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22.2.25

El asesinato del exalcalde de Gandía evoca las prácticas de la mafia... Saviano advertía sobre cómo la costa mediterránea peninsular era una zona franca para la mafia y cómo la especulación urbanística actuaba como catalizador de la infección mafiosa en la economía... que los tentáculos mafiosos se ramifiquen dentro del mundo de la política no es sorprendente

 "La muerte violenta de Arturo Torró, exalcalde de Gandia (la Safor), ha supuesto un verdadero shock en la política valenciana. No podía ser de otra manera. Estrangulado, con un tiro en el pecho y al lado de su coche, un Mercedes abandonado en una cuneta de la A-38 al paso por Xeresa, la carretera que conecta Sueca con Gandia. Así aparecía el cadáver del empresario que fuera fundador de las ópticas +Visión. Un escenario especialmente truculento.

17.7.24

El lucrativo negocio de Desokupa. Entre 2019 y 2022, Daniel Esteve ha percibido una remuneración de 689.000 euros por su trabajo en Desokupa... Es habitual que haya violencia en los vídeos que Desokupa publica de sus actuaciones. En ellos, Esteve y sus empleados reducen a hombres que identifican como ocupas, acusándolos de estar armados o de ser agresivos... amenaza abiertamente a sus objetivos, advirtiéndoles de que saldrán de la casa «por la puerta o por la ventana»

 "Antes de convertirse en un habitual de los programas matutinos de las cadenas privadas, que han dado una cobertura sobredimensionada del fenómeno de la ocupación, Daniel Esteve, el líder de Desokupa, ha tenido varias vidas: ha sido boxeador, promotor de eventos deportivos, cobrador de morosos y portero de discoteca, tal y como recoge la hemeroteca. La última de sus facetas, la que le ha aupado a la fama, comenzó hace más de una década en el gimnasio Arsenal, un exclusivo centro deportivo de Barcelona en el que trabajaba como entrenador personal y dando clases de boxeo. Por sus lujosas instalaciones, que también sirven de club social solo para hombres, han pasado empresarios, abogados y políticos con poder en la capital catalana.

Entre manopleos, sesiones de sparring y entrenamientos de esquiva, nació la idea que daría origen a Desokupa. Fue en el ring del Arsenal donde Esteve conoció al socio con el que fundaría la compañía de desalojos extrajudiciales. Este empresario, que posteriormente se desvinculó de la compañía, según las fuentes consultadas, era uno de sus alumnos y buscaba a alguien que le ayudase a desalojar a unos okupas de un edificio en el barrio del Raval. Hizo tándem con Esteve. «Y funcionó. Vaya si funcionó», explicó en 2016 el agitador en una entrevista en Intereconomía en la que detalló cómo se produjo esa primera actuación.

El primer dispositivo de Desokupa consistió en un «control de accesos», donde un «equipo de conserjes» con el «listado de todos los vecinos» —según añadió el líder de la empresa en Intereconomía— revisaba «quién entra y quién sale» del bloque o del apartamento. Las operaciones de Desokupa consisten, primero, en intentar llegar a un acuerdo con los inquilinos. Si eso no funciona, establecen un control de acceso para que, si salen de la vivienda, no puedan volver a entrar.

El empresario catalán está bien asesorado legalmente y conoce los límites a los que puede llegar, explican las fuentes consultadas. Otro factor a tener en cuenta es el perfil de los afectados por sus métodos: personas en riesgo de exclusión social o miembros de colectivos okupas, que tienden a no denunciar por falta de recursos, por temor o porque son conscientes de que están residiendo en una vivienda que no es de su propiedad.

Desokupa tiene otra particularidad, que llamó la atención desde el primer momento en el que empezó a funcionar: la corpulencia y el aspecto intimidante de sus empleados. Son hombres musculosos, muchos con «certificaciones en artes marciales», según explican fuentes que han pasado por la empresa. Investigaciones periodísticas, como las realizadas por La Directa, llegaron a identificar en operativos de la compañía, a un joven de ideología neonazi. Esteve se desmarcó de estas acusaciones asegurando que no formaba parte de su empresa, sino que trabajaba en la propiedad del edificio, tal y como explicó en una entrevista con el youtuber RickyEdit.

Intimidación física y verbal

Es habitual que haya violencia en los vídeos que Desokupa publica de sus actuaciones. En ellos, Esteve y sus empleados reducen, en su mayoría, a hombres que identifican como ocupas, acusándolos de estar armados o de ser agresivos. En una de esas imágenes, difundidas por el tabloide Estado de Alarma, se ve a dos empleados reteniendo a un hombre por el cuello, mientras otro le graba y se escucha cómo le preguntan: «¿Esto qué es, maricón?», mostrando un cuchillo. En sus plataformas, el empresario catalán amenaza abiertamente a sus objetivos, advirtiéndoles de que saldrán de la casa «por la puerta o por la ventana».

El abogado Diego Redondo coincidió con Desokupa en 2017, cuando intentaban desalojar el centro social La Yaya, en Madrid. Recuerda el «trato chulesco» de los trabajadores de la empresa, así como un clima de «intimidación física y verbal». Otro letrado, Andrés García Berrio, ahora diputado autonómico catalán por Comuns Sumar, describe su encuentro con esta compañía como una de las situaciones en las que «más miedo» ha pasado en su carrera. Ayudó hace cinco años a una familia que iba a ser desalojada y afirma que, aunque había mossos presentes, sufrió «intimidación» al entrar «en un edificio lleno de matones».

 Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también están al tanto de las prácticas de la empresa de desalojos. Las fuentes policiales consultadas por La Marea cuestionan los métodos que utiliza esta empresa para realizar los desalojos. En Catalunya, los Mossos d’Esquadra han actuado en 28 ocasiones contra esta empresa, según publicó El País en mayo de 2023. La Marea ha intentado verificar esta información con el gabinete de prensa de la policía catalana, que asegura que «no dispone de ese dato».

Ahora, youtuber político

Desde hace unos meses, Esteve tiene una cita diaria con sus seguidores. Antes de que muchos arranquen la jornada, el líder de Desokupa ya ha publicado su sermón matutino, bautizado como «Desokupa News». En este vídeo de cinco minutos aborda y opina sobre temas que marcan la agenda de la extrema derecha. Un seguimiento similar al que realiza Alvise en su canal de Telegram.

En «Desokupa News», Esteve aparece vestido con sus habituales camisetas negras, a veces de cuerpos policiales o militares, y con una gorra con la visera hacia atrás. Además, no faltan banderas de España y escudos de diferentes unidades de Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este contenido, que en TikTok (cuando estaba activa su cuenta) superó algunos días el medio millón de visualizaciones, incluye comentarios racistas, bulos, fake news e insultos a representantes de gran parte del arco parlamentario; solo Isabel Díaz Ayuso, Alvise y los miembros de Vox se salvan de sus ataques. Entre sus principales objetivos se encuentra el presidente del Gobierno. Esteve jalea a aquellos que le insultan, le llama «rata» y le acusa tanto a él como a su mujer, Begoña Gómez (a la que se refiere como «Begoño»), de realizar actividades delictivas.

Sumergirse durante meses en el contenido de Esteve implica exponerse a teorías conspiranoicas como la de los chemtrails. El líder de Desokupa se hizo eco de unas declaraciones que aseguraban que «los aviones fumigan para impedir que llueva y así llevar a cabo la Agenda 2030». En sus publicaciones, realiza también comentarios machistas y tránsfobos, pero el colectivo más señalado por él son los inmigrantes: «Se han ido un millón de españoles buenos, que iban a levantar el país, [en alusión a los jóvenes que se marchan de España por la falta de oportunidades laborales] y sin embargo, están entrando muchos más que vienen solo a poner la mano y a meter la puñalada», aseguró en otra de sus publicaciones.

Fue el pasado 1 de abril cuando Esteve citó por primera vez a José Manuel Lomas en sus redes. En uno de los episodios de «Desokupa News» se mostraba escandalizado al explicar que la Fiscalía pedía al octogenario 12 años y medio de prisión por «hacer frente a un inmigrante que entró en su casa con una sierra». «¡Una motosierra!», exclamaba, animando a su audiencia a que se imaginara «las intenciones» del intruso. Este suceso ofrecía a Esteve los ingredientes perfectos con los que azuza el odio a los extranjeros –a los que llama «anchoas que no comen jamón»– en sus cuentas: un anciano al que victimizar y un migrante al que señalar con información descontextualizada.

