La Xunta de Galicia se quedó parte del alza de transferencia del Estado para dependencia, denuncian los Gerentes en Servicios Sociales... La asociación califica de "especialmente sangrantes los recortes" que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional

 "Los directivos del sector alertan que la autonomía ha recortado los gastos en dependencia a pesar de que el plan de choque del Estado implicó que recibiera más dinero para tal fin. De la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios tilda lo sucedido de "especialmente sangrante".

Castilla y León, Galicia y Aragón "hicieron caja" con el aumento de presupuesto para dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023) aprobado por el Gobierno tras la pandemia sanitaria. Así se desprende de un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, según el cual el Gobierno de España aumentó en dicho periodo su aportación para la Dependencia en un 138 por ciento frente al 9 por ciento del incremento de las comunidades autónomas.

 Así, de todas las comunidades autónomas, tres han disminuido durante el citado Plan de Choque el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7) Galicia (-6,4) Aragón (-3,2). La asociación califica de "especialmente sangrantes los recortes" que se han producido en Galicia, la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional.

El estudio indica que, en 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia ascendió a 11.522 millones de euros: 8.230 millones por parte de las comunidades autónomas (71%), y 3.292 por parte del Gobierno central (29%) y constata una "acusada desigualdad territorial", donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). En Baleares, la inversión es de 2.031 euros; La Rioja, 2.116 euros; CyL, 1.967 euros; Madrid, 1.921 euros; Andalucía, 1.888 euros; Castilla-La Mancha, 1.876 euros y Comunidad Valenciana, 1.825 euros.

Por debajo de la media de los 1.825 euros se encuentran Cantabria con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros y Galicia, a la cola, con 1.073 euros.

Según se desprende del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación". Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General "refuerza la financiación del sistema". Estos recortes en la aportación en algunas CC.AA. "han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque", según la entidad.

En cuanto a las comunidades que mayor porcentaje destinan de sus propios presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%); Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras la media de financiación autonómica desciende hasta el 71% para el conjunto de España, CCAA como son La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castila y León (63,2%) se mantienen alejados de esta cifra.

DENUNCIA: "CADA 15 MINUTOS MUERE UNA PERSONA ESPERANDO PRESTACIONES" 
Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha puesto el foco, coincidiendo con la mayoría de edad de la ley de Dependencia, en el "incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel".

"Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia", argumentan, al tiempo que recuerdan que actualmente 292.792 personas están en las listas de espera y que cada 15 minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley.

"Desgraciadamente, a las 45.360 personas que fallecieron el pasado año, los presupuestos no les llegaron a tiempo", ha denunciado la entidad."          (Galiciapress, 23/09/24)

La Consellería Valenciana retira ayudas a un joven en coma y con una discapacidad del 98%

"La Consellería ha defendido que la familia debe conocer los movimientos a realizar al joven. Su madre ha afirmado que intenta imitar lo mejor posible los ejercicios que el fisioterapeuta realizaba a su hijo, en coma irreversible vigil desde hace 13 años, y con una discapacidad del 98%. Su madre Amalia comenta que le hace una gimnasia a su manera, pero que le puede "hacer más mal que bien".

El joven recibía tres veces por semana el servicio de fisioterapia, según ha relatado su madre. La decisión de la Consellería de Sanidad de retirar la ayuda ha obligado a los padres del joven a ser ellos los encargados de realizar a su hijo los ejercicios de fisioterapia. "Ahora está más engarrotado, tenía más soltura de movimientos. Ha empeorado", añade su madre.

Por su parte, Sanidad ha explicado que la toma de la decisión se ha basado en la situación irreversible del joven, un hecho que, según han defendido, hace que no precise ninguna actuación a nivel especializado. Además, la Consellería ha destacado que la familia debe estar entrenada para poder realizar los movimientos que el joven necesita.

Por otro lado, el fisioterapeuta ha manifestado que el tratamiento es necesario en pacientes como él, así como el Hospital de La Plana. Tanto el Hospital de La Plana, que emitió un dictamen a favor de prorrogar la ayuda, como el fisioterapeuta que les visitaba desde hacía 9 años, han argumentado la necesidad de seguir con el tratamiento.

En un informe presentado han defendido la necesidad del tratamiento y han afirmado que quitárselo tendrá graves consecuencias negativas para el joven, además han destacado la necesidad de que el trabajo sea realizado por profesionales. Los padres del joven afectado han recurrido la retirada del servicio, basándose en esos informes y esperan que la consellería de marcha atrás."              (La Sexta, 26/01/2015)

En un principio cobraba 158 euros. Luego me lo bajaron a 152 y ahora me han dejado con 22,14 euros al mes

" (...) Lidia Recarte también ha visto cómo la ayuda económica que recibía por cuidar de su hermano ha sufrido una drástica bajada.

"En un principio cobraba 158 euros. Luego me lo bajaron a 152 y ahora me han dejado con 22,14 euros al mes", explica la mujer, vecina de Valladolid, de 41 años. Lleva "desde siempre" cuidando de su hermano Ricardo, de 53 años, con una discapacidad psíquica que le impide valerse por sí mismo.

Aunque no tiene reconocido el máximo nivel de dependencia (le dejaron en el grado 2, de los tres que hay), Lidia explica que "hay que bañarle, afeitarle y triturarle los alimentos". Un trabajo que la ocupa las 24 horas del día. La madre de Lidia y Ricardo también vive con ellos, pero colabora en momentos puntuales, los que le permiten los achaques de sus 80 años. La hija de Lidia, de 15 años, también vive con ellos.

