¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? Pues absolutamente todas contienen una cláusula ilegal, según declara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y si a causa de esa cláusula usted hubiera perdido la vivienda?

"¿Qué pasaría si la legislación hipotecaria española fuera ilegal desde hace al menos 22 años? ¿Qué pasaría si todas y cada una de las hipotecas firmadas contuvieran al menos una cláusula abusiva que un juez debería haber declarado nula pero que no pudo revisar porque se lo prohibía la legislación española?

 ¿Y si a causa de esa o esas cláusulas usted hubiera perdido la vivienda? ¿Y si los gobiernos de distinto signo político no hubieran velado en todos estos años por la protección del consumidor a pesar de los reiterados avisos lanzados desde Europa?

 ¿Y si la mayor instancia judicial europea respaldara lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) viene denunciando desde hace años?

El pasado 26 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicaba una sentencia que, al igual que las siete anteriores dictadas en los últimos cuatro años, daba un varapalo a la legislación hipotecaria española.

Pero ésta “no es una sentencia más”, dice la PAH, porque considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado de las hipotecas, una cláusula que no sólo se encuentra en todas las hipotecas firmadas en las últimas décadas, sino que también es la que invocan las entidades financieras para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria y reclamar de golpe toda la deuda más intereses cuando el cliente haya dejado de pagar tan sólo tres cuotas hipotecarias, condenándolo a la pérdida de su vivienda y a una deuda de por vida.

El TJUE establece que la legislación española no cumple con la Directiva 93/13/CEE relativa a la protección de los consumidores, porque sólo les concede el plazo de un mes para oponerse a la ejecución, y porque impide a los jueces examinar de oficio la abusividad de una cláusula si no ha sido aplicada en la práctica. (...)

Frente a esto, el TJUE es claro: si una cláusula es abusiva y se declara nula, “debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”.

Esto obligará a los bancos, si se aplica correctamente la medida, a la devolución de entre 3.000 y 7.000 millones de euros a todos los afectados por esta cláusula, y abre la posibilidad de que miles de familias soliciten la paralización de sus procedimientos de ejecución.

La pelota está ahora en el tejado del Tribunal Supremo, que el 15 de febrero se reunirá en pleno para establecer unos criterios para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

 La clave: la Directiva 93/13/CEE

 

“Podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la Directiva 93/13/CEE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, decía la PAH justo después de la publicación de la última sentencia del TJUE.

“La directiva sale en 1993, y los Estados tienen un año para trasponerla [al derecho nacional]. En España no se ha hecho desde Felipe González hasta la actualidad, y lo que se ha hecho ha sido totalmente insuficiente, como la Ley 1/2013 –dice Carlos Macías, portavoz de PAH Barcelona–.

 Esto nos abre la oportunidad de pedir que los jueces españoles paralicen las ejecuciones hipotecarias en proceso y suspenderlas hasta revisar todas las cláusulas abusivas y eliminarlas, entre ellas la de vencimiento anticipado, que es la que ha llevado a la ejecución hipotecaria de más de 700.000 familias desde 2007”.

¿Y qué pasará con todas estas familias, las que ya han perdido su vivienda? Macías indica que es necesario “abrir un mecanismo de reparación del daño causado a cientos de miles de familias que han sido ejecutadas con una legislación ilegal. No es fácil, estamos trabajando en el cómo”.

Para el abogado Martí Batllorí, “se abre un periodo de incertidumbre jurídica, pero también de esperanza y oportunidad para muchas familias que están en un procedimiento de ejecución hipotecaria o para quienes han perdido su vivienda de recuperar o compensar el daño sufrido por una ley hipotecaria injusta. Se puede pedir la nulidad de todos los procedimientos, aunque no sabemos si se va a conceder”.

Jurídicamente se sostiene, y hay algunos juzgados que lo han hecho, indica Batllorí, pero la situación es más evidente para los procedimientos en marcha que para aquellos que ya se cerraron. En cualquier caso, “la nulidad de los procedimientos ya finalizados se va a plantear, y los tribunales van a tener que pronunciarse porque, entre otras cosas, la sentencia del 26 de enero hace saltar por los aires la cosa juzgada, la que hace que no puedas volver sobre algo que ya habías discutido”.

