"La pandemia mostró que la austeridad había debilitado una de las mejores sanidades del mundo"... Las medidas de austeridad demostraron realmente que no se puede desinvertir en el sistema de salud cuando hay una crisis. Al menos ese aprendizaje ya lo hemos tenido... Nos hemos dado cuenta de que el sistema no ha respondido como debería y de que tenemos unos profesionales que hicieron maravillas. Nos salvó mucho la suerte que tenemos con ellos. No hay que olvidarlo. Tenemos que conseguir que sea una profesión a la que la gente quiera volver a dedicarse

  "Es profesora de Salud Pública en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres y en la Universidad Nacional de Singapur, ha publicado numerosos estudios en revistas del grupo The Lancet y en el British Medical Journal y también ha sido la única española que ha formado parte del panel independiente impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar la respuesta nacional e internacional a la crisis del covid-19. Helena Legido-Quigley (Barcelona, 1977), a pesar de todo ello, también ha tenido tiempo para "poner de acuerdo" a distintas personalidades de la política y la ciencia españolas para firmar, juntos, un artículo en The Lancet en el que proponen una reforma integral del sistema sanitario español. (...)

Decía que esto es sólo una reflexión a la que le hace falta un proceso más serio. ¿Cree que hay compromiso suficiente para aterrizar estas palabras como 'equidad' o 'eficiencia'?

Esto es sólo un primer paso. Cuando publicamos el artículo pensé que los medios lo iban a cubrir un poco más, pero parece que las noticias buenas no tienen demasiada repercusión. Fue un poco decepcionante. En cuanto a la orientación del sistema, está clarísimo que éste tiene que estar centrado en la equidad y, sobre todo, en las personas. Por eso insistimos tanto en incluir a los pacientes, a eso que llamamos comunidad, en la toma de decisiones. Tienen que decir ellos cómo quieren reformar su sistema de salud. Hemos enfatizado también en el tema de la calidad, la eficiencia, la efectividad y la competitividad. En general estábamos de acuerdo en que hay que reorientar el sistema de salud y reforzar la idea de salud pública, que ha estado muy separada del sistema. Hay que integrarla, lo hemos visto durante la pandemia. 

 La iniciativa ha sido un acuerdo entre instituciones y ciencia, ¿son ámbitos que habitualmente se muevan por caminos diferentes? ¿Cuesta aglutinarlos en algo común?

Sí, completamente. Una de las mayores críticas que he hecho sobre nuestro papel durante la pandemia ha sido esta. Los científicos y científicas no supimos colaborar de una manera positiva con el Gobierno. Es una responsabilidad de las dos partes y una cosa muy importante que tiene que mejorar. Sabemos que los países a los que les ha ido mejor son los que escuchaban a la ciencia, los que trabajaban con ella. Yo creo que España escuchó, pero sobre todo al principio no supo integrar a las sociedades y nosotros no supimos contribuir a cómo trabajar juntos. Ahora hay que encontrar espacios comunes y este artículo es un ejemplo de colaboración, de que sí se puede. Todos estamos deseando ayudar y sabemos que en salud pública tenemos la evidencia, pero los políticos son los que tienen que tomar las decisiones. La idea de una nueva agencia de salud pública, que tiene que ser independiente, podría ayudar mucho. En mi experiencia en Singapur o en Reino Unido he visto que la relación es mucho más cercana, allí por ejemplo voy en muchas ocasiones al Ministerio a presentar mis resultados.

 Porque ¿se prevén nuevas pandemias?

Claro. Nosotros ahora tenemos que prepararnos porque los riesgos están ahí. Yo he tenido ahora una comisión de The Lancet que versa justamente sobre cómo evaluar y monitorear si los países están preparados o no para afrontar pandemias. Ahora estamos proponiendo indicadores para ver cómo medirlo porque los que teníamos fallaron. Todos apuntaban a Estados Unidos e Inglaterra como los países más preparados, y luego se vio que no era así. Nos hemos dado cuenta de que factores como el liderazgo o la confianza de la población son fundamentales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque ya nadie quiere escuchar nada sobre esto, y es entendible porque la gente está cansada, los profesionales y los que trabajan en el Gobierno tienen que estar preparando planes pandémicos. (...)

Más allá de la preparación hacia otra posible pandemia, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta la sanidad de nuestro país en la próxima década?

Hemos identificado varios. El primero es el tema de la gobernanza. Tiene que haber un liderazgo fuerte en la coordinación de medidas entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Durante la pandemia hemos aprendido que los líderes que lo hicieron mejor escuchaban y eran humildes. Aun así, en el análisis que hice de 28 países comprobé que, a nivel general, casi ningún país tuvo un buen liderazgo. Por otro lado, en España tenemos dos problemas en cuanto a los profesionales. Hay que conseguir retenerlos y reclutar nuevos, para lo que proponemos una mejora de las condiciones laborales, incidiendo en mejorar el balance trabajo-vida personal, que es algo muy valorado por los jóvenes, y la salud mental. Hay que ofrecerles más apoyo. Todo ello encaja con otro reto, que es el de la financiación. En España gastamos en sanidad el 7,3% del PIB, cuando la media europea es del 8,1%. Realmente podemos tener un gasto mayor. Además, por otro lado, hay que reformar la financiación a las comunidades. Existe un sistema de pagos que desde 2014 no se ha revisado, pero es que desde entonces las circunstancias han cambiado. Por último, el cuarto reto pasa por poner en valor la atención primaria. Y eso no es de izquierdas ni de derechas, hasta el Banco Mundial y la OMS creen que un sistema de salud tiene que estar basado en una atención primaria fuerte.

 ¿En qué sentido?

