Stuart Medina Miltimore: La financiación autonómica desde la Teoría Monetaria Moderna

 "Propuestas de hacienda funcional frente al desconcierto fiscal

 No hay notica política procedente de Cataluña que no despierte pasiones nacionales. Ha ocurrido de nuevo con el preacuerdo entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Partit del Socialistes de Catalunya para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. En el preacuerdo de gobierno se prevé un sistema tributario, muy parecido al concierto de País Vasco y Navarra, donde la “Generalitat gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados por Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa”. La “aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña y la aportación a la solidaridad… a través un porcentaje de participación en los tributos”, una especie de “cupo” catalán como el que se calcula de forma un tanto opaca para País Vasco y Navarra.

Las reacciones sobre la ruptura de la solidaridad no se han hecho esperar. El PP ha hablado de un “golpe de Estado fiscal”. Los barones socialistas se han opuesto al acuerdo denunciándolo como un atentado a la igualdad. Estas reacciones viscerales sólo tienen sentido desde el punto de vista neoclásico de los impuestos, donde estos son necesarios para financiar el gobierno. Pero esta perspectiva de los impuestos procede de la época del patrón oro, sistema monetario superado hace ya décadas, y está obsoleta.

Analizar el preacuerdo desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna (TMM) puede ayudar a serenar el debate. También contribuye a mitigar los históricos sentimientos de agravio comparativo que tanto han envenenado los debates sobre la financiación autonómica y que llegaron al paroxismo con la desafortunada expresión «Espanya ens roba».

Revisando la función de los impuestos desde la perspectiva de la TMM

Empecemos por una comprensión sobre la función de los tributos en un sistema de moneda fiduciaria. Primera sorpresa: estos no financian el gasto público. El Estado tiene necesidad de aprovisionarse y lo hace entregando, su moneda, es decir, créditos fiscales a sus proveedores y trabajadores. El Estado emite una moneda que aceptamos porque la necesitamos para pagar nuestra deuda tributaria. Por tanto la TMM invierte la secuencia tributaria: el Estado tiene que entregar a los ciudadanos aquello que sirve para pagar los impuestos antes de que podamos hacerlo. Los impuestos también sirven para mejorar la distribución al cancelar poder adquisitivo entre los más adinerados aunque nuestro escasamente progresivo sistema tributario apenas consigue tal efecto.

Esta perspectiva nos permite entender el enfoque de la hacienda funcional. Frente a la visión de que un Estado debe equilibrar sus cuentas públicas, que inspira tanto los tratados de la UE como la reforma del artículo 135 de la Constitución, se impone la alternativa de que debemos equilibrar la economía. En otras palabras, el gobierno debe reducir los impuestos o aumentar el gasto público cuando el desempleo es alto. El gobierno debe aumentar los impuestos o bajar el gasto público en la situación —hogaño casi milagrosa por infrecuente— de que un alto nivel de empleo pueda desencadenar un episodio de inflación. Desde esta perspectiva, el déficit fiscal es una variable residual que resulta de las políticas que equilibran la economía.

Identidad de saldos sectoriales

Otro concepto relevante es la ‘identidad de saldos sectoriales’. Todo pasivo financiero es necesariamente el activo financiero de otra persona. Por tanto, la suma de todos los activos financieros de la economía es idéntica a la de todos los pasivos financieros. Si dividimos la economía entre el sector público y el sector privado entonces la deuda pública es, por identidad contable, el ahorro financiero neto del sector privado. Si seccionamos la economía en tres sectores, público, privado doméstico y resto del mundo, encontraremos que la suma de sus posiciones financieras netas es exactamente igual a cero. Esta identidad se refleja en la ilustración facilitada a continuación cuya simetría se deriva de esta identidad. Ergo, si un territorio tiene un superávit comercial con el resto del mundo, entonces está adquiriendo activos financieros que son un pasivo financiero para el resto del mundo. Estos activos normalmente serán devengados por el sector privado doméstico.

En cambio, si un territorio tiene un déficit comercial entonces está generando pasivos financieros para el resto del mundo. Si pretendemos que su gobierno tenga un superávit fiscal, esto resultará en un creciente endeudamiento del sector privado doméstico tanto con el gobierno como con el resto del mundo. Es una posición financiera peligrosa, como la que vivió la España de Zapatero con el celebrado superávit fiscal que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria. Es crucial advertir que la posición financiera normal del gobierno es deficitaria porque el sector privado desea acumular moneda del Estado.

Soberanía monetaria

Por último, hay que mencionar el concepto de no convertibilidad. El emisor de una divisa que no incorpora la promesa de convertirla a oro o a otra divisa a un precio determinado ni emite deuda denominada en la divisa de otra potencia jamás será insolvente. En cambio, una administración local no emite su propia moneda divisa y por tanto tiene que conseguirla vía impuestos o deuda para financiar su gasto público.

