El banco malo (SAREB) reconoce ahora que no podrá devolver el rescate y aumentará la deuda pública en 14.600 millones de euros más... Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11]. Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”

 "El banco malo (SAREB), suma y sigue. Sigue sumando deuda pública al abultadísimo rescate de la banca española, hipoteca que aún no ha sido devuelta y que no ha resuelto el grave problema de vivienda que arrastra el país.

El más reciente anuncio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es que no podrá podrá devolver parte de la deuda que tiene con aval del Estado, que ascendía a 50.781 millones de euros en su origen en 2012 y era de 29.413 millones de euros a cierre de 2023 [1]. En concreto, en su reciente presentación de resultados, el banco malo ha reconocido que le será imposible reembolsar 14.600 millones de euros, que pasarán a engrosar aún más la deuda pública cuando en 2027 expire el mandato de la sociedad. Los tenedores de estos bonos son los principales bancos, como Santander, CaixaBank y BBVA [2].

 ’Hay una parte de la deuda que no se va a poder amortizar’, admitió Leopoldo Puig, consejero delegado de SAREB, en la presentación de resultados el pasado 25 de abril. ’En nuestras cuentas oficiales ya reflejamos un patrimonio negativo de 14.600 millones, eso ya va dando un indicio de por dónde van las cosas...’, dijo. Y dudó de si serían capaces de liquidar toda la cartera en 2027 [3].

En las goteras de la banca en general y el banco malo en particular, llueve sobre mojado. En el rescate de hasta 100.000 millones de euros que Luis de Guindos, bajo el Gobierno popular de Mariano Rajoy, firmó en 2012 [4] y que ya disparó aquel año la deuda y el déficit públicos [5], hay que contabilizar la reclasificación en el sector de las Administraciones Públicas de 34.182 millones de euros de la SAREB en 2020, en plena pandemia, por mandato de la Comisión Europea, supervisora estricta de todo el proceso de reestructuración de la banca española desde su inicio [6]. El resultado fue un aumento de la deuda pública que representó nada más y nada menos que el 3% del PIB español a precios de mercado en diciembre de 2020, según cálculos del Banco de España [7], lo que contribuyó a superar el 125% del PIB en el primer trimestre de 2021 [8]. (Ver gráfico de la AIReF)

 SAREB, entre buitres y parásitos

Desde estas líneas hemos dado buena cuenta de las prácticas del banco malo que, gestionado entre buitres y parásitos [9] le han llevado a registrar pérdida tras pérdida, con una transparencia muy mejorable. Un agujero negro sin fin del que nadie responde.

Entre dichas prácticas se cuentan los exdirectivos del banco malo que terminan recalando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB. Como el caso de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que fue fichado a principios de 2023 por Blackstone, buitre de casas y casinos [10]. Pocos meses antes, Areal había sido uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente. El Proyecto SMO se implementó después de que la SAREB pasara a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva”.

Reconociendo sin pudor que ni ha cumplido ni cumplirá el mandato que al banco malo le fue encomendado, sus gestores no han tenido empacho en embolsarse sueldos escandalosos. Solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [11].

Y eso que la propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones”.

 Pero es que además, el propio documento del rescate financiero, el Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea y España, que incluye la obligación de crear la entidad de gestión de activos deteriorados para su segregación, detalla lo siguiente:

“Los bancos que reciban ayuda estatal contribuirán con sus propios recursos, en la mayor medida posible, al coste de la reestructuración. Posibles medidas son la venta de participaciones y activos secundarios, la eliminación de actividades secundarias, la prohibición del pago de dividendos, la prohibición de remuneración discrecional de los instrumentos híbridos de capital y la prohibición del crecimiento no orgánico. Los bancos y sus accionistas deberán sufrir pérdidas antes de que se aprueben medidas de ayuda estatal, y garantizar la absorción de las pérdidas de los instrumentos de capital y de los instrumentos híbridos de capital, en la mayor medida posible” [12].

Nuevas reglas fiscales de la UE

Este reconocimiento de que el banco malo no podrá devolver el rescate, lo que engrosará aún más la deuda pública, se produce al tiempo que la Unión Europea (UE) vuelve oficialmente a la austeridad. El pasado 30 de abril entraron en vigor las nuevas reglas fiscales de la UE [13].

Entre las normas figura que los países con deuda excesiva tendrán que reducirla, de media, un punto porcentual al año si se sitúa por encima del 90% del PIB, y en 0,5 puntos si está entre el 60% y el 90% del PIB. Si el déficit supera el 3% del PIB, el país en cuestión tendrá que reducirlo en los periodos con crecimiento para alcanzar 1,5% y acumular capacidad de gasto para utilizarla cuando las condiciones económicas sean menos propicias. Los estados miembros deberán remitir sus primeros planes nacionales antes del 20 de septiembre de 2024 [14].

 Mientras tanto, los desahucios continúan, así como los desequilibrios en materia de vivienda. En uno de sus últimos comunicados, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) recoge el número de desahucios ejecutados en España en 2023: 26.659, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos desahucios se desglosan de la siguiente manera: 5.260 derivados de ejecución hipotecaria, 19.676 como consecuencia de impago de alquiler, y 1.723 derivados de otras causas. “También la banca ha presentado 19.577 nuevas ejecuciones hipotecarias, que elevarán sin duda la cifra de desahucios por esta causa en 2024”, añade la PAH.

Según la plataforma, “estas cifras corroboran, en primer lugar, que el Derecho Humano a la Vivienda es inexistente, por la falta de Parque Público, tantas veces reivindicado por la PAH. También que, como venimos denunciando, aunque el escudo social evita muchos desahucios, es insuficiente para hacer frente a la especulación”. Entre las reivindicaciones finales de ese comunicado, la PAH exige al Gobierno “que ponga de inmediato todo el parque de la Sareb en los Parques Públicos de Vivienda, que reclame el uso temporal del parque en manos de la banca rescatada como parte del pago de su deuda, y que invierta en la expropiación de parte de los 3,8 millones de casas desocupadas existentes” [15].

Tanto las entidades financieras como los fondos, cuando sus clientes o inquilino/as no pagan, los desahucian sin contemplaciones y les echan encima todo el peso de la ley. ¿Por qué para ellos su hipoteca no devuelta, que se cuenta por miles de millones de euros y afecta al interés general [16], sus deudas impagadas, su nefasta gestión, su flagrante expolio a las arcas públicas no tienen consecuencias? (...)"                   

( Fátima Martín , CADTM, 06/05/2, notas en el original)

Más de cien banqueros juzgados se han librado de la cárcel tras un rescate cuyo coste ya supera los 100.000 millones

 "El inminente cierre de la instrucción del caso Banco Popular en la Audiencia Nacional, con la decisión de qué directivos se sientan en el banquillo por la ampliación de capital de 2016, marca un cambio de época justo cuando se cumplen doce años del anuncio del rescate bancario, mentado oficialmente por vez primera en un decreto del 4 de febrero de 2012, y casi quince de la primera intervención de una caja de ahorros, la de Castilla-La Mancha, en marzo de 2009 y tras fracasar su fusión con Unicaja.

¿En qué consiste ese cambio de época? Básicamente, en que, salvo que una eventual condena en el caso Popular acabara conllevando algún tipo de responsabilidad civil subsidiaria para el Estado, este habrá dejado de soportar los costes de recolocar el negocio de los bancos quebrados (para no dejar tirados a sus usuarios) y en que los directivos de estos perderán cualquier capacidad de enjuagar operaciones fraudulentas con dinero público antes de que Hacienda, el Banco de España o algún damnificado pueda hallar pruebas de ellas.

El primero de esos dos ámbitos, el de los costes del rescate para el erario público, sigue creciendo tras haber superado los 100.000 millones de euros como consecuencia del aparataje diseñado para afrontarlo por los gobiernos de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos como ministro de Economía.

El otro, el de las responsabilidades penales de los directivos de las entidades financieras que fueron objeto de rescate y de reestructuración, está cerrado con un balance de algo más de un centenar de absoluciones, que se suman al centenar y medio de exoneraciones de imputados previas a los juicios orales, y apenas una veintena de condenas que en muchos casos permitieron a sus destinatarios eludir el ingreso en prisión.

Más de 200 investigados y solo veinte entre rejas

Tres de cada cuatro condenados a penas de prisión de más de dos años se concentran en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, en el que, no obstante, otros 48 fueron absueltos o se les asignaron penas inferiores al bienio, cuyo cumplimiento puede eludirse cuando se carece de antecedentes y no se reincide.

La principal condena firme de las black, un sistema de remuneración, o quizás de saqueo, por el que los miembros del consejo de administración disponían de una tarjeta de crédito con la que podían gastar lo que quisieran en lo que quisieran, recayó sobre el exministro popular Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión.