"Te mandan cartas y no las entiendes", lamenta Lidia. La familia ha denunciado su situación con la ayuda de la Plataforma de la Dependencia de Valladolid. Su hermano cobra una pensión no contributiva de unos 500 euros mensuales debido a su discapacidad, pero ni es nueva ni ese hecho ha afectado a otras familias en similares circunstancias, denuncia Lidia, que asume la situación entre indignada y resignada.

Una vez más, la inestabilidad económica, el riesgo de exclusión, acompaña a la dependencia. Con poco más de 1.000 euros pasan el mes las cuatro personas de esta familia. Lidia ha estado cobrando hasta ahora 536 euros de la renta garantizada de ciudadanía, también conocida como renta mínima o básica en otras autonomías. Ahora la han contratado a tiempo parcial para seis meses. Está contenta de volver a cotizar, aunque le suponga un esfuerzo sobrehumano: su hermano continúa necesitando ayuda continua. (...)"             (Vanessa Pi , eldiario.es, 1/10/2014)      

Las ayudas a la Dependencia se han reducido a la mitad en tan solo cuatro años

"Los mayores de 65 años se están convirtiendo en unos de los sectores de la población más vulnerables por los efectos de la crisis y de los recortes sociales. 

Así se pone de manifiesto en el ‘Observatorio del Mayor 2014 sobre el Envejecimiento Activo”  elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo.

 “Nos encontramos con una significativa reducción de los recursos materiales disponibles que tanto necesita la población mayor y que supone un importante obstáculo para conseguir un envejecimiento realmente activo”, señala el dirigente sindical Julián Gutiérrez.  (...)

Pues bien, uno de los recortes que más está perjudicando a este sector de la población, especialmente a las mujeres, es en las ayudas a la Dependencia que en tan solo cuatro años se ha reducido prácticamente a la mitad en los Presupuestos Generales del Estado. (...)

También se ha rebajado la intensidad de las prestaciones, reduciendo las horas de ayuda a domicilio, adelgazando las cuantías de prestación económica y eliminando la financiación del convenio de cuidadores familiares. Y por último –destaca el Observatorio-, con la introducción de un mayor copago ya que se estable un copago de servicios de entre el 10% y el 65% del que únicamente se encuentran excluidas las rentas inferiores a 532 euros al mes.

Los números no han hecho variar un ápice la política de recortes del PP. Más bien al contrario. Para 2014 la partida se recorta un 1.029 millones, el 46,7%, pasando de 2.205 a 1.176 millones de euros. A esto se añade el hecho de que ni siquiera se sustituye a las personas beneficiarias que mueren.

 Los beneficiarios han bajado de 771.049 en septiembre 2012 a 736.249 en 2013: 95 personas que cada día el sistema público desatiende y empuja a ser atendidas por sus familias, mayoritariamente por las mujeres de su familia, después de trámites que duran dos años. Además más de 300.000 personas con dependencia moderada seguirán excluidas en 2014.  (...)"          (nuevatribuna.es | 22 Septiembre 2014)

Exilio por dependencia: Juan deja Murcia para buscar una atención digna en Andalucía

"Juan de Dios López Torres es cartagenero, tiene 28 años y un 88% de discapacidad reconocida. Juan se ha visto obligado a emigrar a Andalucía, ya que la política de aplicación de la ley de dependencia en la Región de Murcia le ha dejado sin opciones, asegura. 

Desde que murió su madre, los únicos ingresos familiares son la pensión de su padre, de 70 años de edad y con 33% de discapacidad, y la subvención que ahora le ha otorgado el Gobierno andaluz. "A Mariano Rajoy llegué a enviarle una carta. Es muy duro verse en esta situación por culpa de gente que ha robado y despilfarrado tanto", resume.

Hace menos de un mes, el portavoz y diputado regional del PP, Víctor Martínez, afirmó que "sólo desde la enajenación mental" se podía obviar "el incremento económico reciente de las partidas presupuestarias destinadas a los ciudadanos que peor lo están pasando", y ponía el ejemplo de "la desaguisada Ley de Dependencia" que, según su opinión, el PP murciano ha tenido que corregir.

Pocos días después, la diputada socialista Teresa Rosique denunció que la Administración regional ha enviado cartas a los solicitantes de ayudas a la dependencia apremiándoles para que presenten nueva documentación en un plazo máximo de diez días, en pleno mes de agosto y después de llevar años esperando dichas ayudas:

 "Con este modo de actuar, da la impresión de que se pretende obstaculizar una vez más el acceso de las personas dependientes a los derechos que la ley les garantiza", sentenciaba Rosique.

La discusión política le queda ya lejos a Juan de Dios. En concreto a 150 kilómetros, los que separan la Asamblea Regional de Murcia del pueblo almeriense de María, donde vive hoy. El principal motivo de este exilio por dependencia es que Junta de Andalucía le ha concedido una subvención con la que abona parte de su plaza en un centro asistencial privado en el que podrá permanecer hasta noviembre.

¿Por qué abandonó su Cartagena natal para irse a Almería?

