Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, cinco meses de saqueo de la Administración de EEUU... No parece que vaya a cumplirse ninguno de los compromisos de ahorro. Anunció que había conseguido ahorrar 170.000 millones de dólares... pero según el Wall Street Journal, el gasto presupuestario ha seguido aumentando. Ha crecido en 154.000 millones desde el inicio del segundo mandato de Trump. En otras palabras, la misión del DOGE hasta ahora no ha aportado nada... además, el proyecto de presupuesto (The Big Beautiful Bill ) presentado por Trump no incluye ninguno de los ahorros que se esperaba conseguir gracias al DOGE... Los efectos de la política de eficiencia gubernamental podrían incluso resultar mucho más graves de lo previsto porque, en este momento, el coste real de los recortes de empleo y los cierres de agencias aún no se ha tenido en cuenta en las estadísticas, pero todo está preparado para desmantelar los servicios y reducirlos a la nada con el fin de privatizarlos... Elon Musk ya ha elaborado una lista de todas las funciones —casualmente rentables— que deberían salir del ámbito público. Entre ellas figuran los servicios meteorológicos y climáticos, marítimos, postales, de control del tráfico aéreo, etc... Por ejemplo, se ha designado a un responsable de una empresa petrolera, en contra de todas las normas sobre conflictos de intereses, para que defina las propiedades públicas que podrían venderse para su explotación privada (Martine Orange)

 "Ha durado ciento treinta días, pero para muchos americanos ha parecido un siglo. Con el fin de eludir las obligaciones de transparencia y responsabilidad previstas por la ley, Elon Musk renunció este pasado miércoles, 28 de mayo, a seguir dirigiendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para volver a sus negocios. El multimillonario considera que ha cumplido, al menos en parte, su misión: “En general, creo que hemos sido eficaces. No tanto como me hubiera gustado. Creo que podríamos haber sido más eficaces. Pero hemos avanzado”.     

Una opinión muy controvertida entre los americanos. En pocos meses, Musk, presentado como un “genio” por Donald Trump y los republicanos, se ha convertido en una de las figuras más odiadas de Estados Unidos. Ahora se le asocia con una de las experiencias más traumáticas del país, simbolizando por sí solo la brutalidad, las incoherencias y los errores de la “revolución trumpista”.

Incluso los líderes empresariales, fuera del mundo de la tecnología, se muestran severos con quien se suponía que iba a inculcar al Estado los méritos del sector privado. Según ellos, Elon Musk ha demostrado ser un pésimo líder. Ningún grupo privado podría resistir la terapia de choque que ha impuesto a la Administración federal.

A lo largo de su mandato, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX ha demostrado ser incapaz de gestionar organizaciones complejas, incapaz de trazar una estrategia y explicarla, incapaz de tener en cuenta las dimensiones sociales de un Gobierno y de crear consenso. Un fracaso evidente, porque “el proyecto estaba mal concebido” desde el principio, escribe Adrian Wooldridge, columnista de Bloomberg.

Aunque han podido constatar semana tras semana el rechazo masivo a los métodos aplicados por el multimillonario, pocos republicanos se atreven a pronunciarse en un sentido u otro sobre la actuación de Elon Musk al frente del DOGE: el multimillonario sigue teniendo una influencia considerable sobre Donald Trump. Los más indulgentes dicen que habrá que esperar antes de poder hacer un balance real.

Sin embargo, en este momento, las primeras conclusiones son abrumadoras. No parece que vaya a cumplirse ninguno de los compromisos de ahorro. Por el contrario, tras cinco meses en el cargo, Musk deja una administración sumida en el caos. Sectores enteros del Estado social, de las administraciones fiscales, de defensa o jurídicas han sido trastocados, desorganizados y, en algunos casos, destruidos de forma irreversible.

Con motosierra

Omnipresente desde julio de 2024 en la campaña presidencial de Trump, que financió generosamente, Elon Musk, que pareció haberse instalado en el Despacho Oval durante toda su estancia en Washington, tuvo influencia mucho más allá de su misión oficial. Aprovechando su proximidad al presidente, instaló sus ideas libertarias y racistas en el corazón de la Casa Blanca, apoyando a la extrema derecha europea, la ficción de un genocidio contra los blancos en Sudáfrica o liderando su cruzada natalista blanca.

Pero el departamento de eficacia gubernamental, su proyecto para situarse en el centro del poder presidencial, sigue siendo su gran obra. Durante la campaña, prometió el oro y el moro. Si se le dejaba actuar a su antojo, sería capaz de ahorrar 2 billones de dólares en muy poco tiempo. Subyugado tanto por su audacia como por su fortuna, Trump prometió dar carta blanca al multimillonario.

Muchos responsables políticos de todo el mundo se deshacían en elogios. Olvidando deliberadamente —o no— el trasfondo ideológico que transmite Elon Musk, solo querían ver en su nombramiento un avance de las ideas neoliberales que defienden desde hace tres décadas: el Estado debe gestionarse como una empresa. “Siempre he soñado con un comité de la hacha antiburocrático y Elon Musk lo va a hacer”, celebraba toda entusiasta Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France, cuando se anunció el nombramiento del multimillonario.

Apenas nombrado, Elon Musk escenificó su método. Siguiendo los pasos del presidente argentino Javier Milei, se presentó con una enorme motosierra para simbolizar su política. Todo debía ser recortado, excepto las subvenciones al sector privado, del que él es uno de los principales beneficiarios: desde sus inicios, el multimillonario ha recibido al menos 37.000 millones de dólares en ayudas públicas.

Sin esperar, Musk se puso manos a la obra. Retomó los métodos utilizados en la compra de Twitter, que casi hunden la red social —no se ha recuperado del todo—, y los aplicó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), vilipendiada por Trump.

De la noche a la mañana, los empleados de la agencia vieron cómo se desactivaban sus tarjetas de acceso y se cerraban sus cuentas de correo electrónico. En pocos días, la agencia fue liquidada y todo su personal fue despedido, entre los aplausos de los defensores de MAGA (Make America Great Again). A raíz de ello, fueron cerrando todos sus proveedores de servicios y subcontratistas.

Según las estimaciones, en menos de dos semanas perdieron su empleo más de 20.000 personas. Más tarde, los agricultores del Medio Oeste, que votaron masivamente a Trump, se dieron cuenta de que la USAID era una poderosa vía para exportar sus productos, subvenciones que no se llamaban así y que desaparecieron de repente, dejándolos sin recursos.

El Estado social en el punto de mira

Fortalecidos por ese primer éxito, Elon Musk y su equipo se lanzaron a por todas. Presentaron un plan de bajas voluntarias a los empleados federales, que fue aceptado por más de 330.000 personas. A los demás se les pidió que justificaran su decisión por correo electrónico semana tras semana, so pena de ser despedidos.

Se enviaron planes de supresión de puestos de trabajo a todas las administraciones y agencias. Algunas personas fueron despedidas inmediatamente, pero luego se les volvió a llamar porque de repente se dieron cuenta de que eran indispensables. Algunas de ellas serían despedidas por segunda vez más tarde.

Aunque no tenían ninguna habilitación administrativa ni de defensa, los equipos del Doge exigían tener acceso a todos los sistemas de pago federales, a todos los servidores, a todos los números fiscales y de la seguridad social, con el fin, según explicaban, de perseguir el fraude. Los funcionarios que se oponían eran destituidos de inmediato. De un plumazo  se rescindieron miles de contratos y servicios externos.

Aunque se multiplicaron los recursos ante los tribunales, detener esta guerra relámpago llevaba un tiempo. Mientras tanto, la apisonadora del DOGE aceleraba. Elon Musk centraba sus ataques en la caza de lo que llaman inmigrantes ilegales, una prioridad para Donald Trump, y también en lo social.

La seguridad social (Medicare y Medicaid) se designó como objetivo prioritario. Se suprimieron todos los fondos destinados a programas de planificación familiar y diversidad, considerados como wokismo. Rápidamente, Musk anunció que había encontrado fraudes y abusos masivos y que se podían ahorrar al menos 700.000 millones de dólares en programas sociales. Donald Trump se vería obligado a frenar él mismo los impulsos del multimillonario.