La no convertibilidad de una divisa bajo régimen flotante es una situación envidiable. Desafortunadamente, la situación de España, desde su entrada en el Sistema Monetario Europeo primero y en el euro después, es ambigua. Por una parte es uno de los 18 estados emisores del euro, una divisa no convertible. Por otra parte el Estado español ha aceptado someterse a reglas de déficit y deuda completamente disfuncionales que limitan su capacidad de aplicar políticas fiscales discrecionales de carácter anticíclico. Esta situación complicará el análisis del “concierto” propuesto para Cataluña pero es crucial para entender la posición que desarrollaré a continuación.

¿Solidarios o insolidarios?

El concierto —llámame mentiroso, Montero—, que ahora se pretende trasladar a Cataluña ¿equivale a menos solidaridad de los catalanes con el resto de España? Desde el punto de vista de los ciudadanos de Cataluña la situación apenas cambia: los impuestos seguirán destruyendo su poder de compra y no irán destinados a financiar nada. Ignoramos si los catalanes se beneficiarán de alguna reducción impositiva por vivir bajo un régimen de concierto fiscal pero pensemos que algunas comunidades autónomas sometidas al régimen común, como Madrid, han eliminado de facto el impuesto sobre el patrimonio, una medida tributaria regresiva que beneficia a las grandes fortunas, mientras que el País Vasco no lo ha hecho. Así pues, nada garantiza que los catalanes vayan a pagar menos impuestos. En cualquier caso ningún ciudadano es más solidario que otro por pagar los tributos que la ley les exige. Los catalanes y madrileños en promedio pagan más que los extremeños o castellano manchegos simplemente porque tienen en promedio mayor nivel de renta.

Tampoco el pago de un “cupo” al Estado nos dice nada acerca de la supuesta solidaridad o insolidaridad de los vascos y navarros ya que esas transferencias al Estado suponen la cancelación de esos créditos fiscales. El cupo no financia nada.

Desde el punto de vista del gasto, ¿mejorará el nivel de prestaciones que reciban los ciudadanos de Cataluña? Hay una queja histórica de infracinanciación de la Comunidad Autónoma. Si examinamos  la ejecución del gasto público por las comunidades autónomas existe evidencia de que los ciudadanos que viven en los territorios forales se han beneficiado de mayores niveles de gasto. Esto puede deberse a preferencias ideológicas en la composición del gasto público de las administraciones autonómicas. Pero también puede deberse a que la financiación per cápita que han conseguido el País Vasco y Navarra es muy superior a la que el Estado ha facilitado a los territorios de régimen común. Pero Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura, comunidades autónomas dentro del régimen común, han podido ejecutar un nivel de gasto público per cápita muy superior al de Madrid. Estos datos cuestionan el relato victimista de los nacionalistas catalanes. El contraste entra Navarra y Madrid es sonrojante, casi el doble de gasto per cápita para la primera.

Sin embargo, considero que este es el resultado inevitable de las políticas impuestas por nuestra pertenencia a una unión monetaria con un fuerte sesgo hacia la austeridad fiscal. El Estado podría haber transferido mayores cantidades a todas las comunidades autónomas para asegurar mayores niveles de bienestar y equilibrio territorial si su actuación fiscal no hubiese estado sometido a reglas fiscales absurdas. Los altísimos niveles de desempleo que padecemos indican que contamos con un amplísimo espacio fiscal para hacerlo.

Uniones monetarias sin uniones fiscales

El preacuerdo propone  un cambio metodológico en la financiación de Cataluña. Bajo un “concierto” la financiación de la administración pública catalana ya no dependería de una transferencia desde el Estado sino de la cesión de créditos fiscales que hasta ahora los ciudadanos catalanes entregaban a la AEAT. El presupuesto disponible para la Generalitat podría resultar en mayores recursos bajo un régimen de concierto aunque los cálculos dependerán del ciclo económico, del importe del “cupo” catalán acordado y de las competencias que retenga el Estado que impliquen ejecución de gasto público en Cataluña.

Conviene advertir que el modelo no está exento de riesgos para los territorios que operan bajo un régimen de concierto en caso de crisis económica. Para entender esto pensemos que el régimen de concierto, llevado al extremo, es un antecedente de unión monetaria sin unión fiscal, como el euro. De hecho, al igual que en la zona euro, se imponen reglas de gasto, déficit y deuda que una comisión integrada por el Estado y los gobiernos vasco y navarro acuerdan de forma opaca y sin debate democrático.