Pues una de las evidencias más claras es que la continuidad del médico de familia ayuda mucho a mejorar los indicadores de salud, incluso a reducir la mortalidad. Ese modelo hay que fortalecerlo, tener confianza con tu médico o médica es fundamental porque en muchas enfermedades hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo afecta una medicación u otra. El seguimiento es importantísimo. Además, hemos hablado de nuevos roles. Apostamos porque las enfermeras puedan prescribir y porque en la atención primaria haya nutricionistas y psicólogos, e integrarlo todo. También la primaria con el sistema hospitalario y con la salud pública. Y hacer uso de las nuevas tecnologías, pero no para que en 20 años sólo pueda acudir al médico quien se lo pueda permitir. Al final, es una visión de la salud desde una óptica más amplia que el sistema. La salud también es tener en cuenta la de los animales y la del planeta, por ejemplo.

Mencionaba el seguimiento del médico de familia. ¿Eso va en la línea de lo que explica el artículo de que la sanidad tiene que ser más preventiva y dedicarse menos a curar? ¿Cómo se puede concretar ese cambio?

Sí, queremos que la primaria tenga un rol más preventivo y de promoción de la salud. Es sorprendente comprobar que muchos países, ahora mismo, trabajan en cómo reformar y mejorar la atención primaria, y una de las cosas más importantes es precisamente esa. Por poner un ejemplo: estuve trabajando en un pueblecito de Buenos Aires y pude ver cómo desde el centro de primaria plantaban lechugas, organizaban paseos para la comunidad, visitas a la piscina... Hay que ampliar lo estrictamente médico, y ahí las enfermeras pueden tener un papel fundamental.

Esto al final casa con esa idea de poner a la persona en el centro, ¿cómo se ha hecho hasta ahora? ¿Qué es lo que había en el centro?

Ahí entran dos factores. Por un lado, hay que tener en cuenta a la persona, no a su enfermedad. Y por otro, a su familia, su entorno y sus determinantes sociales, que son muy importantes. Es decir, no sólo hay que mirar su salud, sino todas sus condiciones. Para eso, el médico o médica de familia tiene que escuchar, que es algo que se hacía antiguamente mucho más que ahora. En este sentido hemos hablado también de la idea de los cinco minutos de consulta, de que es fundamental tener más tiempo para atender a la persona y no tener que mirar tanto la pantalla. Hay que volver a ese papel. Está demostrado que los pacientes lo valoran y que incide en su salud. Y luego otro aspecto fundamental es la integración de todo esto con las residencias, que tienen que mejorar mucho. (...)

Acaba de decir que el sistema sanitario español "había sido considerado uno de los mejores del mundo". ¿Ya no es así?

Trabajé mucho en temas de las medidas de austeridad. Desgraciadamente en España pasó lo mismo que en la época de Thatcher. Teníamos un sistema que se consideraba de los mejores del mundo y las medidas austeridad lo debilitaron. Eso quedó patente en la pandemia. Si hubiésemos continuado financiando como entonces, no hubiéramos sabido reaccionar de la manera que deberíamos. Las medidas de austeridad demostraron realmente que no se puede desinvertir en el sistema de salud cuando hay una crisis. Al menos ese aprendizaje ya lo hemos tenido. Pero ahora hay que seguir fortaleciendo, porque cuando desinviertes en salud durante años luego cuesta mucho recuperarse.

Y ahora hay que aprovechar el aprendizaje que nos ha dado la pandemia...

Es un momento de oportunidad. Nos hemos dado cuenta de que el sistema no ha respondido como debería y de que tenemos unos profesionales que hicieron maravillas. Nos salvó mucho la suerte que tenemos con ellos. No hay que olvidarlo. Tenemos que conseguir que sea una profesión a la que la gente quiera volver a dedicarse.

El artículo en The Lancet está firmado por los políticos: Sara Jaurrieta (responsable de sanidad del Partit dels Socialistes de Catalunya), Muriel Larrea (presidenta del Partido Popular de Gipuzkoa y miembro de la Comisión de sanidad vasca), Javier Padilla (portavoz de Sanidad de Más Madrid) e Itxaso Berrojalbiz (portavoz de Sanidad del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento autonómico hasta las pasadas elecciones de mayo y, actualmente, diputada foral).

Y por los científicos: Montserrat Gea-Sánchez (Spain and Health-Care Research Group & exdirectora general de profesionales sanitarios de la Generalitat de Catalunya), lManuel Franco (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health), Sergio Minue (specialist in Family and Community Medicine), José María Valderas (Prof. Medicine, Division of Family Medicine, Yong Loo Lin School of Medicine) y Tomás Zapata (director de recursos humanos de la Organización Mundial de la Salud)."             

(Entrevista a Helene Lejido-Quigley, Lara Carrasco, InfoLibre, 23/09/23)

Por qué ha explotado la crisis en las urgencias ambulatorias de Madrid ... porque hay algo que hace distintas a las urgencias ambulatorias de Madrid: las urbanas son las únicas de toda España que se cerraron durante la pandemia y han permanecido sin dar atención al público durante más de dos años. Su reapertura está provocando un tremendo caos que no tiene parangón en el resto del país... mientras el conjunto de sistema ha aumentado su oferta de plazas de primaria en un 36%, en Madrid ha disminuido un 2% desde 2018... El sistema de Madrid ha colapsado por un abandono que viene de largo y ha estallado tras el cierre de un sistema que trató de reestructurarse sin los medios ni las condiciones necesarias, mientras el resto de las autonomías mantienen un servicio que cada vez tiene más fallas

 "Las demás comunidades, que mantuvieron a duras penas los servicios durante lo peor de la covid, arrastran problemas que son comunes a todo un sistema en crisis por la escasez de médicos de familia contratados —ya sea por insuficiencia de plazas estructurales o por la falta de atractivo de las condiciones que se ofrecen—, con cada vez menos tiempo y más pacientes a los que atender.

El servicio de atención continuada de Madrid tenía otra peculiaridad que lo distinguía del resto del país: mientras que las demás autonomías basaban generalmente este servicio en los propios médicos de los centros de salud reforzados por contrataciones puntuales, el Gobierno regional creó hace dos décadas un sistema independiente de la atención primaria con profesionales externos para cubrir 41 centros rurales y 37 urbanos. Cuando cerró el servicio, en la primavera de 2020, el personal de los de las ciudades se reasignó a otras funciones y, en la repertura, la Consejería de Sanidad madrileña ha pretendido cubrir las urgencias ambulatorias del total de los 78 centros solo con los médicos que trabajaban en los 41 de zonas rurales y voluntarios de las urbanas. Se ha encontrado con que ni había suficientes ni estaban dispuestos a trabajar con las condiciones que les imponían, lo que ha hecho inviable la reapertura en condiciones normales y ha causado la dimisión de buena parte de la cúpula de la gestión sanitaria madrileña.