Porque, al saltarse todas las leyes, las normas constitucionales y las fuerzas políticas, Musk acabó creándose muchos enemigos. Las reuniones en la Casa Blanca se volvían cada vez más tensas con algunos miembros del Gobierno. Entre ellos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, o el secretario de Transporte, a quienes se les había reprochado no hacer lo suficiente, aprovechan para recuperar una serie de prerrogativas en sus respectivas administraciones.

Ahorros prácticamente inexistentes

Pocas semanas después de asumir el cargo, Elon Musk ya había revisado a la baja sus objetivos de ahorro: ya no apuntaba a 2 billones de dólares, sino “solo” a 1 billón. Pero, incluso después de esta revisión, los objetivos estaban lejos de alcanzarse. Según el propio multimillonario, los distintos cierres, recortes de empleo y reducciones de créditos habrían permitido ahorrar 170.000 millones de dólares.

Pero, mientras tanto, como señala el Wall Street Journal, el gasto presupuestario ha seguido aumentando. Ha crecido en 154.000 millones desde el inicio del segundo mandato de Trump. En otras palabras, la misión del DOGE hasta ahora no ha aportado nada. Por otra parte, el gobierno no parece esperar gran cosa desde el punto de vista presupuestario: el proyecto de presupuesto (The Big Beautiful Bill ) presentado por Trump no incluye ninguno de los ahorros que se esperaba conseguir gracias al DOGE.

Los efectos de la política de eficiencia gubernamental podrían incluso resultar mucho más graves de lo previsto porque, en este momento, el coste real de los recortes de empleo y los cierres de agencias aún no se ha tenido en cuenta en las estadísticas. Muchas de las personas que han decidido dimitir seguirán cobrando hasta septiembre, por lo que no aparecerán hasta entonces en las cifras de desempleo. Muchos funcionarios que ya han perdido su empleo aún no se han inscrito en el paro.

Sin embargo, hay señales preocupantes: en Washington, la ciudad más afectada por los recortes de personal en la administración federal, las ventas inmobiliarias aumentaron un 25 % entre marzo y abril. Sin empleo, incapaces de mantener su nivel de vida y de pagar sus créditos, cientos de funcionarios han decidido vender sus casas cuanto antes.

A todo eso hay que añadir los costes indirectos. Numerosos organismos, como los de medio ambiente, salud, educación y meteorología, se ven condenados a funcionar con medios cada vez más reducidos. Se han suprimido créditos de forma masiva. Algunos servicios funcionan ahora con equipos defectuosos, sin dinero, sin nada, a veces incluso sin papel. “Tiene sentido si el objetivo del DOGE no es mejorar el funcionamiento del Estado, sino impedir que el Gobierno funcione”, afirma Donald Moynihan, profesor de políticas públicas en la Universidad de Michigan.

Y luego están los costes invisibles, que sin duda surgirán en algún momento. Porque, en solo cinco meses, los daños ya son inmensos. La administración federal ha perdido competencias en todos los ámbitos, y muchos ejecutivos y altos funcionarios han preferido dimitir o jubilarse, cuando no han sido destituidos de forma repentina. En todos los servicios y agencias, el personal está desmoralizado y ha perdido la confianza en el Estado y en su misión, lo que ha llevado a algunos a la depresión y, en ocasiones, al suicidio.

El DOGE después de Elon Musk

Elon Musk está convencido de que lo que ha sembrado le sobrevivirá y que el DOGE continuará su obra. “La misión del DOGE se reforzará a medida que se convierta en un modo de vida dentro del Gobierno”, escribió en su red social X a modo de mensaje de despedida.

Sin confiar mucho en el Congreso, al que critica por su arcaísmo y pusilanimidad, Musk apuesta mucho más por las medidas adoptadas por el poder presidencial. Parte de las misiones asumidas por el multimillonario serán asumidas por Russell Vought, un halcón de la extrema derecha del Partido Republicano que ahora dirige la oficina de gestión y presupuesto de la administración.

Algunos observadores creen que la acción de Russell Vought se centrará mucho más en la desregulación, la supresión de las normas, reglamentos y leyes que rigen el mundo de los negocios, y en las agencias encargadas de velar por su aplicación. El campo es inmenso: puede abarcar desde la regulación bancaria y financiera, que Trump quiere eliminar a toda costa, tal y como piden tanto Wall Street como el mundo de las criptoactivos, hasta la regulación medioambiental, pasando por la protección de los consumidores o la energía.

Pero su papel podría ir mucho más allá. Se supone que, junto con los equipos del Doge, seguirá supervisando los recursos financieros asignados a las administraciones y a las diferentes agencias federales, autorizando o denegando las solicitudes de crédito y aprobando los contratos externos.

Según acusan algunos ex responsables públicos, todo está preparado para desmantelar los servicios y reducirlos a la nada con el fin de privatizarlos. Porque ese es el objetivo último de la ofensiva: reducir al mínimo el papel del Estado federal, disminuir en la medida de lo posible sus ámbitos y posibilidades de intervención, y confiar lo máximo posible al sector privado para garantizarle rentas y monopolios.

Elon Musk ya ha elaborado una lista de todas las funciones —casualmente rentables— que deberían salir del ámbito público. Entre ellas figuran los servicios meteorológicos y climáticos, marítimos, postales, de control del tráfico aéreo, etc. Con ideas muy claras —lo mismo que algunos de sus allegados, como el multimillonario Peter Thiel, propietario de Palantir— sobre el Pentágono, también aboga por la privatización de numerosas misiones que desempeña el ejército, como la definición de los programas futuros.

Desde el comienzo del segundo mandato de Trump se han iniciado nombramientos para puestos clave con el fin de llevar a cabo este proyecto. Por ejemplo, se ha designado a un responsable de una empresa petrolera, en contra de todas las normas sobre conflictos de intereses, para que defina las propiedades públicas que podrían venderse para su explotación privada.

La vida después

Elon Musk se lo ha prometido a sus accionistas y a los fondos de inversión que amenazaban con destituirlo de la presidencia de Tesla, a la vista de los pésimos resultados de la firma: se implicará menos e invertirá menos en política, aunque sigue teniendo la intención de aprovechar su cercanía a Trump.

Sus compromisos le han costado caro, afirma. Tesla, que se ha convertido en el principal blanco de las protestas contra las acciones del multimillonario, ha visto cómo sus tiendas eran atacadas y sus vehículos dañados. Los consumidores han decidido boicotear la marca. En Europa, las ventas de Tesla en abril se redujeron a la mitad. De su fortuna se han evaporado casi 300.000 millones de dólares.

Pero, al mismo tiempo, la empresa satelital de Elon Musk, Starlink, se ha beneficiado del apoyo de la Casa Blanca para convencer a nuevos gobiernos extranjeros de que recurran a ella y ampliar su red en todo el mundo. Y SpaceX se ha convertido en el socio imprescindible de la NASA. En cinco meses, han obtenido más de 3.000 millones de dólares en contratos adicionales. Ahora también tiene las puertas abiertas para obtener los permisos para hacer circular sus coches autónomos.

Sin embargo, su regreso a los negocios no comienza bajo los mejores auspicios. Por tercera vez, su lanzador pesado Starhip ha explotado en pleno vuelo." 

(Martine Orange (Mediapart) , InfoLibre, 31/05/25)

Ayudas públicas sin papeleo... es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos (Carlos M. Urriza)

 "El Ingreso Mínimo Vital solo lo percibe el 35% de los 800.000 hogares que podrían beneficiarse, según la AIReF, y la cobertura es aún peor en el colectivo donde este ingreso no debería fallar: solo llega al 5% de las personas sin hogar que tienen derecho a cobrarlo, según un estudio de Nuria Badenes. Lo mismo sucede con las rentas mínimas de las comunidades autónomas y los bonos sociales eléctrico y térmico. La ayuda de 200 euros incluida en uno de los paquetes del escudo anti-inflación solo alcanzó a un tercio de sus potenciales beneficiarios. Claramente hay un grave problema para hacer llegar a sus destinatarios las ayudas públicas de emergencia o las dirigidas a las personas más vulnerables.