Nos vinimos en diciembre del año pasado porque en Murcia no encontraba ninguna posibilidad, ninguna salida. No veía futuro. Allí hay centros de día pero que me exigian desplazarme, y no hay residencias para discapacitados como yo necesito, ni tampoco institutos de integración que me sirvan, porque los que hay, aunque estén adaptados en su fachada, en el interior no cumplen con lo que exige mi discapacidad.

Usted padece artrogriposis. ¿Qué es?

Está catalogada como una enfermedad rara que afecta a las articulaciones. Me impide estirar y flexionar las extremidades superiores e inferiores, me obliga a ir en silla de ruedas y hace que necesite ayuda, si no las 24 horas, casi todo el día. Necesito ayuda para vestirme, para asearme, para ir al baño… 

A pesar de todo, no debió de ser fácil abandonar Cartagena.

No, pero tuvimos que hacerlo. Ya lo teníamos todo perdido y había que intentarlo por si sonaba la flauta. Para estar donde estoy he peleado mucho, he llamado a muchos sitios y enviado muchas cartas y correos electrónicos.

¿Por qué Almería?

Mi madre murió hace tres años y mi padre tenía una casa que le quedó en herencia en la localidad de María. Vivimos los dos aquí. Subsistimos con la pensión que recibe mi padre como jubilado, con lo que le dan por tenerme a mí a su cargo y con la subvención que me da la Junta de Andalucía, pero estamos atravesando unas circunstancias duras. Muy duras. Y tampoco tengo dinero para adaptar la vivienda a mis necesidades.

¿Había solicitado la ayuda a la dependencia en la Región de Murcia?

Empecé a informarme y vi que eran 300 o 400 euros… Cualquiera puede decir, "hombre, 400 euros son 400 euros", pero eso a mí no me soluciona nada. Tengo que pagar a alguien que me atienda todos los días y además tengo mis gastos, porque en medicamentos se va mucho dinero.

En cualquier caso, ¿se le concedió la ayuda en Murcia? ¿Llegó a cobrarla?

No, no llegué a cobrarla porque tampoco terminé de tramitarla. Vi que era pan para hoy y hambre para mañana, y como tampoco hay centros adaptados a mi discapacidad en Murcia, opté por probar en Andalucía. Soy un poco como Willy Fogg; voy de sitio en sitio buscando la estabilidad.

¿Cómo fueron los trámites en Andalucía?

Pues aquí, aunque lo he tenido que batallar, he conseguido algo. En Murcia habría sido imposible porque fui a los asistentes sociales y a todos los sitios, y siempre me encontré con negativas: "Es que la crisis, la crisis…". Yo he nacido en Cartagena y no reniego de mis raíces, pero claro, si me tienden la mano en otro lugar, es de agradecer. Aunque sea de forma temporal, ahora tengo resuelto mi problema, y por eso estoy muy agradecido a la Junta de Andalucía y sobre todo a María. Este Ayuntamiento se ha movido mucho y ha luchado por mí.

Aunque ha mejorado su vida, su solución es temporal y privada.

Estoy en el único centro de la provincia de Almería para personas gravemente afectadas a nivel físico, en Albox. Es privado y me queda de estancia hasta noviembre. Puedo estar allí por la subvención de la Junta de Andalucía.

¿Qué hará cuando acabe su estancia allí?

Estoy en una lista de espera para que me concedan plaza en una residencia concertada, así que lo que me queda es cruzar los dedos para que sea lo antes posible. La solución ideal sería esa, una plaza en un centro concertado, porque estaría todos los días y no de lunes a viernes como ahora, que tengo que depender de que mi padre vaya y venga conmigo los fines de semana.

Además de sus circunstancias como dependiente, también está sufriendo las consecuencias de la crisis económica. La factura que paga su colectivo es doble.

Totalmente. Lo estoy pasando económicamente mal y si a mi padre le pasara algo… La situación ha empeorado porque además ahora si se rompe algo de la silla de ruedas ya no te ayuda nadie y con los medicamentos sucede igual. Antes la Seguridad Social me cubría más medicamentos, y ahora nada, te lo tienes que pagar todo. Aquí y en Murcia."              (Pedro Serrano Solana , eldiario.es, 14/09/2014)

Rajoy deja sin ayudas a 2.900 grandes dependientes cada mes

"El sistema público de atención a las personas dependientes registra una tendencia a la baja en el número de personas calificadas como grandes dependientes –las que tienen más dificultades para vestirse, desplazarse o comer y necesitan más apoyo en su vida diaria– que acceden a las ayudas.

En abril de 2014 (últimos datos disponibles) el número de personas valoradas con grado III, que  incluye a los dependientes más graves, constituían el 24,08% de todas las evaluadas. Eran en total 365.412. En junio de 2011, mes en el que se reconoce un cambio de tendencia en negativo, constituían el 30,69% del total. 

En números absolutos eran 438.682. Es decir, en junio de 2011 había 73.270 personas más reconocidas como grandes dependientes que en abril de 2014. Las cifras reflejan que, de media, cada mes el sistema ha dado cobertura a alrededor de 2.900 grandes dependientes menos. (...)

Esta caída tiene que ver también con la situación de colapso en la que se encuentra el sistema. Las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. 

Algo que resulta especialmente grave si se tiene en cuenta el abultado número de personas que no están recibiendo un servicio o prestación que tienen reconocido. Los datos de finales de abril muestran que en la actualidad hay 184.319 personas en esta situación.  (...)

