"(...) Nadie ha sido capaz hasta hoy de legislar de forma eficaz esta cuestión, y ninguno de los modelos de otros países está libre de inconvenientes.
Pero tampoco había legislación europea en torno a la salud menstrual, y está ya en marcha en España.
Proteger la prostitución como si fuera un trabajo más permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero no incide sobre las causas sociales y económicas de esta forma de explotación. Tampoco asegura que quienes dicen ejercerla de forma voluntaria sean realmente libres, ni que sean los proxenetas quienes, bajo diferentes formas de ocultamiento, se acaben aprovechando de esa regulación.
Convertir la prostitución en una actividad económica reconocida y regulada, como ha hecho Alemania, tampoco evita la trata de mujeres y estimula el consumo de prostitución como si fuese una diversión más, y aligerada de reproches sociales. El modelo abolicionista aplicado en Suecia sí ha reducido la prostitución, pero el efecto indeseable ha sido su crecimiento en la clandestinidad.
Ese es el mayor peligro de este enfoque. Para que el modelo dé fruto, no basta con prohibir y castigar a proxenetas y clientes. Exige un plan muy ambicioso que ofrezca alternativas de inserción social y laboral a mujeres que perderían sus ingresos, por fuerza y de un día para otro, y se verían abocadas al ejercicio clandestino, con una desprotección extrema. (...)" (Editorial El País, 28/05/22)
"Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, solo 161 mujeres han dejado la calle.
Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución. La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado.
En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución.
La senadora centrista Annick Billon, presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, resumía recientemente esos sentimientos encontrados. La ley supone “un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas”, dijo.
La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad.
Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.
Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales.
“Falta de un pilotaje nacional”
Un informe oficial de evaluación de la ley que debería haberse entregado en abril de 2018, pero que solo fue hecho público en junio del año pasado, constata que “su implementación se ha visto considerablemente frenada por una ausencia de compromiso de los poderes públicos”. El principal problema, señalaba, era la “falta de un pilotaje nacional” que ha derivado en una “aplicación débil de ciertas medidas”, como las campañas de educación, y en una “heterogeneidad de prácticas en el territorio”, con diferencias grandes entre los departamentos a la hora de establecer los requisitos del programa de reinserción social. A todo ello se une la ausencia de medios para que la norma sea eficaz. “Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial.
“No es la ley lo que se cuestiona, sino su implementación, que debe ser total”, coinciden fuentes de Mouvement du Nid, una de las principales asociaciones abolicionistas. La ley de 2016 “es eficaz porque es justa y equilibrada”, sostienen; el problema es que falta que sea realmente aplicada en todo el territorio. Y para ello, subrayan, hacen falta medios. El Gobierno debería garantizar 2.400 millones de euros en la próxima década —240 millones anuales para que 4.000 prostitutas puedan entrar cada año en el programa de integración— para asegurar que “las 40.000 personas en situación de prostitución puedan efectivamente integrarse de forma plena en la sociedad”, señalan las organizaciones, que reclaman también campañas de sensibilización y una “voluntad política clara del Gobierno”.
No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. “No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia.
Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley. Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo.
Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”. (Silvia Ayuso, El País, 13/04/21)
"Catherine Healy: “Con la descriminalización, las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales han mejorado”.
Cotizar, como el resto de trabajadores. Tener acceso a una jubilación. Si trabajas por cuenta de terceros, tener vacaciones. En resumen, tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, aunque, eso sí, prestando especial atención a los derechos humanos, a la sanidad y a la seguridad de las trabajadoras y trabajadores.
“Tiene sentido, ¿no?”, apunta Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC, por sus siglas en inglés), Healy explica a El Salto como ha influido en las condiciones que viven las trabajadoras del sexo de este país el modelo de descriminalización puesto en marcha en 2003 con la aprobación de la Reforma de la Ley de Prostitución, un texto que recogía las medidas defendidas por este colectivo y por el que luchó desde su creación en 1987.
¿Cómo es el modelo de Nueva Zelanda?
