Mostrando entradas con la etiqueta e. Energía: canon energetico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta e. Energía: canon energetico. Mostrar todas las entradas

19.3.26

Una solución ibérica para Europa... Europa conoce bien los estragos que provocan las crisis energéticas... El aumento de los costes energéticos impulsa la inflación –también la subyacente– y acaba haciendo inevitable el endurecimiento de la política monetaria... No queremos que la historia se repita... En el origen del encarecimiento de la energía está, por un lado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por otro, un diseño del mercado eléctrico todavía demasiado dependiente de los mercados de corto plazo, que proyectan sobre el conjunto de las tecnologías de generación eléctrica los costes de la tecnología más cara... la solución ibérica fue eficaz porque atacó el problema donde realmente se genera: recortó de facto la sobreretribución de tecnologías como la nuclear, la hidráulica o las renovables que venden a mercado, que no consumen combustibles fósiles, pero sí se benefician de unos precios eléctricos inflados por la subida del gas y del CO2. Además, gracias a la solución ibérica, la reducción del precio de la electricidad no solo contribuyó a contener la inflación en España, sino que además tuvo efectos distributivos positivos, aliviando relativamente más a los hogares de menores ingresos. Por el contrario, intentar solucionar el shock energético sólo con gasto público o rebajas fiscales reduce los recursos del Estado y desplaza el coste hacia los contribuyentes, sin resolver el verdadero problema de fondo... Una solución ibérica para toda Europa evitaría subsidios cruzados entre países, reduciría la presión inflacionaria en el conjunto del continente y el riesgo de subida de tipos de interés, ayudaría a proteger la competitividad de la industria europea en un momento clave... Mientras dure la guerra, y mientras Europa avanza hacia la descarbonización de su economía–un objetivo que difícilmente podrá alcanzarse sin una reforma de la regulación eléctrica–, apostemos por una solución ibérica para toda Europa Los Veintisiete se enfrentan hoy a una decisión estratégica: pueden optar por respuestas nacionales o apostar por una estrategia común que evite el encarecimiento de la luz (Natalia Fabra Portela)

 "Europa conoce bien los estragos que provocan las crisis energéticas. Basta con echar la vista atrás cinco años para recordar qué sucede cuando la reducción en la oferta de gas dispara su precio y ese encarecimiento se traslada de inmediato a los mercados eléctricos, donde las centrales de gas siguen siendo determinantes en la fijación de precios. El aumento de los costes energéticos impulsa la inflación –también la subyacente– y acaba haciendo inevitable el endurecimiento de la política monetaria.

No queremos que la historia se repita, tampoco en materia energética. Las soluciones estructurales deberían partir de un diagnóstico claro. En el origen del encarecimiento de la energía está, por un lado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por otro, un diseño del mercado eléctrico todavía demasiado dependiente de los mercados de corto plazo, que proyectan sobre el conjunto de las tecnologías de generación eléctrica los costes de la tecnología más cara.

Por ello, las soluciones estructurales deberían pasar por acelerar el despliegue de las inversiones en renovables, almacenamiento, redes, y electrificación, todas ellas imprescindibles para eliminar los combustibles fósiles de nuestra dieta energética. Y también deberían pasar por una apuesta más decidida por las subastas de contratos de energía a largo plazo, que permiten reducir el coste del despliegue renovable, evitando que los precios de la electricidad queden contaminados por las oscilaciones de los combustibles fósiles, al compás de los vaivenes geopolíticos. Descarbonizar no es sólo un objetivo climático: también es competitividad, y autonomía estratégica.

Pero, ¿qué hacer mientras tanto para evitar una nueva espiral de precios? España y Portugal ya mostraron el camino durante la pasada crisis energética. Cuando se trata de responder a una emergencia, las mejores políticas no son necesariamente las mejor diseñadas, sino las más eficaces. Y la solución ibérica fue eficaz porque atacó el problema donde realmente se genera: recortó de facto la sobreretribución de tecnologías como la nuclear, la hidráulica o las renovables que venden a mercado, que no consumen combustibles fósiles, pero sí se benefician de unos precios eléctricos inflados por la subida del gas y del CO2. Además, gracias a la solución ibérica, la reducción del precio de la electricidad no solo contribuyó a contener la inflación en España, sino que además tuvo efectos distributivos positivos, aliviando relativamente más a los hogares de menores ingresos. Por el contrario, intentar solucionar el shock energético sólo con gasto público o rebajas fiscales reduce los recursos del Estado y desplaza el coste hacia los contribuyentes, sin resolver el verdadero problema de fondo.

La solución ibérica también tuvo un efecto colateral: al reducir el precio de la electricidad en España, aumentó las exportaciones a Francia, elevando la generación eléctrica con gas en nuestro país y beneficiando a consumidores franceses que accedieron a una electricidad cuyo precio estaba siendo parcialmente subvencionado por los consumidores españoles.

Una solución ibérica para toda Europa evitaría subsidios cruzados entre países, reduciría la presión inflacionaria en el conjunto del continente y el riesgo de subida de tipos de interés, ayudaría a proteger la competitividad de la industria europea en un momento clave, y quitaría presión sobre el debilitamiento de las políticas climáticas como vía para reducir los costes energéticos.

Europa se enfrenta hoy a una decisión estratégica. Puede optar por respuestas nacionales que alivien temporalmente la presión de los costes energéticos, pero que fragmenten el mercado y distorsionen los intercambios de electricidad. O puede adoptar una solución común que, sin comprometer recursos públicos, evite que la electricidad se encarezca como consecuencia de una dependencia aún excesiva de los combustibles fósiles y de un diseño de mercado que amplifica sus efectos adversos sobre empresas y hogares.