En la zona euro no existe ninguna instancia federal capaz de ejecutar gasto público que pueda dirigirse de forma discrecional hacia una región que sufre un shock asimétrico. Hasta que el BCE se mostró dispuesto a comprar deuda emitida por los estados, eso suponía que solo había una salida posible a una crisis asimétrica como la que sufrió el Sur de Europa a partir de 2009: austeridad y devaluación interna.

En el caso de País Vasco y Navarra, y, en el futuro, Cataluña, una crisis económica podría provocar una caída de la recaudación. Como son regiones sin capacidad de emitir moneda, una caída de la recaudación implica riesgo de insolvencia e impago de su deuda pública y por consiguiente una fuerte presión para reducir el déficit público recortando prestaciones y gasto público. Tal fue la experiencia de Puerto Rico o de los países del Sur de Europa en la UE entre 2010 y 2012. Durante la reciente epidemia de COVID-19 País Vasco y Navarra fueron las comunidades autónomas que sufrieron las mayores caídas en sus ingresos. Como explica el Informe de la AIReF sobre Ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2020 la

“caída de ingresos por la crisis, que podría suponer entre 3 décimas y cerca de 1,5 puntos en las CC.AA. de régimen común, y se espera muy superior en las de régimen foral.”

En los territorios de régimen común el Estado no podía dejar de realizar las transferencias comprometidas en los presupuestos generales del Estado. Afortunadamente para el País Vasco y Navarra, el Estado “toleró” mayores niveles de déficit en estos territorios gracias a la suspensión de las reglas de gasto y déficit decretada en la zona euro. Pero, ante una grave epidemia, los incrementos de gasto público de esas administraciones fueron demasiado tímidos, sin duda lastrados por un excesivo conservadurismo fiscal de las administraciones públicas vascas y la caída en los ingresos corrientes que podrían comprometer la calificación de la deuda pública vasca. Por tanto la extensión del sistema de concierto conlleva un fuerte riesgo de imprimir un sesgo procíclido al gasto público si no modificamos el actual marco institucional de hacienda “responsable”.

Afortunadamente sí existen políticas de gasto público ejercidas desde el Estado y una instancia fiscal “federal”, la Seguridad Social. En caso de una crisis económica en esos territorios las transferencias del resto del Estado en forma de pensiones de jubilación y otras prestaciones como las del desempleo pueden ejercer un efecto anticíclico. Los nacionalistas, imprudentemente salvo que quisieran establecer su propia divisa, llevan años pidiendo la transferencia de la Seguridad Social. Además el concierto hasta ahora ha sido sostenible para las administraciones locales vascas y navarra porque el gasto territorializado, incluyendo las transferencias de la Seguridad Social, ha sido favorable al País Vasco.

Esta función fiscal anticíclica que puede ejercer el Estado central sigue existiendo pese a que ha estado reiteradamente en riesgo porque la zona euro carece de un banco central que actúe como debe. Si el BCE se niega a comprar nuestra deuda la capacidad del Estado de acudir con una política discrecional en apoyo de las administraciones que operan bajo el régimen del concierto la función anticíclica está periclitada. En 2024, por ejemplo, el BCE ha dejado de actuar como comprador de último recurso de nuestra deuda pública y eso limita la capacidad de nuestro estado en caso de que se produzca una crisis económica.

Mercantilismo autonómico

Existe otra razón que explica la sostenibilidad de las haciendas vascas y navarra. Se deriva del análisis de saldos sectoriales y su relación con el comercio internacional e interregional. Estas regiones cuentan con un fuerte tejido industrial lo cual implica que seguramente han mantenido un superávit por cuenta corriente positivo durante años. Es decir, el empresario y el ahorrador vasco han conseguido acceder a activos financieros creados por otras administraciones públicas. Las administraciones forales, con su reducido nivel de déficit público, no habrían podido hacerlo en igual medida. El modelo del concierto, como el euro para Alemania, es favorable para economías netamente exportadores: el resto del mundo les suministramos los activos financieros en las que sus clases pudientes quieren mantener sus ahorros. Más les vale a Euskadi y Navarra evitar un déficit comercial porque entonces la capacidad del sector privado para acumular ahorro financiero empezará a disiparse con celeridad. Cataluña tiene también un fuerte tejido industrial que seguramente haga posible al sector privado catalán acceder a ahorro financiero neto a través de las exportaciones al resto de España. Esto puede parecer positivo para catalanes, vascos y navarros pero en realidad es un infortunio: sus ciudadanos están entregando el fruto de su esfuerzo a los ciudadanos de otros territorios a cambio de que sus capitalistas puedan acumular mayores beneficios.

