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12.2.26

Reino Unido y EE. UU. alcanzan mínimos históricos en el índice global de corrupción... en Inglaterra la política del gran dinero alimenta el declive... El gasto récord en campañas ha "sobrecargado" la dependencia de los donantes ricos, con los conservadores aceptando 15 millones de libras de un solo donante, el empresario Frank Hester, en menos de 12 meses... El Partido Laborista enfrentó escrutinio después de que su mayor donante, Waheed Alli, recibiera acceso privilegiado al número 10, mientras que los nombramientos políticos para los donantes del partido generaron críticas adicionales... EE. UU. registra la puntuación más baja de su historia... Transparency International destacó tendencias preocupantes, incluyendo "el uso de cargos públicos para atacar y restringir voces independientes como las ONG y los periodistas, la normalización de la política conflictiva y transaccional, la politización de la toma de decisiones fiscales y acciones que socavan la independencia judicial". Si bien los datos de la encuesta se recopilaron durante 2025, no capturaron completamente los eventos de la segunda presidencia de Trump (Al Mayadeen)

 "El Reino Unido y Estados Unidos han caído a sus posiciones más bajas en un índice global de corrupción, lo que refleja una dramática erosión de las instituciones democráticas a través de donaciones políticas, esquemas de "dinero por acceso" y la persecución estatal de activistas y periodistas.

El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, clasifica a 182 países basándose en las evaluaciones de expertos y empresas sobre la corrupción en el sector público. Dinamarca encabezó la clasificación de 2025 con los niveles más bajos de corrupción, mientras que Sudán del Sur ocupó el último lugar junto con Somalia.

El informe identificó un descenso global general, con 50 países registrando peores puntuaciones en comparación con 31 que mejoraron. Las democracias establecidas mostraron un retroceso particularmente preocupante, y la organización advirtió que los acontecimientos durante la presidencia de Donald Trump y las revelaciones de los archivos de Epstein podrían acelerar un mayor deterioro.

Gran Bretaña ha ido cayendo constantemente en la clasificación desde 2015, pasando del séptimo al vigésimo puesto en 2025 con una puntuación de 70 sobre 100, por debajo de los 71 del año anterior.

La política del gran dinero alimenta el declive del Reino Unido

Según Transparencia Internacional, la disminución se debe a preocupaciones en torno a ambos partidos principales que compitieron en las elecciones generales de 2024. El gasto récord en campañas ha "sobrecargado" la dependencia de los donantes ricos, con los conservadores aceptando 15 millones de libras de un solo donante, el empresario Frank Hester, en menos de 12 meses. La revelación de The Guardian de que Hester había hecho comentarios racistas y sexistas provocó llamamientos para que el partido devolviera los fondos."          

El informe también mencionaba posibles donaciones de Elon Musk, la persona más rica del mundo, quien supuestamente consideró donar 100 millones de dólares a Reform UK.

El Partido Laborista enfrentó escrutinio después de que su mayor donante, Waheed Alli, recibiera acceso privilegiado al número 10, mientras que los nombramientos políticos para los donantes del partido generaron críticas adicionales. Transparency International advirtió que el Reino Unido corre el riesgo de permanecer "sumido en el escándalo" debido a las revelaciones sobre la relación del gran líder laborista Peter Mandelson con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

EE. UU. registra la puntuación más baja de su historia

Estados Unidos cayó del puesto 28 al 29, superado por Lituania, con su puntuación más baja de la historia, 64. Si bien los datos de la encuesta se recopilaron durante 2025, no capturaron completamente los eventos de la segunda presidencia de Trump.

Transparency International destacó tendencias preocupantes, incluyendo "el uso de cargos públicos para atacar y restringir voces independientes como las ONG y los periodistas, la normalización de la política conflictiva y transaccional, la politización de la toma de decisiones fiscales y acciones que socavan la independencia judicial".

Solo siete países obtuvieron una puntuación de 80 o superior, con Dinamarca manteniendo su posición de liderazgo por octavo año consecutivo, seguida de Finlandia, Singapur, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Suiza.

La organización advirtió que "el orden global está bajo presión por la rivalidad entre las principales potencias y el peligroso desprecio por las normas internacionales", pidiendo "líderes con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público".

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30.11.25

A medida que los ingresos por cabildeo crecen a un ritmo récord, las empresas afines a Trump obtienen cantidades asombrosas de ingresos... Las empresas y los gobiernos extranjeros acudieron en masa a las firmas de cabildeo conectadas con Trump en medio de la confusión y la preocupación por qué importaciones y países se verían afectados por los aranceles. Como resultado, el número de clientes que contrataron cabilderos se triplicó... Para tener influencia, los cabilderos necesitan tener relaciones personales cercanas con el presidente y aquellos que le sirven... las empresas que vieron el mayor crecimiento interanual en los primeros tres trimestres tienen todos vínculos con Trump... Los temas con más cabilderos en los primeros tres trimestres de 2025 fueron el presupuesto federal y las asignaciones, los temas de salud y los impuestos ( Hien An Ngo)

 "Las firmas de cabildeo con estrechos vínculos con el presidente Donald Trump están obteniendo cantidades asombrosas de ingresos, y el gasto en K Street está creciendo al ritmo más rápido desde que el gobierno federal instituyó los requisitos de informes trimestrales en 2008.

Aunque los cambios en la administración alteran qué firmas de cabildeo atraen a más clientes, el segundo mandato de Trump ha introducido un crecimiento desmesurado entre las empresas que normalmente se quedan muy atrás de las firmas más rentables.

Los gastos de cabildeo de este año están creciendo al ritmo más rápido desde que comenzaron los informes trimestrales en 2008. Los primeros tres trimestres de 2025 vieron un aumento del 13.1 por ciento en el gasto de cabildeo en comparación con 2024. Ajustado por inflación, el crecimiento interanual para los primeros tres trimestres fue del 7.7 por ciento.

Aunque el cabildeo del tercer trimestre tiende a ser más tranquilo debido al receso de agosto del Congreso, el tercer trimestre de 2025 vio un aumento del 11.8 por ciento en el gasto no ajustado en comparación con 2024, el mayor aumento desde 2009.

En total, los primeros nueve meses de 2025 vieron $3.8 mil millones en gastos de cabildeo. Durante el mismo período en 2024, el gasto en cabildeo ascendió a $3.3 mil millones.

Los aumentos récord en el gasto han coincidido con los cambios drásticos de Trump en las políticas y las instituciones gubernamentales.
Principales firmas de cabildeo

El segundo mandato de Trump ha estado marcado por el crecimiento explosivo de las firmas de cabildeo que tienen estrechos vínculos con el presidente. Liderando el grupo está Ballard Partners,

Ballard destronó a la anterior firma de cabildeo más rentable, Brownstein, Hyatt, una vez que se actualizaron los números acumulados hasta la fecha con las ganancias del tercer trimestre. Ballard ha recibido $59.5 millones por servicios de cabildeo en 2025, en comparación con los $54 millones del antiguo rey del cabildeo. Brownstein, Hyatt había ganado más ingresos cada año desde 2021 hasta 2024.

En el tercer trimestre del año pasado, Ballard Partners ingresó $4.7 millones y ocupó el puesto 16. Este año, ganó más de cinco veces esa cantidad, obteniendo 5 millones solo en el tercer trimestre.

El fundador de la firma, Brian Ballard, fue presidente del PAC de Victoria de Trump en 2016 y 2017. Durante el mandato del presidente Joe Biden, Ballard mantuvo una relación cercana con Trump mientras su firma de cabildeo perdió casi una docena de clientes en menos de un año de administración. En los primeros tres trimestres desde que Trump volvió al cargo, la firma ganó 135 clientes, casi duplicando su lista.

Varios exlobbistas de Ballard Partners ahora se desempeñan en la Casa Blanca como altos funcionarios, incluyendo a la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles y a la Fiscal General Pam Bondi.

Ballard Partners no es la única firma que se beneficia de la nueva administración. Entre los 20 principales ganadores del tercer trimestre, las empresas que vieron el mayor crecimiento interanual en los primeros tres trimestres tienen todos vínculos con Trump.

