Suicidios de los trabajadores de banca: la tragedia oculta del sector financiero español

"En Diario16 publicamos hace un mes cómo un empleado del Banco Santander se suicidó por las fuertes presiones que recibió y por el supuesto acoso laboral, además de por movimientos internos tras la fusión con el Popular como, por ejemplo, retirarle la gestión de la principal cuenta de su sucursal. 

Con la llegada del Santander la presión aumentó. a unos límites que muchos podrían calificar como de salvajes. Prácticamente todas las mañanas se organizaban una serie de multiconferencias con los directores de oficina y «si la tuya no iba bien, te ridiculizaban delante de todos tus compañeros. Frases como “os estamos midiendo,” “si esto no lo resolvemos por lo civil, lo resolvemos por…”. Por supuesto, este tipo de multiconferencias no son legales, pero tenían órdenes de no dejar nada por escrito. 

Comenzaron a repartir objetivos indiscriminadamente e imposibles de lograr, talleres en horario de tarde, reportes diarios por WhatsApp y presiones insoportables. A todo esto, hay que sumarle que a mi marido le trasladaron a su jefe a una sucursal al lado de la suya, por lo que se tenía que llevar todas las tardes despachando con él y con unas actitudes completamente tóxicas que comenzaron a poner en riesgo su salud. Era un machaque diario», afirmó la viuda a este medio. 

Todas las personas tienen un límite y este director no pudo soportar más la presión cuando el día 22 de febrero, en la tarde noche, recibió un correo. Lo leyó y le dijo a su mujer: «¿Tú te crees que esto es normal?». Ese mensaje, según nos confirma la viuda de este director, decía lo siguiente: «Vas el último, ¿qué piensas hacer? Ese mismo día me dijo que el martes tenía una reunión en Madrid. Ya no pudo más.

 La reunión no existía. Se marchó por la tarde y ya no volvió», afirma la viuda quien añade la reacción que tuvieron en el Santander: «El mismo día 27 en que mi marido murió, llamaron los jefes chillando a la sucursal diciendo; “¿Dónde está este tío?”. Estaban desesperados porque tenía una firma, pero, claro, él no fue la firma». Además, el Santander inició una auditoría a las cuentas de la oficina.

Este caso no es el único. En León, en la antigua Caja España Duero, ahora integrada en Unicaja Banco, está en los tribunales el caso de una empleada que en el año 2016 se quitó la vida, lo que provocó un importante shock entre los empleados y empleadas de la entidad castellanoleonesa, tal y como publicó el diario digital iLeón en conversaciones con ellos.

 El suicidio de esta trabajadora coincidió con un momento en que se estaba ejecutando un Expediente de Regulación de Empleo, un escenario de enorme presión para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo tras la quiebra, nacionalización y venta a Unicaja. Además, en el departamento en que trabajaba esta empleada esa presión era superior, puesto que ella gestionaba la venta de inmuebles embargados por impago. 

Tras el suicidio, la familia interpuso una querella penal contra su exjefe, que en el año 2019 continuaba trabajando en la entidad, y un ex compañero que, además, era representante sindical, por un acoso laboral que terminó con la muerte de la trabajadora. Según la denuncia el presunto acoso laboral prolongado que la habría llevado a problemas psicológicos y de ansiedad que habrían tenido como fatal desenlace que se ocasionara su propia muerte.

 Entre las conductas denunciadas estaban actitudes denigrantes que incluían amenazas de incluir a la trabajadora en el ERE o vejaciones con frases como «dame las putas previsiones» o «que no te enteras, que no puedes con esto», así como actitudes como excluirla de acciones tan cotidianas como tomar un café con sus compañeros.

Durante más de un año, tras la presentación de la denuncia, no se practicó ninguna diligencia en la investigación y sólo se reactivó por las insistentes quejas de la familia. Fue en noviembre de 2017 cuando, según publica iLeón,  una testigo refrendó la versión de la acusación y consideró como acoso las situaciones a las que se vio sometida la trabajadora. No obstante, los dos acusados negaron las acusaciones y enmarcaron todo lo ocurrido en una situación de estrés por el ambiente de tensión que vivía el banco. Fue sorprendente en este caso el silencio que mantuvo la Fiscalía, sobre todo si se tiene en cuenta la gravedad del delito denunciado.  

Entre las pruebas presentadas se encontraba un informe psicológico realizado un mes antes del suicidio de la trabajadora, documento en el que se requería atención psicológica a causa de la tensión en el trabajo y episodios de ansiedad. El Juzgado desestimó las peticiones probatorias solicitadas por la familia de la empleada: informes de inspección laboral sobre la situación de EspañaDuero. 

Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, el Juzgado de Instrucción nº 3 de León archivó la investigación y sobreseyó la causa porque, según se indica en el auto, «no resultan indicios suficientes para calificar como delito los hechos que han dado lugar a la denuncia» a pesar de estimar que las conductas denunciadas fueron abusivas, humillantes y ofensivas. Para el Juzgado estos hechos no justificaban un reproche penal, sino que eran merecedoras de una simple sanción disciplinaria. 

Como es lógico, la familia recurrió una decisión judicial que, cuanto menos, fue escandalosa. Un familiar de la trabajadora indicaba a Diario16 que están inmersos «en un procedimiento judicial largo, doloroso y muy difícil de desarrollar por varios factores (poder de la otra parte y miedo a declarar la verdad)». Sin embargo, la Audiencia Provincial de León estimó el recurso y ordenó la reapertura de la investigación. 

En el auto se consideró que existían «serias posibilidades de que los denunciados hayan podido infligir a [la trabajadora] un trato degradante en el ámbito laboral, de modo que se ha podido seguir como resultado y en perfecta relación casual un menoscabo grave para su integridad moral». Por esta razón, la Audiencia instaba a la realización de nuevas pruebas para averiguar si los hechos denunciados eran constitutivos de delito."                        (José Antonio Gómez, Diario16, 09/05/20)

Descanse en paz, doctor Montes... lo escogieron para desacreditar un modelo, el de la sanidad pública, y golpeándolo desde dentro y desde fuera de las instituciones, sin tregua ni piedad, trataron de que la injuria calara en la ciudadanía y que en el usuario se asentara la idea de que no era seguro ponerse en manos de tipos sin escrúpulos que matan ancianitas moribundas

"Fue el desgraciado caso del doctor Montes, fallecido este jueves, el que probablemente despertó en mi conciencia una sensación que el tiempo iría haciendo más precisa: la furia y la mentira en Internet concederían más alegrías económicas a los dueños de las empresas que monopolizan este invento que la solidaridad.  (...)

El caso del doctor Montes fue paradigmático. Tanto, que serviría de ejemplo de cómo la derecha española comenzó a actuar a la manera de la alt right [derecha alternativa] estadounidense: escogieron a un tipo en concreto, Luis Montes, para desacreditar un modelo, el de la sanidad pública, y golpeándolo desde dentro y desde fuera de las instituciones, sin tregua ni piedad, trataron de que la injuria calara en la ciudadanía y que en el usuario se asentara la idea de que no era seguro ponerse en manos de tipos sin escrúpulos que matan ancianitas moribundas, para dejar camas libres o para barrer del mundo a las personas improductivas.

Así de bárbaros eran los cuentos que se narraban de este médico que desde entonces se convirtió para mí, e imagino que para mucha gente, en un héroe civil. Yo lo leía en blogs, en foros, y asistía estupefacta al linchamiento, porque reconocía a algunas de las personas que lo difamaban y estaba convencida, por tratarse de profesionales informados, de que mentían a caso hecho, sin escrúpulos, porque habían decidido alimentar la injuria contra un individuo con el objetivo de cargarse la estructura en la que trabajaba. 