 En conclusión

Así pues, una comprensión de la teoría monetaria moderna nos permite varias cosas.

• No podemos afirmar nada acerca de la supuesta insolidaridad de los ciudadanos del País Vasco, Cataluña y Navarra con los del resto del Estado. Estas valoraciones carecen totalmente de sentido.
• Existen discriminaciones por el lado de las prestaciones que reciben los ciudadanos de sus gobiernos autonómicos pero esto tiene poco que ver con el régimen tributario. El Estado podría haber implantado un sistema de financiación autonómica más generoso y equilibrado de no haber primado los criterios arbitrarios sobre reglas de gasto y déficit que nos impone la pertenencia a la zona euro. Las altísimas tasas de desempleo españolas nos informan de que el Estado disponía de un amplísimo espacio fiscal para hacerlo.
• Nos obliga a hacer preguntas acerca de la sostenibilidad de ese modelo e identifica algunos riesgos para el caso de una crisis asimétrica. Permitir que cada vez más comunidades autónomas —recordemos que sin capacidad de emisión monetaria— asuman toda la recaudación puede imprimir una mayor volatilidad de carácter procíclico a la ejecución del gasto público.
• Todo lo anterior nos plantea la necesidad de que una instancia federal o central tenga las herramientas para asegurarle a la ciudadanía el máximo nivel de bienestar y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Algunas propuestas modestas

En base a mi comprensión de la TMM me permito hacer las siguientes propuestas para salir del desconcierto fiscal en el que nos ha metido la perspectiva neoclásica sobre los impuestos.

1. Establecer unas reglas tributarias con tipos impositivos mínimos que impidan la competencia fiscal a la baja. En la UE tal acuerdo existe sobre el papel pero no en la práctica. Países como Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, de facto o de iure, aplican tipos impositivos reducidos a las grandes sociedades mercantiles. Parece justo exigir un mínimo de lealtad en un territorio en el que se protege el derecho a mover capitales libremente.
2. Garantizar un mínimo nivel de bienestar en todo el Estado mediante un paquete de prestaciones para los ciudadanos con independencia del territorio en el que vivan. Podría incluir un plan de empleo garantizado o de transición, un estándar mínimo de prestaciones de salud, un sistema educativo bien financiado y un parque público de vivienda de alquiler social.
3. Necesitamos alguna instancia “federal” capaz de aumentar los impuestos si fuera menester para ampliar el espacio fiscal del Estado. Por ejemplo podría ser necesario liberar recursos reales para dedicarlos a un plan ambicioso de transición energética. Aunque soy muy crítico con el carácter profundamente regresivo de las cotizaciones, mantendría la Seguridad Social como competencia del Estado. Mi propuesta sería que el Estado tuviera capacidad de implantar un tributo sobre el patrimonio en todos los territorios.
4. Exigir un marco institucional que no limite la capacidad de gasto público del Estado para poder aplicar políticas de gasto discrecionales dirigidas en caso de crisis económica. Personalmente prefiero la salida del euro y recuperar la peseta pero un acuerdo con los otros estados miembros de la UE que obligara al BCE a actuar como comprador de último recurso de nuestra deuda pública también valdría (les deseo suerte negociando con nuestros socios del Norte).
5. Un programa de inversiones públicas para revitalizar la España que se está quedando atrás —las dos Castillas, Asturias, Canarias partes de Aragón, Galicia y Extremadura—, que podría incluir, entre otras ideas, la recuperación de las cajas de ahorro o la creación de otra tipología de entidades de crédito local, el fortalecimiento de la red ferroviaria de media distancia, la revitalización de las oficinas de Correos y un acuerdo para el impulso del sistema nacional de ciencia con centros ubicados por todo el territorio.

Desde la perspectiva de la TMM y con un programa que garantizase estos mínimos no habría ningún obstáculo a extender el sistema del concierto a todas las comunidades autónomas. Además el rencor sobre agravios comparativos y comunidades infrafinanciadas desaparecería. De hecho la publicación de saldos fiscales territorializados dejaría de tener interés. Sería mejor olvidarse de ellos y dejar de publicarlos.

Por último, recordemos que esta sensación de agravio de los catalanes y de otras regiones de España no habría surgido sin la política de austeridad permanente que nos ha impuesto nuestra pertenencia a la zona euro."      (Stuart Medina Miltimore, blog, 05/09/24)

Las autonomías no van a cumplir con el déficit

"En el informe hemos  utilizado estos presupuestos para hacer una primera estimación del déficit en 2012.  Como paso previo hemos elaborado un índice de ejecución media (ejecución presupuestaria/ presupuesto inicial) tanto de los ingresos como de los gastos para el periodo 2008-2011. 

