En España hay más de 400.000 #viviendas en obras sinterminar, según datos del MiVAU, muchas abandonadas desde 2008, en distintos grados de edificación... Los ayuntamientos y CCAA disponen de instrumentos para forzar su terminación, más en una crisis de asequibilidad como la actual (Ignacio Ezquiaga)

Ignacio Ezquiaga @IgnacioEzquiaga

En España hay más de 400.000 #viviendas en obras #sinterminar, según datos del MiVAU, muchas abandonadas desde 2008, en distintos grados de edificación. Los ayuntamientos y CCAA disponen de instrumentos para forzar su terminación, más en una crisis de asequibilidad como la actual

12:16 p. m. · 14 abr. 2026 ·17,3 mil Visualizaciones

Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda... En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres... esta diferencia se explica por una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central... y el Estado interviene para evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero desconectado de los salarios y del trabajo... el suelo es público y el Estado dirige la planificación urbana... así, cuando una ciudad crece o atrae población joven, la respuesta habitual es construir. Nuevos barrios, distritos completos... En España, el suelo está en gran medida en manos privadas y la construcción depende casi por completo de incentivos de mercado... En China, la política económica ha priorizado la creación de empleo urbano estable. Sectores como la industria avanzada, la tecnología, la logística o los servicios modernos absorben a millones de jóvenes cada año. Esto se traduce en ingresos regulares y previsibles, lo que facilita el acceso a hipotecas... En España, el problema no es solo el precio de la vivienda, sino la precariedad laboral... El crédito hipotecario chino está fuertemente regulado y enfocado principalmente a la vivienda habitual. Las condiciones suelen ser claras, con plazos largos y cuotas que no desbordan el salario medio urbano. La deuda está vinculada al trabajo y a ingresos reales, no a expectativas especulativas de revalorización infinita... En China, la orientación social hacia el bienestar humano no se limita al discurso oficial. Se expresa en la planificación, en el control del suelo, en la orientación del crédito y en la prioridad otorgada a la vivienda como bien de uso. En España, la vivienda funciona mayoritariamente como un activo de mercado. La lógica dominante es la rentabilidad, tanto para propietarios como para inversores... el problema que tenemos con la vivienda no es inevitable. Depende de decisiones políticas (Pedro Barragán)

 "Uno de los contrastes más llamativos entre China y muchos países europeos aparece cuando se analiza el acceso de los jóvenes a la vivienda. En China, más del 70 % de los jóvenes vive en una vivienda de su propiedad. En España, en cambio, la mayoría de los menores de 35 años tiene que alquilar a precios abusivos o sigue viviendo con sus padres, y la compra de la vivienda se retrasa cada vez más.

Esta diferencia no se explica solo por factores culturales o demográficos. Tiene mucho que ver con el modelo económico, el papel del Estado y, en el caso chino, con una concepción humana de su base socialista donde el derecho a una vivienda digna ocupa un lugar central.

Aunque China es hoy una gran potencia económica, no por ello ha dejado todavía de ser un país en desarrollo que ha salido de la pobreza extrema recientemente. A pesar de ello, el objetivo principal, lejos de tratar de maximizar los beneficios privados, es garantizar el bienestar social y satisfacer las necesidades básicas de la población.

Aquí entra en juego la orientación social china hacia el bienestar, donde, dentro de la libertad de mercado, el Estado mantiene la dirección de los sectores estratégicos y orienta la economía hacia objetivos sociales. La vivienda es uno de esos sectores estratégicos.

La idea defendida por Xi Jinping, de que "las viviendas son para vivir, no para especular", resume bien este enfoque. El mercado libre existe, pero el Estado interviene para evitar que la vivienda se convierta en un activo financiero desconectado de los salarios y del trabajo.

Amplia oferta frente a escasez estructural  

Uno de los mayores contrastes con España es la oferta de vivienda. En China, cuando una ciudad crece o atrae población joven, la respuesta habitual es construir. Nuevos barrios, distritos completos y grandes promociones residenciales aparecen con rapidez porque el suelo es público y el Estado dirige la planificación urbana.

En España, el suelo está en gran medida en manos privadas y la construcción depende casi por completo de incentivos de mercado. Esto genera una oferta rígida, especialmente en las grandes ciudades. El resultado es desastroso: pocos pisos disponibles, con precios muy altos y una competencia feroz entre compradores y arrendatarios.

Para un joven chino, la probabilidad de encontrar vivienda nueva en su ciudad es alta. Para un joven español, el acceso depende de un mercado limitado, caro y dominado por la especulación.

 Trabajo, salarios y capacidad real de endeudamiento  

Otro punto clave es la relación entre empleo y vivienda. En China, la política económica ha priorizado la creación de empleo urbano estable. Sectores como la industria avanzada, la tecnología, la logística o los servicios modernos absorben a millones de jóvenes cada año.

Esto se traduce en ingresos regulares y previsibles, lo que facilita el acceso a hipotecas. Aunque existe una diversidad de salarios, también existe diversidad de viviendas lo que favorece una relación más directa entre sueldo y precio de la vivienda, facilitando el acceso universal.

En España, el problema no es solo el precio de la vivienda, sino la precariedad laboral. Contratos temporales, salarios bajos y carreras laborales inestables dificultan que los jóvenes puedan endeudarse a largo plazo, incluso cuando el pago mensual de una hipoteca podría ser similar al de un alquiler.

En la práctica, se dá el caso de jóvenes españoles que pueden pagar un alquiler elevado, pero no cumplen los requisitos para comprar. En China ocurre lo contrario y con un empleo estable, lo razonable es aceder a una hipoteca.

Hipotecas y regulación financiera  

El sistema financiero chino también refleja su orientación social. El crédito hipotecario está fuertemente regulado y enfocado principalmente a la vivienda habitual. Las condiciones suelen ser claras, con plazos largos y cuotas que no desbordan el salario medio urbano. La deuda está vinculada al trabajo y a ingresos reales, no a expectativas especulativas de revalorización infinita.

En España, por el contrario, el recuerdo de la burbuja inmobiliaria ha endurecido el crédito, pero sin resolver el problema de fondo de unos salarios bajos frente a unos precios de la vivienda disparatados. El resultado es un bloqueo del acceso a la propiedad para los jóvenes.

El fondo del problema  

La diferencia de fondo entre ambos países es tristemente tan sólo ideológica. En China, la orientación social hacia el bienestar humano no se limita al discurso oficial. Se expresa en la planificación, en el control del suelo, en la orientación del crédito y en la prioridad otorgada a la vivienda como bien de uso.

En España, la vivienda funciona mayoritariamente como un activo de mercado. La lógica dominante es la rentabilidad, tanto para propietarios como para inversores. El Estado interviene poco y tarde, y casi siempre cuando el problema ya es grave.

Que más del 70 % de los jóvenes en China sean propietarios de su vivienda no es una casualidad ni fruto de supuestas diferencias culturales. Es el resultado de un modelo social que respeta las reglas del mercado, pero donde el Estado favorece al acceso a la vivienda garantizando el empleo de los jóvenes, regulando el crédito e impulsando una oferta amplia de viviendas.

La comparación con España pone en evidencia que el problema que tenemos de la vivienda no es inevitable. Depende de decisiones políticas. Mientras en China la vivienda se concibe como un derecho de los jóvenes, en España sigue tratándose, en gran medida, como un producto financiero. Esa diferencia explica por qué para los jóvenes chinos comprar una vivienda es una etapa normal de la vida adulta, y para muchos jóvenes españoles, un objetivo cada vez más lejano." 

(Pedro Barragán  , Público, 17/02/26) 

Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda... el problema no es la escasez de viviendas... Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados. Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez... la multipropiedad afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más... Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario, y permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes (Alexandre Coulondre, Le Monde)

 "Los franceses se enfrentan a fuertes dificultades para acceder a la vivienda. Los indicadores que lo atestiguan son numerosos. Cuando los ingresos de los hogares aumentaron un 35% entre 2000 y 2020, los alquileres subieron un 39% y los precios de compra de bienes raíces un 139%. En cuanto al número de solicitantes de viviendas sociales, ha pasado de 1,9 millones a 2,8 millones en diez años, etc.

En este contexto, el gobierno propuso, el 23 de enero, un plan de "Relanzamiento de la vivienda". Se trata de implementar diferentes dispositivos políticos para "construir dos millones de viviendas para 2030". Para lograrlo, una de las medidas estrella es la implementación del estatuto de arrendador privado, un dispositivo promovido desde hace mucho tiempo por las federaciones profesionales del sector de la construcción.

Consiste en otorgar beneficios fiscales a los hogares que elijan invertir en la compra de viviendas, siempre que estas viviendas sean posteriormente alquiladas durante nueve años para uso de residencia principal a alquileres reducidos.

El objetivo declarado del ministro de la ciudad y la vivienda, Vincent Jeanbrun, es hacer de la vivienda, gracias a los beneficios fiscales, una inversión rentable, atrayendo así los capitales de los hogares hacia la piedra. El plan de recuperación implementa la estrategia política del "choque de oferta" ya invocada por la mayoría de los ministros de vivienda anteriores, a la que se articula aquí una estrategia de "choque de inversión".

Un plan así es inadecuado para la situación por al menos dos razones. Primero, esboza la idea de que las dificultades de acceso a la vivienda se deben a una escasez. Sin embargo, los análisis empíricos arrojan una luz muy diferente sobre la vivienda en Francia. Existen al menos 1,2 millones de viviendas desocupadas durante mucho tiempo, de las cuales más de 18.000 están en París. Se cuentan cerca de ocho millones en situación de subocupación severa. Varios cientos de miles se movilizan para ofrecer los 192 millones de pernoctaciones reservadas cada año en Francia en plataformas de alquiler a corto plazo. Al menos 9 millones de metros cuadrados de oficinas, a menudo ubicadas en centros urbanos, están vacíos y podrían ser transformados.

Ahí tienes todo un stock potencial de residencias principales casi listo. La disponibilidad de viviendas depende más del uso que se hace de los metros cuadrados que de una escasez. Y aunque el estatus de arrendador privado también concierne en teoría a los edificios antiguos, las condiciones de elegibilidad no están calibradas para explotar estos yacimientos. El plan se aplicará sobre todo en las nuevas construcciones.

Si realmente no hay escasez de metros cuadrados, ¿a qué se debe entonces el alto precio actual de la vivienda en Francia? Precisamente a lo que promueve el plan de recuperación, es decir, a la "activación" de los bienes raíces residenciales.

Es el segundo límite. Cuando la vivienda se considera menos por su uso que como un producto financiero, se implementan estrategias de extracción de valor que sustentan el aumento de los precios. Pudimos encontrar estas estrategias en el sector bancario, que apostó mucho por el valor residencial durante las décadas de 2000 y 2010, distribuyendo créditos en condiciones favorables que impulsaron el aumento de los precios inmobiliarios.

A su manera, y un año después de la suspensión del dispositivo Pinel que funcionaba con el mismo principio [ofrecía, de 2014 a 2024, la posibilidad al inversor inmobiliario de beneficiarse de una reducción del impuesto sobre la renta si se comprometía a alquilar la vivienda como residencia principal durante un mínimo de seis años, dispositivo que el gobierno consideró costoso e ineficaz], el plan de recuperación anima a los hogares a adoptar una relación financiera con los bienes inmuebles.