Lo que llamamos descriminalización es una manera muy progresista de establecer las condiciones de las trabajadoras sexuales. Supone que las trabajadoras sexuales tengan muchas opciones para trabajar de diferentes maneras. La ley pone su principal interés en las trabajadoras sexuales, en su trabajo, seguridad y salud, con el marco de los derechos humanos y la protección frente a la explotación.
La ley contempla que las trabajadoras sexuales puedan trabajar para un jefe, puedan ser contratadas por una tercera persona o, si quieren, puedan trabajar en un prostíbulo, pueden trabajar en un prostíbulo y tener un jefe y si el trato no es bueno, como el resto de trabajadore, se puede quejar. Podemos tener sindicatos y trabajar juntas. Que también puedan trabajar por su cuenta, desde casa. Simplemente somos tratadas como cualquier otro trabajador u otra forma de fuerza trabajo, lo que tiene sentido.
Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas [hasta cuatro sin necesidad de un certificado], desde casa o en la calle menos en las zonas explícitamente prohibidas, aunque, teniendo esa libertad, usualmente el trabajo en la calle es solo para encontrarse con los clientes. En Nueva Zelanda rechazamos que haya zonas delimitadas para el trabajo sexual de calle ya que crea muchos problemas de masificación, consideramos mejor que sean las trabajadoras las que decidan cuáles son los sitios más seguros para trabajar, y generalmente trabajan de manera muy discreta. La descriminalización es muy diferente de la legalización, que es un modelo muy restrictivo en el que las trabajadoras suelen estar gestionadas por el Estado y controladas por la Policía.
Creo que alrededor del 40% de las trabajadoras sexuales aun trabaja para un jefe en prostíbulos, pero el resto son independientes, e, incluso las que trabajan en prostíbulos son independientes también.
¿En la ley se dice algo sobre jornada laboral, vacaciones, por ejemplo, o hay, por ejemplo acuerdos para fijar precios del servicio?
No, porque la cada situación es bastante diferente, y las trabajadoras deciden independientemente sobre estos temas. Ellas se manejan su propio trabajo, e incluso si trabajan para un jefe, cada una paga sus impuestos y decide qué horas quiere trabajar etc. Si eres empleado tienes vacaciones y si trabajas por tu cuenta lo resuelves también por tu cuenta, como el resto de trabajadores autónomos.
En cuanto al precio del servicio, generalmente cada trabajadora decide sus propios precios. Si trabajan en un prostíbulo, en este se pueden fijar precios y si la trabajadora no está de acuerdo, no trabaja ahí ya está o se negocia entre la trabajadora y el dueño del prostíbulo.
Sobre la promoción de la salud, ¿cómo funciona? ¿hay controles sanitarios periódicos obligatorios, como pasa en países como Austria?
Pienso que aquí la promoción del sexo seguro es muy fuerte y las trabajadoras sexuales son muy buenas en imponer el sexo seguro. Claro que a veces hay clientes que intentan tener sexo sin condón, pero creo que el modelo de descriminalización ha ayudado también en esto a las trabajadoras sexuales. Cuando el trabajo sexual era ilegal, si se encontraban condones en un local incluso se usaba como prueba de que este era un prostíbulo. Ahora se puede hablar francamente y con mucha libertad y es más fácil promover buenas prácticas. Creo firmemente que la descriminalización ha supuesto una mejora en la salud de las trabajadoras sexuales.
En cuanto a los controles sanitarios, no. No tenemos controles periódicos obligatorios controlados por el Estado. Cada trabajadora decide cuándo hacerse un examen médico y los resultados son confidenciales, entre la trabajadora y el médico. La mayoría de las trabajadoras sexuales están muy motivadas en controlar su salud. Por ejemplo, hay organizaciones médicas que trabajan con las trabajadoras sexuales, son centros comunitarios a los que pueden acudir sin decir su nombre, solo un código, y se respeta completamente su intimidad.
Hace algunos meses comenzó a sonar el nombre de Sabrina Valisce, una trabajadora sexual que también luchó en Nueva Zelanda por la ley aprobada en 2003 pero que ahora critica este modelo afirmando que este ha tenido como consecuencia que las trabajadoras trabajen hoy más por menos dinero, ¿qué opinas sobre que dice Valisce?
