"Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,
ha solicitado públicamente saber si David Sánchez, hermano del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reside en el Palacio de La
Moncloa. Más allá de que se trata de un familiar del presidente, existe un precedente reciente
con Mariano Rajoy y nadie del Partido Popular hizo ningún tipo de
pregunta o petición. Su padre vivía en la residencia del presidente del
Gobierno y además recibía asistencia y acompañamiento día y noche a
cargo de dos personas contratadas por Presidencia. Rajoy cargó a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre.
Almeida defiende el derecho de la ciudadanía a conocer esta
información, referente al hermano del presidente Pedro Sánchez,
considerándola una obligación ética y administrativa. Debe ser
obligación únicamente cuando hay un presidente que no es de su partido
político.
Parece que no recuerda que su jefe de filas, Alberto Núñez
Feijóo, protagonizó una sonada polémica cuando era presidente de la
Xunta y vivía en Monte Pío. Había un trasiego constante de personas
ajenas a la institución. Feijóo apelaba a su esfera privada para
no contestar a las preguntas relacionadas con las entradas y salidas de
la residencia institucional. Ese detalle es determinante para contextualizar el origen de la controversia. Antes de que el nombre de Pachi Lucas irrumpiera con fuerza en los titulares a través de la Operación Zeta,
el halo de opacidad en torno a la residencia de Monte Pío ya formaba
parte del murmullo continuo en la política gallega y en los pasillos del
Parlamento. A diferencia de otras instituciones donde queda constancia
de cada visita, los accesos a Monte Pío se mantuvieron bajo un estricto
hermetismo.
Feijóo defendía que la esfera privada debía quedar al margen del control político
y que el uso de la zona residencial de la vivienda no requería dar
explicaciones ni fiscalizar quién pernoctaba o visitaba al jefe del
Ejecutivo en su tiempo libre. La oposición, por otro
lado, sostenía que al tratarse de una infraestructura pública financiada
íntegramente en sus costes de mantenimiento y seguridad, era
imprescindible contar con protocolos claros y registros de acceso.
El temor de la oposición no era solo el uso recreativo de la
residencia, sino la posibilidad de que se estuvieran celebrando
reuniones de carácter político, económico o de presión sin luz ni
taquígrafos. No se equivocaban.
Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política
Las interpelaciones parlamentarias y los comentarios
periodísticos ya ponían el foco en el continuo transitar de personas
ajenas a la Administración autonómica. Cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz y se conoció el papel de Pachi Lucas como conseguidor, todos esos comentarios previos cobraron una dimensión distinta.
La oposición sintió que sus sospechas iniciales sobre el uso de la
residencia oficial y la falta de control en las entradas y salidas
quedaban confirmadas por los atestados policiales.
La residencia oficial de la Presidencia de la Xunta de Galicia
fue concebida durante la etapa de Manuel Fraga como una gran obra
institucional. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de gasto público, infrautilización y falta de transparencia.
El edificio fue diseñado para servir de residencia y sede de
representación del presidente gallego, aunque su uso efectivo ha sido
desigual. El debate sobre quién accede, se reúne o pernocta en el
recinto ha sido recurrente en el Parlamento gallego.
El complejo cuenta con unos 25.000 metros cuadrados construidos,
70.000 con el área verde del parque. Cuenta con diferentes espacios: de
residencia, con piscina climatizada, sauna, gimnasio, despachos y otras
áreas institucionales. Desde el principio fue presentada como una “Moncloa gallega”, una residencia presidencial de grandes dimensiones, tal vez excesivas para una comunidad autónoma.
El coste de construcción de Monte Pío ha sido objeto de constante controversia, oscilando entre siete y diez millones de euros,
según diversas estimaciones. La falta de transparencia en el desglose
presupuestario ha dificultado el seguimiento de la inversión pública.
Además, los gastos de mantenimiento, vigilancia y personal continúan
generándose, independientemente de la ocupación efectiva del edificio.
Opacidad absoluta.
A diferencia de otros inmuebles públicos, el coste anual de
mantenimiento de Monte Pío no aparece identificado de forma específica
en los presupuestos de la Xunta, lo que impide conocer con precisión cuánto
cuesta cada año conservar la residencia oficial del presidente, aunque
ya no viva allí, como es el caso actual de Alfonso Rueda.
La policía consideraba que Pachi Lucas, el
conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de
interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de
proyectos”
Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y
Monte Pío fue un foco de controversia política. La oposición preguntó
en el Parlamento por la presencia y pernoctaciones de diferentes personas ajenas al Gobierno,
especialmente de una, el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido
como Pachi Lucas, muy cercano al entorno personal y político de Feijóo.
El entonces vicepresidente Alfonso Rueda, rechazó de pleno en el Parlamento las preguntas sobre si Pachi Lucas había pernoctado en Monte Pío.
