiene por objeto impedir que el presidente bloquee o retrase la
asignación de fondos autorizados por el Congreso, la ausencia de
oposición a la «operación militar» en Caracas, llevada a cabo sin avisar
previamente a los legisladores, o el desmantelamiento de agencias y
departamentos creados por el Congreso, como la USAID o el Departamento
de Educación, para darse cuenta de ello.
El debilitamiento de los contrapoderes, deseado por la
administración, pero también aceptado conscientemente por una parte de
los republicanos, no solo afecta al poder legislativo, sino también al
judicial, en particular al haber autorizado la «deportación» de personas
a otros países a pesar de la prohibición dictada por los tribunales de
justicia.
Últimamente, Trump ha multiplicado los ataques
contra el presidente de la Reserva Federal —una institución federal
independiente— amenazándolo con acciones penales por la renovación de un
edificio histórico.
4 — Despliegue del ejército (y del ICE/CBP) en Estados Unidos:
ICE: el recurso de Trump a la policía secreta y la zona extralegal
La administración de Trump se ha fijado como objetivo la deportación de un millón de inmigrantes ilegales al año.
El 10 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que
había llevado a cabo 600.000 expulsiones, mientras que más de 1,9
millones de inmigrantes se habrían «autoexpulsado».
Para alcanzar estos objetivos, la administración ha aumentado los
poderes y los medios de los servicios encargados de la lucha contra la
inmigración ilegal. El Servicio de Inmigración y Aduanas, más conocido
por sus siglas ICE, es el símbolo de la política antiinmigración y de su
brutalidad.
Ya el 25 de enero de 2017, mediante un decreto presidencial, Trump
había dado instrucciones más represivas y ordenado aumentar en 10.000
agentes su plantilla. Pero los créditos nunca se asignaron y la
plantilla del ICE se mantuvo estable. En 2025, en el marco de la ley One
Big Beautiful Bill, se asignaron 170.000 millones de dólares
adicionales para los próximos cuatro años a la lucha contra la
inmigración, de los cuales unos 75.000 millones se destinarán al ICE
hasta 2029. El presupuesto anual de la agencia, que actualmente es de
10.000 millones de dólares, pasaría así a 28.000 millones al año. Estos
recursos respaldan una amplia campaña y un reclutamiento dirigido a
jóvenes «patriotas» con mensajes que retoman los códigos del
nacionalismo blanco, y la creación de un complejo penitenciario
destinado a facilitar las expulsiones masivas. Se ponen al servicio de
una política autoritaria y brutal: redadas, patrullas encubiertas,
grandes operaciones de rastreo de ciudades, detenciones sin orden
judicial, expulsiones aceleradas para impedir que el poder judicial
controle la legalidad de las acciones llevadas a cabo.
Sin embargo, con 20.000 empleados, de los cuales solo 6.000 se
encargan de la aplicación de las medidas migratorias, el ICE sigue
siendo una agencia federal de tamaño pequeño. Si capta la atención de
los medios de comunicación, es porque la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y sus 65.000 agentes,
tradicionalmente limitados a las zonas fronterizas, proporcionan una
parte importante de los recursos humanos de las operaciones de la
administración de Trump. En la metrópoli de las Ciudades Gemelas
(Minneapolis y Saint Paul), un tercio de los 3.000 agentes del DHS que
intervienen en la operación Metro Surge son agentes de la CBP.
Otro ejemplo de la importancia de esta agencia: la figura mediática que
encarna las grandes operaciones de rastreo de las ciudades, Gregory
Bovino, es un oficial de la CBP y no del ICE.
La política de lucha contra la inmigración también moviliza a otras
fuerzas del orden: alrededor de una cuarta parte de los agentes del FBI
trabajan actualmente en cuestiones relacionadas con la inmigración.
