La responsabilidad de VOX, PP y Junts en la reanudación de los desahucios de miles de hogares vulnerables en todo el país como consecuencia de no haber aprobado ayer en el Congreso el Decreto del Escudo Social... más de 60.000 inquilinos y ocupadores de hogares vulnerables en el Estado, muchos de ellos con menores a su cargo, personas dependientes o mayores, quedan condenados a dormir en la calle... Estas personas no son “okupas” ni delincuentes, como las califican PP, VOX y JUNTS. Son familias que no pueden pagar los abusivos alquileres especulativos impuestos por grandes tenedores y rentistas. Familias que han acreditado documentalmente ante un juez su situación de vulnerabilidad, corroborada mediante el correspondiente informe de los Servicios Sociales... el voto en contra de JUNTS, PP y VOX al Escudo Social no solo implica la reanudación de los desahucios, sino también la eliminación de medidas como la prohibición de cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) o el bono social energético, dando la espalda a millones de ciudadanos vulnerables... Pondremos todo nuestro empeño en impulsar medidas de denuncia y presión para que este Decreto de Escudo Social y su medida de suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2026 (prou especulacio)

 "RESPONSABILIZAMOS AL PP, VOX, JUNTS x CATALUNYA con presencia en el Congreso de los Diputados de haber votado en contra del DECRETO-ESCUDO -SOCIAL (RDL 16/2025) y propiciar la reanudación de los desahucios de miles de hogares vulnerables en Cataluña y en todo el país como consecuencia de no haber aprobado ayer en el Congreso el RDL 16/2025 – Escudo Social.

EL RDL prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 los desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, asegura que se les deben proporcionar vivienda a través de los gobiernos autónomos y municipales, pero sus listas están desbordadas y el parque de viviendas de alquiler social es totalmente insuficiente desde hace décadas, pues se optó desde Franco por subvencionar las viviendas como activo inmobiliario bien regadas por hipotecas de la Patronal bancaria.

Dicho Real Decreto contemplaba la suspensión de las demandas de desahucio por impago de rentas y/o finalización de contratos hasta el 31 de diciembre de 2026, para inquilinos en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales, a petición del juez, y que no tienen garantizada una alternativa habitacional, tal y como establecen normativas internacionales como las de la ONU, entre otras. Alternativa que tiene que proporcionarles los gobiernos autonómicos, con transferencias en vivienda, a través del parque público y social de viviendas de ALQUILER que es insuficiente y está colapsado en todo el país.

Nos referimos a más de 60.000 inquilinos y ocupaciones de hogares vulnerables en el Estado, muchos de ellos con menores a su cargo, personas dependientes o mayores, que quedan condenados a dormir en la calle.

Estas personas no son “okupas” ni delincuentes, como las califican PP, VOX y JUNTS. Son familias que no pueden pagar los abusivos alquileres especulativos impuestos por grandes tenedores y rentistas. Familias que han acreditado documentalmente ante un juez su situación de vulnerabilidad, corroborada mediante el correspondiente informe de los Servicios Sociales.

LA TRAYECTORIA DEL PP-VOX Y JUNTS ES ESTAR AL LADO DE LOS GRANDES Y PEQUEÑOS TENEDORES en defensa de sus negocios especulativos con  la vivienda, y en contra de los intereses  de la mayoría social que no puede acceder a una vivienda digna y asequible, precisamente a causa de los elevados alquileres especulativos ni  poder pagar sus rentas por lo que están siendo desahuciados.

El voto en contra de JUNTS, PP y VOX al Escudo Social no solo implica la reanudación de los desahucios, sino también la eliminación de medidas como la prohibición de cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) o el bono social energético, dando la espalda a millones de ciudadanos vulnerables.

Sin embargo, estos partidos no ocultan su respaldo a los grandes tenedores: bancos, fondos buitre, inmobiliarias y rentistas que hacen negocio especulativo con la vivienda, impidiendo cualquier regulación o limitación de los precios abusivos del alquiler que regula la Ley de Vivienda

Por ello, JUNTS, VOX y PP han votado en contra de la Ley de Vivienda en el Congreso, la han impugnado ante el T.C. Además, el PP no la aplica en las comunidades autónomas que gobierna, se ha opuesto a ella en los principales ayuntamientos y comunidades autónomas, aunque cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas, practicando la insumisión política a los derechos sociales ya la propia Constitución que dicen servir.

Por último, recalcamos que a la dramática situación de miles de desahucios, cuya nueva  fecha de lanzamiento los jueces pueden fijar a partir de ahora,  —debido a que el RDL 16/2025 ha sido tumbado por el voto de JUNTS, PP y VOX— se sumarán, si no se vuelve a convalidar, las demandas de desahucio por finalización de contratos:
630.000 en el Estado van a ir finalizando este año, si los grandes y pequeños propietarios no quieren renovarlos ni aceptar, en municipios tensionados, las prórrogas extraordinarias obligatorias de hasta tres años que regula la Ley de Vivienda.

Pondremos todo nuestro empeño en impulsar medidas de denuncia y presión para que este RDL de Escudo Social y su medida de suspensión de los desahucios de inquilinos vulnerables  sin alternativa habitacional se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, nos ratificamos en nuestra defensa de la Ley de Vivienda y de todas sus medidas en los municipios tensionados: la limitación y congelación de los alquileres de grandes y pequeños tenedores  respectivamente  y las prorrogas de hasta tres años.

NO A LOS DESAHUCIOS DE INQUILINOS VULNERABLES SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO
SÍ, SE PUEDE"                            (Prou Especulacio) 

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, explica que ha votado que a su hermana le suban el alquiler junto al PP y los antiguos criminales de Junts, hoy socios respetables... A la mierda mi hermana y que se joda Sánchez... Su hermana, que lo estaría viendo por la tele mientras buscaba empresa de mudanzas, no sabría si aplaudir la lista de merecidas hostias sociales al Gobierno más progresista de la historia o recordarle al diputado de barrio –le gusta presentarse así– que su partido Vox ha votado sistemáticamente en contra de todas esas medidas sociales... No quiero ni imaginarme la próxima comida familiar, pero es fácil hacerlo... resulta que en España, patriotas de derecha españolista y catalanista han encontrado un punto de entendimiento a la hora de joder a la gente. Vía salarios, gasolina o alquileres. Escuché hace años decir a un tipo muy sabio que no entendía a los patriotas. Pues yo creo que cada vez se les entiende mejor (Gerardo Tecé)

 "Los más jóvenes quizá no lo recuerden, pero hubo un tiempo, hace un par de años, en el que votar junto a Junts te convertía en enemigo de España. En cómplice de cosas horribles. El Gobierno pacta con delincuentes prófugos, decían los titulares y en las sobremesas españolas se hablaba más de Puigdemont que de Mbappé. ¿Qué habrá sido de él? De Puigdemont, digo. Le perdimos la pista cuando Junts decidió que sus socios parlamentarios habituales fuesen PP y Vox. Entonces dejó de ser noticia Junts. En las bodas más pijas hace tiempo que ya no se canta durante la barra libre aquello de “Puigdemont, te vamos a meter en prisión”. Y es cuestión de tiempo y aritmética electoral que, tras sonar el himno nacional, novio y novia coreen “Puigdemont, hazme presidente a Feijóo”. Se llaman valores sólidos y abundan en la España fetén.

Miro perplejo la intervención en el Congreso del chaval de Vox que no es pijo. Sí, hay uno. La empresa de Abascal, aunque presume de antiwoke, apuesta por hacerle contrato a gente que representa a minorías. Hay algunas mujeres, un negro e incluso este diputado llamado Carlos Hernández Quero en lugar de Carlos Javier De Hernández y Quero-Quero, que hubiese sido lo normal. Escucho al working class hero de la cuota inclusiva de Vox y no doy crédito. Dice que ha votado junto al PP y los antiguos criminales de Junts –hoy conocidos como socios respetables– que a su hermana le suban el alquiler de su piso. Que esta decisión va en contra de su familiar hasta el punto de que la pobre tendrá que cambiar de barrio, no llegará a fin de mes e incluso tendrá dificultades para formar una familia y tener hijos, explica el hermano del año. Pero que se joda Pedro Sánchez, concluye. Soy ateo, pero juraría que hay algo en la Biblia que hablaba de lo frito que tienes que tener el cerebro para sacrificar a un familiar porque tu dios –una ideología enferma en este caso– así te lo pide.

Continuaba el diputado Carlos Sinape –lo llaman así en el Grupo Parlamentario de Vox porque no tiene apellidos– explicando que, en España, además del precio de la vivienda, tenemos otros graves problemas como que los salarios no den para vivir o que estén por las nubes los alimentos, la luz o la gasolina. Su hermana, que lo estaría viendo por la tele mientras buscaba empresa de mudanzas, no sabría si aplaudir la lista de merecidas hostias sociales al Gobierno más progresista de la historia o recordarle al diputado de barrio –le gusta presentarse así– que su partido Vox ha votado sistemáticamente en contra de todas esas medidas sociales. En contra de subir los salarios, en contra de topar precios de la energía, en contra de subir las pensiones y a favor del genocida israelí y el millonario norteamericano que han provocado que en la gasolinera del barrio la gasolina esté a dos euros. No quiero ni imaginarme la próxima comida familiar, pero es fácil hacerlo.