Mientras dure la guerra, y mientras Europa avanza hacia la descarbonización de su economía–un objetivo que difícilmente podrá alcanzarse sin una reforma de la regulación eléctrica–, apostemos por una solución ibérica para toda Europa." 

Natalia Fabra Portela , Cinco días, 18/03/26) 

13.10.22

España se retira de la Carta de la Energía para evitar reclamaciones millonarias de inversores... ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra las políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles... "Lo peligroso es seguir dentro. Con la crisis climática y de combustibles fósiles que vivimos, no podemos permitir que los países malgasten dinero público en compensar a empresas de combustibles fósiles por emprender políticas que ayudan a frenar las emisiones". Y es que España, con la Abogacía del Estado al frente, está tratando de esquivar las multimillonarias reclamaciones de fondos internacionales que invirtieron en energías renovables y lanzaron arbitrajes tras el recorte de las subvenciones que trajo el 'impuesto al sol' de Rajoy... un aspecto clave para España es que la modernización de la Carta de la Energía reconozca la supremacía del derecho de la Unión Europea respecto del propio tratado internacional. La cuestión no es baladí. España y Bruselas están tratando desde hace años de evitar las reclamaciones de las renovables, buscando convencer a los tribunales internacionales de que el derecho europeo prevalece sobre la propia Carta de la Energía, una cuestión que no reconocen la mayoría de tribunales arbitrales

 "España ha iniciado el procedimiento para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC, por sus siglas en inglés) que protege las inversiones en ciertas infraestructuras energéticas, según avanzó este miércoles el diario 'Politico' y confirmaron a EFE fuentes oficiales. El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace cuatro años y, tras una última ronda celebrada en julio en Bruselas, se quedó en que el tratado se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.

La protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles. En estos momentos hay reclamaciones de fondos de inversión por un valor total de 10.000 millones de euros. El Gobierno trató de que renunciasen voluntariamente a la vía arbitral, ofreciéndoles una nueva senda de rentabilidad, pero la mayoría han rechazado. Este medio ya informó a finales de 2021 de las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con el tratado en cuestión. 

 Y es que España, con la Abogacía del Estado al frente, está tratando de esquivar las multimillonarias reclamaciones de fondos internacionales que invirtieron en energías renovables y lanzaron arbitrajes tras el recorte de las subvenciones en la década pasada. Mientras algunos tribunales arbitrales les dan la razón, el Tribunal Supremo se alineó con la visión del Gobierno y avaló el hachazo de 2013 a las energías limpias.

Por su parte, fuentes del sector aseguran que la salida de España de este tratado puede provocar reticencias entre inversores internacionales, precisamente en un momento en que la transición energética demandará más de 200.000 millones para este fin, según cálculos del propio Gobierno, durante la próxima década. El hecho de que no se tenga un marco supranacional al que acudir en caso de no estar de acuerdo con determinadas decisiones implica la asunción de mayores riesgos para los inversores. Sobre todo, en un país que ha implementado varios cambios regulatorios de calado en el sector energético en los últimos años, hecho que no pasa desapercibido para los inversores foráneos. España es, junto con Argentina, Venezuela y Perú, el país que más arbitrajes de inversores extranjeros soporta. Más allá de la cuestión climática, un aspecto clave para España es que la modernización de la Carta de la Energía reconozca la supremacía del derecho de la Unión Europea respecto del propio tratado internacional. La cuestión no es baladí. España y Bruselas están tratando desde hace años de evitar las reclamaciones de las renovables, buscando convencer a los tribunales internacionales de que el derecho europeo prevalece sobre la propia Carta de la Energía, una cuestión que no reconocen la mayoría de tribunales arbitrales.

 

Varios Estados miembros de la Unión Europea, como España, Países Bajos o Luxemburgo, habían solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que varias organizaciones ecologistas. La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había pedido en el pasado "una salida coordinada del ETC" por parte de la UE y sus Estados miembros de ese marco jurídico, y finalmente ha decidido dar el paso, al igual que hizo Polonia la pasada semana.

El tratado se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se concibió para promover la seguridad energética, fomentando mercados más abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos. Está suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea —salvo Italia, que lo abandonó en 2016— y países como el Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán, y contempla un sistema de protección de las inversiones, trato no discriminatorio o resolución de disputas a través de mecanismos de arbitraje. El texto había quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para ralentizar el cambio climático.

Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, polémica similar a la surgida con el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá, el llamado CETA. La retirada de España del tratado ha sido acogida de buen grado por organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática (CAN), que calificó la decisión de España y Polonia como "valiente" y llamó a otros países de la UE a seguir sus pasos.

"Lo peligroso es seguir dentro. Con la crisis climática y de combustibles fósiles que vivimos, no podemos permitir que los países malgasten dinero público en compensar a empresas de combustibles fósiles por emprender políticas que ayudan a frenar las emisiones", declaró a EFE la experta en Políticas de Comercio de CAN Europa Cornelia Maarfield."                (El Confidencial, 12/10/22)

15.1.21

Sobre los precios de la electricidad... se han hecho políticas inéditas y a la vez aún quedan unas pocas por hacer. Una de las claves para garantizar competencia y bajada de precios será el alcance y la ambición de las Comunidades Locales de Energía

Joan Herrera @herrerajoan

 (1/12) Estos días se está hablando mucho sobre los precios de electricidad. Abro un segundo hilo sobre el tema. Porque se han hecho políticas inéditas y a la vez aún quedan pocas por hacer

(2/12) La mayor penetración de las renovables abarata el precio de la electricidad. Así, su impulso en los últimos años ha abaratado el precio de la factura el último año.