 «España, aquel país donde si entran a matarte no te puedes defender [sic], pero no hagas una reseña del tomate porque te meten al trullo», aseguró en ese mismo vídeo. Este comentario es un ejemplo más de la desinformación que el líder de Desokupa difunde en sus redes. En sus vídeos juega con la descontextualización de titulares que se viralizan en Internet. Así sucedió, por ejemplo, al situar en España una noticia que realmente sucedió en Nigeria, donde una mujer fue denunciada por criticar una marca de tomate triturado en Facebook, según publicó CNN.

Esteve ha capitalizado con éxito su contenido político. Aunque su empresa lleva casi una década activa, su popularidad digital se disparó en mayo y julio de 2023, coincidiendo con las dos campañas electorales en las que buscó protagonismo, según los datos de Google. Este cambio de perfil ha logrado que aumenten sus seguidores en cientos de miles. Queda por saber si también ha impactado en su facturación, ya que los resultados financieros de su empresa en 2023 todavía no se han publicado al cierre de esta edición.

689.000 € en cuatro años

La popularidad de Esteve no se entendería sin la cobertura que le dio la televisión durante sus primeros años como desokupador. Los programas matinales se convirtieron en su primer altavoz. Ahora, con el impacto que tiene su marca en las redes, ya no los necesita y no duda en cargar contra ellos. Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha sido uno de sus principales objetivos, después de que la periodista cuestionase el papel del empresario catalán en Barcelona durante las pasadas elecciones municipales.

Desokupa no solo encontró un hueco en los medios, también en el mercado, y lo ha sabido explotar, facturando anualmente alrededor de un millón de euros y alcanzando su pico de negocio en 2019 con 1,7 millones. La empresa operada por Esteve, denominada Conciencia y Respeto 1970 SL, despegó a los pocos meses de ponerse en marcha, anotando beneficios que pasaron de 88.337 euros en 2017 a 171.463 en 2022, aunque en 2021 registró cifras negativas.

Los números de esta empresa no sólo han impactado en sus propias cuentas, también en las de su propietario, que ha percibido una remuneración total de 689.000 entre 2019 y 2022, según las cuentas presentadas por la empresa. A pesar de su volumen de negocio, ni esta compañía, ni Dem Urbanas (una empresa cuyo socio único es Conciencia y Respeto 1970 SL), ni el propio Esteve tienen nada a su nombre en el registro de la propiedad, siempre según la información que esta institución ha facilitado a La Marea. Esta redacción ha intentado contrastar en reiteradas ocasiones estos datos con el empresario, sin que éste haya respondido por el momento al cuestionario enviado.

Generalmente, los propietarios recurren a estas empresas de desalojos para evitar judicializar el conflicto. «Sienten la necesidad de encontrar una respuesta rápida», explica Rafael Estévez, juez decano de Cáceres, quien además señala que estas compañías «proliferan» entre personas a las que se les ha privado de su primera o segunda vivienda y siguen asumiendo gastos mensuales como la comunidad o la hipoteca. «La justicia siempre llega, pero es lenta y hay personas que recurren a otras vías», añade el magistrado. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirman que hay un problema. En seis años, el plazo para obtener una sentencia se ha incrementado en más del doble. Si en 2018 los procedimientos por ocupación ilegal de inmuebles se resolvían en casi cinco meses, en 2023 tardaron un año en solucionarse.

El momento justo

La irrupción de Desokupa coincidió con un aumento de las denuncias por ocupaciones ilegales y las condenas por usurpaciones de inmuebles. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, «los desahucios hipotecarios alcanzaron un número altísimo», «mucha gente se vio sin alternativa habitacional» y terminaron okupando, razona Víctor Palomo, abogado especializado en el derecho a la vivienda, que considera que estos datos recogen «los estragos de la crisis del ladrillo de 2008».

En los últimos años, el problema de la ocupación ha sido un tema central en el discurso de los tres principales partidos de derecha: Ciudadanos, PP y Vox, quienes han propuesto leyes para combatirlo y han impulsado en las Comunidades Autónomas en las que gobiernan oficinas y líneas de teléfono antiocupación. Las estadísticas oficiales y la demanda que han tenido estos servicios muestran el abismo entre esos discursos y la realidad (tal y como ha podido recopilar La Marea, cuyos resultados publicará en un artículo más amplio).

En 2022, el último año del que hay datos, se dictaron 4.292 condenas por ocupación, mientras que el número de desahucios fue significativamente mayor (38.266). Todo esto en un país que ese año superó los 48 millones de habitantes.

 Desokupa fue uno de los actores, junto a partidos políticos y medios de comunicación, que consiguieron que se fomentara el «miedo a la ocupación de la vivienda particular» tras el pinchazo de la burbuja, indica Eduard Sala, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y analista de la crisis de la vivienda. «Básicamente es un discurso que se ha ido imponiendo, que no ha ido acorde a la estadística, pero sí que ha ido monopolizando el tema de la vivienda», explica. Se agitó esta alarma social, añade el entrevistado, para no poner el foco en el gran problema que atañe a este asunto: las dificultades para acceder a una vivienda.

Siguiendo la estela de Desokupa, y viendo que hay negocio, se han constituido decenas de empresas con el mismo objetivo. Sólo en el registro de marcas constan 20 resultados al buscar la palabra «desokupa». En el mercantil, otra veintena. La proliferación de estas empresas ha agitado los juzgados. El juez decano de Cáceres confirma que «algunas» de estas compañías actúan «al límite de la ley y otras, directamente transgrediéndola».

Algunas sentencias han comenzado a señalar las prácticas de estas empresas con condenas por delitos de coacciones o lesiones. A mediados de mayo, los Mossos d’Esquadra desarticularon una «organización criminal» –según la policía catalana– que operaba como empresa de desalojos extrajudiciales, con el nombre de Antiokupa Tarraco, y que utilizaba métodos violentos. La investigación detectó, además, un comportamiento racista, ya que se ensañaban con «colectivos de determinados orígenes nacionales».

La Justicia entra en juego

Ante las sentencias que iba acumulando su competencia y los reproches que recibía por sus propias actuaciones, Esteve siempre alardeaba de no tener «ni una sola condena judicial». «Eso es lo que les jode realmente a las ratas estas que nos llaman nazi [o] ultraderecha», añadió en una entrevista que mantuvo con el youtuber RickyEdit.

Sin embargo, su marcador de condenas a cero terminó el año pasado. La empresa fue condenada por una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de Shervin Mansouri, un activista que defiende el derecho a la vivienda, tras difundir un vídeo sin su consentimiento en el que aparecía su imagen. El contenido, acompañado de un mensaje en el que relataba que estaban realizando un «operativo» contra «un colectivo de perroflautas» en enero de 2022, llegó a tener más de 300.000 reproducciones en los perfiles de la empresa.

Esta sentencia pionera apuntó a la línea de flotación de la estrategia de Desokupa: las redes sociales. La Justicia constató –en un fallo que ha sido recurrido– que este tipo de publicaciones tiene fines comerciales, contribuye a promocionar la marca y a atraer a nuevos clientes.

Alejandra Jacinto recuerda la primera vez que coincidió con Esteve. Nunca se habían cruzado en la calle, a pesar de que esta abogada lleva más de una década parando desahucios en Madrid. Se conocieron en un debate de televisión. Y volvió a saber de él por las redes sociales, cuando Jacinto ya era diputada autonómica de Podemos. Cuenta que el empresario le dedicó un vídeo. «Se me llenó Instagram de un montón de seguidores de Esteve, y de ese perfil, como votantes de Alvise, que me insultaban y me llamaban hija de puta», explica.