Su antecesor en la presidencia de la caja, Miguel Blesa, que había sido condenado a seis años de cárcel por la Audiencia de Madrid, se suicidó antes de que el Supremo se pronunciara sobre su recurso. Él y Rato encabezaban una lista de quince castigados con penas que conllevaban el ingreso en la cárcel.

El que fuera consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, fue objeto de varias sentencias condenatorias, una de ellas de tres años y ocho meses por causar un agujero millonario en la entidad.

A la cárcel por no devolver el dinero

También llegaron a ser encarcelados cinco miembros de la cúpula de NovaCaixaGalicia, tres de ellos condenados por prepararse un retiro millonario mientras pedían ayudas públicas para la entidad, otro por hacer la vista gorda y uno más por encargarse de la parte jurídica del fraude.

La Audiencia Nacional, que más tarde acabaría excarcelando al expresidente Julio Fernández Gayoso por su avanzada edad, les impuso sendas penas de dos años de prisión que no pudieron eludir por no haber desembolsado los 22 millones con los que deberían haber indemnizado a la entidad.

La devolución del dinero cobrado de más, 26,8 millones de euros en este caso, fue lo que permitió eludir la prisión a cuatro directivos de Caixa Penedés tras ser condenados a penas de hasta dos años de prisión.

Y lo mismo ocurrió, aunque con sendas multas de menos de 30.000 euros, con los expresidente y exdirector general de Caja Castilla-La Mancha, Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, y con dos directivos de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Paralelamente, el Supremo revocaba las condenas de cuatro años de prisión que la Audiencia de Zaragoza había impuesto a cuatro directivos de la CAI, mientras que los 41 miembros de la cúpula de Caixa Catalunya juzgados, con el exministro Narcís Serra a la cabeza, como presuntos responsables de un agujero de 720 millones de euros eran exonerados en la Audiencia de Barcelona.

La mayoría de los casos sobre el hundimiento de las cajas de ahorro que llegaron a juicio acabaron con absoluciones para el conjunto de los acusados, como ocurrió en el de la ampliación de capital de Bankia previa a su quiebra, o con penas que no conllevaban el encarcelamiento.

La factura del rescate sigue creciendo tras superar los 100.000 millones

El reflote de esa entidad, que desde su intervención en mayo de 2012 ha quedado como paradigma del fiasco financiero en España, le costó al Estado 26.000 millones en números redondos, una cifra que suponía un tercio de los 73.000 en los que hace casi cinco años el Banco de España cifraba la cuantía del rescate bancario.

Esa cifra no ha sido actualizada oficialmente desde la nota del 20 de noviembre de 2019, aunque sí lo ha hecho el trabajo de algunos economistas como Carlos Sánchez Mato, que la sitúan en 100.194 millones de euros al cierre de 2022 y a la espera de que tanto la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o banco malo  y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) presenten sus cuentas de 2023.

El grueso de esa cifra, 79.587 millones, corresponde a la capitalización de entidades (57.813) y a los esquemas de protección de activos (12.3157), a lo que se añaden 5.878 en créditos fiscales diferidos (DTA), la capitalización de la Sareb (2.192) y el coste de las preferentes de Caixa Catalunya y las cajas gallegas (1.387).

Completan el cuadro los 15.032 millones de pérdidas (3.411) y deterioro de activos (11.621) del banco malo, otros 1.505 en avales y garantías a distintas entidades financieras y 4.070 más en otros gastos asociados al rescate, una factura que a fecha de hoy proyecta más perspectivas de incremento que de merma.

"La Sareb perdió otros mi millones solo en el primer semestre del año pasado, con lo que la cifra actualizada va a ser superior", explica el economista, que destaca el incremento de más de 25.000 millones de euros que ha tenido el coste del rescate en cinco años.

También llama la atención sobre otro aspecto: "No hay en la Administración una web que ofrezca estos datos para que el ciudadano los tenga a su disposición. Llevan años soltando tinta como los calamares para que la gente no pueda conocer el coste real del rescate".

"Al principio no computaban las pérdidas iniciales de las Sareb porque decían que iba a ganar dinero. Y tampoco entraban las del Fondo de Garantía de Depósitos alegando que era una entidad privada cuando en realidad está dentro del perímetro de las administraciones", anota."                 (Eduardo Bayona, Público, 17/02/24)

Aún pagamos el rescate bancario... El once de diciembre es una fecha que no queremos recordar; es y será durante años un cumpleaños aciago. El estado español, especialmente los autónomos, trabajadores y pensionistas, los que más contribuyen proporcionalmente al erario público, tuvimos que abonar ese día 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)... la Unión Europea, ese año, facilitó una línea de crédito de 100 mil millones de euros para rescatar a la banca española. El Gobierno del PP utilizó unos 41.333 millones mientras vaciaba la hucha de la Seguridad Social e impulsaba los recortes más draconianos que se recuerdan... el Estado español ha devuelto al organismo comunitario 24.898 millones de euros, (60,2% del préstamo inicial)... debemos 16.400 millones de euros que se abonarán en cuatro pagos anuales. De no hacerlo la garantía ofrecida por el ejecutivo fueron las pensiones públicas... estaba al frente del gobierno Mariano Rajoy, siendo su ministro de Economía Luis de Guindos: los dos afirmaron por activa y por pasiva que el rescate bancario no le costaría ni un euro al erario público. En realidad la financiación de la deuda se hizo también en forma de recortes en pensiones, dependencia, sanidad y educación... el préstamo europeo se destinó a rescatar a Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Caja 3 Liberbank…. Ninguna de estas entidades sobrevivió. Su supervivencia hubiera permitido devolver los créditos europeos. No era este el objetivo del rescate, se pretendía concentrar el capital en muy pocos bancos, controlados todos ellos por los grandes fondos de inversión internacionales. Han sido los auténticos beneficiarios del rescate (Eduardo Luque)

 "El once de diciembre es una fecha que no queremos recordar; es y será durante años un cumpleaños aciago. El estado español, especialmente los autónomos, trabajadores y pensionistas, los que más contribuyen proporcionalmente al erario público, tuvimos que abonar ese día 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Este instrumento fue creado en 2012 para proporcionar ayuda financiera a los países de la zona euro en dificultas financieras.

Como recordaremos la Unión Europea, ese año, facilitó una línea de crédito de 100 mil millones de euros para rescatar a la banca española. El Gobierno del PP utilizó unos 41.333 millones mientras vaciaba la hucha de la Seguridad Social e impulsaba los recortes más draconianos que se recuerdan.

Fue el ex presidente Zapatero en 2011 quien abrió las puertas a los recortes al modificar, con el apoyo del PP y UPN, el artículo 135 de la Constitución por presiones de Alemania. El cambio constitucional obligó al gobierno a pagar primero las deudas antes que crear y ampliar el colchón social. El PP, cuando llegó al poder, sólo tuvo que seguir el camino iniciado por el PSOE.

Bajo esa premisa el Estado español ha devuelto al organismo comunitario 24.898 millones de euros, (60,2% del préstamo inicial). La cantidad prestada se recibió en dos partes, el Gobierno del PP recibió el 11 de diciembre del 2012 la cantidad de 39.468 millones y el 5 de febrero del 2013 otros 1.865 millones para reestructurar el sector financiero y salvar (que no se hizo) las cajas de ahorro quebradas.

Desgraciadamente aún no hemos acabado de pagar, debemos 16.400 millones de euros que se abonarán en cuatro pagos anuales. De no hacerlo la garantía ofrecida por el ejecutivo fueron las pensiones públicas. En 2027 acabaremos de pagar y comenzaremos a devolver los préstamos Next Generation. Una gran parte de ese dinero, como hemos señalado en múltiples ocasiones, no es a fondo perdido como se nos dijo, hay que devolverlo con intereses y comisiones. 

En 2012 estaba al frente del gobierno Mariano Rajoy, siendo su ministro de Economía Luis de Guindos: los dos afirmaron por activa y por pasiva que el rescate bancario no le costaría ni un euro al erario público. En realidad la financiación de la deuda se hizo también en forma de recortes en pensiones, dependencia, sanidad y educación. Mientras, y en un ejercicio de cinismo a los que nos habituó el expresidente afirmaba: “es un crédito a la banca que va a pagar la banca”. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría apuntaba:[1] “se hace con un objetivo, que no cueste un euro al contribuyente”; por su parte el ministro De Guindos repetía: “esto no cuesta nada a los contribuyentes españoles”. MENTÍAN.