(3/12) Ello, más la reducción de la demanda, hizo que en 2020 los precios mayoristas de la electricidad marcaron mínimos de la década, con una media anual inferior a los 35 €/MWh, el 8 de enero de 2021 alcanzamos un precio medio récord de casi 95 €/MWh.

(4/12) EL Gobierno, contra el criterio de los grandes operadores, ha impuesto un modelo de subastas para el desarrollo de renovables. Este puede ser un elemento que baje más aún el precio de la electricidad.

(5/12) A su vez, se ha planteado la creación de un Fondo para sufragar los costes de las retribuciones a las renovables (de hace años) para que sea pagado por el conjunto del sector energético (no sólo consumidores eléctricos)

(6/12) Queda pendiente reformar el sistema marginalista en la fijación de precio. Este es el modelo compartido en la UE. No es fácil reformarlo. Pero es posible excepcionar porcentajes de tecnologías que no operan en un marco de competencia, como hidro y nuclear

(7/12) Hay que recordar que la reforma del modelo marginalista además de estar en los acuerdos de gobierno entre PSOE y Podemos la primera Ministra que hablo de ello fue la propia Teresa Rivera en sede parlamentaria

(8/12) No es cierto que no haya hecho nada. Y a la vez aún quedan cosas por hacer

(9/12) Pero quedarse aquí es quedarse corto. Porque se ha hecho mucho en muy poco tiempo, podemos ir más allá. Más cuando este año es un año para trasponer las directivas

10/12) Una de las claves para garantizar competencia y bajada de precios será el alcance y la ambición de las Comunidades Locales de Energía ... (Comunidades Energéticas Locales)

(11/12) Trasponiendo de forma ambiciosa las directivas y permitiendo que las Comunidades Locales de Energía articulen un modelo de competencia y liderazgo local en lo energético.

(12/12) Mientras que en autoconsumo hay que acabar de cerrar el círculo, aprobando los modelos de reparto dinámico o como mínimo horarios, empezando a ampliar la barrera de los 500 metros para el autoconsumo compartido 

10:39 a. m. · 14 ene. 2021
29 Retweets 4 Tweets citados 53 Me gusta

28.1.20

As galegas cobrarán polo excedente das instalacións de autoconsumo... grazas ao cambio na política enerxética do Goberno que o pasado ano eliminaba o chamado imposto ao sol do PP

"En cuestión de semanas, as galegas que teñan nas súas casas instalacións de xeración de enerxía para autoconsumo poderán sacar rendemento dos excedentes da súa produción. As compañías eléctricas deberán compensalas pola enerxía que lles sobre e que vertan á rede. 

De momento, a Xunta vai con atraso. Está previsto que a partir de marzo, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas comece a notificar ás eléctricas os boletíns de autoconsumo. Despois, terán que ser as clientas as que se poñan en contacto coas distribuidoras de enerxía para modificar o formato da factura e programar os seus contadores para que lean a enerxía que exportan.


Desde o Clúster do Autoconsumo da Galiza (Agaen), non son moi optimistas coa rapidez na posta en marcha desta medida, contemplada no Real Decreto 244/2019 do pasado mes de abril que xa debería estar implantado en agosto do pasado ano e que a Galiza chegará a partir de febreiro. 


En declaracións a Nós Diario, o portavoz e vicepresidente do Clúster do Autoconsumo da Galiza (Agaen), Óscar Nogueira, di que o de pagar polos excedentes “non vai ser antes do verán” e recoñece que esta medida dista moito do coñecido como balanzo neto, un mecanismo no que cliente e eléctricas pagan en función do saldo da enerxía producida e consumida, que nalgúns casos pode ser favorábel para as consumidoras. “Co novo regulamento non van existir as facturas negativas”, sinala, “pero afeitos a regalar enerxía, calquera esmola é ben recibida”. 


Esta medida será posíbel grazas ao cambio na política enerxética do Goberno español, que o pasado ano eliminaba o chamado imposto ao sol e dáballe un novo pulo ao autoconsumo e á produción de enerxía a partir de fontes renovábeis. Os diferentes territorios tiñan catro meses para implantar o regulamento, pero a día de hoxe na Galiza non está completamente desenvolvido. "O autoconsumo nunca foi prioridade para a Xunta e pode quedar moi mal se é a última en aplicar o decreto, sobre todo cunhas eleccións á volta da esquina", apunta Nogueira. "               (Pablo Barro, Nós, 23/01/20)

15.11.17

Los fondos extranjeros reclaman 7.566 millones por las primas de las renovables... el 'impuesto al sol', ganancia para los 'amiguetes', ruina para los demás

"El coste de las reclamaciones realizadas por inversores extranjeros por los recortes en las subvenciones a las energías renovables en España asciende a 7.565,8 millones de euros, según los datos del Ministerio de Justicia que constan en una respuesta parlamentaria del pasado 6 de noviembre.

En total, se han presentado 36 reclamaciones (en dos de las cuales no se detalla la cuantía) ante los tres foros internacionales en los que se puede reclamar: la Cámara de Comercio de Suecia (7 casos); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional Uncitral (2 casos) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que lleva el grueso de las reclamaciones, con 27 demandas.

La demanda más cuantiosa es la presentada por un grupo de 16 inversores energéticos, agrupados bajo la denominación de PV Investors, ante el Uncitral por importe de 1.900 millones de euros. En segundo lugar figura una demanda de CSP Equity Investment presentada ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, que reclama 840 millones.