“Quiero que este país se convierta en un agujero de mierda. Quiero que este país se hunda en una puta pesadilla”, decía Paul Golding, joven líder del ultraderechista partido Britain First (Británicos Primero) pillado en una grabación en la que hablaba de estrategias para llegar al poder. Que el líder de Britain First tenga como objetivo primero joder a los británicos encaja bien con que en España, patriotas de derecha españolista y catalanista hayan encontrado un punto de entendimiento a la hora de joder a la gente. Vía salarios, gasolina o alquileres. Si para construir un agujero de mierda hay que empezar por la familia, pues se empieza. Escuché hace años decir a un tipo muy sabio que no entendía a los patriotas. Pues yo creo que cada vez se les entiende mejor." 

(Gerardo Tecé , CTXT, 29/04/26) 

La política de vivienda solo genera frustración... solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda... la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda e iniciativas legislativas ( la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda)... Todas estas iniciativas han fracasado... las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como Madrid... su denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler... las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven... Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas... la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades... la formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera... Los grandes lobbies del sector inmobiliario obtienen suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja... el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola (Alejandro Inurrieta)

 "Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, porque el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios

El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros." 

( Alejandro Inurrieta, eldiario.es, 23/04/26)

Hemos entrado en un nuevo paradigma económico donde cada vez importa menos producir o trabajar y cada vez más controlar activos como viviendas. La vivienda ya no funciona solo como un lugar para vivir: se ha convertido en el gran motor de acumulación de riqueza y desigualdad... Es el paradigma rentista... quienes más acceden a esa financiación no son tanto los hogares, sino los grandes fondos y los patrimonios más altos... El rentismo no produce, redistribuye hacia arriba riqueza ya creada... Y esto tiene consecuencias políticas y sociales muy profundas. Cada vez más jóvenes estudian, trabajan y aun así no pueden emanciparse. Eso genera frustración, desafección y conflicto social (Javier Gil )

Javier Gil @Gil_JavierGil

1/ Hemos entrado en un nuevo paradigma económico donde cada vez importa menos producir o trabajar y cada vez más controlar activos como viviendas. La vivienda ya no funciona solo como un lugar para vivir: se ha convertido en el gran motor de acumulación de riqueza y desigualdad

 Hoy el beneficio depende menos del empleo o de la economía real y más de tener una vivienda, acciones o deuda bajo la expectativa de que seguirán subiendo. Eso es lo que llamo paradigma rentista.

 Este modelo se sostiene sobre tres elementos: liquidez masiva desde 2008, tipos de interés bajos y exceso de deuda pública. Y buena parte de ese dinero ha terminado refugiándose en los mercados inmobiliarios.

 A diferencia de la burbuja anterior, hoy quienes más acceden a esa financiación no son tanto los hogares, sino los grandes fondos y los patrimonios más altos.

 El problema es que cuando la vivienda se convierte en un activo especulativo deja de cumplir su función social. Los alquileres absorben renta que ya no se gasta en comercio, cultura, ocio o bienestar.

 La economía productiva genera riqueza, empleo y actividad. El rentismo no produce: redistribuye hacia arriba riqueza ya creada.

Por eso la desigualdad ya no depende solo de los salarios. Cada vez depende más del patrimonio inmobiliario y de quién tiene activos y quién no.

 Y esto tiene consecuencias políticas y sociales muy profundas. Cada vez más jóvenes estudian, trabajan y aun así no pueden emanciparse. Eso genera frustración, desafección y conflicto social.

 No estamos ante una anomalía pasajera, sino ante un cambio de modelo. Y mientras la prioridad siga siendo sostener el precio de los activos, el problema de la vivienda seguirá agravándose.

Entrevista completa en @el_pais a proposito del libro "Generación inquilina".

https://elpais.com/economia/negocios/2026-04-05/javier-gil-investigador-del-csic-hay-una-burbuja-del-alquiler-que-se-intenta-sostener-con-intervencion-politica.html

9:06 a. m. · 6 abr. 2026 ·7.526 Visualizaciones

Entre 60.000 y 70.000 desahucios de familias vulnerables paralizados volverán a reactivarse después de que Junts sumara sus votos al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social en el Congreso... La inmensa mayoría de estos desahucios, tal como recuerdan desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, corresponde a familias de bajos ingresos, monomarentales, con personas dependientes y con menores, que no pueden pagar el alquiler o cuyo contrato ha finalizado y no pueden encontrar alternativas que puedan pagar en un mercado de la vivienda inaccesible... Lo que cayó, por segunda vez en dos meses, no es un “simple decreto”... "ha caído una de las pocas protecciones que teníamos mientras la situación se precipita hacia el abismo”... la caída de la moratoria solo se puede interpretar como “una agresión a los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora”... es una “decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles” con la llegada de “una nueva ola de desahucios perfectamente evitable” (Martín Cúneo)

"Entre 60.000 y 70.000 desahucios de familias vulnerables paralizados volverán a reactivarse después de que Junts sumara sus votos al PP y a Vox para tumbar el decreto del escudo social en el Congreso.          

La inmensa mayoría de estos desahucios, tal como recuerdan desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, corresponde a familias de bajos ingresos, monomarentales, con personas dependientes y con menores, que no pueden pagar el alquiler o cuyo contrato ha finalizado y no pueden encontrar alternativas que puedan pagar en un mercado de la vivienda inaccesible para las rentas bajas.

Una realidad que difícilmente casa con la alarma lanzada por las derechas del Congreso, que insisten en que la moratoria de los desahucios del escudo social fomenta la okupación. Ni el delito de usurpación —entrar por la fuerza en una vivienda deshabitada— ni el anecdótico delito de allanamiento de morada —entrar en una casa habitada o en una segunda residencia— tienen nada que ver con las situaciones de decenas de miles de familias que pueden quedarse en la calle.

Lo que cayó, por segunda vez en dos meses, no es un “simple decreto”, afinan desde el Sindicat de Llogateres de Catalunya: “Ha caído una de las pocas protecciones que teníamos mientras la situación se precipita hacia el abismo”. Tal como han repetido estos sindicatos en múltiples ocasiones, las administraciones carecen de los recursos para atender el drama social derivado de la reactivación en las próximas semanas de hasta 70.000 desahucios extra. Menos, si se suma el destino incierto de 630.000 familias que deben renovar sus contratos y enfrentarse a subidas superiores al 50%. 

En un contexto en el que las administraciones “no han impulsado medidas contundentes para resolver la miseria que produce en la mayoría social el mercado inmobiliario” la caída de la moratoria solo se puede interpretar, acusan desde los sindicatos de inquilinos, como “una agresión a los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora”. 

En un comunicado conjunto de estos sindicatos y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), estas organizaciones alertan sobre el auge de los “discursos reaccionarios” en los que la justificación para no mantener el escudo social es que “no se puede someter a los pensionistas al desahucio de familias vulnerables”.

Frente a unas “instituciones públicas que fallan” y el avance de “la reacción de la extrema derecha”, inquilinos y pensionistas llaman a la movilización conjunta este 28 de febrero a las 18:30h en la Plaça Sant Jaume de Barcelona: “No es sólo por empatía y reconocimiento que nos movilizamos juntas. La confluencia de luchas no es sólo una suma de reivindicaciones. Nos permite señalar los nexos. Impugnar la lógica de funcionamiento general. Ese capitalismo que avanza mercantilizando todos los aspectos de nuestra vida”.

Las organizaciones que forman parte de la plataforma #NiUnDesahucioMás denuncian que no se trata de “un debate técnico o coyuntural” sino de una “decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles” con la llegada de “una nueva ola de desahucios perfectamente evitable”. 

Esta plataforma apunta a los partidos que han dejado caer la moratoria, pero también al Gobierno central, que “en estos seis años que ha durado el escudo social ha sido incapaz de garantizar la continuidad de una protección esencial y de articular una respuesta eficaz” ante la crisis de vivienda.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) describe la votación como “uno de los momentos más vergonzosos de la historia reciente”. Aunque la moratoria se había mostrado insuficiente y requería “mejoras notables” era la “única medida que había demostrado su efectividad a la hora de detener los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional”. La FRAVM pide al Gobierno medidas urgentes para enfrentar la crisis de vivienda, entre ellas, medidas que aseguren que nadie se quede en la calle con realojos o con la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda o el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores.

