"El año es 2023. La pandemia de COVID-19 ha llegado a su fin y la economía mundial va camino de la recuperación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo evolucionaron nuestra economía y nuestra sociedad para superar la mayor crisis de nuestra época?
Comencemos en el verano de 2020, cuando la incesante propagación de enfermedades anunciaba un panorama cada vez más funesto para las economías y las sociedades. La pandemia había expuesto vulnerabilidades críticas en todo el mundo: trabajadores esenciales mal pagados, un sector financiero no regulado y grandes corporaciones que descuidan la inversión en favor de precios de las acciones más altos. Con la reducción de las economías, los gobiernos reconocieron que tanto los hogares como las empresas necesitaban ayuda, y rápido. Pero con los recuerdos de la crisis financiera de 2008 aún frescos, la pregunta era cómo los gobiernos podrían estructurar los rescates para que beneficiaran a la sociedad, en lugar de apuntalar las ganancias corporativas y un sistema fallido.
Como en un eco de la "edad de oro" del capitalismo, el período posterior a 1945, cuando las naciones occidentales dirigieron las finanzas hacia las partes correctas de la economía, se hizo evidente que se necesitaban nuevas políticas para abordar los riesgos climáticos, incentivar los préstamos ecológicos y ampliar las instituciones financieras. abordar los objetivos sociales y ambientales, y prohibir las actividades del sector financiero que no sirvan a un propósito público claro.
La Unión Europea fue la primera en dar pasos concretos en esta dirección después de acordar en agosto un paquete histórico de recuperación de 1,8 billones de euros. Como parte del paquete, la E.U. obligó a los gobiernos que reciben los fondos a implementar estrategias sólidas para abordar el cambio climático, reducir la brecha digital y fortalecer los sistemas de salud.
A finales de 2020, este ambicioso plan de recuperación ayudó a estabilizar el euro y marcó el comienzo de un nuevo renacimiento europeo, con los ciudadanos ayudando a establecer la agenda. El liderazgo europeo utilizó políticas orientadas a desafíos para crear 100 ciudades neutrales en carbono en todo el continente. Este enfoque condujo al resurgimiento de nuevos edificios energéticamente eficientes; transporte público renovado diseñado para ser sostenible, accesible y gratuito; y un renacimiento artístico en las plazas públicas, con artistas y diseñadores que repiensan la vida de la ciudad con la ciudadanía y la vida cívica en su corazón.
Los gobiernos utilizaron la revolución digital para mejorar los servicios públicos, desde la salud digital hasta las tarjetas electrónicas, y crear un estado de bienestar centrado en los ciudadanos. Esta transformación requirió inversiones tanto del lado de la oferta como de la demanda, y la contratación pública se convirtió en una herramienta para el pensamiento innovador que se canalizó a través de todas las ramas del gobierno.
Estados Unidos comenzó a cambiar su enfoque después del 3 de noviembre de 2020, cuando Joe Biden derrotó a Donald Trump en las elecciones presidenciales y los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Tras su toma de posesión en enero de 2021, el presidente Biden se movió rápidamente para reconstruir los lazos desgastados entre Estados Unidos y Europa, estableciendo un foro para compartir inteligencia colectiva que podría informar una forma de gobierno más inteligente.
Los gobiernos europeos estaban ansiosos por aprender de las estrategias de inversión utilizadas por el gobierno de los EE. UU. -como las dirigidas por la agencia de investigación de defensa DARPA-, para estimular la investigación y el desarrollo en tecnologías de alto riesgo. Y Estados Unidos estaba ansioso por aprender de Europa cómo crear ciudades sostenibles y revitalizar la participación cívica.
Con COVID-19 aún desenfrenado, el mundo se dio cuenta de la necesidad de priorizar la inteligencia colectiva y poner el valor público en el centro de la innovación en salud. Estados Unidos y otros países dejaron de oponerse a un grupo de patentes obligatorio administrado por la Organización Mundial de la Salud que impedía a las empresas farmacéuticas abusar de las patentes para crear ganancias monopolísticas. Se impusieron condiciones audaces en la gobernanza de la propiedad intelectual, los precios y la fabricación de los tratamientos y vacunas COVID-19 para garantizar que las terapias fueran asequibles y universalmente accesibles.
Como resultado, las compañías farmacéuticas ya no podían cobrar lo que quisieran por medicamentos o vacunas; los gobiernos hicieron obligatorio que los precios reflejaran la contribución pública sustancial a su investigación y desarrollo. Esto se extendió más allá de las terapias COVID-19, impactando el precio de una variedad de medicamentos, desde terapias contra el cáncer hasta insulina. Los países más ricos también se comprometieron a aumentar las capacidades de fabricación a nivel mundial y a utilizar adquisiciones globales masivas para comprar vacunas para los países más pobres.
El 11 de febrero de 2021, la FDA aprobó la vacuna COVID-19 más prometedora para la fabricación en los EE. UU. La producción en masa comenzó de inmediato, se iniciaron los planes para una distribución global rápida y los primeros ciudadanos recibieron sus vacunas en tres semanas, gratis en el momento de uso. Fue el desarrollo y la fabricación más rápidos de una vacuna que se haya registrado y un éxito monumental en la innovación sanitaria.
Cuando la vacuna estuvo lista para su distribución, las autoridades nacionales de salud trabajaron de manera constructiva con una coalición de actores de la salud mundial, liderados por la OMS, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros, para diseñar colectivamente un plan de distribución global equitativa que respaldara los objetivos de salud pública.
A los países de ingresos bajos y medianos, junto con los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales, se les concedió acceso prioritario a la vacuna, mientras que los países de ingresos más altos pusieron en marcha programas de inmunización en paralelo.