La consecuencia será anclar aún más el sector residencial a estrategias de gestión de cartera y optimización que apoyen el aumento de los valores a medio plazo. En efecto, se puede imaginar que después de los nueve años de ventajas fiscales, muchas de las viviendas afectadas se reasignarán a los usos más rentables, como en las plataformas de alquiler a corto plazo, tal como constató el Tribunal de Cuentas con las viviendas Pinel.

Esto también plantea una cuestión de justicia social, en la medida en que los hogares a los que va dirigido el dispositivo a menudo se alejan de la imagen del pequeño ahorrador que se presenta en los discursos. Los estudios del Insee sobre la multipropiedad muestran que afecta principalmente a hogares situados en los deciles de ingresos más altos. De hecho, muchos de ellos son grandes propietarios múltiples, ya que 1,2 millones de personas poseen cinco viviendas o más.

Así, las políticas de vivienda como el plan del gobierno, que apuestan por la monetización de los activos inmobiliarios, corren el riesgo tanto de ser ineficaces para regular la carestía de la vivienda a medio plazo como de reforzar las disparidades patrimoniales en beneficio de los hogares más dotados. El problema de la vivienda es la especulación, no la escasez.

Una política de vivienda adaptada a la situación se centraría más bien en promover modelos económicos no especulativos como la vivienda social o el alquiler social solidario (BRS). También se encargaría, antes de fomentar la construcción, de permitir una mejor reutilización de los metros cuadrados ya existentes. Además, sería una elección acertada también desde el punto de vista ecológico, ya que la fase de construcción representa entre el 65% y el 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero de un edificio a lo largo de su ciclo de vida."

(Alexandre Coulondre, Revista de prensa, 03/02/26, traducción Quillbot, fuente Le Monde)

La crisis de la vivienda en Alemania agrava la ya precaria situación económica de Europa... El aumento de los costos de vivienda en los últimos años ha puesto a prueba el tejido de la sociedad alemana. Durante mucho tiempo aclamada como un paraíso para inquilinos debido a su mercado de alquiler de alta calidad y asequible, Alemania ha visto cómo los alquileres solicitados aumentaban alrededor del 70% y los precios de las propiedades se duplicaban... Con los presupuestos ajustados de hoy en día, los programas sociales ambiciosos llegan muertos al nacer... Angela Merkel, Olaf Scholz y ahora Merz, todos han fracasado (o están en camino de fracasar) en cumplir su promesa de construir 400,000 viviendas al año... Los empleadores del Mittelstand luchan por atraer trabajadores cualificados y aprendices en regiones de alto costo, lo que socava su competitividad... los sindicatos están incorporando los costos de vivienda en las demandas salariales, con posibles efectos inflacionarios en toda la economía. El aumento de los costos de vivienda está socavando así los pilares del Modell Deutschland: su mano de obra calificada, su sistema de aprendizaje, su régimen de baja inflación y su Mittelstand... la vivienda social debe volver a estar abierta a los hogares de clase media baja, como lo estuvo hasta principios de la década de 2000, no solo a los hogares de bajos ingresos...Los programas de vivienda pueden presentarse como política industrial, apoyando al Mittelstand, y como política salarial, limitando las espirales de costos salariales... Enmarcar la vivienda como un desafío económico abre la puerta a un nuevo consenso político... Alemania ha superado crisis de vivienda mucho más profundas que la actual con voluntad política y políticas inteligentes. Podría hacerlo de nuevo. Si la inminente crisis social no es suficiente para impulsar la acción, el futuro del modelo económico de Alemania en el corazón de Europa debería serlo... Para lograrlo, los legisladores federales y regionales deben desplegar todo el conjunto de instrumentos de vivienda: garantías en los mercados financieros, préstamos directos, beneficios fiscales generosos para asociaciones de lucro limitado, regulaciones de uso de suelo más eficientes y aprobaciones más rápidas, para revertir el mercado de la vivienda (Alexander Reisenbichler)

 "El canciller Friedrich Merz llamó recientemente a la crisis de vivienda en Alemania la "cuestión social de nuestro tiempo". Al hacerlo, se unió a un coro de políticos que van desde el Partido de Izquierda hasta los liberales del mercado, los Demócratas Libres. Aunque no están equivocados, la vivienda es mucho más que un simple problema social: el aumento de los alquileres y los precios de las viviendas están debilitando la mayor economía de Europa, convirtiendo la vivienda también en la cuestión económica del día.

El aumento de los costos de vivienda en los últimos años ha puesto a prueba el tejido de la sociedad alemana. Durante mucho tiempo aclamada como un paraíso para inquilinos debido a su mercado de alquiler de alta calidad y asequible, Alemania ha visto cómo los alquileres solicitados aumentaban alrededor del 70% y los precios de las propiedades se duplicaban en solo 15 años.

El problema radica en cómo Berlín enmarca el asunto. Cuando los responsables políticos tratan la vivienda como una cuestión social, la condenan a la política de bienestar. Con los presupuestos ajustados de hoy en día, los programas sociales ambiciosos llegan muertos al nacer, especialmente en un país que aún está obsesionado con los presupuestos equilibrados.

Al presentar la vivienda como un problema social, los sucesivos gobiernos bajo Angela Merkel, Olaf Scholz y ahora Merz no han ido mucho más allá de la retórica. Todos han fracasado (o están en camino de fracasar) en cumplir su promesa de construir 400,000 viviendas al año.

Sus programas de vivienda – pequeños aumentos en la vivienda social, subsidios para compradores primerizos y desgravaciones fiscales para propietarios – han carecido de impacto. La nueva iniciativa de Merz, el "turbo de construcción de viviendas", para desregular el uso del suelo, acelerar los permisos y flexibilizar los estándares de construcción, continúa el enfoque fragmentado de Alemania y es poco probable que entregue viviendas asequibles a gran escala.

Los costos económicos de la crisis de vivienda en Alemania

El aumento de los costos de vivienda es un ataque al modelo de capitalismo de Alemania, debilitando el motor económico de Europa. El costo económico es real. Los empleadores del Mittelstand luchan por atraer trabajadores cualificados y aprendices en regiones de alto costo, lo que socava su competitividad.

En ausencia de una acción gubernamental decisiva, la vivienda proporcionada por los empleadores está en aumento, pero las 700,000 casas proporcionadas por los empleadores apenas representan el 2% del stock de viviendas. Mientras tanto, los sindicatos están incorporando los costos de vivienda en las demandas salariales, con posibles efectos inflacionarios en toda la economía. El aumento de los costos de vivienda está socavando así los pilares del Modell Deutschland: su mano de obra calificada, su sistema de aprendizaje, su régimen de baja inflación y su Mittelstand.

Como argumenta mi nuevo libro, Alemania ha tratado la vivienda como una cuestión de interés económico nacional antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país enfrentó una escasez de 4,6 millones de viviendas. Con el capital escaso, el gobierno de Adenauer lanzó una serie de iniciativas – sobre todo, programas de vivienda social público-privados – que ayudaron a producir un "milagro de la vivienda". Desde finales de la década de 1950 hasta principios de la de 1960, Alemania construyó más viviendas per cápita que cualquier otro país. Para 1970, la mitad de todas las nuevas viviendas – 5.8 millones de 11.4 millones de viviendas totales – eran viviendas sociales.
(...) el país apoyó la construcción de un promedio anual de aproximadamente 320,000 unidades de vivienda social en la década de 1950, 240,000 en la de 1960 y aún 150,000 en la de 1970. A medida que las carencias de vivienda de la posguerra se fueron aliviando, la construcción de viviendas sociales disminuyó, con la excepción efímera de los años posteriores a la reunificación. Para 2020, y a pesar de la reaparición de las escaseces, el número había caído a apenas 23,000 nuevas unidades y aumentó solo ligeramente a 37,000 en 2024, una sombra de lo que era posible en las décadas de posguerra.

En aquel entonces, incluso los firmes liberales del mercado concedieron el punto. Ludwig Erhard, arquitecto del milagro económico de la posguerra, llegó a ver a regañadientes los bajos costos de vivienda como una herramienta para contener las presiones salariales. En un discurso de 1951 a los propietarios, Erhard calificó el mercado de la vivienda – entonces dominado por la vivienda social y estrictos controles de alquiler – como “una forma de capitalismo que no merece el nombre”. Sin embargo, incluso Erhard aceptó estas medidas como esenciales para salvaguardar la competitividad de Alemania, que, según él, dependía de la estabilidad de precios.

Desde la fundación de la República Federal, las necesidades de vivienda e industriales han estado estrechamente entrelazadas. A pesar del alto desempleo nacional después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas en muchas regiones lucharon por operar a plena capacidad porque la escasez de viviendas locales mantenía a los trabajadores alejados. Los Länder, responsables de implementar programas de vivienda social, priorizaron la construcción de viviendas sociales en áreas con una demanda laboral aguda. La vivienda social, por lo tanto, funcionó como una política industrial, aliviando la escasez de mano de obra y aumentando la productividad en las regiones industriales de Alemania.
¿Se puede solucionar la crisis de vivienda en Alemania?

El remedio a la crisis de vivienda actual no es barato. Invertir la disminución del stock de viviendas sociales – de alrededor de tres millones de unidades en 1990 a solo un millón hoy en día – requiere un papel mucho más fuerte del estado, incluyendo un renacimiento de los programas de vivienda social público-privados a gran escala.

Para lograrlo, los legisladores federales y regionales deben desplegar todo el conjunto de instrumentos de vivienda: garantías en los mercados financieros, préstamos directos, beneficios fiscales generosos para asociaciones de lucro limitado, regulaciones de uso de suelo más eficientes y aprobaciones más rápidas, para revertir el mercado de la vivienda. Crucialmente, la vivienda social debe volver a estar abierta a los hogares de clase media baja, como lo estuvo hasta principios de la década de 2000, no solo a los hogares de bajos ingresos.

Alemania es una vez más "el enfermo de Europa" y la vivienda puede ser parte de la cura. Enmarcar la vivienda como un desafío económico abre la puerta a un nuevo consenso político. Los programas de vivienda pueden presentarse como política industrial, apoyando al Mittelstand, y como política salarial, limitando las espirales de costos salariales.

La derecha política podría entonces reclamar el mérito de defender las industrias clave alemanas, mientras que la izquierda podría resaltar la lucha contra la desigualdad. Una vez que la vivienda vuelva a entenderse como una cuestión de interés económico nacional, los ambiciosos programas de vivienda y sus costos serán más fáciles de justificar en la política alemana.

Alemania ha superado crisis de vivienda mucho más profundas que la actual con voluntad política y políticas inteligentes. Podría hacerlo de nuevo. Si la inminente crisis social no es suficiente para impulsar la acción, el futuro del modelo económico de Alemania en el corazón de Europa debería serlo. Merz debería tomar una página de sus predecesores democristianos, Adenauer y Erhard. Una acción audaz en el sector de la vivienda aumentaría la competitividad, aliviaría la escasez de habilidades y contendría las presiones salariales, y a su vez fortalecería el motor económico de Europa." 

