La Costa del Sol del narcotráfico... se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico, el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más... Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto? Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente... por ejemplo, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad

"Hace 20 años Marbella saltó por los aires. Desde entonces, nada es lo mismo en la Costa del Sol. La Operación Malaya contra la corrupción urbanística acabó con un sistema de incumplimiento sistemático de la legalidad que nació con la llegada de Jesús Gil a la alcaldía y acabó con la detención de un centenar de personas. Aquel trabajo policial supuso la disolución del Ayuntamiento, primera y única vez que esto ha sucedido en democracia. También un antes y un después para todo el litoral malagueño, que dos décadas más tarde ha conseguido liberarse de la imagen de corrupción, pero se enfrenta a nuevos retos ante un crecimiento que parece infinito. Entre ellos, la escasez de recursos naturales, los problemas de movilidad o el crimen organizado. De fondo, la falta de vivienda y la masificación turística, que va ya mucho más allá del verano en estos casi 150 kilómetros de urbanización continua donde viven 1,3 millones de personas. Y cuyo nuevo centro de gravedad se ha desplazado hacia Málaga, paradigma de este litoral.

Hoy en el Consejo Consultivo de Andalucía, el abogado Diego Martín Reyes fue el elegido hace dos décadas para presidir la comisión gestora que puso orden —en la medida de lo posible— en el Consistorio marbellí. “Malaya corrigió Marbella y provocó que actuaciones similares en ayuntamientos cercanos fuesen descubiertas y enjuiciadas”, recuerda. Ciudades como Estepona, Manilva o Ronda se vieron salpicadas en grandes tramas corruptas, que con el paso de los años han ido desapareciendo de los titulares. “La operación supuso una catarsis en los poderes públicos, un punto de inflexión; pero tengo dudas de que no sigan ocurriendo irregularidades”, advierte Diego Vera, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Gobierno y Territorio (I-INGOT) de la Universidad de Málaga (UMA), quien trabaja, de hecho, en analizar si hoy hay otras fórmulas de corrupción urbanística que pasen desapercibidas. “Entonces era todo muy burdo, con tonadilleras, futbolistas y bolsas de basura llenas de dinero. Ahora no sabemos si se están produciendo corruptelas más sutiles”, apunta. “O puede que funcione todo bien, es lo que queremos saber”, cuenta quien fue uno de los redactores del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que pretendía poner orden al urbanismo en la zona pero acabó tumbado por el Tribunal Supremo porque la Junta de Andalucía no emitió el informe sobre impacto de género.

El documento se empezó de nuevo y aún hoy no ha sido aprobado. “Tuvimos un momento donde los criterios de ordenación territorial se agudizaban, pero ahora vuelven a estar adormecidos. Si miras al litoral es todo un desastre, con problemas gravísimos” advierte Vera, que cree que la disrupción se produce porque cada municipio va a lo suyo y porque lo privado avanza a toda velocidad buscando rentabilidad, mientras lo público va detrás intentando dar servicios, pero de forma más lenta —para cumplir la legalidad— y sin tantos recursos. “El urbanismo devorador es lo que más ha marcado a la Costa del Sol en su historia reciente”, recalca Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción en Mijas, que a sus 56 años lleva desde los 16 implicada en la defensa del medioambiente. “Se ha esquilmado todo”, lamenta quien, además, pone el acento en la crisis climática y la escasez de recursos naturales de este territorio, como ha demostrado la reciente sequía, que puso en jaque al turismo y mantuvo a buena parte de su población con restricciones y cortes de agua durante dos años.

De la vivienda al narcotráfico

Más allá del daño al medio ambiente, las consecuencias del crecimiento infinito del hormigón son evidentes, sobre todo en verano. A un lado, la movilidad. Basta con subir al coche para encontrarse con la A-7 colapsada y una AP-7 de pago que nadie ve como una solución, ni siquiera si dejaran de cobrar peaje. El Cercanías —saturado, aunque en proceso de desdoblamiento— solo llega hasta Fuengirola dejando a Marbella como única gran ciudad sin ferrocarril y el ambicioso tren litoral que apenas ha avanzado en 20 años a pesar de los cambios de gobierno estatales y autonómicos. Al otro lado, la escasez de vivienda, una paradoja porque a simple vista es fácil ver decenas de grandes grúas construyendo miles de pisos en todo el litoral año a año. “Pero la mayoría son para el turismo, segundas residencias y, sobre todo, inversión” asegura Fernando Almeida, profesor de Geografía en la Facultad de Turismo de la UMA, quien expone cómo en el litoral malagueño el urbanismo y el turismo “van de la mano”. “La confianza del inversor es hoy mayor precisamente porque Marbella fue obligada a limpiar su casa de forma pública y ejemplar”, destaca Christopher Glover, máximo responsable de Panorama Properties. Como consecuencia, el mercado marbellí está desbocado, situación que ha contagiado a municipios cercanos como Estepona y Benahavís.

Ahí merece la pena hacer un apunte porque en esas localidades también se ha extendido lo que ya parece un mal sistémico: el crimen organizado. El número de bandas organizadas se ha multiplicado en un territorio que ya no da para más. Esa competencia es el origen de los múltiples tiroteos que se producen cada año. “Viene de los años 70 y 80, mucho antes de Malaya, pero ahora se ha complicado más. Es un grave problema a nivel económico y social que no se afronta con decisión: solo la policía hace su trabajo y con eso no es suficiente”, indica Alejandra Gómez-Céspedes, criminóloga que coordinó la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado de la ONU, quien advierte lo que muchos investigadores: la posibilidad de que un día las balas equivoquen su camino y haya víctimas colaterales. “Hay armas de guerra en cualquier sitio. ¿En qué momento se ha dejado prosperar todo esto?”, se pregunta.

Turismo sin límites

Los ajustes de cuentas apenas tienen influencia sobre esa gran actividad transversal y origen de la Costa del Sol, el turismo, que generó 21.811 millones de euros en 2025, según los datos de la Diputación, que dicen que en este litoral hay 650.000 plazas en 87.500 alojamientos, 84.000 de ellos pisos turísticos, agravando la crisis habitacional. “El destino es indestructible, pero ya no tiene mucho más margen para crecer. O no debería tenerlo si no quiere terminar de reventar el territorio”, avisa Germán Ortega, profesor en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (IATUR), quien pone como gran protagonista de la turistificación a la capital, la que más sufre sus consecuencias en la actualidad. “Hace 20 años la ciudad era un vacío, pero el turismo ha entrado de manera disruptiva, poniendo todo patas arriba y cambiando la ciudad para lo bueno y lo malo”, afirma.

Su colega Alfonso Cerezo, también del IATUR, subraya cómo la política malagueña tiene cada vez discursos centrados en primar la calidad del turismo frente a la cantidad —traducida principalmente en mayor gasto y menos viajeros— pero luego celebran que la Costa del Sol bata récords año a año. Sin ir más lejos, el año pasado registró su mejor cifra histórica con 14,6 millones de visitantes y el aeropuerto de Málaga también se superó a sí mismo alcanzando los 26,7 millones de viajeros. “Y no podemos crecer siempre”, insiste. Cerezo celebra, eso sí, que cada vez más ayuntamientos llaman a la puerta del IATUR en busca de investigaciones y generación de conocimiento que sirva de base para elaborar planes estratégicos de turismo, también consultando a la ciudadanía, en busca de soluciones y equilibrio. Marbella, Mijas o Torremolinos ya lo han hecho. “Antes eso nunca se hacía y es una buena noticia”, añade el investigador. “El problema está en que por muchas normas que pongas, la economía, el mercado, siempre encuentra cómo superarlas”, advierte Fernando Almeida y se comprueba ante la creciente turistificación y gentrificación de la capital y otras muchas zonas del litoral.

Esos tres municipios mencionados tienen, además, otro punto en común: están gobernados por el Partido Popular y ocurre lo mismo en todos los que componen la Costa del Sol occidental y oriental —a excepción de Manilva, donde gobierna el partido local Compromiso Manilva— en muchos casos con mayorías sólidas. “Tras Malaya se produjo una clara derechización del litoral por varias razones. La principal, que el PSOE ya estaba desgastado en la Junta de Andalucía y la derecha fue ganando posiciones en los municipios desde una postura tranquila, sin radicalismos, como predica Juan Manuel Moreno Bonilla. Esa forma de hacer convence, más allá de los resultados de sus políticas”, explica Ángel Valencia, catedrático de Ciencias Políticas en la UMA.

Valencia señala, además, cómo muchos de estos ayuntamientos tienen salud de hierro con alcaldes que parecen intocables. Pase lo que pase. Habla de José María García Urbano (PP), salpicado por varios casos judiciales que no desgastan su liderazgo en Estepona; o Ángeles Muñoz (PP) en Marbella, con su hijastro y su marido —ya fallecido— envueltos en un caso de blanqueo de capitales y narcotráfico, sin que haya mermado su popularidad desde que se hiciera con el cargo, tras Malaya, en 2007, salvo un paréntesis de dos años. Destaca, además, una izquierda “que muestra cierta incapacidad de recuperar la iniciativa política”. “No genera líderes convincentes, pero tampoco discursos o programas ilusionantes”, indica. Un caso claro, en su opinión, es el de Daniel Pérez en la capital, que no ha sabido conectar con la ciudadanía a pesar del grave problema de vivienda de Málaga o la turistificación, que podrían haber hecho tambalear al alcalde, Francisco de la Torre. “La clase media ha progresado y cree que la derecha protege mejor sus intereses económicos que uno de izquierdas, aunque puede no ser cierto”, concluye Diego Martín Reyes con el recuerdo de Malaya aún muy presente." 

(Nacho Sánchez , El País, 05/05/26)  

Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo... 2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar... “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa... Los propietarios estamos desamparados de alguna manera"... Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador... cada día en el BOE llegan nuevas resoluciones con sanciones a propietarios por residir o no dedicar sus viviendas en zonas turísticas a esa actividad (Jennifer Jiménez)

 "Pese a que el Gobierno canario anunció que se cancelaban estas sanciones, siguen las multas a los propietarios por vivir en zonas turísticas, por no dedicarlos a esta actividad o no cederlos a un explotador

2.250 euros. Es la propuesta de multa que les ha llegado a los propietarios de un apartamento en La Gomera por no destinarlo al turismo. Viven en Tenerife y usan su vivienda para pasar fines de semana y a veces largas temporadas, ya que en La Gomera tienen arraigo familiar. Una de las propietarias explica que se siente “indefensa” ante la Ley Turística en la que se ampara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para sancionarles, ya que compró esta propiedad con unas expectativas de disfrute o de que puedan usarlo sus hijos en un futuro incluso para residir, como han hecho otros conocidos suyos. “Te ves en una situación de indefensión porque has hecho un esfuerzo para comprar esta propiedad con unas expectativas de disfrute más que de otra cosa y es una inversión para el futuro de tus hijos”, explica. 