La Guardia Nacional: la subversión de una salvaguarda democrática para desplegar masivamente al ejército en suelo estadounidense
El despliegue del ejército en territorio estadounidense para
garantizar el mantenimiento del orden está muy estrictamente regulado
por la legislación de Estados Unidos. En sus recursos, los fiscales
generales de los estados demócratas recuerdan que la Constitución
confiere a los estados la responsabilidad de garantizar las actividades
clásicas de mantenimiento del orden y la aplicación de sus leyes, y que
la Ley Posse Comitatus prohíbe, salvo en los casos expresamente
autorizados por la Constitución o las leyes, recurrir al ejército para
hacer cumplir las leyes, bajo pena de multa y prisión (hasta dos años).
Frente al derecho común, la administración de Trump intenta movilizar estas excepciones.
Desde el verano pasado, ha subvertido la Guardia Nacional
estadounidense —originalmente una salvaguarda democrática— para
convertirla en una milicia que le permite poner a prueba los límites de
su propio poder en diferentes estados.
El presidente de Estados Unidos puede movilizar a la Guardia Nacional
en virtud del artículo 10 de la sección 12406 del Código de los Estados
Unidos o del artículo 32 de la sección 502(f). En el primer caso, el
presidente puede federalizar las tropas de los estados en caso de
invasión, rebelión o cuando el presidente no pueda hacer cumplir las
leyes con los medios habituales. En el segundo, puede solicitar la ayuda
de los gobernadores. Las tropas quedan entonces bajo una autoridad
compartida.
En junio de 2025, 4.000 guardias nacionales y 700 marines fueron
movilizados en Los Ángeles tras las protestas provocadas por las redadas
del ICE y la CBP. Esta movilización fue objeto de un recurso por parte
del estado de California. Tras una sentencia confirmada en apelación que
ponía fin a la federalización de la Guardia Nacional de California, el
gobernador del estado, Gavin Newsom, recuperó el control de las tropas
en diciembre.
En agosto, se desplegaron 2.000 guardias nacionales en el distrito de
Washington en aplicación de un decreto presidencial que declaraba el
estado de emergencia por la delincuencia en el distrito. 800 procedían
de la Guardia Nacional local. Los gobernadores de nueve estados
republicanos también contribuyeron enviando sus tropas (Ohio, Virginia
Occidental, Carolina del Sur, Misisipi, Luisiana y Tennessee, Dakota del
Sur, Alabama y Georgia). El gobierno federal también asumió el control
de la policía local (Departamento de Policía Metropolitana del Distrito
de Columbia) hasta el 10 de septiembre. El despliegue de la Guardia
Nacional fue objeto de un recurso por parte del fiscal general del
distrito, pero dada la situación jurídica específica de Washington, que
no es una entidad soberana, el despliegue no se bloqueó.
En septiembre, Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional en
Memphis. En este caso, se trataba de tropas del estado —Tennessee— que
se desplegaron, unas 700 en enero de 2025, en colaboración con un grupo
de trabajo federal. El 17 de noviembre, en primera instancia, un juez
local consideró que este despliegue no estaba justificado y que el
gobernador no tenía autoridad en ausencia de graves disturbios del orden
público. Sin embargo, el despliegue se mantiene a la espera de la
apelación.
Nueva Orleans también fue objeto de un despliegue de fuerzas armadas
con 350 miembros de la Guardia Nacional de Luisiana que llegaron a la
ciudad a finales de diciembre de 2025. En septiembre, el gobernador de
Luisiana —ahora también «representante especial para Groenlandia»— solicitó a Trump el envío de 1.000 guardias nacionales a las ciudades del estado.
Chicago y Portland también fueron blanco de la administración de
Trump, y se estacionaron miembros de la Guardia Nacional cerca de estas
ciudades, sin que estas tropas se desplegaran in situ —al menos por el
momento— gracias a los procedimientos judiciales iniciados por las
autoridades locales. De hecho, los estados y las ciudades han obtenido
sentencias judiciales que bloquean los despliegues, y la Suprema Corte
ha mantenido la ejecución inmediata de estas sentencias, ante la falta
de elementos en los argumentos de la administración que permitan
«identificar la fuente de su autoridad que permitiría al ejército
ejecutar las leyes en Illinois».