( Alexander Reisenbichler , LSE, 31/10/25, traducción Quillbot, enlaces y gráficos en el original)

A la vivienda le viene ocurriendo exactamente lo mismo que a otros bienes que se han convertido en objeto de la inversión de quienes en los últimos años han acumulado una cantidad ingente de ahorro y riqueza... la subida y su exagerada magnitud se está produciendo en la práctica totalidad de los países... La vivienda es un bien de inversión muy atractivo, quizá no tanto como el oro o las acciones cuando se tienen grandes capitales, pero sí lo suficiente como para que allí se destinen cantidades de dinero muy grandes que elevan, como acabo de decir, la demanda de viviendas y su precio. Lógicamente, no para que en ellas vivan quienes las adquieren, sino para obtener rentas de su mera posesión, dedicándolas al alquiler o a usos turísticos, por ejemplo... la solución de que el número de viviendas crezca, y crezca, la mayor oferta atrae más demanda que arrastra al conjunto del mercado y lo que sucede, como está sucediendo, es que, aunque suba la oferta, los precios siguen aumentando sin cesar, pues pueden pagarlos sin apenas tener que preocuparse por cuál sea su cuantía... no se puede enfrentar el problema de la vivienda como si fuese un problema local (porque es global), sin tener presente que está causado por un fenómeno que no tiene origen en el mercado de la vivienda (la concentración extraordinaria de la renta y la riqueza) y limitándose a aumentar el parque de viviendas que se ofrecen en el mercado (pues, en su totalidad o en una proporción suficientemente determinante, serán adquiridas por la demanda de alta riqueza, retroalimentando la subida de precios)... resultará imposible resolver el problema de acceso a la vivienda de los grupos sociales de menor renta si no se impide que la vivienda siga siendo un activo de inversión, pues el mercado está siendo incapaz de resolver el problema de la vivienda... por tanto, no hay otra alternativa que sacar del mercado el número de viviendas suficiente para garantizar el derecho de habitación de todas las personas que hoy día la necesitan y no pueden acceder a ella... Todo lo demás es retórica (Juan Torres López)

 "No hace falta que explique hasta qué punto es grande el problema de acceso a la vivienda debido a su alto precio, ni las consecuencias tan dramáticas que provoca, principalmente en el ámbito personal y familiar, pero también en el económico, financiero, urbanístico y social, en general.

Hoy me limito a señalar tres confusiones que, a mi juicio, se vienen cometiendo constantemente, no sólo entre la gente corriente, sino entre los políticos que debieran hacer frente a este asunto y también, aunque parezca mentira, entre muchos economistas. Como se verá enseguida, son graves porque impiden percibir correctamente la naturaleza del problema, de modo que resulta entonces imposible solucionarlo.

Son las siguientes.

En primer lugar, creer que la subida exagerada de los precios de la vivienda ocurre sólo en nuestro entorno, en nuestro pueblo o ciudad, en nuestra región o país. No es cierto. Es un error de percepción porque la subida y su exagerada magnitud se está produciendo en la práctica totalidad de los países. Si bien es verdad que algunos, incluso de nuestro entorno más cercano, registran subidas más moderadas, se puede decir con total fundamento que el alza de los precios de la vivienda es un auténtico fenómeno global.

Una confusión de este tipo impide resolver el problema por una razón bien sencilla. No es lo mismo que cualquier tipo de mal se padezca individual o localmente que de forma generalizada. No se trata igual ni se cura con el mismo procedimiento una enfermedad singularizada en una persona que la producida por una pandemia. Las causas que lo generen serán, con toda seguridad, muy diferentes.

Una segunda e importante confusión consiste en no percatarse de que el precio de la vivienda no es el único que está subiendo.

La realidad es que a la vivienda le viene ocurriendo exactamente lo mismo que a otros bienes que se han convertido en objeto de la inversión de quienes en los últimos años han acumulado una cantidad ingente de ahorro y riqueza.

Si sólo fuera el precio de la vivienda el que está subiendo, tendríamos que darle solución específica. Pero si comprobamos que evoluciona al alza siguiendo la misma estela que otros bienes como el oro, la plata, los objetos de lujo, las piezas de arte, o los activos financieros, y si tenemos en cuenta que todos ellos son los que efectivamente adquieren quienes disponen de ahorro en abundancia, tendremos otra clave fundamental.

La razón es sencilla, sabemos que en los últimos años y muy particularmente tras la pandemia, los grandes patrimonios han multiplicado su magnitud en casi todos los países. Y ese incremento no se destina al consumo de bienes y servicios corrientes, sino al tipo de activos de inversión que he mencionado. Eso es lo que ha producido un incremento muy grande de su demanda que impulsa extraordinariamente al alza sus precios o cotizaciones, según el caso.

La vivienda es un bien de inversión muy atractivo, quizá no tanto como el oro o las acciones cuando se tienen grandes capitales, pero sí lo suficiente como para que allí se destinen cantidades de dinero muy grandes que elevan, como acabo de decir, la demanda de viviendas y su precio. Lógicamente, no para que en ellas vivan quienes las adquieren, sino para obtener rentas de su mera posesión, dedicándolas al alquiler o a usos turísticos, por ejemplo.

Además, la mayor demanda de vivienda para los grandes ahorradores no sólo eleva su precio, sino que «tira», por una especie de efecto reflejo, de los precios de todas las viviendas que hay en el mercado, para propiedad o alquiler.

La consecuencia de esta confusión es que se intenta resolver el problema de la vivienda dentro del mercado cuando su origen, como acabo de mostrar, se encuentra fuera de él,

La tercera confusión es un efecto de la anterior. Consiste en creer que, ante la gran presión de la demanda producida por la razón que acabo de apuntar, la solución es elevar la oferta, hacer que el número de viviendas construidas crezca, crezca y crezca si cesar. Como ocurre ante tantos otros problemas económicos,  sólo se sabe recurrir al crecimiento constante, cuando el problema que se sufre no es, en realidad, de cantidad, sino de calidad o de reparto, como en este caso.

Se trata de otra confusión no menos relevante que las dos anteriores porque igualmente impide resolver el problema de acceso a la vivienda o, cuanto menos, frenar el alza de su precio.

Cuando la oferta de viviendas aumenta mediante la iniciativa privada, se buscará atraer a la demanda más solvente, justo la que en mayor medida impulsa el alza de precios, pues puede pagarlos sin apenas tener que preocuparse por cuál sea su cuantía. Y, aunque la oferta de viviendas sea pública, será esa misma demanda la que más fácil y rápidamente pueda adquirirlas. Y en ambos casos, como he dicho, la mayor oferta atrae más demanda que arrastra al conjunto del mercado y lo que sucede, como está sucediendo, es que, aunque suba la oferta, los precios siguen aumentando sin cesar.

El corolario de todo lo que acabo de señalar es bastante evidente y se puede resumir con claridad: no se puede enfrentar el problema de la vivienda como si fuese un problema local (porque es global), sin tener presente que está causado por un fenómeno que no tiene origen en el mercado de la vivienda (la concentración extraordinaria de la renta y la riqueza) y limitándose a aumentar el parque de viviendas que se ofrecen en el mercado (pues, en su totalidad o en una proporción suficientemente determinante, serán adquiridas por la demanda de alta riqueza, retroalimentando la subida de precios).

Sabiendo esto, lo que se puede y se debe concluir es que resultará materialmente imposible no ya resolver, sino incluso paliar en pequeña medida el problema de acceso a la vivienda de los grupos sociales de menor renta si no se cumplen dos requisitos imprescindibles:

a) Frenar con firmeza la desigualdad y a la concentración de la riqueza.

b) Impedir que la vivienda siga siendo un activo de inversión, al menos mientras no esté asegurado que sea lo que debe ser, un bien de primera necesidad para los individuos y familias y cuya provisión debe quedar garantizada a todas las personas por los poderes públicos.

En resumen sencillo de todo lo anterior: es un hecho objetivo y claramente observado día a día que el mercado está siendo incapaz de resolver el problema de la vivienda. Es más, está generando otros al conjunto de la economía y a la sociedad de gran magnitud y que pueden llegar a ser explosivos si no se resuelve. Por tanto, no hay otra alternativa que sacar, literalmente hablando, u ofrecer fuera del mercado el número de viviendas suficiente para garantizar el derecho de habitación de todas las personas que hoy día la necesitan y no pueden acceder a ella; por supuesto, contribuyendo a su financiación en la medida de su capacidad. 

Todo lo demás es retórica y cada día que pase sin que se asuman y pongan en práctica estos últimos presupuestos hace que el problema se haga cada vez más difícil, por no decir imposible, de resolver."                   (Juan Torres López, blog, 29/10/25) 

Ante la venta de 25.000 viviendas por los fondos buitre... Maillo lanzó una propuesta: ¡Expropiarlas!... "Porque lo podemos hacer, porque hay normativa para ello"... la expropiación aparece en la Constitución. En su Artículo 33, la carta magna supedita el derecho a la propiedad privada a una "causa justificada de utilidad pública o interés social"... "Es un mecanismo constitucional, regulado y con sus límites de aplicación... ¿Quién puede expropiar? Las administraciones públicas. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada una dentro del ámbito de sus competencias... Un ejemplo: Un bloque propiedad de un banco abandonado durante años en una zona tensionada, con problemas de acceso a la vivienda. "O este tipo de lotes de bancos, fondos y grandes propietarios, que permitirían ampliar de golpe el parque público a partir de viviendas que ya existen"... Una expropiación tampoco implica necesariamente el cambio de titularidad de un inmueble. Puede suponer una cesión de uso para satisfacer una necesidad temporal. "Esto no va de quitar porque sí. Sino de ofrecer soluciones a la ciudadanía. Y de redirigir vivienda del terreno del negocio privado al del alquiler público y asequible"... Lo más novedoso sería empezar a aplicarlo al ámbito de la vivienda, reconociendo, por fin, su función social y poniendo límites al acaparamiento de inmuebles en manos de todos estos fondos"... valora Víctor Palomo (Inés García Rábade)

 "Blackstone, Cerberus, Ares y Azora. Cuatro gigantes de la inversión inmobiliaria en España. Todos unidos bajo una misma causa: seguir exprimiendo el negocio de la vivienda. ¿Su último proyecto? La venta de más de 25.000 pisos. Un movimiento que saltaba a la esfera informativa el pasado 13 de octubre. Dos días más tarde, llegaba la letra pequeña de la cartera en venta desde Fidere, socimi de Blackstone. Cerca de 5.300 unidades repartidas en 47 edificios residenciales de la zona metropolitana de Madrid. Además de un edificio en Guadalajara, con otros 50 inmuebles. 

Pero lo más interesante no es el número. Ni siquiera su distribución. En la operación se incluirían 1.860 pisos que la socimi adquirió a precio de saldo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Ocurrió en el año 2013, con Ana Botella a la cabeza del Ayuntamiento madrileño. Viviendas, por tanto, que se construyeron bajo titularidad pública, dentro del régimen de protección oficial.

Enseguida, la noticia estallaba en redes, generando una ola de indignación. Bajo un eslogan: ¡Exprópiense! Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida, era de los primeros políticos en lanzarlo: "¿Saben lo que decimos desde Izquierda Unida? Exprópiense. Porque lo podemos hacer, porque hay normativa para ello. Y porque es evidente que quienes tienen las competencias en vivienda en los gobiernos del PP de Moreno Bonilla, de Ayuso o de Mañueco lo que están es como serviles a los fondos de inversión", espetaba en un vídeo publicado en su cuenta de X. "Que la vivienda no solo sea un derecho humano, sino que se materialice a través de precios asequibles. Se puede hacer", insistía el político.