BGR Group, que reportó $51.4 millones en ingresos por cabildeo para los primeros tres trimestres de 2025, emplea al exasesor de la campaña de Trump David Urban y anteriormente empleó al Secretario de Transporte Sean Duffy. La firma terminó el tercer trimestre con el segundo mayor ingreso entre todas las firmas. El año pasado, tuvo el quinto mayor ingreso en el tercer trimestre.
Los ingresos de Miller Strategies en los primeros nueve meses se cuadruplicaron entre 2024 y 2025. La firma está dirigida por Jeff Miller, quien fue presidente de finanzas en el segundo comité inaugural de Trump. La firma ocupó el puesto 36 en el tercer trimestre del año pasado en términos de ingresos. Este año, terminó en quinto lugar.
Dirigida por el exasesor de Trump Carlos Trujillo, Continental Strategy ha multiplicado sus ingresos por más de 22 veces en los primeros tres trimestres de 2025 en comparación con el mismo período en 2024. Reportó 8.2 millones en ingresos en los primeros nueve meses de 2025, un salto asombroso en comparación con el mismo período del año pasado, cuando obtuvo alrededor de $800,000.
Una firma prácticamente nueva, Checkmate Government Relations, que reportó su primer trimestre de ingresos a finales de 2024, ha tenido un ascenso meteórico en Washington. La firma está dirigida por Ches McDowell, un compañero de caza de Donald Trump Jr.
Mercury Public Affairs, donde Wiles anteriormente se desempeñó como copresidente, reportó un total de 9.1 millones en ingresos en los primeros tres trimestres de 2025, más del doble de lo que ganó en el mismo período del año pasado.

Principales problemas

Las empresas y los gobiernos extranjeros acudieron en masa a las firmas de cabildeo conectadas con Trump en medio de la confusión y la preocupación por qué importaciones y países se verían afectados por los aranceles. Como resultado, el número de clientes que contrataron cabilderos para abordar la política arancelaria se triplicó más de tres veces entre los primeros tres trimestres de 2024 y 2025, alcanzando los 342.

Los cabilderos han dicho que las estrategias para influir en la política comercial han cambiado desde la primera administración de Trump. Para tener influencia, los cabilderos necesitan tener relaciones personales cercanas con el presidente y aquellos que le sirven. Brian Ballard atribuyó el crecimiento de su firma a la atracción de clientes preocupados por los aranceles.

Junto con los aranceles, el cabildeo comercial también ha visto un aumento en el número de clientes, con un incremento del 40 por ciento en los primeros nueve meses de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 1,570. El comercio también fue el quinto tema más cabildeado de Q1 a Q3 en 2025.

Los temas con más cabilderos en los primeros tres trimestres de 2025 fueron el presupuesto federal y las asignaciones, los temas de salud y los impuestos.
Principales industrias

La industria de la salud miscelánea, que incluye organizaciones de salud que no son profesionales de la salud, servicios de salud y organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) o productos farmacéuticos, más que duplicó su gasto en cabildeo en los primeros tres trimestres de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado. Los recortes de la administración Trump a Medicaid y una posible interrupción en la financiación de la Ley de Cuidado Asequible han impulsado una mayor actividad de cabildeo. En los primeros nueve meses de 2025, la industria gastó 13.8 millones de dólares en cabildeo.

El mayor gastador de la industria fue Kidney Care Partners, que gastó $945,000. Los grupos que representa la organización incluyen proveedores de diálisis y compañías farmacéuticas. En 2025, han contratado cabilderos para consultar sobre cuestiones de Medicaid y Medicare y otros temas de salud.

El cabildeo en la política de educación pública ha provenido principalmente de grupos de defensa de la "elección de escuelas", seguido por organizaciones enfocadas en fortalecer o reformar las escuelas públicas. La industria gastó $902,000 en los primeros nueve meses, un aumento del 97 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.

Invest in Education Policy, una organización conservadora que trabaja para promover la elección escolar, fue el mayor gastador en política de educación pública. El grupo gastó $500,000 para hacer lobby por la Ley de Elección Educativa para Niños de 2025 y la One Big Beautiful Bill. La Ley de Elección Educativa para Niños fue incluida en el paquete OBBB de Trump aprobado a principios de este año. Proporcionará un crédito fiscal para generar dinero para los gastos educativos de las familias, incluyendo la matrícula de escuelas privadas.

Las industrias que más gastaron en cabildeo en los primeros nueve meses de este año son la industria de productos farmacéuticos y de salud, la industria de fabricación y equipos electrónicos, y la industria de valores e inversiones, que gastaron $341.3 millones, 26.3 millones y 36.4 millones, respectivamente." 

( Hien An Ngo , Scheer Post, 21/11/25, traducción Quillbot, fuente OpenSecrets)

18.11.25

El ‘modus operandi’ de Acciona para ganar contratos públicos: un buzón de Gmail donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta, dinero para las consultoras y despedir al que denuncie (Braulio García Jaén)

 "El 23 de noviembre de 2023, el ya entonces exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, se vieron en una cafetería para hablar de Santos Cerdán, que aún era secretario de Organización del PSOE, y pronunciaron un nombre de pila: “Justo”. Lo mencionó Koldo, una sola vez. “Santos [Cerdán] ha ido al Ministerio a colocar a dos hombres de Justo, de Acciona”, le dijo a Ábalos. Y repitió: “Está intentando colocar a dos hombres que le ha pedido Acciona”.    

“Justo” era Justo Vicente Pelegrini, entonces CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África, según anotó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al pie de su informe de junio, el que llevó a Cerdán a la prisión provisional en la que aún hoy sigue. Cuatro días después de que se conociera el informe de la UCO que incluía los audios de las conversaciones, Acciona despidió a Pelegrini. Más de cuatro meses después, Pelegrini no ha sido llamado a declarar ni como testigo por el Tribunal Supremo, que investiga la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública tejida por Cerdán, Ábalos y Koldo, pero el registro de dos sedes de Acciona el viernes devuelve el foco a la constructora sin la que la trama ni siquiera se entendería. Porque nadie puede cobrar si nadie paga.

A la espera de lo que esos registros muestren cuál era el papel de la constructora en el caso Cerdán, su modus operandi para conseguir algunos de sus contratos públicos —de servicios, en otro caso— está registrado en un juzgado de Sevilla. La historia de un cargo medio despedido por Acciona Infraestructuras hace un par de años, y el expediente judicial que la demanda contra su despido acumuló, desmiente el pretendido celo frente a la corrupción de Acciona. Y no solo por las irregularidades que el expediente deja al descubierto, sino porque la empresa despidió precisamente al trabajador que las denunció, según la sentencia que obligó a readmitirlo y que adelantó en su día Infobae, cuando el caso Koldo-Ábalos no era aún el caso Cerdán. A diferencia de Pelegrini, los responsables de esas irregularidades siguen en la compañía.

Matar a los mensajeros

Al menos hasta que el trabajador lo denunció a finales de 2021, Acciona operaba con un buzón de Gmail, fuera del sistema de correo corporativo, donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta. Acciona, contactada por este diario, admite la existencia de ese buzón, pero asegura que se cerró tras la denuncia interna y que fue “el propio director quien mandó cerrarlo”, según un portavoz de la compañía.

El “director” era Francisco Javier López Buciega, y fue a quien el trabajador denunció internamente a través del canal de Compliance (cumplimiento) de la compañía. El responsable de Compliance era Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil que desde 2013 trabajaba en la compañía de la familia Entrecanales, y también fue nombrado instructor de la investigación interna. Frente al derecho a la confidencialidad que reconoce la ley a los denunciantes, Collado, bregado en labores de espionaje, rastreó los correos corporativos para encontrar conexiones con la cuenta de correo anónima desde la que el denunciante enviaba la información y las pruebas de su denuncia, hasta descubrirlo.

El trabajador, que no ha querido atender a este diario, pero cuyos pasos la sentencia traza pormenorizadamente, siguió comunicándose a través del canal, creyendo que lo hacía anónimamente. Y expuso “su miedo a perder su puesto de trabajo”, porque Buciega le estaba “forzando a saltarse” las normas éticas y de cumplimiento, diciéndole que quien no estuviera “dispuesto, sobra[ba] en la empresa”, según la sentencia. Envió varios correos electrónicos más —nueve de los que él mismo había remitido al buzón de Gmail—, pantallazos, audios y vídeos. El 27 de enero de 2022, tras varias semanas de comunicaciones, el trabajador denunciante aceptó reunirse con Collado como instructor de la investigación interna. Quince días después, fue despedido.

En mayo de 2024, declarado nulo el despido, el trabajador tuvo que ser readmitido. El buzón de Gmail, sin embargo, no era la única vía por la que Acciona conseguía información privilegiada sobre los contratos. En un correo sobre un consultor incorporado a la causa, Buciega le indicaba a un subordinado que había que “eliminar cualquier alusión a comisión, cambiando por la obligación de contratar los servicios recogidos en su oferta”, según refleja la sentencia. Y un audio complementaba ese correo revelando que Acciona había contratado “a la consultora que elaboró los pliegos para el ayuntamiento, para lograr adjudicaciones, como se hizo con el ayuntamiento de Alicante”, detalla la sentencia.

“Es especialmente relevante que los hechos que fueron denunciados por [el trabajador] tenían todos una base objetiva”, destaca el juez. “Los pantallazos de whatsapp y correos electrónicos aportados no fueron impugnados en la vista en cuanto a su autenticidad”, ni por la empresa ni por el directivo Buciega. Todos los materiales aportados al expediente “se dieron por auténticos”, y Buciega únicamente trató de cuestionarlos en el trámite de conclusiones del juicio, fuera de lugar.