La red de colectivos #NiUnDesahucioMás, además de medidas para asegurar que se da continuidad a la moratoria, demanda una prórroga obligatoria para los contratos de alquiler que finalizan en 2026, así como la aprobación urgente de “medidas efectivas que den cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos residenciales”, ampliando la protección a las familias vulnerables. "                    (Martín Cúneo  , El Salto, 27/02/26) 

Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda... En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres... esta diferencia se explica por una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central... y el Estado interviene para evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero desconectado de los salarios y del trabajo... el suelo es público y el Estado dirige la planificación urbana... así, cuando una ciudad crece o atrae población joven, la respuesta habitual es construir. Nuevos barrios, distritos completos... En España, el suelo está en gran medida en manos privadas y la construcción depende casi por completo de incentivos de mercado... En China, la política económica ha priorizado la creación de empleo urbano estable. Sectores como la industria avanzada, la tecnología, la logística o los servicios modernos absorben a millones de jóvenes cada año. Esto se traduce en ingresos regulares y previsibles, lo que facilita el acceso a hipotecas... En España, el problema no es solo el precio de la vivienda, sino la precariedad laboral... El crédito hipotecario chino está fuertemente regulado y enfocado principalmente a la vivienda habitual. Las condiciones suelen ser claras, con plazos largos y cuotas que no desbordan el salario medio urbano. La deuda está vinculada al trabajo y a ingresos reales, no a expectativas especulativas de revalorización infinita... En China, la orientación social hacia el bienestar humano no se limita al discurso oficial. Se expresa en la planificación, en el control del suelo, en la orientación del crédito y en la prioridad otorgada a la vivienda como bien de uso. En España, la vivienda funciona mayoritariamente como un activo de mercado. La lógica dominante es la rentabilidad, tanto para propietarios como para inversores... el problema que tenemos con la vivienda no es inevitable. Depende de decisiones políticas (Pedro Barragán)

 "Uno de los contrastes más llamativos entre China y muchos países europeos aparece cuando se analiza el acceso de los jóvenes a la vivienda. En China, más del 70 % de los jóvenes vive en una vivienda de su propiedad. En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres, y la compra de la vivienda se retrasa cada vez más.

Esta diferencia no se explica solo por factores culturales o demográficos. Tiene mucho que ver con el modelo económico, el papel del Estado y, en el caso chino, con una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central.

Aunque China es hoy una gran potencia económica, no por ello ha dejado todavía de ser un país en desarrollo que ha salido de la pobreza extrema recientemente. A pesar de ello, el objetivo principal, lejos de tratar de maximizar los beneficios privados, es garantizar el bienestar social y satisfacer las necesidades básicas de la población.

Aquí entra en juego la orientación social china hacia el bienestar, donde, dentro de la libertad de mercado, el Estado mantiene la dirección de los sectores estratégicos y orienta la economía hacia objetivos sociales. La vivienda es uno de esos sectores estratégicos.

La idea defendida por Xi Jinping, de que "las viviendas son para vivir, no para especular", resume bien este enfoque. El mercado libre existe, pero el Estado interviene para evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero desconectado de los salarios y del trabajo.

Amplia oferta frente a escasez estructural  

Uno de los mayores contrastes con España es la oferta de vivienda. En China, cuando una ciudad crece o atrae población joven, la respuesta habitual es construir. Nuevos barrios, distritos completos y grandes promociones residenciales aparecen con rapidez porque el suelo es público y el Estado dirige la planificación urbana.

En España, el suelo está en gran medida en manos privadas y la construcción depende casi por completo de incentivos de mercado. Esto genera una oferta rígida, especialmente en las grandes ciudades. El resultado es desastroso: pocos pisos disponibles, con precios muy altos y una competencia feroz entre compradores y arrendatarios.

Para un joven chino, la probabilidad de encontrar vivienda nueva en su ciudad es alta. Para un joven español, el acceso depende de un mercado limitado, caro y dominado por la especulación.

 Trabajo, salarios y capacidad real de endeudamiento  

Otro punto clave es la relación entre empleo y vivienda. En China, la política económica ha priorizado la creación de empleo urbano estable. Sectores como la industria avanzada, la tecnología, la logística o los servicios modernos absorben a millones de jóvenes cada año.

Esto se traduce en ingresos regulares y previsibles, lo que facilita el acceso a hipotecas. Aunque existe una diversidad de salarios, también existe diversidad de viviendas lo que favorece una relación más directa entre sueldo y precio de la vivienda, facilitando el acceso universal.

En España, el problema no es solo el precio de la vivienda, sino la precariedad laboral. Contratos temporales, salarios bajos y carreras laborales inestables dificultan que los jóvenes puedan endeudarse a largo plazo, incluso cuando el pago mensual de una hipoteca podría ser similar al de un alquiler.

En la práctica, se dá el caso de jóvenes españoles que pueden pagar un alquiler elevado, pero no cumplen los requisitos para comprar. En China ocurre lo contrario y con un empleo estable, lo razonable es aceder a una hipoteca.

Hipotecas y regulación financiera  

El sistema financiero chino también refleja su orientación social. El crédito hipotecario está fuertemente regulado y enfocado principalmente a la vivienda habitual. Las condiciones suelen ser claras, con plazos largos y cuotas que no desbordan el salario medio urbano. La deuda está vinculada al trabajo y a ingresos reales, no a expectativas especulativas de revalorización infinita.

En España, por el contrario, el recuerdo de la burbuja inmobiliaria ha endurecido el crédito, pero sin resolver el problema de fondo de unos salarios bajos frente a unos precios de la vivienda disparatados. El resultado es un bloqueo del acceso a la propiedad para los jóvenes.

El fondo del problema  

La diferencia de fondo entre ambos países es tristemente tan sólo ideológica. En China, la orientación social hacia el bienestar humano no se limita al discurso oficial. Se expresa en la planificación, en el control del suelo, en la orientación del crédito y en la prioridad otorgada a la vivienda como bien de uso.

En España, la vivienda funciona mayoritariamente como un activo de mercado. La lógica dominante es la rentabilidad, tanto para propietarios como para inversores. El Estado interviene poco y tarde, y casi siempre cuando el problema ya es grave.

Que más del 70 % de los jóvenes en China sean propietarios de su vivienda no es una casualidad ni fruto de supuestas diferencias culturales. Es el resultado de un modelo social que respeta las reglas del mercado, pero donde el Estado favorece al acceso a la vivienda garantizando el empleo de los jóvenes, regulando el crédito e impulsando una oferta amplia de viviendas.

La comparación con España pone en evidencia que el problema que tenemos de la vivienda no es inevitable. Depende de decisiones políticas. Mientras en China la vivienda se concibe como un derecho de los jóvenes, en España sigue tratándose, en gran medida, como un producto financiero. Esa diferencia explica por qué para los jóvenes chinos comprar una vivienda es una etapa normal de la vida adulta, y para muchos jóvenes españoles, un objetivo cada vez más lejano." 

(Pedro Barragán  , Público, 17/02/26) 

Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda... el problema no es la escasez de viviendas... Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados. Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez... la multipropiedad afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más... Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario, y permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes (Alexandre Coulondre, Le Monde)

 "Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda. Los indicadores que lo atestiguan son numerosos. Cuando los ingresos de los hogares aumentaron un 35% entre 2000 y 2020, los alquileres subieron un 39% y los precios de compra de bienes raíces un 139%. En cuanto al número de solicitantes de viviendas sociales, ha pasado de 1,9 millones a 2,8 millones en diez años, etc.

En este contexto, el gobierno propuso, el 23 de enero, un plan de "Relanzamiento de la vivienda". Se trata de implementar diferentes dispositivos políticos para "construir dos millones de viviendas para 2030". Para lograrlo, una de las medidas estrella es la implementación del estatuto de arrendador privado, un dispositivo promovido desde hace mucho tiempo por las federaciones profesionales del sector de la construcción.

Consiste en otorgar beneficios fiscales a los hogares que elijan invertir en la compra de viviendas, siempre que estas viviendas sean posteriormente alquiladas durante nueve años para uso de residencia principal a alquileres reducidos.

El objetivo declarado del ministro de la ciudad y la vivienda, Vincent Jeanbrun, es hacer de la vivienda, gracias a los beneficios fiscales, una inversión rentable, atrayendo así los capitales de los hogares hacia la piedra. El plan de recuperación implementa la estrategia política del "choque de oferta" ya invocada por la mayoría de los ministros de vivienda anteriores, a la que se articula aquí una estrategia de "choque de inversión".

Un plan así es inadecuado para la situación por al menos dos razones. Primero, esboza la idea de que las dificultades de acceso a la vivienda se deben a una escasez. Sin embargo, los análisis empíricos arrojan una luz muy diferente sobre la vivienda en Francia. Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados.

Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo. La disponibilidad de viviendas depende más del uso que se hace de los metros cuadrados que de una escasez. Y aunque el estatus de arrendador privado también concierne en teoría a los edificios antiguos, las condiciones de elegibilidad no están calibradas para explotar estos yacimientos. El plan se aplicará sobre todo en las nuevas construcciones.