El expediente de sanción le llegó a estos propietarios recientemente, bastantes meses después del decreto de marzo con el que el Gobierno canario anunciaba la suspensión de las sanciones a los propietarios en zonas turísticas que no lo dedicaban a este fin y residieran en sus apartamentos o no lo cedieran a un explotador turístico. Los propietarios esperan que se haga justicia y finalmente no tengan que pagar y van a batallar por ello. 

Los propietarios prefieren salvaguardar su nombre, el nombre del complejo y el municipio donde se encuentra. No obstante, este periódico ha tenido acceso al expediente y en la propuesta de sanción se recoge que, en respuesta al requerimiento del Servicio de Inspección, los titulares manifestaron que hacen “uso de su casa como segunda vivienda”. Y se considera que se ha incumplido “el deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida en el momento de su edificación”, que era el de dedicarlo a la actividad turística en modalidad extrahotelera en lugar de dedicarlo “al uso residencial”. En el informe de Inspección se sostiene que “ni los propietarios ni el Ayuntamiento han acreditado que se haya consolidado el uso residencial que se está realizando ni que el mismo esté permitido por el planeamiento ni por la licencia”. 

Para la determinación de la sanción se ha tenido en cuenta que la infracción originaria es “muy grave” conforme al tipo infractor del artículo 75.14 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias: “Se consideran infracciones muy graves a la disciplina turística el incumplimiento del deber de atenerse al uso establecido por el planeamiento, destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales”, siendo no obstante, considerada como “grave” por aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.18 del mismo texto legal, que señala que “constituyen infracciones graves a la normativa turística las infracciones tipificadas como muy graves que por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias no deban considerarse como tales”. 

Por todo ello, se propone como sanción 2.250 euros para estos propietarios. La afectada explica a este periódico que no va a pagar la multa y que va a recurrir hasta última instancia. 

“Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa”

“Cuando compramos ponía un contrato de explotación turística pero era de mutuo acuerdo renovarlo o no y en las escrituras no pone que estés limitado a ese uso de por vida”, apunta. “No dice que la vivienda tenga uso exclusivo turístico”, insiste. 

La propietaria multada subraya que en su complejo hay personas que han alquilado a médicos y otros profesionales que han venido a La Gomera a trabajar por temporadas y que los han alquilado y que hay otras casuísticas. Recuerda que hasta la Ley Turística de 2013 no se ponía esta limitación de que no se puede residir en las zonas consideradas turísticas. 

“Los propietarios estamos desamparados de alguna manera porque además, cuando compramos, no compramos una plaza alojativa. Hay otros complejos en los que no hay división horizontal y compras un porcentaje dentro del edificio, pero nosotros compramos en estos casos una vivienda determinada”, asegura. “Lo que yo tengo es una vivienda, yo no tengo una plaza alojativa, tengo una escritura y tengo una vivienda”, insiste. 

Un goteo constante de multas 

Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias han explicado a este periódico que el decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo, lo que dice es que se suspenden las sanciones por un plazo de tres años y a petición del interesado. Además, remarca que se realizará en los municipios que hubieran iniciado los procedimientos de especialización de usos del suelo. No obstante, no disponen de un listado de cuántos son ni de cuáles son los municipios que han iniciado esa especialización y matizan que los expedientes individuales no se pueden comentar por protección de datos. 

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, recuerda que cuando se anunció ese decreto ella aseguró que “insultaba a la inteligencia y que era un decreto mentiroso”. “El artículo 3 de este decreto, quien lo lee lo sabe, no suspende las multas”, añade. “¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 3? Que nosotros tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso. Y que si lo solicitamos en tres años se paralizan las multas, pero no significa que el uso te lo concedan, sino que hay un stand-by. Eso es lo que dice el decreto”, resume. 

“¿Cómo vamos a ir nosotros a solicitar algo que ya tenemos? Si nosotros tenemos un uso residencial consolidado y legal, ¿para qué tenemos que ir al ayuntamiento a solicitar un cambio de uso? Si voy al ayuntamiento y solicito un cambio de uso, es una trampa. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que yo soy turístico y que estoy declarándome turístico y que quiero que me lo cambies a residencial. Luego, si yo me declaro que tengo un uso turístico eso es haber afirmado que mi uso era un uso que no era legal y mi uso residencial”, insiste. 

“Como el cambio de uso es por parcela, no es por apartamento o bungaló, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo los propietarios de una parcela si tenemos intereses enfrentados? ¿Y por qué metes a los propietarios de una parcela cuya convivencia ha existido durante más de 50 años de forma pacífica, pudiendo convivir sin haber tenido ningún tipo de problema de convivencia? ¿Por qué los metes en esa situación? ¿Para qué? ¿Para favorecer qué?”, se cuestiona. 

“Lo que nosotros decimos es lo que está detrás de todo esto, que es el favorecer el modelo turístico extrahotelero, el de siempre, ese que es caduco, trasnochado y obsoleto”, incide Doreste, que apunta que cada día en el BOE llegan nuevas resoluciones con sanciones a propietarios por residir o no dedicar sus viviendas en zonas turísticas a esa actividad. Multas que rondan los 2.250 euros como la de estos propietarios de La Gomera y que les colocan en la incertidumbre. " 

(Jennifer Jiménez , eldiario.es, 08/11/25) 

Veinte turistas por cada residente: el motor económico de Baleares avanza hacia el colapso ambiental y social... En Baleares, la sequía se ha vuelto crónica, pero en vez de atajarla “estamos regando campos de golf, abriendo parques acuáticos y llenando piscinas por todas partes... la población local sufre cortes y restricciones de agua mientras los hoteles y resorts llenan sus piscinas... las cremas solares liberan al mar unas 4.000 toneladas de químicos cada año, afectando a animales como los corales y los peces. A las cremas se suman los vertidos de aguas fecales, también masivos... la mitad del parque residencial está destinado a alquiler vacacional y gestionado por plataformas como Airbnb o Booking, que agendan un montón de pisos sin licencia. Baleares tiene los precios por metro cuadrado más caros de España... Cáritas atendió en Mallorca a casi 1.000 personas sin hogar, la mayoría trabajadores asalariados que no podían permitirse pagar un alquiler dentro de la isla... los precios por habitación oscilan entre los 500 y los 1.200 euros... El mercado laboral asociado al turismo en Baleares está basado en empleos precarizados y salarios bajos... “Los poderes políticos no aportan ninguna solución... Lo que hacen es intentar calmar el malestar social, no molestar a los turistas y que los empresarios sigan amasando riqueza" (Alberto Mesas)

"No hace tanto, apenas 60 años, lugares como Alcúdia, Ibiza o Maó eran pequeños pueblos costeros con unos pocos miles de habitantes que vivían principalmente del campo y de la pesca. Hoy, como otros muchos municipios a lo largo de todo el litoral balear, son algunos de los destinos más demandados de Europa. Las Islas Baleares, donde habitualmente residen 1,2 millones de personas, recibieron el año pasado 20 millones de turistas. El aeropuerto de Palma de Mallorca, por ejemplo, recibe más de 31 millones de pasajeros anuales, con picos de hasta 66 vuelos por hora.

Solo en los primeros cinco meses de este año, las islas han recibido más de cuatro millones de visitantes, un incremento del 3,7% respecto a 2024, una cifra que evidencia la enorme presión demográfica que soporta el archipiélago, ya que esa gran masa de turistas se baña en sus playas, consume su agua potable y se aloja en su parque de vivienda.

El boom turístico ha transformado radicalmente la morfología de las Islas, provocando una auténtica mutación urbana y social, y está acarreando serios problemas ambientales que van desde la rápida degradación de las costas hasta la sequía. Unos problemas que en los últimos años se han visto agravados por el cambio climático.

Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme Més Vida Mallorca, es conciso: “Para la gente que vivimos aquí el turismo es una maldición, porque nos ha condenado a unas condiciones de vida y de trabajo muy precarias. Obviamente, para los empresarios capitalistas es una bendición, porque están lucrándose, pero a costa de la explotación de la clase trabajadora y la destrucción de nuestra tierra”.

Beneficio económico a un alto coste ambiental

El turismo es el pilar fundamental de la economía balear. Su peso directo e indirecto sobre el PIB regional supera el 40%, muy por encima del peso que tiene en la economía estatal, con un 13% del PIB el año pasado. En 2024, los turistas gastaron en Baleares más de 22.000 millones de euros, tal y como detalla un informe de la Consellería d’Economía. Sin embargo, el llamado fenómeno de la “balearización”—término que describe la urbanización masiva y desordenada del litoral de las Islas— también es el símbolo de los riesgos asociados a un modelo turístico basado en el crecimiento constante e ilimitado.

Durante mucho tiempo, principalmente en los años del ladrillazo, en Baleares se construyeron grandes complejos turísticos prácticamente en la orilla del mar. Las consecuencias de esta urbanización acelerada y la sobredimensión del sector hotelero son la degradación de ecosistemas, la saturación de playas y carreteras durante la temporada alta y un aumento de los conflictos sociales, con residentes en pie de guerra que denuncian el empeoramiento de la calidad de vida.
El turismo se bebe 1 de cada 4 litros de agua

En Baleares, la sequía se ha vuelto crónica. El archipiélago cerró 2024 con unas reservas hídricas del 52 %, dos puntos menos que en 2023. En junio de este año, las reservas habían caído al 48 %, el nivel más bajo desde que hay registros. Al inicio del verano, el 98,4 % del territorio estaba bajo prealerta de sequía, con Ibiza y Menorca en una situación especialmente alarmante.

La saturación de la infraestructura hídrica y la falta de reservas estratégicas convierten a las Baleares en una de las regiones europeas más vulnerables ante olas de calor y sequías extremas. Las Islas han vivido el junio más seco desde 1961 y embalses como los de Gorg Blau y Cúber, vitales para el abastecimiento de Palma, se situaron a mediados de 2025 en apenas el 37 % y el 50 % de su capacidad respectivamente, reflejo de una situación extrema.

“Las Islas Baleares no están preparadas para resistir temporadas de escasez de agua”, comentan desde la asociación ecologista Amics de la Terra. Los elevadísimos consumos no permiten medidas eficientes para plantear restricciones que sean efectivas. Las únicas soluciones que se enuncian desde la Administración competente es construir más plantas desaladoras con todos los efectos medioambientales que estas conllevan”.

La portavoz de la asociación ecologista GOB Mallorca, Margalida Ramis, coincide en la falta de previsión frente a posibles temporadas de sequía aguda: “No se está haciendo una planificación hídrica con suficiente responsabilidad. Estos escenarios se agravarán por la crisis climática”. Para Ramis, “el sistema sigue funcionando como si hubiera agua para todos, para siempre y sin ningún problema, y esto no es la realidad”.

Desde GOB señalan cómo la sequía es un riesgo ya presente en Baleares, pero en vez de atajarlo “estamos regando campos de golf, abriendo parques acuáticos y llenando piscinas por todas partes. Estamos en un modelo en el que se vende un paraíso con chalet y piscina, sin prestarle atención a que ya estamos en una situación de recursos hídricos crítica”.