Al juicio por el despido, el entonces CEO de Acciona Construcciones, Justo Vicente Pelegrini, estaba citado como testigo, pero no acudió, según publicó El Mundo tras el ingreso en prisión de Cerdán. Sí acudió y declaró un compañero del denunciante que había estado en una fiesta en plena pandemia de covid con personal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo, de la que se grabó un vídeo. En el juicio reconoció que había filtrado el vídeo aportado al expediente de la denuncia sobre las irregularidades de la empresa. Lo despidieron el mismo día que al denunciante. Según el portavoz de Acciona, también por “una restructuración departamental”, aunque para el juez reforzaba “la idea del despido como represalia”.

Ni Buciega, que sigue en su puesto, ni el instructor de la investigación interna, Joaquín Collado, ex teniente coronel de la Guardia Civil que hoy mantiene “responsabilidades de seguridad” en Acciona, según un portavoz, han querido atender a este diario. El portavoz de la compañía sostiene que Acciona considera que por tratarse de un asunto laboral, las irregularidades constatadas en el proceso no han sido investigadas, porque internamente se considera que no existieron. “El trabajador fue readmitido en [2024] en cumplimiento de la sentencia”. Acciona recurrió el fallo, pero el viernes, en conversación con este diario, su portavoz anunció que iba a desistir. “La sentencia ya es firme”, dijo." 

(Braulio García Jaén , El País, 16/11/25) 

12.11.25

El acceso de Feijóo a la función pública: una oposición hecha a medida por Fraga... su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga... No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran hasta tres veces, para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas. Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración... La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas... Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba... se conoció como “la ley de las tres oportunidades”... Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica, su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección... Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción... Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política (Cristina Papin Marcote)

 "El líder del PP presume de mérito y esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria, pero su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga. La carrera política de Alberto Núñez Feijóo tiene un origen que rara vez ocupa titulares, o suscita preguntas al líder del Partido Popular: su acceso a la condición de funcionario de carrera en la Xunta de Galicia. No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran las tres oportunidades. Oficialmente, el PP de Fraga justificó la medida como una “regularización” de interinos con años de servicio. En la práctica, fue una amnistía encubierta para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas.

Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración (grupo A1).

AFICA: el sindicato que se esfumó tras lograr Feijóo la plaza

Pero la historia arranca antes. En los años ochenta, mientras trabajaba como interino en los servicios jurídicos de la Xunta, Feijóo encabezó la Agrupación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos (AFICA). Desde esta plataforma, organizó encierros, huelgas y protestas en San Caetano reclamando la estabilidad laboral y pasarelas hacia la fijeza. Según recuerda Ansía, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato de Feijóo tuvo un recorrido breve: “desapareció cuando consiguieron sus plazas de funcionarios”. “Más que un sindicato era un lobby que peleaba por unas oposiciones a la carta para aprobar con facilidad y pasar al grupo A de la administración”. “En realidad, tanto Feijóo como Carlos Negreira (también del PP y que fue alcalde de A Coruña) eran ya unos trepas. Nosotros exigíamos mejoras sociales y laborales que ellos apoyaban porque lo que buscaban era acceder a la carrera de funcionarios, pero no porque les interesaran lo más mínimo aquellas reivindicaciones"

Entre las reclamaciones que Feijóo defendió en aquellos meses se encontraba el derecho a realizar el examen para obtener la plaza hasta tres veces, en caso de suspender en los dos primeros intentos. Un instrumento coyuntural que sirvió de trampolín para transformar a interinos en funcionarios de carrera.

El socialista Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y febrero de 1990, los años de “sindicalismo” de Feijóo. Pero no fue hasta 1991, con la presidencia de Manuel Fraga, que pusieron en marcha la oposición “ad hoc”. 

Una oposición hecha a medida de Feijóo

La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas. En aquel proceso, los méritos acumulados en la Xunta contaban casi tanto como los ejercicios de la oposición. No es anecdótico: en un sistema en el que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la excepcionalidad de la ley de 1991 abrió un atajo difícil de justificar con criterios de transparencia. Y ese atajo es el que utilizó Feijóo, quien hoy se presenta como el adalid de la meritocracia y la transparencia. 

Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba.

Popularmente en Galicia aquella convocatoria de la primera era Fraga, se conoció como “la ley de las tres oportunidades”.

Del “sindicalismo” al poder político

Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica. La oposición le dio el título de funcionario de carrera A1 del Cuerpo Superior de la Xunta, pero nunca ejerció como tal en un puesto ordinario; enseguida saltó a cargos de libre designación con peso político. 

En 1991 ya era secretario general técnico de la Consellería de Agricultura. Un año después, Romay Beccaria, su mentor, lo nombró secretario general del Sergas, el máximo cargo administrativo de la sanidad gallega, con apenas 31 años. Desde entonces, Feijóo nunca volvió a ocupar un puesto “ordinario” como funcionario: su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección.

Una plaza con sombras

El debate no es si Feijóo aprobó o no algún examen: El debate es qué tipo de oposición fue aquella y qué papel jugó la mayoría absoluta del PP en su diseño. La de 1991 fue una convocatoria irrepetible, con reglas distintas a las ordinarias y con un resultado claro: la consolidación de interinos que, como Feijóo, encontraron en aquella puerta abierta su pasaporte a la función pública. 

Legal, sí. Ético, no. Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción.

¿Dará explicaciones algún día, Alberto Núñez Feijóo? Como político que aspira a ser Presidente del Gobierno, no debería dejar estos claroscuros de su currículo sin dilucidar. ¿Hubo trato de favor? Los hechos así lo demuestran.

La historia de su plaza de funcionario de carrera es también la historia de un sindicato creado para ese objetivo, de un atajo administrativo, y de una rápida conversión de interino rebelde en alto cargo institucional

Un episodio que merece revisitarse porque arroja luz sobre la forma en que se construyen las élites del Partido Popular en Galicia, donde la frontera entre meritocracia y nepotismo es más difusa de lo que se reconoce. Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política." 

(Cristina Papin Marcote , , InfoLibre,  05/09/25)

3.9.25

La corrupción causa la crisis y la caída del respaldo a Milei... La crisis de Javier Milei avanzó con una velocidad inédita: en apenas un año y medio de gobierno, los escándalos de corrupción ya golpean el corazón del poder... Karina Milei fue acusada de recibir dádivas de una droguería por los medicamentos para discapacitados. Se suma a las casi 100 muertes por fentanilo contaminado que no fue controlado por el Estado y la crioptoestafa global con $Libra. El propio presidente protagonizó un lapsus notable: “Están molestos, porque les estamos afanando los choreos”. Afanar y chorear en lunfardo significa robar. Así, la confianza de la sociedad ante el gobierno cae, según todas las encuestas... Los audios de Spagnuolo develaron un sistema de presuntas coimas que tiene como prinicipal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia. Tras este hecho, las recorridas electorales del Presidente y su hermana terminaron en protestas... la casa de gobierno cruje y los niveles de paranoia superan todo lo imaginable... hay estructuras de poder que se sienten amenazadas (Claudio della Croce)

 "La aprobación de la gestión del Presidente Javier Milei cayó desde lo que se suponía su piso: cayó nueve puntos, mientras que la ciudadanía considera que los dos principales problemas del país son la corrupción y los bajos salarios., Los hechos de corrupción impactan en la imagen de un gobierno cuando, como ahora,  la economía se convierte en un problema para la vida de las personas.

Si la idea madre del gobierno libertario es hay que bajar la inflación a toda costa porque eso es lo que garantiza los votos, hoy eso está fuera de tiempo, básicamente porque hay un sector del electorado de Milei de 2023 que dejó de aceptar que hay que tener superávit fiscal a costa de jubilados, discapacitados, universidades, hospitales y provincias.  La promesa de exterminar la casta en Argentina se reveló como una farsa tragicómica donde el supuesto exorcista se tornó el sumo sacerdote de la corrupción, señala Emilio Caffasi. 

El analista político Hugo Haime señala que el discurso del gobierno comienza a sonar a viejo. Hoy estamos en una situación en la cual una parte del electorado está diciendo “hace meses que la situación del país y la mía personal no cambia y me estoy cansando”. Es muy probable que el 7 de septiembre el Gobierno pierda las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. Y el clima social y financiero continúe agitado.

Las elecciones del domingo próximo en la provincia de Buenos Aires funcionarán como una especie de primera vuelta y las nacionales de octubre, como un balotaje. La sociedad tiene la posibilidad de confirmar o reformular la autonomía del piloto. No solo el rumbo y el destino, también el modo de conducir, con o sin turbulencias adicionales, consensualista o divisionista, aplacando la intranquilidad innata del conductor.