5 — ¿Está la Casa Blanca orquestando un fraude electoral?
En Estados Unidos, el partido que gana las elecciones presidenciales
ha perdido sistemáticamente las últimas cinco elecciones de mitad de
mandato.
Si se confirma la tendencia histórica reciente, los demócratas
deberían ganar las próximas elecciones de mitad de mandato que se
celebrarán en noviembre y podrían encontrarse en posición de pretender
controlar las dos cámaras del Congreso, lo que reduciría
considerablemente el margen de maniobra de la administración.
Numerosas encuestas indican que la mayoría de los votantes
estadounidenses —incluida una parte de los que reeligieron a Trump en
2024— consideran que este no dedica suficiente tiempo a aplicar
políticas destinadas a reducir el costo de la vida, un tema que, sin
embargo, había situado en el centro de su campaña.
Las elecciones de noviembre serán un momento crucial para la
administración, que es consciente de la baja popularidad de Trump. Con
el fin de preparar el terreno para una posible impugnación de los
resultados electorales, en particular en el Congreso, la Casa Blanca ha
emprendido varias iniciativas destinadas a favorecer a los
representantes republicanos: obligando a los estados a compartir sus
registros electorales con el Departamento de Justicia; pidiendo al
Departamento de Comercio que realice un nuevo censo (lo que sería
ilegal); tratando de prohibir el voto por correo; o llevando a cabo una muy controvertida redistribución de los distritos electorales en varios estados republicanos.
Al mismo tiempo, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las
Infraestructuras, que se encarga, entre otras cosas, de los sistemas
electorales, ha sido vaciada de su esencia y ha visto cómo casi la
totalidad de sus expertos encargados de garantizar la seguridad de las
elecciones fueron puestos en licencia administrativa o reasignados.
Algunos de estos expertos han sido sustituidos por activistas que
apoyaron el intento de Donald Trump de revertir el resultado de las
elecciones de 2020. El departamento de asuntos públicos de la agencia,
la CISA, está ahora dirigido por Marci McCarthy, una militante trumpista
que difundió teorías conspirativas sobre las máquinas electorales en
Georgia cuando era presidenta de la célula del Partido Republicano del
condado de DeKalb, en Georgia.
Varios de estos militantes ocupan ahora puestos clave en otras
agencias y departamentos estratégicos, como el Departamento de Justicia,
el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros. En
octubre, la Casa Blanca contrató a Kurt Olsen, un abogado que trabajó
para la campaña de Donald Trump en la impugnación de los resultados de
las elecciones de 2020. Entre sus misiones, Olsen ha manifestado que
desea «examinar las máquinas electorales».
A principios de agosto, la activista Heather Honey
fue nombrada subsecretaria adjunta encargada de la integridad electoral
en el Departamento de Seguridad Nacional. Antes de su nombramiento, en
marzo, sugirió durante una llamada con otros activistas de extrema
derecha que la administración podría invocar un «estado de emergencia
nacional» para justificar la imposición de nuevas normas a los gobiernos
estatales y las administraciones locales. Añadió: «Así que podríamos
tomar esas otras medidas sin el Congreso e imponer a los estados que
hagan ciertas cosas».
A principios de año, en un discurso pronunciado ante los legisladores
republicanos en el Congreso, Trump expresó su preocupación por que una
victoria demócrata diera lugar a un proceso de destitución. La semana
pasada, declaró en una entrevista con Reuters: «Ni siquiera debería
haber elecciones».
EL REY
6 — Del «Coliseo digital» al Coliseo real: matriz del espectáculo de la crueldad trumpista
La segunda presidencia de Trump se caracteriza, probablemente de una
manera sin precedentes, por una política de puro espectáculo, a menudo
cruel, siempre espectacular.