El turismo consume uno de cada cuatro litros del agua potable disponible en el archipiélago, según un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Acuíferos de la isla como el de Serra Grossa están salinizados al 133% por la sobreexplotación, y las depuradoras vierten 18.000 m³ de agua no tratada al mar, dañando la posidonia, una planta esencial en el suelo marino del Mediterráneo.

La sobrecarga y el estrés que sufren los acuíferos es notable. Según el Plan Hidrológico de Baleares, 29 de las 87 masas de agua subterránea —una de cada tres— están actualmente sobreexplotadas. El turismo y el desarrollo inmobiliario en la línea litoral, sumados al ciclo natural de menor precipitación y aumento de las temperaturas, han alterado el equilibrio hídrico, comprometiendo no solo el abastecimiento a la población, sino también la viabilidad de la agricultura y los hábitats naturales.

A la sobreexplotación de los acuíferos se le suma la contaminación de los suelos. Tal y como detalla Ramis, “la contaminación normalmente se debe a nitratos en algunas áreas de la isla debido a actividades de agricultura y ganadería intensiva. Esto hace que muchos municipios de centro de la isla tengan suministro de agua con una cantidad tan alta de nitratos que la hace no potable”.

Todo esto se traduce en problemas directos para la población local, que sufre cortes y restricciones de agua mientras los hoteles y resorts llenan sus piscinas. El Govern balear ha respondido con medidas más cosméticas que eficaces, como la construcción de plantas desaladoras que solo tratan el 20% de las aguas residuales —el resto se vierte al mar sin depurar— y proyectos como el trasvase desde la península, criticado por su alto coste y su impacto ambiental.

Desde Amics de la Terra denuncian tanto la escasez de agua como de infraestructuras de energía. “Las desaladoras intentan mitigar la falta de agua, pero no llega a todos los pueblos y muchos ya están sufriendo restricciones que afectan a toda la población. Además, la contaminación atmosférica ha llegado a niveles peligrosos para la salud humana, empeorada por la cantidad de tráfico de coches de alquiler y de los megacruceros que llegan a las Islas”.
Degradación ambiental y yates de lujo

La expansión del modelo turístico también tiene consecuencias en el paisaje y el medio natural. ONG como Greenpeace han denunciado que el litoral balear se enfrenta a procesos de degradación acelerada por la construcción masiva de piscinas ilegales, chalets y campos de golf en suelo rústico. Entre las consecuencias de estas prácticas se encuentran la especial vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático y la subida del nivel del mar.

“Es evidente que el cambio climático está ocasionando épocas de sequía más largas, y se producen episodios de lluvias muy torrenciales que no permiten una infiltración pausada para la recarga de los acuíferos de la Isla”, lamenta los ecologistas de Amics de la Terra, que también echan en falta “infraestructuras públicas para almacenar el agua en esos episodios de lluvias torrenciales”.

Cada turista en Baleares erosiona 34 gramos de arena cada vez que pisa la playa. Una pequeña pérdida que en playas como Es Trenc o Caló des Moro acaba sumando toneladas cada año. La contaminación del agua es otro frente abierto. Según el informe Mar Balear, las cremas solares liberan al mar unas 4.000 toneladas de químicos cada año, afectando a animales como los corales y los peces. A las cremas se suman los vertidos de aguas fecales, también masivos.

En 2025, bahías como la de Portmany (Ibiza) alzaron la bandera negra por la deficiente depuración, con hasta un 80% de los vertidos liberados mediante un emisario submarino obsoleto. En verano, la saturación de las plantas depuradoras provoca que 18.000 m³ de aguas sin tratar acaben en el Mediterráneo, dañando praderas marinas y contaminando zonas de baño.

Ajenos a las aguas fecales y la destrucción de la biosfera marina están los yates de lujo. Baleares lidera las matriculaciones de este tipo de embarcaciones recreativas con un aumento del 95% en la última década. Su fondeo incontrolado destruye 30 hectáreas de fondo marino cada año. El Govern balear, lejos de frenar esta tendencia, ha facilitado la legalización de amarres ilegales y reducido las inspecciones.
Gentrificación, especulación y expulsión

Otro de los males que acarrea la masificación turística de las Islas Baleares es la escasez y encarecimiento de la vivienda. En el archipiélago, la mitad del parque residencial está destinado a alquiler vacacional y gestionado por plataformas como Airbnb o Booking, que agendan un montón de pisos sin licencia. Además, el precio medio del alquiler ha subido un 48% en solo cinco años, situándose muy por encima de la media nacional y provocando un efecto expulsión de residentes. Actualmente Baleares tiene los precios por metro cuadrado más caros de España.

“Hace mucho tiempo que se rebasó el límite social y ecológico de la llegada de turistas”, insiste el portavoz de Menys Turisme. “Se ha llegado a un punto de no retorno, sin embargo, a nivel económico y político, los dirigentes y los empresarios quieren seguir creciendo […]. No se hacen estudios de carga poblacional porque a los políticos y los grandes empresarios no les interesa tenerlo. No les interesa que haya datos sobre los que se pueda decir ‘decrecemos hasta aquí, o no se reciben más turistas a partir de este punto’”, añade Pujol.

En la misma idea del decrecimiento inciden en Amics de la Terra. Aunque reconocen el peso económico del turismo en las Islas, consideran que urge “decrecer y fortalecer otros sectores económicos para no depender completamente de turismo”. “Bajar el número de personas que vienen aquí durante los meses de verano y diversificar la economía, enfocándonos a producir aquello que realmente necesitamos para sostener vidas dignas en un contexto insular a 20 o 30 años vista” es la solución que propone la portavoz de GOB Mallorca.

Este problema se hace extensible a los trabajadores esenciales. Muchos de ellos no tienen acceso a una vivienda digna. En 2023, organizaciones como Cáritas, Sojorn o la Fundación La Sapiència atendieron en Mallorca a casi 1.000 personas sin hogar, la mayoría trabajadores asalariados que no podían permitirse pagar un alquiler dentro de la isla debido a los precios abusivos.

La especulación inmobiliaria es otro de los prismas de la crisis habitacional. En zonas como Santa Catalina (Palma), el precio del metro cuadrado se disparó un 120% entre 2015 y 2025. En la isla, cada anuncio de alquiler de habitación recibe de media casi 100 solicitudes, y los precios por habitación oscilan entre los 500 y los 1.200 euros.

Bancos, fondos buitre y de inversión y plataformas online de alquileres especulan con la vivienda aumentando la desigualdad. Según la UIB, en Palma la riqueza inmobiliaria supera al salario como indicador de estatus social y los desahucios por impago se concentran en barrios pobres como Son Gotleu.

“Con la falsa excusa de facilitar el acceso a la vivienda, PP y Vox acaban de aprobar una medida ultraliberal puramente especulativa”. Margalida Ramis se refiere al texto que a principios de julio se aprobó en el Parlament balear y que permite la construcción de vivienda en suelo rústico y la liberalización del suelo. Para GOB Mallorca, esta nueva ley “densificará aún más el crecimiento urbanístico y muchos espacios donde estaba previsto que hubiera servicios y equipamientos públicos y municipales también se cederán a la iniciativa privada para que construya vivienda.
Trabajo precario y sueldos bajos

El modelo de masificación turística y sus extraordinarios beneficios económicos no va acompañado de mejoras laborales. El mercado laboral asociado al turismo en Baleares está basado en empleos precarizados y salarios bajos. Son habituales los contratos temporales de corta duración para funciones específicas (recepcionistas, camareros, personal de limpieza, trabajadores de transporte…) y los turnos de entre 10 y 12 horas son algo común en temporada alta.

Los sindicatos llevan tiempo denunciando que muchos trabajadores no pueden vivir en Baleares pese a ejercer allí. La externalización de servicios ha consolidado modelos laborales precarios, especialmente para las camareras de piso en hoteles, que cobran por habitación y padecen dolencias físicas derivadas de jornadas interminables. El movimiento de las Kellys ha denunciado públicamente esta explotación, poniendo el acento en los bajos sueldos, los riesgos físicos que conlleva su trabajo y los atropellos contra sus derechos laborales.

Sin embargo, la precariedad no solo golpea al trabajador, también condiciona la sostenibilidad del modelo económico. Tanto el Govern balear como las alcaldías se ven obligados a negociar permanentemente con grandes cadenas hoteleras que ejercen presión fiscal y económica. Frente a los grandes inversores, los ayuntamientos apenas disponen de recursos para establecer límites a las plazas turísticas o imponer condiciones sociales a las licencias, lo que reduce la capacidad municipal de controlar el impacto del sector turístico.

A pesar de proponer un cambio de modelo, las voces institucionales se desmarcan del problema. Sin ir más lejos, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado que exista precariedad generalizada, a pesar de reconocer la sobrecarga laboral de muchos trabajadores de las Islas y el aumento del coste de la vida en el archipiélago.
‘Rentista, pingajo, búscate un trabajo’

Desde 2024, Baleares ha vivido un estallido social. Decenas de miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades para denunciar la gentrificación de sus pueblos y ciudades, la inaccesibilidad de la vivienda y la precarización del trabajo; y exigir a las administraciones públicas que tomen medidas como la implantación de moratorias urbanísticas, la prohibición del alquiler vacacional, la imposición de cupos de turistas y un aumento en el control de la llegada de cruceros y vuelos a las Islas.

Una de las protestas más recientes es la que tuvo lugar a mediados del mes de junio en Mallorca e Ibiza. Bajo consignas como “Mallorca no es un parque temático”, “SOS Residentes” o “Rentista, pingajo, búscate un trabajo”, los asistentes denunciaron que el aumento descontrolado del número de turistas provoca saturación de infraestructuras, un incremento de la contaminación, la pérdida de espacios públicos y la expulsión progresiva de la población local debido a la inflación de los precios del alquiler y la gentrificación de los barrios.

Los trabajadores del transporte interurbano balear también se sumaron a las movilizaciones a finales de julio. En plena temporada alta, y secundada por el 90% de la plantilla, la huelga de conductores de autobuses se ha prolongado más de una semana para denunciar jornadas laborales imposibles, descansos insuficientes y sueldos congelados desde hace nueve años. Finalmente, patronal y sindicatos han llegado a un preacuerdo que contempla subidas salariales de más del 8% y la ampliación del calendario de descansos.

No obstante, las autoridades balear y central siguen apostando por la expansión del modelo turístico. El Govern, liderado por el PP con apoyo de Vox, anunció una reducción simbólica de 18.000 plazas turísticas (solo el 4% del total) mientras está impulsando la ampliación del aeropuerto de Palma con una inversión de 247 millones de euros. Asociada con la aerolínea United Airlines, la Administración balear también está promocionando una línea directa de vuelos sin escalas entre las Islas y Nueva York, y ha firmado acuerdos con gigantes como Meliá para construir cientos de viviendas para los empleados de sus hoteles.