Mientras el gobierno libertario se exhibe desconcertado, errático y atravesado por internas feroces, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello buscan asegurar posibles pruebas de coimas y/o contratos irregulares con nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en la droguería Suizo Argentina, que pasó de facturar al Estado 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.299 millones en 2025.

La implosión en la Casa Rosada genera audios y más audios. Esta vez uno con la voz de quien sería Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, señalada en las primeras grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo como quien se llevaba parte de la coima recaudada por la compra de medicamentos. Se la escucha decir «nosotros tenemos que estar unidos»… pero la graban también a ella.

La crisis de Javier Milei avanzó con una velocidad inédita: en apenas un año y medio de gobierno, los escándalos de corrupción ya golpean el corazón del poder. El caso de las coimas en discapacidad no solo compromete al Presidente, sino que también descoloca a una oposición que aún no logra ofrecer una alternativa. Los mercados reaccionaron con saltos en el dólar, caída de bonos y aumento del riesgo país, mientras la política quedó atrapada en un escenario ‘perder-perder’, donde tanto la continuidad de Milei como una eventual caída parecen derivar en un costo social enorme.

Karina Milei fue acusada de recibir dádivas de una droguería por los medicamentos para discapacitados. Se suma a las casi 100 muertes por fentanilo contaminado que no fue controlado por el Estado y la crioptoestafa global con $Libra.  El propio presidente protagonizó un lapsus notable: “Están molestos, porque les estamos afanando los choreos”. Afanar y chorear en lunfardo significa robar. Así, la confianza de la sociedad ante el gobierno cae, según todas las encuestas, a dos meses de las elecciones de medio término en octubre.

Frente a las filtraciones de Diego  Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ,que destapó las coima que recibían Katina, su asesor Eduardo «Lule» Menem y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, por la compra de medicamentos, la reacción oficial tardó varios días en llegar.

Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista. En esos audios, el exfuncionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de  Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

La quita inexplicable de pensiones a personas discapacitadas  que las percibían desde hace años y contaban con ellas para sobrevivir, es una de las facetas más perversas de las políticas “sociales” de un gobierno al que sólo le interesa la “libertad” de una minoría parasitaria para hacer negocios a costa de las mayorías.  A eso se sumó la decisión de echar a casi la mitad de las trabajadoras y los trabajadores de la ANDis, sin explicar siquiera los motivos formales de cada cesantía  y provocando una extenuante sobrecarga laboral en quienes quedaron.

Los audios de Spagnuolo develaron un sistema de presuntas coimas que tiene como prinicipal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia. Las primeras encuestas tras esas revelaciones marcaron una caída en la imagen del Javier Milei y su gobierno y un señalamiento de parte del electorado. Tras este hecho, las recorridas electorales del Presidente y su hermana terminaron en protestas.

“Esto ha impactado de manera muy fuerte en la credibilidad del gobierno de Javier Milei. Son desenfrenados que han llegado a la política de casualidad y quieren enriquecerse en poco tiempo”, dijo el sociólogo y economista Jorge Elbaum. “El núcleo duro del gobierno, de la derecha local, ha sido expuesto. Esta derecha se muestra como incorruptible y, por el contrario, es el grupo más corrupto de toda la historia en Argentina”, indicó el analista.

El canal de streaming Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del presidente Javier Milei. «No podemos entrar en la pelea… nosotros tenemos que estar unidos, imaginate», se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: «Acá que ni siquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy… entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada…».

Esta vez la rapidez de la respuesta fue asombrosa, pero también el contenido. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo primero que si «los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes» y acto seguido, tal vez sin querer, dio a entender que se grabaron en la casa de gobierno. La extrema división interna le impide al oficialismo  elaborar un discurso mínimamente coherente frente al escándalo de las coima al más alto nivel.

De acuerdo con el periodista Martín Carrizo, Spagnuolo -quien acercó un pendrive con las grabaciones a la fiscalía- adoptó la estrategia de “si caigo yo, caemos todos, lo que elevó el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.

Jorge Fontevecchia, director de Perfil, señaló que «quien no ama la política y –peor aún– odia al Estado no es el adecuado para el cargo político más importante, que es presidir un país.Este es el problema irreductible de Javier Milei: no puede y no sabe porque no quiere ser lo que debe ser un presidente: un político. Una persona con capacidad de convencer y llegar a acuerdos para que se instrumenten las decisiones necesarias para avanzar en alguna dirección. Milei retroalimenta la crisis de representación que creó a Milei.  Y él no puede superarla porque es parte de ella»

Fontevecchia comienza su análisis tomando como espejo el cuento “El traje nuevo del emperador” de  Hans Christian Andersen (1805/1875): la historia de un emperador vanidoso que es engañado por dos estafadores que le prometen un traje maravilloso, invisible para los idiotas. Con ese mismo hilo de razonamiento sobre el control del poder,.

Carlos Pagni desde la señal La Nación +, advirtió que los dueños de la droguería Suizo Argentina aportaron dos millones de dólares en 2023 para la logística de fiscalización del escrutinio montada por los hermanos Milei en esas elecciones nacionales. Fontevecchia y Pagni fueron denunciados por el Presidente de la Nación.

El diario Clarín difundió un nuevo audio atribuido a Diego Spagnuolo, en el que descalifica a «Lule» Menem y a Karina Milei: «El problema… Todavía no tuvo ningún quilombo Karina. Porque la gente no la quiere a Karina. Pero encima se genera alrededor de ella un… o sea… todo este olor a podrido. Vos lo ves a Lule… lo ves, es negro, desagradable…». El presidente Milei habló sobre el escándalo por primera vez el miércoles: «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió».

La decisión de Milei de confrontar y enemistarse con todos parece demostrar que no quiere ser político, o sea presidente (quizá haya soñado ser rey o dictador), ya que usa la presidencia como herramienta para otros fines personales. «El problema de Milei, antes que ideológico, es metodológico y antes que metodológico es psicológico. No hubiese aprobado un test laboral para el cargo para el que se presentó. Carece de la inteligencia emocional necesaria que requiere la función», añade.

El problema no es sólo que las ideas del presidente sean malas. El problema es anterior a sus ideas o doctrina, el problema de Milei es existencial. ¿Cuál es el ser-para-sí de Javier Milei? Ser un profeta que cambie la cultura argentina por décadas no es el propósito de un presidente, añade Perfil

Por su parte, el director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, escribió lo siguiente: “¿Quiere Milei producir decisiones colectivas o simplemente quiere que le den la razón? ¿Quiere Milei ser un político o simplemente quiere seguir siendo un economista? (…) No se es presidente para demostrar que se tienen ideas, se es presidente para producir decisiones colectivas que se crean necesarias para resolver los problemas. Si lo que se busca es reconocimiento intelectual o premios, el ámbito para buscarlos es otro”.

“Este ciclo nos ha dado sobradas muestras de que este es un gobierno que carece de praxis política, es decir, de capacidad de llevar adelante el conjunto de acciones necesarias para producir decisiones. Esa carencia no debería sorprender,  Milei llegó al poder con dos diputados, sin ninguna experiencia ejecutiva en la administración de la cosa pública y sin un equipo de personas y profesionales que tengan experiencia en administrar el Estado», añadió.

Los audios en sí también revelan tensiones dentro de La Libertad Avanza. Spagnuolo relata cómo los trolls que responden al asesor presidencial Santiago Caputo hostigan a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales. Esa interna, hasta ahora soterrada, se expone en un momento en el que el oficialismo necesita mostrar cohesión. El contraste entre la centralidad de Karina Milei y el destrato hacia Villarruel erosiona la imagen del Gobierno, y deja en evidencia que las disputas de poder se imponen incluso en medio de la crisis.

Parece difícil sostener así la hipótesis inicial de que todo es una operación del kirchnerismo. Más bien la casa de gobierno cruje –el enfrentamiento del Presidente, Karina, Adorni y los Menem versus Santiago Caputo y sus llamadas Fuerzas del Cielo es inocultable– y los niveles de paranoia superan todo lo imaginable. Desde su entorno aseguran que Spagnuolo teme por su vida. Esa sensación de vulnerabilidad refuerza la idea de que lo que está en juego excede a un simple exabrupto grabado: hay estructuras de poder que se sienten amenazadas." 

(Claudio della Croce, Estrategia.la, 30/09/25)

24.8.25

Denuncian a Javier Milei y a otros funcionarios por corrupción en compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)... la empresa comercializadora de medicamentos actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores. (EFE)

 "Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios fueron denunciados penalmente este miércoles por corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La denuncia la presentó el abogado Gregorio Dalbón, que representa a Cristina Fernández en algunas de sus causas en la Justicia y que acusó la existencia de «un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública».

La presentación judicial, a la que accedió EFE, alcanza además de a los hermanos Milei, al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem – primo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, al titular de Andis y exabogado personal del presidente, Diego Spagnuolo, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina S.A., Eduardo Kovalivker.