Esto se destaca especialmente en las redes sociales, en particular en
X, comprada por Elon Musk en otoño de 2022. Cada día, los cientos de
millones de usuarios de la plataforma siguen las últimas hazañas de la
administración: desde ataques con misiles y drones contra embarcaciones,
supuestamente operadas por «terroristas», en el Caribe, hasta videos de
«deportaciones» que retoman los códigos de famosos memes, en los que
los migrantes son escoltados por agentes de inmigración en las pistas de
los aeropuertos.
En una entrevista publicada en la revista,
el exoficial de la marina y novelista estadounidense Phil Klay, hablaba
de un «Coliseo digital» en el que el «espectador» asiste desde su salón
a la muerte y la violencia celebradas por influencers trumpistas.
En su podcast, escuchado por millones de personas, la expresentadora
de Fox News Megyn Kelly anima a la administración a ir más allá en lo
que muestra: «Me gustaría mucho no solo verlos morir en el agua, en el
barco o en el agua, sino verlos sufrir. Me gustaría que Trump y Hegseth
alargaran el sufrimiento, que perdieran una extremidad y se
desangraran».
El espectáculo trumpista es omnipresente en internet, donde su
repercusión se multiplica gracias a los algoritmos de las plataformas
que favorecen los contenidos polémicos.
Sin embargo, Trump quiere ir más allá de la esfera digital. Si bien
el Despacho Oval y los salones de Mar-a-Lago proporcionan un escenario
propicio para humillar a los líderes, como con Zelenski
en febrero de 2025, o, por el contrario, para celebrar amistades, en
particular con el líder húngaro Orbán, no se trata de marcos
monumentales.
Para paliar esto, Trump quiere aprovechar la construcción de un nuevo
estadio para el equipo de fútbol americano Washington Commanders para
construir un auténtico Coliseo en la capital federal, que llevaría su
nombre. El brutalismo del antiguo estadio RFK daría así paso a una
arquitectura neoclásica cuyos detalles son dictados directamente por la
Casa Blanca a través de Will Scharf, influyente asesor de Trump —y su
antiguo abogado—, nombrado personalmente por el presidente
estadounidense para dirigir la Comisión Nacional de Ordenación del
Territorio.
7 — De la franquicia Trump al culto a la personalidad
Con el Monte Rushmore —la imponente montaña en la que están
esculpidos los colosales perfiles de varios presidentes
estadounidenses—, los billetes de 5, 20 y 50 dólares, las bibliotecas
presidenciales, los nombres de los portaaviones (Washington, Ford,
Reagan, Bush Senior, etc.), Estados Unidos ya cuenta con numerosas
formas de celebrar y honrar a sus presidentes, tradicionalmente tras el
final de su mandato o su fallecimiento, para celebrar su legado.
Desde el 20 de enero, por el contrario, el presidente estadounidense
utiliza su nombre como una franquicia, exactamente de la misma manera
que lo ha impuesto en edificios, un casino, campos de golf, un juego de
mesa, una «universidad» privada, filetes y una marca de agua mineral.
El gobierno federal ofrece ahora la Trump Card, un visado
para ser residente estadounidense a cambio de un millón de dólares, o
dos millones para una empresa que patrocine a un empleado. A simple
vista, se parece a una tarjeta American Express dorada, adornada con un
retrato de Donald Trump, un águila y la Estatua de la Libertad.
A partir de enero de 2026, los ciudadanos estadounidenses podrán conectarse a TrumpRx, un comparador de precios de medicamentos.
A partir del 5 de julio, los padres podrán ahorrar para sus hijos en sus cuentas Trump.
Los niños nacidos entre 2025 y 2028, es decir, durante el mandato de
Donald Trump, recibirán un pago de 1.000 dólares del gobierno federal.
Una de las principales salas de espectáculos de la capital se llama
ahora Trump and Kennedy Center, aunque su afluencia ha disminuido
drásticamente desde que Trump tomó el control del centro y despidió a
toda la junta directiva.