Estamos hablando de cientos de miles o millones de casos. “Se habla de seis o siete millones de préstamos con cláusulas suelo, y cientos de miles de ejecuciones hipotecarias finalizadas que tenían estas u otras cláusulas abusivas”, continúa este abogado.  (...)"                (Gladys Martínez López

 , Saltamos.net, 12/02/17)

Reclaman una reestructuración de la deuda de las familias en países como España, Estados Unidos o Reino Unido

 

"Hace tiempo advertimos que existe una clara disparidad entre las recetas económicas que recomiendan la cúpula del Fondo Monetario Internacional (FMI), y ciertos estudios y resultados que algunos de sus economistas van sacando a la luz. Ello pone de manifiesto que las recomendaciones del FMI van más allá de una profunda incompetencia estructural. Sus propios estudios invalidan sus recetas. 

Detrás de las propuestas de la cúpula directiva del FMI, al igual que de los supuestos Bancos Centrales independientes, solo hay un instinto de supervivencia de la clase dominante, la gerencia bancaria. Por eso, tal como sugerimos desde estas líneas, es necesario un control democrático de estas instituciones y de su cúpula. Deben explicar sus recomendaciones y responder de sus errores. 

Si además contemplamos, despavoridos, una presentación muy reciente, que ya les introduje aquí, de la profesora de la Universidad de Standford Anat Admati bajo el título What is wrong with banking and What to do about it la situación ya no es solo para echarse a temblar sino, sobre todo, para estar alertar y reaccionar. 

En ella Admati nos avisa que la banca sistémica global es más grande y está más apalancada que nunca. Admati pone de manifiesto que el sistema bancario es demasiado frágil e ineficiente debido, en primer lugar, a la opacidad, la complejidad y la interconectividad de determinadas operaciones, especialmente vía instrumentos derivados. Además hay una excesiva dependencia, a corto plazo, de la deuda.

El desgobierno del dinero organizado

Pero lo peor, como detalla Admati, es que existen graves problemas de gobernabilidad y distorsiones que no se pueden resolver en los mercados. Las leyes y los reglamentos son defectuosos, la política ineficaz, y la falta de rendición de cuentas de esta gente extrema. Si vienen mal dadas en los mercados financieros, y vendrán, ¿a quién creen ustedes que les querrán de nuevo cargar con el mochuelo?

Hoy más que nunca recobran sentido esas palabras extraídas del discurso que Franklin Delano Roosvelt ofreció en el viejo Madison Square Garden al inicio de la campaña electoral que le llevó a su segundo mandato. “Durante casi cuatro años ustedes han tenido un gobierno que en lugar de entretenerse con tonterías, se arremangó. Vamos a seguir con las mangas levantadas. 

Tuvimos que luchar contra los viejos enemigos de la paz: los monopolios empresariales y financieros, la especulación, la banca insensible, los antagonismos de clase, el sectarismo, los intereses bélicos. Habían comenzado a considerar al gobierno como un mero apéndice de sus propios negocios. Ahora sabemos que un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de la mafia organizada.

 Pero, volvamos al punto de partida, a esos estudios y resultados obtenidos por economistas del FMI y que empiezan a posicionarse dentro de lo que denominamos la heterodoxia. Braman contra los inquisidores económicos de la austeridad y sus terribles consecuencias. Reclaman una reestructuración de la deuda de las familias en países como España, Estados Unidos o Reino Unido.

Frente a la terquedad de Europa piden abiertamente en las actuales negociaciones con Grecia que los acreedores foráneos asuman una quita de deuda por valor de 350.000 millones. Proclaman incluso que es posible reducir el poder de los banqueros. Pero no les escuchan, pasan. Por eso hay que ser radical, yo ya saben que me declaro populista “a lo Roosvelt”. Debemos luchar contra el gobierno del dinero organizado.”  (...)"             (Juan Laborda, Vox Populi, 20/06/2015)

¿Cómo hacer frente a la deuda?

"(...) Ø Decretar una moratoria de la deuda pública y emprender una auditoría ciudadana –en la que participen miembros de organizaciones sociales comprometidos con este fenómeno (como la PACD, el CADTM o el OdG), y expertos elegidos democráticamente, y cuyos resultados estén bajo control social, por un plazo de seis meses.