Como recordaremos el préstamo europeo se destinó a rescatar a Bankia, Catalunya Caixa, Nueva Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Caja 3 Liberbank…. Ninguna de estas entidades sobrevivió. Su supervivencia hubiera permitido devolver los créditos europeos. No era este el objetivo del rescate, se pretendía concentrar el capital en muy pocos bancos, controlados todos ellos por los grandes fondos de inversión internacionales. Han sido los auténticos beneficiarios del rescate puesto que prácticamente todo corrió a cargo del erario público. Los fondos como BlackRocK o Vanguard se han posicionado con tal intensidad que hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son los que dirigen el sistema político y financiero en nuestro país.

Finalmente los grandes bancos adquirieron o absorvieron a bajo costo las instituciones en riesgo. El caso de la absorción de Bankia por la Caixa fue paradigmático. La Caixa se quedó con enormes activos inmobiliarios que ahora están revalorizándose. Su venta, sobre todo en las grandes urbes, genera unos dividendos extraordinarios a los que el gobierno de turno renunció a cobrar. El “gobierno progresista” no quiso construir una banca pública sobre la extinta Bankia. Nuestro país es de los pocos que no tienen banco público digno de ese nombre. Paradójicamente ministros que procedían de IU e incluso situados más a su izquierda callaron, desaparecieron y enmudecieron por el foro. El debate no era ese, estaba ocupado por el problema “Trans” y la cultura de la cancelación.

Pero todo esto no es suficiente para el capital transnacional. Era necesario limitar aún más el margen de maniobra de los gobiernos; así la Unión Europea decidió que se deben sumar como deuda pública los activos inmobiliarios de todas las cajas quebradas. Al desprenderse el Estado español de estos activos y haber asumido su rescate, la Unión Europea nos impone que sean considerados como déficit público. Como consecuencia la deuda pública crece. De ello se deriva una paradoja; la Unión Europea nos puede llegar a multar por un déficit excesivo siendo ella la responsable en parte del mismo. Para sumar un despropósito sobre otro, ahora se impone la vuelta al ajuste financiero del 3%. Es el argumento que utilizará la UE, si es que sobrevive a la crisis ucraniana, para promover nuevas políticas de ajuste.

Es sangrante observar cómo la mayor parte del dinero inyectado se ha perdido para siempre.  Como decíamos, uno de los casos más paradigmáticos fue  el de Bankia. El gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, hizo un regalo mayúsculo a la Caixa que pudo absorberlo a coste cero, al igual que había sucedido con otras entidades cuando gobernaba el PP. El rescate bancario bajo Rajoy nos había costado 32.610 millones. De ese dinero se dieron por perdidos (en palabras de Nadia Calviño, la ex ministra) 28.133 millones (el 86,2% del total). En este país estamos muy acostumbrados a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias.

La gran paradoja es el estruendoso silencio de la izquierda política y sindical. La lucha cainita y el relato electoral les ocupan todas las energías. Es por eso que nadie menciona el enorme desfalco a las clases trabajadoras y a los pensionistas que ha supuesto la “salvación” de la banca. Nadie, a la izquierda a la izquierda del PSOE, exige responsabilidades. Estamos huérfanos de alternativas. La izquierda, como lo definiría Domenico Losurdo, está ausente del debate social."                              ( Eduardo Luque , El Viejo Topo, 14/02/24)

El último revés judicial a la gestión económica del PP de Rajoy agrava el agujero millonario que dejó de herencia... El Estado perdió 50.000 millones en el rescate a la banca de 2012, tuvo que engordar su deuda otros 35.000 en 2022 tras el fiasco de la Sareb, ha tenido que pagar sanciones, devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de impuestos a las empresas que las reclamasen... una primera aproximación apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, aproximadamente, un 0,5% del PIB

 "El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

La cantidad total que tendrá que restituir el nuevo de Gobierno de coalición a las compañías que reclamasen estas subidas de impuestos, según lo prevé la sentencia del Tribunal Constitucional, se desconoce. “Tenemos que analizar la resolución”, aseguran fuentes del actual Ministerio de Hacienda de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Pero una primera aproximación, si se asume que todas las empresas han reclamado, apunta que podría ser alrededor de 7.000 millones, si se atiende a los 1.000 millones que Hacienda reconoció que se ingresaron extraordinariamente con el Impuesto de Sociedades en 2016, y se multiplica por los 7 años que ha estado vigente esta medida, de 2016 a 2023.

Aproximadamente, se trataría de un 0,5% del PIB (Producto Interior Bruto), cuando el objetivo es volver a dejar el déficit en el 3%, según obligan las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), a partir de este 2024.

Fue la Audiencia Nacional la que cuestionó esta norma y llevó el asunto hasta el Tribunal Constitucional al entender que un Real Decreto-Ley no podía regular “elementos esenciales del Impuesto de Sociedades”, que solo se podría transformar a través de una norma con rango superior de ley. Un motivo similar que llevó al mismo tribunal a anular otra reforma fiscal de Montoro de ese mismo año: el pago adelantado del Impuesto de Sociedades.

Otra de las grandes medidas de Cristóbal Montoro y el ejecutivo de Mariano Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, a la que según los datos de Hacienda se acogieron en torno a 30.000 españoles. En ese caso el pleno también declaró su inconstitucionalidad pero limitó los efectos a los que no hubieran regularizado su situación para preservar la “seguridad jurídica”.

El rescate a la banca que no iba a costar ni un euro

A la cantidad que cueste la sentencia reciente del Tribunal Constitucional hay que sumarle otras derrotas judiciales en España y en la UE de decisiones que tomaron Rajoy y sus principales responsables económicos, como Montoro o Luis de Guindos, que hoy es vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Este último y la vicepresidenta de aquel momento, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaron en 2012 el histórico rescate a la banca “que no costaría ni un euro” de dinero público, según aseguraron entonces. Finalmente, implicó cerca de 50.000 millones en pérdidas para el Estado, según ha contabilizado el Banco de España.

En 2022, también por culpa de la gestión del rescate, el anterior Gobierno de coalición tuvo que engordar la deuda pública de nuestro país en otros 35.000 millones. En este caso, por el fiasco de la Sareb, conocida como el “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se diseñó para asumir el ladrillo tóxico de la banca rescatada, bajo control privado. Sin embargo, fracasó y desde el mismo 2022 ha quedado en manos públicas.

A este fracaso contribuyeron la polémica gestión de los contratos con terceros —los llamados servicers— para dar salida a esa cartera de inmuebles y un derivado para cubrirse de teóricas subidas de tipos de interés que dio como resultado unas pérdidas de 3.000 millones. Ese swap se contrató durante la presidencia de Belén Romana, de la máxima confianza de Luis de Guindos y hoy consejera del Banco Santander.

Modelo 720

También data de 2012 otro fiasco de la etapa Rajoy que supone otro roto millonario para las cuentas públicas. También fue obra de Cristóbal Montoro, el ministro que batió el récord de permanencia en la cartera de Hacienda y que en 2010, cuando estaba en la oposición, pronunció aquel “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros” mientras el país se asomaba al rescate por la crisis de deuda soberana.

A principios de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbaba el “desproporcionado” régimen sancionador que impuso hace una década Montoro para aflorar la existencia de bienes ocultos en el exterior: el denominado modelo 720.

Este mecanismo, que ha permitido aflorar bienes en el extranjero por valor de 225.200 millones, y que la Comisión Europea exigió a España modificar en 2017, aparejaba la amenaza de fuertes multas por la omisión o falta de datos, se lanzó en paralelo a la polémica amnistía fiscal.

Por un lado, se ofrecía un caramelo a los defraudadores que, a través del llamado modelo 750, regularizaran su situación con esa medida de gracia, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional sin consecuencias para sus beneficiarios, que pudieron aflorar activos ocultos pagando un exiguo 3%.

Por otro, el modelo 720 impuso duras penalizaciones a los contribuyentes que ocultasen o declarasen fuera de plazo bienes en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros.

Con ese régimen sancionador, “extremadamente represivo”, según el TJUE, los bienes y derechos no declarados se consideraron ganancias patrimoniales no justificadas, con sanciones por el 150% de su valor y sin posibilidad de prescripción. En 2023, Hacienda reconoció la “nulidad absoluta” de las sanciones, y abrió la puerta a reclamar su devolución, que podría alcanzar hasta los 70 millones en total.

El IVA de las CCAA

Hace dos años, Hacienda también resolvió otro “problema heredado” del Gobierno de Rajoy, al compensar a las comunidades autónomas con 3.000 millones por el IVA que dejaron de recibir por el ejercicio 2017.