La marca Trump está en todas partes, con el objetivo de etiquetar
sistemáticamente, sin preocuparse por la coherencia, desde el Instituto
Donald J. Trump para la Paz hasta la futura «clase Trump» de buques
acorazados.
La imagen del presidente estadounidense también es omnipresente.
En la televisión —una de sus fortalezas de siempre—, en las redes sociales —incluso y sobre todo en forma de memes—, pero también en algunos edificios federales, en los que se han desplegado grandes pancartas con la efigie del presidente.
El único paso que queda por dar sería acuñar monedas con su rostro.
8 — La arsenalización de la justicia contra sus adversarios políticos
El Departamento de Justicia es un engranaje central de la dinámica autoritaria que se está desarrollando en Estados Unidos.
Dirigido por leales y antiguos abogados personales de Donald Trump,
ha multiplicado las investigaciones sobre personalidades y
organizaciones que se oponen o molestan al presidente estadounidense.
Pam Bondi era fiscal general de Florida cuando el estado retiró una
denuncia por estafa contra la Universidad Trump, y posteriormente fue la
abogada de Donald Trump en su primer juicio político (impeachment).
Además de la fiscal general, otros abogados personales del presidente
han sido nombrados para ocupar puestos clave: fiscal general adjunto
(Todd Blanche), fiscal general adjunto asociado y luego juez federal
(Emil Bove), fiscal general (Dean John Sauer). La presentadora de Fox
News Jeannine Pirro ha sido nombrada fiscal del Distrito de Columbia.
El mismo patrón de nombramiento de partidarios se repite en los
niveles inferiores de la jerarquía. En varios casos políticos, se ha
visto cómo varios fiscales de carrera se negaban a iniciar una
investigación o a solicitar una acusación formal y dimitían, antes de
que se nombrara a un allegado de Donald Trump para tomar la decisión
esperada por la jerarquía. Así, Lindsey Halligan, que se convirtió en
fiscal del Distrito de Virginia Oriental tras la renuncia de Erik
Siebert, quien se negaba a procesar a James Comey, acusó a este último y
a Laetitia James.
Fuera del Departamento de Justicia, el director de la Agencia Federal
de Financiamiento Inmobiliario (FAHA), Bill Pulte, es una figura clave
en la militarización del sistema judicial.
Las acusaciones de fraude hipotecario y declaraciones falsas sobre
propiedades principales o secundarias constituyen la base de un número
importante de procedimientos judiciales contra personalidades políticas.
Bill Pulte es quien sistemáticamente está detrás de estas
investigaciones. Al parecer, habría utilizado su acceso a las bases de
datos de Freddie Mac y Fannie Mae para encontrar elementos con los que
atacar a los adversarios del presidente. En la actualidad, es objeto de
varias denuncias y de una investigación de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.
Se han iniciado numerosas investigaciones con motivaciones políticas
como «venganzas» personales de Donald Trump. El exdirector del FBI James
Comey está siendo procesado por «falso testimonio» ante el Congreso y
obstrucción de la labor del Congreso. La fiscal general del estado de
Nueva York, Letitia James, que ganó un juicio por fraude contra la Trump
Organization en 2024, está siendo procesada por supuestamente realizar
declaraciones falsas para obtener apoyo público y mejores condiciones de
préstamo. Varios jurados se han negado a acusarla. John Bolton, que fue
asesor de seguridad de Donald Trump en 2018 y 2019, pero que desde
entonces se ha mostrado muy crítico, es objeto de una investigación
desde 2020 por malversación de información confidencial. Jake Smith, el
fiscal especial encargado de la investigación sobre el ataque al
Capitolio, y Christopher Krebs, exdirector de la Agencia Federal de
Ciberseguridad (CISA), también están siendo investigados.
Más allá de estos casos de vendetta judicial, el Departamento de Justicia también es un instrumento utilizado contra los actuales opositores al trumpismo
Varios parlamentarios se ven afectados, entre ellos el senador Adam
Schiff y el representante Swalwell por asuntos relacionados con
préstamos inmobiliarios. Cinco miembros demócratas del Congreso están
siendo investigados a raíz de un video en el que recuerdan el deber de
los soldados de negarse a obedecer órdenes ilegales.