Ø Se trata de abrir un proceso de evaluación de las políticas públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima, en base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas. Para este cometido se estudiarán los efectos del modelo tributario y del volumen de gasto público, para realizar una aproximación al crecimiento de la deuda pública, que partió del 37% del PIB en 2007 hasta superar el 100% a finales de 2014.

Ø La aplicación selectiva de porcentajes de quita o de reducción de tipos o alargamiento de plazos, dejando intactos los derechos sobre pequeños ahorradores (menos del 1% del total de la deuda), fondos de pensiones y fondo de reserva de la seguridad social.

Ø Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas presupuestarias, identificando los destinos del gasto. Las ayudas y rescates al capital se convertirían en acciones de oro (en manos públicas). 

Las partidas de gasto que sirvieron al interés o enriquecimiento particular o constituyeron un gasto infructuoso serán declaradas deudas odiosas y se exigirá su devolución, con el consiguiente encausamiento penal de los políticos implicados y los beneficiarios de estos proyectos.

Ø Se intentará, si es posible, la concertación de iniciativas similares en otros países damnificados, de cara a fortalecer las medidas unilaterales a adoptar o la fuerza negociadora, en la que se tendrá en cuenta el reforzamiento de la cooperación económica entre los países implicados como endeudados (en materia financiera, inversiones, comercial, etc.) y el replanteamiento de las relaciones con la UE (desde la revisión de políticas, tratados, instituciones o cualquier iniciativa emancipadora que se contemple).

Ø Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas: simultanear el proceso de moratoria con un establecimiento transitorio de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva regulación del sistema financiero privado para garantizar los depósitos y la función social del crédito, y con una cláusula que indique que en caso de incumplimiento supondrá el paso de su patrimonio a un nuevo polo bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.

Ø Se emprenderá una política para atajar la deuda hipotecaria de los hogares, estableciendo una quita de los montantes de la deuda de la vivienda en la que se resida, equivalente a la caída en el valor de la tasación del inmueble. Se eliminarán las cláusulas suelo. 

Se establecerá la dación en pago para acabar con la deuda definiendo el derecho al usufructo mediante conversión en alquiler social (un máximo del 30% de los ingresos familiares), desarrollando medidas fiscales de alto gravamen sobre las viviendas vacías o en desuso, y haciendo pasar a un parque público de alquiler las viviendas del SAREB.

Ø Aunque es probable que el impago selectivo tenga consecuencias transitorias negativas (cierre temporal a los mercados financieros, posible expulsión del euro –si no se alcanza un acuerdo que redefina las reglas europeas-, encarecimiento de las materias primas y energía si hay que tomar una nueva moneda devaluada, etc.), se podrá contar con resortes y recursos nuevos: la deuda aminorada puede liberar más de un 6% adicional del PIB para recursos públicos, la reforma fiscal para alcanzar la media europea un 8% más, y la lucha contra el fraude efectiva otro 8%, lo que sumando con la configuración de un polo público bancario, puede afirmarse que podrá responderse a esta situación, mejor aún si este camino se emprende en compañía de otros países solidarios. 

Es preciso incluir en la agenda política una explicación pedagógica a la población que ponga sobre la mesa el coste de la libertad, para que se observe el horizonte y se convenza de que merece la pena. Sin el apoyo popular difícilmente podrá llevarse adelante medidas de esta naturaleza."              (Daniel Albarracín, Viento Sur, 17/12/2014)

La morosidad hipotecaria sube hasta el 6,2% y la de promotores se estabiliza... ¡en el 37,9%!

"El saldo de las hipotecas en manos de la banca se situó en marzo en 576.473 millones, el 3,7% menos que hace un año. 

Mientras el crédito baja, debido a que la nueva producción es inferior a las amortizaciones de los préstamos, los créditos dudosos siguen aumentando sin pausa. Alcanzan ya los 36.214 millones, habiéndose prácticamente duplicado desde 2011.

La consecuencia es que la mora de las hipotecas de particulares ha alcanzado el 6,28%, cuando hace un año estaba en el 4,13%.

Con todo, el verdadero problema para los balances de los bancos españoles sigue siendo el ladrillo. La morosidad de promotores inmobiliarios y constructores sigue disparada, a pesar de los traspasos de activos tóxicos de los bancos con ayuda a la Sareb y las ventas de carteras realizadas por muchos bancos.