“Los poderes políticos no aportan ninguna solución”, denuncia el portavoz de Menys Turisme. “Ahora el Govern es del PP, pero con el PSOE ocurría lo mismo; no hacen absolutamente nada. Se habla de medidas de contención, pero este año, que se supone que entraban en vigor esas medidas, en los primeros cinco meses hemos batido récord de turistas. Lo que hacen es intentar calmar el malestar social, no molestar a los turistas y que los empresarios sigan amasando riqueza”.                 (Alberto Mesas , El Salto, 11/08/25)

Una familia logra cerrar 10 pisos turísticos en Madrid por atentar contra su salud y su intimidad... Una sentencia pionera ordena el cierre de alojamientos vacacionales en La Latina y condena a las empresas a indemnizar con 37.000 euros a una familia afectada por años de insalubridad, ruido y ansiedad... el derecho de propiedad privada no es absoluto, debe cumplir una función social y respetar los derechos de los demás... El juez consideró que el derecho de los vecinos a descansar, criar a sus hijos con tranquilidad y sentirse seguros en su propia casa pesaba más que el lucro empresarial...

 "Por primera vez en España, un tribunal ha ordenado el cierre de diez pisos turísticos no por razones administrativas o urbanísticas, sino por la vulneración de derechos fundamentales. En el corazón del barrio de La Latina, en la calle Toledo, una familia ha conseguido una victoria judicial tras años de padecer lo que califican como un "infierno cotidiano": fiestas constantes, suciedad, borracheras, y un ambiente que no solo atentaba contra su bienestar, sino también contra la salud mental de sus hijos.

Según informa El País, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid, dictada el pasado 19 de junio, representa un hito legal al reconocer que el negocio turístico no puede estar por encima del derecho a una vida digna y tranquila. El fallo obliga a cesar de inmediato la actividad de alquiler vacacional en esos pisos y a abstenerse de retomarla en el futuro. Además, impone una indemnización de 37.000 euros a favor de la familia.

Un hogar convertido en pesadilla

Todo comenzó hace cuatro años, cuando la pareja adquirió y reformó su vivienda en un edificio histórico entre la Puerta de Toledo y la Plaza Mayor. Lo que debía ser su hogar se transformó rápidamente en una pesadilla diaria. De los 60 pisos del edificio, una inmensa mayoría estaba ya dedicada al alquiler turístico. Los pocos vecinos residenciales eran minoría, y sus derechos quedaban completamente relegados.

La familia empezó a sufrir todo tipo de molestias: ruidos a altas horas de la noche, basura en las zonas comunes, fiestas con inquilinos ebrios, incluso relaciones sexuales en espacios compartidos, según testimonió un agente de policía. La situación escaló hasta el punto de afectar gravemente la salud de todos los miembros del hogar. La madre perdió su empleo a causa del estrés, y tanto ella como su pareja y sus hijos desarrollaron síntomas de ansiedad, insomnio y depresión. Un informe forense aportado al proceso judicial confirmó un vínculo directo entre el deterioro psicológico de los niños y las condiciones de convivencia impuestas por la actividad turística del edificio.

Las quejas, denuncias a la Policía y reuniones vecinales fueron inútiles. El control del inmueble estaba en manos de las empresas que explotaban los pisos, que copaban las juntas de vecinos y sorteaban cualquier medida de regulación interna. Desesperados, los padres decidieron acudir a la vía judicial, alegando la vulneración de derechos fundamentales como la intimidad familiar y la inviolabilidad del domicilio.

Una sentencia sin precedentes

El juez no se limitó a evaluar si los pisos cumplían con las licencias municipales, sino que dio un paso más allá. La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para subrayar que el derecho de propiedad privada no es absoluto: debe cumplir una función social y respetar los derechos de los demás.

En este caso, la vida de una familia con niños pequeños estaba siendo sistemáticamente destruida por una actividad económica que generaba insalubridad, alteraba el orden público y comprometía su salud emocional. El juez consideró que el derecho de los vecinos a descansar, criar a sus hijos con tranquilidad y sentirse seguros en su propia casa pesaba más que el lucro empresarial.

El fallo impone el cierre inmediato de los diez pisos turísticos situados en la escalera exterior del edificio —donde reside la familia— y condena a cuatro empresas distintas a pagar una compensación económica. A cada uno de los niños se le reconoce un daño específico cifrado en 9.833 euros, un gesto inédito que pone el foco en la salud mental infantil como derecho protegido.

Los testimonios que lo cambiaron todo

Durante el juicio, los testimonios fueron clave. Un policía municipal que patrullaba la zona declaró que en múltiples ocasiones tuvo que intervenir por quejas vecinales: botellones en la entrada, vómitos, orines, peleas, robos e incluso relaciones sexuales en zonas comunes. Relató cómo encontraba cada fin de semana a grupos de turistas, principalmente extranjeros, completamente ebrios, generando situaciones de verdadero caos.

El portero del edificio también intervino. Relató cómo había denunciado en varias ocasiones destrozos como buzones arrancados, correspondencia tirada, robos y actos vandálicos. También declaró la psicóloga del sistema público que atendía a la madre, y la psiquiatra forense que evaluó a los niños subrayó que ninguno de ellos tenía antecedentes psiquiátricos antes de vivir en esas condiciones, dejando claro el impacto nocivo del entorno.

Uno de los testimonios más llamativos fue el de Mariano Rodríguez de Barutell, alias "Nanín", conocido por su vinculación pasada con la presidencia del Real Madrid. Aunque no estaba imputado en esta causa concreta, sí participó como testigo, ya que explota pisos turísticos en la otra escalera del edificio. Admitió que "es muy difícil vivir con niños en el inmueble" y reconoció el constante trasiego, la basura y las molestias generadas por la actividad turística.

Una victoria legal que puede marcar un antes y un después

Para el abogado de la familia, Miguel Rubio, del despacho Sofima 10, la sentencia marca un precedente: “No es el Ayuntamiento quien ha pedido el cierre, sino una familia. Es la primera vez que se gana un caso así desde la óptica de los derechos fundamentales”.

La resolución judicial es recurrible, pero ya ha encendido las alarmas en un sector que, hasta ahora, se movía con una amplia tolerancia institucional. El modelo de ciudad que prioriza al turista sobre el residente podría estar comenzando a resquebrajarse. La magistrada ha dejado claro que el turismo no puede destruir el tejido social ni convertir los hogares en cárceles emocionales.

¿Qué implica esta sentencia para el futuro de los barrios?

Este caso podría sentar las bases para una nueva oleada de demandas vecinales. La turistificación descontrolada de barrios tradicionales de Madrid y otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia ha generado tensiones crecientes entre residentes y propietarios de alojamientos turísticos.

Hasta ahora, las respuestas institucionales han sido insuficientes o meramente estéticas. La sentencia muestra una vía alternativa: la defensa judicial de los derechos fundamentales. No se trata solo de licencias o normativas urbanísticas. Se trata de salud, dignidad y convivencia.

En barrios donde el alquiler turístico ha desplazado a las familias y encarecido brutalmente el coste de vida, esta sentencia representa una pequeña victoria, pero de gran simbolismo. Muestra que David puede vencer a Goliat, si logra articular su defensa en los marcos adecuados.

Cuando los derechos pesan más que el negocio

El fallo judicial que obliga a cerrar diez pisos turísticos por vulnerar la intimidad y salud de una familia en Madrid abre una puerta hasta ahora cerrada. Es una advertencia para el modelo de ciudad que sacrifica la vida de sus habitantes en favor del turismo de masas. También es una esperanza para quienes resisten en sus barrios, luchando por vivir en paz. Porque una ciudad no se construye con maletas de paso, sino con vidas que echan raíces." 

( Agustín Millán , Diario16+, 07/07/25)

Quien te garantizará la pensión viaja en patera, no en crucero... El Banco de España ya cifró en 25 millones los migrantes que necesitaba España hacia 2050 para ’evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español... Por otra parte, se acercan a los cien millones los turistas extranjeros que pasan anualmente por España, una cifra insostenible que genera fuertes desequilibrios en materia de servicios públicos e infraestructuras (agua, saneamiento, sanidad, vivienda….)... En las zonas turísticas, la demanda vacacional devora hasta el 50% de la vivienda, reduciendo a la mitad la disponibilidad de casas para hogares... y la vivienda es el mayor problema para los españoles... Pero para la extrema derecha, tanto en España como en la UE, el problema son los inmigrantes... pero los canarios no se manifiestan contra los migrantes ni contra los menores. Se han manifestado reiteradamente contra la masificación turística, la especulación y la desigualdad... Pero para la ultraderecha, el problema son los 5.000 menores migrantes... la AIRef calcula que se necesitará la llegada de un millón de migrantes anuales para sostener las pensiones en las próximas décadas (Fátima Martín)

 "Quien te garantizará la pensión viaja en patera, no en crucero. El Banco de España ya cifró en 25 millones los migrantes que necesitaba España hacia 2050 para ’evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español’ [1]. En la actualidad, el flujo migratorio anual es de una media de 288.000 personas, según la AIReF [2]. Por su parte, se acercan a los cien millones los turistas extranjeros que pasan anualmente por España [3], en torno al doble de la población, una cifra insostenible que genera fuertes desequilibrios en materia de servicios públicos e infraestructuras (agua, saneamiento, sanidad, vivienda….)

 De hecho, el mismo Banco de España explica el aumento del precio de la vivienda por la demanda de los no residentes y la de usos alternativos de la vivienda como el turístico o el de temporada, entre otros factores. En las zonas turísticas, la demanda vacacional devora hasta el 50% de la vivienda, reduciendo a la mitad la disponibilidad de casas para nuevos hogares [4].

El Informe de estabilidad financiera de la primavera de 2025 [5] del Banco de España señala que de las 367.000 operaciones de compraventa de viviendas que se firmaron en el segundo semestre de 2024, “las adquisiciones de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros siguieron siendo elevadas, un 18% en 2024”. También advierte que “en el caso de la vivienda nueva, el precio ha superado, en términos reales, su máximo previo en un 2,6%” y alerta de que los precios en general ya están por encima de los niveles de equilibrio. Cabe recordar que la vivienda es, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el mayor problema para los españoles [6].

 Pero para la extrema derecha, tanto en España como en la UE, el problema son los inmigrantes. Veamos los datos. Según cifras del Parlamento Europeo, unos 3,7 millones de personas utilizaron vías legales de migración para entrar en la UE en el año 2023. De ellos, 385.000 lo hicieron de manera considerada irregular por la burocracia europea [7]. En esta línea, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), subraya que “la suma total de las personas llegadas de manera irregular en 2023 apenas representa el 0,06% del total de la población de la UE” [8].

Un año después, en 2024, la UE registró una caída del 38% en el número de migrantes que llegaron de manera considerada irregular con respecto al año anterior, con algo más de 239.000 entradas detectadas en 2024, según los datos de la Guardia Europea de Costas y Fronteras (Frontex), que apunta que fue la cifra más baja desde 2021, cuando los flujos se redujeron drásticamente como consecuencia de las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia de coronavirus [9].

Esa caída no es así para las islas Canarias, donde las 46.843 llegadas de 2024 supusieron el dato más elevado en el archipiélago desde que la agencia europea comenzó a tener registros en 2009. La ruta canaria supuso ese año cerca del 20% de todas las llegadas consideradas irregulares a la UE y el 73% a España. En concreto, a España llegaron 63.970 personas de manera considerada irregular, según el Ministerio del Interior y fallecieron 10.457 personas en el intento, un 58% más respecto al año anterior, según el informe Derecho a la Vida 2024 de Caminando Fronteras [10].