Éste es uno de los fallos del sistema de protección social en España, que la OCDE califica recurrentemente de insuficiente. Los trabajos de los catedráticos Luis Ayala y Olga Cantó apuntan a que las carencias se deben también a falta de recursos, problemas de diseño y vacíos de cobertura, pues no se suele considerar que la desprotección va más allá de los pobres y alcanza también a una clase media baja que se extiende sobre gran parte de la distribución de la renta. Esta clase media baja es resultado los magros salarios y el elevado paro y subempleo. La mitad de los asalariados cobra un salario inferior a los 1.500 euros brutos mensuales y el salario más común es de 1.300 euros, muy próximo al SMI 1.080 euros.

Una pendiente reforma fiscal debe proporcionar los recursos necesarios para alcanzar un nivel de protección social suficiente, pero incluso con los fondos adecuados estos no llegarán a quienes los necesitan si no se mejora el diseño de las ayudas y la manera en cómo se accede a las mismas. Es necesario un cambio en la forma en cómo la Administración hace efectivo el ingreso de estas prestaciones. Hay que transitar a un modelo sin solicitud o papeleo, donde las ayudas se concedan a partir de la información que obra en manos del sector público y donde la burocracia funcione de dentro hacia fuera y no imponiendo una carga administrativa imposible sobre los hombros de personas y hogares vulnerables. Estos ya tienen bastantes problemas como para además añadirles el de un papeleo administrativo innecesario que les obliga a aportar una información que ya tienen las Administraciones Públicas.

Este no es un cambio novedoso. Simplemente se trata de extender el modelo de aquellas prestaciones públicas que sí llegan a todos sus potenciales beneficiarios. Es el caso de las pensiones y las prestaciones por desempleo contributivas y asistenciales, donde la comprobación de requisitos, su concesión e ingreso corre a cargo del Instituto Nacional de Seguridad Social y el SEPE. En el siglo del big data, la AEAT y el resto de organismos públicos disponen de suficiente información para hacer llegar ayudas permanentes o de emergencia a los ciudadanos sin necesidad de que estos las soliciten. Precisamente ahora que se acaba la fase de respuesta expansiva a la crisis de pérdida de poder de compra y se recuperan los límites fiscales a la iniciativa pública, es el momento de focalizar los apoyos, por ejemplo, a través de un bono que alcance a los asalariados y autónomos con menos ingresos. A través de las retenciones en nómina y los pagos a cuenta del IRPF se puede llegar a este colectivo sin necesidad de que hayan presentado declaración de la renta y hacer efectiva su percepción en la nómina o cuenta corriente en el caso de los autónomos."         

(Carlos Martín Urriza es portavoz de Economía y Hacienda del GP Sumar, El País, 08/01/24)

Por qué funcionan tan mal los servicios públicos... por las prácticas de gestión privada de los servicios públicos... aparecen un montón de expertos y de empresas especializadas que describen lo mal que funciona lo público, y ofrecen soluciones para arreglar sus problemas, cobran por ello y el resultado acaba siendo peor que antes... es lo habitual. Juzguen nuestra sanidad desde esta perspectiva... El cúmulo de problemas que han creado todas estas soluciones eficientes e innovadoras de lo público es enorme... lo saben desde las mismas empresas. El montante de ineficacia, derroche y mala inversión de los recursos desde lo privado es cada vez más abrumador, incluso para sus propios intereses... El resultado han sido firmas más ineficaces, que atienden peor a sus clientes y que limitan el futuro de la empresa, porque erosionan, a veces de forma radical, el medio plazo. Pero da igual, porque seguiremos poniendo el acento en lo mal que funciona lo público

 "Un tuit que describía el funcionamiento de un hipotético Tinder estatal circuló ampliamente esta semana. En él se satirizaba, con gracia y saña, todas las disfunciones que provocan los sistemas digitales que se han implantado en las administraciones, las molestias incomprensibles que causan a sus usuarios y los resultados tan negativos que generan. (...)

En ocasiones lo digital es una trampa porque está pensado con ese propósito. Con más frecuencia todavía, sirve para señalar de nuevo el mal funcionamiento de las administraciones, como si estuvieran dominadas por una inevitable pulsión burocrática que contamina todo y que acaba imbuyendo cualquier cambio de ineficiencia e ineficacia. Y tampoco tiene mucho que ver con esto. En cualquier caso, y con cierta lógica, la sensación de que lo público funciona cada vez peor está muy instalada socialmente.

Las reformas realizadas

Sin embargo, estaría bien hacer un recorrido mínimo para entender cómo hemos llegado a esto. Llevamos décadas señalando los males de la gestión pública, y una gran cantidad de tiempo además insistiendo en la necesidad de reformas profundas que consigan que la provisión pública genere menos gasto y sea más eficaz. Incluso hay quienes señalan que no han sido escuchados, y que si se hubieran puesto en marcha sus propuestas hace tiempo, ahora nos iría mucho mejor. No es así, sino justo al contrario: se ha escuchado en exceso a quienes nos contaban lo mal que estaban las cosas y lo que debía hacerse para solucionarlo.

Un ejemplo extranjero, que es significativo, porque tuvo un carácter inaugural. Gran Bretaña fue el país europeo en el que se iniciaron las prácticas de gestión privada de los servicios públicos, y desde donde fueron extendiéndose hacia el continente. Veamos lo ocurrido en la sanidad británica, según explican Walt Bogdanich y Michael Forsythe en When McKinsey Comes to Town (Random House). 

 En el mandato de John Major como primer ministro, en la década de 1990, el gobierno gastó aproximadamente 96 millones de libras cada año en servicios de atención médica prestados por empresas privadas. Bajo el gobierno del partido laborista, la cifra aumentó a 8.400 millones. Tras una década de gobierno tory, el gasto era de 14.400 millones de libras anuales, según cifras de 2021. El resultado de todo ese gasto es el desastre en que está sumida la sanidad pública británica ahora.

Tampoco hubo ventajas en términos de gestión. Los consultores hicieron que el servicio nacional de salud fuera menos eficiente. Con la cantidad promedio que cada hospital gastaba en consultores podría haber pagado los salarios de treinta y cinco enfermeras o diez médicos. Pagabas a gente que convertía los servicios en peores, y que impedía contratar personal por el coste de su salario.

Subrayan el problema y ofrecen la solución

No es un ejemplo al azar, es una dinámica constante. Esto va así: siempre aparecen un montón de expertos y de empresas especializadas que describen lo mal que funciona lo público, y ofrecen soluciones para arreglar sus problemas, a veces mediante reformas de gestión, en otras a través de innovaciones tecnológicas (la gestión digital es una de ellas). Es decir, señalan el problema, ofrecen la solución, cobran por ello y el resultado acaba siendo peor que antes. Por supuesto, esto no es siempre así, existen excepciones, pero sí es lo habitual. Juzguen nuestra sanidad desde esta perspectiva, sin ir más lejos.

El cúmulo de problemas que han creado todas estas soluciones eficientes e innovadoras de lo público es enorme. Nos hemos pasado décadas escuchando que lo público está siempre mucho peor gestionado, pero ahora es el momento de que empecemos a darnos cuenta de las causas de esa mala gestión. En ocasiones, ha funcionado mal de manera interesada, ya que el Estado es un gran proveedor de negocio para operadores que circulan a su alrededor, y gestionar privadamente los servicios públicos es un gran negocio, si eres una firma grande. Si eres una subcontrata es otra cosa, claro. 

Y, a menudo, todas esas invocaciones a la torpeza estatal tienen otro lado que se cuenta menos. Por ejemplo, oímos a todas horas la necesidad de reformar el sistema de pensiones público para asegurar su sostenibilidad, pero nos cuentan menos que Liz Truss tuvo que dimitir porque el anuncio de su programa había provocado tensiones en los mercados financieros, pero en especial con fondos de pensiones privados cuyas apuestas estaban muy apalancadas, y que estaban siendo tan castigados por ellas, que se habían metido en un aprieto serio.