El acoso en redes también estuvo presente en el caso de José Manuel Lomas, el octogenario que mató a Nelson David Ramírez. Este hombre de nacionalidad hondureña pasó por el Ejército español y, según Alfredo Arrién, abogado de la familia Ramírez, «después de combatir y de hacer una misión en el extranjero había venido un poco tocado». Durante la instrucción y el juicio, Arrién sostiene que él y su equipo tuvieron «a toda la maquinaria política de la ultraderecha» señalándoles. Las amenazas se disparaban cuando participaban en algún debate en programas de televisión. «Se acaba el debate y tenía en Instagram cientos de mensajes de gente diciendo ‘vamos a entrar a tu casa a matarte, a ti y a quien venga por delante, porque eres un traidor a la patria’», detalla."                (Laura Galaup y Dani Domínguez , La Marea, 12/07/24)

13.5.24

Estados Unidos es cómplice de los crímenes del narco... Hace algunas semanas un tribunal federal estadounidense declaró culpable al ex-secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, de connivencia con el cártel de Sinaloa. El juicio demostró que tanto el gobierno estadounidense como sus clientes mexicanos estaba implicados en la actividad criminal que supuestamente intentaban detener... entre los «socios estratégicos» de García Luna había ex miembros de la DEA, el FBI y la CIA... De la DEA, Larry Holifield, que había sido director regional para México y Centroamérica en la época en que García Luna dirigía la AFI... Carlos Villar, del FBI, había sido agregado legal de la oficina en la embajada de EE.UU. en México por la misma época... Pero el nombre que realmente llama la atención es el de José Rodríguez, que dirigió el programa de tortura de la CIA bajo el mandato de George W. Bush

 "El martes 21 de febrero un jurado federal de Brooklyn, Nueva York, declaró culpable al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, de conspirar con el cártel de Sinaloa. Conocido como el «superpolicía» por el enorme poder que ejerció durante la administración del presidente conservador Felipe Calderón, García Luna fue declarado culpable de todos los cargos: conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para distribuir y poseer cocaína, y conspiración para importar cocaína, además de participar en una empresa criminal continuada y hacer declaraciones falsas en su solicitud de naturalización como ciudadano estadounidense.

En un comunicado, el fiscal estadounidense Breon Peace declaró que García Luna había traicionado su deber al «aceptar millones de dólares en sobornos manchados con la sangre de las guerras de los cárteles y las batallas relacionadas con el narcotráfico» a cambio de «proteger a los asesinos y traficantes que había jurado solemnemente investigar». El veredicto del jurado, concluyó, fue «una luz brillante para el Estado de Derecho, el bien sobre el mal y la justicia sobre la injusticia».

La simbiosis criminal de Calderón

Pero tras la fachada perfecta de un tenaz equipo de fiscales estadounidenses que llevan ante la justicia a un ex funcionario mexicano corrupto, se esconde una red de complicidad y connivencia que arroja una dura luz sobre toda la narrativa de la «guerra contra las drogas».

Para empezar, el veredicto representa una brutal humillación para dos ex presidentes mexicanos: Vicente Fox (2000-6), que nombró a García Luna director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la versión mexicana del FBI, y Felipe Calderón (2006-2012), que lo elevó a la categoría de secretario de Seguridad Pública, confiriéndole poderes plenipotenciarios sobre la policía del país.

En marcado contraste con los intentos de los ex presidentes de presentar sus mandatos como cruzadas heroicas contra el crimen organizado, los testimonios pintan un retrato de un aparato de seguridad en sintonía con él. Según Jesús «El Rey» Zambada, hermano del ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael, los miembros del cártel vestían uniformes de la AFI «para hacer arrestos y participar en peleas» mientras García Luna, como jefe de la agencia, cobraba 1,5 millones de dólares al mes.

En el aeropuerto de la Ciudad de México —también controlado durante casi una década por Zambada— se reclutaba a policías federales para descargar cargamentos de cocaína. De hecho, García Luna incluso permitía que el cártel «eligiera al personal» para las misiones de la policía federal. En un exclusivo restaurante de Ciudad de México, Zambada le pagaba directamente a García Luna sus propios sobornos. Según el testimonio del ex fiscal general del estado de Nayarit, la orden de proteger al cártel de Sinaloa vino del propio Calderón.

En el gobierno de Calderón «no se sabía a quién se le debía temer más, si a la delincuencia organizada o a los cuerpos de seguridad desorganizados», escribe el analista Jorge Rodríguez. Y agrega: «Más que una infiltración, debería hablarse de una simbiosis, que en buena medida es la causa de la violencia que hoy seguimos viviendo».

Esta simbiosis se extendió a las relaciones con la prensa. Mientras Calderón amenazaba a periodistas, cineastas e incluso a un miembro de la Suprema Corte (en una entrevista reciente, el magistrado Arturo Zaldívar reveló que él y su familia fueron amenazados a punta de pistola por policías federales y que el entonces presidente no sólo estaba enterado, sino que «lo supo en tiempo real»), García Luna utilizaba su floreciente riqueza para endulzar la situación. En su turno en el estrado, el ex secretario de Finanzas del estado de Coahuila testificó que García Luna le pagaba al periódico El Universal unos 25 millones de pesos mexicanos al mes (131.725 dólares al cambio actual) a cambio de una cobertura mediática favorable. Al menos uno de los pagos se canalizó a través de las arcas del Estado mediante una factura falsa.

La suma total de estas revelaciones fue suficiente para que las cabezas parlantes de México entraran en una espiral de defensas y ataques. Raymundo Riva-Palacio, ex director editorial de El Universal, insistió en que era imposible que García Luna hubiera recibido un soborno de un millón de dólares porque un millón de dólares en billetes pesaría una tonelada… literalmente.

María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), insistió en que, dado que el único cargo del que se probó la culpabilidad de García Luna fue la falsificación de su documento de naturalización, podría salir «caminando» del tribunal. Cuando eso no ocurrió, Carlos Marín, del periódico Milenio, dijo que el veredicto del jurado sólo podía entenderse en el contexto de que se permitiera formar parte de los jurados estadounidenses a personas de clase trabajadora con una educación deficiente. Igualmente desconsolado, el ex presentador de Televisa Joaquín López-Dóriga dedicó todo un hilo de Twitter a citas del abogado de García Luna, César de Castro, censurando el veredicto.

Economía de medios

Esto no quiere decir que todas las críticas al juicio sean infundadas. De hecho, tanto en la formulación de los cargos como en las pruebas presentadas, la acusación dirigida por el fiscal estadounidense Paz parecía perfectamente calibrada para lograr una condena divulgando la menor cantidad de información posible al público. Los primeros informes daban la imagen de una acusación abarrotada con más de un millón de documentos, miles de grabaciones y una lista de unos setenta testigos; con todo ello, se esperaba que el juicio, que comenzó con los alegatos iniciales el 23 de enero, se alargara hasta marzo. En lugar de ello, terminó a mediados de febrero, con una fracción de los documentos, menos de un tercio de los testigos y ninguna de las grabaciones.

En parte, esto puede atribuirse al procedimiento habitual de movilizar únicamente a los testigos y las pruebas que se consideran útiles para el desarrollo del caso. Pero otra parte crucial tiene que ver con el limitado conjunto de acusaciones hechas por el gobierno, lo que permitió al juez Brian Cogan descartar cualquier prueba de los negocios altamente incriminatorios que García Luna estableció en Miami después de dejar su rol gubernamental en 2012, negocios que son objeto de una demanda civil por 700 millones de dólares presentada por el Departamento de Justicia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

 Otras omisiones fueron aún más flagrantes. No se mencionó, por ejemplo, el chapucero programa de rastreo de armas «Rápido y Furioso» de la era Obama, que entregó armas estadounidenses a los cárteles mexicanos. (En enero, la Procuraduría General de la República emitió su propia orden de aprehensión contra García Luna por su presunta participación en la operación).

Cuando la defensa trató de preguntar sobre las reuniones de García Luna con funcionarios de alto nivel en Washington, la fiscalía se movió para evitarlas. Y aunque los fiscales se esmeraron en vincular a García Luna con Iván Reyes Arzate, ex jefe de la Unidad de Investigación Sensible (UIS) de la Policía Federal, omitieron convenientemente que la unidad estaba directamente vinculada con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), donde todos sus miembros —incluido Reyes Arzate— habían recibido entrenamiento especial.

Una de las cosas que sí se deslizó en el juicio fue el testimonio del agente de la DEA Miguel Madrigal, quien declaró que la agencia había sido informada de las conexiones de García Luna con el cártel de Sinaloa por Sergio Villarreal Barragán, «El Grande», en 2010, dos años antes de que dejara el cargo.

Esto concuerda con declaraciones del ex jefe de operaciones de inteligencia de la DEA, Anthony Plácido, quien un año antes de la delación de Barragán ya expresaba públicamente sus sospechas, y de la ex subsecretaria de Estado y luego embajadora Roberta Jacobson, quien en una entrevista en 2020 reveló que el Departamento de Estado sabía de los nexos de García Luna por lo menos desde el gobierno de Fox. Según Jacobson, la información provenía de miembros del gobierno mexicano, que sabía «tanto como nosotros, o más, y nunca tomó medidas». En cuanto a las razones por las que Estados Unidos tampoco actuó, Jacobson, con un encogimiento de hombros casi audible, racionalizó: «Teníamos que trabajar con él».