Los audios

La presentación de la denuncia tiene lugar horas después de la difusión en diversos medios locales de una serie de audios en los que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, detalla un esquema de recaudación de sobornos ligado a Suizo Argentina S.A. 

En el primer audio, se escucha a quien sería Spagnuolo admitir la existencia de una red de recaudación ilegal con conocimiento del presidente: «Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita (dinero) a la gente. A los prestadores le van a pedir guita».

En un segundo fragmento, el supuesto Spagnuolo relata que advirtió de todo esto a Milei y en un tercer audio afirma que el circuito estaría manejado por una empresaria vinculada a la familia Menem, quien se llevaría cifras millonarias: «Ella se lleva medio palo (medio millón de dólares) para arriba de medicamentos por mes».

En las grabaciones, se identifica como presuntos responsables de la red de corrupción a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, señalándolos como los principales operadores del sistema de retornos.

Piden explicaciones

Según la denuncia, la empresa comercializadora de medicamentos actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores. 

Dalbón solicitó allanamientos en las sedes de Andis, la Secretaría General de la Presidencia y la empresa Suizo Argentina, así como un análisis de los movimientos financieros de esta última por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF). También pidió datos societarios a la Inspección General de Justicia (IGJ).

En paralelo con la denuncia del abogado, diputados opositores instaron a Karina Milei y al propio Spagnuolo a dar explicaciones sobre el caso. Los pedidos tuvieron lugar durante una sesión que se convocó para tratar, entre otras cuestiones, la declaración de emergencia en materia de discapacidad, una medida que obliga al Estado a aumentar los fondos de asistencia a ese sector y que vetaron a comienzos de mes por el presidente." 

(EFE, 21/08/25) 

12.7.25

El fraude en la UE se dispara: 24.800 millones en 2024 y un auge imparable... La Fiscalía Europea alerta del crecimiento del crimen organizado y exige más recursos para combatir el fraude fiscal y el desvío de fondos comunitarios

 "El fraude contra el presupuesto de la Unión Europea alcanzó en 2024 una cifra récord de 24.800 millones de euros, según el informe anual de la Fiscalía Europea (EPPO). Esta cifra supone un incremento del 22,5% respecto al año anterior y confirma la preocupante tendencia al alza en los delitos económicos que afectan a los fondos comunitarios. La Fiscalía Europea, encabezada por Laura Kövesi, advierte que la situación sigue desbordando su capacidad operativa y reclama más recursos para hacer frente a la corrupción y las redes criminales que explotan el sistema financiero europeo.             

Investigaciones en aumento

Al cierre de 2024, la EPPO tenía abiertas 2.666 investigaciones activas, un 38% más que en 2023. De estas, más de 1.500 fueron iniciadas el pasado año, con un daño estimado de 13.070 millones de euros. La mayor parte de estas investigaciones están relacionadas con fraudes en el IVA y el desfalco de fondos de la UE, incluyendo aquellos destinados al programa NextGenerationEU.

El fraude del IVA es especialmente preocupante. Con 488 casos abiertos, representa solo el 18% de las investigaciones en curso, pero supone el 53% del daño económico total, alcanzando los 13.150 millones de euros. En la mayoría de estos fraudes intervienen redes criminales que aprovechan la falta de control en las transacciones intracomunitarias para evadir impuestos a gran escala.

La trama de NextGenerationEU

Un foco creciente de corrupción son los fondos europeos de recuperación. La EPPO investiga 311 casos relacionados con el NextGenerationEU, de los cuales 307 afectan al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). El impacto económico de estos fraudes asciende a 2.800 millones de euros, un 25% más que en 2023. Las irregularidades incluyen desviación de subvenciones, falsificación de documentos y manipulación de contratos públicos.

"Hace unos años, se pensaba que el EPPO tendría poco trabajo, que los delitos económicos eran algo residual. Hoy hemos destapado una dimensión completamente nueva del crimen organizado", ha declarado la fiscal jefe, Laura Kövesi. "Nuestro modelo necesita más recursos y más cooperación entre países para hacer frente a esta amenaza creciente".

Éxitos contra el crimen organizado

En 2024, la EPPO presentó 205 acusaciones ante los tribunales nacionales, un 47% más que el año anterior, lo que refleja un aumento en la persecución de los delitos financieros. Además, logró congelar activos por un valor de 849 millones de euros, cifra que multiplica por once su presupuesto anual.

Uno de los casos más impactantes ha sido la operación "Moby Dick", que desarticuló una red criminal que operaba en varios países de la UE. Esta investigación reveló una trama de fraude del IVA de 520 millones de euros dirigida por clanes mafiosos en Italia. Se llevaron a cabo 160 registros en 10 países y se ordenó la detención de 43 sospechosos. Entre los bienes incautados se encuentran 129 cuentas bancarias, 192 propiedades inmobiliarias y 44 vehículos de lujo.

El fraude del IVA se ha convertido en una fuente de ingresos para el crimen organizado. Estas redes crean empresas ficticias en varios países de la UE para comprar y vender productos sin pagar el IVA, obteniendo reembolsos fraudulentos de las agencias tributarias nacionales.

La falta de recursos y cooperación, un obstáculo

A pesar de estos avances, la EPPO denuncia que sigue sin contar con los medios suficientes para combatir eficazmente el fraude financiero. En 2024, recibió 6.547 denuncias, un 56% más que el año anterior, de las cuales el 70% provinieron de ciudadanos y empresas privadas. En contraste, solo el 1,7% de las denuncias procedieron de organismos de la UE, lo que indica que estas instituciones deben mejorar en la detección y comunicación de fraudes.

Kövesi ha criticado la falta de recursos y coordinación entre los Estados miembros: "Nos preguntamos si el EPPO está bien equipado, si Europol tiene los medios necesarios y si las policías nacionales están suficientemente implicadas. La respuesta a estas preguntas es 'no'. Si queremos frenar la corrupción y el fraude, estas respuestas deben cambiar a 'sí'".

Un problema de seguridad para la UE

Más allá del impacto económico, la Fiscalía Europea advierte del riesgo para la seguridad interna de la UE. Muchas de las organizaciones criminales implicadas en fraudes fiscales también están vinculadas con otras actividades ilegales, como el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas.

"El fraude financiero ya no es solo un problema de pérdida de dinero para la UE, es una amenaza real para nuestra seguridad y estabilidad", señala el informe. "Es urgente fortalecer las herramientas de investigación y cooperación transfronteriza para frenar el avance de estos grupos criminales".

El fraude sigue creciendo

Los datos de 2024 confirman que la Fiscalía Europea se enfrenta a un desafío colosal. La corrupción y el fraude contra el presupuesto comunitario han alcanzado niveles sin precedentes, impulsados por la sofisticación de las redes criminales y la falta de controles eficaces. Mientras la EPPO sigue desmantelando tramas fraudulentas, la falta de medios y la escasa cooperación de algunos Estados miembros amenazan con dejar la puerta abierta a nuevos fraudes multimillonarios."           ( , Diario16+, 03/03/25)

8.7.25

Ernesto Ekaizer: ¿Qué está pasando con el caso Santos Cerdán? ¿A qué esperan para hacer la entrada y registro en Acciona, principal beneficiario de los amaños según el juez Puente? El ejecutivo de Acciona imputado, Merino (foto), niega el pago de comisiones y declara que la UTE con Servinabar de Antxon Alonso, que también niega pago de mordidas, fue decidido por su "superior"... el juez Puente ya tiene indicios -las declaraciones de los cinco empresarios imputados- para sospechar de que no todo lo que el atestado de la UCO decía va a misa... la carga de la prueba está en manos de la acusación y no está aportando indicios contra Santos Cerdán

 "¿Qué está pasando con el caso Santos Cerdán? Después de su entrada en prisión el lunes, 30 de junio, las declaraciones de cinco empresarios imputados como presuntos pagadores de comisiones -dos, este lunes, 7 de julio, después de tres, el viernes- no han arrojado indicios o sombras de pruebas susceptibles de justificar, retrospectivamente, la convicción del juez Leopoldo Puente de enviarle a prisión sin fianza para evitar que precisamente por su contacto con esos cinco empresarios -su llamada "posición funcional", juez Puente 'dixit'- pudiera destruir pruebas.

Y resulta cada vez más incoherente que el propio juez destacara en su auto del 30 de junio el papel de la empresa Acciona y exhiba al respecto una incapacidad de actuación. Veamos. En su auto, el juez sostenía que Santos Cerdán cumplía una "posición funcional" que llevaba a que "Ábalos y García pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación -Acciona Construcción actuando en U.T.E.- realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuando Cerdán distribuía con ellos los beneficios".

También subraya el juez que "finalmente, conviene no perder de vista tampoco que el total de las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, importaba una suma muy próxima a los 550 millones de euros (concretamente 530.271.005 euros)". Estas son dos de las numerosas referencias a la relevancia de Acciona Construcción en el citado auto.