La realidad es que la disminución de personas valoradas con el grado III resulta provechosa para el Estado en términos económicos porque se reduce la cantidad de dinero que proporciona a las autonomías. 

Hasta el 31 de diciembre de 2013 el Estado aportaba un dinero a las comunidades por cada dependiente –es el llamado nivel mínimo de financiación– con el único criterio del grado de dependencia evaluado a cada persona. Y esta cantidad dependía de esa evaluación.

 Eran 177,86 euros por cada beneficiario de grado III y 82,84 por cada uno de grado II. En un informe reciente, la Plataforma de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en entre 16 y 18 millones de euros el ahorro acumulado por la pérdida de expedientes de grado III entre julio de 2012 y diciembre de 2013. (...)"              (InfoLibre, 25/05/2014)

Las listas de espera de Dependencia bajan... porque los enfermos son expulsados del sistema, o mueren esperando

"En el último mes de marzo el sistema de atención a las personas dependientes en España perdió 346 beneficiarios cada día, 10.720 beneficiarios en total.

 Actualmente hay 923.258 personas con derecho reconocido a ser atendidas, 121.270 menos que en diciembre de 2011 cuando el PP llegó al gobierno (1.044.528 personas entonces).

 El número de personas efectivamente atendidas también se ha reducido con el gobierno del PP. Han pasado de ser 738.587 a 737.120 Lo más vergonzoso es que el gobierno hace trampa cuando presenta los datos relativos a la dependencia subrayando, como si fuera un éxito, que ha bajado la lista de espera y el número de personas que esperan ser atendidas.

 Una desfachatez porque, como acabamos de ver, eso no se debe a que el sistema funcione mejor sino a que hay menos personas beneficiarias porque se expulsan del sistema o porque fallecen antes de ser atendidas"              (Juan Torres López, blog, 22/04/2014)

Que un banco se quede con la ayuda a un dependiente no es delito

"La Fiscalía de Sevilla ha archivado la denuncia de los padres de un niño discapacitado porque el banco les está cobrando los plazos de un microcrédito con cargo a la prestación que reciben para su hijo por la Ley de Dependencia.

La Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que los hechos denunciados no constituyen un delito de apropiación indebida ni tampoco de omisión del deber de socorro, porque el director de la sucursal bancaria denunciado “no está en situación de prestar un eventual socorro al menor”.

Los padres Guadalupe L.V. y Francisco Javier R.G. denunciaron en la Fiscalía que el mayor de sus dos hijos, de 6 años, sufre una discapacidad del 33 por ciento y por ello percibe una prestación de 350 euros al mes, en virtud de la Ley de Dependencia, que es ingresada en una cuenta de la que es primer titular.

Hace dos años y medio, según indican, el matrimonio pidió un microcrédito de 1.700 euros para montar un negocio pero al cabo de un tiempo se vio obligado a cerrar y a partir de entonces no pudo pagar la deuda con el banco. Por ello, denunciaron que “el mismo día” en que la prestación por dependencia es ingresada en la cuenta de su hijo, el banco procede a descontar 50 euros del microcrédito, lo que realiza “en todo momento sin consentimiento de los denunciantes”. (...)

Por ello, acusaron al director del banco de un delito de apropiación indebida pues el dinero de la prestación por dependencia es ingresado en una cuenta del menor, quien “no tiene que responder por la deuda” de sus padres.

Además, imputaron un presunto delito de omisión del deber de socorro, pues el banco “ha procedido al cobro de una deuda a sabiendas de la grave situación económica en que se encuentran”.

Esta familia, integrada por dos adultos y dos menores de 6 y 2 años, uno de ellos con una discapacidad del 33 por ciento, tienen como único ingreso esos 350 euros y el banco, en lugar de facilitar el pago del crédito de otra forma, “empeora aún más la situación en que se encuentran, procediendo a dicho cobro”, según los denunciantes.  (...)

Sin embargo, el decreto de archivo firmado por la fiscal María Dolores Villalonga señala que la madre del menor tiene firma autorizada en la cuenta corriente de su hijo, “amén de que ella misma reconoce que los 350 euros es una ayuda que ella cobra como madre cuidadora”.           (Público, 09/03/2014)

Un juez obliga a Jaén a prestar la ayuda a domicilio a dependientes

"El Ayuntamiento de Jaén (PP) se convirtió, el pasado 3 de diciembre, en el primero en todo el país en renunciar a prestar la ayuda a domicilio, una de las prestaciones incluidas en el catálogo de la Ley de Dependencia. 

El gobierno local, del PP, alegó una deuda de unos dos millones de euros de la Junta de Andalucía (gobernada en coalición por PSOE e IU) para romper el convenio y crear inquietud entre más de 400 personas dependientes y unas 200 cuidadoras.

 Dos meses después de abandonar el servicio, que afortunadamente ha seguido prestando por su cuenta la empresa concesionaria, un juez acaba de dictaminar que la prestación de la ayuda a domicilio en el marco de la Ley de la Dependencia es una competencia que no puede ser suprimida.

 

"Han de primar, sin género alguno de dudas, los intereses de las personas afectadas, que ya tienen reconocido el derecho a la prestación, el de las que pueden acceder al mismo o el de aquellas a las que se tenga que reactivar este derecho, que no puede ser suspendido o limitado su acceso", se indica en el auto del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Jaén en el que se acuerdan las medidas cautelares que había demandado la Junta.