Se vislumbraba el final de nuestra crisis sanitaria. Pero en junio de 2021, la economía global todavía se encontraba en un estado de depresión. Cuando los gobiernos comenzaron a debatir sus opciones para nuevos paquetes de estímulo, estalló una ola de protestas públicas, con contribuyentes pidiendo, en Brasil, Alemania, Canadá y otros lugares, recompensas compartidas a cambio de rescatar a los gigantes corporativos.
Con Biden en el cargo, EE. UU. tomó esas demandas en serio y estableció fuertes condiciones para la próxima ola de rescates corporativos. Las empresas que recibían fondos debían mantener las nóminas y pagar a sus trabajadores un salario mínimo de 15 dólares la hora. Se prohibió permanentemente a las empresas participar en recompras de acciones y se les prohibió pagar dividendos o bonificaciones ejecutivas hasta 2024.
Las empresas debían proporcionar al menos un puesto en sus juntas directivas a los trabajadores, y las juntas corporativas tenían que tener todos las medidas políticas aprobadas por los accionistas. . Los acuerdos de negociación colectiva se mantuvieron intactos. Y los directores ejecutivos tenían que certificar que sus empresas estaban cumpliendo con las reglas o enfrentarse a sanciones penales por violarlas.
A nivel mundial, los rescates-estándar de oro fueron aquellos que salvaguardaron a los trabajadores y sostuvieron negocios viables que proporcionaron valor a la sociedad. Este no siempre fue un ejercicio claro, especialmente en industrias cuyos modelos de negocio eran incompatibles con un futuro sostenible. Los gobiernos también estaban ansiosos por evitar el riesgo moral de mantener empresas inviables. Por lo tanto, se permitió que el sector de esquisto de EE. UU., que no era rentable antes de la crisis, fracasara en su mayoría, y se capacitó a los trabajadores para la industria solar de rápido crecimiento de la Cuenca Pérmica (Texas, Nuevo México...).
En el verano de 2022, la otra gran crisis de nuestra época dio un giro apocalíptico. El colapso climático finalmente aterrizó en el mundo desarrollado, poniendo a prueba la resiliencia de los sistemas sociales. En el medio oeste de Estados Unidos, una sequía severa acabó con los cultivos que suministraban una sexta parte de la producción mundial de cereales. La gente se dio cuenta de la necesidad de que los gobiernos formaran una respuesta coordinada al cambio climático y un estímulo fiscal global directo en apoyo de una economía verde.
Sin embargo, no se trataba solo de un gran gobierno, sino de un gobierno inteligente. La transición a una economía verde requería innovación a una escala enorme, que abarcaba múltiples sectores, cadenas de suministro completas y todas las etapas del desarrollo tecnológico, desde la I + D hasta la implementación.
A nivel regional, nacional y supranacional, los ambiciosos programas Green New Deal estuvieron a la altura de las circunstancias, combinando esquemas de Trabajo Garantizado con una estrategia industrial enfocada.
Los gobiernos utilizaron adquisiciones, subvenciones y préstamos para estimular la mayor innovación posible, ayudando a financiar soluciones para eliminar el plástico del océano, reducir la brecha digital y abordar la pobreza y la desigualdad.
Surgió un nuevo concepto de un Pacto Verde Saludable, en el que los objetivos climáticos y los objetivos de bienestar se consideraban complementarios y requerían políticas tanto de oferta como de demanda. El concepto de “infraestructura social” se volvió tan importante como la infraestructura física.
Para la transición energética, esto significó centrarse en un futuro de estrategia de movilidad y crear una plataforma ambiciosa para el transporte público, carriles bici, vías peatonales y nuevas formas de estimular una vida saludable. En Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti convirtió con éxito un carril de la autopista 405 en un carril para bicicletas y comenzó a construir a fines de 2022 un sistema de metro subterráneo sin carbono, gratuito en el punto de uso.
Ascendiendo al papel de “estado emprendedor”, el gobierno finalmente se había convertido en un inversionista de primer recurso que co-creó valor con el sector público y la sociedad civil. Al igual que en los días del programa Apollo, trabajar para el gobierno, en lugar de para Google o Goldman Sachs, se convirtió en la ambición de los mejores talentos que salían de la universidad. Los trabajos gubernamentales se volvieron tan deseables y competitivos, de hecho, que se formó un nuevo plan de estudios para un título de maestría global en administración pública para personas que querían convertirse en funcionarios públicos.
Y ya estamos aquí, en 2023, con las mismas personas, pero en una sociedad diferente. COVID-19 nos convenció de que no podíamos volver a la normalidad.
El mundo ha adoptado una “nueva normalidad” que garantiza que las colaboraciones público-privadas estén impulsadas por el interés público, no por el lucro privado. En lugar de priorizar a los accionistas, las empresas valoran a todos los grupos de interés y la financiarización ha dado paso a inversiones en trabajadores, tecnología y sostenibilidad.
Hoy, reconocemos que nuestros ciudadanos más valiosos son aquellos que trabajan en salud y atención social, educación, transporte público, supermercados y servicios de entrega. Al poner fin al trabajo precario y financiar adecuadamente nuestras instituciones públicas, estamos valorando a quienes mantienen unida a nuestra sociedad y fortaleciendo nuestra infraestructura cívica para las crisis que están por venir.
La pandemia de COVID-19 nos quitó mucho, en vidas perdidas y medios de vida destrozados. Pero también nos presentó la oportunidad de remodelar nuestra economía global, y superamos nuestro dolor y trauma para unirnos y aprovechar el momento. Asegurar un futuro mejor para todos, era lo único que podía hacer." (Mariana Mazzucato, Time, 22/10/20; traducción google)