 El nuevo sistema ha dado lugar a una huelga que no solo se ha quedado en las urgencias ambulatorias, sino que se extenderá a partir del próximo día 21 a toda la primaria, un servicio en el que Madrid es la comunidad que menor porcentaje destina de su inversión en sanidad. Está a la cola (solo superada por Baleares) en médicos de familia por mil habitantes (0,7, frente a una media de 0,8) y, mientras el conjunto de sistema ha aumentado su oferta de plazas de primaria de un 36%, en Madrid ha disminuido un 2% desde 2018, según datos que ofreció la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este martes. Además, los MIR no quieren trabajar en la Comunidad: en los últimos dos años han terminado la residencia 443 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y, de ellos, tan solo 37 eligieron los contratos estructurales que les ofrecía la Consejería de Sanidad; en el caso de los pediatras, de 155 que han terminado, tan solo se quedaron seis.

 No existe un modelo único para la atención continuada, cada autonomía usa el suyo y, dentro de muchas de ellas hay diferencias, como las que se presentan casi siempre entre las zonas urbanas y rurales. Pero, en general, las urgencias ambulatorias, que no son otra cosa que una prolongación del servicio que prestan los centros de salud, están íntimamente vinculadas con ellos y sus profesionales, que son en buena medida quienes las atienden. Buena parte de España está sumida en un círculo vicioso que no permite cubrir como se debiera ninguno de los dos flancos, como ha constatado EL PAÍS hablando con alrededor de dos docenas de médicos de estos servicios de todo el país y sus representantes sindicales. De hecho, además de la huelga de Madrid, hay otra en Cantabria por los déficits del sistema y se está planteando paro, al menos, en Navarra y Baleares.

Crecimiento de la sanidad privada

Cuando el engranaje falla y los pacientes no obtienen citas rápidas en primaria (el Barómetro Sanitario del CIS, publicado este verano, mostraba que los ciudadanos esperan una media de 8,88 días para ser atendidos en este servicio y que la mayoría obtiene una cita después de 11 días o más), van directamente a las urgencias ambulatorias, saturando su capacidad, a las hospitalarias (en Madrid ha sido la única solución durante más de dos años), haciendo lo propio, o renuncian a la pública y optan por la privada.

Algunos partidos de izquierda, como Más País, señalan que este es justo el propósito. Sin entrar en juicios de valor, lo cierto es que la sanidad privada bate récord de usuarios: 11,5 millones de asegurados en 2021, medio millón más que el año anterior, según los últimos datos de la fundación IDIS. En otras palabras: casi el 25% de los españoles tiene un seguro de salud. Madrid es la comunidad con mayor porcentaje de ciudadanos con uno: 38,1%.

A la gestión particular que ha provocado el caos en Madrid se suma un problema estructural que afecta a todo el país: faltan 6.000 médicos de familia en un sistema donde hay algo más de 36.000, según datos del Foro de Atención Primaria. Y, buena parte de los que hay están cerca de la jubilación, por lo que no están obligados a hacer guardias, algo que pueden rechazar a partir de los 55 años. Hay, por un lado, un problema estructural de dimensionamiento de las plantillas y por otro insuficientes incentivos para los profesionales, que optan por irse a otros destinos.

 Las comunidades buscan diversas soluciones. En Castilla y León, por ejemplo, se ha recurrido a la autoconcertación: el médico, de manera voluntaria, alarga la jornada por la tarde de forma retribuida, “lo que ha servido para paliar el colapso”, en palabras de Tomás Toranzo, secretario general de la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM) en la región. Otras, como la Comunidad Valenciana, diseñaron un contrato específico de atención continuada. Pero no siempre es sencillo encontrar sanitarios. O, como matizan muchos profesionales: no siempre están lo suficientemente pagados. La de estos servicios de urgencias es una de las labores menos codiciadas entre la profesión, que suele preferir opciones mejor remuneradas o más cómodas.

Competencia por los médicos

Ana Giménez, secretaria técnica de Atención Primaria de la CESM, explica que hay una enorme competencia, tanto dentro como fuera de España. “Las comunidades que ofrecen mejores condiciones laborales y mejores retribuciones roban profesionales a las limítrofes que no lo han hecho igual de bien. Algunas, como País Vasco, Aragón, o modelos de Cataluña, cuidan mejor a sus profesionales y otras como Andalucía, Madrid o Baleares lo hacen peor. En Murcia, por ejemplo, pagan la guardia casi un 50% más que en Madrid [donde la hora de guardia se paga a 21,87 euros, solo por encima de Canarias y por debajo de la media de Española, de 24,7], y además tiene playa”, ironiza Giménez.

La competencia es internacional. Cada vez más médicos jóvenes optan por irse al extranjero. “Es una carrera larga y fatigosa y las nuevas generaciones cada vez están menos dispuestas a que la vocación lo supla todo. En lugar de trabajar en Leganés por las tardes a cambio de 35.000 euros anuales por ver 60 pacientes al día, se van a Francia a ver a 20 por 90.000″, asegura Giménez.

Y, como sucede con los trabajos que no quieren los españoles, es frecuente recurrir a los extranjeros, con un proceso de homologación “que es un cachondeo”, según Gustavo Ferrer, médico cubano que ha trabajado casi dos años en Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Alicante. En cuanto ha podido, ha cogido una interinidad en una consulta de familia para dejar las guardias. “Tenía que hacer 11 o 12 al mes para cobrar un sueldo equivalente. Son turnos de 17 o 24 horas, con insomnio, fatiga, una gran exposición al público de la que no nos protege ni un vigilante de seguridad, en las que sufrimos agresiones, como me ha sucedido a mí mismo”, narra. Es un trabajo duro e ingrato, según dice, pero supone la oportunidad para muchos latinoamericanos para incorporarse al sistema: “Somos carne de urgencias. Empezamos por lo que otros no quieren y tenemos que aguantar ahí hasta que podemos ascender”.