"Lo de las expropiaciones no es un fetiche de la izquierda", apunta Víctor Palomo, abogado especializado en vivienda del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "De hecho, es un procedimiento relativamente habitual, que usan con normalidad muchas administraciones", continúa el letrado. Aparece incluso en la Constitución. En su Artículo 33, la carta magna supedita el derecho a la propiedad privada a una "causa justificada de utilidad pública o interés social".

Una posibilidad que cuenta incluso con su propia norma: la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. Sí, una ley franquista. La hipótesis de la expropiación comunista se desmorona. "Es un mecanismo constitucional, regulado y con sus límites de aplicación", condensa Palomo. "Lo más novedoso sería empezar a aplicarlo al ámbito de la vivienda, reconociendo, por fin, su función social y poniendo límites al acaparamiento de inmuebles en manos de todos estos fondos".

¿Quién puede expropiar?

Las administraciones públicas. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cada una dentro del ámbito de sus competencias. "Lo que evidentemente deja más margen de actuación a los ejecutivos regionales", puntualiza Palomo. ¿En qué supuestos? Siempre que haya una utilidad pública o interés social que lo ampare. Una casilla de salida que no es tan simple como parece. "La administración en cuestión tiene que aportar una argumentación razonada de esa utilidad, que debe incluir desde la situación en la que se produce, hasta el perímetro del bien incautado y el uso que se va a hacer de él", desarrolla el abogado.

Un ejemplo: Un bloque propiedad de un banco abandonado durante años en una zona tensionada, con problemas de acceso a la vivienda. "O este tipo de lotes de bancos, fondos y grandes propietarios, que permitirían ampliar de golpe el parque público a partir de viviendas que ya existen". 

Sin construir y, en los casos que una expropiación tampoco implica necesariamente el cambio de titularidad de un inmueble. Puede suponer una cesión de uso para satisfacer una necesidad temporal. "Esto no va de quitar porque sí. Sino de ofrecer soluciones a la ciudadanía. Y de redirigir vivienda del terreno del negocio privado al del alquiler público y asequible", valora Palomo. En cualquier caso, el propietario original no se queda con las manos vacías. Recibe una compensación proporcional: el justiprecio. "Al final, la idea en casos como el de Blackstone es presionar con una oferta de este tipo. El fondo necesita vender cuanto antes para devolver el dinero de préstamos y la ganancia suficiente a sus inversores. No puede permitirse recurrir la oferta eternamente", apunta Palomo. "Ya está bien de discursos bonitos. Hay que pasar a la ofensiva para recuperar lo que ya era nuestro", concluye el letrado.

Una reivindicación de la izquierda

El debate sobre las expropiaciones viene de lejos. Impulsado por los sectores más a la izquierda del PSOE. "Nosotros somos partidairos de la expropiación de viviendas en desuso de entidades bancarias , fondos de inversión , empresas multipropietarias o sónicos", corrobora Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Sumar. Para frenar la acumulación, pero también para movilizar el parque de vivienda vacío. "Pensamos que además podría ser una fórmula para que la banca privada rescatada con dinero público devuelva en especia, a través de propiedades inmobiliarias, todos los recursos recibidos", completa el político.

No es la única herramienta que podría utilizarse para absorver vivienda ya existente. ¿Otra opción? La fórmula del tanteo y retracto, que concede prioridad de compra a las administraciones públicas. "En País Valencià, ya propusimos extenderla, antes de que el PP de Mazón decidiera eliminarla del todo", denuncia Ibáñez. "Es otra forma de favorecer la compra pública por debajo del precio de mercado y de manera ágil", añade el portavoz. En medio de una crisis de vivienda que no puede esperar más, "estas herramientas deberían acompañarse de la prohibición de que cualquier persona juridica compre o venda vivienda en España", prosigue el político. La vivienda no es un negocio ni una inversión, insiste, por su parte, Palomo. "Hay que movilizar todos los mecanismos del Estado contra cualquier actor que pretenda explotarla en estas direcciones, blindando su función social", sentencia el letrado." 

(Inés García Rábade , Público, 25/10/25) 

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid deja en la calle a Ángela y a sus tres hijos, "que aparecen en la resolución judicial como denunciados. Tres menores, lo nunca visto", bajo un fuerte dispositivo policial: "En vez de ayudar, han decidido desahuciar"... "Es un caso de manual de dejadez de funciones. Lo suyo hubiera sido intentar realojarlos en una vivienda de emergencia, haberles concedido algún tipo de prórroga o haber intentado colaborar con el gobierno municipal para explorar otras alternativas"... mientras la Agencia de Vivienda Social tiene 884 viviendas vacías (Inés García Rábade)

 "Finalmente ha ocurrido. Ángela y sus tres hijos -de 7 años, 5 años y 9 meses- se han quedado en la calle. Les han arrebatado lo único que tenían: su hogar. El desahucio estaba programado para este miércoles a las 10 de la mañana. Y ni los informes de servicios sociales, ni la protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ni la situación de indefensión de los menores han conseguido impedirlo. La Agencia de Vivienda Social (el antiguo IVIMA), dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado imperturbable. Llevando la denuncia hasta el final. Hasta sus últimas consecuencias. Con la resolución judicial en la mano y por medio de un fuerte dispositivo policial, Ángela y sus hijos eran escoltados fuera del portal del número 18 de la Avenida de la Libertad, en Alcorcón.  

"Aún no me lo creo", comenta en conversación con Público la afectada. "Me la han cerrado", añade con incomprensión. Y es que, poco después de forzar su salida del edificio, la policía procedía a tapiar la puerta de la vivienda. Para impedirle el acceso a la que ha sido su casa durante más de cinco años. La misma casa que la acogió cuando, poco después de su divorcio, se encontró sola y sin alternativas. En la que ha visto crecer a sus hijos mayores. Y nacer a la más pequeña, todavía una bebé. Ángela se siente vulnerable, abandonada por las instituciones. Pero no por eso va a rendirse: "Voy a seguir luchando por mis hijos".

Finalmente ha ocurrido. Ángela y sus tres hijos -de 7 años, 5 años y 9 meses- se han quedado en la calle. Les han arrebatado lo único que tenían: su hogar. El desahucio estaba programado para este miércoles a las 10 de la mañana. Y ni los informes de servicios sociales, ni la protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ni la situación de indefensión de los menores han conseguido impedirlo. La Agencia de Vivienda Social (el antiguo IVIMA), dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado imperturbable. Llevando la denuncia hasta el final. Hasta sus últimas consecuencias. Con la resolución judicial en la mano y por medio de un fuerte dispositivo policial, Ángela y sus hijos eran escoltados fuera del portal del número 18 de la Avenida de la Libertad, en Alcorcón.

"Aún no me lo creo", comenta en conversación con Público la afectada. "Me la han cerrado", añade con incomprensión. Y es que, poco después de forzar su salida del edificio, la policía procedía a tapiar la puerta de la vivienda. Para impedirle el acceso a la que ha sido su casa durante más de cinco años. La misma casa que la acogió cuando, poco después de su divorcio, se encontró sola y sin alternativas. En la que ha visto crecer a sus hijos mayores. Y nacer a la más pequeña, todavía una bebé. Ángela se siente vulnerable, abandonada por las instituciones. Pero no por eso va a rendirse: "Voy a seguir luchando por mis hijos".

Volverá a intentarlo todo. Pedir la reasignación del que ha sido su hogar, entrar en la lista de solicitantes de vivienda social de la comunidad, buscar algún tipo de ayuda complementaria para el alquiler. Cualquier vía a su alcance para que sus hijos disfruten de una vida plena. "Qué les costará regularizar mi situación y reconocerme como inquilina de un piso en el llevo tantos años", se lamenta al otro lado del teléfono. "Nunca me he negado a pagar un alquiler, ni aquí ni en otro lado. Lo único que necesito es un techo para mis hijos", sostiene la madre de los tres menores. "Con lo que cobro del Ingreso Mínimo Vital y con lo poco que me ayuden, seguro que algo se puede hacer", propone.

No han sido días fáciles. "Cómo te mentalizas de un mes para otro de que te van a dejar sin casa", se pregunta la afectada. Porque sí, le avisaron a mediados de septiembre de una sentencia ya en firme desde el mes de junio. "No me han dado tiempo para reaccionar", critica la inquilina. "He intentado no pensarlo mucho y mostrarme fuerte delante de mis hijos. Son muy pequeños, no he querido preocuparles", continúa. Aún así, ha habido momentos especialmente difíciles de sobrellevar. Como ver por primera vez la casa vacía, sin vida. "Preparar y meter todos mis recuerdos en cajas, a la espera de lo que pudiera pasar, ha sido muy duro", reconoce emocionada.

 Una veintena de policías

Hace falta repetirlo. Ni un banco, ni un fondo, ni un gran tenedor. El desahucio de Ángela lo ha impulsado un organismo público, financiado con el dinero de todos y dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. "Conocían la situación. Tanto ellos como el ayuntamiento -del Partido Socialista-, que dispone de sus propios servicios sociales y podría haber ofrecido alguna alternativa. Ninguno ha querido hacer nada. Podrían haber ayudado, pero han decidido desahuciar", denuncia a Público Mirtha Morocho, portavoz de la PAH de Alcorcón.

Y lo han hecho a través de un dispositivo policial extraordinario. "Para un primer intento, teniendo en cuenta que hablamos de una madre y tres niños, una veintena de policías es totalmente desproporcionado", juzga Manuel San Pastor, abogado de la PAH. En lo que califica como una estrategia para intimidar a la familia. Una intimidación que comenzaba días antes, el lunes. Frente a las amenazas de desahucio, la PAH de Alcorcón se movilizaba a comienzos de semana en redes convocando una concentración frente a la residencia de Ángela para el día del desalojo. "Como respuesta, la policía se presentó esa tarde en mi casa para advertirme. Me insistieron en que no me resistiera. Me llegaron a decir que, con la orden judicial, podían tirar la puerta abajo", asegura la afectada. Una instrumentalización del miedo, subrayan desde la PAH, habitual en este tipo de procedimientos.

 Una semana en la que a la presidenta madrileña se le llenaba la boca hablando de los derechos de la infancia. Bueno, de los no nacidos. "Es indignante. ¿Qué alternativa ha ofrecido ella a estos tres niños? Uno de los cuales, no nos olvidemos, tiene menos de 10 meses", recalca en conversación con Público San Pastor. "Es de una hipocresía y de una mezquindad manifiestas", valora el letrado. Menores a los que, para más inri, no sólo ha expulsado de su vivienda. "Sus nombres aparecen en la resolución judicial como denunciados. Tres menores, lo nunca visto", critica el activista.