Si realmente no hay escasez de metros cuadrados, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? Precisamente a lo que promueve el plan de recuperación, es decir, a la "activación" de los bienes raíces residenciales.

Es el segundo límite. Cuando la vivienda se considera menos por su uso que como un producto financiero, se implementan estrategias de extracción de valor que sustentan el aumento de los precios. Pudimos encontrar estas estrategias en el sector bancario, que apostó mucho por el valor residencial durante las décadas de 2000 y 2010, distribuyendo créditos en condiciones favorables que impulsaron el aumento de los precios inmobiliarios.

A su manera, y un año después de la suspensión del dispositivo Pinel que funcionaba con el mismo principio [ofrecía, de 2014 a 2024, la posibilidad al inversor inmobiliario de beneficiarse de una reducción del impuesto sobre la renta si se comprometía a alquilar la vivienda como residencia principal durante un mínimo de seis años, dispositivo que el gobierno consideró costoso e ineficaz], el plan de recuperación anima a los hogares a adoptar una relación financiera con los bienes inmuebles.

La consecuencia será anclar aún más el sector residencial a estrategias de gestión de cartera y optimización que apoyen el aumento de los valores a medio plazo. En efecto, se puede imaginar que después de los nueve años de ventajas fiscales, muchas de las viviendas afectadas se reasignarán a los usos más rentables, como en las plataformas de alquiler a corto plazo, tal como constató el Tribunal de Cuentas con las viviendas Pinel.

Esto también plantea una cuestión de justicia social, en la medida en que los hogares a los que va dirigido el dispositivo a menudo se alejan de la imagen del pequeño ahorrador que se presenta en los discursos. Los estudios del Insee sobre la multipropiedad muestran que afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más.

Así, las políticas de vivienda como el plan del gobierno, que apuestan por la monetización de los activos inmobiliarios, corren el riesgo tanto de ser ineficaces para regular la carestía de la vivienda a medio plazo como de reforzar las disparidades patrimoniales en beneficio de los hogares más dotados. El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez.

Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario (BRS). También se encargaría, antes de fomentar la construcción, de permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes. Además, sería una elección acertada también desde el punto de vista ecológico, ya que la fase de construcción representa entre el 65% y el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero de un edificio a lo largo de su ciclo de vida."

(Alexandre Coulondre, Revista de prensa, 03/02/26, traducción Quillbot, fuente Le Monde)

La ley de vivienda no se está cumpliendo y los precios siguen subiendo. Conocer esta realidad no debe paralizarnos, al contrario, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión... Hay mucho que se puede hacer: Debemos prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer ya... este año 2026 se verán amenazados 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a hasta 2,7 millones de personas. Prorrogar estos contratos, como hicimos con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es un freno de seguridad... y debemos acabar con la compra especulativa. Los grandes fondos de inversión están adquiriendo cientos de miles de casas no para que vivan familias, sino para especular con los precios. Esta práctica es insostenible: estamos permitiendo que el país deje de ser de quienes viven y trabajan en él para convertirse en una aspiradora de dinero hacia grandes fondos internacionales... Y de forma complementaria a estas dos medidas urgentes, necesitamos reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de vivienda y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1% del PIB anual para acercar nuestro parque público a la media europea. Cuando millones de personas ven peligrar su vivienda mientras se protege a los rentistas, se rompe el pacto social y se abre la puerta al autoritarismo. La historia lo demuestra: si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos (Yolanda Díaz)

 "El objetivo fundamental del Gobierno progresista es luchar contra la desigualdad. Desde los cinco ministerios de los que formamos parte trabajamos por ello cada día. Defendiendo los derechos laborales, los servicios públicos, la universalidad de los derechos y la justicia social. La vivienda es hoy la gran máquina de producir desigualdad en nuestro país. Por eso, los avances en esta materia son el gran reto de la legislatura. Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances.

La transformación de la vivienda en un activo financiero ha roto su función fundamental y ha violentado los principios de nuestra Constitución, de forma muy especial el artículo 47. En los 50 años de nuestra democracia, ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar la vivienda en unos términos que permitieran evitar este escenario. Así, hemos vivido varias burbujas inmobiliarias, una política pública que ha vendido cientos de miles de viviendas que debían seguir siendo públicas, cesiones continuas de suelo, la venta de vivienda social a fondos buitre y una falta de control sobre los precios, la vivienda turística y el alquiler de temporada.

Frente a esta problemática, la política seguida hasta ahora, una vez más esta misma semana, es la de los regalos fiscales. Una política ineficaz y profundamente injusta, que le da derechos solo a la parte propietaria y deja desamparada la inquilina. Con este movimiento, el PSOE reconoce la necesidad de tomar medidas, pero se equivoca profundamente en la solución que plantea. Esta política es un error profundo y no vamos a aceptarla.

Sabemos que este problema no es solo de nuestro país, pero eso no puede servir de excusa para no actuar. Tampoco puede ignorarse la alianza entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular y la especulación inmobiliaria. La ley de vivienda no se está cumpliendo y los precios siguen subiendo. Conocer esta realidad no debe paralizarnos: al contrario, el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión.

Hay mucho que se puede hacer. El pasado mes de octubre presentamos un conjunto de medidas mínimas para afrontar la especulación, que está expulsando a cientos de miles de familias de sus casas.

Hoy queremos destacar algunas herramientas imprescindibles y de aplicación inmediata para garantizar los derechos de la mayoría social.

Debemos prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer ya. Con los datos de los que disponemos gracias a los informes del Ministerio de Consumo y Agenda 2030, este año 2026 se verán amenazados 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a hasta 2,7 millones de personas. Prorrogar estos contratos, como hicimos con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es un freno de seguridad. Una medida constitucional para detener las subidas y dar un respiro a cientos de miles de familias.

La segunda medida también es de puro sentido común: poner fin a la compra y tenencia de viviendas con fines especulativos. Los grandes fondos de inversión están adquiriendo cientos de miles de casas no para que vivan familias, sino para especular con los precios. Esta práctica es insostenible: estamos permitiendo que el país deje de ser de quienes viven y trabajan en él para convertirse en una aspiradora de dinero hacia grandes fondos internacionales.

Y de forma complementaria a estas dos medidas urgentes, necesitamos reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de vivienda y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1% del PIB anual para acercar nuestro parque público a la media europea.

Cuando millones de personas ven peligrar su vivienda mientras se protege a los rentistas, se rompe el pacto social y se abre la puerta al autoritarismo. La historia lo demuestra: si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos.

El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad, cuando tiene la vocación de mejorar la vida de la gente en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y por eso vamos a seguir trabajando."

(Yolanda Díaz, Ernest Urtasun,  Mónica García,  Pablo Bustinduy, Sira Rego, El País, 14/01/26)

2025, el año de la vivienda impagable... La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda... La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año... Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda (Martín Cúneo)

"A finales de 2024, la vivienda se convirtió en el principal problema de la población según el CIS y así se mantuvo durante todo 2025. En el último barómetro de diciembre, el 39,9% de la población consideró que la vivienda era un problema de primer orden, y el 19% la definió como “el principal problema” de España. La migración, que la extrema derecha insiste en presentar como una amenaza, aparece en un distante 3,7%.

Los datos avalan esta preocupación generalizada. En 2025, el precio de la vivienda ha aumentado un 13,1% según los datos de la sociedad de tasación Tinsa. Unas cifras que se elevan hasta el 19,6% en la Comunidad de Madrid y el 15,9% en el País Valencià. Según esta agencia, el año terminará con un volumen aproximado de 550.000 compraventas, todavía 200.000 por debajo de las cifras de 2007. Aún así, con cerca de 60.000 ventas mensuales, los datos triplican los de los últimos 15 años. Según Idealista, el precio de la vivienda ha superado el pico previo al estallido de la burbuja inmobiliaria: en 2007, el metro cuadrado en España llegó a los 2.100 euros; en noviembre del 2025, ya había superado los 2.600. En Madrid y Barcelona, el precio es el doble: comprar un piso de 80 metros cuadrados cuesta más de 450.000 euros de media.

En 1987, un joven necesitaba tres años de sueldo para comprar un piso. En 2025, según el Banco de España, un joven necesitaría 14 años de salario completo. “Matemáticamente es imposible que los jóvenes, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga compren un piso”, señalaba el investigador y activista Javier Gil.

Pese a las semejanzas, también hay grandes diferencias con respecto a la anterior crisis de vivienda. Una de las principales es que en 2025 la mitad de las transacciones se realizó con pagos al contado, sin necesidad de hipoteca, un desembolso a tocateja solo al alcance de empresas, sectores de renta media-alta o con una alta capacidad de ahorro familiar.

El sector inmobiliario se resiste a hablar de pinchazo o de burbuja, aunque admite que el mercado está en “un escenario de demanda próxima a máximos”. Esto no quiere decir que el precio de la vivienda vaya a bajar, predicen desde Tinsa, sino que crecerá de forma más moderada, entre un 5% y un 10% en 2026.