 Los datos que ha publicado hoy el Banco de España indican que la morosidad de los promotores se redujo quince puntos básicos en el primer trimestre, hasta situarse en el 37,85%. A su vez, las constructoras redujeron la mora más de un punto porcentual, hasta el 33%."      (Expansión, 18/07/2014)

Deberíamos estar discutiendo cómo reactivar las exportaciones, frenar el desplome del crédito, crear un banco malo de hipotecas... pero, mis condolencias querida España, has caído en manos de unos incapaces

" (...) Yo soy un economista y que pierda mi tiempo en aclaraciones estadística te desvía de debatir medidas para salir de la crisis, resolver la pobreza y el grave problema de déficit y deuda pública que nos ha generado. Deberíamos estar discutiendo cómo y cuánto depreciar el tipo de cambio para reactivar las exportaciones y frenar el repunte de las importaciones. Cómo frenar el desplome del crédito. 

Cómo crear un banco malo de hipotecas para sacar de los balances bancarios las hipotecas de esos trabajadores de baja cualificación a los que se les ha desplomado el salario y que no van a pagar. Cómo parar los desahucios en ese segmento de desempleados y bajos salarios, problema junto con el empleo de las personas que están en pobreza extrema. 

Hacer una reforma fiscal para trasvasar recursos de esas rentas altas a las bajas y compensar los efectos devastadores de la crisis y la reforma laboral sobre la desigualdad y la pobreza. Y no la que quiere hacer Rajoy para favorecer a los que tienen salarios más altos, donde se concentran mayoritariamente sus votantes.

 Concentrar recursos públicos para dar formación a los desempleados sin cualificación con vistas a sacarlos de la pobreza y ayudarles a encontrar mejores empleos. Para ello hay que arrancar de raíz todos los cardos que se hayan aprovechado fraudulentamente de esas ayudas a la formación, me da igual que sean empresarios, sindicatos, funcionarios, políticos o la santísima trinidad.

Mis condolencias querida España, has caído en manos de unos incapaces y encima se lo llevan crudo mientras millones de españoles pasan extrema necesidad y el 99% se empobrece día a día."           (José Carlos Díez, 26/04/2014)

Se hace imprescindible una quita de la deuda hipotecaria según capacidad de pago y la creación de un parque público de viviendas de alquiler.

"(...) los datos oficiales revelan un leve progreso en el saneamiento de las entidades de crédito, aunque ello debe ser analizado con cautela debido a dos razones fundamentales. 

La primera es que los balances de los bancos son elaborados a partir de complejos mecanismos contables susceptibles de manipulación interesada, lo que permite mostrar al exterior una imagen más saneada de la que en realidad pueden tener. La segunda, todavía más importante que la primera, es que la cuestión no es tanto el saneamiento sino la recuperación de la actividad económica.

 El saneamiento es condición necesaria pero no suficiente porque, aunque supusiéramos saneado todo el balance de la banca, el problema persistiría ante una situación de recesión continuada en la que los activos sanos se tornarán problemáticos y disminuirá la demanda de crédito solvente.

 Por otro lado, no se ha abordado aun completamente el saneamiento de los bancos, destituyendo juntas directivas y haciendo un bail-in: recapitalización comenzando por quitas a bonistas y propietarios del capital (excepción hecha de estafados por venta de preferentes a minoristas).

 Por desgracia, ha sido sólo a partir del rescate impulsado por la troika cuando se ha variado la atención al problema aplicando medidas de compartir la carga (burden sharing). Pero se sigue intentando minimizar el problema sobre la base de minimizar el uso presente de ayudas públicas. 

Esto es un error. Lo adecuado sería maximizar el saneamiento para minimizar las ayudas públicas futuras, evitando así alargar innecesariamente la crisis bancaria. De fondo, y más allá del alcance de estas ayudas, urge replantearse un modelo bancario con un sistema financiero hipertrofiado que ha provocado la presente crisis.

 

El saneamiento en España se ha centrado en la exposición inmobiliaria en los balances, pero ésta constituye apenas un 20% del total. Poco se sabe del resto, con una gigantesca deuda de corporaciones no financieras. Asimismo, se ataja el problema desde una óptica estática, desde los balances, a fin de recobrar la confianza de los inversores. 