Desde el PAH se muestran tajantes: "Es el colmo de la inhumanidad". Por parte de una administración que vulnera el derecho a techo de sus ciudadanos, abandonando a una familia en la más absoluta indefensión. Y saltándose las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección de la infancia. "Es un caso de manual de dejadez de funciones. Lo suyo hubiera sido intentar realojarlos en una vivienda de emergencia, haberles concedido algún tipo de prórroga o haber intentado colaborar con el gobierno municipal para explorar otras alternativas", reivindica San Pastor. "Es una irresponsabilidad que alimenta el círculo vicioso de la marginalidad y el desamparo de muchas familias -cada vez más-, que no pueden acceder al mercado convencional", sentencia el activista.

Público se ha puesto en contacto con la Agencia de Vivienda Social y con la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, encabezada por Jorge Rodrigo Domínguez, para preguntarles por qué se han denegado las solicitudes de readjudicación del piso y de realojo de Ángela y sus hijos. También ha querido saber por qué no se ha considerado el informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales, paralizando temporalmente el lanzamiento y ofreciendo a la familia algún tipo de alternativa residencial. Sobre todo atendiendo a la presencia de tres menores en el domicilio, uno por debajo del año de edad. Por último, este diario se ha interesado por el alto número de viviendas vacías gestionadas por la AVS: 884. ¿Por qué se demora tanto su adjudicación? ¿Se priorizan estas viviendas frente a las ya ocupadas? Hasta el momento de la publicación de este artículo, ninguno de los dos organismos ha querido ofrecer respuestas."

( Inés García Rábade , Público, 15/10/25)

Cómo Estados Unidos normalizó la falta de vivienda... Antes de 1982, Estados Unidos no había tenido una falta de vivienda visible y generalizada desde la Gran Depresión... Por ejemplo, Reagan eliminó a 500,000 personas con discapacidad de los pagos federales por discapacidad... Esto hizo que las personas vulnerables se desmoronaran y cayeran en la indigencia, y se quedaran sin hogar... a finales de la década de 1970, los jóvenes que crecían en los suburbios ahora preferían vivir en la ciudad... esto provocó un aumento drástico en los alquileres de barrios urbanos que antes eran asequibles. El gobierno federal debería haber respondido al aumento de los alquileres aumentando los presupuestos de vivienda asequible para mantener a las personas de bajos ingresos en sus hogares. La administración de Reagan hizo lo contrario... Bill Clinton terminó con el derecho federal a la asistencia social, lo que contribuyó al aumento de la falta de vivienda entre las familias... El actual Partido Republicano se opone consistentemente a los aumentos significativos en la financiación de viviendas asequibles y a abordar la falta de vivienda... la elección de Donald Trump significa que, al menos hasta 2029, no hay posibilidad de que el gobierno federal declare la Vivienda como Derecho Humano (Randy Shaw)

 "Más de cuarenta años de inacción federal    

Antes de 1982, Estados Unidos no había tenido una falta de vivienda visible y generalizada desde la Gran Depresión. Desde 1982, la falta de vivienda ha explotado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos ha normalizado que casi un millón de personas vivan sin hogar incluso durante los tiempos de bonanza económica?

María Foscarinis, una activista y abogada de larga trayectoria que representa a las personas sin hogar, responde a esta pregunta en And Housing For All: The Fight to End Homelessness in America. Foscarinis detalla cómo la falta de financiación por parte del gobierno federal para soluciones reales ha permitido que la falta de vivienda no solo persista, sino que aumente.

Culpar a las políticas federales, en lugar de a las personas sin hogar, va en contra del clima político actual. Pero yo también comencé a combatir la falta de vivienda en 1982 y encontré su análisis indiscutible. Recortes extremos en la financiación gubernamental para vivienda asequible y atención de salud mental que comenzaron bajo Nixon y empeoraron bajo Reagan han dejado a demasiados estadounidenses incapaces de evitar la falta de vivienda.

Cuatro décadas de aumento de la falta de vivienda han llevado a muchos a buscar explicaciones alternativas. La explicación más común culpa a la adicción a las drogas por la falta de vivienda, en lugar de la falta de viviendas que las personas de bajos ingresos pueden permitirse.

Ofrezco la respuesta del autor y la mía propia a tales afirmaciones a continuación.

La falta de vivienda se disparó bajo Reagan

Los primeros tres capítulos de Foscarinis deberían ser lectura esencial para cualquiera interesado en por qué la falta de vivienda se disparó en 1982. Además de la finalización de la construcción de nuevas viviendas públicas por parte de Nixon en 1974 y los masivos recortes presupuestarios de Reagan en 1981 a la vivienda asequible, ella nos recuerda otras políticas erróneas.

Por ejemplo, Reagan eliminó a 500,000 personas con discapacidad de los pagos federales por discapacidad (SSI y SSDI). Recuerdo cómo esto impactó a la gente en el Tenderloin. Fue devastador. Reagan también cortó el acceso de las personas con discapacidad al tratamiento gratuito de salud mental. Esto hizo que las personas vulnerables se desmoronaran y cayeran en la indigencia.

¿Cómo discontinuó Reagan a las personas que habían superado todos los obstáculos para calificar para los pagos federales por discapacidad? Exigiendo que los beneficiarios vuelvan a solicitar la elegibilidad. Los republicanos están usando el mismo truco ahora para cortar a millones de personas de Medicaid. Cuando exiges a las personas con discapacidades certificadas por el gobierno que vuelvan a solicitar los beneficios pero no ofreces asistencia para hacerlo, las personas con discapacidades comprobadas pierden la fecha límite. Y después de perder sus beneficios, se quedan sin hogar.

Los recortes en vivienda de Reagan coincidieron con el aumento de la gentrificación en San Francisco, Nueva York y otras ciudades. Los jóvenes que crecían en los suburbios ahora preferían vivir en la ciudad. A partir de finales de la década de 1970, esto provocó un aumento drástico en los alquileres de barrios urbanos que antes eran asequibles.

El gobierno federal debería haber respondido al aumento de los alquileres aumentando los presupuestos de vivienda asequible para mantener a las personas de bajos ingresos en sus hogares. La administración de Reagan hizo lo contrario. En lugar de expandir los subsidios de alquiler de la Sección 8 y asegurarse de que las personas de bajos ingresos desplazadas por la gentrificación recibieran la asistencia que necesitaban, los recortes presupuestarios de HUD de 1981 permitieron que se quedaran sin hogar.

Foscarinis estuvo activamente involucrada en las luchas legales y políticas que ocurrieron durante la década de 1980. Ganó pequeñas pero arduas victorias, pero hasta 1987 el gobierno federal en gran medida se negó a siquiera reconocer que la falta de vivienda era un problema.

 De Emergencia a Normalización

En 1987, Foscarinis desempeñó un papel principal en la aprobación de la Ley McKinney-Vento. Este financiamiento federal tan esperado para abordar la falta de vivienda fue un gran avance. Pero este primer paso no fue seguido por compromisos de financiamiento más grandes. Ella cita a Henry Gonzalez, entonces presidente del Comité de Vivienda de la Cámara, diciendo que temía que “en lugar de atacar las causas fundamentales—la falta de vivienda asequible, el Congreso se detendría en las respuestas de emergencia.”

Sus temores resultaron ser correctos.

Los demócratas tomaron la Casa Blanca en 1992, lo que generó la esperanza de que finalmente se llevara a cabo un esfuerzo serio para reducir la falta de vivienda. Eso no sucedió. En cambio, Bill Clinton terminó con el derecho federal a la asistencia social, lo que contribuyó al aumento de la falta de vivienda entre las familias. Las elecciones de 1994 vieron cómo el Contrato con América de Newt Gingrich dio paso al control republicano de la Cámara, poniendo fin a cualquier posibilidad de una nueva financiación importante para la falta de vivienda.

Dirigí una campaña nacional con Religious Witness With Homeless People que aseguró 50,000 vales adicionales de la Sección 8 en el último presupuesto de Clinton. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Para entonces, el auge de las puntocom a finales de los años 90 había excluido a personas aún más vulnerables, aumentando la necesidad de niveles mucho más altos de ayuda federal.

El siglo XXI continúa la normalización

Foscarinis continúa la narrativa de que el gobierno federal no ha proporcionado financiamiento para acabar con la falta de vivienda generalizada durante las administraciones de George W. Bush y Obama. Éxitos, como la reducción de la falta de vivienda entre los veteranos, confirmaron que un aumento en la financiación de viviendas asequibles marca una diferencia positiva. Muchos olvidan que el presidente Obama solo controló el Congreso durante sus primeros dos años; su administración no pudo compensar décadas de falta de financiamiento en ese corto período.

Para la época de la presidencia de Obama, los senadores republicanos que apoyaban la vivienda asequible durante los años 90 y hasta la primera administración Bush ya no estaban. El actual Partido Republicano se opone consistentemente a los aumentos significativos en la financiación de viviendas asequibles y a abordar la falta de vivienda. Después de todo, las grandes ciudades donde el problema de la falta de vivienda es más grave están todas gobernadas por demócratas.

 Drogas vs. Asequibilidad de la Vivienda

Foscarinis termina su libro con varios capítulos que abogan por "La Vivienda como un Derecho Humano." Cita éxitos en Finlandia, ejemplos de vivienda social en los Estados Unidos, y presenta un argumento sólido. Pero la elección de Donald Trump significa que, al menos hasta 2029, no hay posibilidad de que el gobierno federal declare la Vivienda como Derecho Humano. Desafortunadamente, este objetivo está lejos de la realidad política actual.

Foscarinis no aborda las crecientes afirmaciones en San Francisco, Seattle, Los Ángeles y otras ciudades de que la adicción a las drogas, no la falta de vivienda asequible, impulsa la falta de vivienda.

Disputé esta creencia en la edición original de 1996 de The Activist’s Handbook (revisada y actualizada en 2013). Observé que el uso de drogas se disparó en los EE. UU. en los años 60 y 70, pero no resultó en una falta de vivienda generalizada. América no se despertó de repente en 1982 con cientos de miles deseosos de dormir al aire libre bajo las estrellas. En cambio, la falta de vivienda generalizada surgió en 1982 cuando se recortaron los fondos federales para vivienda y salud mental, como describe Foscarinis.

¿Hay personas cuyas adicciones las mantienen sin hogar? Absolutamente. También hay personas que rechazan la vivienda porque prefieren consumir drogas en campamentos o en la calle.

Pero esa no es la razón por la que más de 700,000 personas (el número oficial se considera ampliamente como demasiado bajo) están sin hogar en América.

Los programas que ofrecen opciones de vivienda libre de drogas requieren todos vivienda subvencionada. La mayoría de las personas de bajos ingresos que dejan las drogas no pueden permitirse vivir en las grandes ciudades sin subsidios de alquiler. También hay muchas personas sin hogar que no consumen drogas y que solo necesitan subsidios de alquiler para evitar la falta de vivienda.

"And Housing For All" ofrece un recordatorio esencial de cómo América normalizó la falta de vivienda generalizada. Foscarinis, fundadora del Centro Nacional de Leyes sobre la Indigencia, ha luchado para poner fin a una crisis que sigue empeorando."