 Le sigue una demanda de la entidad alemana Signatory Banks- Landensbank Baden-Württemberg, por 482 millones. En cuarto lugar, se encuentra la reclamación de RREEF Infrastructure (GP) Limited & RREFF Pan-European por 441 millones de euros. Y en quinto lugar la de Nextera, de los Países Bajos, por 393 millones.

Del total de 36 demandas, hasta el momento el Gobierno español ha perdido un laudo ante el Ciadi de 128 millones de euros con la firma británica Eiser Infraestructure, que se encuentra recurrido. Y ha ganado uno frente a Isolux ante la Cámara de Estocolmo.  (...)

Los productores habían invertido fiándose de la rentabilidad que garantizaban esas primas, vigentes entre 2006 y 2012. Solo los inversores extranjeros pudieron acudir a los arbitrajes internacionales. (...)"                  (El País, 10/11/17)

29.11.16

Alejandro González, técnico zaragozano que, tras comprar seis células fotovoltaicas, no pudo mantenerlas por las cargas y peajes que le imponía la ley.

"Naomi Klein se mostró perpleja ante el impuesto al sol. Así lo expresó en su reciente entrevista con Jordi Évole. “No es que España deje de ayudar a quienes deciden poner paneles solares en su casa, sino que además les penaliza por hacer lo correcto”.

La misma sensación debió de tener Alejandro González, técnico zaragozano que, tras comprar seis células fotovoltaicas, no pudo mantenerlas por las cargas y peajes que le imponía la ley. 

Alejandro no lo dudó y lanzó en redes sociales una petición para que el gobierno eliminase el impuesto al sol. Con 250.000 firmas bajo el brazo, consiguió ser recibido en el Parlamento Europeo que ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo español. (...)

El uso del carbón para producir electricidad sitúa a España a la cabeza de Europa en el crecimiento de emisiones. Las políticas del Gobierno incentivan las energías fósiles mientras ponen palos en la rueda de las renovables. Y esto no sólo tiene consecuencias sobre la vida de personas como Alejandro, sino que además degrada profundamente nuestro entorno y el planeta como un todo.

Paradójicamente, mientras se mantienen estas políticas, el pasado 11 de noviembre el Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de ratificación del Acuerdo de París. Un acuerdo que pretende reducir el calentamiento global. ¿Cómo se entiende tal incoherencia?  (...)

El año pasado, 193 países – incluida España – firmaron la Agenda 2030. Una hoja de ruta con 17 objetivos interconectados que deben guiar la acción de los gobiernos tanto en sus decisiones internas como externas. Todo un encaje de bolillos, con nudos y conexiones, que garantiza que todas las políticas caminan en la misma dirección.

 Este engranaje evitará que se socave por un lado, lo que se construye por otro. Es decir, evitará que se establezcan impuestos a las renovables que chocan frontalmente con acuerdos internacionales que persiguen proteger el planeta.

Como los compromisos puede llevárselos el viento, se han creado algunas herramientas para vigilar cómo se están asumiendo. Una de esas herramientas es el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Una iniciativa que ayuda a evaluar si los países caminan en la senda del desarrollo sostenible.

El ránking de este índice sitúa a España en el puesto 13, pero si miramos el aspecto medioambiental desciende hasta la posición 44. Algo que parece importar poco a Mariano Rajoy, que anuló a última hora su intervención en la reciente Cumbre Mundial contra el Cambio Climático en Marrakech – la conocida como COP22.  (...)

El cambio climático es una responsabilidad colectiva. Los gobiernos deben poner en marcha estrategias y políticas que protejan nuestra casa común. España tiene una oportunidad crucial en esta nueva legislatura para tomarse en serio los acuerdos internacionales asumidos. 

Tal vez así activistas, como Naomi Klein, no se sorprendan tanto; personas, como Alejandro, no tengan que viajar a Bruselas; y millones de personas puedan vivir en sus hogares con esperanza en el futuro. Ya no hay excusas; el momento es ahora."                (Marco Gordillo, Marta Iglesias, Público, 27/11/16)

24.2.15

La luz subió 60 veces más que los sueldos en 7 años

"El precio final de la energía eléctrica que abona un consumidor doméstico tipo en España (con un consumo anual de entre 2.500 y 5.000 kilovatios hora) se ha encarecido 60 veces más que el salario medio anual de los gallegos entre el 2008 y el 2014. 

A saber. De acuerdo con los datos que están disponibles en la página web de la oficina estadística comunitaria Eurostat, el kilovatio hora (impuestos y peajes incluidos) que pagó un español el año pasado costó 0,2252 euros. En el 2008, su precio era de 0,1366. Es decir, el incremento se acercó al 65 %.

La culpa principal de este incremento está en el término fijo de potencia (es la cantidad que se abona en el recibo en función de la potencia contratada y que no varía como la parte de energía). 

Lo fija el Gobierno y solamente entre el 2012 y febrero del 2014 (cuando se decretó la última subida) se disparó casi un 55 %: pasó de 0,0755 euros kilovatio hora a 0,1168. Se puede comprobar en el último informe sobre precios energéticos elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Mientras, según los datos que figuran en el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio en Galicia -de los más bajos de España- era de 18.700 euros anuales en el 2008; la cifra por comunidades del 2014 todavía no es oficial, pero la del año anterior fue de 19.800. Teniendo en cuenta que los sueldos van a la baja, no es descabellado calcular que el salario medio en Galicia rondó los 19.000 euros. Por tanto, la subida superó ligeramente el 1 % desde el 2008. (...)"           (la voz, 22 de febrero de 2015)

5.11.13

El desahucio de las plantas de energía solar... por parte de los bancos

"(...) en octubre de 2011, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acusó tanto al presidente de Iberdrola como al de UNESA, Eduardo Montes, de “confundir interesadamente a la opinión pública” sobre la energía solar, para defender sus propios intereses al abogar por una moratoria (aplazamiento del pago de una deuda vencida) para la energía solar.