Reprochó que la diputada socialista preguntara en sede parlamentaria
sobre un tema personal y tachó la pregunta de “rancia y casposa”
haciendo además referencia a cuestiones de la prensa rosa. Sin embargo,
la cuestión de fondo de la pregunta era el control de accesos, la
naturaleza de las visitas privadas y la participación de personas sin cargo institucional y cercanas al presidente en reuniones oficiales.
La UDEF, en un informe policial, ya había vinculado al empresario madrileño
afincado en Bueu (Pontevedra) con la trama de las subvenciones a
parados y personas con discapacidad. La policía consideraba al amigo del
presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos
empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”. Existían correos electrónicos entre altos cargos de la Xunta, como Beatriz Mato, por entonces conselleira de Traballo, y el conseguidor. También
hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a
Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones.
Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo.
“Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas
veces en Monte Pío, lo mínimo es avisarme: ‘tienes pinchado el
teléfono’. Porque ellos avisaron a Pachi Lucas, se desmarcaron de mí
revocándome los cursos y dejaron de cogerme el teléfono”. Esta
afirmación la realiza Gerardo Crespo cuando la policía estaba ya detrás.
Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero
que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de
su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para
salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él. Crespo aseguró tener
pruebas de que Feijóo fue alertado de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.
La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”.
“Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le
pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y
teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que
había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el
empresario.
En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”.
En la 'Operación Zeta', los atestados de la
UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de
los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con
Alberto”
¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas).
El criterio judicial imperante fue que no bastaba con que dos imputados
usaran el nombre de un presidente para presumir de influencias. Hacía
falta una prueba objetiva de retorno (un correo firmado
por él, un expediente amañado directamente por su mano o un pago). Al
no hallarse ese vínculo material directo, la causa se centró sobre Pachi
Lucas sin rozar penalmente a Feijóo.
Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para
imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su
despacho e imputar a su secretaria.
Alberto Núñez Feijóo conoció a Pachi Lucas en Madrid.
Cuando él se fue de Galicia con Romay Beccaria y llegó a presidente de
Correos. El padre de Pachi era un médico pontevedrés afincado en Madrid.
El conseguidor se dedicaba a la joyería y administraba tres
empresas, Lucas y cia Joyeros, Disart 4 y Ralumeg. Comenzaron una
relación de amistad que duró décadas.
Ya con Feijóo de vuelta en Galicia, Lucas era asiduo a los
mítines del PP y estuvo a su lado en la toma de posesión como presidente
de la Xunta. Curiosamente, la empresa Disart 4 trabajó para algunas
campañas electorales del PP. En la de las autonómicas de 2009, que llevó
a Feijóo a la presidencia, la empresa de Lucas facturó a los populares gallegos 25.583,80 euros. Y en la de las generales de 2011 endosó al PP nacional 53.449,11 euros. En la fiscalización de los gastos de esa campaña, el Tribunal de Cuentas reseñó que Disart 4 no pudo presentar justificantes de las operaciones que originaron ese importe. Para
los investigadores, esos pagos evidenciaban que el dinero fluía entre
la maquinaria del PP y la mercantil del amigo íntimo de Feijóo. La
mayoría absoluta del PP bloqueo cualquier comisión de investigación en
el Parlamento de Galicia.
Nadie sabe por qué esa empresa recibió eso miles de euros más
allá de que pertenecía a un amigo íntimo de Feijóo. Una empresa que nada
tiene que ver con organización de actos, dando servicios de publicidad
que no pudo justificar. ¿Compraron joyas tal vez? Nunca lo sabremos.
Francisco Ramón de Lucas fue investigado en la Operación Zeta, centrada en el fraude de subvenciones a cursos de formación. La
investigación lo señaló como uno de los “conseguidores” de la trama,
actuando como enlace entre empresarios y responsables políticos. Según
la instrucción judicial, Lucas habría realizado gestiones ante la
dirección del PP para captar ayudas y contratos públicos, participando
incluso en reuniones con miembros del Gobierno gallego y visitando Monte
Pío muy a menudo. Era el “abrepuertas”, como lo había nombrado Gerardo
Crespo.
La jueza de instrucción investigaba si Lucas usó su amistad
directa con Feijóo y otros altos cargos del PP para actuar como enlace
entre los promotores del fraude y la administración autonómica y lo
imputó por tráfico de influencias. El principal acusado, Gerardo
Crespo, afirmó reiteradamente que pagaba a Pachi Lucas asignaciones
mensuales para que facilitara gestiones, reuniones y la adjudicación de
fondos públicos para la red.