Para los ingresos, según la experiencia de los últimos años, este índice en media se sitúa en el 93%  mientras que para los gastos es del 99%. Posteriormente, al igual que hicimos en el anterior informe, hemos calculado el déficit en términos de Contabilidad Nacional, que es el que vale a efectos del cumplimiento del OEP, es decir, para Bruselas.

 Es decir, de confirmarse nuestras estimaciones, las CCAA no van a cumplir nuevamente sus compromisos. (...)

En definitiva, tal como pusimos de relieve en el anterior post es mucho lo que nos jugamos, y la reputación de nuestra consolidación fiscal no se puede permitir que las CCAA vuelvan a incumplir sus compromisos."              (Nada es gratis, 04/05/2012)

Los hooligans del PP... o como el gobierno acaba con la confianza en España en un plis-plas

"Leyendo hoy el Confi, da la impresión de que algunos miembros del gobierno y del PP actúan como hooligans, tirando piedras, sembrando pánico, destrozando instituciones y confianza, y no dejando nada tras de sí:

- En la peor semana de la crisis, el gobierno quería suspender a Andalucía y crear un nuevo foco de atención en España.  ("Cataluña convenció a Montoro: Andalucía no podía suspender o sería letal para España" (El confidencial, 18/05/2012)

- Por otro lado, en un alarde de Chavismo y Peronismo, las críticas a Andalucía desde el PP no son por recortar poco, no, son por recortar ¡¡¡¡¡demasiado!!!!!!  Arenas critica el recortazo por que supone ”  ("Arenas dice que el "recortazo" supondrá "menos gasto social e inversión, otro ataque a los funcionarios y más impuestos". Afirma que se ha desvelado "parte de la agenda oculta del bipartito", 20minuros.es, 15/05/2012), ”van a seguir el mismo camino y la misma política que José Luis Rodríguez Zapatero: menos gasto social, otro ataque a los funcionarios, menos inversión y más impuestos”.

 Pero bueno, ¿este señor está bien de la cabeza, o le falta un tornillo? Estos señores, ¿han leído algún periódico (sección económica, si es posible) en los últimos 5 años?  (...)

- Como hay dudas sobre el sistema financiero español, vamos a decirle al mundo que el Banco de España no es de fiar, vamos a anunciar que vamos intervenir una entidad sistémica que es el 30% del PIB sin saber que vamos a hacer con ella durante una smana, y vamos a hacer valoraciones externas de la banca sin saber de donde vamos a sacar el dinero si “descubren” un agujero de por ejemplo 150,000 millones.

- Como la confianza en las instituciones y los partidos en España por los ciudadanos es tan alta, vamos a eliminar la independencia de RTVE y luego ya acabaremos con la del Banco de España, que lo de quitarle parte de su independencia con los últimos  dos gobernadores ex-políticos y sin experiencia en supervisión o política monetaria nos ha funcionado estupendamente con lo bien que han cortado la burbuja a pesar de molestar a sus ex-jefes y compañeros."        (Nada es gratis, 18/05/2012)

"Pero no hay garantía de que esos ahorros se dediquen a Sanidad y no a otras partidas (o sea, a los chiringuitos autonómicos)"

"Además, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera [donde están representados el ministerio y las consejerías de Hacienda] se acordó crear una línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con unos tipos de interés muy ventajosos para pagar a los proveedores, así que la Junta puede acudir a ella.

P. Pero no hay garantía de que esos ahorros se dediquen a Sanidad y no a otras partidas.

R. Por eso la ministra de Sanidad lo que ha solicitado es que los 2.400 millones que se espera que ahorren las nuevas medidas se queden en el presupuesto sanitario, porque el pago a los proveedores es prioritario. Y, dentro de todos ellos, la farmacia, que es un puntal básico del funcionamiento del sistema nacional de salud." (El País, ed. Galicia, 13/08/2011, p. 28)

Zapatero se acerca al precipicio... de la deuda autonómica... y cae al vacío

"El Gobierno deja a todas las autonomías refinanciar su deuda como a Cataluña.

La excepción concedida a Cataluña para hacer frente a su deuda se extenderá al resto de comunidades que cumplan los requisitos. El Ministerio de Hacienda permitirá a todas las comunidades que han superado los objetivos de déficit refinanciar los vencimientos de la deuda que se produzcan este año, según aseguran fuentes de este departamento.

Esa fue la promesa -y no la de emitir deuda nueva- que el presidente del Gobierno le hizo al de la Generalitat en la reunión que mantuvieron en La Moncloa. Consciente de la rebelión autonómica que ha desatado una decisión que en principio se entendía solo para Cataluña, Hacienda ha precisado que la norma se aplicará a todas las incumplidoras." (El País, 08/02/2011)

"Zapatero permite mayor deuda a la Generalitat de Mas.

