2.7.25

Cousas veredes... Los primeros "refugiados científicos" estadounidenses llegan a Francia... El presidente del programa "Un Lugar Seguro para la Ciencia" comparó la situación con la de los académicos europeos que huyeron de la persecución por parte de la Alemania nazi tanto antes como durante la Segunda Guerra Mundial... y ha abogado por la creación de un estatus de "refugiado científico"... y es que "Todo el sistema de investigación y toda la educación en los Estados Unidos están realmente bajo ataque" (POLITICO)

 "MARSella, Francia — Los primeros académicos estadounidenses que huyen de la América de Donald Trump hacia Francia han llegado.

La Universidad Aix-Marseille presentó la semana pasada a ocho investigadores con sede en EE. UU. que estaban en la etapa final de unirse al programa "Safe Place for Science" de la institución, que tiene como objetivo atraer a investigadores que han experimentado o temen recortes de financiación bajo la administración de Trump. AMU ofrece la promesa de un futuro más brillante en la soleada ciudad portuaria mediterránea.

Mientras que tanto Francia como la Unión Europea han lanzado planes multimillonarios para atraer a investigadores del otro lado del charco desde que Trump asumió la presidencia de EE. UU. en enero, la iniciativa de la AMU fue la primera de su tipo en el país, lo que significa que los ocho investigadores que fueron acogidos son los primeros refugiados académicos que planean cambiar Estados Unidos por Francia.

Hablando desde el laboratorio de astrofísica en la cima de la colina de la universidad, el presidente de la AMU, Eric Berton, comparó la situación con la de los académicos europeos que huyeron de la persecución por parte de la Alemania nazi tanto antes como durante la Segunda Guerra Mundial.

"Lo que está en juego aquí hoy no está desconectado de otro período oscuro de nuestra historia," dijo.

Berton y el ex presidente francés François Hollande han abogado por la creación de un estatus de "refugiado científico".

Como la mayoría de los investigadores que asistieron al discurso de Berton aún no habían firmado sus contratos con la AMU, solicitaron anonimato para proteger sus posiciones de investigación en Estados Unidos en caso de que no fueran admitidos o rechazaran la oferta.

Entre los solicitantes estaban James, un científico del clima en una universidad de investigación de renombre, y su esposa, que estudia la intersección de los sistemas judiciales y las democracias. James dijo que habían solicitado porque estaban "trabajando en áreas que son objetivo" y podrían ser propensas a recortes de financiación.

Aunque James, que no quiso que se usara su apellido, dijo que no se considera a sí mismo y a sus compañeros académicos como "refugiados," expresó una profunda preocupación por el futuro de la investigación académica bajo Trump.    

Brian Sandberg, profesor de historia en la Universidad del Norte de Illinois que investiga el cambio climático durante el período de la Pequeña Edad de Hielo, aproximadamente desde el siglo XVI hasta el XIX, ya tenía planeado pasar un año en Marsella como profesor visitante. Mientras participaba en un taller en la ciudad en marzo, se enteró del programa de la AMU y decidió postularse.

"Todo el sistema de investigación y toda la educación en los Estados Unidos están realmente bajo ataque," dijo Sandberg.

AMU dijo que 298 investigadores de universidades prestigiosas, incluidas Stanford y Yale, se habían postulado, a pesar de la falta de reconocimiento del nombre de la universidad fuera de Francia en comparación con algunas de sus contrapartes parisinas. Berton dijo que el alto volumen de solicitantes hablaba de la "urgencia" de la situación al otro lado del Atlántico.
El presidente de la universidad insistió en que los participantes en el programa "Safe Place for Science" recibirían los mismos salarios que los investigadores franceses.

La escuela ya ha aportado 15 millones de euros para financiar el programa y está presionando al gobierno francés para que iguale esa cifra, lo que le permitiría casi duplicar sus contrataciones previstas de 20 a 39.

Aún así, mudarse a un nuevo país donde el inglés no es el idioma oficial es un gran paso. También está el tema de los salarios, que son más bajos para los académicos en Francia que en los Estados Unidos, y el hecho de que hay menos dinero para la investigación.

Una antropóloga biológica en el inicio de su carrera dijo que aún estaba esperando los detalles del contrato de la AMU antes de firmar debido a discrepancias salariales, aunque se consolaba con el hecho de que el costo de vida es más bajo en Francia, especialmente considerando que la educación de sus dos hijos, quienes según ella estaban ansiosos por establecerse en Marsella, sería gratuita.

El presidente de la universidad insistió en que los participantes en el programa "Un Lugar Seguro para la Ciencia" recibirían los mismos salarios que los investigadores franceses. La declaración buscaba apaciguar las preocupaciones dentro de la comunidad académica de Francia de que el dinero ahora se enfocaría en atraer a científicos estadounidenses, mientras que los investigadores locales han estado quejándose durante mucho tiempo de la falta de financiación.

Pero la antropóloga biológica dijo que una vida más despreocupada podría compensar un salario más bajo. "Habrá mucho menos estrés en general, políticamente, académicamente," reflexionó."               (Victor Goury-Laffont , POLITICO, 01/07/25, traducción Quillbot)

Esto es el mal... Hoy Israel nos ha regalado nuestra masacre diaria... Junto con las lágrimas, las palabras se agotaron hace tiempo... Es como vivir en un departamento del infierno que ha emergido accidentalmente a la superficie terrestre, como habitar la pesadilla de un sádico loco... Es como si el levantamiento y la masacre del gueto de Varsovia se repitieran una y otra vez... Lo que está ocurriendo es la prueba fehaciente de la metamorfosis del alma occidental en un autómata asesino... En las clases dirigentes occidentales, el nihilismo se ha convertido en una segunda naturaleza y solo cuentan la fuerza y la mentira... Una vez traspasada esta frontera de la conciencia, cualquiera, allí donde al poder le resulte útil, se convertirá en carne de cañón... Esto es el Mal (Andrea Zhok)

 "Hoy Israel nos ha regalado nuestra masacre diaria. Un ataque aéreo ha tenido como objetivo el Al-Baqa Café, en la playa de Gaza, causando al menos 21 muertos. Se trata de uno de los pocos lugares en los que es (era) posible tener acceso a Internet durante los prolongados cortes de comunicaciones en Gaza, por lo que es (era) a menudo sede de periodistas y fotoperiodistas (al menos tres muertos en este ataque).

Junto con las lágrimas, las palabras se agotaron hace tiempo.

Es como vivir en un departamento del infierno que ha emergido accidentalmente a la superficie terrestre, como habitar la pesadilla de un sádico loco.

Es como si el levantamiento y la masacre del gueto de Varsovia se repitieran una y otra vez, pero multiplicados por diez en número, duración y crueldad; y es como si todo se retransmitiera en directo a todo el mundo, y a su alrededor la buena sociedad del jardín occidental aplaudiera cada nueva salpicadura de sangre y se mirara en el espejo con satisfacción.

Esto es el Mal.

Y en todo este horror hay un horror indirecto, oculto, de efecto retardado.

Esta obscenidad moral y humana, de hecho, no es solo algo que afecta a las víctimas presentes, no es algo que se expresa solo hacia un pueblo martirizado y lejano, y que por lo tanto merece nuestra compasión.

Quien piensa así no comprende el alcance de lo que está sucediendo.

Lo que está ocurriendo es la prueba fehaciente de la metamorfosis del alma occidental en un autómata asesino, en un Golem que recita la justicia y el derecho, pero solo conoce la fuerza y el engaño.

Estamos aceptando, legitimando, justificando un mundo en el que quien no tiene la fuerza para defenderse puede ser desmembrado y aplastado sin pestañear.

En las clases dirigentes occidentales, el nihilismo se ha convertido en una segunda naturaleza y solo cuentan la fuerza y la mentira.

Que no se trata de un accidente relacionado con Palestina se ve al recordar la dinámica del reciente ataque israelí-estadounidense contra Irán. Allí, los negociadores fueron engañados hasta el último momento, mientras que el ataque —hoy lo sabemos oficialmente— se preparó durante meses; dos jefes de Estado mintieron repetidamente en televisión mundial como parte (también admitido públicamente) de una táctica para «bajar la guardia» de la futura víctima; cuando se lanzó el ataque, mató a líderes políticos y militares de un Estado representado en la ONU, asesinó a científicos en sus casas con sus familias, sus vecinos, en dos casos con todo el edificio. La matanza solo se detuvo porque, contrariamente a lo previsto, la víctima no resultó indefensa.

Lo que me temo que aún no entendemos es que todo esto no tiene un objetivo fatal designado y limitado, que podamos compadecer como «ajeno a nosotros».

No, lo que ha ocurrido es que hemos aceptado por completo el imperio de la violencia y la mentira, que, dadas las condiciones oportunas, puede abatirse sin vacilar sobre cualquiera que no sea capaz de defenderse, dentro y fuera de cualquier país y cualquier sociedad.

Una vez superado este umbral, el ejercicio de la fuerza y la mentira puede y podrá afectar a cualquiera, en cualquier lugar, a familias e individuos, asociaciones y grupos, clases y estratos sociales, pueblos y ciudades, nacionales y extranjeros. Una vez traspasada esta frontera de la conciencia, cualquiera, allí donde al poder le resulte útil, se convertirá en carne de cañón.

Las mismas caras de goma pueden justificar y justificarán cualquier doble, triple o cuádruple moral; los mismos títeres asesinos pueden y podrán exterminar, encarcelar o matar de hambre a cualquiera, complaciéndose de su propia eficiencia; los mismos escritorzuelos a sueldo pueden y podrán «gobernar la narrativa» de manera que desaparezca de la conciencia pública todo lo que pueda producir una reacción o un estallido de indignación.

El mecanismo está bien engrasado, los pueblos son impotentes, los actores invisibles.

Una trituradora industrial podrá funcionar a pleno rendimiento en el centro del escenario sin que nadie se dé cuenta."              (Andrea Zhok, Facebook, 30/06/25)

1.7.25

El presidente del Banco Central de China presentó un plan global de desdolarización... China lanza un mensaje claro: propone reemplazar la hegemonía del dólar con un sistema financiero internacional basado en múltiples monedas clave... esta propuesta representa un consenso tanto del liderazgo político de la República Popular China como de los principales actores del sector financiero privado del país... Pan Gongsheng criticó con detalle “el peligro potencial de la dependencia internacional de la moneda de un solo país”, especialmente cuando dicho país enfrenta “problemas financieros y regulatorios” internos. «Estos problemas podrían extenderse al mundo entero como riesgos financieros e incluso convertirse en una crisis financiera internacional»... Subrayó además que «un país con una moneda dominante inevitablemente intentará usarla injustamente como arma»... Pan instó a promover los pagos transfronterizos utilizando nuevas tecnologías, incluido el yuan digital (Elena Panina)

 "El director del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, presentó un plan para la creación de un sistema financiero internacional sustentado en varias monedas importantes. Aunque evitó mencionar directamente al dólar estadounidense, como señala The New York Times, el mensaje fue inequívoco: Pan criticó con detalle “el peligro potencial de la dependencia internacional de la moneda de un solo país”, especialmente cuando dicho país enfrenta “problemas financieros y regulatorios” internos.