Desde la UNEF acusaron tanto a Sánchez Galán como a Montes de culpabilizar a las energías renovables del déficit de tarifa cuando, en su opinión, era un “problema estructural del sistema eléctrico en su conjunto, que responde a la errónea decisión política de congelar el recibo de la luz durante años, mientras subía la inflación”.

El 27 de enero de 2012, apenas tres meses después de estas declaraciones, el Gobierno de Rajoy aprobó un Real Decreto Ley por el que suspendió “temporalmente“ las primas que le correspondía cobrar a las nuevas instalaciones de generación eléctrica renovable: eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración, hidráulicas y las que funcionan con residuos.

 Una medida que, según el ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria, se debía a la necesidad de “contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit público”. Esta justificación fue fuertemente criticada, ya que las primas de las renovables no salen de los Presupuestos Generales del Estado sino de las facturas de la luz.

La presencia de los grupos bancarios, tanto en el sector de las energías tradicionales como en el de las renovables, pueden ser una de las causas por las que el 69% de los políticos hayan reconocido recientemente que el lobby eléctrico es el más potente de España

Y es que, según un estudio elaborado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) a principios de este año sobre la composición de los consejos de administración y los informes de gobierno corporativo de las empresas del IBEX 35 y de algunas de las más utilizadas por los consumidores en sectores como la energía, la mayoría de las empresas que conforman UNESA están participadas por entidades financieras.

 Por un lado, el presidente del Consejo de Administración de Endesa es Borja Prado, a la sazón, presidente de Mediobanca (banco de inversión italiano) y su vicepresidente es Fulvio Conti, consejero de Barclays. 

 Además, el presidente de Ibercaja, Amado Franco, también preside el Consejo Asesor de ERZ- Endesa Aragón. Por su parte, La Caixa tiene el 35,274% de los derechos de voto de Gas Natural y Repsol (empresa en la que La Caixa tiene el 12% de las acciones) controla el 30,01%. (...)

Respecto a las energías renovables, en 2010 se supo que diferentes bancos y cajas españoles tenían expuestos en el negocio de las renovables más de 33.000 millones de euros. Un hecho que podría explicar por qué, desde las diferentes asociaciones del sector de la energía limpia, lamentaran que “los bancos se han quedado con las casas y ahora se van a tener que quedar con plantas solares y parques eólicos”. 

Y también explica por qué denunciaban que la quiebra en la seguridad jurídica introducida tras esta última propuesta de reforma en el sector era en realidad, “un proceso de expropiación encubierta” ya que, “quienes no puedan afrontar los gastos, deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financieras”.

 Un cúmulo de casualidades y coincidencias que no termina aquí. El pasado mes de julio se supo que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó en la Fiscalía Anticorrupción alrededor de 100.000 firmas para pedir que se investigara la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las eléctricas, por si se hubiera incurrido en hechos constitutivos de delito tales como prevaricación o tráfico de influencias. (...)

Este, junto con el cúmulo de declaraciones por parte de las empresas del lobby eléctrico que después se transformaron en leyes, es el motivo fundamental por el que las diferentes asociaciones que pertenecen al sector de las energías renovables denuncien que se legisla al dictado de las grandes eléctricas.

 También explica que, en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, consideraran que el transvase de políticos a las grandes empresas del sector pudieran esconder tratos de favor hacia ellas y en perjuicio de las energías limpias."                   (María Cappa La Marea, Rebelión, 05/11/2013)

10.10.13

200 terremotos y el pánico ciudadano no logran que los políticos paren el proyecto Castor

 Florentino Pérez

"Nosotros hemos podido desencadenar los terremotos antes, pero esta falla es de las que cada 50.000 años se rompe, se genera la tensión y después vuelve a formarse de manera natural”. Así se expresa Recaredo del Potro, el ingeniero contratado por Florentino Pérez (ACS-ESCAL-UGS) y que tiene claro que si el proyecto sale mal, los ciudadanos tendremos que pagarle 3700 millones de euros gracias a los suculentos contratos públicos firmados por diez ministros de PP y PSOE. Si sale bien, en cambio, el dinero será todo suyo.

Si el Estado rompe el acuerdo que a Florentino tanto le costó conseguir y para el cual se ganó las influencias de esos diez ministros de PP y PSOE, la indemnización será sufragada por los usuarios del gas a través de la tarifa porque Castor recibe como retribución financiera y amortización de la inversión 180 millones de euros al año y otros 70 millones por el almacenamiento y el gas colchón inicial que necesita (y que paga el Estado y no la empresa). En total, 250 millones cada año. 

 “Son costes del sistema que se incluyen en el recibo y deben compensarse vía ingresos para no incurrir en déficit, un desequilibrio que ha terminado por colapsar el sistema eléctrico y que empieza a tocar de lleno al gas“, según el periodista Agustín Marco.

Tan leonina contrata pública, vigente hasta el año 2038 pero revocable por la falsedad documental que supone la evidencia del riesgo sísmico, ha sido avalada por diez ministros de PP y PSOE. Con su firma, dieron luz verde al “proyecto Castor”, la enorme bolsa tectónica que pretende almacenar gas frente a las costas de Cataluña y Comunidad Valenciana.