Las obligaciones del Ejecutivo catalán con los bancos a corto plazo son tan importantes que la Generalitat no tendrá que esperar ni a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para emitir nueva deuda y aliviar sus pagos.

En este consejo debe aprobarse el plan de viabilidad presentado por la Generalitat la semana pasada, pero, antes de obtener el visto bueno de este organismo, Mas espera emitir ya "entre 2.000 y 2.500 millones de euros" de deuda a largo plazo. Las cifras posteriores no se concretaron ayer, pero la Generalitat debe afrontar pagos este año por 10.000 millones y quiere rehuir los costosos bonos a corto plazo." (El País, 08/02/2011, p. 16)

"La Generalitat de Cataluña ha puesto hoy cifras a sus necesidades de endeudamiento después de haber logrado la autorización del Gobierno central para refinanciar sus deudas. Serán "entre 4.000 y 5.000 millones de euros", según el presidente de la Generalitat, Artur Mas, una cifra que el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell ha matizado después a la baja hasta dejarla en 4.600 millones. En cualquier caso el presidente catalán ha reiterado que la autorización obtenida del Gobierno, extendida después al resto de comunidades, no es un "privilegio", sino "lo que le corresponde a Cataluña". (El País, 09/02/2011)

El Gobierno plantea suprimir servicios duplicados en las tres Administraciones

"La crisis económica ha deteriorado la imagen de las autonomías en la opinión pública y ha destapado el malestar de los españoles ante el excesivo gasto de las distintas Administraciones, que ahora atraviesan una pésima situación financiera con tres comunidades (Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña) cuyo déficit les impedirá endeudarse a largo plazo y otras que emiten deuda pública a un elevadísimo interés para tener liquidez con que pagar a sus proveedores.(...)

El informe defiende la necesidad de reducir cargas administrativas y eliminar duplicidades que se producen entre Administraciones que prestan el mismo servico.

Entre las medidas que planea abordar el Gobierno destaca la unificación de licencias como las de caza, las de transporte o el etiquetado de mercancías. También propiciará la coordinación entre las comunidades en políticas activas de empleo, servicios de empleo y de formación y agilizará los trámites para crear empresas. (...)

El Gobierno defiende que las comunidades pongan freno a gastos derivados de las televisiones autonómicas, todas ellas con un alto déficit y costeadas por dinero público, o en su representación exterior. Pero el Ejecutivo no puede imponerlas porque son competencias de las autonomías.

Como a todas las instituciones políticas, la recesión económica ha pasado factura al Estado de las Autonomías. Ha bajado en 19 puntos, del 74% al 55%, la adhesión al Estado autonómico, de 2005 a 2010, y ha aumentado la desafección en 14 puntos, de 16 a 30, en el mismo periodo de tiempo.

Este cambio de percepción está vinculado a la impotencia del Estado de las autonomías ante la crisis y a una exigencia de austeridad a las Administraciones públicas (...)

También resulta relevante la valoración sobre los aspectos más positivos y negativos del modelo autonómico. Lo más valorado es la cercanía de las Administraciones al ciudadano (54%); la capacidad de elegir representantes (24%) y la defensa de la identidad de cada territorio (15%).

En cuanto a los aspectos negativos, el informe subraya que en una etapa de crisis económica parecen más resaltados: la descoordinación entre los distintos niveles de gobierno; el partidismo en las relaciones intergubernamentales y la percepción de que el sistema resulta demasiado costoso, debido al aumento de cargos públicos y la excesiva burocratización, así como de cierta proclividad al despilfarro de recursos, amparado en la mayor dificultad de controlar." (El País, 24/01/201)

El despilfarro y un crac inmobiliario han hundido a Murcia

"Murcia fue durante muchos años un modelo para el PP por su crecimiento. Sin embargo, en dos años, y en paralelo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se ha convertido en una comunidad con muchos problemas para pagar a sus proveedores y con un déficit muy alto.

El presidente Ramón Luis Valcárcel se ha visto obligado a recortar para que el Gobierno central le autorice a endeudarse en otros 500 millones. Si no, no podría pagar a proveedores. (...)

En la suma de impuestos directos e indirectos se habría pasado de 2.300 millones en 2007 a 1.500 en 2010. (...)

Tanto Daniel Bueno, de CC OO, como Antonio Jiménez, de UGT, insisten en que Valcárcel debería subir impuestos a las rentas altas, como han hecho otras comunidades gobernadas por el PSOE, y eliminar las exenciones al impuesto de sucesiones. Valcárcel se niega. (...)