Ineficiencia y derroche

En otras palabras, lo privado está muy mal gestionado. Esto lo sabemos en tanto clientes, cuando debemos soportar una significativa carga burocrática, digital o presencial, con las grandes empresas; siempre bajo una regla: cuando tienes que darte de alta y pagar, todo va como la seda, pero cuando hay problemas que solucionar, todo son trabas. Repasen, por favor, sus interacciones con estas empresas, y luego comparen con los peores vicios de lo público. Lo sabemos como trabajadores, en la medida en que hoy se trata mucho más de mostrar que se hace que de hacer; las personas que se dedican a medir el rendimiento y a dar órdenes son casi más que las que se dedican a hacer cosas en concreto.

Pero también lo saben desde las mismas empresas. El montante de ineficacia, derroche y mala inversión de los recursos desde lo privado es cada vez más abrumador, incluso para sus propios intereses. Siempre hay una serie de innovadores fantásticos que traerán la próxima gran idea, el nuevo sistema de gestión, algo que supone un gran salto adelante. El resultado han sido firmas más ineficaces, que atienden peor a sus clientes y que limitan el futuro de la empresa, porque erosionan, a veces de forma radical, el medio plazo. Pero da igual, porque seguiremos poniendo el acento en lo mal que funciona lo público. No, es un problema de gestión profundo, que afecta a lo privado en primer lugar y, sobre todo, a las grandes compañías, y que fruto de esa falta de claridad y de visión causa efectos negativos en general. Y también en lo público."                  (Esteban Hernández, El Confidencial, 15/01/23)

Los abusos contra menores tuteladas destapan un modelo privatizado, precario y que descuida la prevención... Hay un problema estructural en todos los servicios sociales, pero sobre todo en los especializados, y es que están muy externalizados... Quienes están al frente de la gestión de estos centros son organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones o empresas. "¿Qué ocurre? El personal que se contrata está en precario: hay una alta movilidad, ratios bajas y escasos recursos, así que baja la calidad del sistema de protección... El problema se agrava cuando entre los menores brotan los trastornos mentales o las adicciones, algo en absoluto fuera de lo común... Los profesionales "apenas tienen tiempo para salir de sus despachos" y dedican gran parte de su jornada a labores burocráticas... Un informe de UNICEF alertaba de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas analizadas... existe una falta de recursos y de voluntad política para proteger a estas menores, es un problema largamente desoído... existe una desinversión de recursos en algunas comunidades, como Madrid. Desde hace más de una década se han destruido servicios clave para la protección de menores, como los educadores de calle o los programas de vida independientes... el modelo ha potenciado los "macrocentros tardo-franquistas", en donde el número de niños tutelados es muy alto (algunos llegan a tener 70 o 90 plazas) y en los cuales realizar una intervención individualizada es prácticamente imposible

 "De pronto, emerge un problema concreto que llena titulares y hace saltar todas las alarmas. Y entonces se hace fuerte la sospecha de que algo no va bien. 

El escándalo tiene que ver con las agresiones sexuales hacia menores tuteladas; el problema estructural hunde sus raíces en un modelo cada vez más privatizado, donde la precariedad y la falta de recursos merma la capacidad de proteger a los más vulnerables, pero sobre todo de prevenir y detectar los problemas a tiempo.

Al inicio del año, las fuerzas de seguridad detuvieron en Madrid a 37 adultos pertenecientes a una red que explotaba sexualmente a menores. Fueron liberadas diez víctimas. El rumor sobre la existencia de menores tuteladas fue en un primer momento desmentido por la propia Comunidad de Madrid, pero las autoridades confirmaron enseguida que al menos cinco de las chicas liberadas sí estaban bajo la tutela de la administración autonómica. Uno de los centros en el que residían ya fue señalado hace algo más de una década por un extrabajador, quien aseguraba que ningún menor "puede mejorar" en sus instalaciones, a no ser que se prostituya "en la calle".

Niñas tuteladas y violencia sexual. El problema no es exclusivo de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. En Illes Balears sobrevuela un caso de menores tuteladas explotadas sexualmente desde hace más de dos años. El Parlamento Europeo acaba de autorizar a una comisión la investigación del caso. En la Comunitat Valenciana, un escándalo de abuso sexual implicó directamente a un educador, el exmarido de Mónica Oltra. El Síndic de Greuges –defensor del pueblo– ha puesto ahora sobre la mesa posibles abusos sexuales contra 175 menores sobre los que existe algún tipo de protección, por lo que la vicepresidenta ha pedido comparecer en Les Corts.

¿Qué es lo que subyace en un modelo de protección que parece estar impregnado por la violencia? Ana Lima está al frente de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla (Madrid) y esta semana el caso de las niñas tuteladas por la comunidad ha ocupado el orden del día de las reuniones con su equipo. En el diagnóstico, las voces coinciden: la externalización del servicio, la precariedad de las condiciones laborales y la falta de recursos merman la calidad de los centros y su atención.

"Por un lado hay un problema estructural de todos los servicios sociales, pero sobre todo de los especializados, y es que están muy externalizados", abunda Lima. Quienes están al frente de la gestión de estos centros son organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones o empresas. "¿Qué ocurre? Luego el personal que se contrata está en precario: hay una alta movilidad, ratios bajas y escasos recursos, así que baja la calidad en cuanto al sistema de protección", comenta la también ex secretaria de Estado de Servicios Sociales, quien incluye entre los problemas de la protección la escasez de inspecciones que den cuenta del buen funcionamiento del servicio.

Según el último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, relativo a 2019, a lo largo del año se produjeron 21.187 ingresos en centros de menores, sumando a 31 de diciembre un total de 23.209 menores ingresados. A la cabeza en los motivos de ingreso está la tutela ex lege por las entidades públicas de protección de infancia (54,69%), seguido de la guarda provisional (20%), la guardia voluntaria (5%) y otras causas (20%). En el total de acogimientos residenciales, Melilla y Ceuta ostentan los primeros puestos en tasa por cada cien mil menores de edad, 16.394 y 2.442 respectivamente. Le siguen Euskadi (441) y Cataluña (402). A 2019, el número total de niños y niñas atendidos por el sistema de protección ascendió hasta los 50.272.

Mucho informe, poca intervención

Los centros se dividen en dos tipologías: de protección y de reforma. Los primeros son espacios más o menos abiertos, donde el menor tiene libertad para desarrollar una vida razonablemente autónoma. Buscan sustituir, en la medida de lo posible, el núcleo familiar. En los centros de reforma la estructura es cerrada. Ahí es donde van a parar menores que cuentan con alguna medida judicial, porque han cometido algún delito, así que el control es necesariamente mayor. 

En los centros de protección se trabaja "desde la libertad, así que muchas veces los niños se van y el personal está tan saturado que es muy difícil saber dónde están, muchas veces ni se denuncia", comenta Lima. Es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid. En ocasiones, "las familias están deseando que el niño cometa un delito para que vayan al centro de reforma y estén controlados". 

El problema se agrava cuando entre los menores brotan los trastornos mentales o las adicciones, algo en absoluto fuera de lo común. Diego Rodríguez, responsable de la Sección Sindical de CCOO en Fundación Diagrama, una de las entidades dominantes del sector, liga estos problemas a las consecuencias tras las salidas de los chicos. "No hay ningún mecanismo para saber qué pasa en esas salidas, cuando salen no existe ningún tipo de supervisión sobre ellos y, por ejemplo, es normal que los que tengan adicciones salgan y sigan consumiendo". 

Las intervenciones psicológicas, añade, prácticamente brillan por su ausencia. Los profesionales "apenas tienen tiempo para salir de sus despachos" y dedican gran parte de su jornada a labores burocráticas. Coincide Cassandra, actualmente educadora en un piso de inserción laboral para mayores de edad, pero anteriormente trabajadora en un centro. "El problema principal viene de la falta de recursos de personal, no solo educadores, sino también de otros servicios como las revisiones médicas, la detección de posibles trastornos o el acompañamiento individualizado".