Esta “desaceleración” también se ha comenzado a observar en el mercado del alquiler, con un alza interanual del 0,7% en noviembre, la más baja de los últimos 46 meses, según Fotocasa. Esta inmobiliaria habla de la “subida más moderada del año”, de un “posible punto de inflexión” y de un mercado del alquiler que “podría estar cerca de alcanzar su punto máximo” después de años de cifras récord.

Fotocasa pronostica que este cambio de tendencia puede ofrecer “un respiro en plena crisis de sobreprecios”, aunque a continuación reconoce que un piso de 80 metros cuadrados en Barcelona cuesta de media unos 1.752 euros mensuales y en Madrid unos 1.652 euros.

La crisis de la vivienda impagable y la parálisis del Gobierno central han marcado el año y complican las expectativas electorales del PSOE y de los partidos de izquierda que participaron en sucesivos gobiernos de coalición. Frente a la inacción de los distintos gobiernos, el movimiento de vivienda ha sabido reaccionar con gigantescas manifestaciones y algunas grandes victorias en las calles, los juzgados y en las instituciones.

La gran manifestación del 5 de abril y lo que vino después

El 5 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades del Estado español para reclamar por el derecho a la vivienda, la última gran movilización del ciclo de protesta que se inició en abril de 2023 con las grandes marchas contra la turistificación y la especulación inmobiliaria. En Catalunya, cinco días después de la manifestación en Barcelona, que reunió a más de 100.000 personas, el Gobierno del PSC llegó a un acuerdo con ERC, Podem y las CUP para aprobar la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una normativa impulsada por el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) que pretende tapar uno de los principales agujeros que dejó la ley de vivienda de 2023. El 18 de diciembre, el Parlament catalán aprobó la ley por la que los alquileres de temporada y de habitaciones deben cumplir los topes de precio de las zonas tensionadas y respetar los derechos de los inquilinos recogidos en la ley estatal de alquileres.
Qué pasa con la ley de vivienda

Catalunya es la comunidad donde más lejos ha llegado la aplicación de la ley de vivienda, con 271 localidades reconocidas como tensionadas. En este territorio, los precios del alquiler regulado bajaron el primer año un 4,7%, según el Institut Català del Sòl (Incasol). En la ciudad de Barcelona, la reducción del precio llegó al 8,9%. Sin embargo, estas cifras muestran solo una parte de la realidad: no incluyen los alquileres de temporada y por habitaciones, que no están regulados por la ley de vivienda. Y esto es un problema, porque este tipo de contratos se disparó tras la aplicación de los topes a los precios: en noviembre de este año ya suponían uno de cada cuatro nuevos contratos en Barcelona. En 2026 se verá el resultado de la entrada en vigor de las nuevas leyes que quitan incentivos a los contratos temporales o por habitaciones —por ahora solo en territorio catalán— y obligan a regularizar los alquileres turísticos.

Además de Catalunya, en 2025 decenas de localidades de otras comunidades se sumaron al listado de zonas de alquiler tensionado. En Navarra, el 30 de julio se unían Iruña, Tudela, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Mayor, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Uharte, Berriobeiti, San Adrián y Azkoien.

También en julio, la ciudad gallega de A Coruña era declarada zona tensionada y se convertía en la única localidad que ha conseguido obtener el visto bueno de una autoridad autonómica en manos del PP para aplicar los topes de precio de la ley de vivienda.

El 31 de octubre de 2025, también se declaraban como zonas tensionadas los municipios de Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz. Se sumaban así a otros municipios del País Vasco que ya habían concluido los trámites para establecer topes a los precios del alquiler, como es el caso de Donostia, Galdakao, Lasarte-Oria, Zumaia, Irun y Errenteria.

En febrero de 2025, el Gobierno de Asturias (PSOE-IU) anunció que se tramitaría “inmediatamente” la declaración de 16 zonas tensionadas en los concejos de Gijón, Avilés, Llangréu, Llanes, Gozón y Cabrales. A finales de año, esta declaración, que dejaría fuera Oviedo y la mayoría de Gijón —solo dos barrios de esta ciudad serían declarados tensionados—, todavía no tiene fecha aunque se espera para mediados de 2026.
El boicot autonómico, sí, pero no solo

La declaración de A Coruña como zona tensionada es una excepción incluso dentro de Galicia, donde la Xunta ha impedido la misma tramitación para Santiago de Compostela. Las solicitudes de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Parla y Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid o Las Palmas de Gran Canaria han sido desestimadas por los Gobiernos autonómicos del Partido Popular. Tanto la Comunidad de Madrid como Andalucía, el País Valencià, Baleares, La Rioja, Extremadura y la Región de Murcia han rechazado de raíz la aplicación de los topes a los precios del alquiler. Grandes manifestaciones, como la del 9 de febrero en Madrid, mostraron el rechazo ciudadano al boicot del PP a la ley de vivienda. Pero el boicot también ha venido del Gobierno socialista de Castilla La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, quien ha criticado en numerosas ocasiones el “intervencionismo” de la ley de vivienda.

Las competencias transferidas a las autonomías han dificultado o impedido la aplicación de la ley de vivienda, pero las principales organizaciones sociales —la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas barriales— también han acusado al PSOE central y al Ministerio de Vivienda de lentitud, medidas insuficientes, inacción o, incluso, de operar en favor de los intereses de los fondos de inversión y el lobby inmobiliario. 

De la Sareb a Casa 47

La ley de vivienda suspendía los desahucios de familias vulnerables entre dos y cuatro meses hasta que se encontrara una alternativa habitacional. La falta de parque público —actualmente el 3,4% del total de viviendas— es el principal obstáculo para que los artículos que hablan de desahucios en ley de vivienda se puedan aplicar.

El 9 de diciembre iniciaba su andadura la empresa pública estatal de vivienda, bautizada Casa 47, con un patrimonio de 40.000 pisos, la mayoría de ellos traspasados de los restos de la Sareb y también de los Ministerios de Defensa e Interior. También contará con 2.400 suelos con capacidad para construir otras 50.000 viviendas. 

La creación de una entidad pública con el patrimonio de la Sareb se había convertido en una de las principales reivindicaciones del movimiento de vivienda y de los partidos de la izquierda parlamentaria que sostienen al PSOE en La Moncloa. Sin embargo, el hecho de que el traspaso se haya realizado cuando ya se había vendido la mayoría de las viviendas del banco malo y que no haya un plan ambicioso y realista para levantar un parque público equiparable al de países vecinos ha generado una ola de críticas.

Esta falta de ambición se evidenció en el Plan de Vivienda 2026-2030, que apenas cuenta con un presupuesto de 7.000 millones de euros, una cifra equivalente al gasto militar comprometido en el Consejo de Ministros del 18 de noviembre de 2025. Con los precios actuales de construcción, ese presupuesto serviría para construir entre 30.000 y 50.000 pisos. Un volumen insignificante en comparación con el millón de viviendas públicas que se necesitan para acercarse a la media europea. Aunque la inversión llegue a los 16.000 millones de euros, tal como afirman fuentes del Gobierno, el objetivo de llegar al 9% de parque público seguiría igual de lejos.
El Ministerio de Vivienda, en cuestión

La medida estrella del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez frente a la explosión de los pisos turísticos, los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido el Registro Único de Contratos de Corta Duración, una iniciativa exigida por la UE que entró en vigor el 1 de julio y no ha demostrado por ahora efectos en la contención de estos tipos de contratos. Otras iniciativas del Ministerio, como una línea telefónica de atención a la ciudadanía con problemas de vivienda o campañas de comunicación de dudoso tacto, han terminado en escándalo y peticiones de dimisión por parte de Podemos, algunos cargos de Sumar y las organizaciones de vivienda. 

El Ministerio de Vivienda no solo ha sido acusado por estos actores de inacción y de apostar por leyes ineficaces, sino también por apoyar medidas que criminalizan a los sectores más perjudicados por la crisis de vivienda. En marzo de 2025, el PSOE dio sus votos para la tramitación de una ley propuesta por Junts que agilizaba los desahucios exprés en determinados casos de ocupaciones. A principios de diciembre, tras la ruptura de Junts con el Gobierno, el PSOE posicionó el apoyo parlamentario a esta medida como una de las posibles concesiones para destrabar el apoyo de los nacionalistas catalanes. Otras medidas defendidas por el Gobierno y el Ministerio de Vivienda, como la línea de crédito ICO para financiar el 20% de las hipotecas a jóvenes, han sido criticados por la izquierda parlamentaria y el movimiento de vivienda como contraproducentes por su efecto inflacionario —ya que inciden en el aumento de los precios— y discriminatorio, ya que solo beneficia a las rentas más altas que pueden permitirse acceder a una hipoteca.
Consumo, la demostración

La inacción o complicidad del Gobierno con los intereses de los fondos de inversión, grandes propietarios e inmobiliarias ha tenido una excepción: el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar). El trabajo de denuncia de los sindicatos de inquilinos y organizaciones de consumidores contra inmobiliarias que cobran honorarios a los inquilinos sirvió de impulso para que el 30 de octubre el Ministerio de Derechos Sociales multara con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro. Una multa histórica que pretende terminar con una larga historia de impunidad de caseros e inmobiliarias que se saltan la ley de vivienda y que sienta un precedente para actuar contra otras empresas intermediarias que cometen estos y otros abusos contra los arrendatarios.