«Estos problemas podrían extenderse al mundo entero como riesgos financieros e incluso convertirse en una crisis financiera internacional», advirtió Pan durante el Foro Lujiazui en Shanghái, el evento más relevante del ámbito financiero en China. Subrayó además que «un país con una moneda dominante inevitablemente intentará usarla injustamente como arma».

Tras estas críticas al sistema centrado en el dólar, Pan instó a promover los pagos transfronterizos utilizando nuevas tecnologías, incluido el yuan digital. En otras palabras, la transición de un modelo dominado por el dólar hacia un sistema basado en múltiples divisas —con el yuan como uno de sus pilares— fue planteada oficialmente por China al más alto nivel financiero. Dada la relevancia institucional del evento, esta propuesta representa un consenso tanto del liderazgo político de la República Popular China como de los principales actores del sector financiero privado del país.

Es importante señalar —y Bloomberg, a diferencia del NYT, lo afirma sin reservas— que el contexto actual es especialmente favorable para iniciativas de este tipo, dada la creciente fragilidad del dólar. La administración Trump enfrenta el dilema de mantener el poder adquisitivo del dólar mientras intenta abaratar las exportaciones estadounidenses. Aunque un dólar más débil podría ayudar a reducir el déficit comercial, también encarecería el financiamiento público de Estados Unidos, profundizando sus desequilibrios fiscales.

En cualquier escenario, China no se ve perjudicada directamente: dado que el yuan está vinculado al dólar, cualquier depreciación de este último también afecta al primero, equilibrando así los efectos de competitividad en las exportaciones entre ambos países.

No obstante, aún es pronto para determinar si Pekín asumirá con seriedad el impulso de una canasta internacional multidivisa o si se trata de una estrategia retórica previa a nuevas rondas de negociaciones comerciales con Washington. Sea como fuere, la declaración oficial del director del Banco Central chino ya ha sido emitida, y ello tendrá implicaciones geopolíticas y financieras a mediano plazo." 

(Elena Panina, Jaque al neoliberalismo, 30/06/25, fuente  Mente Alternativa)

Italia: No hay milagro económico... Su PIB per cápita podría alcanzar el de Francia este año... pero la economía italiana no es «fuerte», es más bien la economía francesa (como la economía alemana) la que es más débil desde 2020... El «éxito» económico pretendido de Italia sería el de Giorgia Meloni. Su política económica se convertiría en el modelo de la extrema derecha europea, como la de Pedro Sánchez en España se ha convertido en la referencia de la izquierda reformista... una vez más, hay que desconfiar de los grandes agregados. Porque los fundamentos de la economía italiana están lejos de ser alentadores y más bien señalan un debilitamiento estructural... desde la crisis sanitaria, la industria italiana está parada... Italia tiende, por lo tanto, a desindustrializarse... su alto superávit comercial se explica por la disminución de las importaciones, que a su vez se debe a la debilidad del consumo... Las exportaciones han disminuido... el FMI advirtió que si Italia pretende gastar más en su rearme, tendrá que hacer recortes drásticos en sus gastos sociales, con una nueva reforma de pensiones y "reformas estructurales". El relato del crecimiento no permite a Italia salir del atolladero (Romaric Godin)

 "Su PIB per cápita podría alcanzar el de Francia este año. Sin embargo, la situación estructural de la economía italiana sigue siendo preocupante, ya que el crecimiento se desacelera. La industria está en declive, el aumento de la productividad se ha estancado y los ingresos de los hogares están deprimidos.

 No hacía falta más para que algunos observadores proclamaran un poco rápidamente el «espectacular resurgimiento» de Italia y colocaran a la península en un conjunto global de «crecimiento del sur de Europa». Todo ello, por supuesto, con un trasfondo político. El «éxito» económico pretendido de Italia sería así el de Giorgia Meloni. Su política económica se convertiría entonces en el modelo de la extrema derecha europea, como la de Pedro Sánchez en España se ha convertido en la referencia de la izquierda reformista.

Queda por saber cuál es la realidad de este "espectacular resurgimiento" italiano. Tomando un poco de distancia, uno se da cuenta de que Italia es efectivamente uno de los pocos grandes países europeos que experimenta una tendencia en los años 2020-2025 superior a la de los años 2010-2020. Pero hay que precisar inmediatamente tres elementos.

Un crecimiento no tan espectacular

Primero, el crecimiento de la década de 2010 en Italia es una anomalía. El PIB se estanca entre finales de 2009 y finales de 2019, con un aumento del 1,6 % en diez años. En Francia, el aumento del PIB real es del 12,3 % en el mismo período, y es bastante bajo históricamente. Italia sufre entonces una fuerte contracción de su demanda interna con el objetivo de mantener su competitividad externa y un superávit primario en las cuentas públicas (antes del pago del costo de la deuda). En resumen: la austeridad llevada a cabo por los diferentes gobiernos golpea a la península de lleno y conduce a una fuerte desinversión en el país.

El otro elemento es que la aceleración italiana es muy puntual. Se puede situar entre el último trimestre de 2020 y el segundo de 2022. Durante estos dieciocho meses, el PIB trimestral italiano aumentó un 10,91 %, casi el doble del 5,52 % de Francia. Pero desde el tercer trimestre de 2022, Italia ha tenido un rendimiento inferior al de Francia (1,53 % frente al 2,86 %), a pesar de haber beneficiado del plan europeo de « recuperación y resiliencia ».

El superávit italiano del primer trimestre no era la norma desde hace tres años. En otras palabras, el rendimiento relativo superior de Italia no puede atribuirse a la política de Giorgia Meloni. Se basa más en la política llevada a cabo por Giuseppe Conte (2018-2021) y luego por Mario Draghi (2021-2022).


De hecho, la aceleración del PIB italiano está relacionada principalmente con lo que se llama el «superbonus», un mecanismo que permite beneficiarse de una subvención del 110 % de los trabajos de renovación energética. Este dispositivo, implementado en mayo de 2020 por el gobierno de Conte, fue suprimido por el gobierno de Meloni a principios de 2023, pero lógicamente tuvo un gran éxito. Al invertir 100 euros, se recuperaban 110 euros en reducción de impuestos.

Este superbono ha sido claramente el elemento principal de apoyo al crecimiento italiano en el momento de su aceleración al salir de la crisis sanitaria. Es lo que ha permitido el rendimiento superior del PIB italiano. Las cifras globales sobre el PIB anual de 2019 a 2024 vienen a confirmar este hecho.

Las inversiones en viviendas privadas han aportado, según el Istat, no menos del 72,7 % del total del crecimiento en el período, es decir, 4 puntos del PIB. Por supuesto, este aumento de la demanda ha llevado a la inversión en otros sectores. El aumento de la inversión fija es, en el período, superior al del crecimiento.

Desde 2023, las inversiones en viviendas han disminuido, aunque la posibilidad de distribuir los gastos en cinco años ha permitido evitar su colapso. En el primer trimestre de 2025, el nivel de estas inversiones era un 8 % inferior al punto máximo de 2023. En otras palabras, el fuerte crecimiento de Italia fue puntual y dopado con los esteroides del superbono.

 Finalmente, es necesario poner en contexto el aumento del PIB italiano. No fue sino hasta el primer trimestre de 2025 que el PIB real trimestral superó su nivel del primer trimestre de 2008 en un 0,7 %. En otras palabras, a pesar del «espectacular repunte» del país, este ha experimentado desde hace casi dos décadas una verdadera estancamiento de su economía.

Esto debe llevarnos a relativizar fuertemente los clarines tocados por la prensa italiana y el gobierno de Giorgia Meloni. La economía italiana no es «fuerte», es más bien la economía francesa (como la economía alemana) la que es más débil desde 2020. Con un elemento adicional: Italia es un país en plena crisis demográfica.

La población de la península ha estado disminuyendo desde 2015, debido a un índice de fecundidad muy bajo (1,18 hijos por mujer) y un rápido envejecimiento. El saldo migratorio ya no permite compensar el saldo natural, y la población ha disminuido en casi un 3 % en diez años. Como, en paralelo, la crisis demográfica francesa es menos aguda, con una población que sigue aumentando un 3 % en diez años, el efecto sobre el PIB per cápita es mecánico: se necesita menos crecimiento en Italia para mejorar este indicador. Sin embargo, en general, desde 2020, Francia ha experimentado un crecimiento más débil con una población en aumento, mientras que Italia ha tenido un crecimiento más fuerte con una población en disminución.

Pero este mismo PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo italiano sigue siendo cercano a su nivel de 2007, lo que indica que la economía italiana no está tan bien. Por otra parte, no hay nada de excepcional en este sorpasso italiano en términos de PIB per cápita: antes de 2011, Italia estaba regularmente por encima de Francia según este criterio. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita italiano era superior en un 10,3 % al de Francia en 1990.
Desindustrialización y salarios en declive

No hay, por lo tanto, un « milagro económico » italiano. Justo una forma de regreso a la normalidad después de dos décadas perdidas. Pero, una vez más, hay que desconfiar de los grandes agregados. Porque los fundamentos de la economía italiana están lejos de ser alentadores y más bien señalan un debilitamiento estructural.

El primer elemento a destacar es el debilitamiento del tejido industrial italiano. Durante mucho tiempo, la gran fuerza de la economía italiana ha sido la red de pequeñas y medianas empresas industriales, a menudo ubicadas en el noreste del país, muy competitivas en el mercado mundial. Sin embargo, en el período 2019-2024, se observa que el valor añadido de la industria manufacturera solo ha progresado un 0,45 %, frente a un aumento del 7,5 % en el período 2015-2024. En resumen: desde la crisis sanitaria, la industria italiana está parada.

En el detalle sectorial, se observa que en estos últimos cinco años, el valor añadido industrial aumenta en solo cuatro de los once grandes sectores. Si la farmacia (+ 21,5 %), el material informático (+ 20,3 %) o la agroalimentaria (+ 12 %) progresan notablemente, se observan retrocesos en antiguos puntos fuertes de la industria italiana como el textil (− 5,6 %), las máquinas (− 4,1 %) y el material de transporte, incluidos los automóviles (− 3,5 %).

 Italia tiende, por lo tanto, a desindustrializarse. En 2019, la industria manufacturera representaba el 17,1 % del valor añadido total. En 2024, este nivel ha retrocedido al 16,2 %. Como, paralelamente, la productividad del sector ha tendido a retroceder (pero faltan datos precisos), la industria italiana está sufriendo una pérdida de sustancia.

Es en gran parte la pérdida de mercados internacionales lo que explica este hecho. Ciertamente, Italia sigue mostrando un alto superávit comercial que, en 2024, ha aumentado de 20 mil millones de euros a 54,9 mil millones de euros. Pero esta cifra es en parte ilusoria y se explica, en particular, por la disminución de las importaciones, que a su vez se debe, como veremos, a la debilidad del consumo. Las exportaciones, en cambio, han disminuido un 0,4 %.