Aunque la jueza instructora ordenó su imputación basándose en
los informes policiales y en los mensajes intervenidos entre los
cabecillas, la situación procesal de Pachi Lucas dio un vuelco repentino
en los tribunales. Primero ella, sorprendentemente, cambió de parecer.
En un auto, fechado el 30 de marzo de 2017, la jueza argumentó
que no había "datos objetivos" para concretar los indicios o sospechas
que en su día motivaron la condición de investigado del empresario. "Más
allá de que existan indicios de que se le encargara la realización de
gestiones relativas a los expedientes administrativos que interesaban a
Gerardo Crespo", recoge el contenido del auto.
La 'Operación Zeta' nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados
En junio de 2017, la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los
recursos presentados al considerar que no existían indicios delictivos
con el peso ni la concreción legal suficientes para mantenerlo
investigado por tráfico de influencias, obligando a la jueza a acotar la causa y separar las piezas porque "se investigan hechos, no personas". Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo, de ser juzgados.
Cómo ha cambiado desde entonces la forma de entender la
justicia. Parece que hoy en día lo que se investigan son las personas
más allá de los hechos.
Todo el procedimiento fue claramente irregular. La Operación Zeta
tuvo una tramitación especialmente compleja. La causa, que llegó a
afectar a decenas de investigados, fue fragmentada por orden de la
Audiencia Provincial, sufre años de retrasos y sobreseimientos
respecto a algunos investigados y nunca desembocó en una sentencia
global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados.
Feijóo negó tajantemente tener un mediador y rechazó que Lucas
actuara en su nombre. La controversia no solo se centró en la
responsabilidad penal, sino también en la necesidad de transparencia y control sobre la influencia de personas sin cargo público
y el registro de sus reuniones y correos con responsables
institucionales. No hay sentencia absolutoria sobre Pachi Lucas. El
sobreseimiento no es libre, es provisional. La fase de instrucción está
suspendida a la espera de informes clave de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE) para determinar la cuantía real del
fraude en las subvenciones. Conforme pasan los años sin que se abra juicio oral ni haya sentencias firmes, el proceso se desgasta.
En la práctica, el paso del tiempo suele derivar en atenuantes por
dilaciones indebidas o en el archivo directo de piezas por prescripción
de delitos o falta de acusación sólida.
Dado que la “desimputación” de Pachi Lucas fue un sobreseimiento
provisional, en teoría cabía reabrir su pieza si aparecían pruebas
determinantes. Pero en la práctica, con una causa principal paralizada y
diluida durante años, las probabilidades de que se reactiven diligencias contra él son prácticamente nulas.
El estancamiento judicial benefició a la narrativa de Feijóo.
Al prolongarse el trámite en los juzgados sin novedades ni juicio, el
foco mediático se apagó, lo que permitió al Gobierno gallego cerrar el
debate parlamentario argumentando que “la justicia ya había hablado” al
“desimputar” a su amigo y que la causa no avanzaba por falta de
sustancia.
Es sorprendente que cuando Feijóo fue preguntado por las declaraciones que constan en el sumario del caso,
que lo señalan como "clave" en la trama, el entonces presidente de la
Xunta señaló que, por lo que le habían contado —ya que afirmó "no tengo
tiempo para andar leyendo el sumario"—, ese fragmento podría estar
"manipulado", y aseguró que en el sumario faltan folios intermedios. Es
decir, Alberto Núñez Feijóo, señalado en la investigación judicial, ¿considera que la UDEF ha manipulado pruebas? Esas declaraciones son verdaderamente graves.
Con la judicialización de la Operación Zeta, la
estrecha amistad que unía a Feijóo y a Pachi Lucas se evaporó ante las
cámaras. El empresario madrileño, que durante 15 años frecuentó el
entorno personal del presidente e incluso cruzó las puertas de la
residencia oficial, pasó a convertirse en una suerte de “desconocido" en
las comparecencias públicas del Ejecutivo gallego. Se evaporó. No vaya a
ser que si anda cerca vuelvan a aparecer pruebas o tenga intención de
declarar. No le conviene a Feijóo.
Pachi Lucas, el “abrepuertas”, optó por un repliegue absoluto: desapareció por completo del foco público, de las fotos de verano en los toros y de la vida del Feijóo. Desapareció del mapa. Si no había nada ilegal, resulta un poco raro, ¿no creen?
El borrado de Pachi Lucas de la agenda de Feijóo no borra la
falta de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ni de la
delgada línea que separó lo privado de lo institucional en Monte Pío.
Hoy en día siguen sin dar una explicación clara. Lo que sí está claro es
que Alberto Núñez Feijóo siempre ha tenido “amistades peligrosas” con
las que ha compartido negocios, fines de semana, llamadas, mails,
barcos, toros y desayunos."
(
Cristina Papin Marcote , I
nfoLibre, 08/08/26)