Durante su etapa en el centro, relata la profesional, los menores contaban con una psicóloga para entre 45 y 55 usuarios. "Tenía que hacer informes, trabajo burocrático y nada de intervención. A eso hay que sumar que cuando los chicos están en el centro son recién llegados y su capacidad para expresarse es mínima". En ese mismo punto, la atención rigurosa de cada caso particular, se detiene también Ana Lima. Es fundamental examinar los perfiles, "ver problemas de salud mental y de adicción", pero también "ver si hay niñas víctimas de violencia sexual y ver si hay niños agresores". No hacerlo, advierte, puede ser un cóctel explosivo.

El largo camino hacia la integración

Preguntadas por los recientes casos de abuso y violencia sexual, las voces consultadas guardan un silencio cauto, seguido de la condena explícita. Si el problema más inmediato está en las salidas y en la ausencia absoluta de control, lo que germina en el fondo es mucho más grave: la falta de recursos impide trabajar la prevención y cuidar el vínculo con los menores, la mayor herramienta para promover su integración. Sin reparar las grietas que atraviesan a la estructura misma del modelo, el problema no solo se agrava, sino que se cronifica. Entretanto, los chavales crecen, alcanzan la mayoría de edad y después "se quedan en la calle", señala Lima, "hay un fracaso en la entrada al sistema y en la salida".

Patricia trabaja como educadora en un centro de protección que es en realidad una casa, una tipología que se asemeja "más a un ambiente familiar". En su centro son seis menores, todos de edades similares, entre los diez y los trece años. "Parten todos de familias desestructuradas, menores que han sufrido maltrato, abuso o explotación sexual, a veces con progenitores en la cárcel o en situación de consumo de drogas, hay un abandono muy grande de los menores". En esa coyuntura, cuenta la educadora, "los primeros meses para ellos son muy duros: aunque con sus familias lo han pasado mal, tienen mucho apego y las echan muchísimo de menos". La fase de adaptación "es brutal: psicológicamente los destroza, los abate, los deprime y evidentemente también les pone furiosos".

Hasta el momento en que entienden que es lo mejor para ellos, "los menores batallan porque no quieren estar ahí". Patricia y sus compañeros trabajan para corregir toda una educación previa, marcada en ocasiones por la ausencia total de límites, y otras veces por el exceso de imposición. Las situaciones problemáticas que se producen como consecuencia requieren de recursos y protocolos efectivos para su resolución. "Puede haber destrucción de mobiliario, situaciones de peligro físico contra el resto de menores" o incluso agresiones al propio personal. Diego Rodríguez denuncia que en estos últimos casos, "lo más normal es que la fiscalía o el juez de menores no actúen de oficio", pero también se deslizan "sutiles amenazas de las entidades a los trabajadores para que no denuncien, así que se produce una indefensión absoluta".

Save the Children ha señalado este viernes la necesidad de ahondar en la protección y recuperación de las víctimas, ante la escalada de casos de agresiones sexuales, mediante la implantación de protocolos de prevención y detección temprana.

Patricia es muy cuidadosa cuando habla de límites y control. "A los menores les tienes que proporcionar libertad para que desarrollen sus habilidades sociales y formen parte activa del entorno en el que viven", disecciona. Ahora bien, añade, si el menor se escapa de un centro, "se ponen en marcha los protocolos y se denuncia, ahí ya son otros agentes los que intervienen". El problema es que no siempre se hace así.

En la construcción de un vínculo, la educadora es partidaria de "dejarles un espacio desde que llegan para que no se sientan asediados: hay que respetar los tiempos del menor, para que pueda subsanar, adaptarse e incorporarse a la nueva situación de vida". Pero sobre todo, enfatiza, es necesaria "mucha comprensión" y poco a poco ir "introduciendo normas". No hay una fórmula para conseguirlo y los resultados no siempre serán satisfactorios al instante. "A veces funciona y otras no", puede que se den situaciones en las que "todo este trabajo se desvanece", afirma la trabajadora. "Los menores responden como pueden, como saben y como han aprendido".                      (Sabela Rodríguez, InfoLibre, 15/01/22)

 

"(...) Diversos expertos consultados por este diario afirman que existe una falta de recursos y de voluntad política para proteger a estas menores y que el sistema de acogida adolece de problemas largamente desoídos. 

Un informe de UNICEF publicado en 2017 y en el que entrevistaban a más de 300 responsables, educadores y menores alertaba de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas analizadas. Aunque no especificaba en cuáles, advertía de que "en algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro".

"Si bien se han producido avances legislativos en los últimos años, como la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015 que supuso una transformación del sistema de protección, ésta no llevó aparejada una dotación presupuestaria y hemos visto cómo a lo largo de los últimos años este sistema ha ido funcionando por inercia. El hecho de que existan serios problemas de financiación y de recursos en el sistema de protección a la infancia a lo largo de los últimos años muestra hasta que punto este asunto no ha sido una prioridad política", afirma a Público Cristina Junqueras, responsable de políticas de Infancia de UNICEF.

 Otros expertos van aún más lejos y hablan de una desinversión de recursos en algunas comunidades autónomas, como Madrid. Es el caso de Miguel Ángel Martín que durante 11 años fue director de dos centros de atención a la Infancia de la Capital. Denuncia que desde hace más de una década se han destruido servicios clave para la protección de menores, como los educadores de calle o los programas de vida independientes, que llegó a tener 100 plazas y que era una alternativa para chavales que rechazaban la institucionalización y vivían a cargo de monitores especializados en pisos y albergues.

 "Los programas para la vida autónoma no están, no existen. Se han ido cerrando o paralizando y habría que preguntarse cómo se trabaja la emancipación", explica Martín a Público. Este experto relata cómo a lo largo de las últimas dos décadas el modelo, al menos en la Comunidad de Madrid, ha potenciado los "macrocentros tardo-franquistas", en donde el número de niños tutelados es muy alto (algunos llegan a tener 70 o 90 plazas) y en los cuales realizar una intervención individualizada de los menores es prácticamente imposible. "Hemos retrocedido en estos últimos años de forma brutal y lo que padecemos en la última década es una situación de abandono", añade.

La situación no es homogénea. Si bien la Administración central tiene una labor de supervisión y de asegurar la coherencia de estos servicios, las competencias están transferidas a las distintas comunidades autónomas y los modelos y recursos varían entre unas y otras. Otro problema de esta descentralización es la dificultad para recopilar y analizar datos globales. Tal como han manifestado todos los consultados para este reportaje, conocer la realidad de los menores tutelados y las carencias en las distintas regiones es una tarea titánica. (...)

"La explotación sexual de menores tuteladas es una realidad en España y en el resto de Europa. Lo que ocurre, y esto está ampliamente estudiado no sólo en España, sino también en países de nuestro entorno, es que estos niños y niñas que están en centros residenciales de protección vienen con experiencias de malos tratos y violencias muy graves en sus familias, y esto no lo podemos olvidar. En la mayoría de los casos, las niñas y niños explotados vienen con abusos sexuales previos por parte de las personas de las que dependían, de sus cuidadores principales (el padre, la madre, los tíos o abuelos). Nos encontramos con niños altamente vulnerables que requieren de un vínculo seguro con un adulto, que el sistema de protección en centros no ofrece. Este es el principal factor de riesgo, porque un niño no puede crecer en un centro, donde no puede haber (por mucho que algunos educadores se esfuercen), que pueda ser referente como un padre o una madre", explica a este diario Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona y coordinadora del grupo de investigadores nombrado por el IMAS de Baleares para investigar el abuso sexual de niñas tuteladas en dicha comunidad.

 Esta experta explica que las menores que entran en los centros son muy vulnerables, que en general vienen muy dañadas y se encuentran absolutamente desamparadas a nivel emocional en un centro. A esto se suma que hay una serie de mafias que conocen muy bien estas necesidades de pertenencia de los menores. El dinero, afirma, no es lo más importante para ellas. "Es verdad que a veces estas mafias les dan recompensas, les regalan móviles..., pero lo más importante es el vínculo emocional, y esto es complejo y es donde realmente tenemos un problema porque no queremos escuchar".