Y cuando se observa en un período más largo y en volumen, es decir, neutralizando el efecto de los precios, se constata que las exportaciones de bienes han aumentado solo un 0,6 % entre 2022 y 2024 y un 7,4 % entre 2019 y 2024 (mientras que las importaciones de bienes han aumentado un 11,79 % en cinco años). En cinco años, a pesar de una buena dinámica de las exportaciones de servicios (es decir, principalmente del turismo), que aumentaron un 15,8 %, el comercio exterior ha restado cerca de 0,5 puntos del PIB a Italia.

La industria italiana no está en su mejor momento. Pero, ¿qué decir de los hogares? El consumo sigue estancado desde la crisis sanitaria. Entre 2019 y 2024, solo ha progresado un 0,4 %, con una notable disminución en los gastos alimentarios (− 3,4 %), de vestimenta (− 9,2 %) o de restauración (− 4,6 %). El consumo se concentra en la salud (+ 5,9 %) y la adquisición de materiales y servicios informáticos. Pero estos gastos apenas compensan la pérdida relacionada con las restricciones de otros sectores.

Evolución de los salarios reales en Italia, Francia, Alemania y España desde 2019. © Istat

En el primer trimestre de 2025, el consumo de los hogares muestra un aumento del 0,1 %. En otras palabras, la estancación persiste y se explica por una bajada de los salarios reales en los últimos años. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de hace un año, "Italia es el país [de la OCDE] que ha experimentado la mayor caída de los salarios reales desde la pandemia". Según el Istat, los salarios reales, entre 2019 y 2024, han retrocedido un 4,4 %. Uno de los niveles más bajos de Europa.

En otras palabras: el crecimiento italiano ante el cual los economistas se deslumbran no ha beneficiado al mundo del trabajo ni a los hogares. Como los ingresos globales entre 2019 y 2024 han aumentado un 2 % en términos reales, según el Istat, la distorsión en la distribución de la riqueza creada se ha producido en detrimento de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo lo confirma: entre 2018 y 2024, la parte de los salarios en el valor añadido pasó del 61,6 % al 58,6 %.

 Ciertamente, el desempleo ha disminuido considerablemente. Cercano al 10 % en febrero de 2020 (9,7 %), la tasa de desempleo descendió al 6 % en marzo de 2025. Es en parte el fruto del cambio de la economía hacia los servicios, más intensivos en mano de obra, pero también menos productivos. Pero la principal razón es demográfica. La población en edad de trabajar está disminuyendo, y se necesitan pocas creaciones de empleo para reducir la tasa de desempleo. De hecho, el aumento del empleo es bastante modesto: + 3,8 % entre 2019 y 2024, tanto como Alemania, pero menos que Francia.

De hecho, el país sigue siendo uno de los menos productivos de Europa occidental. Y la evolución reciente no ha mejorado nada. Según el Istat, el crecimiento de la productividad, ya uno de los más débiles del viejo continente, se ha ralentizado aún más entre 2019 y 2024, aumentando solo un 1,03 % en ese período. Entre 2023 y 2024, incluso retrocedió. Concretamente, esto significa que, a pesar del dinamismo, en Italia como en otros lugares, del sector tecnológico, la producción global está bajo presión, debido al agotamiento de las ganancias de productividad industriales y al desarrollo de los servicios, y a pesar de la recuperación de la inversión global. La consecuencia es que Italia no puede esperar mostrar una recuperación duradera de su crecimiento.

Entonces se entiende mejor el esquema de estos últimos años: el crecimiento ha sido artificialmente impulsado por el superbono, entre 2020 y 2023, pero sus fundamentos siguen siendo muy débiles: la industria está en declive, los aumentos de productividad han parado y los ingresos de los hogares están en declive. Y estos tres elementos se retroalimentan: la terciarización de la economía afecta la productividad y, por lo tanto, los salarios.

Por lo tanto, no hay ni un "milagro" ni un "recuperación espectacular" de la economía italiana. Y el crecimiento es aún menos atribuible al gobierno de Giorgia Meloni, que solo ha implementado reformas antisociales, como la reducción del ingreso de ciudadanía, pero no ha llevado a cabo ninguna medida económica de gran envergadura. El gobierno italiano se contenta con surfear sobre agregados cuidadosamente elegidos, como el PIB per cápita.

A partir de ahora, la economía italiana está en la cuerda floja. El crecimiento se está agotando. En un año, al 31 de marzo, el PIB italiano muestra un crecimiento del 0,7 % que, según la Comisión Europea, podría ser el de 2025, aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un 0,4 %. Con un crecimiento tan bajo, el país sigue sufriendo la presión de los mercados y del FMI para reducir su endeudamiento público, actualmente en el 135 % del PIB.

El gobierno debe, por lo tanto, reducir los gastos para compensar el importante servicio de la deuda del país. Esta política pesa como un peso permanente sobre la actividad. El desaceleramiento de la actividad de los últimos dos años también se explica por la reducción del déficit público, es decir, en el caso italiano, por el aumento del superávit primario.

Pero el 29 de mayo, el FMI advirtió. Si Italia pretende gastar más en su rearme, tendrá que hacer recortes drásticos en sus gastos sociales, con una nueva reforma de pensiones y "reformas estructurales". El relato del crecimiento no permite a Italia salir del atolladero."
 

(Romaric Godin, CADTM, 30/06/25, traducción Quillbot) 

"1.- Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros: a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar... b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro (artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar)... por primera vez una ONG, Mediterranea, ha sido acusada del delito de favorecimiento de la inmigración irregular... En agosto de 2020 la petrolera danesa Maersk Ettiene recibió un aviso de Malta para salvar a un grupo de migrantes a la deriva. Los rescataron, pero luego el Gobierno maltés no quiso acogerlos. Italia tampoco. La situación se bloqueó, y 27 personas pasaron 38 días en la cubierta de la nave, hasta que la nave de Mediterranea, la Mare Jonio, se ofreció a ir a buscarlas. “Los llevamos a tierra, con el permiso de Italia, y hasta la ONU nos felicitó por resolver la crisis”, recuerda Caccia. Pero luego, giro de guion: ocho meses después, la naviera Maersk donó 125.000 a la ONG en agradecimiento por su ayuda, pero ese dinero se ha convertido para la fiscalía en la prueba de que Mediterranea hace negocio con el tráfico de personas (Íñigo Domínguez)

 "Italia redobla su ofensiva contra las ONG de rescate de migrantes: juicios, espionaje y una vuelta al mundo en viajes absurdos.

Una organización es procesada por recibir una donación del petrolero en el que recogió a 27 náufragos. Tres de sus responsables tenían el móvil intervenido.

 La ofensiva de Italia contra las ONG que rescatan a migrantes en el mar Mediterráneo, acentuada desde la llegada al poder de la ultraderechista Giorgia Meloni en 2022, ha alcanzado extremos sorprendentes. Como el espionaje de móviles de responsables de organizaciones, incluido un sacerdote, o que, por primera vez, una ONG vaya a ser procesada por favorecer la inmigración irregular en un caso insólito: por recibir una donación de una petrolera en la que recogió a 27 náufragos. Mientras tanto, el número de llegada de migrantes por mar ha aumentado en Italia un 14%, sin que el polémico centro de deportación de Albania haya tenido un efecto disuasorio: en los primeros seis meses de este año (hasta el 27 de junio) han llegado al país de forma irregular 29.738 personas, y fueron 25.345 en el mismo periodo de 2024.

Las ONG de rescate componen en 2025 una flota civil de 23 naves (de Italia, España, Alemania y Reino Unido), más cuatro aviones, pero las trabas legales de Meloni para impedirles su actividad están funcionando: salvan menos vidas. Médicos Sin Fronteras (MSF), que decidió irse en diciembre después de una década, acaba de sacar un informe que es claro: en 2024 rescató a la mitad de personas que el año anterior, 2.278 frente a 4.646. Se debe, según sostienen sus responsables, a que perdió mucho tiempo, y dinero, porque Italia obliga a las ONG a desembarcar a los náufragos en los puertos más lejanos. MSF ha calculado que, entre ir y venir, en 2024 su buque Geo Barents dio una vuelta y media al mundo.

La ONG italiana Mediterranea Saving Humans, fundada en octubre de 2018 y que ha salvado ya a 1.800 personas, es una de las más afectadas. En el llamado escándalo Paragon (compañía israelí que fabrica Graphite, un sofisticado programa que se infiltra en los móviles) se ha descubierto que los teléfonos de al menos dos de los responsables de la ONG son espiados por el Gobierno italiano desde 2019, según ha confirmado una comisión parlamentaria. Entonces el primer ministro era Giuseppe Conte, con el líder de la Liga, Matteo Salvini, como ministro de Interior, pero la actividad siguió con el segundo Ejecutivo de Conte, de centro-izquierda, y el Gobierno técnico de Mario Draghi. Meloni ha continuado. Los servicios secretos lo han confirmado y han alegado que lo hacían por orden del Gobierno y con autorización judicial.

“¿Por qué nosotros? Creo que es porque estamos recogiendo pruebas y denuncias de los crímenes cometidos en Libia por los aliados del Gobierno italiano, que colabora con las peores milicias libias”, opina Beppe Caccia, coordinador de operaciones de Mediterranea. Es uno de los espiados desde hace seis años, junto a Luca Casarini, otro de los fundadores.

Se refiere a los polémicos acuerdos entre Italia y Libia, renovados desde 2017, para que el país africano haga el trabajo sucio de frenar la inmigración en sus costas. Italia financia milicias que componen la polémica guardia costera libia, encargada de enviar de vuelta a los migrantes a centros de detención donde han sido denunciadas torturas y graves violaciones de derechos humanos. Entre los espiados en Italia también está David Yambio, presidente de la ONG Refugees for Lybia, que denuncia la situación en las prisiones del país africano. 

 Acusaciones de tortura contra Libia

La semana pasada MSF Italia presentó otro informe que acusa a Libia. Recoge el testimonio de 160 personas atendidas entre 2023 y 2025 que supuestamente sufrieron torturas, y el 60% fue en Libia. Del resto, el 36,5% las padecieron en nueve países que Italia y la Comisión Europea consideran seguros para repatriaciones (Argelia, Bangladés, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Ghana, Marruecos, Túnez y Senegal). “Formas de violencia extrema, entre ellas la tortura, son un elemento estructural y difuso a lo largo de la ruta migratoria mediterránea”, señala Elisa Galli, responsable de MSF en Palermo.

Caccia cree que, además, hay otro factor que ha hecho que les espíen, porque creaba alarma en el Gobierno italiano: “Nuestra cercanía al papa Francisco, que nos apoyaba mucho”. El anterior Pontífice tenía muy buena relación con Casarini y con Mattia Ferrari, un sacerdote de la ONG, también espiado, aunque no se sabe por quién. Es uno de los casos en los que el Gobierno italiano no admite su responsabilidad, junto a otros de periodistas. El escándalo salió a la luz en febrero e investigan el caso cinco fiscalías italianas.

Otro frente de la ofensiva contra la inmigración es el judicial. El delito de favorecimiento de la inmigración irregular se está usando para condenar a cientos de migrantes que simplemente llevaban el timón de su bote. “Cientos de chicos están siendo juzgados y condenados hasta a seis y ocho años de cárcel, acusados de ser traficantes”, denuncia Caccia.