 Compárense esas menos de 47.000 entradas con los 15,2 millones de turistas extranjeros que recibió Canarias el mismo año 2024, siete veces más que su población [11]. Pero para la ultraderecha, el problema son los en torno a 5.000 menores [12] migrantes no acompañados [13].

Por su parte, los canarios no se manifiestan contra los migrantes ni contra los menores. Se han manifestado reiteradamente contra la masificación turística, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito. “Canarias tiene un límite”, claman los convocantes, colectivos sociales, ecologistas y ciudadanos, exigiendo una mayor protección de los espacios naturales y una regularización de la vivienda vacacional. Las marchas canarias del pasado mes de mayo fueron secundadas en otras ciudades españolas como Granada, Valencia, Barcelona o Madrid [14].

No ha sido la única protesta contra la turistificación masiva. Precisamente este domingo ha tenido lugar en 15 ciudades europeas una movilización para exigir decrecimiento turístico. En Barcelona, la manifestación llevaba por lema “el turismo nos roba el pan, el techo y el futuro” [15]. Uno de los colectivos participantes es Stop Creuers (Stop Cruceros), que se creó para luchar contra el aumento incesante del tránsito marítimo de cruceros en Catalunya, una actividad “altamente contaminante, gran consumidora de energía y recursos locales y generadora de inmensos y graves impactos sociales, ambientales y sanitarios, tanto a escala local como global” [16].

A través de cruceros atracaron en los puertos españoles 12,8 millones de pasajeros en 2024, según datos de Puertos del Estado [17]. Hay expertos que cuestionan la rentabilidad de los cruceros para las ciudades, mientras que generan impactos negativos, como la masificación o la contaminación [18].

Por el contrario, y volviendo al inicio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alerta sobre la sostenibilidad del sistema, prevé una deuda pública ascendente debido al envejecimiento de la población hasta alcanzar el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070 y calcula, en la misma línea que el Banco de España, que se necesitará la llegada de un millón de migrantes anuales [19] para sostener las pensiones en las próximas décadas [20]. Reiteramos lo dicho desde estas mismas líneas: ¿Se pretende que toda esa mano de obra viva y trabaje en condiciones de esclavitud? Regímenes que no respetan los derechos humanos de las personas migrantes tampoco lo hacen de las autóctonas [21]."

 ( Fátima Martín , CADTM, 16/06/25, notas en el original)

Canarias: “Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”... los beneficios empresariales son enormes... el turismo representa el 37% del PIB canario, casi 21.500 millones de euros, y el 47% de la población trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico... Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta uno de los salarios más bajos de España... más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico... En Canarias hay riqueza, pero se la apropian los grandes grupos hoteleros -y cuyos accionistas clave son fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock... de sus inmensos beneficios deben salir las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. Una subida significativa de los salarios, la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente, y la planificación de desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños (Eduardo Madroñal Pedraza)

 "Las manifestaciones en contra del actual modelo en las islas Canarias se desarrollaron con el lema ‘Canarias tiene un límite’. En Tenerife asistieron 90.000 personas según los convocantes; en Las Palmas de Gran Canaria, 50.000; en Lanzarote serían 2.000, en Fuerteventura y La Palma, 500 en cada lugar; en La Gomera, 100, y El Hierro, 90; y también en Madrid acudieron 300 personas; lo que suma más de 140.000. Canarias ha clamado por un cambio de modelo turístico.

No han sido las primeras manifestaciones de ‘Canarias tiene un límite’, era la tercera vez, después de las dos anteriores del 20 de abril y del y 20 de octubre del pasado año 2024. Manifestaciones contra el modelo económico actual en el archipiélago, sostenido en “la turistificación, la especulación, la desigualdad y el crecimiento infinito” de una tierra que, advierten, es “muy limitada”.

“Allí donde voy veo turistas. Pero eso no se nota en la sociedad. Solo notamos las consecuencias, el beneficio se lo llevan otros”, decían dos estudiantes. “Estamos aquí por nuestros hijos y nuestros nietos, que casi no pueden pagarse un lugar donde vivir pese a tener trabajo”, afirmaban dos pensionistas.

En las pancartas: “Líderes en turismo y en pobreza: los esclavos de Europa”, “El turismo en masa nos quita las casas”, “El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria” y “Dónde están, no se ven, esos pisos de alquiler”.

La plataforma ‘Canarias tiene un límite’ valora que, después de las manifestaciones multitudinarias, las instituciones están ignorando sus demandas, y, lo que es peor, manipulando con normativas regresivas que profundizan la crisis social, económica y ambiental.

Leyes para fomentar el turismo invasivo

Las propuestas del gobierno autonómico para modificar la Ley del Suelo y la vacía Ley de Residencia solamente agravan el problema en lugar de solucionarlo. La plataforma ha presentado muchas alegaciones en contra de unas medidas que buscan en realidad recalificar más para construir más vivienda turística. Por ejemplo, la Ley de Islas Verdes facilita la recalificación de terrenos rústicos para permitir el uso turístico. Eso significa que podemos encontrar ya terrenos que antiguamente se dedicaban a cultivos de secano (sin riego) -que es lo óptimo para la agricultura en tiempos de emergencia hídrica- convertidos en nuevas casas vacacionales.

Incluso en la revisión de la Ley Canaria de Vivienda Vacacional, se propone para las islas pequeñas -como el Hierro- el aumento del porcentaje de viviendas vacacionales frente a las residenciales. Lo que no soluciona el problema habitacional, sino que genera una perversa espiral -aprovechan el drama que existe desde hace tiempo, que, si vas a trabajar allí, no encuentras casa- por la que un pequeño aumento del número de viviendas residenciales, permite un gran aumento de las vacacionales.

Salarios precarios e irrisorios

El turismo de procedencia extranjera, principalmente europea, es constante durante todo el año en Canarias. La generación de riqueza de la actividad turística representa el 37% del Producto Interior Bruto (PIB) canario -que son casi 21.500 millones de euros-; y el 47% de la población -de los 2.200.000 de habitantes- trabaja en la hostelería. No hay una sola familia sin vinculación directa con el empleo turístico.

Pero tanto las condiciones y las cargas de trabajo como los horarios son insoportables, cuando además estamos hablando de que el salario medio se sitúa en los 1.400 euros. Sin embargo, los beneficios empresariales son enormes. En 2024, el turismo extranjero ha alcanzado su máximo histórico con casi 18 millones de visitantes -algo así como un millón y medio mensual, 50.000 al día-, máximo histórico- y de ganancias.

Toda esa riqueza no se redistribuye entre la población canaria, al contrario, soporta uno de los salarios más bajos de España. Es, además, la que más poder adquisitivo ha perdido en los últimos dos años, sufre una de las tasas de riesgo de pobreza más altas (el 31,2%) y la cuarta tasa de paro más elevada (13,5%).

Vivienda inalcanzable

Canarias es la cuarta comunidad con el precio medio de compra más elevado, por detrás de Madrid, Baleares y el País Vasco. Entre 2014 y 2024, el precio real de la vivienda se ha revalorizado un 40%. En alquiler es el quinto más alto de España. En 2024, el precio medio del alquiler aumentó un 17,4%, alcanzando los 1.051 euros mensuales. Este encarecimiento ha llevado a que los canarios destinen, en promedio, el 55% de su sueldo bruto al pago del alquiler, superando ampliamente el 30% reivindicado.

Según el Informe Anual 2024 del Banco de España, más del 50% de los alquileres residenciales han desaparecido al convertirse en viviendas para uso turístico. En Canarias, más de 48.000 viviendas están registradas actualmente como turísticas. Y el incremento de la oferta de vivienda para el alquiler de temporada y el de habitaciones, ha reducido aún más la oferta de alquiler residencial. En Canarias -una de las zonas más tensionadas de España- no hay una oferta de vivienda suficiente para cubrir la demanda local.

No hay actualmente un parque de viviendas suficiente para dar respuesta a las necesidades residenciales, lo que impide el acceso a la vivienda, en particular, a los trabajadores, tanto jóvenes como familias con rentas medias y bajas..

Canarias tiene un límite

‘Canarias tiene un límite’ -plataforma de organizaciones- tiene demandas destacadas:

La paralización inmediata de proyectos destructivos y derribo de los ilegales. Una moratoria hotelera y vacacional real. Una Ley de Residencia que regule la compra de viviendas por extranjeros, y una tasa turística que grave a los visitantes y se reinvierta en la conservación del medio ambiente y la mejora de los servicios al residente.

También dar un impulso a las energías renovables sin dañar el territorio. La protección de los espacios naturales. La restauración de ecosistemas y soberanía alimentaria y energética. Y el rechazo a macroproyectos como trenes, ampliaciones de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos con gran impacto ambiental.

Así como una defensa del patrimonio cultural y social. Medidas inmediatas para detener los millones de litros de vertidos contaminantes al mar. Y la creación de una ley de restauración ambiental.

Riqueza se genera, pero no se redistribuye

En Canarias hay riqueza. El turismo genera 21.500 millones de euros anuales. Pero esa riqueza no se redistribuye. Porque se la apropian los grandes grupos hoteleros -y cuyos accionistas clave son fondos buitres estadounidenses como Blackstone, Vanguard y BlackRock.

Y de tales inmensos beneficios deben salir las tres medidas determinantes para revertir la situación de que las Islas sean ‘líderes en turismo y en pobreza’. La primera es una subida significativa de los salarios, generalizada a los trabajadores, empezando por los del propio sector turístico, con la redistribución salarial para que nadie cobre menos de 1.400 euros.

La segunda es la vivienda, con la creación de un parque de viviendas residenciales suficiente y asequible que no supere el 30% del salario. Y la tercera es planificar un desarrollo sostenible y de cuidado medioambiental, que paralice los daños." 

(Eduardo Madroñal Pedraza , De Verdad Digital, 29/05/25) 

La crisis griega que amenaza con surcar el Mediterráneo y llegar a España: cuando el número de viviendas turísticas supera a las plazas hoteleras... Grecia ha prohibido registrar durante este 2024 nuevas viviendas de alquiler turístico... exige que todas las viviendas estén declaradas y amenaza con grandes multas para todas aquellas ilegales... también oferta la posibilidad de recibir beneficios fiscales a todos aquellos propietarios que cambien su alquiler de corta duración a largo plazo y permanente... obliga a obtener una licencia profesional para todos aquellos propietarios con 2 o más alquileres turísticos, así como el cumplimiento de unos requisitos de seguridad; normativas relacionadas con la ventilación de los inmuebles y la contratación de un seguro de responsabilidad civil

 "Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2023 existía en España una oferta de algo más de 340.000 viviendas de uso turístico, frente a las 1,7 millones de plazas hoteleras. Unas cifras bastantes alejadas entre sí, pero acercándose año tras año a pasos agigantados: durante ese año los hoteles tan solo aumentaron su oferta en 1,4% y, por su parte, las VUTs un 10%.