(Randy Shaw , Znetwork, 03/06/25, traducción Quillbot) 

Líneas de trabajo para garantizar el derecho a la vivienda: Legislar la dación en pago retroactiva para poder liberar de deudas impagables de por vida a las más de 700.000 familias... obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional... obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional... elaborar un censo de la propiedad, accesible de forma gratuita y por medios electrónicos, para conocer quiénes son los propietarios de los inmuebles... eliminación de Socimis... Eliminar privilegios fiscales de rentistas particulares... con un gravamen del 3% sobre el suelo ocioso en manos de actores privados, el Estado ingresaría 150.000 millones de euros... con lo que se podría crear un Fondo Público de Inversión para generar un parque público de vivienda... Multas por evasión fiscal y usos antisociales de la vivienda... Ayudas fiscales para la promoción de vivienda asequible y sostenible... Promover la autoconstrucción especialmente en el entorno rural. Tal como viene realizando el Ayuntamiento de Marinaleda... Banco Público con el objetivo de financiar la promoción de vivienda cooperativa... Medidas para remunicipalizar el suelo... establecer la obligatoriedad de residir por un mínimo de 5 años en los inmuebles comprados en zonas tensionadas... Movilización de suelo, pisos vacíos e infraviviendas para la creación de un parque público inmobiliario... Prohibición de las empresas y actividades de desalojo ilegal (Luis Sanmartín)

 "Vivimos una tormenta perfecta. El exceso de riqueza por parte de una élite financiera, que acapara viviendas y el suelo útil, para procurar un aumento de sus ingresos exprimiendo a los trabajadores, con un Estado cómplice que protege intereses especulativos, promoviendo puertas giratorias y una fiscalidad laxa ha propiciado una situación de crisis habitacional global. El resultado es un precio de la vivienda que no para de hipertrofiarse, desdoblado peligrosamente de los salarios, porque tanto el suelo edificable como de los inmuebles acaba en pocas manos.              

No obstante, existen decenas de propuestas, no solo para paliar la emergencia planetaria de desahucios, sino para sentar las bases de un mundo equitativo en el que toda persona pueda acceder dignamente a un hogar. Aquí destacamos 20 líneas concretas de trabajo, que no agotan la creatividad política en la construcción de un futuro mejor. 

Medidas de emergencia para impedir los desahucios sin alternativa habitacional. Establecer la obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional, en casos de primera y única vivienda, y en pisos públicos establecidos en el propio territorio. En caso de que la parte propietaria sea una empresa inmobiliaria, una entidad financiera o tenedores con más de cinco inmuebles, el desahucio deberá ser paralizado llegando a un acuerdo de alquiler social. Y en caso de producirse el desahucio de forma ilegal, que la parte propietaria realoje a la persona afectada en un inmueble de su propio patrimonio, corriendo con todos los gastos, incluidos los suministros, durante un mínimo de 12 meses y hasta que se llegue a un pacto de alquiler social.

Los pactos de alquiler social serán indefinidos, y no podrán superar el 10%, 12% o 14% de los ingresos de la unidad familiar dependiendo de su situación de vulnerabilidad, y estos límites incluirán el coste de los suministros básicos de agua, luz, gas e internet. Perseguir con amplias multas la discriminación de colectivos racializados, personas refugiadas, familias monomarentales y monoparentales, víctimas de violencia de género y otros grupos vulnerables en el acceso a la vivienda.

Reforma del sistema bancario. Legislar la dación en pago retroactiva para poder liberar de deudas impagables de por vida a las más de 700.000 familias que han padecido ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis en 2008. Establecer la imposibilidad de vender las hipotecas sobre viviendas como producto financiero en la bolsa. Prohibir el uso de líquido captado por los depósitos de clientes habituales para financiar empresas de capital privado y fondos de extracción del ámbito inmobiliario. Obligatoriedad de que los bancos atiendan presencialmente a las personas que no puedan hacer frente a la hipoteca, o estén ocupando un inmueble, para iniciar negociaciones de alquiler social. Establecer quitas de la deuda proporcionales a los intereses de demora pagados por las personas afectadas desde el inicio de la crisis en 2008. Realizar quitas por la diferencia entre tasaciones infladas previas a la concesión de una hipoteca y tasaciones a la baja realizadas cuando comienza un proceso de ejecución hipotecaria.

Medidas para que el alquiler sea una forma segura y asequible de acceso a la vivienda. Reducción de los precios del alquiler en un 60% para compensar las subidas continuas de la última década. Establecer una regulación de precios del alquiler que sea aplicable en todo el Estado, y no sólo limitada a zonas tensionadas, mediante la creación de un índice de referencia de creación y aplicación obligatoria por parte del Ministerio de Vivienda. Establecer una obligatoriedad de que la Administración realoje a las personas sin alternativa habitacional, prohibir el arrendamiento y subarrendamiento de áreas internas de los inmuebles (alquiler por habitaciones, camas, etc.), prohibiendo los alquileres de temporada y limitando fuertemente los usos turísticos, prohibiéndolos en los municipios con más de 50.000 habitantes. Crear una oficina pública en la que funcionariado experto valore la negativa a la hora de devolver las fianzas, persiguiendo con multas de mínimo del 50% sobre retenciones de fianzas no comunicadas o injustificadas. Creación de un repositorio de malas prácticas, permitiendo la elaboración de una lista negra de inmobiliarias y tenedores que hayan reincidido en las mismas.

Eliminar el papel de los intermediarios privados en el mercado inmobiliario. Ilegalizar la existencia de inmobiliarias privadas, que se han convertido en intermediarios innecesarios entre arrendadores e inquilinos, así como entre vendedores y compradores, tendiendo a inflar los precios, plantear contratos abusivos y cobrar comisiones exageradas por servicios irrelevantes. Prohibir la existencia de portales inmobiliarios privados, que durante la última década han enviado información maquillada a los medios de comunicación para inflar los precios de la vivienda de forma artificial. En su lugar, crear servicios de atención pública. Y elaborar un censo de la propiedad, accesible de forma gratuita y por medios electrónicos, para conocer quiénes son los propietarios de los inmuebles. Además, que estos censos detallen quiénes son los CEO de las grandes empresas inmobiliarias, y si han sido escogidos por un fondo de extracción, para poder detectar si forman parte de un conglomerado mayor.

La unificación de los diferentes entes que procesan las solicitudes de realojos públicos. Eliminando duplicidades y fragmentaciones en los procesos de solicitud de pisos o recursos públicos, unificando Servicios Sociales, Oficinas de Vivienda, Servicios de Mediación y análogos. Establecer sistemas de vigilancia digital para que los usuarios sepan a tiempo real en qué punto de evaluación están sus solicitudes. Realizar formaciones entre los trabajadores sociales sobre la situación psicológica y socioeconómica de los usuarios, remarcando su posición de vulnerabilidad y necesidad de un trato empático. Establecer por ley que los trabajadores sociales atiendan a los usuarios dejándoles ir acompañados por miembros de movimientos y colectivos de vivienda. Favorecer formatos de asesoramiento colectivo en la Administración, fomentando lazos de solidaridad y la ayuda mutua entre los usuarios.

Eliminar privilegios fiscales de fondos de extracción. Detallamos algunos de estos privilegios. En primer lugar, las Socimis son sociedades inmobiliarias centradas en el arrendamiento que tributan al 0% en vez del 25% general del Impuesto de Sociedades, que se aplica sobre el excedente de beneficios; disfrutan de una exención del 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que oscila entre un 4% a 10% del valor de un inmueble adquirido y también aplican la misma exención al impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que varía entre el 0’5 al 1’5%. En segundo lugar, las Sociedades de Arrendamiento son agrupaciones con 8 o más inmuebles, que pagan un IVA superreducido del 4% en vez del general del 21% en la compraventa de inmuebles. En tercer lugar, los Fondos de Inversión Inmobiliaria son otra forma societaria sobre la que no se aplican impuestos de plusvalía, siendo éste el beneficio en la venta de una propiedad inmobiliaria. 

Eliminar privilegios fiscales de rentistas particulares. El alquiler de inmuebles por parte de personas físicas disfrutan de amplias exenciones en el IRPF por las rentas conseguidas: del 50% en todos los casos, del 60% si la vivienda está rehabilitada, del 70% en caso de alquilarse a jóvenes de entre 18 a 35 años y 90% en caso de rebaja el alquiler en un 5% del precio respecto del anterior contrato. Además, el propio Pedro Sánchez ha anunciado su intención de aumentar la exención al 100% en todos los casos. Es decir, que los rentistas particulares no paguen ni un solo impuesto. Esta política es gasolina intervencionista que encarece los precios, al atraer la actividad extractivista, que en busca de beneficios rápidos sube los precios de las viviendas.

Aumentar los gravámenes fiscales para impedir el acaparamiento de viviendas. En primer lugar, establecer un gravamen sobre el suelo ocioso en manos de actores privados, entendido como el suelo que no posee actividad. Con un gravamen del 3%, el economista Inurrieta ha calculado que el Estado ingresaría 150.000 millones de euros. En segundo lugar, procurando que las plusvalías percibidas por la venta de suelos reviertan totalmente en los Ayuntamientos como se practicaba en Reino Unido antes de los años 80. Junto con la anterior medida, ello impediría el aumento del precio del suelo, ya que ello implicaría impuestos al alza que tratarían de ser evitados por los acaparadores. En tercer lugar, establecer una lógica progresiva en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), bajando el actual en casos de primera vivienda y aumentándolo por tramos de forma especialmente intensa a partir del cuarto inmueble. En cuarto lugar, aplicar la progresividad en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que tomando como referencia aproximada la fiscalidad de Singapur, podría mostrar tipos del 17% en la compra de la segunda vivienda, 25% en la tercera, 33% en la cuarta y así progresivamente aumentando 8 puntos por inmueble; y con porcentajes que podrían aumentar en caso de que el comprador sea un fondo de extracción o una entidad financiera. Además, establecer impuestos especiales a la venta de inmuebles, que no sean primera vivienda y hayan sido vendidos en menos de tres años desde su adquisición, desincentivando así la especulación. 

Multas por evasión fiscal y usos antisociales de la vivienda. Actualmente el IBI puede ser aumentado hasta en un 150% en caso de acaparar inmuebles vacíos, pero esta medida apenas desalienta a los grandes conglomerados al suponer un castigo irrisorio. En su lugar, se deberían plantear multas en base al patrimonio del actor que ejerce un uso antisocial. Además, la evasión fiscal en materia de vivienda debería tener un gravamen del 70% al 100% respecto de la cantidad no tributada atendiendo a las características y patrimonio del defraudador. 

Ayudas fiscales para la promoción de vivienda asequible y sostenible. Establecer una exención del IVA y un tipo máximo al 10% al Impuesto de Sociedades en proyectos de vivienda cooperativa o pública, reducir el IBI en caso de primera y única vivienda, aplicar exenciones en el IRPF de inquilinos sin propiedades, aplicar exenciones en el IRPF de socios de cooperativas de vivienda sin propiedades, permitir desgravaciones fiscales por reformas de eficiencia energética y el uso de materiales ecológicamente sostenibles como la madera, y permitir quedarse un 20% de la plusvalía por la venta de un terreno siempre que el comprador sea una entidad pública.

Promover la autoconstrucción y la recuperación de estructuras residenciales, especialmente en el entorno rural. Tal como viene realizando el Ayuntamiento de Marinaleda, ejecutar cesiones gratuitas de suelo público para la autoconstrucción de primeras viviendas, que sirvan de residencia habitual. Tales proyectos son ejecutados por el propio residente con la ayuda de expertos y materiales facilitados por la Administración; esta ayuda es amortizada mediante el pago de un canon que no supere los 20€ mensuales. Además, despenalizar la ocupación, reconstrucción y recuperación de pueblos abandonados, como ocurrió en el área de Fraguas. Y ofreciendo asistencia pública de forma que se incentive un retorno a las áreas rurales abandonadas.