Algunos han salido a la luz en los medios, como el de las iraníes Marjam Jamali y la directora de cine y activista Maysoon Majidi. Jamali huyó de Irán con su hijo de ocho años de un marido violento, en el viaje por mar sufrió un intento de violación y, al llegar a tierra, sus agresores la acusaron de ser la organizadora de la travesía. Fue separada de su hijo, encarcelada y, por fin, después de dos años, ha sido absuelta. Majidi, por su parte, pasó un año en prisión antes de ser declarada inocente. 

 “Estos casos han tenido eco, pero hay muchos otros casos de personas mal defendidas por abogados de oficio que les aconsejan reconocerse culpables y pactar una pena”, señala Caccia. Una ONG de Palermo, Arci Porco Rosso, estudia desde hace años este fenómeno, denunciando la “criminalización” de estos migrantes. Un primer informe de 2021, elaborado junto a Alarm Phone, determinó que en ocho años, entre 2013 y 2020, fueron acusadas 2.559 personas. En el último estudio anual han señalado 106 casos en 2024.

El Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la severa aplicación del delito de favorecimiento de la inmigración que hace Italia. Acaba de fallar a favor de una inmigrante congoleña en el llamado caso Kinsa. Esta mujer, que llegó con su hija y su sobrina, menores de edad, fue detenida en el aeropuerto de Bolonia en 2019 acusada de este delito precisamente por llevar a las dos niñas. Ha pasado por seis años de procesos judiciales hasta que ha sido absuelta.

Sin embargo, ya hay un salto cualitativo: por primera vez una ONG, Mediterranea, ha sido acusada de este delito y el tribunal de Ragusa ha decretado el procesamiento de Beppe Caccia y otros seis miembros de la organización. El juicio empezará en octubre y los acusados se enfrentan a penas de 15 a 30 años de cárcel. Hasta ahora se habían intentado varios procesos a ONG, pero todos fueron archivados. El más importante fue el de la nave Iuventa, con 20 imputados de las ONG Jugend Rettet, Save The Children y MSF. Se cerró en 2024 después de siete años.

La historia del caso de Mediterranea es inédita. En agosto de 2020 la petrolera danesa Maersk Ettiene recibió un aviso de Malta para salvar a un grupo de migrantes a la deriva. Los rescataron, pero luego el Gobierno maltés no quiso acogerlos. Italia tampoco. La situación se bloqueó, y 27 personas pasaron 38 días en la cubierta de la nave, hasta que la nave de Mediterranea, la Mare Jonio, se ofreció a ir a buscarlas. “Los llevamos a tierra, con el permiso de Italia, y hasta la ONU nos felicitó por resolver la crisis”, recuerda Caccia. Pero luego, giro de guion: ocho meses después, la naviera Maersk donó 125.000 a la ONG en agradecimiento por su ayuda, pero ese dinero se ha convertido para la fiscalía en la prueba de que Mediterranea hace negocio con el tráfico de personas.

“Han registrado nuestras casas y oficinas, nos han secuestrado teléfonos y ordenadores, pero no han encontrado nada”, relata Caccia, que relaciona la “construcción” del caso con lo que saben ahora: que eran espiados. “Italia ayuda a huir a criminales de guerra libios y persigue a quien salva vidas en el mar”, concluye, en referencia al polémico caso del general libio Osama Almasri. Es responsable de una de las cárceles del horror donde se recluye a migrantes, está reclamado por el el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad y en enero fue arrestado en Italia por orden de Interpol. Sin embargo, el Gobierno de Meloni lo dejó escapar, alegando defectos de forma en la detención.

 En todo caso, el arma más efectiva contra las ONG es el llamado decreto Piantedosi, apellido del ministro de Interior. En enero de 2023 introdujo una serie de normas que entorpecían y castigaban sus actividades si no cumplían unas rígidas reglas. Deben pedir permiso antes de cada rescate, solo pueden hacer uno cada vez, sin recoger a nadie por el camino, y no pueden ir al puerto más cercano, sino al que les asignen, que suele estar en la otra punta de Italia. No en Sicilia, sino en Génova, Livorno, Ancona, Rávena. Si no, los barcos pueden ser retenidos en puerto y hasta ser confiscados. Todas las ONG han tenido sus naves paralizadas en diversos momentos. Mediterranea, tres veces. “Siempre con pretextos, solo pretenden obstaculizarnos”, opina Caccia.

El barco de MSF fue detenido cuatro veces, un total de 160 días. Además, pasó 163 días yendo y viniendo de los puertos que le asignaban (64.966 kilómetros, vuelta y media al mundo). Desde que empezó a operar en el Mediterráneo en 2015, MSF ha salvado a más de 94.000 personas. Pero ahora ha abandonado. “El decreto Piantedosi es un mecanismo estructurado e institucionalizado sin precedentes para obstruir los rescates“, señala Juan Matías Gil, de MSF.

Pese a todo, las ONG siguen adelante. Caccia recuerda el primer rescate que hizo, en 2019, de un matrimonio sudanés muy joven, ella embarazada, y con una niña pequeña: “Los encontramos por pura casualidad, con los prismáticos, estaban a punto de hundirse. Ahora viven en Francia. La niña va al colegio. Han tenido otro hijo. Es una de esas historias que han acabado bien, porque les salvamos de morir en el mar. Solo eso merece la pena”.

(Íñigo Domínguez , El País, 30/06/25) 

 

" El deber de auxilio en el mar: Sea Watch 3

Debería resultar intolerable observar la muerte en el mar de personas que buscan una vida mejor, pero no menos intolerable resulta la indiferencia con la que a veces se aborda esta cuestión, cuando no nos encontramos directamente ante la justificación de medidas que propician situaciones de riesgo intolerables, situaciones de déficit de asistencia o la mera utilización partidaria de una cuestión en la que, la consecuencia última siendo benévolos en el calificativo, supone incrementar el riesgo de que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio y no en lugar común que nos ha marcado a todos, a uno y otro lado, y debería ser punto de unión y solidaridad.
Estamos tan acostumbrados a oír noticias al respecto que, al final, extraemos la conclusión de que acabamos debatiendo sobre cuestiones de índole menor y olvidamos lo esencial que no es otra cosa que la ayuda y auxilio a personas en peligro es un objetivo primordial en nuestra sociedad.

Este debate recientemente se ha reabierto con la detención del barco Sea Watch 3 y su capitana.

Esa visión restrictiva del derecho que enarbolan algunos para justificar una actuación, que desprecia la vida humana, resulta contraria a la propia Ley.
La vida humana merece la máxima protección, de modo que cualquier colisión de derechos siempre se ha de despejar en su favor y cualquier interpretación de la normativa nacional e internacional debe llevarse a cabo bajo ese prisma insoslayable.
Cerrar puertos para impedir el desembarco de migrantes rescatados no solo implica una política migratoria represiva, normalmente adoptada solo para enardecer a los incondicionales del político de turno, sino que implica un incumplimiento de la ley del mar en cuanto de salvamento y acogida supone. Además, incumple las normas internacionales de obligado cumplimiento que suponen discernir entre migrante y refugiado lo que solo se debe hacer en tierra y después de atender a sus necesidades más perentorias. Sobre el refugiado y para leer más: Refugiado o migrante.
Para entender las exigencias legales en este aspecto debemos partir de lo establecido en el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar referido al deber de prestar auxilio y que establece, de forma meridiana, que:
1. Todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros:
a) Preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar;
b) Se dirija a toda la velocidad posible a prestar auxilio a las personas que estén en peligro, en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga una posibilidad razonable de hacerlo;
c) Caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala. 72 2. Todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales.
En el mismo sentido se pronuncia la Regla 33 del Capítulo V del Convenio SOLAS y el Artículo 2.1.10 del Convenio SAR sobre búsqueda y salvamento marítimo.
Por tanto, la primera conclusión que podemos extraer es que la asistencia a personas que se encuentren en peligro en el mar es una obligación recogida como uno de los principios básicos del Derecho Marítimo reconocido a nivel internacional y nacional, incluso por Italia no solo como firmante de los convenios internacionales antes citados, sino porque su propia legislación interna le impone la obligación de rescatar a todas aquellas personas que se encuentren en peligro, prestarles la primera asistencia y llevarles a puerto seguro, de tal modo que negar el auxilio a un náufrago, además, constituye un delito y cualquier buque, privado o público debe prestar asistencia en caso de emergencia.
Para analizar la controversia con el Estado italiano respecto al rescate de migrantes y su traslado a puertos italianos se necesita aclarar tres conceptos, como son puerto seguro, derecho de paso inocente y zona SAR.
La Convención de Hamburgo de 1979, tuvo por objeto elaborar un plan internacional de búsqueda y salvamento, de modo que, independientemente del lugar en donde ocurra un accidente, el salvamento de las personas que necesiten auxilio sea coordinado por una organización de búsqueda y salvamento y, cuando sea necesario, mediante la cooperación entre organizaciones de búsqueda y salvamento vecinas. Ello supuso establecer que los países firmantes han de garantizar una zona de búsqueda y rescate (SAR, del inglés search and rescue) para cuyo cumplimiento el Comité de seguridad marítima dividió los océanos del mundo en 13 zonas de búsqueda y salvamento, en cada una de las cuales los países correspondientes tienen una zona de búsqueda y salvamento delimitada de la cual son responsables. (OMI).
Sin embargo, algunos países interpretan sus obligaciones, según su propio interés, lejos de las obligaciones que impone el convenio. El más flagrante de los incumplimientos lo lleva acabo Libia, que no cumple con sus obligaciones en la Zona SAR que tiene atribuida, lo que supone un conflicto entre las obligaciones que debe cumplir Libia en su Zona y la normativa internacional.
Una de las consecuencias es que los organismos internacionales no consideran a Libia como un puerto seguro ya que se le considera un estado fallido en el que no se respetan los derechos humanos lo que supone, según el derecho internacional que cualquier buque extranjero que rescate a personas en la Zona SAR de Libia puede negarse a entregarlos a las autoridades libias ya que las mismas no garantizan un trato justo, hasta tal punto que la creación del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo libio en 2017 no ha hecho cambiar el criterio de la Organización Marítima Internacional de no considerarlo puerto seguro.
Para mayor abundamiento la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 en su artículo 33 prohíbe que los refugiados o solicitantes de asilo sean expulsados o devueltos en modo alguno a fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
No resulta complejo entender que Libia no es un puerto seguro, que todos los buques tienen obligación de rescatar a cualquier persona que esté en situación de peligro en el mar y están respaldados por la legislación internacional para el desempeño de esta obligación legitimando el rescate libre de aquellas personas que se encuentren en peligro en las aguas de la Zona SAR Libia, primando para ello el principio de libertad de navegación recogido en el artículo 87.3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Hasta aquí la respuesta es simple, el problema surge cuando aprovechando la situación y por cuestiones meramente políticas las autoridades italianas crean el llamado “código de conducta” al supuesto amparo del Plan de acción sobre medidas para apoyar a Italia, reducir la presión en la ruta del Mediterráneo central y aumentar la solidaridad de la Comisión de 4 de julio de 2017.
Con este código de conducta, Italia pretende regular la conducta de los buques que navegan en aguas fuera de la jurisdicción italiana (alta mar y mar territorial libio), incluidos los que enarbolan pabellones de terceros países y especialmente los de las ONGs, atribuyéndose competencias que contradicen la legislación marítima internacional ( Artículo 2.3 de la Convención: La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional) y que habilita a los buques extranjeros a seguir la legislación internacional a la que queda supeditada la legislación nacional.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el concepto de derecho de paso inocente por aguas territoriales recogido en el artículo 17 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establece que todos los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial, entendiendo como derecho de paso inocente, y, según el artículo 18 de la citada Convención, el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de:
a) Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores;
b) Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en una de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ella.
2. El paso será rápido e ininterrumpido. No obstante, el paso comprende la detención y el fondeo, pero sólo en la medida en que constituyan incidentes normales de la navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave.
Además, el derecho de cada Estado a regular el acceso a sus puertos por buques extranjeros está limitado por las normas internacionales que otorgan el derecho de entrada en puerto de cualquier buque en situación de peligro hasta el punto de estar eximido de cumplir la ley nacional, incluida la penal, es más, la denegación de acceso al puerto supone una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege el derecho a la vida, a impedir la violación de los derechos humanos, o a la protección ante cualquier trato degradante, sin que, por otra parte, pueda entenderse perjudicial para la paz, buen orden o la seguridad del estado ribereño la entrada en puerto ya que el artículo 19.2 de la Convención recoge expresamente que el desembarque y embarque de personas con el fin de cumplir con la obligación de salvar vidas humanas en el mar entra dentro del significado jurídico de paso inocente.
Por eso, si conjugamos el concepto de puerto seguro, que como se ha visto no tiene porque coincidir con el de la distancia a puerto y la imposibilidad de prohibir, con el derecho internacional aplicable, el acceso a puerto para desembarcar a personas rescatadas en alta mar o en la Zona SAR de Libia se puede concluir que las autoridades italianas llevan a cabo esta prohibición para intentar enardecer y manipular a sus adeptos y no desde luego respetando la Ley del Mar, a la par que con desprecio absoluto de la obligación de rescate.
Casos como el de la capitana del Sea Watch 3 ya han sido revisados por la justicia italiana, por ejemplo, por el Tribunal italiano de Ragusa que decretó la absolución de la tripulación y el armador de la embarcación Open Arms bajo el argumento de que Libia no es un puerto seguro y la obligación del rescatador de desembarcar al rescatado en puerto seguro sometiéndose para ello a las leyes internacionales y no a las nacionales que las contradigan.
También se expone para criticar la actuación de la capitana del Sea Watch 3 que esta podía haber acudido a Malta, sin embargo, sobre esto cabe afirmar que Malta tiene una zona Sar excesivamente amplia para sus posibilidades logísticas, por eso se considera más aconsejable el acceso a Lampedusa ( Italia), aparte de que según la zona de rescate Libia puede ser más cercana Lampedusa, aunque ese no es el criterio más importante a la hora de un rescate, como ya se ha expuesto, al tiempo que la propia Malta ha recibido también numerosas quejas sobre su escaso compromiso en la defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la supuesta embestida a la embarcación de la guardia de finanzas italiana, y al margen de lo anteriormente expuesto sobre la imposibilidad de las autoridades italianas de contravenir la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, prefiero colgar el link con las imagenes y que cada uno extraiga su opinión sobre si ha existido o no colisión y las maniobras marineras de una y otra embarcación. 