Calcularon mal los acusadores su fuerza porque, aunque al doctor Montes y a sus compañeros les costó muchas horas ante los tribunales probar que su actuación en los servicios de urgencia del hospital Severo Ochoa había sido adecuada, si hay algo a lo que los españoles no quieren renunciar es a la sanidad pública, y de todos era sabido que uno de los planes del gobierno madrileño de entonces, que con tanto desparpajo capitaneaba Esperanza Aguirre, era socavar los recursos sanitarios públicos y ceder servicios a empresas privadas.

Sabíamos eso. Lo sabía el personal sanitario. También se dio la circunstancia, mala suerte para quienes lo difamaban, que el doctor Montes era querido por muchos de sus pacientes, que su historial como defensor de la sanidad para los necesitados era conocido, y que formaba parte de un movimiento progresista que pretendía humanizar el traumático paso de la vida a la muerte.

Ganó la razón, que tuvo que concedérsela la justicia, porque ni los políticos que protagonizaron tan sucia maniobra ni los periodistas que jalearon las denuncias anónimas pidieron jamás perdón. 

El político popular Miguel Ángel Rodriguez tuvo que apoquinar 30.000 euros por haberse paseado por radios y televisiones calificando a Montes de desarrapado, en el mejor de los casos, y en el peor, de nazi. Pero fue el único que pagó su cuenta en lo que constituyera una campaña en la que participaron muchos. Pintaban a Montes como un Verdoux de nuestro tiempo. 

Henchidos de pronto de piedad acusaban al doctor Muerte de quitarse de en medio a los más vulnerables. Tenían conocimiento, porque lo tenían, de que Luis Montes era ese tipo de médico que está, a la manera chejoviana, siempre al lado del desasistido, del desamparado. Eso es lo más sórdido de este asunto, que lo hicieron a conciencia para desprestigiar a quien representaba un modelo de ejercer la profesión.

De alguna manera, al extender en equipo el bulo y alimentar la mentira, hay que reconocerles el mérito maligno de haber sido pioneros en la propagación de información falsa. Aún esta semana,  cuando ya toda la injuria que pesó sobre él debería haber sido borrada, por haber sido eximido de cualquier mala práctica, ha habido titulares tendenciosos al informar de su fallecimiento, y se leen aquí y allá comentarios de ese tipo de gente propensa a priorizar siempre la conspiración a la verdad, porque la verdad resulta menos atractiva y demasiado simple.

¿Podría un partido político defender su ideario sin valerse de la mentira? Desde luego que sí, pero las redes han descubierto el camino más corto, y hay una parte de la clase política que está dispuesta a hacer uso de ese tipo de foros que enmierdan el ambiente. Aceptan su trabajo sucio."               (Elvira Lindo, El País, 21/04/18)

" El doctor Luis Montes, excoordinador de urgencias del Hospital Severo Ochoa y defensor de la muerte digna, ha muerto este jueves a los 69 años, tras sufrir un infarto cuando se dirigía en vehículo a Molina de Segura (Murcia).

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente fue acusado en 2005 por el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, valiéndose de una denuncia anónima, de 400 presuntas "sedaciones terminales irregulares".

Tras ser relevado y después de tres años de linchamiento moral y laboral hacia él y muchos de sus compañeros en las Urgencias del Severo Ochoa en Leganés, la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó el caso en 2008 al señalar que Montes y el resto de su equipo no actuó mal.

Antes de ello, en 2007, un juez archivó el caso un mes después de las elecciones municipales y autonómicas de aquel año. Previamente, la Fiscalía ya había afirmado que no veía indicios de delito.

Sin embargo, el auto señalaba que varios pacientes habían fallecido “tras mala práctica médica a la hora de sedarles”. Montes quiso limpiar su nombre y recurrió a la Audiencia Provincial, que finalmente le dio la razón y ordenó eliminar las alusiones que ponían en duda su trabajo.

Sin embargo, la campaña de linchamiento moral y profesional hacia él por parte de la derecha política y mediática ya había caído con toda su fuerza durante muchos años. “Fue una campaña en nuestra contra orquestada por la autoridad sanitaria”, aseguró Montes hace dos años en una entrevista con Público. 

El excoordinador de urgencias del Severo Ochoa, que nunca recuperaría el puesto, creía que el caso fue una “cortina de humo” para tapar la privatización de la sanidad madrileña, que había comenzado en 2003 con Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

"Que la máxima autoridad regional sanitaria anuncie en rueda de prensa que en un hospital público ha habido más de 400 homicidios es un torpedo a la línea de flotación de la relación médico-paciente. Fue un escándalo de unas proporciones inmensas", denunció en otra entrevista con Público meses después."                  (Público, 19/04/18)

"Tuvo un gran impacto, todo el hospital se movilizó y hubo un gran apoyo vecinal y de toda la sociedad. Pero fue muy doloroso porque de todo el equipo de Urgencias, el único que se quedó fui yo porque tenía plaza en propiedad. El resto, unos 20 compañeros, tuvieron que buscar otro trabajo, muchos fuera de la Comunidad, fueron cesados siete jefes de servicio y supervisores por apoyo al conflicto… Fue muy doloroso", agregó.

"(...) Montes, cuya especialización era la de anestesista aunque en Leganés ejercía de jefe del servicio de urgencias, acabó siendo la cabeza visible de un grupo de facultativos del que también formaban parte el ginecólogo Javier Martínez Salmeán, el internista Frutos del Nogal y el otorrino Carlos Barra, entre otros.

 Todos ellos coparon cargos de responsabilidad en el Severo Ochoa y el Hospital de Móstoles tras una larga trayectoria en el sur de la Comunidad de Madrid, donde lucharon por imprimir a la práctica de la medicina un marcado carácter progresista y de servicio público. 

Un ejemplo es su firme oposición a intentos privatizadores de la sanidad de los Gobiernos del PP. Otro, que se remonta a los años 80, fue su apuesta porque fueran los hospitales públicos los que asumieran la realización de abortos, práctica entonces no siempre accesible para quien la necesitaba y siempre relegada a clínicas privadas. 

Desde los pasillos de urgencias de Leganés, Montes decidió en sus últimos años en ejercicio poner fin a lo que, en sus propias palabras, era una de “las grandes cuentas pendientes de la sanidad pública: la muerte digna”. “La gente sufría y agonizaba durante horas y días sin otra razón que los prejuicios y la ineptitud de muchos facultativos”, solía afirmar.

Esta actitud disgustó a algunos médicos del Severo Ochoa y a los sectores más conservadores del PP madrileño, lo que acabó provocando uno de los mayores escándalos ocurridos en la sanidad pública española durante las últimas décadas.

 Tras recibir una denuncia anónima, y sin contar con informe o prueba alguna que sustentara la gravedad de las acusaciones, el entonces consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), purgó a Montes y sus aliados en el Severo Ochoa y puso en marcha una auténtica cacería de brujas contra los facultativos, a los que llegó a acusar implícitamente de decenas de muertes por sedaciones ilegales.

Lamela, en todo momento apoyado por la presidenta regional Esperanza Aguirre, hizo todo lo posible para sustentar las acusaciones. Creó comisiones para que elaboraran informes ad hoc, juego al que se prestaron algunas de las más destacadas figuras médicas de la Comunidad de Madrid. Y adoptó cuanta decisión administrativa fue necesaria para lograr que ni Montes, ni su equipo ni quienes salieron en su defensa volvieran a ocupar cargo de responsabilidad alguno.

 Pero si Lamela logró en su embestida el apoyo de algunos de los sectores médicos más conservadores —y el silencio cómplice de la entonces presidenta del Colegio de Médicos, Juliana Fariña—, el consejero fracasó rotundamente cuando fue la justicia la que examinó el caso. En junio de 2007, el juez instructor archivó el caso con una decisión que tenía algo de salomónica. Por una parte, libraba a Montes y su equipo de toda responsabilidad penal, pero admitía que en cuatro sedaciones se habían producido irregularidades.

Esto dejó insatisfecho a Montes, que recurrió el caso hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desmontó punto por punto las acusaciones de Lamela y eximió a Montes de cualquier mala práctica.