La apuesta del Ministerio de Bustinduy por buscar resquicios para actuar contra los abusos inmobiliarios volvió a dar resultado pocas semanas después, cuando anunció el 15 de diciembre una multa de 64 millones de euros contra Airbnb por ofertar viviendas turísticas ilegales.
 

Las victorias que vienen de abajo

2025 ha sido un año recorrido por decenas de luchas por la vivienda en diferentes rincones del Estado. Muchas de ellas han finalizado con importantes conquistas. La primera de ellas fue el desenlace de la larga lucha de la Casa Orsola en Barcelona, convertida en símbolo de lucha de los inquilinos contra los fondos buitre que expulsan a los vecinos para convertir sus pisos en lucrativos alquileres temporales. El 7 de febrero, el Sindicat de Llogaters conseguía que el Ayuntamiento de Jaume Collboni anunciase la compra del edificio, una operación que fue calificada por el Sindicat como una “victoria”, la demostración de que “cuando los vecinos hacen ruido y se plantan, se puede ganar”.

En julio, el Sindicato de Inquilinos, esta vez de Madrid, conseguía otra “victoria histórica y pionera” al ganar el juicio contra el fondo de inversión Nestar/Azora. Tras un año de lucha, una huelga de alquileres que juntó a más de mil familias y meses de juicio, los vecinos del bloque de Martín Muñoz de las Posadas, en Vallecas (Madrid), conseguían que la Justicia reconociera como abusivas seis de siete cláusulas incluidas en los contratos de alquiler de las vivienda gestionadas por este fondo de inversión.

La otra gran huelga de alquileres en el Estado español también ha tenido un final feliz. Se trata de la lucha de miles de inquilinos de la Fundación La Caixa en Catalunya, a quienes el banco pretendía echar de sus casas, construidas con dinero público, para ser privatizadas a medida que finalizaba la protección. El 27 de octubre, conseguían una primera victoria: el Govern anunciaba la compra de tres promociones de La Caixa, una decisión que permitiría que 170 familias se quedaran en sus pisos. Y un mes después, se ampliaba la compra de bloques hasta beneficiar a 1.700 hogares. “Esta victoria demuestra que la huelga de alquileres funciona y que la organización de las inquilinas es la única garantía para defender el derecho a la vivienda”, señalaron desde el Sindicat de Llogaters.

La acción de la Plataforma de Afectado por la Hipoteca (PAH), los sindicatos de inquilinos y las asambleas y sindicatos de vivienda barriales han conseguido detener, además, cientos de desahucios, entre ellos los de Mari Carmen, mujer de 87 años que un fondo buitre pretendía expulsar de su casa en Madrid, o el de seis familias en María Guerrero 1 (Carabanchel, Madrid) tras cuatro horas de cerco policial.

Además, el año ha dejado dos propuestas de confluencia y trabajo conjunto dentro del movimiento de vivienda. La primera fue la creación, en febrero de 2025, de una confederación catalana de organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda. La Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya agrupa a buena parte de las asambleas de vivienda de barrios, pueblos y ciudades catalanes, al Sindicato de Llogateres, diversas asambleas de la PAH y otras redes y colectivos de vivienda de todo el territorio catalán.

La segunda iniciativa es la celebración del I Congreso Estatal de Sindicatos de Inquilinas, que reunió a organizaciones de arrendatarios de Madrid, Catalunya, Málaga, Asturias, Burgos, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Segovia, Almería o Logroño.

Qué se puede esperar de 2026

La crisis de la vivienda no es exclusiva de España, sino que atraviesa buena parte de las sociedades de los países de la OCDE. Diversos estudios académicos han señalado el vínculo entre esta crisis con el auge de la extrema derecha en todos estos países. De hecho, se ha convertido en uno de los temas estrella de los partidos ultra. En España, el cambio de discurso de Vox, representado por el ascenso de Carlos Quero como portavoz del partido, ha puesto la crisis de vivienda en el centro del debate pero culpando de los problemas del precio y de la pérdida de identidad de los barrios a la migración y a los sectores más pobres expulsados de la vivienda por unos precios imposibles. El desalojo de 400 migrantes en Badalona, el pasado 16 de diciembre, o los procesos de desalojo del Convento de Agustinas en el Parque de Aranzadi y la Ikastola Jaso —ambos en Iruña/Pamplona—, del asentamiento en Zorrotzaure en Bilbao y el antiguo colegio de Agustinos en el barrio donostiarra de Martutene evidencian la instalación de los discursos racistas y de criminalización de la población más precaria.

2026 será el año clave en esta crisis de vivienda 2.0. La ley que impulsan los sindicatos de inquilinos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones ha sido rescatada después de un año de olvido en los cajones del Congreso y se votará a principios de año. Aunque se consiga superar la oposición frontal de Junts, la ley no serviría por sí sola para bajar los precios ni para solucionar los problemas de oferta en lo que queda de legislatura.

Desde las organizaciones del movimiento de vivienda y los partidos a la izquierda del PSOE apuestan por una intervención generalizada del mercado de vivienda, que comience por la congelación de los 600.000 contratos que vencen este año para evitar subidas abusivas y que continúe con la prohibición de los alquileres turísticos y de la compra con fines especulativos, así como una apuesta real por un parque público de vivienda. Queda por ver si la espiral de precios ha llegado a un máximo, si espera una corrección o un nuevo pinchazo. Lo que sí parece claro es que si el centro y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad en las siguientes elecciones generales, tienen que dar respuesta a la principal preocupación de la población que vive en España."

(Martín Cúneo , El Salto, 31/12/25)

Imputan por acoso inmobiliario en un bloque de Lavapiés a varios altos cargos de un fondo buitre... es la primera querella colectiva presentada en España por un delito de 'mobbing' inmobiliario e investiga las conductas abusivas de fundadores, directivos y trabajadores de Elix Rental Housing... “Es una praxis que están replicando muchos fondos. Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”... Las obras “están haciendo imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya se han visto obligados a abandonar el edificio. También han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y desperfectos en sus casas (Nerea Díaz Ochando)

 "Nueva pequeña victoria judicial para los vecinos de Tribulete 7. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite su denuncia por acoso inmobiliario con el fondo de inversión Elix Rental Housing como imputado. Se trata de la primera querella colectiva presentada en España por un delito de 'mobbing' inmobiliario.

Después de más de un año de lucha, los vecinos de este bloque de Lavapiés han visto los primeros resultados de su movilización. Con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las decenas de familias afectadas presentaron el escrito judicial el pasado 22 de mayo y han conseguido que la Justicia les dé la razón.

Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el juzgado ha admitido a trámite, ha incoado diligencias previas y se ha abierto una investigación. Se ha citado a declarar como presuntos responsables de este acoso inmobiliario a varios altos cargos del fondo buitre. Según ha detallado, “a uno de sus socios fundadores, a uno de sus directos, a dos trabajadores, al arquitecto y al jefe de obra”. Todos los altos cargos y trabajadores de Elix Rental Housing investigados han sido citados el próximo 19 de febrero.

Jacinto ha narrado que no se trata de un caso aislado: “Es una praxis que están replicando muchos fondos”. “Se toman la justicia por su mano para extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, asegura. En el caso de Tribulete, la abogada asegura que hay indicios más que suficientes para “entender que hay acoso, hostigamiento, daño sobre sus propios bienes y una gran afectación moral”.

La socimi completó la compra del bloque en marzo de 2024 e inició obras en noviembre, con la mayoría de inquilinos todavía viviendo en el edificio. Las obras “están haciendo imposible vivir en Tribulete” y algunos vecinos ya se han visto obligados a abandonar el edificio. También han sufrido cortes de suministros y algunos conviven con goteras y desperfectos en sus casas.

Cabe reseñar, que este acoso se produce sobre la vivienda habitual, por lo que a nivel legal tendría mayores implicaciones, tal y como ha explicado la abogada en la rueda de prensa. De hecho, los vecinos continúan pagando sus rentas “religiosamente” cada mes.

Cristina Gómez, una de las vecinas del bloque, ha celebrado este nuevo paso: “Estamos contentos con que el proceso esté avanzando y no perdemos de vista que, al final, es como un pequeño hito dentro de esta lucha que es gigante, por eso estamos esperanzados”. Sin embargo, admite que “las fuerzas empiezan a flaquear”, ya que son muchos meses soportando las conductas abusivas del fondo.