 El hecho de que la comunidad de inteligencia tuviera una idea bastante clara de quién era García Luna no impidió que sus bases «trabajaran con él» o incluso, como sucedió, que hicieran negocios con él. Según Reporte Indigo, que revisó los sitios web de GL & Associates Consulting y su organización hermana ICIT Security antes de que fueran retirados, entre los «socios estratégicos» de García Luna había ex miembros de la DEA, el FBI y la CIA. De la DEA, Larry Holifield, que había sido director regional para México y Centroamérica en la época en que García Luna dirigía la AFI. Carlos Villar, del FBI, había sido agregado legal de la oficina en la embajada de EE.UU. en México por la misma época. Pero el nombre que realmente llama la atención es el de José Rodríguez, que dirigió el programa de tortura de la CIA bajo el mandato de George W. Bush y destruyó unos noventa y dos vídeos con pruebas de tortura antes de convertirse en el rostro público —y autor de best-sellers— que defiende el programa.

Todo esto —incluyendo una serie de escándalos recientes en la DEA, como la destitución del jefe en México Nicholas Palmieri en 2022 por «socializar y pasar las vacaciones con abogados del narcotráfico de Miami»— debería ser suficiente para justificar una investigación sobre los contactos de la comunidad de inteligencia con García Luna en particular y con el crimen organizado en general. Pero debido a la absorción casi total del Partido Demócrata en el organismo de seguridad nacional, la tarea de hacer estas preguntas recayó, por defecto, en los republicanos. El 22 de febrero, al día siguiente del veredicto, el senador Charles Grassley escribió a la DEA y al FBI solicitando todas las grabaciones de García Luna, junto con los informes, notas y documentos relacionados con él, los procedimientos de investigación utilizados y una explicación de «lo que cada una de sus agencias sabía sobre la corrupción y la actividad criminal de García Luna, cuándo sus agencias conocieron la información y cómo sus agencias conocieron la información».

Negación y desviación

Desde su autoexilio en España, Felipe Calderón emitió un comunicado tras la sentencia, negándolo todo y haciéndose la víctima. Era de esperar. Aún más cínico fue el comportamiento de la prensa estadounidense en las últimas semanas: en lugar de asumir las lecciones del juicio y exigir respuestas a los funcionarios que jugaron a la pelota con García Luna durante años, incluyendo el tratamiento de alfombra roja, sesiones fotográficas y perfiles en el New York Times, los principales medios de comunicación se unieron a una claque de políticos fanfarrones en un conveniente intento de argumentar que el narcoestado es ahora, no entonces.

En un extraño artículo de opinión del Wall Street Journal en el que pedía una intervención militar en México, el ex fiscal general William Barr argumentaba que «los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue Felipe Calderón». Era como si el juicio a García Luna no acabara de ocurrir. O más bien, tal vez fue precisamente porque el juicio a García Luna acababa de ocurrir.

Este intento de darle la vuelta a la historia tiene dos funciones principales: evita preguntas incómodas sobre la complicidad de EE.UU. en la guerra contra las drogas al tiempo que desvía la atención del lado mexicano desde Calderón (que era un cliente de EE.UU.) hacia AMLO (que no lo es). Pero esa estrategia podría toparse con un muro si García Luna decide convertirse en testigo colaborador contra sus antiguos jefes a cambio de una sentencia reducida, algo que su abogado reconoció que está considerando.

Mientras tanto, todo el ruido patriotero de sables puede estar chocando con la ley de las consecuencias imprevistas. El sábado 18 de marzo, unas quinientas mil personas acudieron a una manifestación en Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la expropiación de la industria petrolera y también para oponerse al intervencionismo estadounidense. «Ya no es el tiempo de Calderón ni de García Luna», declaró el presidente desde la tribuna. «Ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno mexicano y las agencias estadounidenses»."                 ( , JACOBINLAT, 12/05/24)

16.2.24

El hijastro de la alcaldesa de Marbella, al que piden 22 años de cárcel por narcotráfico, presumió de que el PP controlaba "toda la jodida Andalucía”

"Joakim Peter Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, al que la Fiscalía pide 22 años de cárcel por delitos de organización criminal, contra la salud pública y de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, presumió en una conversación interceptada por la Policía de “controlar toda la jodida Andalucía”.

“Tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía”, afirmó Broberg en una de las conversaciones interceptadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que desveló por ElPlural.com.

El marido, el hijastro y la alcaldesa

Fue en enero de 2023 cuando la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del hijastro de la alcaldesa de Marbella dentro de una trama por la que fueron procesados más de 30 personas que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Cabe recordar que la alcaldesa de Marbella ocultó una sociedad que recibió de su marido, Lars Gunnar Broberg, quien también fue procesado por blanquear beneficios de la red criminal y a cuyo entierro (falleció en marzo del año pasado), acudieron numerosos dirigentes del Partido Popular.

Contra Pedro Sánchez

En la conversación interceptada por la Policía, el hijastro de la alcaldesa de Marbella conversaba con un socio de la familia relacionado presuntamente en actividades presuntamente ilícitas que investiga la Justicia española.

Broberg, lamentaba no tener influencia en el conjunto de España y por tanto ver frustrados algunos de sus negocios.

- Joakim Broberg (hijastro de la alcaldesa): “Ahora el ministro es un puto socialista, pero sí, podemos llegar a él (…) Sabes que ahora los que gobiernan son los socialistas españoles, ¿no?.

- Interlocutor: ¿Si? ¿Es verdad? Eso da miedo.

- Joakim Broberg (hijastro de la alcaldesa): Pedro Sánchez es el presidente más tonto que jamás haya habido gobernando el país.

Contactos con el Ayuntamiento

En la conversación, el hijastro de la alcaldesa de Marbella defiende orgulloso el poder de Ángeles Muchoz, gracias a la cual obtuvo presuntamente contactos con ediles del ayuntamiento para tramitar las licencias para sus negocios.

Y es que en otro de los audios interceptados, tal y como desveló laSexta, la sensación de impunidad del hijastro era tal que tuvo que ser advertido de no hablar de ciertos asuntos por teléfono.

Incluso, el concejal de Obras Públicas de la localidad malagueña le pide que "aprenda de su padre" y no hable más de la cuenta por temor a estar siendo escuchados.

Lujo y ostentación 

En su día, los familiares de la alcaldesa de Mabella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, no se cortaron a la hora de exhibir una vida plagada de lujos en 'El Paraíso', nombre con el que se refieren a la espectacular casa con vistas al mar en la que vive la líder del Partido Popular en la Costa del Sol. 

Desde una moto acuática en la piscina hasta coches de carreras y una piscina apta para perros. Las imágenes, difundidas por familiares de la alcaldesa marbellí en redes sociales a las que ruvo acceso este periódico, daban clara muestra de los caprichos con los que disfruta una familia que está siendo sometida a la investigación de la Justicia."                  (J. Mª Garrido, El Plural, 14/02/24)

15.2.24

Del presidente del Partido Popular (PP) se pueden decir muchas cosas... que fuera uno de los mejores amigos de un narcotraficante de origen gallego (este punto es importante; en Galicia, para el poder en toda la amplitud de la palabra, los narcos gallegos eran "nuestros narcos" y hacían cosas por la gente ..., políticos incluidos). Por suerte, los tiempos han cambiado y esa losa humana llamada Marcial Dorado nunca abandonará a Feijóo... aunque fuera a dar el pésame a Barbate por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil a manos de varios peones del narco y a pedir la dimisión del ministro del Interior, que con toda su cuestionada trayectoria, aún no puede jactarse de ser amigo de un narco, responsable de muertes, corrupción, asesinatos y depravación en Galicia y más allá. Lo sabemos... así lo trasladó el líder del PP a los agentes de luto por sus compañeros: "No se puede derrotar al narco sin conocerlo. La droga es adictiva sin probarla siquiera". En Galicia lo sabemos gracias a Feijóo, entre otros (Ana Pardo de Vera)

"Del presidente del Partido Popular (PP) se pueden decir muchas cosas, pero ninguna similar a que sea imbécil. Sobre todo, podemos hablar quienes lo hemos tenido gobernando en Galicia durante 13 años y seguido sus andanzas desde que apuntaba maneras bajo el ala todopoderosa de José Manuel Romay Beccaría. "No pierdan de vista a ese chico", nos decían en el PP gallego a los plumillas cuando Romay se llevó a Feijóo al Ministerio de Sanidad, entre 1996 y 2000, durante el primer Gobierno de Aznar.