Empezó entonces otro largo proceso judicial, esta vez sin éxito para Montes y 39 de sus colaboradores, para exigir que fueran resarcidos por los daños morales y económicos sufridos. Pero para Montes, según sus palabras, lo peor que hizo Lamela fue hacer que "la gente muera peor".

Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación. (...)"               (Oriol Güell, El País, 19/04/18)

El porqué del éxito arrollador del 8-M en España

"(...) Hace apenas cinco años las manifestaciones del 8 de marzo eran totalmente minoritarias. La mayor parte de las centenares de miles de personas que se congregaron la semana pasada en las calles de ciudades y pueblos de toda España acudían a esa cita por primera vez. 

Como mucho, por segunda, porque el año pasado ya se sumaron a las concentraciones mujeres que jamás lo habían hecho antes. Este año el éxito ha sido arrollador: una movilización sin precedentes con cientos de concentraciones en todo el país, una huelga general de 24 horas —la única convocada en todo el mundo—, paros parciales secundados por más de cinco millones de trabajadores y manifestaciones masivas sin precedentes, de centenares de miles de personas, que han colocado a España a la vanguardia del feminismo mundial.  (...)

Justa Montero, de 62 años, lleva toda la vida trabajando por y para el feminismo. Tenía 19 años en 1974, cuando las mujeres empezaron a reivindicar sus derechos en una sociedad que no les permitía abortar ni divorciarse, ni abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido. Como colectivo venían de tan atrás que lo más básico tuvo que pelearse mucho.

 “Después, muchas de las protagonistas de esa lucha entraron en las instituciones”, recuerda. “Pensaron que era el lugar para cambiar las cosas, y ahí el feminismo entró en un periodo de cierta crisis. Parte del sector se desmovilizó”. Ahora, de nuevo, mujeres muy jóvenes se han convertido en activistas, y organizadas a través de las redes sociales.

“Yo empecé a darme cuenta en la universidad de que me daba miedo intervenir en las asambleas mixtas, de que tenía muchas inseguridades, de que me sentía juzgada”, recuerda la estudiante Julia Santos. “Cuando empecé a participar en grupos solo de mujeres vi que tenía cosas que decir y que el machismo imperante no lo facilitaba.

 Las estudiantes hemos ido viendo que la igualdad real no ha llegado, que aún hay mucho por lo que luchar, que hay relaciones de pareja tóxicas, que la educación no es igualitaria, que no tenemos por qué aguantar que nos acosen, que nos expliquen las cosas ni que los hombres ocupen todo el espacio. Y hemos ido tejiendo redes muy fuertes porque hay muchas cosas que nos pasan a todas solo por ser mujeres”.

Los centros de enseñanza superior han influido también. Las asignaturas, másteres y doctorados de género se multiplican en las universidades. “El interés por esta materia es asombroso”, explica De la Guardia. 

“Estas optativas tienen lista de espera. Las piden futuros matemáticos, biólogos, antropólogos, gente procedente de muy distintos grados. En las aulas hay más mujeres, pero cada vez se van apuntando más hombres. Los estudiantes están tremendamente activos. Participan en clase y luego se reúnen y crean organizaciones feministas. Hay una reflexión importante sobre la igualdad”.

De derechas, de izquierdas, de centro, paradas, trabajadoras, urbanas, rurales, madres, mujeres sin hijos, chavalas jóvenes, pensionistas, españolas, migrantes, heterosexuales, lesbianas, transexuales, confluyeron en un movimiento transversal que llegó mucho más lejos que en ningún otro país. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

Nadie tiene una respuesta única y, en puridad, lo único que podemos hacer por ahora es especular. Las expertas consultadas, feministas, historiadoras y politólogas, opinan que las razones son múltiples y que habrá que esperar para analizar en profundidad. Pero todas coinciden en señalar algunos factores que han favorecido la eclosión del 8M.

Gallardón y el intento de recortar el aborto

El 1 de febrero de 2014 decenas de miles de mujeres salieron a la calle para protestar contra la reforma que pretendía llevar a cabo el entonces ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, para derogar la ley de plazos del aborto aprobada en 2010. Fue la primera vez en décadas que las mujeres se manifestaban en una marcha multitudinaria.  (...)

“Yo me fijo mucho en la calle, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que algo se estaba activando de nuevo en relación con el feminismo”, recuerda Justa Montero, militante feminista desde los años 70 y una de las promotoras de la jornada de huelga del 8 de marzo. “El PP en ese momento encendió una mecha que luego ha sido imparable, la de las mujeres jóvenes que se levantaron para gritar que los derechos adquiridos no eran negociables”.  (...)

“La contestación al aborto, por otro lado, no venía de la nada”, opina Sílvia Claveria, profesora de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y editora de Politikon. “El 15M, tres años antes, fue importante porque en ese momento empezaron a tejerse redes entre las mujeres jóvenes. 

'La revolución será feminista o no será' es un lema que empezó a pronunciarse con mucha fuerza. Las manifestaciones del aborto y fueron tan exitosas porque había un trabajo previo que se llevaba haciendo mucho tiempo de forma silenciosa”.

Visibilidad de la violencia de género

Otra peculiaridad de España es la importancia que se le ha dado a la violencia de género en los últimos años. Hace tan solo 15 el tema ni siquiera estaba en la agenda. En este periódico, la periodista Charo Nogueira y la documentalista Mercedes Chulia empezaron a hacer en 2003 recuento de mujeres muertas a manos de sus parejas y exparejas ante la falta de estadísticas completas. Desde entonces hasta ahora, todo ha cambiado política, judicial y mediáticamente. Ha pasado de ser considerada una cuestión doméstica a constituir un problema social de primer orden.

No es el país de nuestro entorno que sufre más la violencia machista —la tasa de homicidios, por ejemplo, es baja en comparación con la de otros países europeos—, pero sí es el que le ha dado una mayor visibilidad.

 La política en materia de igualdad del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con un Ministerio de Igualdad y una delegación contra la violencia de género muy activa, contribuyó a ello. “Y los medios de comunicación han sido claves”, opina la politóloga Claverie. “Sobre todo, la irrupción de un nuevo periodismo con perspectiva de género que comunica que estas violencias son intolerables, las analiza y pone el foco sobre ellas”.

Las movilizaciones en la calle contra la violencia machista han ido ganando en intensidad durante los últimos años. La última, el 25 de noviembre del año pasado, reunió a miles de mujeres en más de 50 ciudades españolas.  (...)

La Manada

Verónica Martínez Esquivel tiene 17 años y estudia segundo de Bachillerato en Madrid. No pertenece a ninguna asociación feminista, pero el 17 de noviembre del año pasado salió a la calle para protestar. Estaba indignada. “Me pareció un escándalo que se aceptara un informe de un detective que espió a una víctima de una violación grupal que argumentaba que la chica hacía vida normal”, explica. 

“¿O sea que me violan y si salgo a la calle será utilizado en mi contra? Ahí empiezas a pensar en que no puedes ir sola por la calle por la noche sin pasar mucho miedo, en que estás harta de que te hagan comentarios de tipo sexual cuando vas caminando, en lo machista que es que te dejen entrar gratis en las discotecas por ser mujer… y quieres que todo cambie”.

“Aquí estamos las feministas” volvió a ser coreado con efervescencia ese día. La manifestación superó cualquier expectativa de las convocantes.  (...)

La concentración por el caso de La Manada es citada por todos los expertos consultados como una de las chispas fundamentales del éxito del 8 de Marzo. De hecho, fue en ese momento cuando se empezó a hablar de una huelga general y cuando las organizaciones feministas advirtieron la efervescencia que había en la calle.

La crisis y el despertar de las movilizaciones

En la calle, por otro lado, está comenzando un nuevo ciclo de protestas. Después de años de una cierta apatía participativa, muchos han decidido decir basta en las calles. “Como en otras ocasiones en la historia, el feminismo no está solo, sino que va acompañando a otros movimientos sociales”, reflexiona Carmen de la Guardia, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer.   (...)