Más recientemente, el gobernador del estado de Minnesota, compañero de
fórmula de Kamala Harris en 2024, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis,
Jacob Frey, también han sido objeto de una investigación por una
supuesta «conspiración para obstaculizar a los agentes de [la policía
de] inmigración».
La Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central del país,
también se ha convertido en un blanco sistemático del poder trumpista.
Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores, ha sido objeto de una
investigación por un posible fraude inmobiliario. El presidente de la
Fed es objeto de una investigación sobre sus declaraciones, en junio de
2025, ante el Congreso, sobre el programa de renovación de la sede de la
Fed y los sobrecostos. En un video que se ha vuelto viral, denunció enérgica y rápidamente estas maniobras como amenazas a la independencia de la Reserva Federal.
9 — El control oligárquico de los medios de comunicación
Más que un espacio para el trolling, las redes sociales le
han brindado a Trump la oportunidad de eludir a los medios de
comunicación tradicionales para dirigirse directamente al público
estadounidense. Esta estrategia se ajusta a la visión de Murray
Rothbard, que consiste en «puentear» a las élites, ya sean mediáticas,
académicas o institucionales.
Si es capaz de interactuar instantáneamente con sus decenas de
millones de seguidores a través de diversas plataformas —en particular
la suya, Truth Social, donde cada una de sus publicaciones («verdades»)
es ampliamente compartida y comentada—, la mayoría de los medios de
comunicación más consultados del país siguen pudiendo criticar ciertas
acciones —o inacciones, como en el caso Epstein, por ejemplo— de la
administración.
Con el fin de limitar y frenar toda oposición, Trump ha presionado al
Congreso para que ponga fin a la financiación de la Corporación para la
Radiodifusión Pública, el organismo encargado de financiar los medios
de comunicación públicos, como la cadena de televisión PBS y la emisora
NPR, y ha emprendido acciones legales contra varios medios de
comunicación destacados, entre ellos el Wall Street Journal, el New York Times y la CNN.
En septiembre, presionó al grupo audiovisual ABC para que suspendiera
el programa de televisión Jimmy Kimmel Live. El 15 de septiembre de
2025, el humorista Jimmy Kimmel acusó al movimiento MAGA de intentar
«sacar provecho» de la muerte de Charlie Kirk, el activista trumpista
asesinado unos días antes. A esto le siguió una auténtica purga
entre los periodistas que habían destacado los comentarios de odio de
Kirk o denunciado un «doble rasero racial», como la columnista del Washington Post Karen Attiah, despedida por sus publicaciones en las redes sociales.
Mientras libra una guerra abierta contra los medios de comunicación
que lo critican, el presidente estadounidense apoya la consolidación del
imperio mediático de la familia Ellison,
que debería obtener el control de la nueva versión estadounidense del
algoritmo de TikTok en el marco de un acuerdo firmado entre la empresa
china ByteDance y un grupo de inversionistas del que forman parte Oracle
Corporation, la empresa fundada por Larry Ellison, Silver Lake
Management y la sociedad de inversión MGX, respaldada por los Emiratos
Árabes Unidos.
Por su parte, el hijo de Larry Ellison, David, dirige desde el verano
de 2025 Paramount Skydance Corporation, un conglomerado mediático fruto
de la fusión de Skydance y Paramount, aprobada por la Comisión Federal
de Comunicaciones (FCC) a finales de julio. Entre sus activos, el grupo
controla, en particular, los estudios cinematográficos Paramount, la
cadena de televisión CBS y The Free Press, un medio de comunicación en línea creado en 2021 por la experiodista del New York Times
Bari Weiss, que reivindica una línea editorial «anti-woke». El grupo
también está tratando activamente de adquirir Warner Bros Discovery, un
conglomerado que agrupa la cadena de televisión CNN, los servicios HBO y
HBO Max, el estudio cinematográfico Warner Bros y varias decenas de
canales de pago, entre los que se encuentran Eurosport, TBS o Discovery.