Este lunes, 7 de julio, el representante de Acciona en aquellas fechas, Fernando Merino, ha respondido al juez y al fiscal sobre la constitución de la Unión Temporal de Empresas (UTE) con la empresa Servinabar en 2015.

A la pregunta del juez Puente sobre si él había constituido la UTE, Merino respondió:

-"No, lo hizo mi superior".

A la pregunta sobre su relación con Santos Cerdán, señaló:

-"Lo conocí también [como a Koldo García] el primer año que llegué a Navarra. En 2014, en una ronda de presentaciones".

-"Y por qué quiso presentarse a Santos Cerdán como representante de Acciona?", indagó el juez.

-"Suele ser habitual reunirse con los agentes sociales".

-Y" Santos Cerdán, ¿qué agente social era?", preguntó el juez.

-"Formaba parte de la oposición en el Parlamento navarro".

-"¿Es posible que cenara con Santos Cerdán?", inquirió el juez.

-"No. No lo veo posible. Hemos tomado un pincho en alguna ocasión. Pero tanto como cenar no lo veo posible".

-"¿Ha pagado alguna comisión a alguno de los implicados en esta causa?", remató el juez.

-"No".

A todo esto, en su recurso de apelación, la defensa de Cerdán sostiene que "en el atestado de la UCO no aparece investigada ninguna UTE entre Servinabar y Acciona". Pero si el juez, a la luz de la respuesta de Merino en el sentido de que no fue él quien ordenó la creación de la UTE con Servinabar, no ordena la entrada y registro en la sede de Acciona, ¿qué sentido tenían sus afirmaciones sobre Acciona en su auto de prisión? Si el fiscal tampoco lo pide y la UCO está dispuesta a registrarlo todo menos a Acciona, ¿por qué no lo solicita la defensa de Santos Cerdán?

Y en lo que se refiere a la declaración de Antxon Alonso, propietario y administrador de Servinabar, que solo respondió a las preguntas de su abogada, según explicó el contrato entre él y Santos Cerdán nunca se llevó a efecto, como declaró el secretario de Organización defenestrado del PSOE, quien reconoció su existencia, pero al tiempo aclaró que nunca se llevó a la práctica. Alonso negó haber pagado comisiones.

Asimismo, como señaló en su recurso Benet Salellas (abogado de Santos Cerdán), "no llega a comprenderse como el relato indiciario se construye a partir de la pretendida relación directa de Santos Cerdán con Servinabar si dicha empresa tampoco aparece relacionada con las adjudicaciones investigadas".

¿Qué esperan el fiscal Luzón y el juez Puente?

A que el equipo de la UCO diga ¡Eureka!

¿Es eso?

¿Va a ser cierto lo que el letrado Salellas recordó en su recurso?

Que Eduardo Torres Dulce, en calidad de fiscal General del Estado, declaró en su comparecencia el 23 de abril de 2014 que "las causas más complejas, no las instruyen ni el juez ni el fiscal, sino que llegan precocinadas por la policía y la Agencia Tributaria y la capacidad de filtraje crítico es muy limitada".

La capacidad de filtraje es muy limitada.

Realmente ¿es así?

Porque el juez Puente ya tiene indicios -las declaraciones de los cinco empresarios imputados- para sospechar de que no todo lo que el atestado de la UCO decía va a misa.

Y ello no porque haya que darle veracidad a lo que dicen -tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no decir verdad- sino porque la carga de la prueba está en manos de la acusación y no está aportando indicios contra Santos Cerdán.

Y es una pena que Salellas no haya presentado primero recurso de reforma ante el propio juez y haya ido 'per saltum' a la Sala de Recursos.

Precisamente porque hubiera sido interesante darle al juez la oportunidad de rectificar." 

(Ernesto Ekaizer , blog, 08/07/25) 

23.6.25

Entrecanales y Koldos... La capacidad de las multinacionales que dependen de la obra pública para vivir igual de bien con gobiernos del PP y del PSOE solo puede sorprender a quien no se haya informado mínimamente sobre el proceder de los CEOS y directivos de estas empresas... El dinero que se fraguó durante el franquismo ha vivido igual de bien en la Transición y la democracia con el PP y con el PSOE... El informe de la UCO ha generado mucho escándalo por la parte política, pero como siempre la empresarial ha quedado en un segundo plano... Solo tienen que ver lo que ha ocurrido con las responsabilidades sobre el apagón para que entiendan por qué Iberdrola reparte millones en publicidad para ahorrarse cientos de millones en indemnizaciones... el nombre de José Entrecanales Domecq no ha aparecido ni siquiera de manera marginal en las horas y horas de debates en el debate público... La UCO registró a todas las empresas implicadas en el caso Koldo menos a Acciona... el informe de la UCO se describe el papel relevante de Acciona como pagador de comisiones a cambio de obra pública y es relevante ver cómo las familias que salen en el Hola se ponen de acuerdo con el lumpen para hacer negocio... Antonio Garamendi se mostraba indignado explicando que no iba a aceptar que se manchara el nombre de las empresas al llamarlas corruptoras, es paradigmática la soberbia del que se sabe con capacidad para imponer relatos en los medios de comunicación con una simple llamada. Pero incluso así, con esa indignación porque les llamemos corruptores, nos están ganando el relato. Porque no son corruptores, no son un elemento que facilita que otros se corrompan quedando limpios. Son corruptos (Antonio Maestre)

"El dinero que se fraguó durante el franquismo ha vivido igual de bien en la Transición y la democracia con el PP y con el PSOE. Ese es uno de los mayores hándicaps de los socialistas, siempre creyeron que llevándose bien con el dinero les tratarían igual que a la derecha y solo se acercaban porque las grandes empresas necesitan cerca al gobierno. Una de las anécdotas que mejor marca esa cercanía del gran capital al poder sin importar quién lo ocupe la vivió Felipe González cuando José María Oriol y Urquijo, un falangista de camisa manchada de sangre y dueño de Hidrola (Iberdrola), y uno de los máximos empresarios del franquismo, se le cuadró militarmente dando un taconazo cuando ocupó la Moncloa poniéndose a sus órdenes y pidiéndole favores para que le arreglara problemas que tenía con la distribución en Marruecos. No tengo la más mínima duda, y es solo una impresión, que se acabaron llevando bien viendo la evolución del que vino con chaqueta de pana y salió con yates y mansiones.

La capacidad de las multinacionales que dependen de la obra pública para vivir igual de bien con gobiernos del PP y del PSOE solo puede sorprender a quien no se haya informado mínimamente sobre el proceder de los CEOS y directivos de estas empresas. En mi investigación para Franquismo S.A aprendí que a aquellos que contratan con los ministerios siempre les irá bien y les da igual el color político de quien ocupe la cartera porque siempre encontrarán la llave para acceder a la caja. El informe de la UCO ha generado mucho escándalo por la parte política, pero como siempre la empresarial ha quedado en un segundo plano. Acciona es una multinacional poderosa que tiene mucha capacidad de influencia con publicidad y dádivas. Solo tienen que ver lo que ha ocurrido con las responsabilidades sobre el apagón para que entiendan por qué Iberdrola reparte millones en publicidad para ahorrarse cientos de millones en indemnizaciones.

En el informe de la UCO se describe el papel relevante de Acciona como pagador de comisiones a cambio de obra pública y es relevante ver cómo las familias que salen en el Hola se ponen de acuerdo con el lumpen para hacer negocio. La reunión que recoge la Guardia Civil dos meses después de que José Luis Ábalos sea nombrado ministro de Transportes entre el miembro del PSOE y José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de Acciona, es un ejemplo de esos intereses compartidos con gente a la que se despreciaría. Dos días después de esa reunión, Koldo García ya estaba manipulando la ponderación de las contrataciones para dárselas a Acciona y que estos se lo devolvieran con comisiones. Un tipo como Koldo García para los Entrecanales no habría pasado de ser uno de los presos esclavos sacados del campo de concentración de El Colector para la construcción del canal que limpiara de vertidos los barrios de Heliopolis y La Palmera tras la guerra civil. Pero la prosperidad era eso, que ahora estén juntos repartiéndose obras y comisiones desde el ministerio. Y sobre todo la impunidad, no solo porque el nombre de José Entrecanales Domecq no haya aparecido ni siquiera de manera marginal en las horas y horas de debates en el debate público, sino porque siempre tienen el dinero para poder eludir su responsabilidad comprando voluntades. Al menos convendría disimular un poco, pero no es que la familia Entrecanales lo haya hecho nunca.