“Durante la crisis económica se han reducido los presupuestos para las políticas de igualdad, para la dependencia, para luchar contra la violencia de género, se ha impedido que se siga avanzando con los permisos de paternidad iguales a los de maternidad e intransferibles… y todo eso ha tenido un efecto en las expectativas de las mujeres y las ha movilizado”, reflexiona Sílvia Claveria.  (...)

Redes sociales y mundo rural

También las redes sociales han sido cruciales. En este caso no se trata de un fenómeno español, sino de algo global que permite la comunicación entre grupos de mujeres y que facilita que, por ejemplo, el 8M haya sido un éxito también en pueblos pequeños alejados de los grandes centros de pensamiento y activismo.

Allí también las mujeres jóvenes han cogido la antorcha. María Calle tiene 30 años. Vive en Cabrero, un pueblo de Cáceres de 357 habitantes. Es trabajadora social y miembro de la asociación comarcal del Valle del Jerte, que tiene más de 1.000 socias. “Antes este tipo de grupos servían sobre todo para que las mujeres rurales salieran de casa. Ahora son mucho más reivindicativas. 

Se habla de feminismo, de igualdad, de micromachismos. Cada vez hay más mezcla de gente joven hablando con madres y abuelas sobre estos temas que reflexionamos entre todas. Y Facebook ha servido mucho para conectar a las mujeres de distintos pueblos”. Están conectadas entre ellas y con el resto del mundo, porque de fondo de todo esto están también, naturalmente, movimientos globales como el MeToo.

Última semana: Las profesionales toman impulso

 “Los últimos días pasaron cosas muy bonitas, como que muchas profesionales se adueñaron, en el mejor sentido de la palabra, de nuestras reivindicaciones, y las hicieron suyas”, opina Montero. “Las periodistas, por ejemplo, han sido muy importantes para hacer visible lo que se estaba gestando el 8M.

 Luego se sumaron las científicas, las editoras, las profesoras… ¡Hasta las mujeres saharauis de los campamentos! Ha sido como una bola de nieve. Se han sentido convocadas todas las mujeres. Y muchas se han emocionado mucho. Mujeres mayores en las que nunca había pensado nadie lloraban al escuchar a gente joven gritar 'sin las abuelas y su energía este sistema petaría”.   (...)

Como el resto de profesionales, se trata de un magma de mujeres sobre todo en la treintena, cuarentena y cincuentena. Muchas crecieron creyendo que no había grandes discriminaciones hacia las mujeres y se han dado de bruces con una realidad que no les gusta al ser madres o al constatar que pasaban los años, que laboralmente no llegaban a los mismos sitios que sus compañeros y que su implicación en los cuidados era mucho mayor.

“Han sido las últimas en sumarse de forma masiva”, reflexiona la politóloga Claveria. “Pero al final son el mainstream de la sociedad. Son fundamentales. Mujeres que por su momento vital y sus cargas de trabajo es difícil que sean las que tienen más tiempo para organizarse y militar, pero cuya participación es esencial. Está muy bien que haya activistas, pero lo esencial es llegar a estas franjas que son las que pueden presionar para que las dinámicas sociales cambien de verdad. 

Llegar a este segmento de mujeres ha sido un éxito del 8M. Muchas mujeres se planteaban que si no les iban bien las cosas en el trabajo después de haber tenido un hijo es que algo habrían hecho mal; pensaban que era un problema individual. Las redes de mujeres les han ofrecido otra imagen: no te pasa solo a ti, es algo sistémico, estructural, y se puede luchar contra ello”.

La magnitud del éxito arrollador de la jornada del 8M, en todo caso, ha provocado sorpresa. “Todo lo que ha ido pasando ha desbordado cualquier expectativa”, reconoce la joven Santos. “Ahora toca reflexionar. A nosotras y a toda la sociedad. El mensaje de las mujeres, diversas, de distintas procedencias, está claro: cambiemos, por favor"."              (Mónica Ceberio Belaza, El País, 18/03/18)

Mi médico, gran experto en ELA, expulsado de La Paz por oponerse a los recortes del PP

"(...) Empecemos recordando algunas cosas que ya he contado aquí. La unidad de ELA del Hospital Carlos III de Madrid era una referencia nacional e, incluso, internacional. El responsable de la misma, el doctor Jesús Mora, fue quien, con la paciencia y la habilidad del artesano, la vino construyendo desde que a finales de los años 80 la sanidad pública le reclutó tras una exclusiva formación en la costa este de Estados Unidos.

 Regresaba a casa entonces un joven neurólogo que sabía más que nadie en España de esa enfermedad tan rara y que ni siquiera Stephen Hawking había conseguido quitar el cartel de ‘desconocida’.

Con la entrada de los 90, y siendo ya uno de las decenas de médicos especialistas de todo el mundo que seguían investigando este mal, dentro de su entorno de trabajo comienza a conseguir que los enfermos tengan más facilidades a la hora de ser tratados en su horrible declive. Se fueron dando pasos hacia una integración de las especialidades que afectan a quienes sufrimos ELA. 

Y con la habilidad que anticipamos y el acicate de la asociación de pacientes que él ayudo a construir, se consigue que el Carlos III sea el primer lugar de España donde esta enfermedad se trata de manera conjunta.

Este modelo despertaba la curiosidad de sus colegas, ese puñado de miembros que se conocían de ser los mismos cada año en los congresos. Y muchas de sus prácticas y rutinas se empezaron a implantar en los hospitales más importantes del primer mundo. 

A su vez, en otros puntos de nuestra geografía, surgían médicos con la misma visión servicial e innovadora del doctor Mora, apareciendo así otras pequeñas unidades que, como digo, optimizaban la asistencia y la efectividad de la misma. En otras palabras, retrasaban los problemas, la muerte y todo cuanto estuviera en su mano.

Evidentemente, esta estructura hecha a retazos y a trompicones, a través de diferentes permisos concretos dados por los distintos gestores del hospital con el paso de los años, no tenía carácter oficial. No existía un cartel en el Carlos III que pusiera ‘Unidad de ELA’, pese a que en el mundillo de esta enfermedad se admirara internacionalmente. 

Mientras, el doctor Mora seguía peleando día a día en los despachos, mediando hasta para conseguir dignidad y permanencia laboral para sus colaboradores, en una lucha que acabó por conformar un excelente equipo que incluía (además de la lógica neurología) fisioterapia, enfermería, neumología, psicología y logopedia, todo ello especializado en esta concreta dolencia.

Ese grupo tan idóneo permitió que en el Carlos III se llevaran a cabo los ensayos internacionales más importantes, ya que solo con una asistencia correcta, los datos aquí recabados pueden ser usados junto con los de los hospitales más importantes de Europa o Estados Unidos. 

Pero, lejos de potenciar el interés y el orgullo de los administradores de la sanidad pública, motivó la sospecha constante sobre el doctor y su modelo, ya que siempre fue visto como un ‘outsider’, un inconformista, un diferente. Él lo único que hacía era dar rienda suelta a su pasión, pelear contra la ELA y ayudar a quienes la sufren. (...)

Con el primer gobierno de Esperanza Aguirre comenzaron los problemas. Quién sabe si motivados por la envidia, la ignorancia, o la suma de ambas con el detonante de la osadía más chabacana, se llega a la conclusión de que es un lujo tener una unidad para una enfermedad tan específica.  (...)

Lejos de amedrentarse ante los palos en las ruedas que le metían cada poco tiempo, el doctor Mora y su equipo seguían trabajando con el único fin de mejorar su unidad y mejorar así la asistencia de sus pacientes. 

 Para echar más leña al fuego, la división asociativa dentro de los enfermos de ELA crea dos bandos, que se politizan en el momento que hay uno de ellos (no el del doctor Mora) que depende de las subvenciones que recibe del gobierno madrileño, pese a que en sus siglas se dice que es de carácter nacional. 