Entre los usuarios afectados por este conflicto hay grandes dependientes que no están siendo atendidos porque el Ayuntamiento no ha tramitado sus altas, y otros dependientes que, pese a recibir el servicio, están con la inquietud permanente.

 "No quiero que me quiten a la cuidadora, es la única ayuda que tengo", declara Cipriana Gómez, de 92 años y viuda, que vive sola en su domicilio y que, pese a su escasa movilidad, únicamente cuenta con dos horas diarias de ayuda a domicilio. 

O Tomás Beltrán, también de 92 años, al que le resulta insuficiente las dos horas diarias de atención a su esposa, de 90 años. "Yo también necesitaría la dependencia pero con la que tienen liada los políticos parece que de momento no me toca", se lamenta.

El juez deja claro en el auto que "la Administración autonómica es la titular de la competencia exclusiva en materia de Servicios Sociales, y el servicio de ayuda a domicilio es de titularidad pública y su organización es competencia de las corporaciones locales de Andalucía, que podrán gestionarlo de forma directa o indirecta". 

En el caso del consistorio jiennense, el servicio está adjudicado a la empresa Multiservicios Jabalcuz, que sigue prestando el servicio a pesar de que el Ayuntamiento le adeuda más de un millón y medio de euros. También la Fiscalía de Jaén dijo en su día que el servicio era una responsabilidad municipal, aunque instaba a la Junta a normalizar los pagos. (...)"       (El País, 10/02/2014)

La Generalitat deja de conceder la ayuda económica a los nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia

"De una medida provisional ha pasado a indefinida. La Generalitat deja de conceder la ayuda económica a los nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia para que se puedan pagar una plaza en una residencia privada. 

Bienestar Social ya anunció a finales de julio que estas prestaciones no se iban a conceder en agosto y septiembre. Pero ayer, cuando se acababa este plazo, el Departamento de Neus Munté comunicó a las residencias que la paralización es indefinida.

Las patronales del sector denuncian que la Generalitat no les ha pagado estas prestaciones desde el mes de enero y reclaman unos 70 millones de euros. “Por eso hemos decidido dejar de pagarlas”, admiten desde Bienestar Social, que no confirman la cifra, pero sí reconoce que se verán afectadas unas 500 personas.

En un comunicado, el Departamento reconoce que una vez conocido el recorte definitivo de los Presupuestos de la Generalitat para este año, “y habiéndose confirmado así la dificultad presupuestaria, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) se ve en la necesidad de mantener esta suspensión”. (...)"                (El País, 30/09/2013)

Un dependiente se queda sin atención cada diez minutos

"La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado un estudio con los últimos datos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia del que se desprende que una persona deja de ser atendida cada diez minutos y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.

La organización, que toma como referencia el balance oficial del SAAD publicado este mes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destaca que hay 4.654 beneficiarios menos en el sistema y un total de 8.999 personas han perdido su derecho a ser atendidos, un año después de la reforma de la Ley de Dependencia. "Se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que se haya mejorado en ningún aspecto de la gestión", concluye.

En comparación con el mes anterior, "el retroceso es notorio", según el estudio, porque "todas las cifras son negativas": 4.654 beneficiarios menos, 9.068 dictámenes menos, 7.827 solicitudes menos, 4.751 grandes dependientes atendidos menos y 2.731 dependientes severos atendidos menos.

Misma tónica revelan los datos de prestaciones y servicios que recogen los directores y gerentes, con una reducción de 2.496 sistemas de teleasistencia, 1.088 Ayudas a domicilio menos, una caída de 242 plazas de Centros de Día y de 1.258 plazas en residencias, 289 prestaciones vinculadas al Servicio menos que el mes anterior y hasta 2.448 prestaciones para cuidadores familiares menos. Esto equivale, según sus cálculos, a la pérdida de 1.500 empleos.

"Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas", denuncian los expertos, para asegurar que "los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema".

En este sentido, señalan que la reducción de la lista de espera para acceder a una ayuda por dependencia difundida "como un logro" por el Ministerio de Sanidad, "se ha obtenido de la manera más cruel, eliminando personas acreedoras al derecho a ser atendidos".

"La estrategia ha sido doble: por un lado impedir que nuevos dependientes accedan al sistema —modificaciones del calendario primero por el RD-Ley 20/2011 y posteriormente por el RD-Ley 20/2012 que retrasa la entrada de personas dependientes con Grado I hasta julio de 2015—, y por otro lado, y esto es lo más doloroso, abandonando a su suerte a los cientos de miles de personas que tenían dependencia severa o gran dependencia y que están falleciendo sin ser atendidos", señalan"                  (Público, 11/09/2013)

La Rioja: recorte del 50% en las ayudas a la Dependencia.

"El Gobierno de La Rioja, que preside el popular Pedro Sanz, ha aprobado recortar en un 50% las ayudas a la Dependencia. (...)

El diputado del Partido Riojano Rubén Gil ha criticado, en declaraciones a ELPLURAL.COM, que el Gobierno de Pedro Sanz no haga públicas sus decisiones y ha recordado que los afectados por casos de Dependencia ya sufrieron en octubre de 2012 el recorte del 15% de las prestaciones y la eliminación de la bonificación a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, ambas medidas decididas por el Gobierno central,.

Se deja a muchas familias “en la indigencia” (...)