Tribulete es uno de los edificios más significados y contestatarios de entre los que han sido adquiridos por fondos o sociedades inmobiliarias en la capital, una tendencia creciente ante el lucrativo negocio de los alojamientos turísticos o temporales. El bloque se ha organizado para celebrar conciertos, representar el problema sacando los muebles a la calle o hasta acoger un funeral por la muerte de los barrios con actuación de Biznaga incluida. Ahora reclaman “que se acabe la impunidad”. 

(Nerea Díaz Ochando , eldiario.es, 03/12/25)

“Con medidas adecuadas, se puede encauzar el problema de la vivienda en dos o tres años”... lo que tenemos es un sistema de extracción de rentas, la gente ya no puede pagar una vivienda... se pueden hacer muchísimas cosas desde la administración central. Por ejemplo, todos los planes de rehabilitación de vivienda pueden salir directamente del Gobierno... se podría destinar dinero público a construir, además de un ascensor, una planta extra en los edificios antiguos, aumentando en varias viviendas cada bloque, y además condicionar esa ayuda económica a que en el edificio no haya ninguna vivienda vacía, lo que obligaría a sacarlas al mercado... Las empresas de construcción tradicional tienen capacidad en este momento de hacer unas 110.000 casas al año. No puedes pedir que dupliquen esa cifra, no hay empresas suficientes... Hay que empezar a sacar al mercado las 3,8 millones de viviendas vacías que ya tenemos. Hay que terminar con una parte de los alquileres turísticos, ese mercado no puede seguir creciendo. Y podemos empezar a plantearnos la construcción industrial, que es un sistema barato y rápido y permite hacer cosas como aumentar una planta por edificio... con la construcción industrializada puedes tener una casa en cien días (José Manuel López Rodrigo)

 "Desde hace unos años, no hay mesa de domingo en familia, ni café con los amigos por las tardes en los que la conversación no termine girando en torno a la falta de la accesibilidad de la vivienda en nuestro país. Tras la gran crisis de 2008 dos generaciones –los millennial y los Z– fueron expulsadas del mercado inmobiliario, y muchas de esas personas se han resignado con amargura a la idea de que solo a través de una herencia podrán llegar a tener algún día una casa. Los que ni siquiera pueden aspirar a esa herencia quedarán para siempre a merced de un mercado que devora la nómina entera y expulsa a los habitantes de sus barrios. 

Sin embargo, el futuro podría ser otro. Hablamos por teléfono con José Manuel López Rodrigo (Madrid, 1966), ingeniero de formación, experto en Planificación y Urbanismo, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y actualmente director del Gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid). 

Durante toda la conversación, López insiste a menudo en sacudirse la resignación y la melancolía paralizantes: asegura que tenemos motivos para fabricar un relato mucho más esperanzador y empezar a cambiar las cosas. Para demostrarlo, acaba de publicar el libro Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda (Akal, 2025), una obra en la que se proponen soluciones realistas y argumentadas ante un problema que nos atañe a todos. 

El pasado 19 de noviembre nos desayunamos con el siguiente titular: “El precio de la vivienda se encarece un 12 % en el tercer trimestre de este año y marca su récord histórico desde 1995”, –aunque algunos medios han señalado que existen discrepancias muy grandes (un 43 % de media) entre los precios que vemos en los portales inmobiliarios y los que finalmente aparecen en las escrituras notariales–. Es imposible no preguntarse qué está pasando y cómo hemos llegado a esto, más aún si tenemos en cuenta que el PSOE ha estado gobernado en coalición con otras formaciones progresistas desde 2018. 

Para entender lo que sucede ahora hay que mirar lo que se ha hecho con la vivienda durante los últimos sesenta años. Debemos tener en cuenta que más o menos el 80 % de las casas que tenemos hoy fueron construidas después de 1960. Podemos diferenciar cuatro ciclos diferentes desde entonces hasta el momento actual. 

El primer ciclo iría desde 1960 hasta que España entra en la Unión Europea en 1985. Durante ese tiempo se construyeron ocho millones de viviendas protegidas, es decir hubo un control por parte del Estado, la gente no podía hacer lo que quisiera con su casa. Un segundo ciclo va desde 1985 hasta 1995: ahí se produce un gran problema cuando se modifica el sistema de protección. En lugar de hacer más VPO, lo que se hace es dar dinero a la gente a través del IRPF, de manera que la vivienda que te financiaban era libre, es decir, el Estado perdió el control sobre ella y su papel se limitó a financiar la compra. Entre 1982 y 2022 se ha destinado el equivalente a 162.000 millones de euros a esto –por ponerlo en perspectiva, el actual plan de recuperación es de 80.000 millones–. Además, durante ese tiempo se autorizó la descalificación de las viviendas protegidas. Recuerdo que mis padres estaban contentísimos: su vivienda protegida pasó de valer 300.000 pesetas a valer tres millones, de repente éramos una familia pudiente. 

Lo que hizo el Estado en aquel momento fue repartir mochilas, pero el problema es que, si no estabas ese día, te quedabas sin tu mochila, y a partir de ahí la administración ya no tuvo nada más para repartir. Cuando pensamos ahora en el sistema de redistribución de nuestro país, nos viene a la mente todo lo que tiene que ver con sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, pero nadie habla de vivienda. Sin embargo, hasta 1984 todavía se consideraba la vivienda como una quinta pata en ese sistema de redistribución. 

El tercer ciclo se inició con Aznar. Se perdió el control estatal y todo pasó al mercado. Toda la transferencia que habían recibido las familias a través de las viviendas protegidas y del IRPF cambió de sentido y pasó a invertirse en los bancos. Las familias perdieron 40.000 millones y, unos años más tarde, el Estado añadió 80.000 millones más al rescate bancario. 

El cuarto ciclo sería el actual, y aún no sabemos cómo se va a llamar esto. En lugar de un sistema de redistribución lo que tenemos es un sistema de extracción de rentas, la gente ya no puede pagar una vivienda. 

¿Y hacia dónde estamos yendo? ¿Esto es otra burbuja, aunque no sea como la de 2008? ¿Qué va a suceder si se mantiene esta inercia, si nadie interviene? 

Hay varios condicionantes que se están dando a la vez. Una es que los fondos de inversión han metido mucho dinero en España comprando casas. De hecho, ahora están pensando en vender un 20 % de sus activos. El otro gran problema que tenemos tiene que ver con las herencias. Si uno mira la estructura del ahorro de las familias españolas, el 70 % de su dinero está invertido en el ladrillo. En el extremo opuesto de la OCDE estaría Austria, donde solo el 13 % del ahorro de las familias va al ladrillo. Pero aquí, cuando alguien tiene algún dinero, lo invierte en comprar una casa, o una segunda residencia, un terreno, un garaje, una vivienda para alquilar, lo que sea.

Lo que nos vamos a encontrar ahora es que la generación que compró los ocho millones de viviendas protegidas está empezando a fallecer. Así que vamos a tener ocho millones de viviendas en herencia. Y la liquidez que van a obtener los herederos la van a invertir otra vez en ladrillo, ya sea en rehabilitar su propia vivienda, o en comprar otra para ponerla en alquiler turístico, etc. Todo esto está alterando el sistema. Hay otros factores en juego también, como los 3,8 millones de viviendas vacías, o el hecho de que haya gente asustada creyendo que le van a ocupar su casa. De hecho, una de las cuestiones clave sería cambiar la manera de entender este asunto. 

Claro, pero si la vivienda es el único patrimonio que tienen las familias, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de la gente? 

Se puede cambiar el sentido común sobre las políticas de vivienda como ha ocurrido, por ejemplo, con el empleo. Una cosa es hablar de empleo y otra de trabajo. O hablar de transición ecológica en lugar de medio ambiente. Cuando le cambias el nombre a las cosas de repente empiezas a pensar de otra manera, y se te ocurren otras propuestas. Con la vivienda pasa lo mismo, hay que empezar a hablar de casas en lugar de hablar de vivienda. Y hay que diferenciar también entre ahorrar y especular. La gente quiere ahorrar, pero no necesariamente especular.

Hay cuatro elementos en esta cuestión. En primer lugar, cuando hablamos del acceso, ¿hablamos del acceso a la vivienda de las personas jóvenes o vulnerables? ¿O hablamos de que cuando alguien se divorcia ahora no tiene acceso a una vivienda? Hay un segundo punto que tiene que ver con el uso. Nosotros tenemos un parque muy malo. Somos el segundo país de la OCDE donde más gente vive en bloques de pisos. Tenemos aproximadamente un millón de personas de más de 65 años que viven por encima de un tercero sin ascensor. Son casas que no se pueden usar. Hay un tercer elemento que tiene que ver con el cambio climático: las casas generan el 40 % del consumo energético, contaminan. Y luego está el último elemento que mencionas, el económico. La gente tiene sus ahorros invertidos en vivienda, sí, pero también tienen hijos y quieren que sus hijos puedan tener una casa, o que sus padres ancianos puedan tener un ascensor en su bloque. 