La situación nacional es solo una mínima muestra del escenario mundial donde la vivienda se ha convertido en uno de los temas de mayor preocupación debido a las dificultades para acceder a una y al aumento de su precio, en parte como consecuencia del incremento exponencial de las viviendas de uso turístico y del auge del turismo masificado en general. En este sentido, y dentro de lo que cabe, España es uno de los países europeos más estables. Un contexto que no comparte, por ejemplo, Grecia, donde las opciones de alquiler de corta duración (1 millón) han superado ampliamente a las cerca de 890 mil plazas hoteleras.

Entre las medidas más populares en Europa para frenar la proliferación de viviendas de alquiler turístico se encuentran la eliminación del programa de Golden Visa, a través del cual los inversores extranjeros obtenían la residencia, la restricción de licencias para las VUT o la obligación de registrar los alquileres de corta duración en un catastro concreto.

Contundencia griega con las VUTs

En la línea, Grecia ha prohibido registrar durante este 2024 nuevas viviendas de alquiler turístico. La medida, en vigor desde el pasado 25 de diciembre, se aplica de momento solo a algunos barrios concretos de Atenas, la ciudad que más turistas acoge de los 32,7 millones anuales (récord de 2023) y con mayor masificación. Es por eso que, durante este año, no se expenderán más licencias a pisos que se encuentre n las zonas de Kolonaki, Koukaki, Pangrati y Exarchia, entre otros.

Asimismo, la nueva regulación exige que todas las viviendas estén declaradas y amenaza con grandes multas para todas aquellas ilegales. De otro lado, también oferta la posibilidad de recibir beneficios fiscales a todos aquellos propietarios que cambien su alquiler de corta duración a largo plazo y permanente. Esta medida comienza a aplicarse en el país heleno con intención de "aliviar la presión de los alquileres y aumentar la disponibilidad de viviendas", según palabras del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y así hacer frente a la crisis habitacional que sufren Atenas y otras grandes ciudades griegas.

"Muchas ciudades y países debaten ya sobre cómo regular el mercado del alquiler a corto plazo. Estamos danto algunos primeros pasos importantes en esa dirección. Si creemos que hacen falta más, no dudaremos en darlos". La contundencia griega contras las VUTs se refleja además en otras limitaciones orientadas al turismo, como la obligación de obtener una licencia profesional para todos aquellos propietarios con 2 o más alquileres turísticos, así como el cumplimiento de unos requisitos de seguridad; normativas relacionadas con la ventilación de los inmuebles y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

Europa supera a EE.UU en la proliferación de alquileres turísticos

Con todo, Grecia no se olvida que, al igual que España y los vecinos del Mediterráneo, es un país con mucha tradición turística y gran parte de su PIB depende del sector. Los ingresos que proceden de los alquileres de corta duración son una gran fuente de ingresos para muchos pequeños propietarios cuyo motor económico es el turismo. En concreto, el sector turístico representa el 19% del PIB griego y genera más de 800.000 empleos, según Hosteltur.

Malta y Croacia son dos de los países mundiales que más dependen del turismo, con un porcentaje sobre el PIB nacional del 15%. Coincide además que son dos regiones que comparten visitantes con otros países de la zona. En la línea, Turquía, Italia y España, 3 de los grandes de la cuenca mediterránea, dependen en un 12% (12,3% en concreto en España) del turismo, mientras que en Francia representa casi un 9%.

Naciones cuyo motor es el sector turístico, y una de las industrias más rentables, que miran hacía un nuevo modelo de turismo sostenible sin alterar el carácter de los distritos locales y que impide el derecho al lucro mientras se produce un éxodo poblacional invertido.

No obstante, y aunque la situación en Grecia es única, la amenaza a los demás países mediterráneos es real, ya que además se trata de principales destinos a nivel mundial. En los últimos cinco años, las viviendas de uso turísticos en Europa han aumentado en un 60% desde los 3,9 millones en 2018 a las 6,5 en 2023. No tan acusado es el contexto en Estados Unidos donde actualmente apenas existen una oferta de 2,5 millones de alquileres de corto plazo."               (Elena Garagui , ElEconomista.es, 05/01/25)

POLITICO: El sur de Europa está harto de turistas... La escasez de agua, las calles abarrotadas y el aumento del precio de la vivienda enfurecen a los habitantes locales...Las ciudades han luchado contra el exceso de turismo con multas, tasas y prohibiciones, con mayor o menor éxito. Algunas han implantado normas menores para disuadir a los turistas: prohibido hacerse selfies en zonas de la ciudad italiana de Portofino, prohibido sentarse en la escalinata española de Roma, prohibidos los grandes cruceros en la croata Dubrovnik o la griega Santorini, y prohibidas las chanclas en Cinque Terre... El alcalde de Barcelona anunció en junio que la ciudad cerrará el alquiler de apartamentos a corto plazo a los turistas para 2028, en un intento de evitar lo peor de la creciente escasez de vivienda en Europa. En la última década, las Islas Canarias, junto con las ciudades de Berlín y Lisboa, han aprobado medidas similares

 "Roma, Barcelona y Atenas están hartas de veraneantes.

Si bien la pandemia del virus Covid-19 supuso un respiro para muchos lugareños ante la llegada masiva de viajeros, los turistas molestos han vuelto a sacarles de quicio.

Tanto es así, que ciudadanos y activistas han salido a la calle en varias ciudades de España, Italia, Portugal y Grecia, algunos armados con pistolas de agua y pegatinas en las que decían a los alborotadores visitantes que se fueran a casa.
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Los manifestantes afirman que el exceso de turismo encarece el precio de la vivienda, acelera el aburguesamiento y hace más escasas las reservas de agua, ya de por sí limitadas. En centros urbanos afectados por la sequía, como Barcelona, los turistas consumen mucha más agua que el residente medio. En la reseca Sicilia, varias ciudades han empezado a rechazar turistas debido a la escasez de agua.

Los gobiernos, por su parte, son menos proclives a aplicar medidas duraderas. Para muchos países de la UE, especialmente los del sur de Europa, el turismo es un pilar fundamental de su economía: un 11,3% para Croacia, y entre un 6% y un 8% para Portugal, Grecia, España e Italia, según un análisis de Allianz.

Después de que la pandemia prácticamente paralizara el turismo durante dos años, las personas deseosas de viajar se embarcaron en el llamado «turismo de venganza», recuperando los viajes que se habían perdido.

 En parte gracias al turismo, España, Portugal y Grecia -durante mucho tiempo rezagadas entre las grandes economías europeas- superaron al resto de la UE en 2023. Mientras que el PIB de todo el bloque creció un 0,5%, las economías de Portugal, Grecia y España registraron tasas superiores al 2%.
Los manifestantes afirman que el exceso de turismo hace subir los precios de la vivienda. | Jamie Reina/Getty Images

«Lo que estamos viendo en los medios de comunicación es lo que empezamos a ver incluso antes de la pandemia», dijo a POLITICO Sandra Carvão, directora de inteligencia de mercado, políticas y competitividad de la agencia de turismo de Naciones Unidas.

«Ya entonces vimos un movimiento y protestas contra el turismo en los destinos, y vemos que vuelven», dijo.

Temperaturas en aumento, ánimos crispados

A finales de julio, unos 20.000 activistas antiturismo se reunieron en Palma de Mallorca para exigir un cambio en el modelo turístico que, según ellos, está perjudicando a Baleares, cuyas tres islas principales son Mallorca, Menorca e Ibiza.

En 2023, el número total de turistas en las islas ascendió a 14,4 millones, una cantidad abrumadora para unas islas que tienen una población total durante todo el año de alrededor de 1,2 millones de residentes.

En Barcelona, los activistas rociaron a los visitantes extranjeros con pistolas de agua en una protesta a menor escala. El ministro de Turismo español condenó la acción, afirmando que no representaba la cultura de hospitalidad del país. En calles y espacios públicos de toda España aparecieron pegatinas y pintadas alusivas a los «guiris», un término coloquial ligeramente despectivo para referirse a los turistas que tienen problemas para respetar las leyes y la cultura locales.

Protestas similares contra el turismo han tenido lugar este verano en ciudades de toda España, como Madrid, Málaga, Granada y Alicante. Fuera de España, puntos turísticos como Portugal, Italia y Grecia han experimentado protestas de diversa índole.

Un problema mayor que la prohibición de hacerse selfies

Las ciudades han luchado contra el exceso de turismo con multas, tasas y prohibiciones, con mayor o menor éxito.

Algunas han implantado normas menores para disuadir a los turistas: prohibido hacerse selfies en zonas de la ciudad italiana de Portofino, prohibido sentarse en la escalinata española de Roma, prohibidos los grandes cruceros en la croata Dubrovnik o la griega Santorini, y prohibidas las chanclas en Cinque Terre.

En Venecia, las autoridades introdujeron una tasa de entrada simbólica de 5 euros para limitar el número de turistas. Sin embargo, la medida resultó contraproducente y provocó nuevas protestas de los habitantes, que afirmaban que la ciudad se había transformado en un parque temático.

Algunos apuestan a lo grande: El alcalde de Barcelona anunció en junio que la ciudad cerrará el alquiler de apartamentos a corto plazo a los turistas para 2028, en un intento de evitar lo peor de la creciente escasez de vivienda en Europa. En la última década, las Islas Canarias, junto con las ciudades de Berlín y Lisboa, han aprobado medidas similares.

Según Carvão, para que una estrategia turística tenga éxito debe centrarse en el equilibrio entre el impacto económico, social y medioambiental, y ha de tener en cuenta el nivel de demanda, así como la capacidad de carga del destino (en términos de tamaño de la ciudad, infraestructuras o recursos).

Carvão citó Ámsterdam como ejemplo de ciudad que va por buen camino para controlar el turismo.

La ciudad, que se ha ganado la reputación de ser la capital europea de la fiesta, prohibió fumar hierba en su barrio rojo y lanzó una campaña para que los jóvenes británicos alborotadores que sólo venían de fiesta se mantuvieran alejados. Recientemente, también ha anunciado la prohibición de construir nuevos hoteles.

En contraste con otros destinos que toman medidas drásticas contra los viajeros, algunos han optado por un planteamiento más abierto: Copenhague ofrece recompensas para fomentar un comportamiento turístico respetuoso con el clima. Quienes monten en bicicleta, utilicen el transporte público o recojan basura en la ciudad podrán ganar desde una taza de café de cortesía hasta una entrada gratuita a un museo.

«La estrategia tiene que ser un compuesto de tres aspectos. Se necesitan datos sobre el movimiento, la gobernanza de escuchar activamente a los residentes, y el tercero es una combinación de diferentes políticas», dijo Carvão."              

( Ketrin Jochecová  , POLITICO, 28/08/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Ibiza: Airbnb anuncia una furgoneta para dormir a un precio de 55 euros la noche, sin contar con la comisión de servicio de Airbnb, que suma 9 euros adicionales a la cuenta para resultar en un montante de 64 euros al día... con un colchón trasero sobre el que pueden dormir dos personas... y tiene acceso a la playa en primera línea.