Montoro implantó entonces un nuevo sistema electrónico (el Suministro Inmediato de Información o SII) para gestionar el cobro de ese tributo que hizo que las autonomías acabaran ingresando 11 meses de IVA en lugar de 12 por ese ejercicio. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez no dio solución al problema, al condicionar la devolución de ese dinero a tener aprobados unos Presupuestos, varias comunidades autónomas recurrieron ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal reconoció en 2021 el derecho a ser compensadas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP, abriendo la puerta a una catarata de reclamaciones.

Como resumió gráficamente un fiscalista que conoce las tripas de la Administración, Montoro “hizo el animal, pero cuadró las cuentas y el marrón se lo come ahora otro”.

Canon hidroeléctrico

Otra sentencia similar fue la que dictó el Tribunal Supremo sobre el canon hidroeléctrico que aprobó el Gobierno del PP, de nuevo, en 2012, aunque no se implementó hasta 2015. En abril de 2021, el Tribunal Supremo daba la razón a las eléctricas en una decisión que ha obligado a devolver a las compañías del sector 1.907,67 millones por la recaudación de ese canon entre 2013 y 2020. Ese importe se reintegró a las empresas en plena crisis de precios de la luz y se cargó al déficit público, mediante un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de finales de 2021 para autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia.

El canon grava con un 25,5% la facturación por la producción de las centrales de mayor tamaño. Lo puso en marcha el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para atajar (se dijo en su momento) el multimillonario déficit de tarifa del sistema eléctrico, aunque los fondos van a parar al Tesoro Público.

Cuando trascendió la sentencia del Supremo, se cifró la devolución en 500 millones, y posteriormente, en 1.400 millones, pero la cifra final ha sido muy superior. El Alto Tribunal no anuló el canon como tal, pero sí su carácter retroactivo (los ejercicios 2013 y 2014) y decretó que las Confederaciones Hidrográficas (encargadas de recaudarlo) no pueden reclamárselo a aquellas concesiones cuyos titulares no dieran su visto bueno expreso, cosa que no ocurrió.

Castor y autopistas

También emana de otra sentencia del Supremo uno de los más polémicos agujeros relacionados con el sector energético: el pago a la banca de la indemnización de 1.350 millones de euros que adelantaron las entidades a ACS por el fallido almacén de gas Castor. Es el dinero que el Alto Tribunal obligó al Estado a abonar a finales de 2020 a Santander y CaixaBank tras cancelarse los pagos, a través del recibo del gas, del adelanto que hicieron a la promotora del almacén por su clausura en 2014.

La indemnización deviene de la resolución de adjudicación del silo en 2008, con el socialista Miguel Sebastián como ministro de Industria, que incluía una cláusula por la que en caso de extinción de la concesión, ACS tendría derecho a recibir una compensación aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”.

Pero el importe acabó asumiéndolo el Estado porque, cuando se decidió hibernar la instalación en 2014, tras una sucesión de terremotos, el entonces ministro José Manuel Soria aprobó a toda prisa un Real Decreto-Ley para indemnizar a ACS cargando su coste, con intereses, a la tarifa del gas. El decreto fue declarado inconstitucional en 2017, lo que dejó sin cobertura los pagos que hasta entonces se habían hecho a la banca.

Al agujero del Castor se suman las millonarias reclamaciones en tribunales de arbitraje de inversores afectados por los recortes a las renovables, que llegaron a alcanzar los 10.000 millones de euros, de los que hasta ahora se ha evitado el pago de 6.100 millones, según el Ministerio para la Transición Ecológica; o los más de 500 millones que hubo que devolver a las eléctricas por el bono social vigente entre 2013 y 2016, aunque en este caso el importe lo costearon los consumidores de electricidad. Y está por determinar la factura del rescate de las autopistas de peaje quebradas por la crisis financiera de 2008 y actualmente en manos del Estado, que “no costará un euro al ciudadano”, según dijo a finales de 2013 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

El anterior Gobierno de coalición calculó a finales del año 2021 un coste provisional de 1.021 millones, una estimación que está sujeta a un largo proceso administrativo y judicial, resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requieren las infraestructuras, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones de terrenos y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Esos más de 1.000 millones son un cálculo a la baja, dado que el propio Gobierno reconoció que la factura final podría situarse en hasta 3.305 millones. Los acreedores, fondos de inversión y constructoras, aseguran que las compensaciones podrían ascender a 4.500 millones. Aquí PSOE y PP también se culpan respectivamente del fiasco. Los socialistas lo atribuyen al modelo privatizador de José María Aznar, responsable de promover esas infraestructuras. Y los populares, a la falta de celo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de pleitear en los tribunales por los sobrecostes de los terrenos expropiados, lo que benefició a familias como los Franco, los Serrano Suñer o los Abelló."                      (Daniel Yebra / Antonio M. Vélez, eldiario.es, 18 de enero de 2024)

España pagó 3.643 millones más del rescate bancario que no era un rescate y que no nos costaría nada

 "En junio de 2012, España enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con hacerla colapsar. Los rumores sobre la posible ruptura del euro y las crecientes dudas sobre la salud de su sector bancario, destrozado por la burbuja inmobiliaria, llevaron al gobierno de Mariano Rajoy a pedir ayuda a la Unión Europea. Para evitar el coste político de una nefasta gestión, se prometió a la nación que el rescate no costaría un euro a los contribuyentes. Sin embargo, estas palabras eran meras promesas vacías. El rescate bancario en España ha tenido un precio, y es un precio que el pueblo español sigue pagando.

Mariano Rajoy afirmó que no era un rescate, era «un crédito a la banca que va a pagar la banca». La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró que se hacía con el objetivo de que «no costara un euro al contribuyente». Estas afirmaciones eran tranquilizadoras en un momento de crisis, pero resultaron ser falsas. Se rescataron bancos, empresas privadas, y el coste lo asumimos entre todas y todos.

El Tesoro español ha pagado hasta la fecha 24.898 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que representa el 60,2% de la ayuda total recibida. Además de estas cifras astronómicas, se han pagado unos 3.276 millones de euros en intereses y comisiones entre 2012 y 2023. Quedan pendientes otros 16.435 millones de euros, que deben ser reembolsados en los próximos años, junto con intereses adicionales.

La triste verdad es que la mayoría del dinero inyectado en el rescate bancario se ha perdido para siempre o es de difícil recuperación. De los 24.096 millones de euros aportados a Bankia, solo se consideran recuperables unos 6.340 millones. Los 2.192 millones inyectados a la Sareb se han dado por perdidos. Del rescate a otras entidades, se han perdido 28.133 millones, el 86,2%. Este dinero podría haber aliviado la factura del MEDE y habría ayudado a sanear las finanzas públicas.

La historia del rescate bancario en España debe servir como recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión financiera del país. Las promesas de que el rescate no costaría nada resultaron ser una falacia, y el pueblo español está pagando las consecuencias. Es fundamental aprender de estos errores para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y para exigir responsabilidad a quienes tomaron decisiones erróneas.

El rescate bancario en España fue acompañado de promesas de que no tendría costo para los ciudadanos, pero la realidad es que ha dejado una factura astronómica que el país sigue pagando. La falta de transparencia y la negación de la verdad no son la forma de abordar los problemas financieros. Aprender de estas lecciones es crucial para garantizar un futuro financiero más sólido y para asegurarse de que las promesas vacías no vuelvan a engañar al pueblo español."

(Javier F. Ferrero. Attac España, 03/01/24; Artículo original publicado en spanishrevolution.net)

España acumula un déficit de 74.000 millones en sus cuentas por el rescate bancario 15 años después... La factura sigue aumentando año tras año

 "La factura para España del rescate bancario sigue aumentando año tras año cuando se van a cumplir 15 desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Eurostat acaba de actualizar el gasto de los países europeos en los programas de apoyo al sector financiero desde entonces y hasta el cierre de 2022. El organismo ha cifrado en más de 74.000 millones de euros el déficit acumulado por España en este periodo por la diferencia entre lo que inyectó en el sector y lo que ha ingresado por ello. Es el mayor desfase absoluto registrado en Europa y el sexto si se pone en relación con el PIB del pasado año. 

 Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, emitió hace unos días el informe anual de evolución de deuda y déficit de los países europeos que incluye un capítulo concreto para analizar la evolución de los programas de apoyo al sector financiero que se han realizado desde 2008. El informe cifra en algo más de 89.700 millones de euros el gasto que ha tenido que asumir entre 2008 y 2022 España por los programas de inyección al sector financiero, siendo el grueso, el de 2012. Aquel fue el año, entre otros, del rescate de Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia. Esta cifra absoluta también incluye lo destinado a la Sareb, que fue registrado en 2021 como deuda pública. En este proceso, el Estado solo ha ingresado 15.475 millones. De ahí el resultado del desfase de más de 74.000 millones.