 Afirma que durante la exhaustiva investigación que el equipo llevó a cabo en Mallorca, los explotadores sexuales se hacían llamar papis; los clientes, tíos; y las niñas explotadas eran hermanas. "Esto es el modelo de familia que estas niñas están deseando tener. Lo que hacen las mafias es una perversidad, pero fíjate cuánto conocimiento tienen para captarlas", añade Pereda.

En general no se encuentra una niña sola involucrada con estas mafias, sino varias de ellas, incluso decenas. En la última actuación policial en Madrid se detectaron diez niñas explotadas. "Lo que ocurre es que si una de estas niñas del centro se va con estas mafias suele captar a otras y esto se convierte en una red. Por eso, una de las soluciones es que las niñas víctimas de abusos previos o de explotación sexual tienen que estar siempre en centros especializados. Centros que no existen en general. Son niñas y niños de alto riesgo, expuestos en un entorno que es un centro que no proteger de este riesgo y nos encontramos con mafias que saben perfectamente cómo captarlas.

 Así lo defiende también Rocío Mora, directora de APRAM, que posee uno de los únicos centros especializados en abusos sexuales a menores y que trabaja en la Comunidad de Madrid. Afirman que anualmente rescatan de las redes de la prostitución a unas 1.600 mujeres, casi el 60% de las cuales comenzaron siendo explotadas cuando eran niñas. "Se necesitan centros especializados y con profesionales formados que conozcan los indicadores de violencia sexual y que puedan hacer un seguimiento individualizado de estas menores. Que también controlen sus salidas para evitar que caigan una y otra vez en estas mafias", añade Mora, advirtiendo que este modelo ha sido criticado, pero es efectivo. A su parecer, no se podrá avanzar en la protección de estas menores sin un compromiso estatal de lucha contra la trata y la explotación sexual y exige cuanto antes una ley. "Cuando haya una política pública contra la trata, avanzaremos. De lo contrario estos casos seguirán siendo una noticia del día", afirma. 

Opacidad y lucha política

La noticia de las niñas explotadas sexualmente en Mallorca abrió una tormenta política de un nivel nunca antes visto. Fuerzas como Vox o el Partido Popular cargaron y siguen haciéndolo contra el gobierno progresista como un arma política. Un debate que ha dejado en segundo plano el interés superior de las menores. 

"Mallorca ha sido la primera región que ha afrontado este tema de cara. Se creó una comisión de investigación cuyos resultados están transformando el sistema de acogida de la isla". Así lo asegura Pereda. Pero advierte de que la opacidad y la falta de información sobre este asunto en las distintas comunidades es prácticamente total.

 "Durante el informe que hicimos con la Universidad de Barcelona solicitamos como comisión de expertos a las distintas autonomías que comunicaran si en sus centros había casos de explotación y si tenían protocolos para prevenirla. Ninguna comunidad, excepto Madrid e Ibiza, respondió. Y estas últimas en el sentido de que estaban trabajando en un documento. Es un tema tabú, es un tema secreto que las comunidades quieren tapar a toda costa. Y esto supone un problema grave que tiene como consecuencia que no se pongan los recursos necesarios para prevenirlo", advierte Pereda.

Parte de ese oscurantismo se vio en la Comunidad de Madrid hace unos días. Cuando el 3 de diciembre saltó la noticia de se había detenido a una red de narcotraficantes que explotaban sexualmente a diez niñas tuteladas, la Comunidad de Madrid salió inmediatamente a desmentirlo y afirmó que era totalmente falso que las menores estuvieran tuteladas. Tampoco admitió que estuvieran acogidas en ningún centro de menores antes de la redada policial. Este diario desveló sólo unas horas después que al menos cinco de ellas estaban acogidas en centros de la comunidad de Madrid: cuatro en el de Picón de Jarama y otra en el centro de primera acogida de Hortaleza. 

Dos días más tarde, el gobierno de Díaz Ayuso reconocía que sólo tres de ellas estaban en centros de menores e inició una guerra contra la Delegada del Gobierno, asegurando que le había trasmitido información falsa. Un extremo que la delegación del Gobierno desmintió a este diario. 

La realidad es que estas trifulcas políticas acaban por engullir al conocido como interés superior del menor y sirve para echar tierra sobre un problema estructural que afecta a miles o decenas de miles de niños (sobre todo niñas) que están acogidos o tutelados en centros oficiales en España.

 Mientras tanto, de las niñas liberadas por la mafia en Madrid poco se sabe. Después de que la consejería que dirige la popular Concepción Dancausa reconociera que varias de las menores sí estaban tuteladas en centros de menores de la Comunidad de Madrid, diversas fuentes policiales han afirmado a Público que una de ellas fue entregada a su familia, otra había cumplido la mayoría de edad y que el resto fueron devueltas a centros de menores, principalmente al de Picón de Jarama, donde residían varias de ellas. Es decir, a los mismos centros que las desprotegieron y que, tal como afirmas diversos expertos consultados por este periódico, no tienen los medios ni los conocimientos para tratar las serias violencias y secuelas que han sufrido.

Tal como afirman los diversos expertos consultados, los niños tienen que crecer en familia, no en instituciones, y esto representa un desafío que tendría que hacer repensar todo el sistema de acogida y tutela. No es sencillo. Tal como afirma Pereda, España tiene muy poco acogimiento familiar, entre otras cosas por un problema cultural, de familias cerradas que no favorece este tipo de cuidados: "Estos casos que conocemos deberían interpelar a toda la sociedad, porque nos echamos las manos a la cabeza con estos casos, pero luego no investigamos qué pasó con las menores". Afirma que es imprescindible ir a un modelo de acogimiento familiar y mirar a otros países, como los nórdicos, en donde se ha implantado un sistema por el que existen familias profesionales, a las que se les paga un sueldo, no una ayuda, para que se dediquen a crear y se les apoya y orienta en la tarea. 

"Lo principal es que se abra la luz y que exijamos recursos específicos. Este no es un problema de una comunidad autónoma. Existe desde hace años, pero no se han puesto los recursos encima de la mesa. No es una vergüenza que surjan casos en una región. La vergüenza es taparlo y no poner soluciones. Eso podemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con las niñas de Madrid, y las de Canarias? ¿Quién las está reparando?", acaba Pereda."                       (Marisa Kohan, Público, 15/01/22)

El autoconsumo eléctrico despega en el sector público con inversiones millonarias de más de un centenar de organismos

"Más de un centenar de organismos públicos se han lanzado a invertir sumas que ya alcanzan cuantías millonarias para promover el autoconsumo de electricidad. En paralelo al espectacular descenso de costes de la generación fotovoltaica, esta solución energética empieza a despegar con el impulso de las Administraciones de todo signo político. El ritmo se ha acelerado tras la derogación del famoso ‘impuesto al sol’ hace un año.

Los datos disponibles en diferentes plataformas de contratación y boletines oficiales reflejan que unos 110 organismos públicos han licitado o adjudicado en los últimos años inversiones en autoconsumo por importe de más de 35 millones de euros para poner en marcha más de 200 instalaciones cuya potencia supera los 24,5 megavatios (MW).

Desde que se aprobó el decreto que suprimió el 'impuesto al sol', en octubre de 2018, la inversión se ha disparado hasta unos 22,8 millones en proyectos que suman unos 16 MW de potencia. Las cifras, aproximadas, dan idea del creciente interés del sector público por promover sus propias instalaciones de generación de electricidad.

Por número de procesos de licitación, llevan la delantera las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…) con en torno al 70% del total. Destacan especialmente los municipios, que hace un par de años ya lideraron la apuesta por la contratación de electricidad con garantía de origen renovable.

Con apoyo en muchos casos de los fondos europeos FEDER, ayuntamientos de toda España (Catalunya es la región más activa) se han lanzado a poner en marcha pequeñas instalaciones fotovoltaicas en un amplio abanico de edificios públicos: cubiertas de colegios, guarderías e institutos, piscinas municipales, cementerios, polideportivos, bibliotecas, geriátricos, comisarías, centros cívicos, parques de bomberos, estaciones de autobús, aparcamientos, plantas de tratamiento de aguas…

Uno de los más activos es Barcelona, que lleva adjudicados o licitados sobre 1,3 millones. El plan más ambicioso, con un presupuesto de algo más de un millón, salió a concurso en julio. Prevé instalar unos 364 kilovatios (kW) fotovoltaicos en ocho centros educativos de la capital catalana.

