"(...) en octubre de 2011, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acusó tanto al presidente de Iberdrola como al de UNESA, Eduardo Montes, de “confundir interesadamente a la opinión pública”
sobre la energía solar, para defender sus propios intereses al abogar
por una moratoria (aplazamiento del pago de una deuda vencida) para la
energía solar.
Desde la UNEF acusaron tanto a Sánchez Galán como a Montes de culpabilizar a las energías renovables del déficit de tarifa
cuando, en su opinión, era un “problema estructural del sistema
eléctrico en su conjunto, que responde a la errónea decisión política de
congelar el recibo de la luz durante años, mientras subía la
inflación”.
El 27 de enero de 2012, apenas tres meses después de estas declaraciones, el Gobierno de Rajoy aprobó un Real Decreto Ley
por el que suspendió “temporalmente“ las primas que le correspondía
cobrar a las nuevas instalaciones de generación eléctrica renovable:
eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración,
hidráulicas y las que funcionan con residuos.
Una medida que, según el
ministro de Industria Energía y Turismo, José Manuel Soria, se debía a
la necesidad de “contribuir desde todos los ámbitos a reducir el déficit
público”. Esta justificación fue fuertemente criticada, ya que las
primas de las renovables no salen de los Presupuestos Generales del
Estado sino de las facturas de la luz.
La
presencia de los grupos bancarios, tanto en el sector de las energías
tradicionales como en el de las renovables, pueden ser una de las causas
por las que el 69% de los políticos hayan reconocido recientemente que el lobby eléctrico es el más potente de España.
Y es que, según un estudio elaborado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
(ADICAE) a principios de este año sobre la composición de los consejos
de administración y los informes de gobierno corporativo de las empresas
del IBEX 35 y de algunas de las más utilizadas por los consumidores en
sectores como la energía, la mayoría de las empresas que conforman UNESA están participadas por entidades financieras.
Por un lado, el presidente del Consejo de Administración de Endesa es
Borja Prado, a la sazón, presidente de Mediobanca (banco de inversión
italiano) y su vicepresidente es Fulvio Conti, consejero de Barclays.
Además, el presidente de Ibercaja, Amado Franco, también preside el
Consejo Asesor de ERZ- Endesa Aragón. Por su parte, La Caixa tiene el
35,274% de los derechos de voto de Gas Natural y Repsol (empresa en la
que La Caixa tiene el 12% de las acciones) controla el 30,01%. (...)
Respecto a las energías renovables, en 2010 se supo que diferentes bancos y cajas españoles tenían expuestos en el negocio de las renovables más de 33.000 millones de euros.
Un hecho que podría explicar por qué, desde las diferentes asociaciones
del sector de la energía limpia, lamentaran que “los bancos se han
quedado con las casas y ahora se van a tener que quedar con plantas
solares y parques eólicos”.
Y también explica por qué denunciaban que la
quiebra en la seguridad jurídica introducida tras esta última propuesta de reforma en el sector era en realidad, “un proceso de expropiación encubierta” ya que, “quienes no puedan afrontar los gastos, deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financieras”.
Un cúmulo de casualidades y coincidencias que no termina aquí. El pasado mes de julio se supo que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó en la Fiscalía Anticorrupción alrededor de 100.000 firmas para pedir que se investigara la incorporación de expolíticos a los consejos de administración de las eléctricas, por si se hubiera incurrido en hechos constitutivos de delito tales como prevaricación o tráfico de influencias. (...)
Este, junto con el cúmulo de declaraciones por parte de las empresas del
lobby eléctrico que después se transformaron en leyes, es el motivo
fundamental por el que las diferentes asociaciones que pertenecen al
sector de las energías renovables denuncien que se legisla al dictado de
las grandes eléctricas.
También explica que, en la denuncia interpuesta
ante la Fiscalía, consideraran que el transvase de políticos a las
grandes empresas del sector pudieran esconder tratos de favor hacia ellas y en perjuicio de las energías limpias." (María Cappa La Marea, Rebelión, 05/11/2013)
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