Era indiferente que "ese chico" fuera uno de los mejores amigos de un narcotraficante de origen gallego (este punto es importante; en Galicia, para el poder en toda la amplitud de la palabra, los narcos gallegos eran "nuestros narcos" y hacían cosas por la gente ..., políticos incluidos). Por suerte, los tiempos han cambiado y esa losa humana llamada Marcial Dorado nunca abandonará a Feijóo, aunque el expresidente gallego se dedicara a financiar Proyecto Hombre con su patrimonio, por cierto, tampoco bien contado jamás. O aunque fuera a dar el pésame a Barbate por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil a manos de varios peones del narco y a pedir la dimisión del ministro del Interior, que con toda su cuestionada trayectoria, aún no puede jactarse de ser amigo de un narco, responsable de muertes, corrupción, asesinatos y depravación en Galicia y más allá. Sabemos.

Tiene algo de razón Feijóo, no obstante, al viajar a Barbate, fronterizo con la mancomunidad de Campo de Gibraltar, una zona deprimida e ignorada por todos los gobiernos, lo cual que no es un detalle menor para el narco. Seguro que así lo trasladó el líder del PP a los agentes de luto por sus compañeros: "No se puede derrotar al narco sin conocerlo. La droga es adictiva sin probarla siquiera". En Galicia lo sabemos gracias a Feijóo, entre otros/as. (...)"                               (Ana Pardo de Vera, Público, 12/02/24)

16.1.24

La crisis políticas y de seguridad que sufre Ecuador es la consecuencia de dos gobiernos neoliberales que permitieron, a través de la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como los territorios más peligrosos de América Latina... el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso Lasso impuso la Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, eufemismo neoliberal habilitó zonas especiales desreguladas para operaciones libres empresarias, la misma regulación que se aplicó en territorio mexicano, en Ciudad Juárez y Tijuana, donde se incrementaron de forma exponencial la trata de personas y el control territorial por parte de las organizaciones del narcotráfico... Lasso redujo el déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, un promedio similar al incremento del lavado de activos... Lasso concluyó, dos años antes de la fecha de su mandato, como producto de un escándalo ligado al narcotráfico, por el vínculo entre un pariente cercano de Lasso y la mafia albanesa, uno de los carteles del narcotráfico más activos en Ecuador... Danilo Carrera –cuñado del primer mandatario– operaba en las aduanas a través de Rubén Cherres, quien agilizaba el envió de cocaína hacia diferentes destinos y se encargaba del lavado de activos producidos por dichas expediciones... La campaña electoral que sobrevino a ese escándalo estuvo regada de atentados y asesinatos. Uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado... El neoliberalismo –como ha sido comprobado desde la Guerra del Opio– es el territorio más amigable para la libre circulación de los estupefacientes. Pero, sobre todo, para los dineros obtenidos, que se suelen blanquearse en lujosos despachos empresariales (Jorge Elbaum)

 "La crisis políticas y de seguridad que sufre Ecuador es la consecuencia de dos gobiernos neoliberales que permitieron, a través de la desregulación y el debilitamiento de las instituciones públicas, la irrupción de un narcoestado que ha sustituido a Colombia y a México como los territorios más peligrosos de América Latina. El 23 de noviembre pasado asumió como presidente el empresario Daniel Noboa, nacido en Miami e hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, que fuera derrotado en 2006 por Rafael Correa.

Ecuador tiene una población de 18 millones de habitantes y exhibe una de las peores tasas de homicidios de la región, cercana a los 35 asesinatos cada 100 mil habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO). Durante la presidencia de Correa –hoy en el exilio en Bélgica, debido a la persecución sufrida por jueces manipulados por las oligarquías locales–, la tasa de homicidios no llegaba a los 6 cada 100 mil habitantes. Eso supone un incremento de un 500 por ciento desde que Corea dejó el poder, en 2017.

Los medios que cubren la actual crisis en Ecuador olvidan referirse, llamativamente, a que el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso concluyó apresuradamente, dos años antes de la fecha de su mandato, como producto de un escándalo ligado al narcotráfico: el 9 de enero de 2023 el portal periodístico La Posta publicó una investigación titulada El Gran Padrino, que exhibía el vínculo entre un pariente cercano de Lasso y la mafia albanesa, uno de los carteles del narcotráfico más activos en Ecuador. 

El relevamiento de La Posta detalló cómo Danilo Carrera –cuñado del primer mandatario– operaba en las aduanas a través de Rubén Cherres, quien agilizaba el envió de cocaína hacia diferentes destinos y se encargaba del lavado de activos producidos por dichas expediciones. 

El 31 de marzo de 2023, Cherres fue encontrado asesinado, y el 19 de abril el cuñado de Lasso fue arrestado, motivando la apelación a la “muerte cruzada”, un procedimiento constitucional que permite la dimisión del presidente –para evitar la destitución–, la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas.

La campaña electoral que sobrevino a ese escándalo estuvo regada de atentados y asesinatos. El 9 de agosto de 2023, a diez días del escrutinio, uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado. 

Una semana antes había sido amenazado de muerte por José Macías Villamar, alias Fito, el jefe narco que se fugó de la prisión el 8 de enero de 2024, desencadenando varios atentados terroristas organizados entre otros grupos por el grupo liderado por Fito, los Choneros, con el claro objetivo de distraer a las fuerzas de seguridad para esquivar su nueva detención.

Con la llegada de Lenín Moreno al poder, en 2017, se suprimieron –para reducir el déficit fiscal– el Ministerio de Justicia (que administraba las prisiones), el Ministerio de Coordinación de Seguridad y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. 

Esas tres dependencias se subsumieron en un único ministerio —el Ministerio del Interior—, reduciéndose sus presupuestos respectivos. Por su parte, en sus dos años de gobierno, Lasso impuso la Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, eufemismo neoliberal con el que habilitó zonas especiales desreguladas para operaciones libres empresarias, aptas para la flexibilización de las normativas de contratación y la directa supresión de los derechos laborales. 

Esa fue la misma regulación que se aplicó en territorio mexicano, en Ciudad Juárez y Tijuana, donde se incrementaron de forma exponencial la trata de personas y el control territorial por parte de las organizaciones del narcotráfico.

Lasso redujo el déficit fiscal de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, un promedio similar al incremento del lavado de activos: según el Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), el narcotráfico es la principal actividad que explica el crecimiento de la criminalidad, con un 23 por ciento de incidencia. Pero en el segundo lugar se ubica el lavado de activos, con una incidencia del 17 por ciento.

El 8 de septiembre de 2023, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema, Oliver De Shutter, responsabilizó al gobierno de Lasso de ser cómplice con la existencia de regímenes de trabajo en condición de servidumbre. 

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador que tienen entre 15 y 24 años viven en la pobreza, 12 por ciento más que en los últimos años de Correa, situación que explica el reclutamiento como sicarios de jóvenes en situación de vulnerabilidad que obtienen 200 dólares mensuales, el doble de un salario mínimo.

El neoliberalismo –como ha sido comprobado desde la Guerra del Opio– es el territorio más amigable para la libre circulación de los estupefacientes. Pero, sobre todo, para los dineros obtenidos, que se suelen blanquearse en lujosos despachos empresariales."           (Jorge Elbaum, sociólogo argentino, Observatorio de la crisis, 14/01/24)

6.11.23

¿Un "Mónica Oltra"... o un "Marcial Dorado"? La acusación de violación grupal contra el hijo de Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional

 "El abogado Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha salido en libertad sin medidas cautelares del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid, al que había sido trasladado después de que una prostituta denunciara una violación grupal, en la que según la versión de la mujer habrían participado el letrado y dos amigos suyos. Sin embargo, en el auto de la magistrada, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la juez afirma que, tras visionar las imágenes del interior y del exterior del domicilio de Pumpido Varela aportadas por su defensa no puede "adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido" y añade que "las imágenes desvirtúan la versión".

En el escrito, se explica que "de lo actuado hasta el momento se estima que no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la medida cautelar". Y todo ello porque en los vídeos, como explica la magistrada, lo que se ve es que "las imágenes desvirtúan la versión" mantenida por la mujer. En dichas imágenes se ven distintas dependencias a lo largo de la madrugada y primeras horas de la mañana del día 3 de noviembre: supuestamente la agresión grupal fue la madrugada del 2 al 3.