La UCO optó por no registrar Acciona en el 'caso Koldo' y se limitó a requerir documentación que no fue entregada en su totalidad. La UCO registró a todas las empresas implicadas en el caso Koldo menos a Acciona. Una decisión muy llamativa cuando el mismo informe recoge esa reunión entre el máximo dirigente de la empresa y José Luis Ábalos dos días antes de que se manipule una concesión a su favor y con Koldo García escribiendo notas diciendo que ya se ha hablado con Entrecanales. Tienen siempre sus maneras de escapar. No es casualidad que Manuel Sánchez Corbí, ex coronel jefe de la Unidad Central Operativa, trabaje ahora para Acciona al igual que la hija de Diego Pérez de los Cobos, el jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, hermano de Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional con el PP de Rajoy, e hijos de Antonio Pérez de los Cobos, líder de Fuerza Nueva en Murcia durante la Transición. Pregunté para este artículo tanto a la Guardia Civil como a Acciona para que me pudieran dar explicaciones sobre estos hechos, pero ninguno ha respondido más de una semana después porque son conscientes de que no habrá muchos interesados en poner contra las cuerdas al CEO de una empresa que pone tanto dinero en las cestas adecuadas para salvarse cuando salgan estas noticias. Sé que es poco, pero algunos lo recordaremos con la poca voz que nos queda.

El poder económico tiene capacidad hasta para robarnos las palabras incluso cuando las usamos mal. Antonio Garamendi se mostraba indignado explicando que no iba a aceptar que se manchara el nombre de las empresas al llamarlas corruptoras, es paradigmática la soberbia del que se sabe con capacidad para imponer relatos en los medios de comunicación con una simple llamada. Pero incluso así, con esa indignación porque les llamemos corruptores, nos están ganando el relato. Porque no son corruptores, no son un elemento que facilita que otros se corrompan quedando limpios. Son corruptos. Son igual que esos políticos que roban el dinero público porque todo el dinero que usan para comprar las voluntades de quien tiene la mano de la caja sale del mismo botín, de los impuestos de las clases trabajadoras. Claro que las empresas implicadas y los CEOS de esas multinacionales que se reúnen con ministros para conseguir favores no son corruptoras, no lo son porque son corruptas. "                         ( Antonio Maestre , eldiario.es, 21/06/25)

6.3.25

Mazón paga a las contratistas elegidas a dedo por la DANA entre un 30% y un 300% más que el Gobierno central

 "La Generalitat Valenciana ha disparado mucho más que el Ministerio de Transportes el precio que paga por los materiales de la reconstrucción de sus carreteras afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre. De la comparativa de las tablas de Presupuestos de Ejecución Material (PEM), creadas por ambas administraciones para las obras de emergencia, se desprende que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha elaborado una lista de precios unitarios para el coste final de las obras mucho más generosa que el Gobierno de España. En concreto, y sobre 11 de los productos más utilizados, la horquilla de la Administración valenciana supera a la estatal entre un 30 % que paga de más por el hormigón armado más común y más de un 300 %, es decir, el cuádruple, por la excavación mecánica y el transporte a vertedero.      

Esta generosa propuesta de la Generalitat en sus tablas PEM ha encarecido las obras de emergencia, que solo en 12 proyectos de reparación de carreteras autonómicas han supuesto 92 millones de euros desde que la DANA arrasara parte de las infraestructuras de la provincia de Valencia. A este incremento de los precios unitarios hay que sumar el hecho de que no hubo concurso público, por lo que tampoco se produjo la baja competitiva que suele rebajar los costes.

Así, fuentes del sector explican que la Generalitat podría estar pagando de más decenas de millones de euros. El presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, alegó que estos sobreprecios se aplican porque las obras de emergencia también les generan sobrecostes por la disponibilidad 24 horas exigida o las horas extra de sus trabajadores.

Por su parte, fuentes de la conselleria que dirige Vicente Martínez Mus defienden que la modificación de los precios respecto a los establecidos anteriormente responde a diferentes factores. “En los últimos años, se ha vivido un incremento de costes general que ha llevado, entre otros, a que haya empresas que no hayan materializado diferentes obras. Una situación que implica la necesidad de actualizar precios a las diferentes administraciones para ejecutar los trabajos. A ello se suma que en las obras de emergencia se ha buscado adecuarlo al mercado actual en un contexto más tensionado”, explican.

Las mismas fuentes agregan que, actualmente, “existe una oferta limitada y mucha demanda, lo que lleva al contratista a reponer rápidamente los materiales con un menor margen para optimizar precios”.

Sobre el hecho de que los precios para las obras de emergencia del Gobierno valenciano sean mucho mayores que los del Gobierno central, manifiestan que la Generalitat ha utilizado una “base técnica” para establecer esos parámetros y “es la única Administración que en ese cómputo global de precios incluye la redacción del proyecto de construcción”. Las mismas fuentes argumentan que esa redacción de proyecto, que no se incluye en las tablas del ministerio, “también incrementa esa cantidad”.

En el gráfico que incluye esta información se comparan 11 de los materiales u operaciones más comunes en la construcción y reparación de carreteras. El documento detalla el nombre oficial, pero para facilitar la comprensión se trata de unidades de excavación de tierras, pedraplén (de roca y tierra), suelo de alta calidad, asfalto para capa de rodadura entre 50 y 250 toneladas, asfalto para capa intermedia entre 50 y 250 toneladas, barrera 'quitamiedos', asfalto para capa de rodadura entre 250 y 500 toneladas, asfalto para capa intermedia entre 250 y 500 toneladas, pedraplén (de solo roca), hormigón y zahorra artificial o grava de alta calidad.

Cabe recordar que para la construcción o reparación de una carretera, sea autonómica o estatal, se utilizan en orden de abajo a arriba los siguientes materiales: pedraplén, zahorra o grava, suelo seleccionado, capa intermedia de asfalto y capa de rodadura de asfalto. Además, hay que sumar el hormigón para cunetas, muros y puentes. Al usarse los mismos materiales, es llamativo el desfase que existe entre lo que paga el Ministerio de Transportes y el precio fijado por la Generalitat Valenciana.

La Generalitat paga el triple que el ministerio por el pedraplén, más de un 60% por el suelo de alta calidad o un 46% más por los guardarraíles. Además, otro punto importante que encarece los precios es que la Generalitat abona un 13% más en concepto de gastos generales, mientras que el Gobierno no contempla este suplemento. En cuanto al beneficio industrial, la conselleria paga un 6% y el ministerio, un 5%.

Cuando surge un desastre como las emergencias climáticas sucedidas en nuestro territorio, el buen periodismo se convierte en otro bien de primera necesidad. Nuestro trabajo no solo consiste en contar bien lo que está pasando, sino también combatir el fango de los bulos y la desinformación, que siempre abundan alrededor de estas tragedias.

Desde la edición de Comunitat Valenciana queremos pedir tu apoyo para hacer frente a las presiones políticas que aumentan todavía más cuando los fallos de gestión tienen consecuencias tan tremendas.

Las tablas de Presupuestos de Ejecución Material deben ser públicas, aunque en el caso de la Generalitat Valenciana no estuvieron disponibles para el acceso de la ciudadanía. Ha sido gracias a la diputada socialista y exconsellera de Territorio del Gobierno del Pacte del Botànic, María José Salvador, que se han podido hacer públicos tras solicitarlo en el Parlamento Valenciano. Salvador ya fue muy crítica con el coste del hormigón pagado por la Generalitat en los contratos de emergencia.

El PSPV-PSOE, aseguró Salvador, va a seguir investigando porque los precios de los contratos de emergencia de Mazón “han escandalizado incluso a empresarios del sector de la construcción”. Y los antecedentes de los populares valencianos, proseguía, “no invitan a la tranquilidad, ya que arrastramos 185 condenas en casos de corrupción vinculados al PP”. “De nuevo nos tememos que estemos ante el PP de siempre”, afirmaba la parlamentaria socialista."

(Sergi Pitarch / Lucas Marco , eldiario.es, 02/03/25)

3.2.25

El principal sospechoso del ‘caso FP’ de Madrid señala directamente al Gobierno de Ayuso... Las obras irregulares, concedidas a dedo, sin contrato y troceadas, tenían que pasar por la Consejería de Educación... era el propio consejero de la administración quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras... Si bien por el momento se han acreditado una decena de obras ilegales que hicieron pasar por contratos menores, fuentes educativas sostienen que estas pueden obedecer solo a la punta del iceberg... Todo empezó después de que un empresario denunciara haber construido el centro sanitario de Ciudad Escolar sin cobrar (Rubén Rozas)

 "El principal sospechoso señalado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el caso FP -todo un entramado de contratos troceados y obras ilegales que ponen en jaque a varios centros de la capital-, Alfonso Mateos, apunta directamente al anterior Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el escándalo que saltó a la palestra el pasado verano.

De esta manera, el también subdirector de FP que la Consejería de Educación madrileña cesó en marzo de 2024 -momento en el que estalló todo- devuelve la pelota al departamento dirigido en aquel momento por Enrique Ossorio, al que se refiere directamente ante fiscal.