En primer lugar, Sabrina basa sus comentarios en su propia experiencia, no en investigaciones independientes. Es muy posible que esta haya sido su experiencia, que ahora tenga que trabajar mucho más para conseguir clientes, pero dudo de que esto esté relacionado con la descriminalización del trabajo sexual. Creo que lo está con una dinámica de edad que existe en muchos sitios en trabajo, en los que los más jóvenes son valorados por encima de los más mayores.
Sí hay investigaciones independientes llevadas a cabo desde varias universidades en las que se muestra que no es posible valorar si ahora las trabajadoras tienen que trabajar más o no. De todas maneras, y sí es importante, es que lo que sí que han mostrado es que las trabajadoras y trabajadores sexuales, con la descriminalización, tienen más capacidad para rechazar clientes, por lo que tienen mucho más control sobre cuánto trabajo, y de qué tipo, sienten que están haciendo.
Y en cuanto a las que decidan dejar el trabajo sexual, ¿se contempla algún tipo de ayuda?
Sí, y si quieres dejar de ser trabajadora sexual también te dan ayudas económicas. Es muy diferente si estuviera trabajando en otro trabajo… Si fuera maestra, por ejemplo, y quisiera dejarlo, tendría que esperar un tiempo hasta recibir una ayuda económica y estaría un tiempo que pasaría sin trabajar ni cobrar esta ayuda, pero siendo trabajadora sexual, si quiero dejarlo, el Estado inmediatamente te daría dinero para apoyarte. Es algo que es muy diferente con respecto al resto de trabajadores. El Estado reconoce que no quiere forzar a las personas a mantenerse en el trabajo sexual.
Este apoyo económico ¿es por meses o por cuánto tiempo?
Si consigues otro trabajo o vuelves a trabajar como prostituta te la quitan. La ayuda no tiene límite de tiempo, dura tanto tiempo como la necesites y te ayudan a encontrar otro trabajo.
Esta ley se aprobó en 2003, hace ya quince años. ¿Cómo fue el proceso que llevó a su aprobación?
La propuesta de ley vino de nosotras. Empezamos en 1987 como organización, y comenzamos a luchar por el cambio, directamente y con mucha fuerza. Nos llevó mucho tiempo que el Parlamento y los políticos nos escucharan. Fue muy controvertido, y conseguimos el apoyo de las grandes organizaciones de mujeres, fuimos muy afortunadas por ello. Ellas estaban de acuerdo en que las condiciones que afrontaban antes las trabajadoras sexuales no eran justas, que se necesitaba un reconocimiento de sus derechos humanos. También la gente de salud pública, y otras organizaciones de otro tipo, nos apoyaron.
Entonces, vuestra propuesta de descriminalización tuvo el apoyo también de prácticamente todo el movimiento feminista?
Sí, en esa época contamos con su apoyo.
En España y gran parte de Europa, el trabajo sexual es un punto que divide al movimiento feminista.
Sí, creo que muchas feministas confunden trabajo sexual con la trata. También argumentan que el trabajo sexual es la explotación de las mujeres. Pero también hay otras organizaciones feministas que dicen: "Mira, no podemos hacer que el trabajo sexual desaparezca, pero podemos mejorar las condiciones de trabajo".
Aquí se habla mucho desde hace ya varios años sobre el modelo noruego, que pone el acento en criminalizar al cliente en vez de a la trabajadora sexual. En las últimas semanas incluso se apuesta por señalarles en las redes sociales bajo el hasghtag #holaputero. ¿Qué te parece este modelo?
Pienso que es muy peligroso. Aquí también se ha tenido esta discusión en 2010, después de que cambiara la ley, sobre adoptar el modelo noruego, y el Parlamento se tomó muy en serio para asegurarse de que era una discusión tomada entre nosotras y los abolicionistas tomaron los argumentos. Se rechazó fuertemente. Lo vemos como un modelo muy peligroso y por supuesto estábamos totalmente en desacuerdo con que se tratara de esta manera a los clientes de las trabajadoras sexuales, que se les criminalizara, lo que influye en que se disminuya la seguridad de las trabajadoras sexuales.