 El despliegue del Estado está siendo más discreto si se atiende al número de iniciativas, pero no al volumen de la inversión, gracias al empuje de Aena, controlada por el Estado (51%). Hasta ahora lleva invertidos unos 16 millones en 11,5 MW en sus aeropuertos en Madrid, Canarias y Baleares. Son proyectos que ha venido desarrollando desde 2016, pero es solo en principio, tras la aprobación, en febrero, de un ambicioso plan con unos 250 millones de inversión para situarse como líder mundial aeroportuario por producción de energía renovable en autoconsumo (650 GWh/año)."                       (Antonio M. Vélez, Ana Ordaz, eldiario.es, 17/11/19)

100.000 euros de sueldo para un cargo con una tarea fantasma: La Comisionada para el Reto Demográfico.

"(...) los problemas que acarrean el envejecimiento sobre el gasto público una de las principales advertencias desde los organismos internacionales. En ese contexto, el Gobierno creó hace casi un año un cargo nuevo: la Comisionada frente al Reto Demográfico, cuyo mandato fundamental era elaborar una estrategia que equilibrara la pirámide poblacional. 

Doce meses después, la estrategia ni se ha presentado ni los grupos parlamentarios tienen noticia de ella.

El Gobierno nombró como Comisionada a Edelmira Barreira, hasta entonces senadora del PP y cuya carrera profesional está enteramente ligada al Partido Popular. Barreiro cobra unos 100.000 euros brutos anuales, según Sueldos Públicos, que obtuvo la información a partir del Portal de Transparencia. Se trata de un sueldo similar al de los subsecretarios de Estado y mayor que el que percibe el propio presidente del Gobierno, que ronda los 79.000 euros.

 A pesar de su sueldo, su actividad apenas es conocida. (...)

En las notas de prensa que figuran en su página web pueden comprobarse algunos de los actos en los que ha participado Barreira: la I jornada de los pueblos más bonitos de España en el Senado, la I Feria para la Replobación de la España vacía, o un congreso de reflexión sobre el retiro de la generación del 'baby boom'.   (...)

Barreira juró cargo en 2012 como directora adjunta del Gabinete de Soraya Sáez de Santamaría que dirige María González Pico. Es conocida por tanto por ser del grupo de los sorayos y se la considera amiga de la vicepresidenta. En 2015 pasó a representar al Partido Popular en el Senado por su provincia natal, Ourense, hasta que el año pasado se creó este organismo al frente del que se sitúa la política."               (Ana Requena, eldiario.es, 28/12/17)

La subasta de fármacos andaluza permitirá ahorrar 1.500 millones al conjunto del Estado

"En 2012, en pleno epicentro de la crisis y con las administraciones forzadas a aplicar duros recortes en el gasto público, el Gobierno de Andalucía aprobó la polémica subasta de fármacos, una medida que buscaba un ahorro considerable para la sanidad pública en la adquisición de los medicamentos con principio activo más demandado.

El beneficiario sería el contribuyente, pero la medida, claro, irá en detrimento de las grandes farmacéuticas dispensadoras de medicinas, que se vieron obligadas a rebajar el coste de sus productos si querían vendérselos al Sistema Andaluz de Sanidad (SAS). Desde el principio la Junta planteó esta estrategia con ciertas dosis de demagogia, como un pulso entre los grandes lobbies farmacéuticos y los pacientes de la sanidad pública.

Pero no había duda de que se estaba zarandeado un negocio de un volumen considerable, de hecho, sólo cuatro de los 11 laboratorios que se presentaron a la primera puja y ganaron el concurso rubricaron finalmente el acuerdo con la Consejería de Salud. Fue un intento de las grandes firmas (Bayer, Sanofi, Abbott, Ranbaxy, UCB Pharma, Nycomed Pharma y Janssen Cilag) de boicotear la subasta, pero ésta se mantuvo en pie gracias al interés de los pequeños laboratorios. 

Aun así, el Gobierno central de Mariano Rajoy recurrió la subasta de fármacos andaluza ante el Tribunal Constitucional, acusando a la Junta de invadir las competencias del Estado y de romper el principio de igualdad de los españoles al acceso de medicamentos. El Constitucional paralizó cautelarmente la norma, pero al poco tiempo levantó la suspensión hasta que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Éste llegó hace unos días: los jueces fallaron a favor de Andalucía, poniendo fin a cuatro años de litigio entre el Estado y el Gobierno andaluz.

Esta sentencia abre la puerta a que otras comunidades autónomas implanten el mismo sistema de compra de medicamentos, lo cual supondría un ahorro global de más de 1.500 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud, según un informe del Colegio de Médicos de España, en el que ahora se escuda el gabinete de Susana Díaz. No está claro que el Gobierno de Rajoy vaya a extender la subasta de fármacos, porque incluso tras la sentencia del Constitucional mantiene un pulso político con la Junta, rechazando abiertamente el modelo.

“Si se atreviera a dar ese paso”, explican desde la Consejería de Salud, “abriría un frente de confrontación con la poderosa industria farmacéutica, que factura cada año millones de euros en todo el país”. El sector (fabricantes y comercializadores de genéricos) ha perdido un 20% de ventas de unidades entre 2013 y 2016 en Andalucía, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el modelo no tardará en ser exportado, puesto que ya hay cuatro comunidades gobernadas por el PSOE que se han interesado por la subasta de fármacos, y prevén implantarlo a partir del próximo año.

El fallo del Constitucional ha sido un varapalo para las grandes farmacéuticas, pero también para el Gobierno central, que ha echado por tierra las críticas vertidas por el PP durante los últimos cuatro años. “La selección por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) a través de la correspondiente convocatoria pública de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios”, concluye el fallo. La sentencia niega, como denunció Rajoy y el PP, que la subasta de fármacos de Andalucía rompiese la igualdad de acceso de todos los españoles a las medicinas. (...)"                   (Público, 02/01/17)

Las diputaciones provinciales constituyen hoy en España la principal fuente de ineficiencias en el sector público

"(...) Lo primero que debe señalarse es que no hay ahorro inmediato significativo de la supresión de las diputaciones provinciales. Debe tenerse en cuenta que los funcionarios permanecerían y los servicios que actualmente se ofrecen deberían seguir prestándose.

 Si se suprimieran, sí desaparecerían los gastos directamente asociados con los órganos de gobierno, pero los bomberos, las imprentas provinciales, algunos servicios sociales (tienen muy pocos), los servicios de recaudación de tributos municipales, las carreteras y otros servicios deberían proseguir, al menos a corto plazo.

Sentado lo anterior, las diputaciones provinciales constituyen hoy en España la principal fuente de ineficiencias en el sector público. Sirva como ejemplo ilustrativo que en alguna diputación hace años que se pactó una jornada laboral de 30 horas. Además, por lo general, es sabido que los sueldos públicos en las diputaciones no soportan comparación con las demás administraciones. 

Por otra parte, los incentivos son perversos: la diputación provincial no recauda ninguna clase de impuestos de los ciudadanos. Solo tienen la potestad de establecer un recargo provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, cuya reforma en 2002 lo despojó del grueso de sus bases imponibles. 

Y siendo que no exigen tributos, gastan volúmenes de recursos considerables como hemos visto, sin que los votantes sepan de donde provienen. Lo anterior se agrava con su naturaleza política de representación indirecta: los diputados provinciales son elegidos formalmente por los concejales de la provincia, en la práctica, por los partidos políticos.

La literatura económica ha identificado múltiples ineficiencias cuando una administración pública puede gastar sin recaudar y sin necesidad de ser reelegido: hay ausencia de responsabilidad, intercambio de votos que impulsan un gasto excesivo, u otros problemas. Así nos encontramos con casos como alguna diputación que tiene una política de natalidad, lo que nada tiene que ver con sus funciones legales.