Con ese mar de fondo tan desagradable en una enfermedad ya de por sí tan dura, llegó la crisis económica y a los palos en las ruedas se sumaron chinchetas en la carretera, hoyos en el asfalto y puentes dinamitados. Hasta que en enero de 2014 la unidad de ELA del Carlos III se cayó de la bicicleta y quedó moribunda.

Todo había empezado cuando Ignacio González, nada más sustituir a Aguirre, terminó de dar luz verde a la reestructuración del sistema de salud madrileño. Esta reestructuración, que el tiempo y las incesantes protestas de absolutamente todos los colectivos sanitarios (la llamada Marea Blanca) han demostrado que se hizo con los pies y no con la cabeza, incluía la absorción del pequeño pero vanguardista Carlos III dentro del gran hospital madrileño de La Paz. 

Se ponía fin a que el Carlos III fuera referencia nacional (y en muchos casos internacional) en enfermedades raras, infecciosas y tropicales. “¿Para qué? Vaya lujos que quieren mantener nuestros médicos…” pensarían algunos de esos que parece que razonan con los pies. 

Hubiera sido curioso asistir a las reuniones de estos mismos ‘ideólogos’ cuando la crisis del ébola del pasado año dejó en evidencia el desmantelamiento del único hospital especializado en su tratamiento, el Carlos III. En esas reuniones, para hablar, ¿pedirían la vez levantando la mano… o quizá también usarían el pie?

Con los recortes, el tsunami afectó a todo el sistema, y por supuesto dentro de este centro los desperfectos fueron de aúpa. La unidad de ELA se descompuso, ante las denuncias desesperadas de los enfermos en los medios, que se solaparon con el inicio de la campaña del cubo de agua helada. 

Lo más triste de todo es que estas medidas tan injustas y absurdas se diseñan en los despachos de los políticos tirando de calculadora, sin atender jamás a la voz de los expertos. Y lo más doloroso es que para llevarlas a cabo se necesita la colaboración de una parte de disidentes de la medicina.

 Es decir, médicos de carrera, formados para curar a la gente y velar por sus vidas y su bienestar, formados en la sanidad pública, pero que en algún momento de su evolución profesional (mejor dicho, involución) y al pasar a ser parte del instrumento burocrático, se pervierten a cambio de poder de mando, mejor salario o vete a saber de qué. Esa mezquindad es la que más duele cuando se asiste a estos recortes.  (...)

Llegamos al momento caliente del relato. Con la unión a La Paz, los problemas para el funcionamiento mínimamente correcto de la unidad comienzan a ser vergonzosos. Peligran incluso los ensayos que se están desarrollando, porque los pacientes dejan de estar atendidos con los cuidados y seguimiento mínimos exigidos en el protocolo. 

Con piruetas y más piruetas, el doctor y su equipo consiguen a lo largo de 2014 mantener una dinámica que posibilite no romper dichos protocolos. Porque a punto estuvo el doctor de tener que reconocer ante sus colegas, esos que admiraron su modelo, que debía dejar el ensayo porque su hospital (llamado La Paz-Carlos III tras la fusión) no reunía los mínimos necesarios.  (...)

No llegó a pasar pero el peligro existe aún, y es en ese clima de tensión donde Jesús Mora llega a avisar a gerencia de que las cosas están mucho peor que antes y que son los pacientes quienes mejor lo saben. Esa actitud de no querer agachar la cabeza una vez más, es la gota que colma el vaso y la fijación de sus jefes toma ya tintes que se podrían tachar de persecutorios.

Concretamente, la subdirectora de gerencia de La Paz, Mercedes Fernández de Castro, es quien comienza el marcaje y quien acaba por ser el brazo ejecutor.

Yo, por entonces, ya frecuento la consulta del doctor Mora, que me la recomendaron desde que fuera diagnosticado en Cádiz. Conseguí que me pudieran atender tras hacer una artimaña legal pero ridícula y larga con la que pude bordear las barricadas que pusieron los gobernantes madrileños para dificultar la llegada de enfermos de otras comunidades. 

Y siendo ya paciente, soy testigo de la mella psicológica que todo el proceso de descomposición y enfrentamiento está causando en los profesionales. Incluso, siendo atendido en una consulta, asisto atónito a las llamadas repetidas e impertinentes desde gerencia. 

El doctor, harto de tener que explicar que está con un paciente, termina por dejar descolgado el teléfono. Y a los dos minutos entra la enfermera insistiendo en que quieren hablar con él. Debe de ser que los ‘médicos’ que tiene como trabajo perjudicar el de los demás se olvidan que los demás médicos dedican su jornada laboral a atender a pacientes, tal y como les enseñaron y prometieron hacer.

En el resto de lo que queda de unidad (desaparecida la fisioterapia y la neumología), al miedo a despidos o recolocación en otras funciones (tras años especializándose e investigando una dolencia tan particular), se unen las trabas burocráticas al pasar a depender del mastodóntico sistema de La Paz, donde, ni por asomo, están preparados para asumir como si tal cosa un sistema de trabajo modelado por la experiencia y los años.

Como saben que los expertos están en contra de esos cambios forzosos e irracionales, pasan a ser más sospechosos desde la gerencia. En general, este es el sentir que hay en la sanidad pública ante los recortes. Es un clima que mezcla indignación y miedo. Mi percepción personal se amplía a través de los familiares que tengo trabajando ahí, y por otros que son enfermos de diversa gravedad. 

Solo hace falta abrir un poco los ojos y escuchar con atención cuando se va a un hospital para darse cuenta de lo rematadamente mal que se han hecho las cosas, sin contar además con nadie.  (...)

Todo esto lo comenté en uno de los primeros artículos, que por cierto envié al director general de hospitales de la Consejería de Sanidad, Mariano Alcaraz, por si tenía a bien leerlo. Pero su falta de respuesta fue equivalente a su falta de valía para el puesto que desempeña. No me sorprendió.  (...)

El doctor Mora, en definitiva, ha sido perseguido hasta que la citada Mercedes Fernández de Castro ha creído dar con la primera excusa con la que quitárselo de en medio.  (...)

En ese clima de enconamiento de posturas, se le abrió un expediente el pasado mes de febrero. Se le intenta culpar de permitir que empresas privadas trabajen sin permiso oficial dentro de las instalaciones del hospital (se cree el ladrón que todos son de su condición).

 El episodio, de una sencillez y ridiculez máximas comparadas con la grave sanción propuesta, consistió en que una representante de una empresa de ortopedia, que colabora oficialmente con el módulo de rehabilitación de varios hospitales, incluido La Paz, había quedado en el hospital con un paciente de ELA que le tocaba revisión y al que le suministraba un cabecero adaptado, con el fin de hacer los ajustes pertinentes y ahorrarle viajes innecesarios. Un proceder, reconocido por esta representante, habitual en todos los hospitales.

Por allí pasaba casualmente la subdirectora de gerencia, quien le preguntó al doctor si era responsable de aquello, a lo que él le contestó que era responsable de todo lo que pasaba en su unidad (sabedor de que la mayoría de su equipo no tiene la posición de fuerza en materia laboral). 

Y sin mediar más palabras, a los varios días el doctor Mora recibió la apertura de expediente en su despacho. La representante, que conoce al doctor de vista, cuenta que le empezaron a preguntar luego que qué relación tenía con él, quizá buscando algún resquicio de beneficio económico ilícito. Además, le empezaron a preguntar ¡por pormenores de los ensayos que hace la unidad! Que ya me dirán que tendrá que ver con lo ocurrido. Es decir, una investigación que solo buscaba un resquicio por el que ‘empaquetar’ a su objetivo.

La semana pasada le llegó la propuesta de sanción: dos años suspendido de empleo y sueldo por permitir que una empresa privada use la instalación pública sin autorización, a lo que se suma un mes más por otro enfrentamiento verbal en relación a un problema diferente. 