 ¿Cómo repercute en los usuarios? Es imposible generalizar, varía mucho en función del lugar. Hay zonas rurales donde, por la dispersión de la población, puede haber médicos a los que les correspondan un millar de pacientes y tengan guardias generalmente muy tranquilas, si es que tienen bien cubiertas las plazas, mientras otros en núcleos urbanos tengan asignados 24.000 y no paren ni un segundo.

Un ejemplo hipotético: un centro de salud está dimensionado para 10 médicos. Dos se han jubilado y todavía no se han cubierto sus plazas: ahí entran en juego esos 6.000 que faltan, que serán cada vez más hasta dentro de tres años por la escasez de puestos que se han sacado en los últimos años en el sistema MIR. Los otros ocho se reparten sus pacientes. Cuatro de ellos tienen más de 55 años y no hacen guardias. De los otros cuatro, trabajan dos de mañana y dos de tarde. Y se tienen que turnar para hacer las noches: en las que debería haber dos facultativos, pero en las que se tienen que apañar solo con uno (no hay más y este ya hace más de las que le corresponderían al mes) y una enfermera (el colectivo se autodenomina en femenino). Cuando tienen guardia, no trabajan al día siguiente, así que sus pacientes pasan a sus compañeros, que tienen que acoplar en su agenda a decenas que no les tocaban. Como no dan más de sí, tardan en dar citas 10 días, así que los pacientes acuden directamente a la urgencia ambulatoria, que también está saturada. El médico que la atiende no puede más y causa baja por ansiedad. Donde había ocho médicos (que deberían ser 10) ya solo hay siete, solo tres de ellos para las guardias. Y así sigue el círculo vicioso.

Los números son inventados, pero a casi cualquier médico de primaria que lo lea le resultará una escena familiar. Lo ejemplifica Toni Bosch, representante del Sindicato Médico de Baleares, que dice que en algunos centros de Palma trabajan alrededor de la mitad de los que deberían en las urgencias ambulatorias. “Antes podíamos tener un problema puntual, pero ahora es habitual. Tendríamos que ser dos o tres por las noches y cuatro los fines de semana, pero lo común es que lleguemos y nos encontremos solos”, señala refiriéndose a los médicos, ya que cuentan también con las enfermeras. Y señalan similares problemas de personal, en mayor o menor medida, en prácticamente todas las comunidades autónomas, lo que con mucha frecuencia obliga a los médicos a hacer más guardias al mes de las que les corresponden y, en ocasiones, deja sin médicos algunos centros."                (Pablo Linde, El País, 10/11/22)

El estallido en la atención primaria pone en jaque al Sistema Nacional de Salud por un déficit crónico de presupuesto, causado por los recortes de 2008 de los que aún no se ha recuperado, y al que la pandemia ha hundido en la agonía... El resultado: días de demora para conseguir una cita, listas de espera interminables, urgencias hospitalarias convertidas en centros de salud, una sangría de profesionales y pacientes hacia el sector privado y mucho, mucho malestar. Ha sido con el puñetazo en la mesa que han dado los profesionales madrileños de la atención primaria, y que ayer tuvo su reflejo en una multitudinaria manifestación en la capital, cuando la cuestión se ha metido de lleno en la agenda política, pero la desazón se extiende por muchas comunidades

"El estallido de la atención primaria en muchas comunidades, que este domingo sacó a la calle a miles de personas en Madrid, está haciendo tambalearse los pilares del Sistema Nacional de Salud, lastrado desde hace décadas por un déficit crónico de presupuesto y al que la pandemia ha hundido en la agonía.

El resultado: días de demora para conseguir una cita, listas de espera interminables, urgencias hospitalarias convertidas en centros de salud, una sangría de profesionales y pacientes hacia el sector privado y mucho, mucho malestar.

Ha sido con el puñetazo en la mesa que han dado los profesionales madrileños de la atención primaria, y que ayer tuvo su reflejo en una multitudinaria manifestación en la capital, cuando la cuestión se ha metido de lleno en la agenda política, pero la desazón se extiende por muchas comunidades.

"La situación en general es mala, pero es que en Madrid es malísima", dice a Efe Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP); "la vía de escape ahora son los servicios de urgencia y la sanidad privada", añade Maribel Moya, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que avisa: "Si no cuidamos a los profesionales, la quiebra del sistema es inminente".

UN SISTEMA DESIGUAL Y DESACTUALIZADO

Una de las principales características del sistema sanitario público, tocado por los recortes de 2008 de los que aún no se ha recuperado, son sus enormes desigualdades territoriales.

España se gasta en sanidad pública por habitante 1.907 euros, un total de 90.317 millones, el 8 % del PIB, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público correspondiente a 2020. De media, las comunidades desembolsan 1.638 euros por cada ciudadano; pero mientras el País Vasco dedica 1.948, Andalucía lo reduce a 1.398.

No es la andaluza la que menos destina respecto a su PIB: si la media de las comunidades es del 6,9 %, solo una se sitúa casi dos puntos por debajo: Madrid, con un 4,7 % (1.497 euros). La siguiente de la cola es La Rioja, con un 6,2 %.

"Con tanta diferencia presupuestaria, las prestaciones y funcionamiento del sistema sanitario no son los mismos en todos sitios", puntualiza Sánchez Bayle, que señala otro de los grandes problemas que ahoga el SNS: el desproporcionado gasto farmacéutico, que se ha disparado casi un 40 % desde 2014.

Se da otra circunstancia cualitativa que resume así la doctora Moya: "El SNS no se ha orientado a los cambios que se están produciendo en la sociedad, sobre todo demográficos: no se dirige a una atención integral de ciudadanos cada vez más envejecidos y con una alta prevalencia de enfermedades crónicas, y no ha sabido darle la suficiente relevancia a la atención médica preventiva, a las políticas de Salud Pública y a la educación para la salud".