 Francisco, un parado cuya suegra padece Alzeimer y está bajo el cuidado de su mujer y él. “Me ha dolido que el presidente de La Rioja ha tomado la decisión a la sombra, con sigilo y haciéndola pública solo en el BOE, yo no tengo por qué leer el BOE”. 

Francisco, como el resto de los afectados recibió la carta del Gobierno riojano en la que se les comunica el recorte en los siguientes términos:

 “Las personas que a la entrada en vigor del presente decreto sean beneficiarias simultáneamente de ayuda a domicilio y de la prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales pasarán a recibir, a partir del primer día del mes siguiente al de su entrada en vigor, el 50% de la cuantía que le correspondería de la prestación para cuidados en el entorno familiar y, en un plazo máximo de tres meses, se ajustará la intensidad del servicio de ayuda a domicilio como máximo al 50% de la intensidad máxima correspondiente a Grado y Nivel”.

El “silencio interesado” de la prensa local

Francisco lamenta, además, “el silencio interesado” de los medios locales, que apenas han recogido la decisión del Gobierno de Sanz, a pesar de que afecta a muchas familias riojanas.

Se abandona a mayores y dependientes

“Se abandona a los mayores, a los dependientes. Se está dejando medicamentos de primera necesidad para muchos enfermos fuera de la Seguridad Social, lo que está golpeando a muchas familias que, como nosotros, estamos en el paro. Es una vergüenza”, se queja Francisco.

Una cadena de necesidades y desempleo

Lucía, otra de las afectadas, también se expresa en los mismos términos. Ella tiene a su madre de 85 años, que por razones de salud no se puede valer por sí misma.

“Nos enteramos del recorte por la carta. A mi madre le quitan la mitad de la ayuda que recibía con lo que ahora le darán sólo 125 euros. ¿Qué podemos hacer con esto? Han reducido también el servicio a domicilio, que, por otra parte, lo tenemos que pagar. Las cuidadoras verán reducidas sus horas laborables y la empresa en cualquier momento echará a la calle a muchas de ellas, creándose otro problema, es una cadena”, opina esta ciudadana riojana."         (El Plural, 03/05/2013)

“Sobrevivimos con mucha dificultad mientras se rescatan bancos y subvencionan clubes de fútbol”

"El pasado miércoles, 6 de marzo, Dolors Carrasquilla se encadenó frente a la sede de la Generalitat Valenciana. Ayer redobló la lucha, con el inicio de una huelga de hambre, esta mujer dependiente de 41 años y con 25 de enfermedad. Padece una osteomelitis crónica, es decir, una infección crónica en los huesos de la pierna izquierda. 

Le han practicado hasta 35 operaciones. Con la huelga de hambre intenta que se le reconozca el grado de “gran invalidez”, que le rebajaron “a pesar de mi reconocido y probado empeoramiento”. Por una “milagrosa mejoría”, ironiza.

Residía en Lleida donde trabajaba como directora de un centro de discapacitados. En 2009 se me concedió la “gran invalidez”. Me aconsejaron, por el clima, que buscara otro lugar de residencia. Y me fui a vivir a Puerto de Sagunto en el año 2010.

 Al llegar a la Comunidad Valenciana me hice las pruebas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social para que me valoraran la enfermedad y me convalidaran el grado de “gran invalidez”. Pero mi gran sorpresa llega cuando por “milagrosa mejoría” me la rebajan a “invalidez absoluta”, a pesar de mi reconocido y probado empeoramiento. 

¿Se ha producido esta mejoría?

 

En sólo un año me han practicado ocho intervenciones quirúrgicas y con tratamientos muy abrasivos que afectan a otros órganos de mi cuerpo. He permanecido más de dos años en una cama y, en algunos momentos, en silla de ruedas.

 Además, un informe médico del Hospital de Sagunt reconoce que preciso de la ayuda de una persona para el trabajo del hogar, aseo personal y desplazamiento. A pesar de ello se me niega el reconocimiento de “gran dependiente”. 

¿Qué efectos prácticos tiene esta degradación?

 

La “gran invalidez” que me reconocieron en Cataluña suponía una prestación de 1.050 euros, mientras que por la “invalidez absoluta” pasé a percibir 706 euros. Tras varias peticiones y reclamaciones no obtengo más que negaciones, cuando atravieso por una de las peores etapas de mi enfermedad. Tras 25 años de enfermedad y a día de hoy 35 operaciones en una pierna. 

¿Cómo vives con los 700 euros?

 

Mantengo a mis dos hijos, de 21 y 18 años, con los 706 euros y pago un alquiler de la vivienda de 365 euros mensuales. Con ese dinero tengo que pagar además los medicamentos que, para las personas dependientes, son muy caros: antibióticos, mórficos, analgésicos y protectores, entre otros. Incluso muchas veces intento prescindir de la medicación porque no puedo afrontar los gastos.

 Con la derogación del Artículo 16 del Estatuto de los Discapacitados, se elimina la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas, ortoprotésicas y ayudas técnicas a los mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%. 

¿Presionaste ante la Administración para que se te concediera la “gran invalidez”?

 

He solicitado la “gran invalidez” con la entrega de los informes médicos que acreditan y certifican mi estado en la Seguridad Social de Puerto de Sagunto. Pero no puedo esperar tres, seis meses o un año a que me lo otorguen. 