Pero se obvia que el problema es dinámico y que depende del deterioro de las condiciones de pago, y de vida, de los clientes de esos bancos. Si el problema es sobre todo inmobiliario se hace imprescindible una quita ordenada de la deuda hipotecaria en función de la capacidad de pago y la creación de un parque público de viviendas de alquiler. 

Mientras no mejoren las expectativas no retornará la inversión productiva y con ella tanto la creación de empleo como la afluencia del crédito. 

No podemos predecir si será necesario otro rescate, aunque parece difícil compaginar la actual situación de políticas contractivas sin nuevas vías de ayuda directa e indirectas a la banca.

 La delicada situación económica de la mayoría de las familias y empresas no está mejorando, lo que hace que los ratios de morosidad sigan aumentando y con ellos el deterioro de los activos de los bancos. Por lo pronto el BCE ha anunciado una posible tercera ronda de inyecciones masivas de liquidez (LTRO) y no descarta compra masiva de títulos, al estilo de la Quantitative Easing estadounidense. 

El banco malo (SAREB) por su parte presenta demasiadas dudas sobre sus posibilidades sin asumir fuertes cargas por parte del Estado. Veremos."                  (Antonio Sanabria* y Eduardo Garzón, artículo publicado en el nº 131 de la revista Viento Sur., en Colectivo Novecento, 24/04/2014)

Si a un hipotecado le han avalado sus padres o sus abuelos, no se podrá beneficiar de las medidas de Rajoy frente al desahucio a no ser que sus padres o abuelos tengan a todos los miembros de sus familias en paro, carezcan de bienes suficientes para hacer frente a la deuda...

"El decreto-ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios (...)

- 1. Los requisitos exigidos para poder ser beneficiarios de las medidas son extremadamente restrictivos.
 El que todos los miembros de la unidad familiar deban estar en paro o carezcan de algún tipo de renta por actividad económica significa la exclusión efectiva de una inmensa mayoría de ciudadanos, que, a pesar de no poder hacer frente a sus deudas hipotecarias, están recibiendo algún tipo de salario en tiempos en que los contratos laborales fomentados desde las propias administraciones contemplan una precarización salarial.
 Es de reseñar, además, la injusticia que se comete al dejar fuera del decreto-ley a los cientos de miles de deudores que han sido desahuciados en estos últimos años. (...)

- 2. Se exige que los avalistas cumplan estos mismos requisitos. Con otras palabras, si a un hipotecado le han avalado sus padres o sus abuelos, no se podrá beneficiar de las medidas frente al desahucio a no ser que sus padres o abuelos tengan a todos los miembros de sus familias en paro, carezcan de bienes suficientes para hacer frente a la deuda y, por último, sus ingresos, conjuntamente con los del propio hipotecado, no superen el 60% de la letra de la hipoteca. (...)

- 3. La tipología de viviendas es arbitraria y claramente insuficiente. Así, entran en la misma escala del baremo ciudades como San Sebastián o Badajoz, cuando el precio de una vivienda en la primera casi triplica el de la segunda. Asimismo, las sobretasaciones de más de un 30% del valor de la vivienda efectuadas por la banca –recientemente denunciadas por el propio gobierno– supondrán una nueva traba inmotivada para la aplicación de las medidas de este decreto-ley. (...)

- 4. Todas estas limitaciones hacen que se produzcan enormes agravios comparativos en la aplicación del decreto-ley. Así, los nuevos intereses de demora del 2,5% sobre el capital pendiente del préstamo solamente afectan a los deudores en el umbral de exclusión. Al resto seguirán aplicándose intereses de demora que, en ocasiones, pueden llegar a superar el 20%, sin modificación alguna.

- 5. El decreto-ley supone un vehículo para la agilización de las subastas notariales. Sin tener nada que aportar con respecto a los objetivos marcados (recordemos que eran medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios), se acortan todos los plazos para que las viviendas sean adjudicadas por las entidades financieras. Además, se evita la tutela judicial en los procesos de desahucio. (...)

- 6. La supervisión del “código de buenas prácticas” nace viciado. La mayoría de los miembros de la Comisión de control provienen de entidades que han fallado claramente en el control de las prácticas bancarias: Banco de España, CNMV, Asociación Hipotecaria. No han sido incluidos ni asociaciones de consumidores ni ningún tipo de organización de defensa de hipotecados. (...)