La oposición habla de despilfarro y de falta de previsión en estos años. Se citan ejemplos simbólicos. Entre ellos, la televisión autonómica, que desde su creación en 2005 cuesta unos 40 millones de euros a las arcas públicas cada año y supone importantes ingresos para los grupos privados que la gestionan.

Una de las consejerías que se toman como ejemplo de despilfarro es precisamente la de Cultura, la del agredido. Los datos del PSOE señalan que campañas como el Murcia No Typical (3 millones) el festival SOS (2,5 millones), Manifesta (4,5 millones) o cuatro conciertos de la MTV (4,4 millones) son un dispendio para una comunidad pequeña en época de crisis. (...)

Pero en lo que insisten tanto el PSOE como los sindicatos es en el despilfarro del gasto sanitario por mala gestión. Los socialistas hablan de 3.000 millones en gasto farmacéutico desde 2002.

Sobre todo, dicen, porque Murcia, al contrario que otras comunidades, no ha implementado el uso de genéricos, mientras otras autonomías superan el 40%, dicen, Murcia sigue por debajo del 10%. Se podrían ahorrar ahí hasta 90 millones anuales, asegura el PSOE.

El recorte que ha incendiado la política murciana es de 300 millones." (El País, 18/01/2011, p. 11)

Las comunidades sufrirán déficits récords en 2010

"En tiempos difíciles, toca apretarse el cinturón. A todo el mundo. Standard & Poor's advierte que las comunidades autónomas "registrarán en 2010 el peor desempeño presupuestario de la historia reciente" y asegura que, de mantener esa tendencia, harán más difícil que España cumpla sus compromisos con la Unión Europea para estabilizar sus finanzas públicas.

La agencia hizo público ayer un informe cuyo título ya supone toda una declaración de principios: Las regiones españolas afrontan recortes de gastos forzosos e inmediatos si quieren evitar desequilibrios estructurales. Y es que, para 2010, las autonomías registrarán un déficit equivalente al 20% de los ingresos totales y, dadas las débiles perspectivas de crecimiento, en 2011 y 2012 esa relación sólo se suavizará hasta el 10%. En línea con esas previsiones, Standard & Poor's cree que la deuda de las regiones puede superar el 110% de los ingresos operativos consolidados para 2012, frente al 40% que se registró en 2007." (El País, ed. Galicia, economía, 18/05/2010, p. 27)

El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia. El organismo determinará si los fondos se destinan a la aplicación de la ley

"El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto. (...)

Que los plazos para la tramitación y recepción de las ayudas de la Dependencia no se están cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones. (...)

Un informe de la Agencia de Evaluación que depende del Gobierno ya ponía de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo público hasta 16 meses después, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se habían ido corrigiendo.

La financiación de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto más controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan más dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encargó el Parlamento, han coincidido en que las dificultades económicas podrían hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación". Aquel informe económico, como todos los demás, no contaba, sin embargo, con una información fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo tenían porque ninguna comunidad lo ha hecho público con claridad.

A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras. (...)

El dinero y las obligaciones de cada uno

- Nivel mínimo. El Gobierno aporta un dinero a las comunidades por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia. Es el llamado nivel mínimo y corre íntegramente a cargo del Ministerio de Sanidad y Política Social. Su monto está en función del grado y nivel de dependencia del solicitante.

- Nivel acordado. La segunda pata de la financiación de la Ley de Dependencia es el nivel acordado. El dinero se reparte en esta ocasión atendiendo a unos criterios ya definidos (la población, la insularidad, los inmigrantes retornados). Una parte de él (20%) se condiciona al número de dependientes que ya han sido declarados beneficiarios de ayuda, aunque aún no la estén recibiendo. Las comunidades están obligadas a aportar al sistema de la Dependencia tanto como reciban del Estado en este nivel de financiación. Se desconoce si lo están haciendo. Y también si lo que reciben del Estado lo emplean en la ley.

- Copago. Los ciudadanos se hacen cargo de su bolsillo de una parte del coste del servicio que reciben." (El País, ed. Galicia, sociedad, 02/03/2010, p. 32)

(traductor gallego-español)

"Datos falsos, descontrol de fondos e coaccións a traballadores. O PSdeG di que a xestión que a Xunta fai da lei de dependencia é unha "inmensa fraude". O PP retruca que agora faise "o que non fixo o bipartito".

"A Xunta esta mirando para outro lado e falseando os datos", denunciou este xoves a deputada socialista Beatriz Sestayo, advertindo de que non existe ningún control dos fondos que o Goberno recibe para destinar a dependentes. Segundo avisou Sestayo, a día de hoxe nin sequera existe un control que garanta que os cartos supostamente asignados a esta área estean sendo destinados realmente a políticas de dependencia.