Se ha desoído por parte del inspector la petición del abogado defensor de que se llame a declarar a la representante de la ortopedia, con lo que se demostraría que lo que hizo es el proceder habitual de estos profesionales   (...)

Sea como sea, este viernes se atenderán las apelaciones, pero el doctor Mora sabe que no le van a tener en cuenta porque el único objetivo es echarle ya, aunque todos los juristas consultados le aseguren que por la vía judicial le van a dar la razón y recibirá la indemnización correspondiente.

 

Pero ese no es consuelo. El viernes pasado, cuando está a nueve meses de jubilarse, el doctor Mora recibió un homenaje de compañeros y enfermos. Estuvo teñido de agridulce sensación por ver que el trabajo de toda una vida en la sanidad de todos parece que vaya a tener un final tan gris. 

Él, por supuesto, va a pelear porque no se le manche su nombre y porque se considera perseguido. Y está seguro que ganará en los juzgados, dentro de meses o quizá años. Será indemnizado (con dinero que pagamos todos, sin que los implicados en esa desajustada y persecutoria sanción asuman consecuencias), pero no podrá hacer lo que estaba en su mente: aceptar tras la jubilación un papel de colaboración constante con la unidad desde una posición de consejero y experto. 

Solo había que ver cómo le trataban todos sus colegas en Dublín hace un par de semanas para entender que su papel dentro de la lucha contra la ELA en España no lo puede asumir nadie.    (...)"                 (Carlos Matallanas, El Confidencial, 03/06/2015)

Las técnicas de acoso de La Caixa: Una mujer teme perder su empleo después de que el director de un banco fuese a su trabajo a reclamarle la hipoteca

"Hace 17 años, Juana Baca salió de Perú. Tenía 24 años, un hijo con dos que no pudo traerse hasta bastante tiempo después y todas las ganas del mundo por comenzar a edificar su proyecto de vida.

 En 2003, Juana se enamoró de Jorge y ochos años más tarde ambos se compraron una vivienda en la que cabían todos los sueños que Juana trajo de Perú. El sueldo de 2.500 euros mensuales de Jorge, con contrato fijo, y los 1.000 euros que cobraba y cobra ella, como cocinera en un hotel, eran más que suficientes para pagar 960 euros al mes del préstamo hipotecario.

En la sucursal bancaria todo fueron facilidades, a pesar de que en 2011 la crisis ya mordía. Además del cien por cien del precio de la vivienda, tasada en 170.000 euros, el director de la sucursal les ‘regaló’ 8.000 euros más para amueblar la cocina y los engatusó para que compraran acciones de la entidad financiera y aseguraran la vivienda con la aseguradora del banco. El préstamo hipotecario subió en 27.000 euros que se pagaría en cómodas mensualidades durante 30 años.

Once meses después de firmar la hipoteca y después de diez años en una gran empresa de la construcción, Jorge fue enviado a la larga y desesperante cola del paro. El sueño de Juana ya no era tan sueño. 

 Durante el tiempo que Juan estuvo cobrando el paro y la ayuda familiar, la familia pudo seguir pagando la hipoteca y dar de comer a sus dos hijos; pero cuando se acabó la ayuda familiar, Juana tuvo que decidir qué hacer con su salario de 1.000 euros: “O daba de comer a mis hijos o pagaba la hipoteca”. Juana eligió comer y pagarle a su hijo el “pasaje” para que vaya todos los días al instituto.

El sueño ya era una pesada losa. Juana se plantó: “No puedo pagar, vamos a renegociar el préstamo. Yo puedo pagar un alquiler social pero si pago, no como”, le dijo Juana al director de la oficina.

 “La deuda la tienes que pagar como sea”, le respondió el empleado de banca. Y “como sea” lleva intentando el director de la sucursal que Juana pague la hipoteca: amenazas telefónicas, hostigamiento psicológico, llamadas a familiares, trato humillante y degradante y un sinfín de episodios inhumanos, según relata Juana.

Hasta tal punto llegó la pesadilla que el banco bloqueó la nómina de Juana: “Un día salí de trabajar, fui al banco a sacar dinero para comer y me lo había quitado todo. No tenía nada, ni para comer ni para el billete de bus”, rememora. Así, al día siguiente se fue a la oficina, nada más abrir, “a rogarle al director” que le diera “por lo menos 200 euros” para poder comer.

 Después de mucho llorar y rogar, el jefe de la entidad accedió a darle 200 euros para comer a Juana para, acto seguido, amenazarle con “meter mano” a la cuenta de la madre de Jorge, una anciana con una modesta pensión: “Corriendo tuvimos que cambiar la cuenta de mi suegra a otra entidad bancaria”, detalla en un receso de la protesta que ella y su marido, junto a activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), protagonizaron la semana pasada en la puerta de una sucursal de La Caixa-Cajasol en Sevilla.

“Hemos venido hasta aquí porque la semana pasada el director de la oficina fue a mi trabajo a presionarme para que aceptara las condiciones de estafa que me ofrece para saldar la deuda”, explica Juana, quien se niega a firmar la propuesta “abusiva” que le ofrece el director del banco.

 La entidad financiera le ofrece la dación en pago de la vivienda, a cambio de pagar 40.000 euros –a pagar 200 euros al mes– y entregar el humilde apartamento de soltero de su marido, en el populoso barrio sevillano de Bellavista.

“Lo tienes que firmar. Si no aceptas, ejecución hipotecaria. Y lo vas a perder todo”, le infiere el director bancario a Juana, según su relato. “No voy a firmar”, le responde contundente la mujer que buscando su sueño anda envuelta en una pesadilla llena de amenazas e indefensión por parte de un sector financiero todopoderoso.

 Además, el director de la sucursal se presentó, hace unos días, en el hotel donde trabaja Juana: “He quedado aquí con Juana Baco, ¿la puede usted llamar, por favor?”, le propuso el empleado de banca al recepcionista del hotel donde trabaja, cuenta Juana, que asegura que nunca había quedado con el director del banco en su lugar de trabajo.

El recepcionista llamó a cocina e indicó a Juana el nombre y los apellidos del hombre que esperaba en la planta principal del hotel. “Cuando me dijeron quién estaba esperándome, se me paró el corazón”, sostiene quien ese día pasó la “vergüenza” de su vida. 

El director del hotel llamó a Juana a su despacho y, desde ese día, la mujer teme perder su empleo si las amenazas y molestias del banco se vuelven a repetir. “Ayer mismo despidieron a un compañero, la próxima puedo ser yo porque a las empresas no les gusta que los trabajadores demos problemas”, concreta.

Clara Isabel Pérez, una de las portavoces sevillanas de la PAH, cree que las presiones de La Caixa son fruto de su técnica de “agotar a la gente psicológicamente” para no tener que llegar a los juzgados. 

“Si ordenan una ejecución hipotecaria, los juzgados declararían ilegales las cláusulas suelo que aplica a los préstamos hipotecarios y los intereses de demora –el doble de lo legal– que añade a las personas afectadas por impagos”, afirma la activista antidesahucios, que también denuncia que La Caixa no se adhiere al Código de Buenas Prácticas que firmó con el Gobierno central.

Tampoco Juana puede denunciar: “No tengo dinero para las tasas judiciales”, sentencia. (...)"            (Público, 09/06/2014)

El 70% de los periodistas del Ayuntamiento de Madrid sufre violencia psicológica

"Un informe de la subdirección general de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Madrid Salud señala que siete de cada diez periodistas del Ayuntamiento de Madrid sufren acoso laboral.

 “En cuanto al factor relaciones y apoyo social, por lo que respecta a la calidad de las relaciones, el 44% afirma que son regulares y el 33% que son buenas. Por lo que respecta a los conflictos interpersonales, el 50% afirma que ocurren con frecuencia y el 38% que constantemente.