 España se mantiene así a la cabeza de los países de la UE en términos absolutos. Está por delante de los 49.000 millones de Irlanda o de los 48.000 millones de desfase en Alemania. Sin embargo, el informe de Eurostat da unos datos llamativos respecto a un pequeño grupo de países que ha logrado obtener superávit entre lo que gastó en inyecciones al sistema bancario y lo que ha recuperado por los ingresos y comisiones que ha percibido por aquellos instrumentos de ayuda a la banca. Destaca especialmente Francia, con más de 2.000 millones de saldo positivo o los 1.500 millones de Dinamarca.

España arrastra todavía los efectos de un delicado rescate bancario, cuyos efectos siguen generando gastos para el erario público. El Gobierno del PP de Mariano Rajoy puso en marcha este proceso de reestructuración bancaria asegurando que no le costaría ni un euro a los contribuyentes. La envergadura del gasto acumulado por España, los más de 89.000 millones, es difícilmente comparable con el de Francia, cuyo desembolso acumulado apenas supera los 10.000 millones, según el propio estudio de Eurostat. Fue esta agencia la que en 2021 obligó al Estado español a hacer propia la deuda de la Sareb, ya que estaba completamente avalada por las cuentas públicas.

Este año se cumplen tres lustros desde que el colapso de Lehman Brothers diera inicio a la mayor crisis financiera de las últimas décadas. Los estados realizaron fuertes desembolsos durante los años siguientes con distintas estructuras de rescate al sector bancario para evitar que se contagiara al conjunto del sistema. La caída del sector en España se produjo unos años más tarde, en 2012 y acabó con un rescate europeo con fondo de hasta 100.000 millones de euros.

El Estado, a través del FROB, inyectó miles de millones de euros en cajas de ahorros que fueron obligadas a fusionarse y a convertirse en bancos, algunas de ellas acabaron siendo absorbidas por entidades de mayor tamaño. Esto produjo un rápido proceso de concentración, que se ha cerrado recientemente con las operaciones de CaixaBank y Unicaja, y fuertes pérdidas para el Estado. Actualmente, el FROB solo cuenta con dos grandes activos para tratar de reducir su coste del rescate: el 17% de CaixaBank y algo más del 50% de la Sareb, el conocido como banco malo.

¿A qué se han destinado estos 89.000 millones de gasto en España? La parte principal del gasto se produjo en apenas cuatro ejercicios. Fueron las inyecciones de capital, las que sumaron más de 47.700 millones de euros entre 2011 y 2014. Aquí se encuadran los rescates propiamente dichos, las tomas de control en grupos como Bankia o BMN. El resto se reparte entre compras de activos, como el caso de la Sareb, que pese a que nació como entidad privada ya es considerada pública, o el pago de intereses. (...)

 Eurostat señala que España sigue aumentando su déficit, aunque este aumento se ha frenado en el último año. En concreto, el pasado ejercicio sumó 967 millones al cálculo que hace la agencia estadística sobre el desfase en las cuentas que han generado las ayudas al sistema financiero, el nivel más bajo desde que el Estado entró en tromba en entidades como Bankia o Banco de Valencia. Fue el resultado de un gasto que superó los 1.400 millones y unos ingresos de algo más de 440 millones."                 (Diego Larrouy, eldiario.es, 24/05/23)

La alargada sombra del rescate... Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos... En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos... avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital... en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros... Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020

 "Un país, y también una economía, necesitan un sistema financiero. Durante la gran burbuja que vivió la economía española a principios de siglo, muchas entidades, especialmente cajas de ahorro, concedieron muy mal los créditos, y asumieron riesgos excesivos. Para rescatar a los depositantes de las entidades financieras, los españoles tuvimos que pagar decenas de miles de millones de euros de nuestros impuestos. Sin embargo, el coste más importante fue dejar sin liquidez varios años a muchas empresas. El BCE se equivocó subiendo los tipos en tiempos de Trichet, pero lo peor fue que la liquidez no llegó porque las tuberías, el sistema financiero, estaba roto.

Para arreglar las cañerías, hubo que recapitalizar bancos y cajas, con un dinero que el Estado no tenía, porque en 2012 los mercados financieros, tras el colapso de Bankia, se cerraron para España. Este es el origen del rescate financiero o “préstamo en condiciones favorables”, que España tuvo que solicitar a sus socios europeos. Para reducir la factura del rescate financiero, o más bien aplazarla, como veremos, un mecanismo fundamental fue el aval del Estado a los activos fiscales diferidos (deferred tax assets, DTA) de las entidades de crédito.

Un activo fiscal diferido es una anotación en la contabilidad que, habitualmente, reconoce el derecho a pagar menos impuesto sobre los beneficios en el futuro. Así, si un banco concede un crédito de 100 y no se le devuelve entonces puede reconocer sólo 70 de pérdidas, compensándolas con un derecho a pagar 30 euros menos de impuesto de sociedades en el futuro. Por supuesto, si las cosas van mal, y el banco tiene pérdidas y, más aún, si entra en liquidación, este “derecho a pagar menos impuestos por los beneficios en futuro” no vale nada. Por eso, los supervisores en todo el mundo reducen del capital regulatorio, del mínimo que necesitan los bancos para operar, estos “activos fiscales diferidos”.

En 2013, el Estado estableció un régimen fiscal singular para los activos fiscales de los bancos. Esta es una de las razones por las que la Banca tiene un tipo efectivo inferior en el impuesto de sociedades, aunque el tipo nominal sea más elevado, el 30%. Pero, además, el Estado, es decir los demás contribuyentes, avalamos una parte de los activos derivados de las pérdidas bancarias, unos 30.000 millones de euros, en activos fiscales, que pasaron a computar como capital. Esto permitió utilizar menos importe del rescate financiero, ahorrándonos deuda pública, intereses de esa deuda, y probablemente condiciones más duras.

Como el mundo no es un casino, la Banca no siempre gana y, a veces, pierde. Por eso, en 2017 y 2018, las pérdidas del Banco Popular originaron la conversión de estos activos en devoluciones contra el Tesoro Público, por unos 1.400 millones de euros. Posteriormente, en 2021 volvió a ocurrir. Según el informe de principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado de la Intervención General, algunos bancos solicitaron, en la declaración del impuesto de sociedades de 2020, la conversión de sus activos financieros en devoluciones del impuesto de sociedades por importe de 1.160 millones de euros. Esta cifra es superior al ingreso neto del impuesto de sociedades de todas las entidades de crédito en el impuesto de sociedades de 2020.

Una devolución de un importe que nadie ha ingresado es un gasto, o una subvención a cargo de los demás contribuyentes. Los avales no son gratis, al menos no siempre."               (Francisco de la Torre Díaz es Inspector de Hacienda, El País, 27/03/23)

El rescate bancario fue una estafa... la factura crece sin cesar y ya va por los 73.261 millones de euros, la mayor de Europa... a los tenedores de preferentes se les quitó hasta el 60% de los ahorros. “Un ejercicio sin parangón en Europa”... Así, los ahorradores fueron los primeros rescatadores forzosos del sistema financiero, al que aportaron 13.638 millones... una cuantía que pudo haber llegado a 18.000 millones de no haber sido por las movilizaciones... el rescate bancario promovido por Alemania, Francia y Países Bajos, que presionaron a España a solicitar la ayuda europea para que sus bancos recuperaran el dinero que había prestado a las entidades financieras españolas. Así el Estado español respondería así de un dinero que volvería a la banca europea... y sin contar con la Sareb, el llamado banco malo, que ha aumentado la deuda pública en 34.000 millones... Difícil una gestión peor

 "Estos días se cumple el décimo aniversario de la formalización del rescate bancario. Una operación que no tenía que costar un euro a los contribuyentes, según el Gobierno del PP. No obstante, la factura crece sin cesar y ya va por los 73.261 millones de euros, la mayor de Europa, según Eurostat. Al mismo tiempo, los tribunales siguen dictando cientos de sentencias por las preferentes aunque algunos de sus posibles beneficiarios ya fallecieron.

Todo el rescate bancario español fue anómalo. El documento que lo estableció, el Memorando de Entendimiento de 2012, no fue debatido en el Congreso, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, Finlandia y Holanda. Fue un rescate que bajo el eufemismo de “reparto de cargas” impuso a los ahorradores con preferentes unas quitas que no fueron legales en Europa hasta 2016.