La autorización provisional se suspendió el 26 de septiembre, al detectarse más de 200 seísmos tras una potente inyección de gas en el subsuelo, pero el ministro José Manuel Soria quiere seguir con Castor adelante “cuando amaine la tempestad”, según ha hecho llegar a sus diputados del Grupo Popular y al portavoz socialista, el también canario José Segura, uno de sus más fieles aliados, según fuentes parlamentarias.

La estrategia ante la opinión pública que sigue el ministro Soria es clara: no se puede revocar el contrato con ACS porque es “legal” y fueron los socialistas los que no obligaron a la empresa a realizar estudios sísmicos para emprender sus prospecciones. Sin embargo, Soria oculta que la primera concesión firmada en 1993 la otorgó su antecesor en Industria, Josep Piqué (PP).

Esta primera concesión alude expresamente a la necesidad de realizar estudios sismológicos que disipen los riesgos de terremotos. Pero fueron tantas las presiones políticas para que ACS lograse esta concesión que incluso se involucró al Ministerio de Defensa para que considerase el “proyecto Castor” como de “interés estratégico nacional”.

El resultado es concluyente: pese a las maniobras de distracción de los políticos responsables, hoy del PP y antes del PSOE, el “proyecto Castor” seguirá adelante, con o sin terremotos. Tampoco lo frenará el pánico ciudadano: los 1700 millones de euros de su coste que se están repartiendo políticos y empresarios pesan más.(...)

 Dentro de estas maniobras de distracción y engaño al ciudadano, se encuentra la reciente declaración del presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), quien ha anunciado acciones legales “contra los ex ministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010″. 

Moliner mencionó los nombres de Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto, aunque no citó los de José Montilla y Carmen Chacón, que también tuvieron una participación directa en el mismo.
Moliner también se “olvidó” de los otros cuatro ministros del PP que avalaron con su firma esta peligrosa iniciativa energética: Josep Piqué, Anna Birulés, Rodrigo Rato y José Manuel Soria. “Espía en el Congreso” está en condiciones de proporcionar la lista completa con los diez ministros afectados que, en caso de terremoto destructivo o cierre del proyecto, tendrían que responder con su patrimonio por haber rubricado los permisos a la empresa ACS-ESCAL-UGS."                 (Un espía en el Congreso, 09/10/2013)

14.8.13

El Gobierno 'mata' el autoconsumo solar, que permitía librarse del recibo eléctrico

"El Ministerio de Industria y Energía no sólo ha asestado el golpe de gracia al sector fotovoltaico con el nuevo recorte de primas; también ha fulminado de raíz casi antes de su nacimiento la que hubiera sido la tabla de salvación de esta industria, pero también de los usuarios, el autoconsumo.

Las esperanzas de buena parte del sector fotovoltaico estaban puestas en el desarrollo del autoconsumo en los hogares mediante, esencialmente, placas solares. Pero además, el que los domicilios privados hubieran podido producir electricidad para consumo propio y verter la energía sobrante al sistema se habría convertido en la única vía de escape ante el oligopolio de las compañías eléctricas.

Muy lejos de lo que ocurre en la telefonía móvil o en internet, donde la competencia es feroz, en el sector eléctrico da igual la compañía que te suministre: el recibo ni lo nota porque las tarifas son casi idénticas y no hay competencia alguna.

Sin embargo, el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, y su equipo dejaron en el cajón la norma del autoconsumo lista para ser aprobada, con el objetivo, entre otros, de que los clientes que estuvieran dispuestos a realizar una inversión inicial importante para colocar placas solares en sus tejados pudieran, a cambio, librarse del yugo de las eléctricas gestionando ellos mismos el consumo, obteniendo grandes ahorros en su factura al verter al sistema la energía sobrante.

Pero el actual ministro, José Manuel Soria, después de enfrentarse a las grandes eléctricas por los nuevos recortes e impuestos aplicados en la reforma energética, ha jugado con el autoconsumo como moneda de cambio y la final ha cedido.

El Real Decreto que regulará el autoconsumo, ahora en fase de estudio por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), fija un nuevo "peaje de respaldo" para los usuarios contectados a la red que hace casi inviable la rentabilidad para un hogar tipo.

El autoconsumidor tendrá que pagar este nuevo peaje por la electricidad que produzca para su propio consumo. Cuando la vierta a la red, deberá abonar el peaje (de hasta 9 céntimos el kilovatio/hora) a la generación, dado que según Industria, disfruta del respaldo que le da la infraestructura del sistema eléctrico, "aún cuando esté consumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada", señala la propuesta de Real Decreto.

Pero además, cuando no haga sol y tenga que utilizar la electricidad del sistema, una vez calculados los saldos netos (diferencia entre la energía vertida y la consumida) también tendrá que pagar el habitual peaje de acceso. (...)

Lo que era una iniciativa encaminada a fomentar el uso de las energías renovables desde el hogar y la eficiencia energética, estableciendo ahorros en el recibo que hicieran rentable la inversión en placas, se ha convertido en una pesadilla. Porque los autoconsumidores tendrán que pagar también los costes del sistema eléctrico.

 "Será tan alto el coste de entrada en el sistema para el autoconsumo que se desincentiva la inversión en placas. De esta forma, las eléctricas seguirán teniendo atrapados a los clientes mediante el recibo y no habrá competencia", señala una fuente del sector renovable.  (...)