También sé que mi causa se reconocería en los juzgados, pero no puedo esperar tanto tiempo en trámites. Por eso he decidido encadenarme y comenzar la huelga de hambre. También se me denegó la ayuda para alimentos en los Servicios Sociales de Puerto de Sagunto. 

¿Por qué te has resuelto encadenarte y comenzar una huelga de hambre?

 

Han terminado con mi paciencia. Me han denegado todas las ayudas que he solicitado, pero eligen rescatar bancos, subvencionar clubes de fútbol, mantener infraestructuras innecesarias, protagonizar despliegues policiales, derrochar nuestro dinero y malgastar nuestros impuestos en inútiles monumentos.

 Y, a cambio de esto, nos imponen tijeretazos crueles, recortes en la Ley de Dependencia y paralización de expedientes. También “mejorías milagrosas” en las revisiones de los grados o el pago de medicamentos a las personas más vulnerables y sin recursos."            ( Entrevista a Dolors Carrasquilla, mujer con dependencia, encadenada y en huelga de hambre frente a la GeneralitatValenciana, Enric Llopis, Rebelión, 12/03/2013)

Pensiones de 250 euros. El padre de una discapacitada pide al Govern "que recorte en sueldos vitalicios" en vez de en cuestiones sociales

"Los recortes del Govern han reducido las subvenciones a los discapacitados en un 40%, según ha denunciado Dincat, que agrupa 310 entidades de discapacitados intelectuales."

El padre de una afectada ha asegurado a e-notícies que su hija de 27 años que "no puede trabajar" debido a su discapacidad recibe ahora "una paga de 250 euros, después de que le hayanre cortado 50".

"Yo estoy en el paro y mi mujer trabaja. Así nos vamos manteniendo", ha lamentado antes de recomendar al Govern "que hay cosas menos importantes que recortar que no recortar en sanidad, en los discapacitados o en ayudas a la gente mayor. Hay otras cosas en las que se puede recortar como coches oficiales o sueldos oficiales que pagan vitalicios que no deberían pagar ".

Unas 5.000 personas con discapacidad intelectual y sus familiares se han manifestado este lunes en la plaza de Sant Jaume para protestar contra los recortes a este colectivo. "Eso sí que no. Si nos recortáis, desaparecemos", ha sido el lema de la convocatoria."            (e-notícies, 02/12/2012)

Rajoy extingue la cotización de 145.000 cuidadoras de ancianos. "No les importamos nada. Hacen sus cuentas y les da igual de dónde se recorta. Aunque yo creo que son reformas ideológicas, porque si no recortarían de otros sitios"

"Los recortes se notan directamente en la afiliación a la Seguridad Social. En noviembre, el instituto público ha visto cómo unas 145.000 cuidadoras de dependientes, el 85% de las que cotizaban, desaparecían de sus registros, según los datos a los que ha tenido acceso este diario.

 Estas cuidadoras reciben una ayuda por atender a sus familiares dependientes o discapacitados, pero hasta ahora el Gobierno se encargaba, además, de cotizar por ellas a la Seguridad Social. Ya no.

Desde que en 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se hacía cargo teóricamente de la cotización de las cuidadoras familiares (un 92% son mujeres).

 El Gobierno se libró de esta obligación con los recortes de verano y dictó que si alguien quería seguir cotizando tenía de plazo hasta el 1 de noviembre para comunicarlo; de no hacerlo dejaría de cotizar, retroactivamente, desde el 1 de septiembre. La caída de cotizantes de este colectivo se veía venir.

No obstante, en los más de cinco años que ha estado en vigor esta medida, Sanidad no ha pagado un euro por ello, a pesar de que para la Seguridad Social suponía unos 300 millones al año. La consecuencia es que Sanidad debe al instituto que dirige Tomás Burgos algo más de 1.000 millones que desembolsará en 2013.

 Los últimos datos publicados por Sanidad indican que había 171.713 cuidadoras familiares por las que se cotizaba. Esta cifra representa solo el 39% del total del colectivo, porque el resto, hasta 434.000, o cotizaban ya por otro empleo o eran pensionistas. Hay miles de mujeres ya jubiladas que cuidan a sus padres de edad muy avanzada. De hecho, entre los que figuraban como cotizantes casi 40.000 personas son mayores de 60 años.

Los cuidadores familiares han sufrido mucho la crisis, y algunos excesos verbales. Si el dependiente al que atienden es de máxima gravedad pueden cobrar algo más de 500 euros. Pero esas prestaciones han sido recortadas un 15% como mínimo. Las comunidades pueden rebajarlas más. 

El recorte se justificó en la necesidad de ir cambiando estas prestaciones económicas por servicios profesionales, que, además, generan empleo. Pero el ahogo económico en que está inmerso el sistema de la dependencia no proporciona ni lo uno ni lo otro.

La escasez de servicios (residencias geriátricas, centros de día) cuando se implantó la ley era notable en algunas zonas. Por esa razón se permitieron, de forma excepcional, las prestaciones económicas, pensadas sobre todo para el ámbito rural. Lo excepcional se convirtió pronto en norma, porque estas prestaciones salían más baratas a las comunidades que conceder una plaza en una residencia.

 Cuando las pagas familiares se iban extendiendo más de lo razonable, los dirigentes argumentaban que ese era el deseo de los beneficiarios, seguir atendidos en casa, y que esta prestación reconocía el trabajo de todas esas mujeres. Era cierto. Pero ahora que se les ha rebajado la paga y dejado sin cotización, la explicación es distinta: ahora se habla de trampas y se dice que eso no es empleo.