- 8. La adhesión voluntaria al “código de buenas prácticas” es una forma astuta de alejar del debate las reclamaciones a favor de la retroactividad de la dación en pago. La voluntariedad elimina la imposición legal. (...)

- 9. El Código de buenas prácticas sólo es asumible por las entidades financieras. De esta forma, no se podrá dar solución a las reunificaciones de deuda llevadas a cabo por gestorías y otras entidades que operan en el mercado español. (...)

Por todo ello, ATTAC Madrid califica el decreto-ley de ineficaz. Es completamente inútil para garantizar el derecho a la vivienda. Desde que el actual gobierno tomó posesión se han dictado una seria de medidas para afrontar el problema que tiene la banca con sus activos tóxicos: inversiones en ladrillo y suelo.

 En ninguna se ha planteado el problema desde el punto de vista del derecho al acceso a una vivienda digna. Todas han pretendido ayudar a solventar la situación financiera de la banca. Son medidas especialmente favorecedoras para las entidades de mayor tamaño. (...)

Especialmente graves son los desahucios que se llevan a cabo en las viviendas sociales gestionadas por las administraciones. Personas que acceden a este tipo de viviendas por carencia de recursos económicos y que son desahuciadas por entidades como el IVIMA en Madrid, por esos mismos motivos económicos.

 Una aberración que se sigue produciendo a diario. ATTAC Madrid lamenta la ausencia de una política de vivienda que encare el derecho a la vivienda como un derecho constitucional."          (Attac Madrid, 14/03/2012)

Los desahucios amargan a 200.000 familias

"Los bancos se quedan en España con una media de 25.000 casas cada trimestre por impagos de hipotecas.

Apenas se las ve, pero ya suman cientos de miles los hogares que han perdido su sueño. Eran los protagonistas de la España de los propietarios millonarios, que, en apenas dos años, se han convertido en familias sin casa y, peor todavía, endeudadas de por vida con el banco. Son los desahuciados, los 203.980 hogares a los que, desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 30 de junio de este año, el banco o la caja de ahorros les ha ejecutado la hipoteca (ver gráfico) a través de un proceso judicial que, en la gran mayoría de los casos, no ha servido a los deudores para quedar en paz con la entidad financiera.

"La vivienda se adjudica en subasta, muchas veces al propio banco, pero la tasación de la vivienda ni siquiera cubre el importe del préstamo, y la gente se queda sin casa y debiendo todavía al banco hasta el 40% del crédito. Así es imposible levantar cabeza", asegura José Carlos Coutiño. Como responsable del departamento Jurídico de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), Coutiño lleva meses intentando ayudar a muchas de esas familias a las que las autoridades no quieren ver.

El que pierde la casa prefiere no contarlo y los demás no queremos verlo. Menos aún si se es político. "Ya es un problema de dimensiones sociológicas, y en España, al contrario que en Estados Unidos, Reino Unido o incluso Irlanda, además de echarlos de la casa se les sigue persiguiendo, pero parece que a los políticos no les afecta", protesta el economista especializado en temas inmobiliarios Julio Rodríguez.

Para él, lo más escandaloso es que las entidades, cuando ya sabían la que se avecinaba, "se limitaron a pedir más a la gente. No se conformaron y siguieron dando, pero exigiendo garantías adicionales, que no eran sino llamar a los padres que tenían su casa pagada para pedirles avales. Y ahora hay auténticos dramas, en los que los hijos se quedan sin casa y la madre va al asilo". "El asalto más fuerte coincide Rodríguez con Coutiño es que no hay manera de que los bancos bajen el precio de la vivienda, pero al hipotecado se le impone un precio, fijado por una tasadora de la entidad, para el que hay toda la flexibilidad a la baja. Es el que amarga al desahuciado y lo endeuda para toda la vida".