Dice el auto que en esas imágenes, en ningún momento se puede ver a uno de los denunciados, que según ha explicado puede "acreditar" que, desde la diez de la noche del día 2, "estaba en otro lugar". Prosigue el auto diciendo: "Por el contrario, se ve en las imágenes a la denunciante situada por distintas estancias de la casa, cocina, dormitorio, parte exterior de la casa en compañía de Conde Pumpido unas veces y sola en otras ocasiones. Específicamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo, bebiendo etc. Sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido".

"En consecuencia, sin perjuicio del resultado de las diligencias de investigación que puedan llevarse a cabo a lo largo de la instrucción del presente procedimiento no se estima que concurran los requisitos de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y ponderación exigidos para la adopción de una medida restrictiva de los derechos fundamentales como se ha interesado", apostilla la juez en su auto, pues tanto la denunciante como la Fiscalía habían solicitado una orden de alejamiento sobre la mujer."                  (Loreto Ochando, El Plural, 05/11/23)

21.7.23

Conviene recordar con quién nos jugamos los cuartos... Feijóo ha asegurado que cortó su relación con Dorado hacia 1997, cuando se enteró de que estaba inmerso en causas judiciales y que le vio por última vez en un funeral en 1999... pero pinchazos policiales revelan contactos entre Feijóo y Dorado más allá de 2000

 "Desde que unas fotos publicadas por EL PAÍS destaparon la controvertida relación que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y el célebre contrabandista Marcial Dorado en los años noventa, el presidente de la Xunta no ha dejado de insistir en que desconocía las actividades a las que se dedicaba su compañero de vacaciones y que cortó sus contactos con él hacia 1997, cuando se enteró que estaba inmerso en causas judiciales. 

Sin embargo, el juez que detuvo a Dorado en 2003 por narcotráfico, José Antonio Vázquez Taín, ha confirmado a este periódico que durante sus pesquisas, que arrancaron en 2001, pinchó el teléfono del narco y grabó conversaciones entre este y Feijóo. Aunque Taín —titular en aquellos años del juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía de Arousa— insiste en que las escuchas no destaparon nada delictivo, el dato aportado por el magistrado contradice la versión del presidente de la Xunta, que hasta ahora ha asegurado que dejó de hablar con el narco hacia 1997 y que la última vez que lo vio fue en 1999, en el entierro de su amigo Manuel Cruz, testaferro de Dorado.

La investigación de Taín a Dorado por narcotráfico arrancó en 2001 y se denominó Operación South Sea. Incluyó pinchazos telefónicos y registros en las viviendas de Dorado. En aquel año, con Aznar de presidente del Gobierno, Feijóo era presidente de Correos y en enero de 2003 se incorporó a la Xunta como consejero de Obras Públicas.

 "Durante la investigación hubo observaciones de las conversaciones telefónicas de Núñez Feijóo y Marcial Dorado. Esas conversaciones no se consideraron en ningún momento delictivas; ni siquiera se detectaron indicios indicativos de nada", señala Taín en una entrevista con El Mundo publicada hoy sobre el sumario que él abrió en 2001. En los registros, dice Taín, se hallaron fotos de Feijóo con Dorado (la esposa del narco asegura que hay muchas más imágenes). 

"Cuando hacemos el registro nosotros sabíamos que las fotos estaban allí. Buenos, esas y muchísimas fotos más, porque en esas fechas Dorado era un empresario muy activo y muy dado a sacar fotografías. De hecho, podrían aparecer más fotos del presidente y de mucha gente más... Pero no se incautó ninguna foto porque eran irrelevantes para la investigación", relata el juez. El juez Taín ha desmentido tajantamente además que periodistas de EL PAÍS le mostrasen en mayo de 2012 fotografías de Feijóo con Marcial Dorado como asegura El Mundo en su editorial de hoy.

 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado esta mañana que "el juez que encarceló a Marcial Dorado ha hablado claro" y considera que, con las palabras de José Antonio Vázquez Taín, "la infamia se acabó". En declaraciones a los medios en Vigo recogidas por Europa Press, el presidente gallego ha reiterado que, desde que se publicaron sus fotos en EL PAÍS con el narcotraficante Marcial Dorado, ha intentado "explicar la verdad de la situación, con la mayor celeridad posible, la mayor sinceridad posible y la mayor transparencia posible". Feijóo no ha hecho alusión a las contradicciones entre la versión del juez y la suya sobre las fechas y duración de su relación con el narco y ha asegurado: "El juez ha concretado que lo que yo estaba contando era cierto". Feijóo ha destacado su disposición a "seguir dando explicaciones", para lo que se ha remitido a su comparecencia, el próximo miércoles, en el Parlamento gallego. "Galicia bien merece la explicación y la verdad", ha concluido."                 (El País, 03/04/13)

17.7.23

Marcial Dorado era propietario de varias empresas de gasolineras con las que surtía a los pesqueros, planeadoras y camiones con los que transportaba la droga, y que también le permitían lavar el dinero negro procedente de esas operaciones... Feijóo comenzó su carrera política como número dos de la misma consellería que compraba a las empresas del narco el gasóleo para la calefacción de los hospitales gallegos (durante los gobiernos de Fraga)... Feijóo y Dorado se conocieron por mediación de Manuel Cruz, chófer de Romay y testaferro de varias de las empresas del narco... Dado el historial público del señor Feijóo resulta increíble no solo que aspire a ser presidente, sino que pueda ser un representante público. Ojalá llegue el día en que España no admita a criminales en sus instituciones

 Alberto Coronel @AlbertoCoronelT

Todo el mundo sabe que hay una foto de Feijóo con un narco, pero: ¿quién era Marcial Dorado? ¿y qué relación tenían él y el PP con el narcotráfico? Abro hilo sobre una historia REAL que debería hacernos reflexionar antes del #23J

 Marcial Dorado fue un narcotraficante gallego que en 2003 fue detenido por orden del juez José Antonio Vázquez Taín por su implicación en el contrabando de cocaína. La foto es un retrato de lo que se vivió en Galicia en aquellos años.

Los narcos operaban con impunidad, coordinados con las fuerzas de seguridad y con las autoridades locales. Gracias a eso (y a las costas), Galicia fue la puerta de entrada del 80% de la coca que entraba en Europa.

Obviamente, esto dejó ingentes cantidades de dinero para empresarios policías y políticos que lejos de hacer la vista gorda, facilitaban la acción de los narcos.

Mientras, en las calles gallegas la heroína y la coca mataba a una generación de jóvenes, algo a lo que no se enfrentaron los políticos, sino mujeres como Carmen Avendaño que se atrevieron a denunciar públicamente a los responsables de aquellas muertes.

Irónicamente, cuando estás fotos se publicaron en el País en 1995, Feoijóo era el secretario general del Servicio Gallego de Salud. ¿El nexo?

Feijóo comenzó su carrera política como número dos de la misma consellería que compraba a las empresas del narco el gasóleo para la calefacción de los hospitales gallegos (durante los gobiernos de Fraga).

Concretamente: “Dorado era propietario de varias empresas de gasolineras con las que surtía a los pesqueros, planeadoras y camiones con los que transportaba la droga, y que también le permitían lavar el dinero negro procedente de esas operaciones…

Feijóo y Dorado se conocieron por mediación de Manuel Cruz, chófer de Romay y testaferro de varias de las empresas del narco. En Ferrol le llamaban Manuel Cruz Gamada por sus vinculaciones con la ultraderecha…

…en un grupo al que en la ciudad denominaban los años setenta y ochenta "los cadeneros", porque usaban cadenas de bicicleta en las palizas que propinaban a progres y sindicalistas.”

Fuente: "Las otras amistades de Feijóo: de Marcial Dorado a los compañeros de universidad que contratan con su hermana" (Juan Oliver, Público, 02/04/22)

Dado el historial público del señor Feijóo resulta increíble no solo que aspire a ser presidente, sino que pueda ser un representante público. Ojalá llegue el día en que España no admita a criminales en sus instituciones.

Para más detalles, este hilo de @cristinapapinm ! No podemos dejar que esto pase desapercibido.

Pd: lo único falso de este hilo es que haya una sola foto.