Creación de un Fondo Público de Inversión con el objetivo de generar un parque público de vivienda. Este fondo podría financiarse con 150.000 millones de euros provenientes de gravar el suelo ocioso al 3% más una dotación presupuestaria de otros 50.000 millones conseguidas mediante las otras medidas fiscales mentadas. Además, se podría dotar al fondo con todos los activos inmobiliarios y de suelo provenientes de la gestora Sareb. Y para complementarlo, podría nutrirse de los activos inmobiliarios y terrenos infrautilizados de Administraciones como RENFE y Adif, entre otras posibles fuentes. Además, el fondo sería un instrumento para financiar Ayuntamientos locales de cara a la expropiación de inmuebles; o su rehabilitación a cambio de ser convertidos en públicos pasado un período de 70 años.

Creación de un Banco Público con el objetivo de financiar la promoción de vivienda cooperativa. Creación de un Banco Público, mediante dotación presupuestaria y la nacionalización de los activos de los bancos por valor de los aproximadamente 60.000 millones de euros en concepto de rescates bancarios directos no devueltos y los 35.000 millones de deuda pública generados por el desbalance de la Sareb. La función del banco público sería la financiación de proyectos de vivienda cooperativa o pública; especialmente atendiendo a una política de préstamos blandos, al 0% de interés y exentos de impuestos, para posibilitar a las clases populares acceder a proyectos de vivienda cooperativa. 

Medidas para remunicipalizar el suelo. Obligar a los promotores de suelo a computar en sus planes generales contables el valor del suelo por el valor de uso agrícola tal como propone el urbanista Bertrán, imposibilitando inflar el precio de forma ficticia o bajo la especulación del valor final una vez se edifique. Establecer que en las expropiaciones, el valor del suelo se expropie por el valor de uso agrícola con márgenes estrechos para evitar la corrupción urbanística y la escalada de precios. Utilizar las medidas contables mencionadas para devaluar el precio del suelo y al mismo tiempo adquirirlo mediante procedimientos de tasación utilizando peritos de la Administración Pública. Un proceso análogo fue llevado a cabo por el Ayuntamiento de Viena a principios del siglo XX, revirtiendo la escalada de precios de los terrenos urbanizables. Esta política se podría combinar con una normativa de retorno similar a la practicada por el Estado de China. Siguiendo esta política, el suelo cedido por las instituciones, a través de concursos públicos, acarrea un límite de tiempo por el cual el suelo debe retornar a la Administración convirtiendo en pública la propiedad construida sobre los terrenos: con tramos de 70 años para activos residenciales, 50 años para activos industriales, 40 años para activos comerciales y turísticos, y 30 años para activos del sector primario. Y posibilitar una prórroga que retrase el retorno público del suelo y las propiedades construidas, sólo en casos de que los promotores privados asuman fuertes compromisos sociales. Posibilitar que las cesiones de suelo sean gratuitas en caso de proyectos de vivienda cooperativa o pública. 

Fomentar la residencia, en vez de la especulación, en las zonas tensionadas. Tal como aplicaron en 2020 en Países Bajos, y actualmente en Dinamarca, establecer la obligatoriedad de residir por un mínimo de 5 años en los inmuebles comprados en zonas tensionadas. De esta forma se promociona el uso residencial y se desincentiva el especulativo. Además, despenalizar la ocupación en viviendas acaparadas por fondos de extracción, entidades financieras y tenedores con más de cinco inmuebles. Establecer un tope a los beneficios potenciales, de máximo un 3%, en licitaciones para la construcción y rehabilitación de viviendas. Obligar a los promotores privados a realizar reservas del 50% al 70% de vivienda social en casos tanto de construcción como de rehabilitación, topando los precios de tales inmuebles por debajo del precio de mercado. Prohibir la privatización de viviendas públicas y cooperativas.

Movilización de suelo, pisos vacíos e infraviviendas para la creación de un parque público inmobiliario. Según el Instituto Nacional de Estadística, actualmente hay 3’8 millones de viviendas vacías en el estado español, de las cuales más de un millón se localizan en capitales de provincia y grandes municipios, que representan los lugares en los que se concentra el 80% de la población. Además de multar a los propietarios que hayan mantenido estos inmuebles vacíos de forma injustificada durante más de 12 meses, se requerirá una expropiación masiva de todos estos activos para fomentar un parque de vivienda pública. Procurar un proceso análogo de multas y expropiación con las infraviviendas alquiladas y los locales comerciales reconvertidos sin cédula de habitabilidad; recuperando estas últimas su función comercial. Fomentar la masovería urbana como forma alternativa al acceso a la vivienda: cediendo inmuebles a cambio de su rehabilitación por parte del cesionario.

Política del Housing First. Tal como viene realizando las instituciones finlandesas durante los últimos años, se aplicará una política de “housing first” con las personas sin techo. Esta política se basa en otorgar como primer recurso el acceso a una vivienda a las personas sin techo. Y ha demostrado ser más efectiva para conseguir su reintegración, reduciendo el sinhogarismo en más del 50%; ya que dota de un vínculo regular con el territorio, y el acceso a una nutrición e higiene básica, todos ellos factores que facilitan la búsqueda de empleo y la consolidación de lazos comunitarios. Colaborar con entidades gobernadas democráticamente, sin ánimo de lucro, y del ámbito de la economía social y solidaria, para aplicar estas políticas con un mayor conocimiento del territorio y un acercamiento más personalizado a los usuarios. 

Prohibición de las empresas y actividades de desalojo ilegal. Prohibir empresas de desalojo ilegal, haciendo extensibles las penas por el delito de coacciones agravadas del artículo 172 del Código Penal a los socios capitalistas de tales entidades empresariales, conllevando penas de prisión de seis meses a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Aplicar un régimen de multas sobre las empresas de alarmas cuando realicen propaganda sobre datos o casos falsos de ocupación, aprovechando miedos infundados para acrecentar sus negocios.

Restringir la cantidad de líquido disponible para operaciones financieras. Gravar grandes transacciones financieras con impuestos progresivos, prohibir el uso de criptomonedas o productos análogos para tokenizar la especulación inmobiliaria, prohibir el uso de planes de pensiones privados, planes de seguros, fondos de deuda soberana y agencias gubernamentales por parte de especuladores financieros y fondos de extracción, blindar los planes de pensiones públicos prohibiendo su financiarización, prohibir la externalización de gestiones de la administración pública y la recepción de comisiones por parte de entidades financieras y fondos de extracción como viene ocurriendo con las ventas de la Sareb. Fomentar la creación de cooperativas de crédito sin ánimo de lucro para fomentar formas alternas del acceso a la vivienda como el cooperativismo.

Universalización de la vivienda. Todas las medidas mencionadas con anterioridad deben ser planes a corto y medio plazo para hacer realidad la medida finalista: la creación de un parque de acceso universal, de titularidad pública, que represente como mínimo un 50% sobre el parque total, de acceso gratuito para los usuarios, que presente condiciones materiales de calidad, ecológicamente sostenibles y mantenido mediante la fiscalidad a la alta riqueza. Y para el resto del parque fomentando otras formas de tenencia como el modelo cooperativo o la vivienda social con precios regulados, siguiendo también criterios ecológicamente sostenibles."         ( Luis Sanmartín , El Salto, 28/05/25)

"Una persona que vive en Suiza compra un piso en Madrid. Sube el alquiler de 700 a 1.300 euros, y desahucia a una familia. Países Bajos prohibió esta infamia en enero de 2022. En ciudades tensionadas, solo puedes comprar un piso si vas a vivir en él" (Jaime Palomera)... De esta manera se protege a todos los inquilinos... en cambio, el Ayuntamiento de Barcelona comprará la Casa Orsola para evitar el desalojo de sus inquilinos... así protege a estos inquilinos, pero en Barceloana existen 8.500 pisos en la misma situación, que el ayuntamiento no puede comprar, por lo que sus inquilinos serán olvidados por el ayuntamiento... las medidas, mejor de aplicación universal, como en los capitalstas Países Bajos

 Jaime Palomera @JaimePalomera

Una persona que vive en Suiza compra un piso en Madrid. Sube el alquiler de 700 a 1.300 euros, y desahucia a una familia. Países Bajos prohibió esta infamia en enero de 2022. En ciudades tensionadas, solo puedes comprar un piso si vas a vivir en él.

"Los vecinos no logran parar el desahucio de Alam y sus tres hijos menores en Bravo Murillo. La nueva propietaria del piso, residente en Suiza, compró el piso a la Sareb mediante subasta pública y decidió doblar el alquiler a la familia, de 700 a 1.300 euros" (Jacobo García , El País, 03/02/25)

2:09 p. m. · 6 feb. 2025 132,9 mil Visualizaciones

"El Ayuntamiento de Barcelona y Hàbitat3 comprarán la Casa Orsola para evitar el desalojo de sus inquilinos.

 El Ayuntamiento de Barcelona y la organización del Tercer Sector Hàbitat3 han alcanzado un acuerdo para adquirir, mediante una fórmula de colaboración social, la Casa Orsola en la capital catalana, que se ha convertido en un emblema de la lucha de los arrendatarios contra la especulación inmobiliaria.

El Consistorio ha comunicado que, a lo largo de la mañana de este viernes, el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, ofrecerán una rueda de prensa para detallar los pormenores de la operación.

En la rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento también estarán presentes la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet; el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia; y el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera.

En respuesta al anuncio de la compra de la Casa Orsola, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado a través de su cuenta en X (antes Twitter) que celebra la decisión del alcalde Collboni, calificándola como un "resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político".

Precisamente, Rodríguez señaló este jueves que la suspensión del desahucio de Josep Torrent, un profesor de 49 años de Barcelona, quien podrá continuar viviendo en la Casa Orsola, donde ha residido durante 22 años, es un caso que representa "el mejor ejemplo" de la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario.

En una intervención en Soria, la ministra destacó que este caso "se está siguiendo con mucha atención" desde el Gobierno y lo demostró un ejemplo de la problemática que está afectando al mercado de la vivienda en España. Aseguró que este problema "no se limita a la población más vulnerable", sino que incluso personas con empleos "encuentran dificultades para acceder a una vivienda a precio de mercado".

Inquilinos en lucha frente a la especulación inmobiliaria

La Casa Orsola, ubicada en el cruce de las calles Consell de Cent y Calàbria, cuenta con 27 viviendas y cuatro locales comerciales. Este edificio de estilo modernista fue adquirido en 2021 por el fondo buitre Lioness Inversiones −propiedad del empresario Albert Ollé−, que busca desalojar a los residentes para reformar los apartamentos y alquilarlos a precios de lujo. 

Cuatro de los inquilinos, −cuyos contratos de arrendamiento expiraron−, pero que han seguido viviendo en sus hogares pagando el alquiler, fueron demandados por la propiedad. El primer juicio, que involucró a Josep, ordenó la sentencia de su desahucio, aunque este ha sido pospuesto en dos ocasiones. A su vez, otros dos casos aún están a la espera de juicio.