Tras su paso por las presidencias del Banco Hipotecario y de Caja Granada, sabe de lo que habla. De hecho, la mayor de todas las tasadoras, Tinsa, es propiedad de las cajas de ahorro, y él, como presidente de la caja andaluza, fue miembro durante años de su consejo de administración. Pero tasadoras y entidades niegan que se estén infratasando los inmuebles que llegan a las subastas judiciales tras haberse dejado de pagar una hipoteca. "¿Eso qué significa?, ¿que si no fuera un embargo la tasación sería más alta?, responde incómodo el director de márketing de Tinsa, Raul García: "No es cierto que antes se sobretasara y ahora al contrario. Lo que pasa es que antes las viviendas valían más y ahora valen menos". Tampoco los bancos lo reconocen. La portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB) asegura rotunda que "los bancos tienen buenas prácticas".

Víctor Manuel Adriano Escudero es un ecuatoriano de 54 años que lleva 12 en España, el último con constantes visitas a una sucursal madrileña de Banesto. El 14 de septiembre de 2007, cuando la crisis ya asomaba orejas, hocico y hasta el rabo, el banco le concedió un crédito a él, su mujer, y dos de sus hijos, para que se compraran una vivienda en el municipio toledano de Yuncos por la que pagó 234.394,70 euros. Con unos intereses ordinarios del 8,45%, tenía 27 años para devolverlo con los ingresos de su pequeña empresa de construcción, que daba de comer a otros 18 empleados. Pero llegó la crisis y no pudo pagar. Pidió una reducción de su cuota de 1.200 euros a cambio de un alargamiento en el plazo. Tampoco así consiguió seguir al día. "He ido tantas veces al banco, pero ¡no hay manera¡", explica. Al final, con unos intereses de demora del 20,5%, su deuda total ascendía a 375.000 euros, según las cuentas que le envió por correo electrónico el "Gestor de Recuperaciones Hipotecarias" del banco.

En esa misiva, le propuso una operación de dación en pago por la que, a cambio de la vivienda, la entidad le reducía algo su deuda. Así, tras tasarla en 188.100 euros (un 20% menos de lo que costó), aún le quedarían otros 187.800 euros por pagar. El banco se mostró comprensivo y en el documento añadió una quita de 75.000 euros: "Esto es lo que el banco os perdona", dice textualmente el correo, que fija la "deuda final entre 100.000 y 110.000 euros". En Banesto responden con un "no hablamos de casos de clientes particulares", y sobre el mecanismo, que no pueden "hablar en general sin conocer los casos".

40.000 entregas de viviendas

Fernando Herrero, secretario general de la asociación de usuarios de banca ADICAE, que asesora a Víctor, sí explica la importancia que está adquiriendo esta práctica de quedarse la casa sin que se liquide la deuda: "Calculamos que el año pasado hubo más de 40.000 daciones, que no son sino desahucios sin control judicial que se deben sumar a las 90.000 ejecuciones". Y añade otro dato: entre 2004 y 2008 se constituyeron en España casi seis millones de hipotecas, de las que el 40% tiene hoy un valor de tasación por debajo del préstamo concedido.

"Las autoridades podrían por lo menos reconocer este problema", pide Julio Rodríguez, y Herrero añade que "se está ocultando una situación dramática porque se pretende que el ciudadano pague esta situación derivada de años de libertinaje en la concesión de créditos". Mientras, las ejecuciones siguen creciendo." (Público, 17/10/2010)

La moratoria hipotecaria beneficia sólo a 5.800 familias

"La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo ayer que se han formalizado 5.810 moratorias hipotecarias a parados desde la puesta en marcha de esta línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) el pasado 1 de marzo. Salgado acudía al pleno del Senado, donde indicó que la cifra no es más alta porque no hay más solicitudes. "Todas las peticiones que han llegado se han atendido, el problema será que no hay peticiones", indicó. (...)

Vindel aseguró que un solo banco ha revisado las condiciones de hasta 50.000 préstamos, 10 veces más que los créditos de la línea moratoria hipotecaria. (...)

La vicepresidenta agregó que la rebaja del Euríbor ha permitido que las cuotas hipotecarias hayan bajado de media unos 200 euros al mes. Ésta es "otra posible" explicación a que el impacto de la línea del ICO no sea más elevado.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó el pasado 3 de noviembre una medida que, según dijo, beneficiaría a medio millón de "familias con problemas". La moratoria hipotecaria supondría un alivio para los parados, que a partir del pasado 1 de marzo pueden solicitar una rebaja de la mitad de su cuota hipotecaria durante dos años." (El País, ed. Galicia, Economía, 24/06/2009, p. 25)