"Pinchazos policiales revelan contactos entre Feijóo y Dorado más allá de 2000. Feijóo ha asegurado que cortó su relación con Dorado hacia 1997, cuando se enteró de que estaba inmerso en causas judiciales y que le vio por última vez en un funeral en 1999" (El País, 03/04/2013)

7:33 p. m. · 14 jul. 2023 1,2 M Reproducciones
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11.7.23

Feijóo, al timón del narcotraficante... Lo acreditan sus estancias en las mansiones del sujeto en la isla de Arousa y en Baiona, sus fiestas compartidas de Nochevieja y sus viajes conjuntos a Portugal y Andorra, entonces emporio de la evasión fiscal... El líder gallego defendió que eran relaciones circunstanciales. Algo curioso, dada su asiduidad. Nunca las explicó de verdad, si es que son explicables. Nunca es nunca. Lo sorprendente es que no se haya profundizado en su naturaleza... Ahora conviene aún más extremar la transparencia. Pues Feijóo tiene una posibilidad significativa de ascender al poder en toda España. ¿Qué diría el mundo político de casi cualquier otro país de la UE, en un caso similar, de un aspirante a primer ministro que frecuentase esas amistades peligrosas? ¿Qué haría, y cómo, la prensa española, si apareciesen imágenes de Pedro Sánchez timoneando el yate de un narcotraficante? (Xavier Vidal-Folch)

 "Historia del candidato dura 10 minutos. Oigan esta hagiografía (vida de santo, en su etimología griega) de Alberto Núñez Feijóo en la web del PP. Vale la pena. Hemos leído muchos relatos encomiásticos; pocos escritos por el biografiado. Desmenuza siete momentos clave de su vida: su infancia en la aldea; la humilde familia; su vocación de juez; su paso a la política, “algo que no quería”... Hay que tener arrojo para ensalzarse así.  

En aras de la transparencia, ese paso (“para que conozcáis mejor la persona que hay detrás de Feijóo”, así lo explica) exigiría también poner luz a los episodios de otro rincón que queda oscuro, detrás de él: su relación con el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado, que fue condenado a 14 años de prisión al ser pillado traficando con seis toneladas de cocaína.

Antes de ese final, Feijóo, en tiempos de sus primeros cargos en la Xunta y en el Gobierno de Aznar, fue íntimo de Dorado. Lo acreditan las fotos de sus recreos en cubierta de uno de los yates del delincuente, junto al delincuente. Pero, sobre todo, el hecho categórico de que en una de ellas apareciese al mando del timón, una confianza que se reserva a los más troncos. Y sus estancias en las mansiones del sujeto en la isla de Arousa y en Baiona, sus fiestas compartidas de Nochevieja y sus viajes conjuntos a Portugal y Andorra, entonces emporio de la evasión fiscal.

El líder gallego defendió que eran relaciones circunstanciales. Algo curioso, dada su asiduidad. Nunca las explicó de verdad, si es que son explicables. Nunca es nunca. Lo sorprendente es que no se haya profundizado en su naturaleza: ¿por el dominio del mundo mediático que ejerce el conservadurismo gallego? ¿Por la distinta percepción que la proximidad dispensa a veces al contrabandismo? ¿Por el paso del tiempo, que no todo lo sepulta, como bien se encarga de resaltarlo el propio afectado —para lo que le conviene—, en su autohagiografía?

Ahora conviene aún más extremar la transparencia. Pues Feijóo tiene una posibilidad significativa de ascender al poder en toda España. ¿Qué diría el mundo político finlandés, o de casi cualquier otro país de la UE, en un caso similar de un aspirante a primer ministro que frecuentase esas amistades peligrosas? ¿Qué haría, y cómo, la prensa española, si apareciesen imágenes de Pedro Sánchez timoneando el yate de un narcotraficante?"           (Xavier Vidal-Folch , El País, 10/07/23)

10.3.23

‘No habría suficientes horas de emisión en los canales privados de televisión si en una foto de 1995 con Marcial Dorado apareciese un dirigente de Podemos... si al lado de Marcial Dorado hubiese sido fotografiado Pedro Sánchez, Sánchez no sería hoy presidente del Gobierno” (Enric Juliana)...La estrecha amistad entre Feijóo y el narco sigue, diez años después, plagada de sombras... Ambos compartieron comidas, excursiones a la montaña, viajes a Cascais (Portugal), Ibiza y Picos de Europa y la celebración de la nochevieja como sólo dos buenos amigos pueden hacer. Actividades todas ellas que Feijóo, según sus propias palabras, no recuerda quién pagó. Y eso que en aquellas fechas Marcial Dorado ya era un personaje conocido porque había sido detenido dos veces... Feijóo dijo ignorar a qué se dedicaba Marcial Dorado para ganarse la vida, a pesar de la opulencia de sus propiedades y de sus antecedentes policiales, que la prensa había aireado profusamente... Aunque Feijóo siempre dice que cortó su relación con el narcotraficante en el año 1997, un juez confirmó hace diez años que existían pruebas de conversaciones telefónicas entre ambos grabadas durante unas pesquisas policiales que comenzaron en el año 2001... Pendiente de aclarar están también los contratos que la Xunta firmó con las empresas de Marcial Dorado... La Xunta nunca facilitó aquellos contratos. Nunca se supo a ciencia cierta si fueron destruidos o si desaparecieron en una inundación

Enric Juliana Ricart @EnricJuliana

El álbum de fotos. ‘No habría suficientes horas de emisión en los canales privados de televisión si en una foto de 1995 con Marcial Dorado apareciese un dirigente de Podemos”

"El álbum"  (Enric Juliana, La Vanguardia, 09/03/23)

10:04 a. m. · 9 mar. 2023
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 "Una “provocación”. Eso es lo que le parece al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que varios miembros del Gobierno, incluído su presidente, Pedro Sánchez, hayan vuelto a poner sobre la mesa la estrecha relación que mantuvo durante años con el histórico contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado en los años noventa y que, según algunas informaciones, se prolongó al menos hasta el año 2001.

La maniobra del Gobierno trata de contrarrestar la ofensiva del PP y del propio Feijóo para consolidar en la opinión pública la idea de que los grupos parlamentarios socialistas en el Congreso y el Senado, además del Gobierno de España y el de Canarias, están involucrados en una trama de corrupción que incluye fiestas con prostitutas y consumo de drogas. 

Es una muestra “del nivel de desesperación en el que está sumido el Gobierno de España”, pero él no va “a entrar en este tipo de provocaciones”, zanjó Feijóo el pasado lunes. “Si lo que pretenden es cambiar de conversación, que no cuenten conmigo”.

Lo cierto es que la historia de Feijóo y el contrabandista, que apareció en la primera página del diario El País hace ahora exactamente una década, sigue aún hoy dominada por las sombras. En parte también porque su protagonista decidió dar por zanjado el asunto a las primeras de cambio sin aclarar nunca las contradicciones y explicaciones inverosímiles que ofreció para tapar el escándalo.

Buenos amigos

Aquella revelación puso negro sobre blanco la estrecha amistad que el hoy presidente del PP mantuvo en los años noventa con Dorado cuando el primero ocupaba destacados puestos en la administración de la Xunta y el segundo ya era muy conocido por sus actividades ilegales. 

 De la cercanía entre ambos no hay duda, a pesar de que en un principio el hoy líder de la derecha española intentó negarlo. Feijóo acudía con frecuencia a pasar fines de semana a la mansión de Dorado en A Illa de Arousa (Pontevedra) y en ocasiones le acompañaba en su yate por las rías gallegas, como acreditan las fotos de mediados de los noventa que fueron publicadas por El País. Ambos compartieron comidas, excursiones a la montaña, viajes a Cascais (Portugal), Ibiza y Picos de Europa y la celebración de la nochevieja como sólo dos buenos amigos pueden hacer. Actividades todas ellas que Feijóo, según sus propias palabras, no recuerda quién pagó.

Y eso que en aquellas fechas Marcial Dorado ya era un personaje conocido porque había sido detenido dos veces. La primera en 1983, en la primera gran redada contra el contrabando de tabaco, y la segunda en 1990, en el marco de la famosa Operación Nécora contra el narcotráfico.

Es verdad que en la época en la que Dorado y Feijóo eran amigos, al menos entre los años 1994 y 1996, el arousano no había sido todavía condenado por tráfico de drogas, pero sí investigado por contrabando y blanqueo de capitales, algo que era de dominio público y es fácil comprobar repasando los periódicos de la época. 

“No había Google”

Para entonces tampoco era ningún secreto la transición que los capos del contrabando habían iniciado hacia al negocio de las drogas. Pero Feijóo se escuda en la ignorancia: “En aquel momento no había Google ni todas estas cosas para conocer el origen de todas las personas que vamos conociendo en la vida”. 