Si bien los beneficios no serían de un día para otro, la supresión de las diputaciones provinciales no tardaría en permitir ahorros significativos. Supongamos que se realiza mediante la integración en las comunidades autónomas, tal como se hizo en su momento en Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja (los consejos y cabildos Insulares no se cuestionan). 

Así, las diputaciones provinciales en 2014 realizaron gastos de inversión por importe de 1.401 millones, cuya necesidad es probablemente muy discutible, al menos en parte. Todos conocemos alguna anécdota de la construcción de un polideportivo en un pueblo en el que la persona más joven tiene 60 años. 

O bien, si aceptamos que existen amplias ineficiencias en los 2.500 millones de consumo público de 2014 (personal más gastos en bienes y servicios), en pocos años ese gasto se reduciría.

Otra fuente de ahorro importante en el medio plazo vendría de que las actuales diputaciones provinciales, una vez integrados sus servicios en las comunidades autónomas, permitirían a estas suprimir sus propios servicios provinciales. 

 Actualmente existen duplicidades entre servicios provinciales de comunidades y diputaciones (por ejemplo en Castilla y León o en Andalucía). Este proceso necesitaría su tiempo, bastaría con no reponer las plazas de los empleados conforme se vayan jubilando, pero sucedería en todo caso.

 Ciertamente las ineficiencias no se manifiestan en todas las diputaciones provinciales por igual y por supuesto que se prestan servicios útiles a los ciudadanos del medio rural. Nadie lo discute, lo que merece una reflexión es si lo mismo podría hacerse con menos recursos y menos implicaciones en términos de clientelismo político. 

Suprimir las diputaciones introducirá una reducción de los conflictos políticos locales entre estas y las CCAA, mejorará la calidad e imagen de los servicios públicos y como hemos tratado de ilustrar en estás líneas, reducirá el gasto público innecesario."             (Alain Cuenca, Bez)

Rajoy afirma que liquidó 115 organismos, pero únicamente han sido tres reales

"La reforma administrativa de Mariano Rajoy ¿ha sido una reforma en profundidad, o fundamentalmente un conjunto de recortes, a veces efímeros?

 El Gobierno propulsó una reducción funcionarial notable en los distintos niveles administrativos, sobre todo en el central (61.207 puestos menos desde que tomó el poder) y autonómico (63.016 menos): un total de 147.312 puestos amortizados, sobre todo por vía vegetativa de no reposición. (...)

Pero el dato del último ejercicio contradice la tendencia del mandato: el personal de todas las Administraciones aumentó de julio 2014 a julio 2015 en 20.156 personas. (...)

Más allá de la reducción de personal y gasto, se han introducido algunas reformas organizativas. El balance oficial de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) es entusiasta: 191 medidas ejecutadas, el 86% del total; 381 convenios con las autonomías suscritos, 2.305 entes públicos suprimidos.

¿Qué hay bajo esas cifras? La Administración electrónica se ha multiplicado (es lo mejor), pero aún carecemos de ventanilla única para crear empresas. Y de los entes públicos suprimidos, 754 eran autonómicos, 1.436 locales, y solo… 115 centrales (la frugalidad va por barrios).

Peor, si cotejan la lista en la web de Hacienda, comprobarán que el Gobierno central solo ha suprimido de verdad tres organismos autónomos: el de la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, el Consejo de la Juventud y la Obra asistencial familiar de la provincia de Sevilla. 

Las 112 restantes son desapariciones por fusión, absorción o cesión a otros organismos, o cancelaciones de empresas que ya no estaban operativas: buena limpieza de hojarasca, sí, pero de escaso relieve económico. (...)"                  ( Xavier Vidal-Folch  , El País, Barcelona 6 ENE 2016)

Central de compras de medicamentos, para salvar la sanidad pública

"Centrales de compra ante las multinacionales

La unión hace la fuerza. Esta popular frase adquiere pleno sentido a la hora de hablar de las negociaciones con las empresas farmacéuticas. En estos momentos, cada comunidad autónoma negocia por separado el precio de compra. Desde el año 2012, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, centraliza las compras de las comunidades autónomas que, voluntariamente, quieren adherirse.

 Hasta ahora lo han hecho, en diferentes programas, diez gobiernos regionales, con un volumen de compras por valor de más de 838 millones de euros. Así se ha conseguido un mejor precio en productos sanitarios y medicamentos genéricos, entre otros.

Para el responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, esto no es suficiente y se debe aspirar a una compra centralizada a nivel europeo. “Ahora hay nuevos fármacos que comprometen la viabilidad del sistema y ya que la dimensión especulativa de las multinacionales es tan grande, la compra debe ser comunitaria para negociar de igual a igual y utilizar las mismas armas”, sentencia el político asturiano.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también apunta a la industria farmacéutica y recuerda que “por cada euro que se invierte en investigación, hay otros 19 euros que se dedican a promoción de esos productos”. Las críticas también arrecian desde otras asociaciones para quienes la farmacia condiciona la formación de los médicos, la prescripción y la incorporación de nuevos medicamentos”.

En cambio, el diputado socialista José Martínez Olmos, ve “muy teórico” el planteamiento de una central de compras ya que “los intereses son muy diversos y Europa no está montada para eso”. En lo que sí ve un avance es en la subasta. 

En 2012 el Gobierno andaluz decidió comprar a gran escala aquellos medicamentos que tienen una mayor prescripción. El objetivo es doble, por un lado reducir el gasto farmacéutico y por el otro bajar el déficit de la comunidad autónoma. A través de la subasta, se logra ajustar el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión. 

Con este sistema, la Junta de Andalucía prevé ahorrarse una media de 244 millones anuales. La medida ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP al considerar que rompe con la equidad del sistema e interfiere en competencias estatales. Además, cuenta con el rechazo de los colegios farmacéuticos y de la patronal, Farmaindustria."            (Toni Martínez , La Marea, 02/03/2015)

El Ejército ahorra 10 millones de euros "desprivatizando" servicios. Que se lo digan a Aznar

"Un total de 9,6 millones de euros ahorrados en 2013 reduciendo el grado de servicios externalizados en el Ejército. Un mazazo al dogma de que la gestión por parte de empresas privadas es siempre más eficiente.

 Para el Ejército, muy afectado por los recortes presupuestarios y que se ha visto obligado a reducir al mínimo las partidas dedicadas al entrenamiento y formación de unidades, utilizar personal militar para prestar servicios de los que antes se encargaban empresas privadas se ha demostrado un sistema eficaz en la reducción de costes.

Este proceso de "desexternalización", como lo ha llamado el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), se ha llevado a cabo dejando extinguir ciertos contratos con compañías privadas (sin renovarlos después) o bien renegociando las condiciones pactadas inicialmente para dotar al personal militar de mayor peso en determinados servicios. 

Fundamentalmente el ahorro ha sido en el apartado de mantenimiento mecánico de vehículos como el BMR (en el que se han conseguido recortar 2,4 millones de euros), el TOA (700.000 euros), el Leopard 2A4 (500.000) y el centauro (300.000).

De acuerdo a los datos del MALE, aún mayor ha sido el ahorro conseguido recuperando parte de la gestión militar en el capítulo de mantenimiento electrónico de diversos materiales, 4,6 millones de euros, a los que habría que sumar los 650.000 euros ahorrados haciendo lo propio con los llamados Sistemas de Información en Superficie (Hardware y Software).

Actualemnte, los Centros de Operaciones de Artillería Antiaérea (COAAA) de cuyo mantenimiento ( principalmente en materia de tecnología de rádar) se encargaba una empresa privada hasta 2013, han pasado integramente a manos militares ya que el contrato con la compañía no se renovó.

Para el MALE el beneficio no se limita al ahorro de costes sino también al mayor grado de formación y preparación del personal del Ejército "que recupera no sólo capacidades técnicas en su momento cedidas a terceros sino también conocimientos, instalaciones, herramientas y utillaje".  (...)"               (Cadena Ser, 09/06/2014)