 Por lo que respecta a la exposición a violencia psicológica, el 44% afirma que les ocurre con frecuencia y el 27% que constantemente. En cuanto a la gestión de la empresa de las situaciones de conflicto, el 44% afirma que piden a los mandos de los afectados que traten de buscar una solución al problema”, dice textualmente el informe tras una encuesta entre los trabajadores.

Este informe viene a confirmar la veracidad de las denuncias que ya dio a conocer cuartopoder.es en febrero del pasado año. Entonces, tres trabajadoras, Alejandra Acosta, Carmen Viñuelas y Pilar Aller, desvelaron a este periódico que habían sufrido vejaciones verbales, insultos machistas e incluso agresiones físicas. 

Y que su situación era extensible a buena parte del personal del departamento de prensa del consistorio capitalino. Siempre que ha sido consultado al repecto, el ayuntamiento ha negado la veracidad de estas denuncias y ha acusado a las trabajadoras de mentir: “Hay gente que pierde parte de su estatus en los departamentos, por la razón que sea, y no se resigna. Pero la denuncia es totalmente falsa”. El informe de Riesgos Laborales al que ha tenido acceso cuartopoder.es emborrona un tanto estas palabras.

Entre otros aspectos, destaca la coincidencia entre los trabajadores encuestados a la hora de situar el origen del conflicto hace más de una década, en 2003. Aquel año, el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tomó posesión del bastón de alcalde. Y lo primero que hizo fue rodearse de una cohorte de asesores nombrados a dedo. 

Concretamente, llegó a tener 1.525 cargos de confianza y libre designación. El triple que su predecesor, el también popular José María Alvarez del Manzano. Cuarenta de esos nuevos cargos fueron a desembarcar en el departamento de prensa, relegando al personal fijo a tareas más menestrales o, incluso, al ostracismo.

La denuncia por acoso de las tres funcianarias –que ya ha sido admitida a trámite en los tribunales–, explica que “el Gabinete de Prensa fue despojado de la mayoría de las competencias que históricamente, desde el origen del servicio en los años 70, tenía adjudicadas; fue sometido a un aislamiento sin precedentes tanto dentro como fuera del Ayuntamiento; se les prohibió hablar con los técnicos para resolver las dudas a la hora de elaborar la información, y por supuesto con los políticos; los nuevos directivos de comunicación –que se asignaron elevados sueldos y pluses de productividad– no dirigían la palabra a los periodistas del gabinete en los actos informativos, comportándose como si no existieran; jamás les reunieron para explicar qué se esperaba del equipo, ni siquiera para abordar los cambios sin precedentes en el sector de la prensa y que han afectado tanto a la manera de funcionar, como a los horarios de este servicio público; daban órdenes contradictorias y nunca por escrito para no asumir responsabilidad alguna si había fallos, y han llevado a los miembros del equipo a un fuerte enfrentamiento”, señalan fuentes sindicales.

Aquella denuncia desvelaba, también, que las funcionarias habían sido obligadas a realizar trabajos de campaña electoral en favor del PP “bajo engaño y amenazas”. Las constantes denuncias de acoso fueron ventiladas por el Ayuntamiento de Madrid con la curiosa excusa de que se trataba de simples manifestaciones de “relajación festiva”. (...)"            (Aníbal Malvar, 12/02/2014)

El funcionario acosado por Interior acabó con la carrera política del 'guía espiritual' del ministro

"Jaime Nicolás, el alto funcionario que tras 18 meses sin recibir trabajo ha denunciado por acoso laboral a Jorge Fernández Díaz, mantuvo un agrio enfrentamiento con Jaime Rodríguez Arana, ‘guía espiritual' del ministro del Interior, miembro del Opus Dei como él y, por aquel entonces, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

 El conflicto provocó una reprimenda personal a Arana del titular de Administraciones Públicas de la época, Jesús Posada, y determinó su destitución pocos meses después.

La historia se remonta al año 2002. Rodríguez Arana, un catedrático especializado curiosamente en ética pública, transparencia y buen gobierno, se había granjeado cierto prestigio en el entorno monclovita del PP como teórico del centro político gracias al apadrinamiento de Fraga y de Romay Beccaría. 

Le precedía una fama de escritor infatigable hasta que Jaime Nicolás denunció el plagio al que eran sometidos sus trabajos por parte de Arana, quien los publicaba con su firma en revistas especializadas. Fue bautizado como "el plagiador del INAP" por su reiterada costumbre de apropiarse de la propiedad intelectual ajena.

El episodio truncó en buena medida la carrera política de Arana, que había sido subsecretario de Administraciones Públicas con Mariano Rajoy y Ángel Acebes. En la actualidad trabaja en el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo y se dedica a asesorar a los letrados de la firma en su especialidad: el derecho administrativo.

Paralelamente a su dedicación al INAP, Rodríguez Arana desempeñaba otras tareas que le eran propias de su condición de numerario del Opus Dei. Supuestamente, consistían en la dirección de un grupo de meditación y oración de supernumerarios y simpatizantes de la Obra. Entre los primeros se encontraba el actual ministro del Interior.

Según confirmaron a este diario fuentes solventes conocedoras de las reuniones, Arana convocaba a través de su secretaria y con periodicidad mensual a un grupo más menos compacto de diputados -tanto del PP como de otros partidos- y secretarios de Estado, citas a las que ocasionalmente llegó a incorporarse algún periodista, hoy director de un medio nacional, y hasta el presidente de un club de fútbol. 

Fijo en las quinielas era Fernández Díaz, en aquel entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que con frecuencia se quedaba también a cenar. Los encuentros tenían lugar en la residencia de Rodríguez Arana, una casa del Opus situada en la madrileña calle de Villanueva."             (Público, 13/11/2013)

"Un alto funcionario denuncia al ministro del Interior por acoso laboral y desviación de poder

 

Jaime Nicolás Muñiz no es un empleado público cualquiera. Nivel 30 desde hace más de 25 años y con 40 de antigüedad, este alto funcionario se licenció en Derecho en Madrid y en Ciencias Sociales en la Universidad de Constanza (Alemania). 

Es administrador civil del Estado y letrado del Tribunal Constitucional. Hasta su cese en 2012  fue el director de gabinete y mano derecha del entonces presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. Con anterioridad ejerció de asesor ejecutivo de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, dirigió el Centro de Estudios Superiores de la Función Pública, fue el responsable de Estudios y Prospectiva en RTVE y el subdirector de Investigación del Centro de Estudios Constitucionales, organismo que llegó a dirigir en funciones . Ponente, conferenciante, asesor en procesos de democratización, germanista, autor de decenas de estudios sobre constitucionalismo y gobernanza, su extenso currículo es casi inabarcable.

Tras el relevo en la presidencia del Consejo de Estado, a Nicolás Muñiz le correspondía por derecho regresar al Ministerio del Interior, trámite que se postergó artificialmente casi dos meses. Finalmente, fue destinado a la secretaria de Estado de Seguridad como vocal asesor y asignado a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIESE). Se le dio un despacho y comenzó a cumplir su jornada laboral. 

Lo que nadie le dio jamás fue trabajo, lo que le ha llevado a presentar el pasado 25 de octubre, 18 meses después de estar mano sobre mano, un recurso ante la Audiencia Nacional por violación de sus derechos fundamentales. (...)

"Una persona de su más inmediato entorno, tras contactar con él, me informó que había recibido órdenes tajantes de que no se me diera ni agua y que, con esa premisa, el secretario de Estado no podía hacer nada para ayudarme". La denuncia fue remitida por registro al secretario de Estado cinco días después. (...)"       (Público, 04/11/2013)

Pedro Cuevas, científico de fama internacional, obligado por González a dejar su puesto en el Ramón y Cajal

"Jubilan a la fuerza al descubridor de un tratamiento eficaz para mejorar la visión de personas con degeneración macular.

 El nombre del doctor Pedro Cuevas lo pronuncian con reverencia 250 pacientes que sufrían degeneración macular, la forma de ceguera más frecuente, y que hoy han salido del claroscuro de pesadillas de luz y sombra en que vivían.