Sabemos que muchas trabajadoras en muchos países se están quejando de esto. Espero que en España no sigan esa vía. Estaría bien que viniera una delegación del Gobierno español a Nueva Zelanda a conocer este modelo. Justo ahora ha venido una delegación de Vietnam a conocer nuestro modelo. Es importante que conozcan cómo ha mejorado en la salud y seguridad de las trabajadoras.
¿Hay un censo de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda? ¿ha variado el número de personas que se dedican a la prostitución desde que se aprobó esta ley?
Sí hay un censo, y no, no ha variado significativamente. Las cifras suben y bajan dependiendo de la economía, realmente. Creo que la gente pensó que con la ley de descriminalización iba a aumentar el número de personas que se dedicaran al trabajo sexual, pero es aún un estigma, aunque en este aspecto también haya habido una mejora. Hay muchas razones por las que una persona decide dedicarse al trabajo sexual, y también hay muchas razones por las que decidirse a continuar en este, pero el número de personas que se dedican al trabajo sexual no cambia simplemente porque cambie la ley. La gente no piensa de repente: “Oh, me voy a convertir en prostituta”.
No, realmente me planteaba que con esta ley, con la que se dan también tantas facilidades para abandonar el trabajo sexual, habría disminuido el número de personas dedicadas a este sector laboral.
Hubo un 10% de trabajadoras sexuales que decidieron dedicarse a otra cosa, y creo que alrededor del 25% dijeron que este era el mejor trabajo que iban a poder encontrar. Ha habido investigaciones sobre esto, que ponían el foco en que estas personas estaban forzadas a trabajar en esto y necesitaban ayuda para poder salir del trabajo sexual, pero realmente era porcentaje muy pequeño. La mayoría ha decidido continuar y ha visto que se han mejorado sus condiciones de trabajo y vida."
(Entrevista a Catherine Healy. Coordinador y una de las fundadoras del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, Ter García, El Salto, 13/01/18)
"La Corte Suprema de la India dictamina que la prostitución es una profesión legal
La sentencia reconoce los derechos de las trabajadoras sexuales y su protección legal.
La Corte Suprema de la India, con el juez L Nageswara Rao como presidente ha hecho pública la sentencia mediante la que se despenaliza la prostitución y se confiere derechos a las trabajadoras sexuales.
«La ley penal debe aplicarse por igual en todos los casos sobre la base de la edad y el consentimiento», determina el fallo. En base a esta sentencia, siempre que las trabajadoras sexuales sean mayores de edad, y presten su consentimiento, la policía no podrá interferir ni emprender acciones penales contra ellas a partir de esta sentencia.
De esta manera, el trabajo sexual voluntario no es ilegal, aunque administrar un burdel sigue considerándose un delito.
«Sin perjuicio de la profesión, todo individuo en este país tiene derecho a una vida digna según el artículo 21 de la Constitución», señala la sentencia. Y además, explica que las madres que trabajen en el ámbito sexual no deberán ser privadas de la custodia de sus hijos, ni deme asumirse que los menores que estén viviendo en un burdel o con una trabajadora sexual sean objeto de trata sin investigaciones específicas.
También se señala que la policía no debe discriminar a las trabajadoras sexuales cuando sean víctimas de agresión sexual. De hecho en la sentencia se denuncia la actitud «bruta y violenta de la policía hacia las trabajadoras sexuales» lamentando que «es como si fueran una clase cuyos derechos no son reconocidos».
Los jueces lanzan también una advertencia en su sentencia hacia los medios de comunicación: les avisa para que tengan «el máximo cuidado de no revelar las identidades de las trabajadoras sexuales, durante las operaciones de arresto, allanamiento y rescate, ya sea como víctimas o acusadas y que no publiquen ni transmitan ninguna fotografía suya». (Beatriz Talegón, Diario16, 29/05/22)