En contra de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que propuso “solo pequeños recortes”, a los tenedores de preferentes se les quitó hasta el 60% de los ahorros. “Un ejercicio sin parangón en Europa”, como señaló el profesor Daniel Manzano, socio de AFI. Así, los ahorradores fueron los primeros rescatadores forzosos del sistema financiero, al que aportaron 13.638 millones de euros, según el FROB. Una cuantía que pudo haber llegado a 18.000 millones de no haber sido por las movilizaciones, como explicó en el Congreso, Xesús Domínguez, representante de los afectados gallegos.

Las preferentes dieron un primer paso en falso en 1998. Durante años fueron fabricadas en paraísos fiscales (18.693 millones de euros), hasta que el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, descubrió el fraude y obligó a su regularización.

Tras la crisis financiera de 2008, los inversores institucionales dejaron de adquirir preferentes por su alto riesgo. Entonces, bancos y cajas, necesitados de capital, las colocaron entre su clientela de ahorradores sin advertirles de los riesgos. Todo acabó en noviembre de 2011, cuando la operativa fue prohibida por la CNMV. Cientos de miles de afectados descubrieron la estafa al ver sus ahorros bloqueados.

Unos meses después llegó el rescate bancario promovido por Alemania, Francia y Países Bajos, que apremiaron a España a solicitar la ayuda europea. Perseguían que sus bancos recuperaran el dinero que había prestado a las entidades financieras españolas. El Estado español respondería así de un dinero que volvería a la banca europea. La UE ofreció 100.000 millones. Tras varias reticencias, el Gobierno aceptó 41.025 millones del dinero europeo. Parte de la rebaja se logró gracias al capital que aportarían los preferentistas.

Para frenar las protestas, el Ejecutivo organizó un arbitraje. Para el fiscal general de Galicia, Carlos Varela, “el arbitraje tenía un inconveniente y es que el banco elegía a las personas”. Los resultados del mismo en Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa son ilustrativos. De los 537.150 clientes con preferentes, solicitaron el arbitraje 421.290 (78%). Los bancos rechazaron a 125.795 afectados. Los que fueron aceptados, recuperaron 3.125 millones de euros, el 47% de lo reclamado. Doble estafa. Perjudicados como contribuyentes y como particulares. Y sin contar con la Sareb, el llamado banco malo, que ha aumentado la deuda pública en 34.000 millones. Difícil una gestión peor."                   (Andreu Missé , El País, 02/01/23)

¿Qué hacía usted en la crisis de Grecia? Recuerdo que se desató en la Comisión Europea, el FMI y el BCE una carrera para ver quién proponía la tortura económica más sofisticada... fue un desastre, el PIB griego cayó un 25% de 2008 a 2021 y se destruyó todo el estado social del país... Los programas, más que salvar a Grecia, sirvieron para salvar los bancos alemanes y franceses que se habían expuesto alocadamente en el país... el número de suicidios en Grecia creció un 35%, pero no había funerales, por no pagarlos. La gente simplemente desaparecía. No sé dónde estarán enterrados esos cadáveres... el paradigma ha cambiado sobre la cuestión... no sé qué pensará sobre todo esto, una mujer que conocí entonces, porque ella sí que tuvo que cambiar su paradigma: separada, con dos hijos, la despidieron del banco donde trabajaba y tuvo que prostituirse... Esa fue su política económica, a nivel personal. A otro nivel, esta semana la Comisión Europea acusa a Deutsche Bank y al holandés Rabobank de hacer entonces negocio con la desgracia ajena, manipulando los mercados de deuda... en los años de la prima de riesgo y el rescate de Grecia, España y otros tres países... A Grecia le han pedido perdón la Comisión Europea y el FMI, pero casi ni nos hemos enterado. Tampoco de que el pasado mes de agosto Atenas devolvió el último préstamo al FMI... Siempre recuerdo lo que tuvo que hacer aquella mujer. Y lo que hicieron otros

 "Viajé bastante a Grecia en los años de su crisis, entre 2010 y 2015, y me pregunto qué pensará una mujer que conocí entonces de algunos cambios de paradigma que hemos visto últimamente sobre la cuestión. Porque ella sí que tuvo que cambiar su paradigma: separada, con dos hijos, la despidieron del banco donde trabajaba y empezó a prostituirse. Al principio pedía 100 euros, pero al final se conformaba con 20, o hasta 10. Esa fue su política económica, a nivel personal. 

A otro nivel, esta semana hemos sabido que la Comisión Europea acusa a Deutsche Bank y al holandés Rabobank de hacer entonces negocio con la desgracia ajena, manipulando los mercados de deuda. Eran aquellos años de la prima de riesgo y el rescate de Grecia, España y otros tres países. Y el Banco Central Europeo (BCE) nos mandaba cartitas diciendo lo que teníamos que hacer.

 Paradigma, palabra griega, significa, según la Real Academia: “Teoría cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”. Sí que hemos avanzado en el conocimiento: la teoría se aceptó sin cuestionar y los problemas no se resolvieron, o solo los de algunos. Recuerdo el olor de los gases lacrimógenos en la plaza Syntagma, los griegos no paraban de protestar. Recuerdo también que la crisis se abrió al descubrirse que las cuentas del país eran falsas, y que se trucaron con ayuda del grupo de inversión Goldman Sachs. 

 Recuerdo que se desató, desde la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE, una carrera para ver quién proponía, como solución, la tortura económica más sofisticada. Y fue un desastre, se equivocaron: el PIB griego ha caído un 25% de 2008 a 2021 y se ha destruido todo el estado social del país. Los programas, más que salvar a Grecia, sirvieron para salvar los bancos alemanes y franceses que se habían expuesto alocadamente en el país. Pero decir esto entonces era ser considerado un antisistema. Los antisistema eran ellos, más bien.

 Recuerdo que entre 2010 y 2014 el número de suicidios en Grecia creció un 35% y que aun así preguntabas a las funerarias y te decían que ya no se moría nadie, o al menos nadie les llamaba para un funeral, por no pagarlo. La gente simplemente desaparecía. No sé dónde estarán enterrados esos cadáveres, la memoria de lo que pasó. Lo hemos olvidado rápidamente. Recuerdo que ante el ultimátum definitivo de inducción al suicidio económico el primer ministro, Alexis Tsipras, convocó en julio de 2015 un referéndum: “Os invito a decidir, con la soberanía y la dignidad que requiere la historia griega, si debemos aceptar el exorbitante ultimátum que pide una rigurosa y humillante austeridad sin fin, y sin perspectiva de poder tenernos en pie social y financieramente. (…) Grecia, cuna de la democracia, debe enviar un mensaje democrático a la comunidad europea y mundial”. 

Bueno, ellos enviaron el mensaje, un 61% votó que no quería ese plan, pero dio igual. En los años siguientes he recordado esa frase de Woody Allen sobre una chica que quería ligarse de la administración Eisenhower: solo quería hacerle lo que Eisenhower llevaba ocho años haciéndole al país. 

A Grecia luego le ha pedido perdón la Comisión Europea, el FMI, pero casi ni nos hemos enterado. Tampoco de que el pasado mes de agosto Atenas devolvió el último préstamo al FMI. Hace años que no leo un reportaje de allí, a ver cómo les va. Siempre recuerdo lo que tuvo que hacer aquella mujer. Y lo que hicieron otros."                (Íñigo Domínguez , El país, 12/12/22)

Bruselas acusa a Deutsche Bank de manipular los mercados de deuda durante la crisis del euro y el rescate a España

 "Deutsche Bank, el primer banco alemán y uno de los mayores de Europa, manipuló los mercados de deuda en compañía de una entidad holandesa, Rabobank, entre 2005 y 2016. La Comisión Europea ha llegado a la conclusión “preliminar” de que ambos bancos “infringieron las normas antimonopolio de la UE [...] para falsear la competencia en la negociación de valores denominados en euros” durante los peores años de la crisis financiera, cuando Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre tuvieron que pedir rescates porque los mercados de bonos soberanos, en los que se centra la investigación, se cerraron para ellos y solo les prestaban dinero a cambio de precios inasumibles, es decir, a unos intereses altísimos.

Justo en los años centrales en los que esta investigación ha hallado connivencia y manipulación del mercado de bonos, estalló en Europa la crisis de deuda. El descubrimiento a comienzos de 2010 de que Grecia, con la ayuda de Goldman Sachs, había maquillado sus cuentas públicas abrió la puerta a ataques en los mercados contra los bonos helenos. Atenas acabó pidiendo un rescate (finalmente fueron tres), pero eso no evitó el contagio a otros países, y estuvo a punto de llevarse al euro por delante. Entre tanto, “los dos bancos, a través de algunos de sus operadores, intercambiaron información comercial sensible y coordinaron sus estrategias cuando negociaban estos bonos en el mercado secundario”, acusa la Comisión.