Así las cosas, el sector fotovoltaico y las asociaciones de energías renovables y de consumidores temen lo peor, que el Gobierno no tenga en cuenta las alegaciones presentadas y mantenga la redacción del Real Decreto como está ahora, sellando la defunción (antes siquiera de nacer) de la única vía que hubiera traído la competencia al recibo de la luz."                 (Baltasar Montaño,  Vox Pópuli, 08/08/2013)

31.7.13

Imagina que tienes un huerto con tomates. El Gobierno pretende que en vez de llevarte tu tomate a la boca, lo lleves a la tienda, pagues por él y vuelvas a tu casa

"El tiempo se acaba. En unas pocas semanas, en pleno mes de agosto, el borrador de Real Decreto de autoconsumo eléctrico puede convertirse en una realidad. (...)

A las puertas del ministerio, los coportavoces federales de Equo, Reyes Montiel y Juan López de Uralde solicitaron que se modifique la redacción actual del borrador “antes de que sea tarde”. “Tal y como está escrito”, ha declarado Uralde”, “es un auténtico suicidio energético”. (...)

El coportavoz explicó que el calado de la que se pretende que sea la nueva legislación va mucho más allá de aspectos ecologistas y de criterios de sostenibilidad, “pues afecta a los derechos de los ciudadanos: todos deberíamos tener derecho a producir nuestra propia energía y a poder desenchufarnos de las grandes eléctricas”.

Reyes Montiel señaló a UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) como la artífice del borrador. “Estas leyes se están haciendo en UNESA, pero lo que realmente nos sorprende es la total impunidad con la que este Gobierno hace a puerta cerrada una legislación en contra de sectores que no harían más que beneficiar a la economía”.  (...)

El autoconsumo con balance neto es el mecanismo por el cual los pequeños productores de energía verde, principalmente solar, generan energía para su propio consumo, vertiendo a la red el excedente. De esta forma, la factura de la luz no es más que la diferencia entre la energía aportada y consumida. El autoconsumo es el primer paso hacia la soberanía energética ciudadana y es la opción que el Gobierno pretende ahogar.

“Imaginemos que tienes un huerto con tomates. Lo que pretende el Gobierno es que en vez de llevarte tu tomate a la boca, lo lleves a la tienda, pagues por él y vuelvas a tu casa. Eso es el peaje de respaldo”, explicaba la semana pasada Pep Puig, representante de Viure de l’aire. Esta tasa es una de las novedades que recoge el borrador presentado a la CNE.

Este ‘peaje de respaldo’ podría suponer en la práctica que el pequeño productor de energía que tiene una placa fotovoltaica instalada en su casa tenga que pagar unos costes fijos altos independientemente de la energía que consuma y/o produzca. 

 Jorge Caleya, de Enerplus, aseguró que el incremento que el pequeño productor va a tener que pagar por consumir su propia energía puede suponer incluso “un 50% más que si consumiese energía convencional”.

“Hemos calculado que con el modelo de peaje del actual borrador se tardarían 17 años en amortizar la inversión en energía renovable. Es totalmente desincentivador”, ha lamentado Uralde. A pesar de que, como reconoce el coportavoz, “el escenario pinta muy negro porque la trayectoria del ministro Soria es la de tomar decisiones contra las renovables sistemáticamente” (...)

“A toda aquella gente que se pueda desanimar porque las renovables ya no son tan rentables les pedimos que resistan. A quien pueda aguantar les diríamos que la cuestión de la energía ya es un tema de luchar por otro modelo económico , de producción y de vivir. No se pueden ir de rositas”, declaró Montiel."                    (Berta del Río, La Marea, Rebelión, 30/07/2013)

19.6.13

La factura energética por hogar, contando luz , gasóleo y gasolina supone del orden del 25% de los ingresos medios mensuales

"¿Puede un español medio pagar una factura mensual de luz de 760 euros? Le ocurrió a un conocido muy próximo a mí y claro la devolvió. Le dieron dos meses para pagarla sopena de cortarle el suministro.

Y es que los costes energéticos son en España un problema serio que lastra la recuperación económica. La factura energética por hogar, contando luz , gasóleo  y gasolina supone del orden del 25% de los ingresos medios mensuales, si añadimos los intereses, cuotas hipotecarias e impuestos de todo  tipo, vemos que para el resto de actividades de las familias apenas queda un  30% de su renta disponible.

 ¿Cómo queremos que se consuma algún bien que no sea de los estrictamente necesarios para cubrir las necesidades básicas? Es imposible, basta con sobrevivir. Y no hablemos del ocio, que está reservado a unos pocos. Lo que crea empleo es el consumo de bienes diversos producidos por la mayoría de las empresas que son las que de verdad dinamizan la economía.

Hablemos de la eléctricas: el supuesto déficit tarifario no es más que una falaciaadmitida por los gobiernos y patronal eléctrica como compensación a unos costes de producción supuestamente superiores a los de venta: cuando los resultados anuales de 2013, año de crisis, estimados según lo publicado  en este trimestre en la CNMV  son para Gas Natural Fenosa de 1.500millones de euros, para  Iberdrola de 3.000 y para Endesa de más de 2.000, es difícil hablar de déficit tarifario. Entre las tres superan en beneficios a los tres primeros bancos del país.  (...)

Y es que las tarifas eléctricas tanto para el consumidor como para la industria son de las más altas de Europa al haber subido un 60% en los últimos cuatro años, algo aberrante si consideramos que los salarios  medios españoles están ahora por debajo de los de Chipre. 

Muchas industrias se están deslocalizando al sur de Francia, país donde, por cierto, la única compañía eléctrica existente es pública, lo que da idea de lo socialmente orientado que debe ser este sector, por el menor coste energético, con la consiguiente pérdida de empleo.