 "El alquiler en las zonas de costa en verano es complicado, lo que ha llevado a que las campers y autocaravanas entren en juego: son muchos los modelos que se ofrecen para veranear, no para hacer turismo sobre ruedas, si no para pernoctar en ellas.

Esto es todavía más acentuado en las islas, donde el espacio es mucho más limitado y el precio incluso por dormir en una furgoneta se ha disparado.

 Echando un vistazo en páginas web y aplicaciones como Airbnb es fácil encontrar ofertas para este tipo de vehículos, que están en condiciones muy diversas y ofrecen un abanico de precios amplio, pero que suele ser alto.

Mientras que hacer vida en una autocaravana es algo cómodo y que incluso en una camper preparada es viable, como demuestra la enorme cantidad de usuarios que en los últimos años ha apostado por este tipo de turismo, hacerlo en una furgoneta que no esté propiamente adaptada no lo es tanto.

Precios por las nubes

Valga como ejemplo este caso en la isla de Ibiza, en el que se ofrece como alojamiento una furgoneta a un precio de 55 euros la noche, sin contar con la comisión de servicio de Airbnb, que suma 9 euros adicionales a la cuenta para resultar en un montante de 64 euros al día.

El precio puede parecer barato para lo que cuesta una noche de hotel o de apartamento en la isla balear, pero a cambio de la tarifa lo que se alquila es una furgoneta que no está preparada como es debido para pernoctar en ella: lo único con lo que cuenta es con una estructura y un colchón trasero sobre el que pueden dormir dos personas.

No hay ningún tipo de aislamiento térmico y aunque en el anuncio pone que tiene baño, los comentarios de usuarios que lo han alquilado dejan claro que no es así.

El propietario pone en la descripción: “Imagina viajar por Ibiza y dormir en un acantilado cerca del mar… Ahora es posible.”. Y el anuncio señala que “este es uno de los pocos alojamientos de la zona con aparcamiento gratuito” y que tiene acceso a la playa en primera línea."                 (Mario Herráez, El Motor, 23/08/24)

Turistificación en Portugal... Cómo matar una cultura y convertir el paraíso en un infierno... Lisboa ostenta el récord europeo de micropartículas nocivas para la salud, liberadas por los aviones... ¿Para qué producir tornillos o baterías de litio, cuando un solo piso puede ganar ahora más de 4.000 euros brutos al mes, alquilado a través de AirBnb? La noción de que la vivienda es una necesidad humana fundamental se ha ido por la ventana: la defensa extremista del sacrosanto principio de la propiedad inmobiliaria se ha impuesto a todo lo demás con inusitada violencia, cueste lo que cueste la vida... los residentes que se dirigen al trabajo se encuentren en salvaje competencia con los turistas en el transporte público, ya antes insuficiente; una competencia tanto más agresiva cuanto que el turista medio europeo y norteamericano (a diferencia de los de otros continentes) tiende a comportarse como si estuviera en tierra conquistada... las actividades relacionadas con el turismo altera profundamente la estructura del empleo en el país... ahora somos un balneario que recibe ancianos jubilados y modestos trabajadores necesitados de vacaciones, y exporta jóvenes licenciados con títulos superiores... Los pequeños cafés y restaurantes populares, iconos esenciales para la «socialización» de las clases populares lusitanas, han desaparecido... éste es uno de los síntomas de cómo el turismo puede destruir una cultura de la forma más brutal y colonial. La famosa cocina portuguesa, que se practicaba en casi todos los restaurantes y bistrós populares y que era muy sofisticada y tenía una variedad asombrosa, está en vías de desaparición... Lo mismo ha ocurrido con los famosos dulces de convento, prácticamente extinguidos... Colectividades, actividades asociativas, centros culturales sin ánimo de lucro, etc., han desaparecido de las grandes ciudades – no pueden pagar los alquileres... es el presagio de la muerte de una gran parte de la educación y la acción cívica. En resumen, es asombroso cómo el turismo de masas puede secar el alma de un pueblo... gran parte de los iconos locales que ayudaron a vender el turismo en Portugal han sido destruidos por la propia actividad turística «industrial»: la bonhomía de los portugueses, la buena comida, el entorno urbano y arquitectónico, los paisajes naturales paradisíacos, todo ha sido adulterado o incluso eliminado por la actividad turística y las desigualdades sociales, de modo que lo que se vende a los turistas es un conjunto de mitos e iconos impresos en postales pero borrados de la realidad... El turismo corporativo de masas mercantiliza definitivamente todas las relaciones humanas, convirtiéndolas en objetos de consumo rápido, como las pizzas (bilioso)

"Para comprender la realidad en la que vivimos, es imprescindible estudiar la actual ola de turismo, que ya no es sólo un fenómeno localizado en determinadas zonas costeras. Es un tsunami que asola todo el territorio, ejerciendo una tremenda presión social, económica y cultural. Es uno de los factores responsables de la degradación económica y cultural del país, de formas subrepticias de neocolonialismo. Devasta el paisaje y empapa todos los aspectos de nuestras vidas.

Sin embargo, el análisis de la presión del turismo tropieza desde el principio con un obstáculo: la falta de información. Los datos sobre el turismo de masas a disposición del público se dirigen principalmente a su estudio económico en sentido estricto y cuantitativo; no existe información orientada al estudio cualitativo de sus efectos sociales y culturales. Intentaré señalar el camino hacia un estudio cualitativo del fenómeno.

Tomando como referencia el año 2023, por un lado, hay 10,6 millones de residentes en Portugal. Por otro, 27,5 millones de extranjeros aterrizan en Portugal por vía aérea y 1,8 millones de veraneantes (¡más de 900 barcos!) atracan en puertos marítimos. En total, desembarcaron 29,4 millones de personas. [Nota: la huella ecológica dejada por este transporte aéreo y marítimo es aterradora. No entraré en este vasto tema de la salud pública y medioambiental y sus costes; sólo recordaré que Lisboa ostenta el récord europeo de micropartículas nocivas para la salud, liberadas por los aviones].

Tenemos, pues, un total anual de cerca de 30 millones de extranjeros desembarcados, sin contar los que llegan aquí por otros medios, en un territorio de 10 millones de almas. Esta cifra, sin embargo, no nos dice nada sobre la situación concreta en cada momento de nuestra vida cotidiana. Es casi como si las autoridades responsables de las estadísticas turísticas no quisieran que conociéramos la realidad concreta en la que vivimos… Nos dicen que, de media, cada extranjero en tránsito permanece 3,1 días en el territorio, pero esta abstracción es inútil, no tiene sentido -lo que necesitamos saber es cuántos turistas están presentes materialmente (y no estadísticamente) en cada momento de nuestra vida cotidiana, para poder establecer una ratio turista/residente.

Digamos que, desde un punto de vista puramente estadístico, tenemos un flujo turístico medio mensual equivalente al 23 % de la población residente, es decir, prácticamente una cuarta parte de la población. Pero dado que la «temporada alta» suele abarcar 6 meses al año, es de esperar que durante este periodo la masa de turistas sea equivalente al menos a la mitad de la población residente -una estimación ya de por sí impresionante-, siendo más escasa en algunas regiones y superando en otras el número de habitantes. Sin embargo, seguimos sin conocer la proporción diaria exacta entre turistas y residentes.

Hagamos un experimento de muestreo: pasemos un día en una terraza de una ciudad como Lisboa contando a la gente que pasa, dividiéndola «de oído» en dos grupos: lusófonos (incluido el portugués de Brasil, suponiendo que la mayoría son trabajadores inmigrantes) y hablantes de otras lenguas (con excepción de las orientales, que también son en su mayoría inmigrantes residentes). Una vez hechas las cuentas, llegamos a la sorprendente conclusión de que los residentes suelen representar entre el cero y el 10 % de los transeúntes, dependiendo del día y de la zona de la ciudad, por supuesto. Se podría decir que son los turistas.

En cuanto a los efectos económicos del tsunami turístico, lo primero que salta a la vista es la especulación inmobiliaria. ¿Para qué producir tornillos o baterías de litio, invertir en una fábrica que genera beneficios lentos y riesgos elevados, cuando un solo piso puede ganar ahora más de 4.000 euros brutos al mes, alquilado a través de AirBnb?

La noción de que la vivienda es una necesidad humana fundamental se ha ido por la ventana: la defensa extremista del sacrosanto principio de la propiedad inmobiliaria se ha impuesto a todo lo demás con inusitada violencia, cueste lo que cueste la vida. Las consecuencias, a nivel de la conciencia colectiva, ya se están dejando sentir, y la procesión sigue en el cementerio: con el paso del tiempo, se revelará hasta dónde pueden llegar los tentáculos de esta degradación cultural. De hecho, las nociones ligadas a la propiedad se asocian a la cuestión de si el agua, la tierra, el aire y el sol son bienes comunes o bienes privados; por extensión, lo mismo puede decirse de la naturaleza en general y, en fin, de cosas como las semillas, el código genético, etcétera. El problema aquí es que la visión del mundo, o ideología, tiende a estar mucho más cohesionada en una sociedad de lo que parece a primera vista, y una manzana (o idea) podrida se contagia rápidamente a sus hermanas.

El aumento desproporcionado de los alquileres y de los precios por metro cuadrado no ha bastado para satisfacer la codicia inmobiliaria, y en los antiguos barrios obreros apenas se encuentra una casa para alquilar de forma permanente. A los propietarios les ha salido más rentable alquilar sus viviendas a corto plazo.

Pernoctaciones en hoteles: 63 millones; pernoctaciones en alojamientos locales: 6 millones, es decir, el 10% del mercado de pernoctaciones hoteleras. Si utilizamos estas cifras, nos encontramos con una media de unos 200.000 turistas diarios presentes en el territorio – una cifra puramente teórica, que probablemente no tiene nada que ver con la realidad vivida o sólo la expresa por defecto.

Sin embargo, antes de aceptar estas cifras, tomemos nota de un extraño criterio oficial: en las instituciones estadísticas nacionales y europeas, la categoría «alojamiento local» sólo contabiliza los alojamientos con 10 camas o más; todos los demás (probablemente la inmensa mayoría de los alojamientos locales) quedan fuera, no existen. Lo que está claro, sin embargo, es que la transformación de pisos normales en pisos de alojamiento local ha vaciado los antiguos barrios obreros y los ha convertido en complejos turísticos. Tenemos barrios enteros que se han convertido en complejos turísticos y que se agotan constantemente. ¿Alguien puede creer que un barrio entero de casas convertidas en «alojamiento local» tiene menos camas para turistas que los hoteles de la misma zona? También hay una sutileza semántica: alojamiento local suena diferente de hoteles, pero en sustancia y efectos objetivos no difiere mucho.