ATENCIÓN PRIMARIA ASFIXIADA

La mecha ha prendido en el primer nivel asistencial, infrafinanciado desde hace décadas y al que la covid ha venido a herir de muerte. "La Atención Primaria está cercana a la quiebra y los médicos de familia están muy al límite emocional y laboralmente", ilustra la vicepresidenta de semFYC, Paula Chao.

Una situación generada por "una falta absoluta de planificación por parte de las comunidades y del Ministerio, que no han sabido ver" que de aquí a 10 años, por ejemplo, estarán jubilados un 30 % de los médicos que actualmente tienen más de 60 años sin que haya recambio.

En el SNS trabajan casi 165.000 médicos y 213.000 enfermeras; pese a ser la puerta de entrada al sistema, el 54 % de los profesionales de la medicina en activo están en hospitales frente al 27,1 % de los centros de salud. En total, 3,3 médicos por cada 1.000 personas, pero solo 0,8 son equipos de AP frente a los 1,8 de la hospitalaria. (...)

"Antes, todo el mundo se mataba por tener una plaza en el SNS", comenta Moya; ahora "la competencia es Europa y la sanidad privada".

En 2021, las agresiones a sanitarios ascendieron a casi 11.000 (casi 2.000 más que el año anterior) y la mayor parte se produjeron en AP; en ese mismo periodo, y de acuerdo con el estudio Mindcovid del Instituto Carlos III, un 37 % de este colectivo estaba en riesgo de padecer algún trastorno mental y un 35 % padecía desgaste profesional o burnout.

Y, ahora, los futuros profesionales tienen algo que antes no, la capacidad de elección, así que ante unas condiciones precarias que "han llegado al límite", sueldos bajos, un acceso a la especialidad fuera más fácil que las pruebas MIR, la falta de medidas para retener talento, sumado al estrés pospandemia y el agotamiento, han optado por ampliar sus horizontes.

LA SALIDA, LAS URGENCIAS Y LA PRIVADA

En un escenario en el que las citas con primaria se demoran de media 8,8 días -con mucha variabilidad autonómica-, "los pacientes van a buscar la solución más fácil y terminan viniendo a urgencias", explica Pascual Piñera, vicepresidente de Semes.

Los 4.000 profesionales de las urgencias y emergencias miran con mucha preocupación la situación de sus compañeros, porque además les afecta directamente desde hace sobre todo un año, con el estallido de ómicron.

Dependiendo de la comunidad, y quitando el sesgo de 2020, el aumento de la asistencia a los servicios de urgencia se ha disparado entre un 15 % y un 25 % respecto a 2019, calcula Semes, inquieta especialmente por la incertidumbre que ha abierto esta nueva temporada de covid y gripe.

Ante este panorama, el sector privado ha ido notando un aumento de los asegurados del 3,8 % desde 2016. De 2020 a 2021, se han sumado medio millón más hasta los 11,55 millones de españoles con seguro, tal y como reflejan los últimos datos de la Fundación Idis.

¿Hay todavía tiempo de revertir esta situación? Una buena parte de la solución está escrita en los cientos de informes y análisis que toda la comunidad médica y científica lleva años proponiendo sin éxito, pero ni con esas las perspectivas son halagüeñas. "No quiero ser pesimista -afirma la vicepresidenta de los médicos-, pero la realidad me obliga a serlo. No veo ninguna voluntad política"."              (Adaya gonzález, El Obrero, 14/11/22)

Madrid ya es tercer mundo en Sanidad... Considera la Comunidad que los madrileños no merecen que les atienda un médico y que se deben apañar con una enfermera. Como en los países en emergencia, uno recibe la atención médica que se puede. ¿Acudir a un centro de salud y que no haya ningún médico de familia? No es un desvarío... Ayuso asume que tendrá centros de salud sin médicos y deja el mando a las enfermeras... Más del 20% de las plazas de médicos de asistencia primaria está sin cubrir y la falta de pediatras todavía es mayor... en caso de urgencia, el ambulatorio comunicará con el centro más cercano para solicitar la presencia de un médico o llamará al SUMMA para solicitar la asistencia urgente, mientras la enfermera inicia las primeras atenciones... Madrid ha decidido desmantelar su sistema público de salud por la vía de los hechos... convirtiendo los puestos de trabajo en vertederos laborales. Saben perfectamente que es la manera de cargárselo. Es decir: abogan por la desprotección universal de la salud de sus ciudadanos.

 "¿Acudir a un centro de salud y que no haya ningún médico de familia? No es un desvarío, es una posibilidad más que plausible, al menos en la Comunidad de Madrid. La consejería de Sanidad ha enviado a los centros de salud un protocolo de actuación ante la ausencia de médicos en verano y concede el mando a las enfermeras de Familia y Comunidad.

 La medida, con la que el Servicio Madrileño de Salud asume el preocupante déficit de facultativos en la atención primaria, ha provocado indignación de colectivos sociales y organizaciones médicas. “Un centro de salud que no tiene médico de familia no es un centro de salud ni responde a las necesidades asistenciales de la Atención Primaria, en todo caso será un centro de atención de enfermería”, ha denunciado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm).

Amyts, sindicato mayoritario de personal médico y facultativo en Madrid, considera que el documento es un “ataque directo a la profesión médica que supone “una piedra más para acabar con la Atención Primaria”.

En el ‘Procedimiento de actuación ante la ausencia de médico en un centro de salud’ se protocoliza la atención primaria en un centro sin personal médico. “Su título en sí es inaceptable”, afirma el sindicato, puesto que supone naturalizar lo que es una situación extrema. El documento pone la responsabilidad en las enfermeras. “Estos profesionales están capacitados para el liderazgo clínico-asistencial de los centros de salud”, afirma, aunque también admite que esto no es del todo legal: “Existen competencias exclusivas de otros profesionales, especialmente limitaciones legislativas que hacen que se precise de los diferentes roles de un Equipo de Salud”.