En un ejemplo especialmente llamativo de capitalismo de connivencia,
la compra de Warner por parte de la familia Ellison concentraría en
manos de Larry Ellison —un allegado de Trump cuya empresa, Oracle, se ha
beneficiado enormemente del primer año del segundo mandato— un imperio
mediático a una escala pocas veces igualada en la historia de Estados
Unidos.
EL CLAN
10 — La «K-shaped Economy»: una economía que solo beneficia a unos pocos
A pesar de los aranceles, las medidas de represalia de China sobre
las tierras raras, las amenazas a la independencia de la Reserva
Federal, la reducción de la plantilla de la administración y los ataques
al sistema científico y universitario, la situación económica de
Estados Unidos es aparentemente mejor de lo que algunos habían previsto.
Tras un primer trimestre de contracción debido al aumento de las
importaciones de aranceles, el crecimiento volvió a ser sólido,
situándose en el 4,3 % en el tercer trimestre de 2025. La agencia Fitch
estima que el crecimiento anual para 2025 debería ser del 2,1 %.
La inflación ha aumentado moderadamente desde el anuncio de los
aranceles «recíprocos» en abril, pasando del 2,3 % al 2,8 %. La tasa de
desempleo ha aumentado ligeramente, del 4 % en enero al 4,4 % en
diciembre. El S&P 500 registró un rendimiento del 17,9 % teniendo en
cuenta los dividendos.
A pesar de estas condiciones, las diferentes encuestas que se centran
en la confianza de los consumidores o en la percepción que tienen los
ciudadanos estadounidenses de la situación económica apuntan en la misma
dirección: un sentimiento negativo ampliamente compartido. El último
índice de confianza de Gallup alcanza los -33 puntos, en continuo
descenso desde junio. El índice de confianza de los consumidores de la
Universidad de Michigan también muestra una gran variabilidad a lo largo
del año, en función de los anuncios de la Casa Blanca, y, en total, una
caída de 71,7 a 52,9.
El concepto de «K-Shaped Economy» ha entrado hoy en día en
el discurso estadounidense para explicar esta paradoja. Una parte de la
población ve cómo mejora su situación, lo que se traduce en buenos
resultados macroeconómicos, mientras que la otra se enfrenta a ingresos
estancados, una disminución del poder adquisitivo y dificultades para
acceder a los productos de primera necesidad.
Según una encuesta realizada por la CBS en diciembre, el 20 % de los
ciudadanos estadounidenses tendría dificultades para comprar alimentos,
el 33 % para hacer frente a los gastos de vivienda y el 36 % a los de
salud.
En la primera rama de la K, un pequeño grupo de empresas obtiene
resultados récord y alcanza una capitalización bursátil enorme: el 15,5 %
y el 13,5 % de las ganancias del S&P 500 se deben, respectivamente,
a Nvidia y Alphabet. Resultado: los multimillonarios estadounidenses
han aumentado aún más su patrimonio en 1,5 billones de dólares.
La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que la ley One Big
Beautiful Bill Act (OBBBA) aumentará en 14.000 dólares los ingresos
anuales después de impuestos del 10 % de los ciudadanos estadounidenses
más ricos. Por el contrario, el 10 % más pobre perderá 1.200 dólares.
Estos últimos también se enfrentan a una fuerte caída de la
contratación, a aranceles que les afectan más que a los más ricos y,
quizás mañana, al fin de algunas ayudas de Obamacare.
11 — El uso de las funciones presidenciales para el enriquecimiento familiar del clan Trump
El segundo mandato de Trump es extremadamente rentable desde el punto de vista financiero para el presidente y su familia.
Aunque es difícil establecer una cifra exacta, el periodista del New Yorker
David D. Kirkpatrick estima que el valor de la cartera de la familia
presidencial se ha disparado en unos 4.000 millones de dólares durante
este primer año de mandato.