Al principio de esta brutal oleada de turismo, la babel lingüística era bastante seductora, sobre todo para quienes gustan, como yo, de los ambientes cosmopolitas. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que aumentaba la presión demográfica del turismo de masas, las posiciones se invirtieron: teníamos la sensación de ser extranjeros en tierra extranjera. Este desarraigo tiene efectos dramáticos en muchas personas. Los desequilibrios sociales y culturales provocados por esta presión demográfica y lingüística son muy sutiles y requerirían estudios especializados de psicología, sociología y antropología, que no puedo decir si existen o no.

Por otra parte, la inmensa mayoría de los turistas que vienen a Portugal para pasar unas vacaciones sanas y bien merecidas, aunque tengan sueldos equivalentes al doble o al triple de los portugueses, son, en la escala de su país de origen, de clase media/baja -el llamado «turista descalzo», que no se permite ciertos lujos, como alquilar un coche; pero les gusta deambular libremente, por lo que constituyen una enorme masa de usuarios del transporte público. Sin embargo, los transportes públicos portugueses ya eran insuficientes y estaban mal estructurados. Por eso están a reventar: en Lisboa es normal que los residentes que se dirigen al trabajo se encuentren en salvaje competencia con los turistas en el transporte público; una competencia tanto más agresiva cuanto que el turista medio europeo y norteamericano (a diferencia de los de otros continentes) tiende a comportarse como si estuviera en tierra conquistada, faltando al respeto a las colas y a los asientos reservados con gran frecuencia.

La especulación inmobiliaria y la falta de transporte público adquieren otra dimensión, tanto más grave cuanto que contradice abiertamente las necesidades medioambientales y climáticas: en el transcurso de una década, a medida que aumentaba la presión turística y desaparecían las viviendas permanentes de los centros urbanos, los residentes huían a las afueras, cada vez más lejos; sin embargo, incluso en las afueras, los alquileres suelen ir a la zaga de los precios del centro, de modo que, además de una subida general de los precios, cada año la periferia urbana se extiende unos kilómetros más. Esto, a su vez, lleva a muchos residentes que huyen a añadir otro gasto a su presupuesto familiar: ya no pueden ir a trabajar sin un coche, o incluso un coche para cada miembro trabajador de la familia. Como consecuencia, el nivel de contaminación y carbonización aumenta drásticamente. Por otra parte, el aumento del tiempo de desplazamiento, como sabemos, significa más tiempo de trabajo no remunerado; y eso es tiempo robado al descanso, al ocio y a la socialización. Una vez más, las consecuencias culturales a largo plazo serán tremendas.

La innumerable expansión de las actividades relacionadas con el turismo altera profundamente la estructura del empleo en el país; contribuye al agotamiento de los puestos de trabajo de alto valor añadido. Hoy en día es habitual que un joven se pase varios años quemándose las pestañas para obtener un título universitario y luego vaya a servir mesas a los turistas, a hacerles la cama o a trabajar para cadenas de transporte y distribución tipo Uber. Pero como, en cualquier caso, los sueldos son muy bajos y los alquileres muy altos, estos jóvenes no pueden salir de casa de sus padres o abuelos: se crea una generación dependiente, que ve cómo se destruyen una serie de hábitos y valores culturales. El viejo dicho «los que se casan quieren un hogar» ya no es más que una broma histórica.

Después de que varias generaciones hayan invertido cuero y pelo en educación, en lugar de aprovechar este «producto» generado con tanto sacrificio, lo estamos exportando – si ya estábamos en la periferia, cada vez lo estamos más, y cada vez más especializados: ahora somos un balneario que recibe ancianos jubilados y modestos trabajadores necesitados de vacaciones, y exporta jóvenes licenciados con títulos superiores – todo pagado de nuestro bolsillo, proporcionando un enorme ahorro público y social a los países del centro.

Mientras tanto, en las antiguas urbanizaciones, la inmensa mayoría de los comercios populares no sólo se han visto sometidos a la especulación de los alquileres, obligándoles a cerrar, sino que ya no tienen demanda suficiente para sobrevivir, dada la escasez de residentes permanentes: droguerías, tiendas de ultramarinos, carnicerías, pequeños servicios (electricista, fontanero, tapicero, zapatero, costurera, etc.), pequeños cafés populares, todos ellos han desaparecido. Sólo queda el comercio necesario para la actividad turística. Los pequeños cafés y restaurantes populares, iconos esenciales para la «socialización» de las clases populares lusitanas, han desaparecido, de modo que sólo quedan los restaurantes demasiado caros para el portugués medio y adaptados a las culturas extranjeras predominantes.

La desaparición de los restaurantes populares es uno de los síntomas de cómo el turismo puede destruir una cultura de la forma más brutal y colonial. La famosa cocina portuguesa, que se practicaba en casi todos los restaurantes y bistrós populares y que era muy sofisticada y tenía una variedad asombrosa, está en vías de desaparición.

Lo mismo ha ocurrido con los famosos dulces de convento, prácticamente extinguidos, y con los muy diversos vinos portugueses, ya que desde el punto de vista comercial es más sencillo, seguro y «turístico» «estandarizarlos» apostando por la producción de vinos a la francesa.

Colectividades, actividades asociativas, centros culturales sin ánimo de lucro, etc., han desaparecido de las grandes ciudades – no pueden pagar los alquileres actuales; y a falta de locales que sirvan de punto de encuentro y alberguen sus actividades, se marchitan y mueren. La desaparición de colectivos y asociaciones es el presagio de la muerte de una gran parte de la educación y la acción cívica. En resumen, es asombroso cómo el turismo de masas puede secar el alma de un pueblo.

Las instituciones encargadas de proteger el patrimonio histórico, las reservas naturales e incluso los paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad han sido exprimidas por el poder económico. Hoy es normal construir un ascensor público para los turistas, aunque ello suponga destruir monumentos clásicos y medievales, como ocurrió en el centro histórico de Lisboa. Se ha convertido en habitual ver cómo paisajes protegidos, algunos de ellos el último refugio de especies amenazadas o autóctonas, son arrasados para dar paso a urbanizaciones turísticas, aeropuertos, puertos deportivos, campos de golf, etc. Es un hecho probado: a largo plazo, el turismo «industrial» tiende a burlarse del Estado de Derecho. Y ciertamente no es casualidad que en las regiones donde el turismo de masas ya prevalece desde hace más de seis décadas (como la costa del Algarve) estemos asistiendo a la victoria absoluta de las fuerzas de extrema derecha, al crecimiento de un lumpen altamente tóxico y a un número récord de actos bárbaros de racismo y xenofobia.

Paradójicamente, gran parte de los iconos locales que ayudaron a vender el turismo en Portugal han sido destruidos por la propia actividad turística «industrial»: la bonhomía de los portugueses, la buena comida, el entorno urbano y arquitectónico, los paisajes naturales paradisíacos, todo ha sido adulterado o incluso eliminado por la actividad turística y las desigualdades sociales, de modo que lo que se vende a los turistas es un conjunto de mitos e iconos impresos en postales pero borrados de la realidad. Incluso los elementos que no pertenecen (o no deberían pertenecer) a nadie -el aire, el agua y el mar, el sol, las calles, las playas- han sido parcialmente adulterados y privatizados. Lo que los turistas encuentran hoy, y cada vez más cada año, es una especie de Disneylandia donde los lugareños se ven obligados a vivir como extras/sirvientes.

Resulta inexplicablemente hipócrita que las fuerzas de derechas ataquen la apertura de las fronteras a la inmigración (a pesar de que sólo representa el 7-8% de la población y contribuye a su riqueza colectiva), mientras que la apertura total e incondicional de las fronteras al turismo, que en determinados momentos abarrota las calles en casi un 100%, no merece la menor crítica e incluso es alabada (a pesar de que nadie sabe decirme a qué parte del mundo van a parar gran parte de los ingresos generados). La propia izquierda tiende a guardar silencio sobre el tema, supongo que por un patético temor a ser tachada de xenófoba.

En resumen, el turismo ha provocado, en poco tiempo, una crisis inmobiliaria, cultural y económica de proporciones gigantescas, de la que, lamento informarles, nunca nos recuperaremos -por regla general, los factores culturales extinguidos pueden ser sustituidos por sucedáneos, pero nunca se recuperarán, aunque sigan teniendo sentido o sean necesarios o deseables-.

Si fuéramos una isla diminuta con recursos humanos y naturales limitados, podríamos vernos obligados a aceptar el turismo en lugar del hambre -la barriga casi siempre gana a los dilemas de esta vida-. Pero no es el caso. No nos faltan recursos naturales ni humanos. En los últimos tiempos hemos producido suficiente energía renovable para ser exportada (aunque hemos renunciado a este recurso estratégico al privatizar su producción). Tenemos suficiente tierra cultivable y superficie marítima para mantener la autonomía alimentaria (si no las sustituimos por campos de golf y puertos deportivos); suficiente agua de riego para más de la mitad del país; la mayor reserva de litio de Europa (indispensable para los planes actuales y futuros de industrialización descarbonizada en todo el mundo); suficiente aceite de oliva, sardinas y naranjas para inundar varios mercados extranjeros; durante 50 años hemos invertido mucho en el sistema educativo, por lo que tenemos mano de obra cualificada más que suficiente, que exportamos en lugar de utilizarla (en otras palabras, invertimos en beneficio ajeno); etc. En resumen, no necesitamos en absoluto el turismo de masas, salvo quizá en algunas regiones insulares con recursos más limitados. ¿Por qué nos sometemos a la actividad destructiva del turismo de masas? ¿Por qué no imponemos cuotas (a escala de la población local) a los turistas que llegan? ¿Por qué no imponemos cuotas drásticas a la proporción de alojamiento transitorio respecto al permanente? ¿Por qué no gravamos el turismo para subvencionar el alojamiento de asociaciones y grupos sin ánimo de lucro? ¿Por qué no ponemos freno a este expolio desordenado, que recuerda en tantos aspectos a las invasiones francesas? El misterio indescifrable del capitalismo.

El turismo corporativo de masas es, junto con la guerra, la actividad humana más destructiva a escala mundial. Dondequiera que vayan, ambos destruyen y esterilizan el paisaje; ambos arrasan el parque de viviendas a disposición de la población; ambos saquean los bienes humanos y materiales de una región; ambos erosionan la mentalidad y la cultura de un pueblo; ambos provocan la más profunda miseria de los habitantes en beneficio de una élite distante.

El turismo corporativo de masas mercantiliza definitivamente todas las relaciones humanas, convirtiéndolas en objetos de consumo rápido, como las pizzas. Todo lo que antes hacíamos por placer con el turista ocasional que podíamos encontrar por la calle – pasear con él, mostrarle la tierra, la gente, las costumbres, el patrimonio cultural y arquitectónico, la gastronomía, las ginjinhas – se ha convertido ahora en un negocio. En ciertas zonas turísticas, la prostitución está muy extendida. En resumen, todo lo que tiene que ver con el placer y la sociabilidad se ha falsificado y comercializado.

El turismo corporativo de masas, como la guerra, debería extinguirse. Hay que planificar la sustitución progresiva de los empleos relacionados con el turismo por un trabajo digno y productivo. Hay que combatir ferozmente toda comercialización del placer y del ocio."

(bilioso, blog, 10/08/24, traducción DEEPL)