 El protocolo prevé tres posibles situaciones en ante la falta de pérsonal médico en un centro: procesos demorables, procesos no demorables y procesos de urgencia o emergencia.

En el primer caso, los pacientes serán citados para más adelante en función de la agenda del ambulatorio. En el segundo, realizará la atención el servicio de enfermería o derivará al paciente a otro centro de salud. En el supuesto de urgencia, el ambulatorio comunicará con el centro más cercano para solicitar la presencia de un médico o llamará al SUMMA para solicitar la asistencia urgente, mientras la enfermera inicia las primeras atenciones.

 En declaraciones a Efe, Ángela Hernández, presidenta de Amyts, ha remarcado que el procedimiento dictado por la Comunidad es consecuencia de que en Madrid existe un 20% de plazas de médico de familia sin cubrir y un porcentaje mucho mayor de pediatras de atención primaria.

“Primero, se sobrecargó a los médicos de cada equipo, por las ausencias de los profesionales, y, ahora, cuando llega el verano, en lugar de plantearse agrupar o cerrar centros, sacan un protocolo para actuar sin médico. Es un contrasentido porque la atención primaria está enfocada a la asistencia por los médicos de familia y los pediatras. Si no hay médicos ni pediatras, será otra cosa, pero no atención primaria”, ha reprochado Hernández.

 Para la Adspm, la situación responde a los “desastrosos resultados de la política de recortes, deterioro y desmantelamiento de la atención primaria”. “Lo realmente preocupante –añade- es que antes de ocuparse en conseguir recursos que permitan el funcionamiento de los centros de salud, la consejería asume el recorte y la destrucción de la atención primaria en su plan intencionado de potenciar el aseguramiento privado en la región”. (...)"                  (Antoni López Tovar, La Vanguardia, 07/06/22)

"Madrid, tercer mundo sanitario.

 La Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid ha emitido un documento en el que elabora el protocolo de actuación en caso de que no haya médicos en sus centros de salud. Realmente es algo necesario porque ya no es un caso aislado ir a uno y encontrar que no hay médico de familia. Considera la Comunidad que los madrileños no merecen el mínimo de que les atienda una médica y que se deben apañar con quien haya, normalmente una enfermera. Como en los países en emergencia, uno recibe la atención médica que se puede. 

Es lógico que elaboren un protocolo porque va a ser una situación cada vez más habitual. En el último MIR, quedaron vacantes (se ofertaban trabajos pero no los quisieron) 211 plazas. Hace poco, la comunidad ofertó 98 plazas, 98 trabajos para médicos en un país como este, que no es Suiza, y el 80% no fueron ocupadas. Es decir: muy poca gente quiere trabajar en la Atención Primaria madrileña. No ocurre ni en otras comunidades autónomas ni en otros lugares del mundo, lo que sitúa a Madrid en una situación realmente sonrojante. Una especie de tercer mundo sanitario en el que nadie quiere trabajar.

 Cualquier análisis medianamente objetivo tras el sufrimiento del sistema público de salud en la pandemia hace evidente que hay que reforzar la primaria como dique primordial de nuestra Sanidad. El deterioro que ha sufrido no es una negligencia: es una decisión política. Madrid ha decidido desmantelar su sistema público de salud por la vía de los hechos y es un tema tan incuestionable como que un gobierno profundamente liberal está debilitando deliberadamente las condiciones de la demanda de empleo público en Sanidad. Conocen perfectamente las leyes de la oferta y la demanda y la están interviniendo así, convirtiendo los puestos de trabajo en vertederos laborales. Saben perfectamente que es la manera de cargárselo. Es decir: abogan por la desprotección universal de la salud de sus ciudadanos.

 Ya sabemos que estamos ante un modelo, el del PP, en el que solo se alcanza una vida básica de calidad mínima con dinero. Esto, que desde la perspectiva de los derechos humanos es un paso atrás civilizatorio sin matices, es la punta de lanza de las políticas de la derecha extrema y la extrema derecha madrileñas, que además se va a consolidar por sus futuras y evidentes victorias electorales. Fruto, entre otras cosas, de la incapacidad de la izquierda madrileña de ejecutar una oposición mínimamente efectiva en lo electoral. (...)"                   (Quique Peinado , InfoLibre , 07/06/22)

Cataluña pide médicos jubilados tras 'fugarse' 1.400 en dos años... el Sindicato Médico de Cataluña ha señalado que la movilización de compañeros jubilados y estudiantes supone un "parche inadmisible que juega con vidas"

 "Cataluña pide ayuda de nuevo a médicos jubilados y a estudiantes de Medicina y Enfermería para hacer frente al coronavirus. Las autoridades sanitarias de la región realizaron ayer una llamada pública a incorporar más personal contra la pandemia, soslayando que el territorio ha vivido una auténtica fuga de facultativos en los últimos dos años: hasta 1.383 peticiones formales para marcharse. Más allá de esta cifra, esta medida ha sido tachada de "irresponsable" y potencialmente "ineficaz" según Simecat, el sindicato médico no nacionalista catalán. 

En el terreno de los números, los últimos datos cerrados de la Organización Médico Colegial (OMC) son concluyentes: Cataluña lidera la clasificación de regiones de España de la que más médicos quieren irse. Lo calcula la corporación de derecho público mediante las peticiones de certificados de idoneidad a los colegios provinciales para marcharse a trabajar a otro lugar. En Cataluña fueron 792 en todo 2018 --un repunte tras la fase dura del procés independentista-- y 591 en 2019. En ambos ejercicios, la región lideró la fuga de médicos en el país.

Simecat: "Vergonzoso e irresponsable"

Desde Simecat, el Sindicato Médico de Cataluña, Alex Ramos, secretario general, ha señalado que la movilización de compañeros jubilados y estudiantes es una medida "vergonzosa e irresponsable". Según la agrupación, supone un "parche inadmisible que juega con vidas". Añade el doctor Ramos que "hablar ahora de estudiantes de sexto y poner en riesgo a médicos mayores es una medida temeraria. Y si cubren puestos de poca exposición y responsabilidad resultará ineficaz".