Imagenes incidente publicadas por Il Corriere della sera

Julio Sánchez Abogado

Foto de Li Yang en Unsplash.

Fuentes :

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Convenio Internacional de 1979 sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos

Convenio Europeo de Derechos Humanos

Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados

EL SALVAMENTO MARÍTIMO Y EL DERECHO HUMANITARIO de Jaime Rodrigo de Larrucea . "      ( , blog, 02/07/19)

Vox ha publicado su programa económico... quiere sustituir al actual sistema de pensiones públicas por pensiones privadas... Para disponer de dinero suficiente para la pensión por el método de capitalización hay que ir ahorrando a lo largo de la vida. ¿Y quién puede ahorrar lo suficiente? No es fácil estimarlo, pero veamos un ejemplo... Una persona de 35 años que hoy día ganase 2.250 euros al mes (prácticamente el sueldo medio en España) tendrían que ahorrar 510 euros mensuales y dedicarlos a un fondo de pensiones para tener una pensión equivalente al 80% de su sueldo desde que tuviera 67 años hasta los 87, sin interrupción... cuando entre el 45 y el 50% de la población española no llega a fin de mes, o tiene grandes dificultades para conseguirlo. Por tanto, de ningún modo podría ahorrar esa cantidad... no más del 25%, como mucho, de nuestra población estaría en condiciones de financiarse un fondo de ahorro privado que le garantice una pensión mínimamente digna... además, sólo 99 fondos de los 393 con 15 años de historia en 2023 (25,2%) habían tenido una rentabilidad superior a los bonos del Estado, 57 (14,5%) a la del IBEX, y 9 la tuvieron negativa. Para ser más rentables deben invertir en productos inseguros y eso convierte sus patrimonios en más arriesgados y expuestos a quiebras... La propuesta de privatizar la financiación de las pensiones sólo trae consigo menos pensiones, pensiones más bajas para quien pueda financiárselas, riesgo financiero y de crisis económicas... pero estamos hablando de un negocio gigantesco para el sector financiero. Este es quien apoya y financia el gran fraude que consiste en hacer creer que el sistema de pensiones públicas basado en el reparto es insostenible a causa del envejecimiento de la población... Si bien es es obvio que el envejecimiento de la población influye en la sostenibilidad, es fácil demostrar y está ampliamente comprobado que depende principalmente del incremento de la productividad, del volumen de masa salarial y de cómo se reparte el valor de lo producido. Y, además, si no fuese suficiente con ello, siempre se pueden financiar por impuestos generales, lo cual significa que sus sostenibilidad depende de una decisión política y no de circunstancias financieras... En España, cientos de miles de personas con salarios y condiciones de trabajo miserables votarán a un partido como VOX que propone reducir salarios y que acabaría con sus pensiones si gobernase. Al menos, hay que reconocer que la extrema derecha tiene mérito a la hora de engañar a la gente (Juan Torres López)

"El partido de extrema derecha español ha publicado su programa económico cargado de propuestas ultraliberales cuya falta de fundamento y efectos nocivos ya se han puesto de relieve en muchas ocasiones.

Comentaré ahora sólo una de ellas que tendría consecuencias especialmente catastróficas si se llevara cabo: sustituir al actual sistema de pensiones públicas basado en el reparto (es decir, las personas empleadas actualmente financian con parte de sus sueldos la pensión de las ahora jubiladas) por uno basado en la capitalización (cada persona ahorra, se invierte ese ahorro en mercados financieros y al final de la vida activa se recupera lo ahorrado como pensión).

Voy a empezar la crítica por el final. La primera vez que se puso en marcha un cambio de esa naturaleza fue en Chile con la dictadura de Pinochet. Significativamente, el cambio hacia la capitalización se impuso a toda la población trabajadora, menos a los militares y a la policía, cuyas pensiones todavía siguen garantizadas por un sistema de reparto. ¿Por qué fue así, si la capitalización es tan ventajosa?

Las razones están claras. El sistema de reparto es mucho más seguro, más económico y mucho más equitativo. Estas son, expuestas muy breve y claramente.

– El sistema de capitalización tiene aún más riesgos que el de reparto. La financiación de este último puede verse afectada por el envejecimiento y, como sucede ahora, por la baja productividad o gran desigualdad que reduce la masa salarial. Pero se puede financiar, además, por vía de impuestos generales. Sin embargo, el sistema de capitalización puede fallar cuando hay crisis económicas, inflación o mala gestión de sus administradores, circunstancias que son cada vez más frecuentes en el capitalismo de nuestros días. Las personas que optaran por fondos afectados por esas situaciones, perderían sus pensiones o sólo recibirían unas de muy pequeña cuantía.

– El cambio de un sistema a otro es tremendamente costoso por una sencilla razón: durante mucho tiempo, quizá treinta años o más, habría que seguir pagando las pensiones de reparto sin que se estuviran recaudando cotizaciones sociales. Esto costaría tanto que hasta los más fervientes defensores de la capitalización han desistido de proponerlo para llevarlo a la práctica en España. Algunos cálculos estiman que podría costar el equivalente a nuestro PIB actual (1,6 billones de euros) en varias décadas, o quizá más, dependiendo de la velocidad del cambio y de las reformas complementarias que se hicieran. La deuda española y el gasto añadido por intereses se dispararían. En realidad, son inasumibles.

– La mayor parte de los españoles no tendrían pensión al jubilarse o solo tendrían una mucho más reducida que la proporcionada por el sistema actual.

Para disponer de dinero suficiente para la pensión por el método de capitalización hay que ir ahorrando a lo largo de la vida. ¿Y quién puede ahorrar lo suficiente? No es fácil estimarlo, pero veamos un ejemplo.

Una persona de 35 años que hoy día ganase 2.250 euros al mes (prácticamente el sueldo medio en España) tendrían que ahorrar 510 euros mensuales y dedicarlos a un fondo de pensiones para tener una pensión equivalente al 80% de su sueldo desde que tuviera 67 años hasta los 87, sin interrupción. Es decir, un 22,6% de su sueldo. Para obtener una pensión equivalente al 60% de su sueldo actual, este porcentaje debería ser del 17%.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y otras investigaciones, entre el 45 y el 50% de la población española no llega a fin de mes, o tiene grandes dificultades para conseguirlo. Por tanto, de ningún modo podría ahorrar esa cantidad. Teniendo en cuenta que el nivel medio de ahorro de las familias españolas no supera el 15% de su renta, se puede estimar que no más del 25%, como mucho, de nuestra población estaría en condiciones de financiarse un fondo de ahorro privado que le garantice una pensión mínimamente digna. Esa es también la razón por la que las propuestas de recurrir a la capitalización como sistema complementario están condenadas al fracaso porque la mayoría de la población no tiene renta disponible suficiente para ahorrar semejantes cantidades.

Se puede argumentar que podría dedicarse a financiar el ahorro la totalidad de las cotizaciones sociales, pero eso significa que tendrían que añadirse fondos adicionales para cubrir otras prestaciones que cubre la Seguridad Social, si es que se quisieran mantener.

– El sistema de capitalización no es rentable.

En su programa económico, VOX propone que exista un «fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada» y esto es otro de los engaños habituales de quienes defienden este sistema.

El ahorro a través de los fondos privados sólo es rentable para sus administradores y grandes patrimonios y nunca con toda seguridad.

Una investigación independiente ha mostrado que sólo 99 fondos de los 393 con 15 años de historia en 2023 (25,2%) habían tenido una rentabilidad superior a los bonos del Estado, 57 (14,5%) a la del IBEX, y 9 la tuvieron negativa. Para ser más rentables deben invertir en productos inseguros y eso no sólo convierte sus patrimonios en más arriesgados y expuestos a quiebras, sino también en motores de inseguridad y volatilidad que extienden por todo el sistema económico, cuando actúan como canalizadores de la inversión especulativa. Esto último provoca las crisis financieras que destruyen sus patrimonios y producen pérdidas cuantiosas a los ahorradores. A poco que caigan las bolsas o haya crisis, lo que suele ocurrir cada vez con más frecuencia, la rentabilidad de estos fondos se desvanece.