 El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, llegó a hablar este año de "fraude" entre aquellos que perciben las "paguillas". No aportó ni un caso. Y puede que alguno haya, pero sus palabras no reconocían, desde luego, la tarea de miles de mujeres que mucho antes de que existiera esta ley ya cuidaban de los suyos de forma gratuita y, en muchos casos, dejando su empleo.

Las cotizaciones a la Seguridad Social por este concepto se vendieron en su día como un complemento precisamente para aquellas mujeres que dejaron su trabajo para cuidar de sus mayores (son la mayoría de los casos) o familiares discapacitados. 

Así podían completar un periodo de cotización que les permitiera tener una pensión. Y sus cuidados se reconocerían como un proceso de formación que podría abrirles puertas, cuando los ancianos fallecieran y ellas pudieran buscar empleo en el sector.

 Nada de eso queda ya. Aurelia Jerez dejó su empleo de cocinera cuando nació su hijo hace unos cuatro años; le dieron la "paguilla" de 520 euros para atender a un niño con encefalopatía epiléptica catastrófica, que le impide la movilidad, le roba la vista y requiere cuidados permanentes como si se tratara de un bebé.

 "Ahora ya solo cobro 442 euros porque en Castilla-La Mancha también han rebajado ese 15%. Si además tengo que pagar los 163 euros de la cotización no me llegaría para las terapias básicas que pago, fisioterapia, logopedia…".

Ella llevaba cotizando más de 20 años cuando nació el crío. Ahora viven de la pensión de su marido, ya jubilado, en una casa, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la que conviven otros dos hijos, de 12 y 17 años.

"No les importamos nada. Hacen sus cuentas y les da igual de dónde se recorta. Aunque yo creo que son reformas ideológicas, porque si no recortarían de otros sitios", se queja de los políticos."       (El País, 30/11/2012)

El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia. El organismo determinará si los fondos se destinan a la aplicación de la ley

"El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto. (...)

Que los plazos para la tramitación y recepción de las ayudas de la Dependencia no se están cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones. (...)

Un informe de la Agencia de Evaluación que depende del Gobierno ya ponía de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo público hasta 16 meses después, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se habían ido corrigiendo.

La financiación de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto más controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan más dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encargó el Parlamento, han coincidido en que las dificultades económicas podrían hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación". Aquel informe económico, como todos los demás, no contaba, sin embargo, con una información fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo tenían porque ninguna comunidad lo ha hecho público con claridad.

A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras. (...)

El dinero y las obligaciones de cada uno

- Nivel mínimo. El Gobierno aporta un dinero a las comunidades por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia. Es el llamado nivel mínimo y corre íntegramente a cargo del Ministerio de Sanidad y Política Social. Su monto está en función del grado y nivel de dependencia del solicitante.

- Nivel acordado. La segunda pata de la financiación de la Ley de Dependencia es el nivel acordado. El dinero se reparte en esta ocasión atendiendo a unos criterios ya definidos (la población, la insularidad, los inmigrantes retornados). Una parte de él (20%) se condiciona al número de dependientes que ya han sido declarados beneficiarios de ayuda, aunque aún no la estén recibiendo. Las comunidades están obligadas a aportar al sistema de la Dependencia tanto como reciban del Estado en este nivel de financiación. Se desconoce si lo están haciendo. Y también si lo que reciben del Estado lo emplean en la ley.

- Copago. Los ciudadanos se hacen cargo de su bolsillo de una parte del coste del servicio que reciben." (El País, ed. Galicia, sociedad, 02/03/2010, p. 32)

(traductor gallego-español)

"Datos falsos, descontrol de fondos e coaccións a traballadores. O PSdeG di que a xestión que a Xunta fai da lei de dependencia é unha "inmensa fraude". O PP retruca que agora faise "o que non fixo o bipartito".

"A Xunta esta mirando para outro lado e falseando os datos", denunciou este xoves a deputada socialista Beatriz Sestayo, advertindo de que non existe ningún control dos fondos que o Goberno recibe para destinar a dependentes. Segundo avisou Sestayo, a día de hoxe nin sequera existe un control que garanta que os cartos supostamente asignados a esta área estean sendo destinados realmente a políticas de dependencia.

Unha "inmensa fraude" que a portavoz do grupo parlamentario do PSdeG neste eido exemplificou coas presuntas cancelas burocráticas coas que se lles estarían denegando dereitos a grandes dependentes. Segundo explicou a socialista, a Xunta, ao igual que está acontecendo con outros gobernos autonómicos "da dereita", está botando man da caducidade do expediente argumentando a ausencia dalgún trámite ou papel. "Recórtanlles así o seu dereito a esixir ante os tribunais", láiase Beatriz Sestayo.

Ao fío desta denuncia, Sestayo revelou a existencia de coaccións aos profesionais das oficinas municipais que pertencen á Consellaría de Traballo e Benestar. "Están chamando aos traballadores sociais das oficinas de dependencia suxerindo dunha forma certamente autoritaria que non se concedan prestacións económicas a dependentes, e que se substitúan por axudas a domicilio", criticou a deputada socialista. Por riba, esa axuda a domicilio estaríase cargando a fondos exclusivos dos concellos, práctica que en opinión de Sestayo é "o colmo da fraude". (Vieiros, 11/03/2010)