El Estado debería tratar las drogas igual que el alcohol y el tabaco: dando libertad al individuo y sancionando el daño a terceros

"Los electores del Estado de California rechazaron el martes 2 de noviembre legalizar el cultivo y el consumo de marihuana por 53% de los votos contra 47%, una decisión a mi juicio equivocada.

La legalización hubiera constituido un paso importante en la búsqueda de una solución eficaz del problema de la delincuencia vinculada al narcotráfico que, según se acaba de anunciar oficialmente, ha causado ya en lo que va del año en México la escalofriante suma de 10.035 muertos. (...)

La legalización de las drogas no será fácil, desde luego, y, en un primer momento, como señalan sus detractores, traerá sin duda un aumento del consumo, sobre todo, en sectores juveniles. Por eso, la descriminalización sólo tiene razón de ser si viene acompañada de intensas campañas informativas sobre los riesgos y perjuicios que implica su consumo, semejantes a las que han servido para reducir el consumo del tabaco en casi todo el mundo, y de esfuerzos paralelos para desintoxicar y curar a las víctimas de la drogadicción.

Pero el efecto más positivo e inmediato será la eliminación de la criminalidad que prospera exclusivamente gracias a la prohibición. Como ocurrió con las pandillas de gánsteres que se volvieron todopoderosas y llenaron de sangre y de muertos a Chicago, Nueva York y otras ciudades norteamericanas en los años de la prohibición del alcohol, un mercado legal acabará con los grandes carteles, privándolos de su cuantioso negocio y arruinándolos. Como el problema de la droga es fundamentalmente económico, económica tiene también que ser su solución.

La legalización traerá a los Estados unos enormes recursos, en forma de tributos, que si se emplean en la educación de los jóvenes y la información del público en general sobre los efectos dañinos para la salud que tiene el consumo de estupefacientes puede tener un resultado infinitamente más beneficioso y de más largo alcance que una política represiva, la que, aparte de causar violencias vertiginosas y llenar de inseguridad la vida cotidiana, no ha hecho retroceder un ápice la drogadicción en ninguna sociedad.

En un artículo publicado en The New York Times el 28 de octubre, el columnista Nicholas D. Kristof cita una investigación presidida por el profesor de Harvard Jeffrey A. Miron en la que se calcula que sólo la legalización de la marihuana en todo Estados Unidos haría ingresar anualmente unos 8.000 millones de dólares en impuestos a las arcas del Estado, a la vez que le ahorraría a éste una suma equivalente invertida en la represión.

Esa gigantesca inyección de recursos volcada en la educación, principalmente en los colegios de barrios pobres y marginales de donde sale la inmensa mayoría de drogadictos, reduciría en pocos años de manera drástica el tráfico de drogas en ese sector social que es el responsable del mayor número de hechos de sangre, de la delincuencia juvenil y el desquiciamiento familiar.

Nicholas D. Kristof cita también la conclusión de un estudio realizado por ex policías, jueces y fiscales de Estados Unidos, donde se afirma que la prohibición de la marihuana es la principal responsable de la multiplicación de pandillas violentas y carteles que controlan la distribución y venta de la droga en el mercado negro obteniendo con ello "inmenso provecho".

A estos argumentos pragmáticos a favor de la descriminalización de las drogas sus adversarios suelen responder con un argumento moral. ¿Debemos, pues, rendirnos, alegan, al delito en todos los casos en que la policía se muestre incapaz de atajar al delincuente, y legitimarlo?

¿Esa debería ser la respuesta, por ejemplo, ante la pedofilia, la brutalidad doméstica, la violencia de género, fenómenos que, en vez de disminuir, aumentan por doquier? ¿Bajar los brazos y rendirnos, autorizándolas, ya que no ha sido posible eliminarlas?

No se debe confundir el agua y el aceite. Un Estado de derecho no puede legitimar los crímenes ni los delitos sin negarse a sí mismo y convertirse en un Estado bárbaro. Y un Estado tiene la obligación de informar a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren fumando, bebiendo alcohol o drogándose, por supuesto. Y de sancionar y penalizar con severidad a quien, por fumar, emborracharse o drogarse causa daños a los demás.

Pero no parece muy lógico ni coherente que si ésta es la política que siguen todos los gobiernos en lo que concierne al tabaco y al alcohol, no la sigan también en el caso de las drogas, incluidas las drogas blandas, como la marihuana y el hachís, pese a estar más que probado que el efecto pernicioso de estas últimas para la salud no es mayor, y acaso sea menor, que el que producen en el organismo los excesos de tabaco y de alcohol. (...)

Por eso, no veo por qué tendría el Estado que prohibir que una persona adulta y dueña de su razón decida hacerse daño a sí misma, por ejemplo, fumando porros, jalando coca, o embutiéndose pastillas de éxtasis si eso le gusta o alivia su frustración o su desidia. La libertad del individuo no puede significar el derecho de poder hacer solo cosas buenas y saludables, sino, también, cosas que no lo sean, a condición, claro está, de que esas cosas no dañen o perjudiquen a los demás.

Esa política, que se aplica al consumo de tabaco y alcohol, debería también regir el consumo de drogas. Es peligrosísimo que el Estado empiece a decidir lo que es bueno y saludable y malo y dañino, porque esas decisiones significan una intromisión en la libertad individual, principio fundamental de una sociedad democrática." (MARIO VARGAS LLOSA: Avatares de la marihuana. El País, ed. Galicia, opinión, 07/11/2010, p. 37)

La inaplazable legalización de las drogas...

"Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.

El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública, y una infraestructura de terror capaz de liquidar a cualquiera, no importa cuán protegido estuviera. Dio algunos ejemplos de casos donde se comprobó que los candidatos finalistas de concursos para proveer vacantes en cargos oficiales importantes relativos a la Seguridad habían sido previamente seleccionados por la mafia.

La conclusión era simple: si el gobierno no actuaba de inmediato y con la máxima energía, México corría el riesgo de convertirse en poco tiempo en un narco-estado. La decisión de incorporar al Ejército, explicó, no fue fácil, pero no había alternativa: era un cuerpo preparado para pelear y relativamente intocado por el largo brazo corruptor de los cárteles. (...)

Los argumentos de los críticos son, principalmente, los siguientes: no se declaran guerras que no se pueden ganar. El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.

Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.

Esta verdad vale no sólo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos. En algunos, como en Colombia, Bolivia y Perú, avanza a ojos vista y en otros, como Chile y Uruguay, de manera más lenta. Pero se trata de un proceso irresistible que, pese a las vertiginosas sumas de recursos y esfuerzos que se invierten en combatirlo, sigue allí, vigoroso, adaptándose a las nuevas circunstancias, sorteando los obstáculos que se le oponen con una rapidez notable, y sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la globalización como lo hacen las más desarrolladas transnacionales del mundo.

El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.

¿No hay, pues, solución? ¿Estamos condenados a vivir más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón? La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados. En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores.

La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.

El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención. De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal. (...)

Lo que ocurre en México es trágico y anuncia lo que empezarán a vivir tarde o temprano los países que se empeñen en librar una guerra ya perdida contra ese otro Estado que ha ido surgiendo delante de nuestras narices sin que quisiéramos verlo."
(MARIO VARGAS LLOSA: El otro Estado. el País, ed. Galicia, opinión, 10/01/2010, p. 31 )