Además, hay otros factores que reducen la rentabilidad de los planes de capitalización: las comisiones que suelen ser altas; los costes de convertir la cantidad ahorrada a una renta vitalicia, en lugar de recuperarla de un golpe; y los impuestos (dejando a un lado, lo injusto que resulta que este tipo de fondos tengas ayudas fiscales).

– La capitalización cubre más costosa o difícilmente, o simplemente no cubre, otros riesgos que sí cubren los sistemas de reparto, como la viudedad, la orfandad y la invalidez.

– El envejecimiento afecta a la solvencia de un sistema de reparto, ciertamente. Pero también al de capitalización: si llega un momento en que las personas jubiladas son muchas, debe haber mucho más ahorro para convertir en líquidos sus activos ahorrados. Pero, si hay menos empleadas que estén ahorrando habría una dificultad semejante para hacer líquidos, en forma de pensión, los fondos acumulados.

La propuesta de privatizar la financiación de las pensiones mediante métodos de capitalización sólo trae consigo menos pensiones, pensiones más bajas para quien pueda financiárselas, riesgo financiero y de crisis económicas y costes extraordinarios para los gobiernos, todo lo cual se traduce en empobrecimiento y aumento de la deuda.

Lo anterior está perfectamente documentado y se sabe a la perfección, pero estamos hablando de un negocio gigantesco para el sector financiero. Este es quien apoya y financia el gran fraude que consiste en hacer creer que el sistema de pensiones públicas basado en el reparto es insostenible a causa del envejecimiento de la población, porque depende sólo de la relación entre el número de cotizantes y de pensionistas. Haciéndolo creer, pueden justificar su privatización para utilizar en su beneficio el gran volumen de dinero que mueven las pensiones.

Si bien es es obvio que el envejecimiento de la población influye en la sostenibilidad, es fácil demostrar y está ampliamente comprobado que depende principalmente del incremento de la productividad, del volumen de masa salarial y de cómo se reparte el valor de lo producido. Y, además, si no fuese suficiente con ello, siempre se pueden financiar por impuestos generales, lo cual significa que sus sostenibilidad depende de una decisión política y no de circunstancias financieras.

Lo que pone en peligro la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas basado en el reparto no es que la proporción entre pensionistas y cotizantes aumente, sino la cada vez mayor financiarización en perjuicio de la actividad económica real de producción de bienes y servicios, lo que reduce la productividad, y aumenta la precarización del empleo y la desigualdad que disminuyen la masa salarial. Y, además, la negativa de los grandes capitales y patrimonios a sufragar los gastos generales en función de su capacidad de pago y su rechazo de los principios más elementales de equidad y solidaridad.

Los partidos políticos que desean que la totalidad de las personas dispongan de ingresos dignos al dejar de trabajar apoyan el sistema de reparto junto a un sistema fiscal justo y progresivo y políticas que combaten el privilegio de las finanzas y la desigualdad. Los que defienden los intereses de la banca y del sistema financiero, defienden con engaños su privatización y los métodos de capitalización porque ponen por delante el beneficio financiero y les da igual que la gente deje de cobrar pensiones o que cobre cantidades miserables.

Como dije al principio, se sabe perfectamente que es así, y por eso el mejor y más seguro sistema de reparto se mantuvo para militares y policías en la dictadura de Pinochet, y todavía está vigente para ellos.

En Estados Unidos han votado a Trump millones de personas que ahora han sido deportadas, van a serlo, están perseguidas, o van a perder su atención sanitaria. En España, cientos de miles de personas con salarios y condiciones de trabajo miserables votarán a un partido como VOX que propone reducir salarios y que acabaría con sus pensiones si gobernase. Al menos, hay que reconocer que la extrema derecha tiene mérito a la hora de engañar a la gente."

(Juan Torres López, blog, 30/06/25)

Militarizar la economía no salvará a la industria europea... La economía europea se encuentra en un callejón sin salida... Financiar la investigación y el desarrollo tiene un efecto multiplicador que estimula la actividad económica... un tanque moviliza recursos, pero sin un efecto impulsor duradero en la economía, porque está desconectado de las necesidades de la sociedad, ya sean las empresas privadas, el Estado o los consumidores... Goldman Sachs ha calculado que el multiplicador del gasto en defensa de la UE, en el marco del programa «Rearm Europe», era solo del 0,5 después de dos años... Mil tanques representan 30 000 toneladas, lo que equivale a tres días de producción en una sola fábrica. Por lo tanto, no, la renovación de la defensa no significa automáticamente la renovación del sector siderúrgico... estos escasos efectos positivos dependen de varios factores, en particular de la parte del gasto militar que se destinará efectivamente a la industria local en lugar de a las importaciones, así como de la forma en que se financie dicho gasto... y en la actualidad, una gran parte de los pedidos militares beneficia a países situados fuera de la Unión Europea, en primer lugar a los Estados Unidos... además estos gastos militares van acompañados de un retorno de la austeridad presupuestaria en Europa... ING advierte: «Habrá un efecto multiplicador negativo si parte del gasto militar se financia con recortes en otros ámbitos»... la industria de la defensa tampoco es el motor del empleo que intentan hacernos creer... con el mismo nivel de gasto, sectores civiles como la salud, la educación o las energías limpias generan muchos más puestos de trabajo... necesitamos un verdadero plan de inversión pública masiva en las tecnologías civiles del futuro, a escala europea. Sin ello, nuestro retraso tecnológico —y la desindustrialización que lo acompaña— no hará más que agravarse. No tenemos ni un euro que malgastar, ni un solo cerebro que desviar de las prioridades tecnológicas esenciales para dedicarlo a programas militares (Max Vancauwenberge)

 "Desde la cumbre de la OTAN en La Haya hasta el plan ReArm Europe de la Comisión Europea, ¿está Europa volviendo a los caminos de la guerra? En la última reunión de la Alianza Atlántica, los europeos reafirmaron su compromiso de alcanzar el objetivo de destinar el 5 % del PIB a defensa, y defendieron una «cooperación entre las industrias de defensa a ambos lados del Atlántico». ». El plan ReArm Europe, defendido por Ursula von der Leyen, promueve una inversión de 800 000 millones de euros en armamento, con la supuesta perspectiva de «reindustrializar» el Viejo Continente. En realidad, convertir la militarización en motor de la reindustrialización conducirá a la guerra o a la crisis y, en ambos casos, al declive industrial.

Un mercado insostenible y motor de guerras permanentes

Cuando tenemos hambre, compramos comida, la comemos y luego desaparece: por lo tanto, hay que producirla de nuevo para saciar el hambre siguiente. Y así sucesivamente. Necesitamos desplazarnos para trabajar, ver a nuestra familia o irnos de vacaciones. Para ello, utilizamos el transporte público o un vehículo personal. Este uso continuado del transporte público o de un vehículo privado los desgasta. Tras un cierto desgaste, hay que reparar o sustituir estos vehículos. También hay que invertir en el desarrollo y el mantenimiento de las infraestructuras de transporte y en la producción de vehículos. Es el ciclo de vida de un producto lo que garantiza una cierta sostenibilidad a un modelo económico que responde a las necesidades y la demanda de la sociedad.

Por su parte, la inversión en armamento alimenta un círculo vicioso en el que la paz se convierte en una amenaza para los beneficios. Mientras sigan existiendo conflictos —por ejemplo, la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza, la ocupación del Congo oriental apoyada por Ruanda (con la bendición de la UE)—, las armas encontrarán un «mercado». Pero si los Estados las almacenan sin utilizarlas, el mercado se satura. Para sobrevivir, los fabricantes necesitan que esas armas ardan en los campos de batalla, generando nuevos pedidos.

La militarización de la economía crea así un incentivo estructural para la guerra, reforzado por el lobbying de los industriales. Peor aún: los conflictos sirven incluso de escaparate comercial. Algunas empresas, como las que suministran a Israel, no dudan en presumir de equipos «probados en condiciones reales», convirtiendo las masacres en argumentos de marketing1.

Estados Unidos representa plenamente esta lógica destructiva. Es el único país que ha construido un enorme complejo militar-industrial, es decir, un sector industrial fuerte basado en el armamento, y encadena una guerra tras otra. Solo desde 2001: Afganistán (2001-2021), Irak (2003-2011), Libia (2011), Siria, Yemen, apoyo a Ucrania y a la guerra genocida de Israel contra los palestinos. Esta situación de guerra permanente alimenta un sector colosal: en 2024, las exportaciones de armas estadounidenses alcanzaron los 318 700 millones de dólares, lo que supone un aumento del 29 % en un año (Reuters, enero de 2025). El propio Departamento de Estado justifica estas cifras por la «reposición de las existencias enviadas a Ucrania» y la preparación para «futuros conflictos importantes»2.

Contrariamente al discurso oficial, militarizar la economía no ofrece ninguna protección, sino que agrava los riesgos de guerra. La historia europea lo demuestra: las oleadas de rearme, especialmente en Alemania en el siglo XX, condujeron a dos guerras mundiales y a un continente en ruinas. Hoy en día, reproducir este esquema equivaldría a sacrificar cada vez más vidas, a destruir sociedades y comunidades para alimentar una industria dispuesta a todo y cuya supervivencia depende… de nuestra propia inseguridad. Como resume el economista Michael Roberts, el keynesianismo militar solo puede funcionar en situación de guerra.3

La ilusión de la reactivación mediante el gasto militar

La economía europea se encuentra en un callejón sin salida. Alemania, la primera potencia industrial del continente, está en recesión. «Las cadenas de valor o las capacidades de producción existentes en nuestras industrias tradicionales —automóvil, acero, aluminio o productos químicos, pueden encontrar nuevas oportunidades en la reconversión y el abastecimiento de una huella cada vez mayor de la base industrial de defensa [TDLR]», afirma la Comisión Europea.4 Pero la esperanza de que la militarización de la economía vuelva a encarrilar el crecimiento del Viejo Continente corre el riesgo de ser efímera.

En economía, para comparar el efecto de diferentes tipos de inversiones, se utiliza lo que se denomina efecto multiplicador. Este término se refiere al fenómeno por el cual un gasto inicial da lugar a una serie de otros gastos, inversiones y actividades económicas. Por ejemplo, cuando se invierte en un parque eólico, la energía producida puede alimentar fábricas, atraer empresas y crear nuevos puestos de trabajo. Invertir en ferrocarriles facilita el comercio y el transporte de mercancías, lo que estimula la actividad económica. Financiar la investigación y el desarrollo (I+D) puede dar lugar a innovaciones que refuercen el desarrollo industrial. Fabricar una excavadora o una apisonadora ayuda a construir edificios, carreteras o puentes. En comparación, un tanque no produce energía, ni innovación, ni transporte, ni edificios. Moviliza recursos, pero sin un efecto impulsor duradero en la economía.