 El mercado secundario de deuda pública es en el que se fija la prima de riesgo, ese referente financiero que en aquellos años se convirtió en una pesadilla para los Estados que se encontraban en aprietos y, sobre todo, para sus ciudadanos. Cinco de ellos, entre los que está España, tuvieron que pedir entonces la ayuda financiara de sus socios para poder atender a sus obligaciones.

A cambio de aquella asistencia, estos países se comprometieron a hacer recortes y reformas estructurales, que en muchos casos también se traducían en recortes de derechos. Entre los gobiernos europeos que más destacaron a la hora de exigir esos recortes y reformas estuvo el Gobierno alemán de Angela Merkel, a través de su entonces poderoso ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien posteriormente ocupó la presidencia del Parlamento germano. Años después, quien fuera presidente de la Comisión Europea y primer ministro de Luxemburgo durante los años de la crisis, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, vino a pedir disculpas a Grecia, el país que más sufrió aquellas condiciones: “No fuimos solidarios con Grecia, la insultamos”, declaró en 2019 en el Parlamento. (...)

No es esta la primera investigación sobre Deutsche Bank y Rabobank por sospechas de que han quebrado las normas del mercado. De hecho, la historia reciente de la entidad alemana está salpicada de casos de este tipo que emborronan su reputación. En México, por ejemplo, ya tuvo que hacer frente a una sanción junto a otros bancos internacionales por una acción similar con los bonos de deuda del país entre 2010 y 2013. Aunque la mayoría de las investigaciones en las que ha estado involucrada Deutsche Bank versan sobre la inexistencia de filtros para evitar el lavado de dinero. En abril, la Policía alemana registró las oficinas de la sede de Fráncfort de la entidad tras detectarse actividad sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales. Antes, en 2019, acordó el pago con la justicia alemana de una multa de 15 millones para cerrar otra investigación por la supuesta ayuda a clientes para establecer empresas en paraísos fiscales.

Deutsche Bank, que atravesó en 2019 una crisis que la llevó al filo de la quiebra —tuvo que lanzar un plan de ahorro que eliminaba 18.000 empleos y su banca de inversión—, también ha estado envuelta en el escándalo de manipulación del índice líbor (el mercado interbancario londinense). El caso acabó con sanciones multimillonarias a un puñado de bancos por llegar a pactos secretos para trastocar los tipos de interés en su beneficio, entre ellos la entidad alemana, que pagó 2.500 millones de dólares en 2015. Además, también formaba parte del grupo que se saltó las regulaciones internacionales y se benefició por el trato de favor que ofrecían a cuestionados magnates del este de Europa, redes criminales y operadores políticos acusados de corrupción. E incluso tuvo que pagar 150 millones de dólares por “fallos significativos” en la supervisión de las cuentas de Jeffrey Epstein —financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores y quien se suicidó en prisión en 2019—.

También Rabobank ha estado involucrado en escándalos que le han costado alguna que otra multa. Su filial estadounidense fue sancionada con 370 millones de dólares en 2018 por obstruir investigaciones sobre lavado de activos que desarrollaban los reguladores norteamericanos. Esos activos estarían, según admitió el propio banco al declararse culpable, vinculados a narcotraficantes mexicanos.

A partir de ahora se abre el plazo para que las entidades investigadas presentes sus alegaciones por escrito y oralmente. Si pese a esto, las autoridades antimonopolio de la UE consideran que Deutsche Bank y Rabobank son culpables, algo para lo que no hay un plazo establecido, ambos bancos pueden enfrentarse a sendas multas de hasta el 10% de su cifra mundial de negocios. En el caso del alemán, esta llegó a 25.400 millones en 2021; en el del holandés, a 12.169 millones."                (Manuel V. Gómez , Hugo Gutiérrez  , El País, 06/12/22)

Daniel Bernabé: Extraña que estos días haya pasado desapercibida la intervención de la troika en España: es que aquel 2012 no es este 2022... el término “rescate” era un eufemismo de intervención económica perpetrada mediante cirugía de guerra... Tal amnesia selectiva tiene como función que evitemos realizar comparaciones con nuestro presente... sobre el hecho de que en esta legislatura se están tomando decisiones, concretas y útiles, que indican una dirección inédita en Moncloa que frena una inercia neoliberal de décadas. Dejar constancia de ello puede que moleste a la derecha... En aquel año 2012, el Gobierno del PP hizo unos recortes de 27.300 millones de euros... Tenía un objetivo a cumplir: que la crisis recayera sobre los trabajadores y no sobre las grandes empresas... La primera parte de la escapada hacia adelante, quedarse con el dinero de la gente, funcionó... pero en mayo Bankia se hunde. Su rescate, según cifras del Banco de España en 2021, costó 65.725 millones de euros. Ese hundimiento no es más que otro de los eufemismos utilizados para tapar que Bankia mintió en su salida a bolsa... En sus primeros seis meses, el Gobierno de Rajoy culminó una transición radical hacia un nuevo modelo de país... nunca ha existido un político tan capaz a la hora de llevar a cabo un proyecto político: el del poder económico más fanático. Todo aquel destrozo, todos aquellos recortes, se realizaron bajo la coartada de que España tenía que recuperar la confianza de los inversores... aquellos recortes impuestos por la troika teníen una intención no confesable: poner de rodillas la soberanía de la zona euromediterránea para adaptar esos territorios al proyecto UE capitaneado por Alemania y los Países Bajos... Fue la clase trabajadora la que resistió mediante dos huelgas generales e infinidad de protestas. Aquella resistencia se contestó con palos y cárcel. Para el año 2014 había 260 sindicalistas con procesos abiertos y penas que alcanzaban los 120 años de prisión... Algunos, quizá porque lo vivimos a pie de calle, a pie de oficina de desempleo, nos resistimos a olvidarlo... Aquellas protestas dieron como resultado un Gobierno inédito en 80 años... El actual Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto para los presupuestos de 2023. Máximo histórico: 196.142 millones de euros...

 "Con lo dados que somos en este país a las conmemoraciones, en un amplio abanico que va desde las bodas reales hasta los goles de Iniesta, extraña que estos días haya pasado desapercibida una efeméride que nos afectó de manera demoledora. El 23 de julio del año 2012, Luis de Guindos, ministro de Economía del Gobierno Rajoy; Luis María Linde, gobernador del Banco de España; y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, firmaron el memorando que hacía efectivo el rescate para España. Si el término “rescate” era un eufemismo de intervención económica perpetrada mediante cirugía de guerra, de Guindos superó la pirueta calificando la operación de “préstamo en condiciones muy favorables”, como si nos fuéramos a comprar un adosado en Torremolinos.

Tal amnesia selectiva tiene como función no sólo que olvidemos aquel episodio, sino que además evitemos realizar comparaciones con nuestro presente, uno en el que Alberto Núñez Feijoó encabeza las encuestas electorales. Ahora somos golpeados por una crisis bélica, energética e inflacionaria que, como les contábamos la semana pasada, hace aflorar el cinismo, cuando no el catastrofismo. En esta temporada hemos leído unas cuántas malas noticias, pero también que el Gobierno ha arrancado a la UE una excepción ibérica que ha reducido un 50% el precio de la luz, que se han desvinculado los alquileres del IPC, tasándose la subida máxima en un 2%, y que se ha puesto en marcha una legislación laboral que ha favorecido la contratación indefinida hasta triplicarla. 

 El hecho es que atravesamos serias dificultades a causa de un contexto internacional desfavorable. El hecho, también, es que en esta legislatura se están tomando decisiones, concretas y útiles, que indican una dirección inédita en Moncloa que frena una inercia neoliberal de décadas. Dejar constancia de ello puede que moleste a la derecha y también a esa izquierda empeñada en calificar a este Ejecutivo de coalición como fracaso: el viaje a las catacumbas del identitarismo, allí donde sólo se enuncian principios sin tener que tomar decisiones, requiere del combustible de la derrota. Lo cierto es que dejar constancia de que hay serios problemas, pero que esos problemas se están enfrentando desde una óptica progresista vale no para encumbrar a Sánchez y Díaz, sino para dejar constancia de que la política vale para algo en un tiempo donde los ultras se alimentarán de su desprestigio.

Ampliar la democracia, es decir, situar la soberanía popular como mandato de la economía, sólo puede empezar a producirse si se reconoce el cambio de rumbo. No conozco ningún caso donde fomentando el desánimo y el fatalismo la gente haya sacado conclusiones acertadas para la defensa de sus intereses comunes: el “sálvese quien pueda” tiene un final donde esperan los salvapatrias. Pero para afirmar que existe un cambio de rumbo debemos conocer cuál era la dirección anterior, de ahí que sea tan importante conocer lo sucedido hace una década. En el año 2012 el Partido Popular ostentaba un poder omnímodo, por sus victorias en las elecciones autonómicas y generales del año anterior, pero también por la connivencia del aparato mediático, económico e institucional, que no dudó en impulsar a Rajoy en aquella auténtica restauración conservadora. 