"Hace muchos años que se habla de falta de profesionales en Cataluña --ha continuado el representante de Simecat--, y ahora toca improvisar leyes mal hechas, por no haber tomado las medidas oportunas en su tiempo. Formar a un médico no se hace de un día para otro". En opinión del galeno, la movilización de Salud aflora "un déficit estructural terrible". Ante ello, se impone "saber dónde los van a ocupar, a qué puestos concretos. Porque puede ser un fiasco total y peor el remedio que la enfermedad". (...)"               (Ignasi Jorro, Crónica Global, 03/11/20)

Marta Flich: "Dónde estamos y por qué"... ¿Por qué faltan más de 60.000 sanitarios? ¿Por qué faltan 46.200 enfermeras, 4.000 médicos y 11.000 técnicos de enfermería?

 

 "¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Desde la desescalada, que ahora a toro pasado consideramos precipitada y mal ejecutada por algunas comunidades autónomas, vimos cómo salíamos a salvar una economía que iba a depender del consumo interno. El turismo ni estaba ni se le esperaba.

A cambio, rastreadores y sanitarios contratados por las comunidades permitirían una desescalada segura. ¿Se cumplió? Bueno,  en algunas comunidades sí y otras no, y ahora nos llega la segunda ola con maravillosas estrategias como ladrillo sanitario vacío y movimientos de médicos “voluntarios” de unos hospitales a otros.

Parece que algunos no tienen respuestas. Ni para esto, ni para nada."                  (Marta Flich, HuffPost, 06/11/20)

El Partido Popular es el único culpable del debilitamiento de la sanidad pública

"Durante los años más duros de la anterior crisis económica, tanto el Gobierno de Rajoy como las comunidades autónomas gobernadas por el PP, infligieron recortes en el gasto sanitario del que aún no se ha recuperado el Sistema Nacional de Salud (SNS). (...)

La crisis sanitaria del coronavirus está poniendo en evidencia que esos recortes fueron tan indiscriminados que el SNS está ya colapsado.  (...)

Estos días estamos viendo cómo hay gente que esta muriendo, precisamente, por la falta de recursos y eso un país como España no puede permitírselo. El coronavirus puede matar por su propia agresividad, porque el o la paciente tenga patologías previas, pero jamás porque al sistema público de salud le falten recursos humanos o materiales. Los profesionales sanitarios están dando una lección al luchar contra la pandemia en la situación que dejó el PP con sus recortes sacrificando, incluso, su propia seguridad para salvarnos a todos y a todas.

Las medidas austericidas impuestas por Europa jamás debieron aplicarse a los sistemas públicos de salud. El déficit público jamás puede condicionar el tratamiento de enfermedades.  (...)

Los recortes han provocado que centenares de miles de plazas de personal sanitario, tanto en medicina como en enfermería, por no hablar de las auxiliares, no estén ocupadas.(...)

 Un informe del Ministerio de Sanidad del año 2019 indicaba lo siguiente: «La dinámica de contrataciones (incluyendo sectores público y privado) en los últimos años se caracteriza por la prevalencia de los contratos temporales, particularmente los de muy corta duración (menos de un mes), que representaban en 2014 el 70% de todos los contratos temporales para los médicos de familia y el 64% para los demás especialistas. (...)

En 2017 sólo el 6.9% de los contratos de los médicos de familia fueron indefinidos». Por otro lado, los recortes de Rajoy, de las comunidades gobernadas por el PP y, por efecto cascada de la austeridad también el resto al recibir menos recursos de financiación autonómica, provocaron que, además de la reducción drástica de plantillas, éstas las peores pagadas de los países de nuestro entorno, hecho que se sigue manteniendo a día de hoy.  (...)

A todo lo anterior hay que sumar que durante los gobiernos del PP se realizaron recortes en la sanidad sin ningún tipo de planificación. Mientras se construían hospitales de gestión privada por parte de las comunidades del PP, principalmente Madrid, se cerraba un mayor número de camas en los hospitales públicos. Este hecho se está viendo en estos días, en los que los hospitales madrileños están desbordados.

Lo que es más preocupante es que, mientras la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pasa de la lealtad debida por cualquier dirigente político responsable al Estado en una crisis como la que se está viviendo y demuestra que sólo es leal a la gaviota que tanto se alimentó de la corrupción en los años pasados, hay alas de hospitales públicos absolutamente vacías y no se ha dado ninguna instrucción para habilitarlas, tanto para habitaciones como para UCI. 

Por ejemplo, el sindicato CCOO denunció que la Comunidad de Madrid mantenía cerradas casi 3.000 camas hospitalarias, un número que equivaldría a que, de repente, se cerraran de golpe los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

A todo lo anterior hay que sumar el recorte salvaje (no hay otro calificativo) que el gobierno de Rajoy hizo respecto a la investigación. En total el PP aplicó un recorte de más de 20.000 millones de euros en I+D+i, los investigadores, que ahora son fundamentales para lograr una vacuna o una medicina contra el COVID-19, tuvieron que emigrar para regalar a otros países la inversión que el Estado había hecho en su formación y educación durante años.   (...)

Pablo Casado es un político listo y sabe que, una vez que pase la crisis del coronavirus, el pueblo le puede pasar la factura de esos recortes. Por esta razón él, como líder del PP, está intentando dar una imagen de apoyo al Gobierno. Sin embargo, se está utilizando a los presidentes autonómicos como ariete para poner todas las trabas posibles, para rebelarse contra el Gobierno o, incluso, para ser los lanzadores de noticias falsas que no tienen más intención que debilitar al Ejecutivo en un momento en el que la obligación de las fuerzas políticas es arrimar el hombro para ayudar.

Otra cuestión es el aparato mediático controlado por el PP que están llegando a unos grados de mezquindad impropios de la situación que se está viviendo en España.