Varios estudios recientes han analizado los efectos del gasto militar en la economía. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, uno de los principales institutos de investigación económica de Alemania, este gasto tiene un efecto reducido sobre el crecimiento, ya que está desconectado de las necesidades de la sociedad, ya sean las empresas privadas, el Estado o los consumidores.5 Como ha recordado recientemente el economista de la Universidad Católica de Lovaina, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha calculado que el multiplicador del gasto en defensa de la UE, en el marco del programa «Rearm Europe», era solo del 0,5 después de dos años6.

Para el instituto GWS (Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung), pueden generar cierto dinamismo económico a corto plazo, en el momento de la compra de armas, pero sin un impacto significativo a largo plazo.7 El director general de ArcelorMittal Europa, Geert Van Poelvoorde, resume la situación con lucidez: «Suministrar acero para la defensa no es un problema. Mil tanques representan 30 000 toneladas, lo que equivale a tres días de producción en una sola fábrica. Por lo tanto, no, la renovación de la defensa no significa automáticamente la renovación del sector siderúrgico. [TDLR]» 8

Estos estudios también subrayan que incluso estos escasos efectos positivos dependen de varios factores, en particular de la parte del gasto militar que se destinará efectivamente a la industria local en lugar de a las importaciones, así como de la forma en que se financie dicho gasto, en detrimento o no de otras partidas presupuestarias como las infraestructuras o los servicios públicos.

Sin embargo, en la actualidad, una gran parte de los pedidos militares beneficia a países situados fuera de la Unión Europea, en primer lugar a los Estados Unidos. Entre junio de 2022 y junio de 2023, el 78 % del gasto en adquisiciones militares se destinó a proveedores no europeos, de los cuales el 63 % a empresas estadounidenses.9 «Solo tenemos unos años para reforzarnos. Vamos a equiparnos con quien pueda producir rápidamente. Por lo tanto, no vamos a descartar nada. Sin embargo, tras tres años de guerra en Ucrania, hay muchos industriales europeos que aún no han aumentado realmente su capacidad de producción», reconoce el jefe de Defensa belga (CHOD), el general Frederik Vansina. Incluso el diario bursátil L’Echo se muestra preocupado: « Aumentar masivamente las compras de material «made in USA» privaría a la economía europea de una importante fuente de ingresos. Y eso no haría más que prolongar la dependencia militar de Estados Unidos, al tiempo que crearía nuevas dependencias en los planos industrial y tecnológico».10

Segundo problema: estos gastos militares van acompañados de un retorno de la austeridad presupuestaria en Europa, en detrimento de las inversiones sociales y en infraestructuras. Carsten Brzeski, director de macroeconomía mundial de ING, advierte: «Habrá un efecto multiplicador negativo si parte del gasto militar se financia con recortes en otros ámbitos». »11 A corto plazo, el gasto militar no será, por tanto, un motor económico: gran parte de los fondos se destinarán al extranjero, mientras que los recortes en el gasto social y en las inversiones productivas tendrán un impacto negativo en el crecimiento.

A largo plazo, un estudio de Giorgio d’Agostino, J. Paul Dunne y Luca Pieroni, profesores universitarios especializados en el análisis del gasto militar, muestra que el gasto militar tiene incluso un efecto negativo, significativo y persistente sobre el crecimiento económico. Utilizando datos de 83 países entre 1970 y 2014, los autores concluyen que un aumento sostenido del gasto militar reduce el nivel del PIB per cápita, al desviar recursos de inversiones más productivas12. Incluso la RAND Corporation, el think tank vinculado a las fuerzas armadas estadounidenses, reconoce que las inversiones en infraestructuras tienen un efecto multiplicador superior al del gasto militar13. Concluye que un aumento de los presupuestos de defensa en detrimento de las infraestructuras tendrá un impacto negativo en el crecimiento a largo plazo14.

Y, contrariamente a la idea difundida por los belicistas, la industria de la defensa tampoco es el motor del empleo que intentan hacernos creer. Investigaciones realizadas en Estados Unidos muestran que, con el mismo nivel de gasto, sectores civiles como la salud, la educación o las energías limpias generan muchos más puestos de trabajo.15 Un estudio reciente de Greenpeace, Arming Europe (2023), también ha analizado los efectos económicos del aumento de los presupuestos militares entre 2013 y 2023 en Alemania, Italia y España, y llega exactamente a la misma conclusión para Europa16

 Por ello, el economista Thomas Piketty aboga por reorientar las prioridades hacia «el bienestar humano y el desarrollo sostenible», con inversiones masivas en «infraestructuras colectivas (formación, salud, transporte, energía, clima)».17

El mito de los beneficios tecnológicos

El retraso tecnológico de Europa con respecto a Estados Unidos y China representa hoy un desafío existencial. Así lo advierte el exdirector del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, en su informe sobre la competitividad europea: «El cambio tecnológico se acelera rápidamente. (…) La UE va a la zaga en las tecnologías emergentes que impulsarán el crecimiento futuro. [TDLR]»18

Un ámbito emblemático de este retraso es el de las baterías, una tecnología clave e indispensable para la transición industrial. La quiebra de Northvolt es un triste ejemplo de ello. Fundada en 2017 por un antiguo empleado de Tesla, esta start-up sueca debía simbolizar el impulso industrial europeo en el sector de las baterías eléctricas, un sector estratégico ampliamente dominado por Asia. Northvolt se benefició de una financiación privada y pública espectacular (más de 15 000 millones de euros) y puso en marcha una gigafábrica de baterías en Suecia, aclamada en su momento como un modelo de soberanía tecnológica europea. Llegó a contar con 6500 trabajadores. Pero en noviembre de 2024, Northvolt se declaró en quiebra por falta de liquidez, frustrando las ambiciones de la UE y dejando a los contribuyentes europeos con préstamos sin reembolsar. Este fiasco pone de manifiesto las deficiencias estructurales de Europa en materia de innovación industrial. Estas cifras, que parecen impresionantes, adquieren una dimensión completamente diferente cuando se comparan con uno de los gigantes chinos de las baterías, que cuenta con 25 años de experiencia en el sector y da trabajo a cerca de 21 000 (¡!) ingenieros solo en investigación y desarrollo19.

La Unión Europea se encuentra hoy en día a la zaga tecnológica en numerosos ámbitos, como la tecnología digital avanzada, las tecnologías verdes, la conducción autónoma, el 5G y, pronto, el 6G. Su gasto en investigación y desarrollo es muy inferior al de Estados Unidos y China, y sus esfuerzos están dispersos. El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado recientemente un informe en el que alerta sobre el retraso crítico de Europa en materia de microprocesadores. Los microprocesadores, o «chips», son el núcleo de todos los equipos electrónicos, desde los automóviles hasta los teléfonos inteligentes, pasando por los satélites y la inteligencia artificial. La estrategia actual de la Comisión Europea, añade el Tribunal de Cuentas, no será suficiente para recuperar este retraso.20 Unos meses antes, el Tribunal de Cuentas Europeo ya había dado la voz de alarma sobre la falta de inversión en inteligencia artificial.

Ante esta constatación, la Comisión Europea intenta tranquilizarnos afirmando que «un aumento de la inversión en defensa tendría efectos positivos en toda la economía, contribuyendo a la competitividad, la creación de empleo y la innovación en numerosos sectores, desde la aeronáutica hasta la construcción naval, pasando por la siderurgia, el espacio y el transporte, y la inteligencia artificial». [TDLR]»21 El ejemplo más citado para apoyar esta idea es el de Internet, presentado como el fruto de los programas militares estadounidenses.

Este razonamiento no se sostiene y esta estrategia corre el riesgo de agravar aún más nuestro retraso tecnológico en todos estos ámbitos civiles. En su best-seller The Entrepreneurial State, la economista Mariana Mazzucato repasa los orígenes de Internet, financiado en sus inicios por la DARPA, la agencia del Ministerio de Defensa estadounidense22. Mazzucato demuestra que no fue el fin militar de las inversiones lo que resultó determinante, sino el papel estratégico desempeñado por el Estado: financiación de investigaciones a largo plazo, coordinación entre universidades, empresas y laboratorios en torno a proyectos ambiciosos, independientemente de su rentabilidad inmediata. En definitiva, si el antecesor de Internet vio la luz en un contexto militar, fue gracias a una política pública visionaria, y no a la lógica militar en sí misma. Y solo en un marco civil y gracias a la ambición de decenas de miles de investigadores y científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) por difundir rápidamente sus descubrimientos científicos, la forma moderna de Internet pudo desarrollarse a partir de principios de los años noventa.

Por lo tanto, no hay ninguna razón para creer que sea necesario un desvío hacia la inversión en investigación militar. Al contrario, este desvío puede incluso resultar contraproducente, ya que el secreto de defensa frena la difusión de las innovaciones hacia usos civiles. Y, sobre todo, un aumento de los créditos militares se hará en detrimento de la investigación y el desarrollo civiles, con un posible impacto negativo en el volumen global de innovación.

Lejos de las ilusiones sobre los beneficios militares, necesitamos un verdadero plan de inversión pública masiva en las tecnologías civiles del futuro, a escala europea. Sin ello, nuestro retraso tecnológico —y la desindustrialización que lo acompaña— no hará más que agravarse. No tenemos ni un euro que malgastar, ni un solo cerebro que desviar de las prioridades tecnológicas esenciales para dedicarlo a programas militares.

El gasto militar en detrimento de la transición energética, industrial y climática

La militarización de nuestra economía tampoco es una respuesta a la crisis que atraviesan actualmente los sectores más energívoros, como la siderurgia o la química. Desviará los recursos necesarios que deben invertirse en la transición energética. Estos sectores se encuentran atrapados entre el aumento de los costes energéticos y, por diferentes razones, una demanda industrial en declive. Sin una solución estructural a esta doble presión, es todo el futuro industrial del continente el que se pone en peligro23.

La energía es la base de toda actividad económica. Hace funcionar los trenes, calienta los hogares y alimenta las máquinas que producen los bienes que utilizamos a diario. Sin energía abundante y asequible, no es posible la reactivación industrial. Pero hoy en día, Europa se encuentra atrapada en una dependencia problemática: ayer del gas ruso, hoy del gas licuado estadounidense. Una dependencia costosa —concretamente, la energía cuesta entre dos y cuatro veces más en Europa que en Estados Unidos o China24—, inestable y fundamentalmente contraria a las exigencias de la transición climática. Salir de esta dependencia de una energía fósil, cara y contaminante, requiere inversiones masivas en energías renovables.

Para alcanzar sus objetivos en materia de energías renovables, la Unión Europea estima que sería necesario movilizar más de 570 000 millones de euros de inversión al año de aquí a 2030, e incluso 690 000 millones de euros al año durante la década siguiente. Estas colosales sumas deben financiar tanto la producción de energías renovables como las infraestructuras de transporte y almacenamiento y la transformación de las redes25. Sin embargo, en la actualidad, las inversiones apenas alcanzan algo más de la mitad de ese nivel26.