 En aquel año 2012, el Gobierno del PP presentó, de la mano del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, unos presupuestos generales que calificó como “los más austeros” vistos nunca. Aquella frugalidad consistió en un recorte de 27300 millones de euros. Se eliminó entre un tercio y la mitad del dinero destinado a los ministerios, precarizando nuestra administración pública a un nivel inaudito. Se recortaron las becas en un 11,6%, un 5,6% en dependencia o un 74% en cooperación internacional. El servicio público de empleo vio reducido su presupuesto en un 15 ,6%, en un momento donde el paro rozó los seis millones de personas. La reforma laboral del PP, aprobada en febrero por decreto, abarataba el despido, destruía la negociación colectiva y hacía endémica la temporalidad. Tenía un objetivo a cumplir: que la crisis recayera sobre los trabajadores y no sobre las grandes empresas. 

 

En materia fiscal, el Gobierno del PP subió todos los impuestos, pero especialmente los indirectos, como el IVA, aquellos que se pagan independientemente de la renta. Además, decretó una amnistía fiscal para que aflorara el dinero negro, que más tarde supimos que tan sólo gravó a la mayoría de los defraudadores con un tipo del 3%. Además del propio recorte presupuestario, lanzó el plan de Estabilidad donde se recortaban otros 10.000 millones de euros, especialmente de sanidad y educación. Con el real decreto del 16 de abril el Sistema Nacional de Salud dejó de ser universal. Aunque ya habíamos conocido la pandemia de Gripe A en 2010 y un par de años más tarde nos enfrentamos al episodio del ébola, lo peor estaba por venir: en el desastre del coronavirus influyeron muchos factores, pero aquellos recortes no pueden pasarse por alto.

En aquel año 2012, mientras que el rey Juan Carlos protagonizaba el rocambolesco episodio de Botsuana, el sistema bancario seguía el camino de la Corona, demostrándonos que aquella orgía del ladrillo no iba a ser en balde. En mayo Bankia se hunde. Su rescate, según cifras del Banco de España en 2021, costó 65.725 millones de euros. Ese hundimiento no es más que otro de los eufemismos utilizados para tapar que Bankia mintió en su salida a bolsa, con la connivencia del auditor, Deloitte, que tan sólo certificó que la información presentada era “consistente con las políticas contables utilizadas por los administradores de Bankia”, es decir, que la mentira era al menos coherente con quien la enunciaba.

La realidad es que Bankia, que en principio no iba a ser más que la marca comercial del BFA, la fusión de siete cajas de ahorros, incluida Caja Madrid, acabó escindida de su matriz. El BFA se quedó con los 31.800 millones de euros en activos inservibles del ladrillo mientras que Bankia intentó una capitalización desesperada mediante su salida a bolsa: no es que no reuniera los requisitos legales, es que se inventaron un nombre para encubrir la precaria salud de la entidad. El capitán de aquella operación, para más inri, fue Rodrigo Rato, el ministro de Economía en el gobierno de Aznar y padre intelectual del ladrillazo. La primera parte de la escapada hacia adelante, quedarse con el dinero de la gente, funcionó. Pero en mayo de 2012, cuando Bankia y el BFA presentaron sus cuentas a la CNMV, esta vez sin la firma de Deloitte, todo el mundo supo que la fiesta había terminado.

El 9 de mayo se nacionalizó el 100% del BFA y la mitad de Bankia, en una operación que resultó el preludio exigido por el FMI para que, un mes después, el 9 de junio, el Gobierno pudiera solicitar el rescate. El sistema bancario español recibe 100000 millones de euros, pero España queda a expensas de la troika, compuesta por la Comisión Europea, el BCE y el FMI. La exigencia son nuevos recortes públicos, más la congelación de las pensiones, del subsidio por desempleo, la subida de los impuestos, un nuevo hachazo a las plantillas públicas y un recorte de 14000 millones de euros a las infraestructuras. En sus primeros seis meses, el Gobierno de Rajoy había culminado una transición radical hacia un nuevo modelo de país. Podría parecer que aquel presidente era, en el mejor de los casos, un hombre atolondrado, pero nunca ha existido un político tan capaz a la hora de llevar a cabo un proyecto político: el del poder económico más fanático.

Todo aquel destrozo, todos aquellos recortes, se realizaron bajo la coartada de que España tenía que recuperar la confianza de los inversores. Pero la prima de riesgo, incluso después del rescate, llegó a superar los 600 puntos básicos. Cada vez que España colocaba deuda pública en los mercados internacionales, como manera de financiarse, tenía que pagar unos intereses astronómicos. La realidad es que hasta que Mario Draghi, entonces gobernador del BCE, no pronunció su frase, “whatever it takes (haremos lo que sea necesario)”, comprando deuda pública, la situación no se empezó a estabilizar. Draghi sabía bien, antes había sido el jefe del banco de inversión Goldman Sachs en Europa, cómo funcionaba la gran impostura.

La realidad es que si la Gran Recesión del 2008 tuvo un origen estadounidense, la gigantesca estafa ocurrida cuando el sistema financiero alteró el mercado de la vivienda, sus métodos se habían seguido en España al pie de la letra, resultando nuestros bancos especialmente afectados por el despropósito. La cuestión fue que cuando se atisbaba el control de aquella primera crisis, los “brotes verdes”, llegó un segundo tsunami. Los bancos de inversión norteamericanos trataron de recuperar beneficios apostando contra la deuda pública del sur de Europa, en connivencia con unas agencias de calificación que ponían nota a nuestra deuda de una manera similar a como hicieron con las hipotecas subprime. Los países euromediterráneos tenían problemas reales en su estructura bancaria y económica, pero el negocio consistía en apostar contra la confianza de su deuda y embolsarse ingentes cantidades en operaciones a futuro, de ahí que los recortes nunca tuvieran ningún efecto en la confianza de aquellos cuatreros.

Pero aquellos recortes impuestos por la troika, inútiles respecto a su intención declarada, si tuvieron una intención no confesable: poner de rodillas la soberanía de la zona euromediterránea para adaptar esos territorios al proyecto UE capitaneado por Alemania y los Países Bajos. El gobierno del PP, siempre patriota, cedió en todos los aspectos, pasando de ser el poder Ejecutivo de España, al brazo ejecutor de la troika. El patriotismo sólo alcanzó para seguir echando más leña al fuego del independentismo catalán, pero nunca para poner líneas rojas a los hombres de negro, a los que nos llamaban PIIGS. Fue la clase trabajadora la que resistió mediante dos huelgas generales e infinidad de protestas. Aquella resistencia se contestó con palos y cárcel. Para el año 2014 había 260 sindicalistas con procesos abiertos y penas que alcanzaban los 120 años de prisión.

El actual Consejo de Ministros ha aprobado este martes el techo de gasto para los presupuestos de 2023. Máximo histórico: 196.142 millones de euros. En 2012 el techo de gasto fue de 118.565 millones de euros. La diferencia es notable, no sólo por la cantidad, sino también por la orientación. Hoy, en Europa, casi nadie defiende las políticas del recorte, más que por una cuestión social, por una razón de supervivencia del propio entramado de la UE. Pero la motivación no debe quitarnos la posibilidad: una vez que se ha abierto una brecha en el muro de la ortodoxia neoliberal sería trágico no pugnar para ampliarlo.

Creo que por eso conviene recordar que aquel año 2012 tuvo lugar, pese a que hoy caiga el velo del olvido sobre unos acontecimientos cruciales para entender la historia reciente de España. Algunos, quizá porque lo vivimos a pie de calle, a pie de oficina de desempleo, nos resistimos a olvidarlo. Puede que porque sintamos la dignidad de la memoria, por haber dicho no a aquella calamidad, a aquel proyecto de dominación, a aquel intento por ponernos de rodillas, a aquel sacrificio de todos para pagar los desmanes de unos pocos. Aquellas protestas dieron como resultado un Gobierno inédito en 80 años, uno que ha podido decepcionar en algunos aspectos, que se ha quedado corto en muchos otros, pero que, ni de lejos, es lo mismo que sucedió entonces. Repetir lo contrario, bien por interés, bien por torpeza, es abonar la mentira. Pero sobre todo el primer paso para que todo aquello se vuelva a repetir."           (Daniel Bernabé  , InfoLibre, 26 de julio de 2022)