Algunos pisos de Casa Orsola ya se están alquilando bajo la modalidad de temporada a precios que casi triplican los actuales. Por ejemplo, Josep paga 700 euros mensuales, mientras que algunos de los pisos recientemente reformados se ofrecen en alquiler por 2.900 euros, según confirmó el propio fondo buitre."           (Público, 07/02/25)

 "Fondos buitres contra vecinos: la especulación de ‘Casa Orsola’ se repite en 8.500 pisos de Barcelona .

 La Casa Orsola se ha erigido como símbolo de lucha ante la especulación urbanística que sufre el centro de Barcelona. La historia del inquilino Josep Torrent contra el fondo Lioness Inversiones apela a un sentimiento universal en Barcelona. Por ello ha logrado un respaldo popular tan grande que ha frenado en dos ocasiones el desahucio y ahora la propiedad ha vendido el bloque entero al Ayuntamiento de Barcelona mediante la entidad Habitat3. La capacidad de organización del Sindicato de Inquilinas ha sido clave, pero lo que ha decantado la balanza han sido las miles de personas que han salido a la calle ante la finca y han logrado que se mediatizara el caso. Se podría decir que es la historia de Josep contra Goliat si no fuera porque en Barcelona hay decenas de miles de ‘Joseps’, y precisamente en ello reside la fuerza del movimiento por la vivienda.

Concretamente, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) ha cuantificado recientemente que hay como mínimo 8.716 pisos que están inmersos en un proceso especulativo similar al de la Casa Orsola entre 2016 y 2024. La FAVB ha localizado estos pisos que forman parte de 400 edificios especulativos de gran rehabilitación y 200 de nueva planta. “Son cifras provisionales, quizás serán más”, explica Jaume Artigues, miembro de la Comisión de Vivienda de la FAVB. La Federación avanzó algunas de las conclusiones del informe ‘SOS habitatge: anàlisi de la situació a l’habitatge a Barcelona des del moviment veïnal’, que se presentará en las próximas semanas.

Estos más de 8.500 pisos forman parte de edificios de propiedad vertical en los que ha habido o está habiendo un proceso de especulación y de expulsión de sus vecinos. La FAVB denuncia que “se compran fincas enteras a marchas forzadas”. La cifra cuantificada responde a edificios recién comprados, en fase de cancelar los contratos de alquiler y vaciar el edificio, en fase de rehabilitar o hacerlo de nuevo y en fase de ponerlo en el mercado. La recolección de datos se ha hecho gracias a la colaboración con distintas asociaciones vecinales, la consulta de expedientes de obra, de portales inmobiliarios y de un trabajo específicamente realizado en el distrito del Eixample.

La asociación de vecinos de Nova Esquerra de l’Eixample, barrio al que pertenece la Casa Orsola, ubicó recientemente en el mapa 44 edificios de propiedad vertical en rehabilitación para hacer nuevas promociones. Si ampliamos un poco la lupa, solamente en el distrito del Eixample, la FAVB cuantifica cerca de 200 edificios que se encuentran en una situación similar a la de la Casa Orsola.

El resultado de todo este proceso es el encarecimiento del precio final de la vivienda en el mercado de venta o de alquiler. Jaume Artigues (FAVB) explica que muchas de estas viviendas se dirigen al mercado internacional. “Los pobres no pueden pagar una piscina”, critica Artigues, y se da un proceso que “expulsa a los vecinos al barrio de al lado”.

La diferencia de precio de venta entre un bloque convencional y otro que haya sido comprado por inversión no sólo afecta al centro de la ciudad. La Federación de Vecinos ha cuantificado que en barrios periféricos como Nou Barris puede ser del 90% o del 70% en Sant Andreu. Aunque el comisionado de vivienda de la FAVB también considera que gran parte de este mercado acaba yendo hacia el alquiler de temporada o de habitaciones.

Sindicalismo de vivienda frente al Monopoly

Las vecinas del bloque del C/ Llançà 20, a apenas 500 metros de distancia de la Casa Orsola, son otras de las afectadas por el proceso gentrificador que denuncian las federaciones de vecinos. El conocido como ‘bloque papallona’ (por el elemento de decoración que corona el edificio) también sintetiza el gran problema que tienen vecinos y vecinas cuando un fondo de inversión compra su bloque entero. En su caso, un fondo holandés compró esta finca modernista en julio de 2024 y meses después sus inquilinos recibieron una misiva para echar a quienes estuvieran en prórroga de contrato vía burofax. El objetivo final: echarlos a todos para reformar el bloque, compartimentar los pisos y hacer alquiler de habitaciones. 

La empresa matriz tiene otras fincas en Barcelona, explica Anna Olesti, vecina del bloque y miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya. “Trocear los pisos y alquilarlos por habitaciones les permite poner precios desorbitados y ganar mucho más que alquilando el piso entero”, explica. Para su bloque crearon la sociedad limitada NAD Llansa, pero Anna habla de que hay un NAD Balmes, un NAD Urgell y otro bloque en Gracia, entre otros. Los pisos se publicitan bajo la empresa ‘Enter Coliving’, que ahora ofrece en Idealista más de 350 habitaciones en alquiler en Barcelona a un público objetivo internacional. “Son como hoteles encubiertos, bloques de pisos en los que sólo viven turistas y extranjeros”, concluye Anna.

La historia de la gentrificación se repite en otros bloques de Gracia propiedad de Palau Manfredi, propietario de otro en el Eixample, en Mallorca 243. Esta vez el objetivo de los pisos era reformarlos y venderlos. Esta esta ocasión fue el Sindicato de Inquilinas junto al Sindicato de Vivienda de Gracia quienes organizaron hasta ocho bloques ubicados en distintas calles del barrio de Gracia para negociar con la propiedad de forma conjunta. El objetivo era también frenar los desahucios previstos, renovar los contratos de alquiler y hacer las reparaciones pertinentes en los edificios en mal estado. Un día antes de la manifestación masiva de noviembre sobre vivienda, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona se comprometió, a propuesta de Barcelona en Comú, a comprar los ocho bloques y también el de Mallorca 243 mediante el método de tanteo y retracto. “La clave fue trabajar de forma conjunta y sindicada en los ocho bloques”, explica Gerard Mena, portavoz del Sindicato de Inquilinas, “porque así les hacemos más daño”. Ahora el sindicato exige “cumplir con el compromiso de hacer efectiva la compra de los bloques”.

La mancha de aceite se hace grande y se extiende también a zonas no son tan céntricas, como el caso de Meridiana 374, en el barrio de Sant Andreu. En esta ocasión, Cartañá Assessors subió el precio del alquiler de 1.000€ a 1.900€ en tan solo dos años, relata Carla, una vecina que vivía en el bloque. La propietaria echó a gran parte de los inquilinos tras extinguirse el contrato y los transformó en temporales, lo que le permitía sortear la limitación de precios de ley de vivienda.

Lo que puede hacer la política: regular el alquiler temporada y reservar el 30% a Vivienda Protegida

Las dos medidas que el Sindicato de Inquilinas cree que permitirían frenar esta situación y que su portavoz, Enric Aragonès, reivindicaba el pasado lunes ante la Casa Orsola, son regular el alquiler de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos y blindar la reserva del 30% de vivienda de protección oficial para nuevos edificios o reformas integrales de edificios.

“Los partidos responsables de que se apruebe la ley que regule el alquiler de temporada pueden ver, con el caso de la Casa Orsola, lo urgente y necesaria que es esta ley”, apelaba Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Catalunya. El otro mensaje era para el Ayuntamiento de Barcelona, a quien acusaba de intentar “desmantelar la reserva del 30% de vivienda protegida”. Para Aragonès, esta medida “evita que sucedan otros casos como el de la Casa Orsola” porque ello incentiva hacer operaciones especulativas en bloques enteros.

Es conocido que el consistorio de Collboni se opone a mantener como está ahora la reserva del 30% de vivienda protegida para nueva construcción o rehabilitación integral porque alega que ello está frenando la construcción de nueva vivienda y limitando la oferta. “El 30% de cero, es cero”, decía Jaume Collboni la semana pasada en el pleno municipal. El alcalde se acoge a las cifras del servicio de licencias del Ayuntamiento de Barcelona según las cuales en seis años sólo se habrían logrado 26 unidades terminadas o en obras para vivienda de protección oficial y habría 80 licencias más concedidas.

No obstante Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) considera “falso que se haya frenado la promoción de vivienda”. El Colegio de Arquitectos de Catalunya registró en 2024 casi 2000 viviendas de nueva creación. Palomera acusa precisamente al ayuntamiento de uno de los motivos por los que la reserva del 30% no ha generado más vivienda protegida en la ciudad. “El ayuntamiento no inspecciona nada y ha habido un fraude enorme por parte de los fondos de inversión”. Palomera y el comisionado de vivienda de la FAVB coinciden en que los fondos de inversión han encontrado fórmulas para saltarse la restricción del 30%. Los fondos piden permisos de obra menor en vez de pedir permisos de rehabilitación integral que sí exige a reservar el 30% de vivienda para protección oficial. 

La otra explicación que da Palomera a los escasos pisos de protección oficial que habrían entrado gracias a la reserva del 30% es que los primeros años la medida tuvo una moratoria que permitió esquivar la norma “a más de 7.000 pisos”, de modo que la medida lleva vigente sólo desde 2021, y no seis años como apuntaba Collboni. Por otro lado, Palomera advierte que el impacto de reformar la medida del 30% y eliminar la obligación para las grandes rehabilitaciones lo que generaría sería “cargarse el dique de contención frente a la especulación basada en la compra de bloques”. 

Jaume Artigues, comisario de vivienda de la FAVB también alerta de que reformar el 30% aumentaría la segregación de la población por barrios, ya que la reforma permitirá enviar las viviendas de protección oficial a barrios más periféricos de la ciudad. Con todo, Palomera concluye que deshacer la medida provocaría un “efecto llamada a la especulación y un proceso peor de expulsión y demolición del tejido vecinal de la ciudad”.

El II Congreso de Vivienda de Catalunya

Los más de veinte diferentes y múltiples colectivos en defensa por la vivienda en Catalunya tienen este fin de semana una fecha clave en el calendario. Llevan años organizando el II Congreso de Vivienda de Catalunya que tiene por principal objetivo “crear una organización conjunta y confederal que aglutine los diferentes colectivos”. Marta Espriu portavoz del II Congreso de Vivienda y militante de la PAH Sant Feliu detalla que la finalidad es construir una “estructura formal” que establezca “unas estrategias conjuntas a corto y largo plazo en todo el movimiento por la vivienda”. 

En el Congreso participarán los distintos sindicatos de vivienda existentes, las distintas PAHs, asociaciones de vecinos y otras redes y nodos implicados en el movimiento por la vivienda.

El objetivo es crear una organización confederal similar a la que tiene un sindicato laboral, con el objetivo de mejorar la comunicación y estrategia entre colectivos. Espriu plantea que así puedan “crear un programa político conjunto” y “organizarse por secciones o propietarios”, lo que permite ganar fuerza cuando se abre un conflicto en sitios diferentes contra un mismo propietario a la vez."                          ( Oriol Daviu , InfoLibre, 06/02/25)