¿Por qué existe tal diferencia entre las necesidades y la realidad? Según el economista y profesor de la Universidad de Uppsala, Brett Christophers, el mercado capitalista es incapaz de responder a este reto. En su libro The Price is Wrong. Why Capitalism Won’t Save the Planet, demuestra que las perspectivas de beneficios a corto plazo en las energías renovables son demasiado escasas e inciertas para atraer capital privado a la altura de las necesidades27. Sin embargo, los planes de la Comisión Europea siguen obstinándose en esta vía: la estrategia sigue centrada en el mercado y en la buena voluntad de las grandes multinacionales energéticas.

Las grandes industrias con alto consumo energético también muestran su escepticismo ante los planes de la Comisión. Aditya Mittal, director general de ArcelorMittal, subraya que los costes energéticos dificultan la viabilidad de los proyectos de descarbonización en Europa: «Sigue siendo esencial abordar los elevados costes energéticos, que dificultan enormemente que la industria avance en proyectos de descarbonización a gran escala». [TDLR]»28 Wouter Remeysen, director general de BASF Antwerpen y presidente de la federación química Essenscia, lamenta por su parte: «Seguimos insatisfechos en lo que respecta al principal punto sensible para la industria: los costes energéticos. Aparte de las compras agrupadas, no veo nada concreto al respecto. [TDLR]»29 Aunque su objetivo es claramente aumentar la presión para obtener más ayudas estatales y subvenciones con el fin de aumentar sus beneficios, el problema energético que plantean no es menos real, y las soluciones propuestas por la Comisión son claramente insuficientes.

A modo de comparación, China ha invertido más que Estados Unidos y la Unión Europea juntos en energías renovables en 2023. Y 2023 no es una excepción: en los últimos diez años, China ha invertido sistemáticamente más que ellos.30 «China, tanto históricamente como en la actualidad, es líder mundial en inversión en energía solar y eólica, tanto en lo que se refiere a centrales solares y eólicas que producen electricidad de forma renovable como a tecnologías de turbinas y células», explica Brett Christophers. Estos resultados «están (…) tan lejos como es posible de los desarrollos guiados por el mercado. No se trata aquí del sector privado identificando oportunidades de inversión, evaluando las perspectivas de rentabilidad y decidiendo —¿invertir o no?— en consecuencia. Se trata del Estado, (…) movilizando todos los recursos necesarios a su alcance para garantizar que cumplirá sus compromisos [TDLR]», continúa el profesor de la Universidad de Uppsala.

Responder a este reto energético es una condición sine qua non para relanzar nuestra industria, reducir nuestra dependencia energética y cumplir nuestros compromisos climáticos. Las inversiones en infraestructuras energéticas también ofrecerían importantes oportunidades para nuestra industria. La transición energética —desde la construcción de capacidades de producción de energía renovable hasta el almacenamiento de energía, pasando por las infraestructuras de transporte y sin olvidar todo lo relacionado con el aislamiento de los edificios— requiere volúmenes considerables de materiales, componentes y tecnologías, lo que abre importantes perspectivas industriales para la siderurgia, la química y todo el tejido industrial.

Un estudio del FMI, que también incluye a países europeos, muestra que las inversiones en energías renovables tienen un elevado efecto multiplicador: una inversión equivalente al 1 % del PIB genera un aumento del PIB total de entre el 1,11 % y el 1,54 % en los años siguientes, es decir, más del doble que un gasto equivalente en armamento. Esta eficacia se explica, en particular, por el hecho de que las energías renovables generan más empleo local, estimulan más la economía interior y dependen menos de las importaciones.31

Esto requiere salir del dogma del mercado y recuperar el control del sector energético para invertir masivamente. Pero cada euro destinado a la industria militar es un euro que falta para estas inversiones vitales. No se puede construir una industria sólida sobre la base del gasto militar. Porque no habrá un continente fuerte sin una base industrial sólida, y no habrá una industria fuerte sin energía barata, verde y abundante.

Una guerra social contra los trabajadores

En toda Europa, los gobiernos están abriendo el grifo para inflar los presupuestos militares. En Bélgica, la coalición gubernamental denominada «Arizona» decidió en un acuerdo alcanzado en abril aumentar el presupuesto militar en 4000 millones de euros adicionales al año, con el fin de alcanzar la norma del 2 % del PIB impuesta por la OTAN. Lo que llama la atención es la facilidad con la que de repente se han «encontrado» estos miles de millones, cuando desde hace años se nos repite que «el presupuesto es ajustado», que «no hay dinero» para las pensiones, la sanidad, la educación o la vivienda.

Y esto es solo el principio. En la cumbre de la OTAN que se celebrará en La Haya en junio, el objetivo es volver a aumentar el gasto militar, muy por encima del 2 % del PIB. Estados Unidos propone un 5 % y habla de «un rápido aumento, de más del doble [TDLR]». Mark Rutte, secretario general de la OTAN, fija el listón en «muy por encima del 3 %, que es realmente el mínimo absoluto. [TDLR]»32 Y en nuestro país, el ministro de Defensa, Theo Francken, es claro: «Hemos acordado en el Gobierno que también debemos alcanzar este objetivo más ambicioso. [TDLR]». «La única pregunta es la siguiente: ¿deberemos pasar pronto, según la OTAN, al 3 % en cinco años? ¿O al 3,5 % en diez años? [TDLR] »33

La cuestión es «solo» a qué ritmo deben realizarse las inversiones militares. Por lo demás, no se permite ningún debate sobre unas sumas que, sin embargo, son colosales. El 3 % del PIB representaría cerca de 18 000 millones al año para Bélgica. Se trata de una cantidad comparable a las inversiones anuales adicionales necesarias para llevar a cabo la transición climática en Bélgica.34

¿Quién va a pagar el aumento de estos presupuestos? Para Mark Rutte, secretario general de la OTAN, la respuesta parece obvia: «De media, los países europeos dedican hasta una cuarta parte de sus ingresos nacionales a las pensiones, la sanidad y la seguridad social. Solo necesitamos una pequeña parte de ese dinero para reforzar considerablemente nuestra defensa. [TDLR]»35. Según el economista Geert Peersman, aplicar la norma del 3,5 % del PIB en gastos militares supondría para Bélgica una reducción de las pensiones del 20 %.36

El ministro de Defensa, Theo Francken, es claro sobre la sociedad hacia la que quiere avanzar: «Durante años nos hemos burlado de los estadounidenses por su pobreza, sus adicciones, su falta de red social o el hecho de que hay que pagar 1000 dólares al dentista. No queríamos vivir allí porque dedicaban todo su dinero a la seguridad dura. Por supuesto, es mucho más agradable gastar dinero en pensiones, desempleo, un sistema sanitario cubano en el que se puede salir de la farmacia con una gran bolsa de medicamentos por 13 euros. Pero, al final, ¿quién tiene razón? [TDLR] »37. En Alemania se está hablando de restringir los derechos sociales, permitir la requisa de personal y aumentar la jornada laboral en los sectores afectados por la militarización38. En Bélgica, en vísperas de la huelga del 31 de marzo, la diputada de Vooruit Jinnih Beels publicó un artículo en la revista nacionalista de derecha Doorbraak para cuestionar esta huelga en nombre del peligro de guerra y la urgencia geopolítica39.

La militarización es una elección social brutal y una guerra social contra la clase trabajadora. Instrumentalizando el miedo a la guerra, el Gobierno quiere imponer una terapia de choque para destruir la seguridad social y someter a la clase trabajadora.

Reindustrializar Europa en lugar de militarizarla

La crisis de la industria europea se explica por los precios excesivos de la energía, el retraso tecnológico, la escasa demanda y las multinacionales que se niegan a invertir en la industria del futuro para proteger los dividendos de sus accionistas. La desindustrialización ya está en marcha. Y, como hemos visto, no es la militarización de la economía lo que va a detener este proceso.

Como explicábamos en un artículo anterior, «La industria es nuestra»: nueve principios para salvar la industria en Europa40: «Durante varias décadas, la Unión Europea no ha aplicado una política industrial voluntarista destinada a reforzar los sectores industriales estratégicos. En su lugar, ha dejado el desarrollo industrial en manos del mercado. Con la estrategia de Lisboa en la década de 2000, la UE dio prioridad a la competitividad a través del libre comercio, la desregulación del mercado laboral, la privatización y la desregulación. A partir de la década de 2010, el énfasis en la austeridad ha provocado una década de estancamiento y de inversión pública insuficiente. Europa se ha convertido en una potencia en declive, acumulando cada vez más retraso con respecto a Estados Unidos y superada entretanto por China».

Hoy en día, la Comisión Europea nos lleva de un callejón sin salida a otro: tras el fracaso del «todo al mercado», nos arrastra al del «todo a la guerra». La ruptura con el gas ruso, sustituido por el gas de esquisto estadounidense, mucho más caro, ha sumido a la industria europea en la crisis. La continuación de la guerra y la huida hacia adelante en la militarización no harán más que agravar esta situación. Con los planes de militarización de la economía, las cotizaciones bursátiles de las empresas del sector de la defensa, como Rheinmetall, Dassault, BAE Systems, Leonardo, Thales y Saab, se disparan en las principales bolsas europeas41. Pero, como hemos visto, los beneficios de los mercaderes de armas se obtienen a costa de la clase trabajadora y sacrifican el desarrollo de nuestra industria.

Militarizar nuestra economía conduce a la guerra o a la crisis y, en ambos casos, al declive de la industria. A la crisis porque sin guerra no hay salidas sostenibles. A la guerra porque es el único medio de evitar la crisis del sector. Y, finalmente, al declive de toda nuestra industria, ya que el gasto militar se realiza en detrimento de otras inversiones estratégicas para nuestra industria.

Es hora de cambiar de rumbo. Reindustrializar Europa en lugar de militarizarla no es solo una posibilidad: es una necesidad. Esta elección va mucho más allá de la mera cuestión industrial. Es una elección de sociedad. ¿Queremos que los trabajadores y trabajadoras de Europa construyan paneles solares, aerogeneradores, viviendas ecológicas, la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo? ¿O prefieren verlos fabricar armas destinadas a matar y destruir? ¿Quieren invertir el dinero público para salvar el clima, crear empleos útiles, garantizar una atención sanitaria accesible y pensiones dignas? ¿O quieren malgastarlo en la compra de F-35 y en la expansión de un complejo militar-industrial que solo prospera en tiempos de guerra?

Esta es la elección fundamental que se plantea hoy, y es radicalmente opuesta a la que quieren imponernos la Comisión Europea y el Gobierno de Arizona. Las inversiones de hoy determinarán el mundo en el que viviremos mañana y el que dejaremos a nuestros hijos.

La industria europea no se salvará con la lógica de la «economía de guerra». Esta estrategia no es más que un peligroso espejismo: arruinaría las finanzas públicas, no reactivaría la demanda, no colmaría nuestro retraso tecnológico ni nuestra desventaja energética, y correría el riesgo de encerrar a Europa en una espiral de conflictos.

Por el contrario, una política industrial pensada a largo plazo y planificada democráticamente con las trabajadoras y los trabajadores puede responder a las urgencias económicas, sociales y climáticas. Este es el camino que debemos seguir si queremos una industria al servicio de las personas, y no del beneficio y los belicistas."

(Max Vancauwenberge  , Benjamin Pestieau, LVSL, 27/06/25, traducción DEEPL, notas en el original)