 Para miles de personas que viven el problema y millares más que lo van a padecer, es sinónimo de esperanza. Sus trabajos sobre la proteína FGF y el tratamiento para neutralizarla han merecido el reconocimiento del mundo de la investigación internacional. 

 Pero para la Comunidad de Madrid y la dirección del hospital Ramón y Cajal, Pedro Cuevas que ha dirigido desde hace 36 años el Servicio de histología, no es ya un científico, sino un jubilado (forzoso) que debe dejar cuanto antes el despacho, y pasar los trastos de sus descubrimientos al siguiente. Ni las gracias.

“¿Qué soy yo ahora?”, contestaba a ELPLURAL.COM el doctor Cuevas. “Soy el exjefe de servicio de histología del Hospital Ramón y Cajal”. Papeles amontonados, cajas de cartón medio llenas… El científico intenta embalar casi cuatro décadas de investigación en el tiempo limitado que le exige la dirección desde el día en que llegó alguien de la Gerencia y le dijo que tenía que evacuar de su espacio sin falta. 

Ni cortes histológicos por organizar, ni experimentaciones en curso debían interrumpir los sagrados planes de la Comunidad de Madrid, es decir: la jubilación forzosa de 700 médicos e investigadores, entre ellos un centenar de ese hospital que lleva precisamente el nombre de un catedrático de histología y premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal.

 Profesor honorífico de la Universidad de Beijing, profesor adjunto de la de Wayne, en Detroit, con 20 patentes internacionales registradas y 177 publicaciones en las más prestigiosas revistas profesionales, el doctor Cuevas opina que está de acuerdo en que “puede ser necesario estructurar las cosas, pero no lapidarlas. Antes de reestructurar hay que hacer reuniones, esforzarse en mantener lo imprescindible en beneficio de la ciencia, que redundará en los pacientes y el buen nombre del hospital.”

Parece que en el aire flota la palabra alevosía. Ya se sabe que I+D significa investigación más desarrollo y en opinión del doctor Cuevas cuando no se piensa en investigar, las palabras sobran. Ya vio que las cosas se torcían cuando les plantearon objetivos a los científicos “un brindis al sol” y cuando les exigieron presentar una memoria en la que las preguntas iban en la línea de “¿a cuántos comités clínicos pertenece?”, ó “¿de cuántas comisiones forma parte?” “Criterios burocráticos para juzgar la ciencia.

 Está claro que muchos no cumplíamos los requisitos, sobre todo quienes consideramos que formar parte de una comisión es una forma de gastar el tiempo para no hacer nada”. Tiempo que Pedro Cuevas no puede derrochar.

En 1986 el doctor Cuevas durante su estancia en el Salk Institute de San Diego (California), profundizó sobre el descubrimiento del factor de crecimiento de fibroblastos básico (FGF). En 1985, otro científico español, el doctor Guillermo Giménez Gallego, había descubierto el FGF ácido llegando a parecidas conclusiones en el Instituto Merck, también en EEUU. En 1987 iniciaron en Madrid una investigación al unísono para desentrañar la implicación del FGF en muchas patologías dependientes de la angiogénesis.

La angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos ya existentes. Las células cancerígenas se reproducen y necesitan el oxígeno de nuevos vasos sanguíneos para sobrevivir. Mil millones de personas en el mundo la sufren en forma de cánceres, enfermedades cardiovasculares, artritis, ceguera, efectos del SIDA, Alzheimer, diabetes, suma y sigue en más de 70 patologías que afectan a niños y a adultos en países desarrollados y por desarrollar. El tratamiento efectivo de la angiogénesis puede tener tanto impacto en el siglo XXI como lo tuvo el descubrimiento de los antibióticos en el siglo XX.

Los doctores realizaron un enorme descubrimiento: encontraron una molécula implicada en la patología, la proteína responsable de la angiogénesis. De inmediato dirigieron sus esfuerzos a inhibir la proteína FGF. El doctor Cuevas, que es también profesor, lo explica así: “Suponemos que el televisor es el núcleo. Las imágenes son los genes. Para que la señal llegue al televisor necesitamos una antena y un cable (receptor celular de FGF). El edificio en que está el televisor es la célula. 

Lo que quiero hacer es apagar sólo mi televisor interrumpiendo la señal, pero si lo hago dentro de la célula -el edificio- es posible que además de mi televiso, apague el de varios vecinos más, el del 3º A o el del 2ºC. Eso son los efectos secundarios que quiero evitar.”

Lo consiguieron. Encontraron un compuesto que actúa como un mecanismo específico y selectivo contra la inflamación y angiogénesis retinianas y que además, no tiene efectos secundarios, como ocurre con los tratamientos antiangiogénicos usados actualmente en oftalmología.

 Se trata además de un compuesto sintético fácilmente aplicable en los ojos, lo que supone que el paciente no precisa ingreso hospitalario. Existe desde hace 40 años se usa para otras patologías y es en consecuencia, seguro y barato. (...)

La degeneración macular es la primera causa de ceguera en el mundo en la edad madura. La mácula es la zona retiniana carente de vasos sanguíneos situada en el fondo de la retina donde se localiza la zona de mayor agudeza visual. Cuando la mácula no funciona correctamente, las áreas del centro del campo visual empiezan a perder nitidez, volviéndose turbias y borrosas. 

Existen dos formas de DMA. La forma seca que presenta del 80 al 90% de los afectados, es una inflamación de la mácula del ojo en la que no se forman vasos sanguíneos nuevos y que hoy carece de tratamiento médico. La DMA seca lleva a la forma húmeda que produce la ceguera.

Hasta ahora la medicación utilizada en la DMA húmeda consiste en una serie de inyecciones intravítreas de elevado coste que no procuran una excesiva mejoría y conllevan el riesgo de efectos oculares y sistémicos indeseados. 

Los efectos negativos oculares más importantes van desde la inflamación ocular, al desprendimiento de retina, y pérdida de visión, entre muchos otros. Pero además, pueden producir por ejemplo infartos cerebrales, fracaso renal o alteraciones de la glándula tiroidea dentro de una inquietante y larga lista.

Desde hace tres años, los doctores Cuevas y Giménez tratan a pacientes en el Hospital de Día Pío XII de Madrid. Al aplicar su medicamento sobre las dos formas de DMA, descubrieron que en la forma seca retrasaban la enfermedad y aumentaban la agudeza visual, como también ocurría en la forma húmeda.

 Lo han comprobado sobre 250 enfermos, mediante una única inyección intravitrea, y en muchos de ellos, al año, la agudeza visual se mantiene y ¡maravilla!, sin efectos secundarios. Han conseguido apagar el televisor sin interrumpir la emisión de los demás aparatos del edificio. Un tratamiento económico y eficaz que, aspira el doctor Cuevas, se puede convertir en preventivo para las personas en riesgo de padecer esta dolencia.

En eso estaba cuando los hombres grises de la Comunidad de Madrid arramplaron con la lógica, con el bien debido al paciente, el respeto a la ciencia y a quienes la posibilitan y decidieron hacer tabla rasa de médicos y científicos hasta 700, sin importar los enfermos que quedan por el camino ni el trabajo que se está realizando.

¿Qué pide el doctor Cuevas? “Que no desmonten la estructura de la investigación. Es una acción irreversible”. Pero es de conocimiento común el peligro de que un mediocre irresponsable pueda hacer barbaridades. 

O despropósitos, como el ya perpetrado en el Ramón y Cajal de disponer que cuando se jubila el investigador principal de un proyecto (por cuyo nombre se subvenciona externamente el trabajo) deba pasar todo sus resultados y metodología a otro investigador. Increíble, pero cierto.

-“¿Qué va a hacer ahora, doctor Cuevas?”

-“Yo no sé hacer otra cosa”.          

   (El Plural, 19/06/2013)