En sus primeras y únicas explicaciones sobre este caso —enseguida decidió no someterse más al escrutinio de la prensa para evitar errores, revelaciones y contradicciones—, Feijóo dijo ignorar a qué se dedicaba Marcial Dorado para ganarse la vida, a pesar de la opulencia de sus propiedades y de sus antecedentes policiales, que la prensa había aireado profusamente. No sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad.

Tiempo después, en el año 2020, Feijóo sí admitió que lo sabía. Fue en una entrevista en el programa Salvados (laSexta), entonces presentado por el periodista Jordi Évole: “Es evidente que en Galicia se sabía” quién era Dorado, confesó. “Había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco; sí lo sabía. Pero de un asunto pendiente con la justicia, jamás tuve conocimiento”, se excusó.

Entonces también aceptó que lo que tenía con Dorado era una amistad, a pesar de que años antes lo había negado asegurando que no eran más que “simplemente unas fotos”. “He tenido amistad con esta persona”, aseguró por fin. 

De quien siempre admitió ser amigo es el de la persona que les presentó, Manuel Cruz, un chófer de la Xunta que según el Servicio de Vigilancia Aduanera era el hombre de paja del capo arousano, el que gestionaba para Dorado gasolineras y algunas sociedades pantalla y que nunca pudo ser juzgado porque falleció en un accidente de coche en 1999. Su entierro fue precisamente la última vez que, según Feijóo, coincidió físicamente con Marcial Dorado.

Una larga relación

En realidad, aquí está una de las muchas contradicciones que siguen sin resolverse sobre este caso. Aunque Feijóo siempre dice que cortó su relación con el narcotraficante en el año 1997, un juez confirmó hace diez años que existían pruebas de conversaciones telefónicas entre ambos grabadas durante unas pesquisas policiales que comenzaron en el año 2001, lo que demuestra que la relación duró más tiempo —el propio Marcial Dorado asegura que se mantuvo viva hasta 2003—. 

Son “unas fotos difíciles de explicar”, reconoció en laSexta. Tanto que a día de hoy muchos aspectos de aquella relación siguen sin haber sido aclarados. Como por ejemplo por qué preguntó al chófer de la Xunta si era el testaferro de Dorado teniendo en cuenta que, según sus propias palabras, no sabía que su amigo arousano se dedicaba a actividades ilícitas.

Tampoco ha aclarado Feijóo cómo es posible que el delegado del Gobierno en Galicia de la época le advirtiese, en 2003, que esas fotos habían sido halladas en el transcurso de un registro en casa de Dorado en el marco de una investigación sujeta a secreto de sumario. Entonces le pareció lo más natural del mundo semejante filtración, pero ahora considera un gravísimo “chivatazo” que, según él, el PSOE supiese antes que nadie de la existencia del caso Mediador, en el que está involucrado un exdiputado socialista canario.

De Dorado al ‘caso Mediador’

El hombre que estos días acusa sin pruebas a quince diputados socialistas de estar involucrados en un caso de corrupción que incluye consumo de drogas y fiestas con prostitutas, decía entonces que las fotos con Dorado no eran “relevantes”. Y se escudaba en que ningún juez —incluido el que ahora ocupa la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska— había encontrado nada contra él. Feijóo extiende ahora la sospecha sobre diputados que no están ni siquiera siendo investigados por ningún juez, pero hace una década se quejaba de que aquellas fotos ponían “en bandeja la difamación”.

Pendiente de aclarar están también los contratos que la Xunta firmó con las empresas de Marcial Dorado. Entonces Feijóo repitió hasta en tres ocasiones la misma frase: "Ni firmé, ni decidí ni hice ningún tipo de contrato con la persona que aparece en las fotografías”. En estas tres ocasiones se cuidó mucho de utilizar la primera persona del singular, sin aclarar si los organismos de la administración sanitaria en los que desempeñó su actividad por aquellos años –el Servicio Galego de Saúde o la Consellería de Sanidade– tuvieron algún vínculo con Dorado. La Xunta nunca facilitó aquellos contratos. Nunca se supo a ciencia cierta si fueron destruidos o si desaparecieron en una inundación.

 De aquella relación queda también pendiente de aclarar cuál es la medida de las responsabilidades políticas de nuestros representantes públicos que tiene el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. Porque fue el propio Feijóo el que en 2009 pidió la dimisión del entonces vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, por unas fotos en las que aparecía a bordo del yate de un constructor. Quintana, decía Feijóo por aquellas fechas, debía dimitir porque “el Gobierno no se puede fotografiar con malas compañías”.                 (Fernando Varela  , InfoLibre,  de marzo de 2023)

 

"El álbum de fotos.

El presidente del Gobierno rompió ayer un precinto. En plena refriega parlamentaria con el Partido Popular, Pedro Sánchez mencionó la vieja fotografía en la que Alberto Núñez Feijóo aparece junto con el contrabandista Marcial Dorado en una embarcación de recreo, durante una excursión marítima por la ría de Vigo en 1995, hace veintiocho años.

Esa foto fue publicada por el diario El País en marzo del 2013 y dio mucho que hablar, puesto que en aquel momento Dorado estaba cumpliendo una pena de 16 años de prisión en la cárcel de Villabona (Asturias) por contrabando de cocaína y blanqueo de dinero.

La aparición de esas fotos fue interpretada como “fuego amigo”. Los mentideros de Madrid adjudicaron la filtración a círculos del Partido Popular poco interesados en que Feijóo, que acababa de iniciar su segundo mandato como presidente de la Xunta de Galicia, tuviese la tentación de competir por la sucesión de Mariano Rajoy, que en aquellos momentos, en el 2013, estaba empezando a sufrir una fuerte erosión a causa de la crisis económica y de los casos de corrupción. El caso Gürtel estaba en fase de investigación judicial y ya se habían publicado los denominados papeles de Bárcenas, unas hojas de contabilidad en las que el tesorero del PP había anotado pagos en dinero negro. En esas hojas aparecían las siglas M.R.

Fue un invierno de filtraciones. Los papeles de Bárcenas fueron publicados por El Mundo el 18 de enero del 2013, y las antiguas fotos de Núñez Feijóo y Dorado, el 29 de marzo. Alguien le estaba diciendo al presidente de la Xunta: “Mejor será que te quedes en Galicia”.

En su defensa, Núñez Feijóo ha alegado en reiteradas ocasiones que apenas conocía a Dorado y que en 1995 ese señor aún no había sido apresado por narcotráfico ni él era presidente de la Xunta de Galicia. Por el contrario, Dorado declaró al periodista Jordi Évole que conocía bien a su acompañante de excursión naval.

Julio del 2018. El Partido Popular celebra un congreso extraordinario para elegir al sucesor de Rajoy después de la moción de censura de Pedro Sánchez. Núñez Feijóo decide no presentarse. Pablo Casado, antiguo jefe de gabinete de José María Aznar, derrota a Soraya Saenz de Santamaría.

Abril del 2022. Con el 98,35% de los votos, Núñez Feijóo es elegido casi por aclamación presidente del PP después del motín ayusista contra Casado, que culmina con una manifestación de afiliados frente a la sede del partido en la calle Génova de Madrid. El líder gallego da el paso y esta vez no parece tener miedo a los francotiradores. 1995 queda lejos. Han pasado más de veinticinco años y las fotos con Marcial Dorado parecen políticamente amortizadas, aunque circulen de manera recurrente por las redes sociales. Esas fotos no le impiden empezar a liderar las encuestas a partir de verano del 2022. Una imagen vale por mil palabras, pero ese valor oscila según la evolución del contexto.

No habría suficiente papel en las rotativas y se tendrían que hacer pedidos extras a Finlandia, si al lado de Marcial Dorado hubiese sido fotografiado Pedro Sánchez u otro secretario general del PSOE, en 1995, en 1985 o en 1975. Con esa foto en el álbum, Sánchez no sería hoy presidente del Gobierno.

No habría suficientes horas de emisión en los canales privados de televisión si en esa foto apareciese un dirigente de Podemos, partido al que se le han abierto 20 investigaciones judiciales en los últimos años. Esa es la realidad. No hay imagen sin contexto. No hay imagen incómoda sin correlación de fuerzas en el interior del álbum

El PP ha salido en tromba con el caso Tito Berni, donde hay fotos bastante sórdidas. Y Sánchez recordó ayer la fotografía de 1995. “Nosotros podemos tener algún polizón en el barco, en cuanto eso sucede lo bajamos a tierra. Pero cuando yo me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que eso ustedes lo entienden”, les dijo. ¿Señal de fortaleza o de debilidad?"          (Enric Juliana, La Vanguardia, 09/03/23)