Unha "inmensa fraude" que a portavoz do grupo parlamentario do PSdeG neste eido exemplificou coas presuntas cancelas burocráticas coas que se lles estarían denegando dereitos a grandes dependentes. Segundo explicou a socialista, a Xunta, ao igual que está acontecendo con outros gobernos autonómicos "da dereita", está botando man da caducidade do expediente argumentando a ausencia dalgún trámite ou papel. "Recórtanlles así o seu dereito a esixir ante os tribunais", láiase Beatriz Sestayo.

Ao fío desta denuncia, Sestayo revelou a existencia de coaccións aos profesionais das oficinas municipais que pertencen á Consellaría de Traballo e Benestar. "Están chamando aos traballadores sociais das oficinas de dependencia suxerindo dunha forma certamente autoritaria que non se concedan prestacións económicas a dependentes, e que se substitúan por axudas a domicilio", criticou a deputada socialista. Por riba, esa axuda a domicilio estaríase cargando a fondos exclusivos dos concellos, práctica que en opinión de Sestayo é "o colmo da fraude". (Vieiros, 11/03/2010)

The Economist atribuye a las autonomías parte de la culpa de la crisis en España

"El semanario británico The Economist ha señalado que ‘años de comprar a los gobiernos regionales con dinero y una descentralización exagerada ha supuesto que el Gobierno central ahora solo controle una quinta parte del gasto, mientras las empresas deben superar las sierras de regulaciones solapadas’.

El rotativo asegura en un artículo publicado este jueves que ‘muchos de los problemas de España empiezan en casa’ y recuerda que, mientras Felipe González fue capaz de gobernar con sentido de Estado, ‘Zapatero solo ha ofrecido soluciones tácticas para aplacar a los sindicatos, a los barones regionales y a los mercados financieros’. (lavozdebarcelona.com, 13/02/2010)

"Hay dependientes que son rehenes de la batalla política"

"Pregunta. ¿Cuál es su resumen de la aplicación de la Ley de Dependencia, tres años después de su entrada en vigor?

Respuesta. Esta ley supone el mayor avance en protección social en la última década. Más de medio millón de personas ya reciben alguna prestación, si bien es verdad que otras 250.000 que tienen ese derecho reconocido aún esperan.

En algunos territorios sí se puede decir que los dependientes han mejorado respecto a 2006. Pero la ley ha puesto de manifiesto las carencias del sistema de servicios sociales y cómo algunos territorios han errado al aplicarla o, simplemente, no la han desarrollado.

P. Hay enormes diferencias entre unas y otras. ¿A qué las achaca? Se habló de boicot por parte de algunas comunidades.

R. Resulta muy preocupante constatar que una tercera parte de la población española vive en comunidades en las que existe una falta de voluntad institucional para implantar el sistema, por lo que sus ciudadanos no pueden beneficiarse aún de prestaciones que ya son una realidad en el resto. En Canarias, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, es donde se vive esta cruda realidad. (...)

P. Las comunidades se quejan de falta de financiación y de un calendario de aplicación muy estrecho.

R. La financiación y el calendario son iguales para todas, por lo que no caben las excusas de mal estudiante. No queremos creer que se haya tratado de un boicot por razones políticas o partidistas, pero sí se evidencia una preocupante falta de creencia en el sistema público de servicios sociales en algunas regiones.

P. Ustedes denuncian que hay comunidades que no sólo no ponen el dinero debido sino que reciben del Estado más de lo que gastan en Dependencia.

R. Hicimos una estimación de los gastos que asume cada comunidad sólo en la parte de los servicios y las prestaciones económicas. Y las disparidades de esfuerzo presupuestario entre unas y otras son clarísimas. Algunas se han limitado a recibir fondos del Estado para abonar parte de lo que ya se venía prestando en esos territorios. La financiación de la Dependencia no es tanto un problema de dinero como de reparto y control de los fondos. La financiación debe estar ligada al derecho reconocido a cada dependiente y al coste del servicio que se le presta. En ningún caso se puede tomar como una financiación territorial indefinida para asuntos inespecíficos.

P. Un informe de la Agencia de evaluación del Gobierno recomendaba al Ministerio, ahora de Sanidad y Política Social, ir a los tribunales contra aquellas autonomías que no aplicaban la ley.

R. El informe de esa agencia -que, por cierto, es muy bueno- no hacía sino significar que en un sistema tan complejo como el de la Dependencia, con un novedoso órgano en el que participan todas las comunidades, es normal que se busquen los consensos, pero de ninguna manera que se permitan incumplimientos de la ley." (El País, ed. Galicia, sociedad, 06/02/2010, p. 42)