La desfachatez de la patronal eléctrica llega a tal nivel que sus representantes acaban de abogar por una nueva subida de la luz.¿Cuál es el objetivo? Hay más de 1,5 millones de hogares con la luz cortada por impago, cuando es un servicio  básico que debería estar constitucionalmente protegido, en cualquier circunstancia; nuestros gobernantes remotos: Berlín y la mastodóntica Bruselas,¿van a tener que intervenir como hicieron con la legislación hipotecaria, única en Europa,para recordar que no se puede dejar a un europeo sin poder calentar biberones en su domicilio? 

¿Dónde están los tribunales de defensa de la competencia nacionales y  europeos? Este oligopolio sería impensable en EEUU donde ya habrían sido severamente multados por acordar precios.  (...)

Propongo unas medidas contundentes para revertir esta situación insostenible,  son claras:

1.-Real decreto de urgencia rebajando la tarifa eléctrica un 30% con efecto inmediato.

2.-Ley de liberalización del sector energético para dar entrada a cualquier agente que compita con los demás bajando precios."         (Carlos de Orduña, Attac Madrid, 17/06/2013)

21.11.12

Pagaremos el déficit tarifario. La nueva fiscalidad de la energía, aprobada. O sea, nos subirán la luz, para que las eléctricas sigan forrándose

"Hoy, día 16 de Noviembre de 2012, el Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. A pesar de las enmiendas realizadas por todos los partidos políticos, el texto finalmente aprobado apenas difiere, en su esencia, del Anteproyecto de Ley redactado por el Gobierno el 14 de Octubre. (...)

En resumen:
  • Los nuevos impuestos se van a trasladar casi íntegramente al consumidor en forma de mayores precios. El precio del mercado eléctrico podía aumentar 5-7 € MWh, lo que se traducirá en aumentos de los tarifas para los consumidores domésticos de un 8-10% y de un 15-20% para los industriales.
  • Las tecnologías convencionales (nuclear, hidráulica, gas y carbón) apenas se verán afectadas, porque los impuestos que éstas paguen van a quedar compensados casi en su totalidad por sus mayores ingresos de mercado.
  • Las tecnologías perjudicadas serán las renovables y la cogeneración, al no poder traspasar a precios la totalidad de los impuestos.
  • El efecto sobre la competitividad de la industria española puede ser letal.
  • También lo será sobre la seguridad jurídica y la confianza legítima de las normas emitidas por el Estado español.
  • Esta Ley nada hace para solventar los graves problemas del sector eléctrico español, sino que consolida un modelo regulatorio que se ha demostrado inadecuado.
"Por tanto, las valoraciones que en diversas ocasiones ha realizado ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS sobre las medidas ahora aprobadas siguen plenamente vigentes (véase http://wp.me/p1HlFd-12Y , http://wp.me/p1HlFd-18Q , http://wp.me/p1HlFd-11S y http://wp.me/p1HlFd-SR )"          (Economistas frante a la crisis, 16/11/2012)

27.4.12

Cómo crear 321.000 empleos directos, estables, en el campo, y en dos años

"Crear puestos de trabajo no es tarea tan difícil si nos atenemos al análisis sobre las oportunidades de empleo en el medio rural elaborado por un grupo de expertos... Las cifras manejadas no son nada despreciables. Nada menos que 321.000 empleos directos y estables en un periodo de dos años y hasta 559.500 en un plazo de seis. (...)

Desde la perspectiva financiera, la propuesta no contempla ayudas públicas directas, y las exigencias solamente se concretan en una reducción de diferentes impuestos como el IVA o el IRPF, que en las cuentas del Estado se compensarían con el aumento de las cotizaciones por el aumento del número de ocupados y por el afloramiento de mucho empleo sumergido. (...)

El análisis sobre las oportunidades para la creación de empleo en el medio rural se concreta en una decena de actividades. 

Una primera actuación sería la rehabilitación de viviendas para impulsar su recuperación, pensando en la vuelta al medio de viejos vecinos, y para evitar el deterioro de ese patrimonio.(...)

 Una segunda medida es la rehabilitación energética de las viviendas, con lo que ello supondría para la mejora de la eficiencia de los combustibles. (...)

Una tercera actuación es la apuesta por el desarrollo de servicios a las personas, desde los de guardería hasta la atención a los mayores, con ayudas fiscales y rebajas en las cotizaciones sociales, lo que supondría un afloramiento de empleo sumergido.

 Una cuarta sería el apoyo al desarrollo de una agricultura más competitiva, potenciar el relevo generacional, economías de escala, la comercialización en común, así como impulsar una ganadería extensiva.

Se ve como otra salida el desarrollo de una industria agroalimentaria artesanal que incorpore un valor añadido a los productos agrarios con marchamo de calidad y con apoyos públicos para su entrada en los mercados. (...)

Con 27 millones de hectáreas forestales, se propugna un impulso a los servicios y aprovechamientos para dar más valor, proteger y restaurar esos espacios como productores de madera y por la fijación de 80 millones de toneladas de CO2. 

Se propone establecer el llamado céntimo forestal, una tasa del 5% al coste del agua para mejorar las cuencas hidrográficas y restablecer el canon energético para los territorios exportadores de energía.

La producción de biomasa, a partir del sector agrario y forestal, se ve como un gran nicho de empleo, desde el cultivo hasta la recogida y su transformación con apoyos fiscales a las energías renovables.

Como nichos con futuro para la creación de empleo se mantiene el turismo y ocio en el medio rural, las tareas para la conservación y gestión de espacios naturales y, finalmente, la instalación en esos territorios servicios de call center y otras actividades, hoy posibles gracias a los procesos de globalización y de las mayores posibilidades que existen en materia de comunicación."           (El País, Negocios, 18/12/2011)