En el momento de la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024,
su familia disponía de unos 6.500 millones de dólares en activos.
Por su parte, la fortuna personal del presidente estadounidense
habría aumentado de 2.300 millones de dólares en 2024 a 6.600 millones
el 18 de enero, según Forbes.
El presidente se mostró especialmente «generoso» con sus seguidores
que contribuyeron a financiar su campaña o su nuevo salón de baile. De
los 350 donantes que financiaron su campaña de reelección con al menos
250.000 dólares, más de la mitad se beneficiaron de indultos
presidenciales, abandonos de investigaciones judiciales, cambios en la
regulación favorables a su industria o puestos en la administración,
según un análisis realizado por el New York Times.
Donald Trump no oculta este intercambio de favores, sino todo lo
contrario. En Mar-a-Lago, su residencia de Florida que también funciona
como «club social», es posible presentar sus quejas directamente al
presidente estadounidense, cara a cara, por la suma de cinco millones de
dólares. Para una cena de grupo con el presidente, la tarifa es más
asequible: un millón de dólares.
Los precios aplicados fueron similares en la «cripto-cena» organizada por Trump en mayo para los principales poseedores de su criptomoneda $TRUMP.
En la gran mayoría de los casos, estas compras de favores presidenciales dan lugar a un retorno de la inversión muy rentable.
Palantir, que contribuyó con 10 millones de dólares al salón de baile de Trump, se ha beneficiado de 900 millones de dólares en contratos públicos adjudicados desde su regreso al poder, más del doble que en 2020.
A finales de octubre, Trump anunció el indulto a Changpeng Zhao (CZ),
fundador de Binance, condenado en 2023 por su laxitud en la aplicación
de medidas contra el lavado de dinero por parte de la plataforma. Unos
días más tarde, el miércoles 29, Binance anunció que había incluido las criptomonedas de la familia Trump, el USD1 y el token WLFI, en Estados Unidos.
12— Geopolítica: el aventurerismo hemisférico como arma para el cambio de régimen
Desde hace un año, Trump ha afirmado que quiere convertir a Canadá en
el «estado número 51», ha renombrado el Golfo de México como Golfo de
América, ha solicitado la retrocesión del canal de Panamá, ha afirmado
en numerosas ocasiones que Estados Unidos debe obtener Groenlandia, ya
sea por adquisición o por la fuerza, y ha amenazado a Colombia con una intervención militar.
Estados Unidos ha intervenido en el proceso judicial brasileño para
conseguir que se retiren los cargos y las penas contra Jair Bolsonaro
imponiendo aranceles. Donald Trump también ha propuesto que Estados
Unidos ataque a los cárteles en territorio mexicano y, al parecer, la
administración está presionando para que la CIA y las fuerzas especiales
acompañen a las fuerzas mexicanas.
La administración de Trump lideró sobre todo el bloqueo de Venezuela antes de decidir una operación militar que condujo al secuestro de Nicolás Maduro y al anuncio de que el propio Trump había tomado el control del país.
Este activismo en el hemisferio occidental es hoy en día fundamental en la política exterior de la administración: es la «doctrina Donroe».
Mientras que la competencia entre las grandes potencias frente a China
y, en menor medida, Rusia era la prioridad de las últimas estrategias de
seguridad nacional, en el documento publicado el pasado mes de diciembre,
la seguridad del hemisferio occidental y la lucha ideológica para
alinear a Europa con el modelo trumpista ocupan un lugar destacado en la
agenda.
Una vez más, parece primar la lógica de clan:
las decisiones se toman en un círculo restringido por el entorno cercano
a Trump, en detrimento de contrapoderes como el Congreso, que
históricamente ha desempeñado un papel central en la definición de la
política exterior de Washington."
(
Louis de Catheu
,
Marin Saillofest , el Grand Continent, 20/01/26, notas en el original)