A decir verdad, fue hace un año cuando Mateos se pronunció en esta línea, aunque su descripción sale ahora a la luz e informa de ella este lunes elDiario.es. Más allá de las palabras de uno de los responsables de los centros de Formación Profesional, era el propio consejero de la administración Sol quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras.

Y no solo eso, sino que Mateos reveló en su declaración por la construcción del pabellón sanitario del instituto Ciudad Escolar -primer caso que se conoció y para el que se presupuestaron 2,5 millones de euros por el procedimiento conocido como a dedo y sin contrato- que en 2017, año en el que llegó al puesto “esta mecánica ya se hacía”, apuntando además a otros lugares. “No solo se llevaron a cabo este tipo de operaciones con estos centros, sino con muchos otros como por ejemplo IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral o Antonio Machado”.

Si bien por el momento se han acreditado una decena de obras ilegales que hicieron pasar por contratos menores, fuentes educativas sostienen que estas pueden obedecer solo a la punta del iceberg.

La administración Sol, cada vez más contra las cuerdas

Las informaciones que se han ido sucediendo arrinconan cada vez más al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, ya que no dejan de salir casos. En esta línea, la semana pasada se conocían otros dos sitios que se sumaban a los ocho sobre los que ya pesaba la ilegalidad: el IES Ciudad de los Poetas (Moncloa) y Tetuán de las Victorias (Tetuán). “Se han producido irregularidades con posible trascendencia penal”, dejaba patente la Intervención General de la región.

 En el caso concreto del primero de los casos; el de Tetuán, con 600 alumnos, prácticamente en su totalidad de Grado Superior, el análisis revela que se produjeron contratos recurrentes año tras año con la misma empresa en vez de sacarlos a concurso, quedando plasmadas estas  irregularidades en los servicios de electricidad, seguridad o prevención de incendios, aunque se produjeron reformas también en aulas o baños, con obras que superaban el importe permitido para una menor sin que ésta se saque a concurso. El mismo modus operandi se llevó a cabo en suministros que tampoco se licitaron.

En lo que compete al IES Ciudad de los Poetas, el informe muestra fallos igualmente en la contratación en el sentido de que no se publicaron ni pidieron tres presupuestos en algunas ocasiones. Asimismo, se encargaron obras a la empresa de mantenimiento sin que existieran informes de necesidad preceptivos.

La defensa de los centros pasaron el desconocimiento, alegando que, debido a la falta de formación financiero-jurídica de muchos de los responsables, las cuentas gestionaron siguiendo los usos y costumbres, con la lectura de instrucciones enviadas desde la Consejería o, directamente, por orden directa del departamento, siendo ésta última la entidad que ingresó cantidades para pagar obras, suministros y otros gastos del centro.

Ya estaba claro en aquel momento que era la propia Consejería la que se tendría que haber encargado de sacar a concurso todas las reformas señaladas y mayores de 50.000 euros, pero no lo hizo.

Todo un entramado de irregularidades

Todo empezó después de que un empresario denunciara haber construido el centro sanitario de Ciudad Escolar sin cobrar. Como consecuencia de ello, comenzó a mandar burofaxes a la Dirección General, al departamento del consejero de Educación y se reunió con un asesor de Ayuso.

Después de comprobar que no existía ningún contrato de aquella operación de manera oficial, la Consejería abrió una investigación que salpicó a Enrique Ossorio y a Rocío Albert, esta segunda entonces como viceconsejera. Entretanto, un inspector recomendó que el caso se pusiera en manos de la justicia a la vista de lo grave que eran los hechos y la posibilidad de que el equipo de la Comunidad de Madrid estuviera involucrado.

De hecho, Educación no se pronunció sobre el caso hasta que apareció en los medios de comunicación, momento a partir del cual se han ido conociendo más casos de centros que procedieron del mismo modo.

La oposición de PSOE y Más Madrid, por su parte, pidió a la Fiscalía personarse en la causa cuando el órgano jurídico se encontraba investigándolo, pero una denuncia de Podemos ante juzgado por la misma cuestión favoreció la apertura de una investigación y que se centralizara todo en un juzgado de instrucción, que es el que tendrá que decidir en última instancia si las irregularidades llegan a juicio, si existen más operaciones fraudulentas y quiénes son, en su caso, los responsables oficiales de las mismas."               ( , elPlural, 03/01/25)

17.1.25

Las contrataciones de Mazón: “Ni para los valencianos, ni para Gaza: para la Gürtel”... El presidente valenciano vuelve a contratar a dedo a empresarios vinculados con la trama Gürtel para la reconstrucción tras la DANA...

 "Con el telón de fondo de la reconstrucción de Valencia se han dado dos parámetros que continúan bajo la lupa política y mediática. Por un lado, la reciente polémica suscitada por el Partido Popular situando en una misma balanza la tragedia en Gaza con la DANA para cargar contra las ayudas estatales; por otro, las contrataciones que está realizando la Generalitat para este cometido recurriendo a empresarios y personalidades vinculadas a la trama Gürtel.

Es sobre este último apunte del que ha trascendido otro contrato más ‘a dedo’ por parte del Consell de Carlos Mazón. Según recoge este viernes El País, el PP valenciano ha adjudicado un contrato de 9,5 millones de euros a una constructora vinculada con un empresario que fue condenado por la Gürtel. Una adjudicación que se ha tramitado por la vía de urgencia, séase, sin concierto público, con la premisa de la reconstrucción de Valencia.

Se trata de CHM Obras e Infraestructuras S.A., vinculada a Rafael Martínez Berna, expresidente de la patronal de Alicante, la cual ha recibido la mencionada adjudicación de parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Con respecto a la relación del empresario con una de las tramas de corrupción más notables que rodean al PP, éste fue condenado en 2018 a un año y medio de cárcel por dos delitos electorales y otro de falsedad continuada por la financiación irregular del PP valenciano al haber emitido facturas falsas a una red corrupta. Trámite que se cometió cuando Francisco Camps estaba al frente de la Generalitat. Pese a la condena, Martínez Berna eludió entrar en prisión al lograr un acuerdo con la Fiscalía, por lo que terminó pagar una multa de 132.000 euros.

Ahora, el vínculo mercantil del empresario con la constructora a la que Mazón ha adjudicado este último contrato de casi diez millones, se remite a que Martínez Berna ya figuraba desde 2014 como consejero empresario de Grupo Vallalba SL, entidad que tiene en propiedad el 92% de CHM Obras e Infraestructuras. Además, éste mismo ejerció de presidente de esta última empresa entre 2007 y 2016.

El Gobierno de Mazón, pese a este escenario, ha encargado la tarea de reconstruir el barranco del Poyo a esta empresa. Sin embargo, esta entidad ya se le encargó previamente otras misiones, debido a que el pasado mes de noviembre ya recibió la licitación de 4,2 millones de parte de la misma Conselleria, además de otra en septiembre por parte de la Diputación de Valencia.

Mazón carga contra las ayudas del Gobierno a Gaza

El conocimiento de estas adjudicaciones también ha trascendido bajo el reciente marco de unas declaraciones de Mazón contra las ayudas estatales. El presidente valenciano dio este jueves “la enhorabuena” al pueblo palestino tras el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien anunció 24 millones de euros en ayudas directas tras el alto el fuego pactado entre Hamás e Israel.

En este sentido, Mazón se expresó así: “Me alego mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez”, sentenció, equiparando así ambas tragedias.

Y es que, al tiempo, y bajo la esfera de las redes sociales, las Nuevas Generaciones del PP también compartieron dos mensajes de la misma índole que han generado un nuevo frente de crispación política: “Gaza, municipio de la provincia de Valencia”. A esta, se suma otro mensaje en la misma red social: "Si pides la ayuda en árabe llega antes". 

Y es que la crítica sobre este respecto también ha venido de parte de otras formaciones. Más Madrid ha reaccionado este viernes a ambos aspectos: tanto las palabras de Mazón sobre Gaza como este último contrato vinculado a la Gürtel: “Ni para los valencianos, ni para Gaza: para la Gürtel”, han sentenciado en X -antigua Twitter-.

Lazos con el entorno de Zaplana y vínculos con ‘empresas Gürtel’

Desde que comenzaron las labores de gestión política para reconstruir Valencia tras la devastadora DANA del 29 de octubre, que dejó 224 fallecidos, las adjudicaciones del Consell de Mazón se han postulado en primera línea por sus relaciones directas con empresas de la Gürtel, así como el refuerzo de los lazos con el entorno de su antecesor, Eduardo Zaplana.

En esta hoja de ruta, además de figurar la ya mencionada CHM Obras e Infraestructuras SA, también aparecen la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Rita Barberá entre 2006 y 2007, recibió contratos que superan los 9,5 millones de euros."                 ( , El Plural, 17/01/25)