La dinámica cultural en este país es tener la casa en propiedad, así que no podemos decirle a la gente que eso no puede ser, sino que tendremos que trabajar en esa misma dirección, sabiendo que el alquiler se va a ampliar. Cuando escribía el libro busqué los datos, y en España el 75 % de los hogares viven en una casa en propiedad. Luego hay un 15 % aproximadamente que tiene un alquiler a precio de mercado. Un 3,3 % viven de alquiler a un precio inferior al del mercado, bien porque es de renta antigua, bien porque se lo alquilan familiares o amigos. Y hay un 6 % de gente que vive gratis en casa de un familiar. La sociedad es esto, gente que quiere sobrevivir y quiere ahorrar, pero no quieren especular. Sin embargo, por algún motivo este no es el relato que se maneja en los medios. Hay mucha gente que alquila a precios por debajo del precio de mercado porque valoran otras cosas, como que su casa esté cuidada, o que una familia tenga un hogar, pero creen que son los únicos que lo hacen porque el relato que se maneja es que todo el mundo quiere sacar tajada. Lo que quiero decir con esto es que hay una masa crítica suficiente para empezar a regular el tema de la vivienda sin miedo, porque la gente va a responder favorablemente. Estamos en un momento en el que necesitamos proteger los ahorros de la gente, asegurar el acceso a la vivienda, proteger el uso de las casas y no morirnos a causa del cambio climático.

Hablemos entonces de regular y asegurar todo eso. ¿De quién son las competencias? ¿Por dónde empezamos? 

Desde luego, la política que nos ha traído hasta aquí no nos va a sacar de aquí. Hay que buscar otras soluciones. Una vía, de la que se habla mucho, es construir más casas. La otra vía es la que yo llamo “la melancolía austríaca”, esa idea de que si fuéramos como Austria el problema ya estaría resuelto. Ni somos Austria ni lo vamos a ser, así que hay que seguir buscando otras soluciones, porque de lo contrario caemos en la parálisis. Se habla mucho también del problema con las competencias entre gobierno central y comunidades autónomas. Por supuesto que las competencias influyen, pero se pueden hacer muchísimas cosas desde la administración central. Por ejemplo, todos los planes de rehabilitación de vivienda pueden salir directamente del Gobierno de España. Se pueden generar estrategias y dinámicas a las que luego se sumarán las comunidades si quieren. 

Nos encontramos en un momento decisivo. ¿Por qué todo eso no se está haciendo ya? 

Necesitamos una propuesta diferente que genere un relato diferente. Cuando por fin pasamos de hablar de empleo a hablar de trabajo nos encontrábamos ya con el agua al cuello. Y en el tema de la vivienda, nos encontramos también con el agua al cuello, y lo que necesitamos es generar un relato sobre cómo regular esto y empezar a hablar de ideas nuevas. Por ejemplo, se podría destinar dinero público a construir, además de un ascensor, una planta extra en los edificios antiguos, aumentando en varias viviendas cada bloque, y además condicionar esa ayuda económica a que en el edificio no haya ninguna vivienda vacía, lo que obligaría a sacarlas al mercado. Cuando yo he planteado esto en reuniones de alto nivel me decían “si la idea funciona, ¿por qué el mercado no hace eso?”. ¡Pues porque el mercado no lo hace todo! ¡Estas cosas necesitan ser reguladas! La cuestión es empezar a hablar de nuevas propuestas. 

Desde algunos sectores se propone construir más como solución, aparentemente obvia, al problema de la vivienda. A priori suena convincente, pero muchas voces han alertado de que no funcionaría. ¿Por qué? 

Cuando hablamos de vivienda no hablamos de personas, sino de hogares, unidades conformadas por una o más personas viviendo bajo un mismo techo. De acuerdo con los datos del INE, en el año 2039 este país va a tener 23 millones de hogares. En este momento tenemos 19,3 millones de hogares, es decir, en catorce años vamos a tener 3,7 millones de hogares más en España. De esos 3,7 millones, un tercio van a ser unipersonales. Otro tercio serán hogares de dos personas, no necesariamente dos adultos, pueden ser una pareja o un adulto con un niño. Por último, habrá otro tercio de hogares conformados por familias de dos adultos con uno o varios niños. Eso significa que en 2039 en aproximadamente la mitad de los hogares solo entrará un salario. Así que vamos a necesitar 3,7 millones de casas con un precio asequible, porque de lo contrario esta situación es insostenible. Las empresas de construcción tradicional tienen capacidad en este momento de hacer unas 110.000 casas al año. No puedes pedir que dupliquen esa cifra, no hay empresas suficientes. Tras la crisis las constructoras grandes se fueron de España a hacer obras públicas en otros países. Además, se tarda mucho tiempo en urbanizar el suelo. Así que no se puede solventar el problema a través de la construcción tradicional. Hay que empezar a sacar al mercado las 3,8 millones de viviendas vacías que ya tenemos. Hay que terminar con una parte de los alquileres turísticos, ese mercado no puede seguir creciendo. Y podemos empezar a plantearnos la construcción industrial, que es un sistema barato y rápido y permite hacer cosas como aumentar una planta por edificio. 

¿Qué papel juegan los bancos en todo este asunto? Los rescatamos con casi 80.000 millones de euros tras la crisis y ahora no dan hipotecas. ¿Es bueno que no lo hagan, nos están evitando otra burbuja? ¿O hay que obligar a los bancos a prestar dinero a los ciudadanos?

Por un lado, si empezáramos a regular los precios inundando el mercado de vivienda protegida, probablemente los bancos empezarían a dar más hipotecas. También se puede presionar directamente a las entidades bancarias, pero hay otra posibilidad mucho más interesante, que es montar un fondo público. En Francia existe un fondo público, Livret A, que maneja actualmente 400.000 millones de euros. La gente puede meter ahí sus ahorros y obtiene una rentabilidad similar a la de las Letras del Tesoro. Ese fondo serviría después para dar créditos, ya sean destinados a la compra de vivienda o a la rehabilitación de casas antiguas. Lo bueno del fondo es que permite a la gente invertir en ladrillo sin preocupaciones y con una rentabilidad garantizada. Y ahora mismo hay mucha liquidez disponible porque, como hemos dicho, la gente está empezando a recibir muchas herencias y las quieren reinvertir en ladrillo. 

Supongamos que nos ponemos ya mismo a la tarea y se empiezan a hacer todas estas cosas. Se crea un fondo, se dedica dinero público a la construcción industrial, se hacen aflorar al mercado las viviendas vacías, etcétera. ¿Cuánto tardaríamos en revertir la situación que tenemos actualmente? 

Se ha generado un relato muy negativo en torno a la cuestión de la vivienda, mucha gente cree que todo esto es imposible. Pero no es cierto, se pueden provocar cambios muy rápidos con las medidas adecuadas, por ejemplo sacando viviendas al mercado a través de una agencia pública de alquiler. Es otro asunto que también hay que proponer. Existe una narrativa falsa sobre las ocupaciones de vivienda que hace que mucha gente tenga miedo de poner su casa en alquiler. Una manera de romper con esos miedos es a través de la creación de una agencia que gestione todo lo relativo al alquiler de la vivienda, asegurando los pagos para el propietario y asegurando que la vivienda va a encontrarse en buen estado. Eso sí, con un precio controlado. Montar una agencia de alquiler público no tiene mucha complejidad, se podría hacer en poco tiempo, por ejemplo a través de instituciones que ya existen actualmente y han ido perdiendo algunas de sus funciones. Lo mismo pasa con la construcción industrializada, puedes tener una casa en cien días. 

Si empiezas a mover la rueda vas generando una dinámica de cambios donde una cosa lleva a otra. En dos o tres años podríamos tener el problema de la vivienda encauzado. Y creo que se dan las condiciones sociales en este momento para que la gente acepte tener este debate sobre la regulación del mercado de la vivienda. Al fin y al cabo, este asunto nos afecta a todos, y tenemos que vender un relato esperanzador, porque cambiar las cosas no es imposible. 

En su libro habla sobre cuestiones relativas al urbanismo y la estética. Alguien podría pensar que esos temas son secundarios o frívolos en un contexto de emergencia como es el actual. 

La pregunta que a mí me gusta hacerle a la gente es: ¿cómo te imaginas tu futuro? Porque si lo imaginas gris, tu relato se va a orientar hacia un futuro gris. Durante la dictadura las familias recibían casas que eran todas iguales, y el mensaje detrás de esa uniformidad era “no saques los pies del tiesto”. Si no puedes ni cambiar el toldo, mucho menos meterte en un sindicato. Ese es el mensaje que te envían ese tipo de casas. Yo he trabajado en rehabilitación de viviendas y la gente tiende a querer cambiar las casas, a ponerlas de otro color, a hacerlas a su manera. Y eso de alguna manera te empodera porque te hace imaginar otras posibilidades, otro futuro. "

(Entrevista a José Manuel López Rodrigo,  Adriana T. , CTXT, 28/11/25)