Mientras los profesionales sanitarios están dando, literalmente, la vida para salvar vidas, con unos recursos diezmados por los recortes del PP, desde la derecha se pretende colocar una cortina de un humo plagado de deslealtad y de indignidad para que la ciudadanía se olvide del austericidio del gobierno del Partido Popular que tanto daño ha hecho a todos y a todas. Esta es una de las muchas consecuencias de la privatización o de entregar el estado del bienestar a las dictaduras privadas, a las élites.  (...)"                   (José Antonio Gómez, Diario16, 24/03/20)

Consecuencias de la privatización y los recortes en Sanidad en Madrid... La Constitución permite que se pueda intervenir la sanidad privada para poner sus recursos al servicio de la pública

"La Constitución permite que se pueda intervenir la sanidad privada para poner sus recursos al servicio de la pública". 

Miguel Presno, catedrático en Derecho Constitucional, señala que la aprobación del estado de alarma permitiría que el Estado, en caso de necesidad, interviniera en la sanidad privada para asegurar los recursos necesarios en la pública. Recuerda, además, que el artículo 128 de la carta magna señala que "mediante la ley" se podrá "acordar la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general".

 (...)  También se ha alertado de la posibilidad de que la Sanidad pública se pudiera quedar sin recursos suficientes en caso de un alto número de contagios. ¿La ley prevé escenarios en los que se puede expropiar o intervenir en la sanidad privada para poder atender esta crisis?

La palabra correcta creo que no es expropiación. El estado de alarma prevé "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, etc". Por tanto, en una declaración de estado de alamar sí cabe. Porque, además, intervenir quiere decir que después vas a compensar económicamente.

Entonces y siguiendo la Constitución, ¿nuestra legislación actual permitiría una intervención en la sanidad privada para poner recursos en la pública.

Sí. La Constitución cuando habla del derecho a la propiedad la condiciona a la función social. El artículo 128 de la Constitución dice que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y que "mediante ley" se podría "acordar la intervención de empresas cuando así lo exige el interés general". Se trata de una cuestión de salud pública y para algunas personas puede ser una cuestión de vida o muerte. Una UVI no se puede improvisar y si se necesitan recursos privados...

 Por eso defiendo el estado de alarma. Porque ya prevé también este tipo de situaciones. Y esto también sería aplicable al tema de las mascarillas. Creo que el Estado tiene base legal para poder intervenir todas las mascarillas que hay en las fábricas y decir que en estas condiciones va a ser el propio Estado el encargado de su distribución. (...)"                 (Entrevista a Miguel Presno, Público, 11/03/20)

"La crisis del coronavirus ha provocado la agonía en la sanidad madrileña, la cual ya había tenido dificultades para abarcar la epidemia de gripe de este invierno. 

La política de recortes y de privatización de los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid se hace más visible todavía en estos casos extremos, donde la falta de personal es evidente. 

Según los datos del Servicio Madrileño de Salud, entre el año 2010 y el año 2018, la sanidad de la región ha perdido unos 3.300 profesionales, a pesar de que la población con derecho a la asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid ha crecido en casi 500.000 personas en ese mismo periodo.

“En cuanto al gasto, los principales recortes vinieron en los ámbitos de salud pública y en atención primaria. Pero ha sido en los hospitales donde más se ha recortado en profesionales”, explica Javier Padilla, médico de familia, número 7 en Madrid por las listas de Mas País y autor del libro ¿A quién vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político (Capitán Swing, 2019). A pesar del progresivo crecimiento en el número de facultativos en los últimos años, en 2018 los números seguían por debajo de los de 2010. Todo ello con medio millón más de pacientes.

Según el catálogo nacional de hospitales, Madrid cuenta con 33 hospitales públicos y 50 privados. Una de las políticas más destacadas del PP en el gobierno de la región desde 2010 ha sido la privatización constante de sus centros hospitalarios, lo que han venido denominando como “libre elección” de los pacientes y que no ha hecho más que engordar los bolsillos de las compañías que los gestionan. De esta forma, de los 33 hospitales públicos, cinco tienen una gestión privada que, según ha quedado demostrado, sus tratamientos son hasta 6 veces más caros para las arcas públicas.

Estos hospitales, según denuncian sindicatos y profesionales de la salud, se ponen ahora de lado y derivan a los paciente a los centros públicos, donde la tecnología es mejor. “Aquí tenemos varias patas. Por un lado, los seguros privados han dicho que no se hacen cargo. Por otro, los hospitales puramente privados como La Milagrosa o La Moncloa están mandando pacientes a la pública. Y, finalmente, los hospitales públicos de gestión privada también se lavan las manos y los mandan a los otros. 

Esto es un claro ejemplo de parasitación público-privada: aquellos riesgos que no quieren asumir la privada se manda a la pública”, denuncia Padilla. Este experto señala que existen mecanismos legislativos para poner a trabajar a la iniciativa privada por el bien común.

«El consejo de gobierno ha autorizado algunas restricciones que siento comunicarles pero son imprescindibles», avanzaba la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso el pasado lunes 9 de marzo. Así, el colapso sanitario actual ha provocado que se suspendan citas para determinadas intervenciones ya programadas para poder dar así cobertura a los pacientes infectados con coronavirus, lo que va a provocar listas de espera todavía mayores. A esto se suman la posibilidad de aplazar las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas y los ingresos. La presidenta anunció la apertura de las camas de reservas de los centros de apoyo.

Limpieza y mantenimiento

El problema de la sanidad no solo afecta a los profesionales de la salud. Los protocolos de limpieza y desinfección también generan una presión mayor sobre unos servicios que, en la mayoría de los casos, se encuentran externalizados en grandes multinacionales. Así, según demostró la plataforma Audita Sanidad la principal adjudicataria de los contratos de la sanidad madrileña es Clece SA, la compañía de multiservicios de ACS, el grupo de Florentino Pérez, cuyos trabajadores se encargan del mantenimiento. Unos contratos que, según denunció la plataforma ciudadana, se otorgaron a dedo en el 99,7% de los casos.

Al preguntar a Javier Padilla sobre las posibilidades que tiene la Consejería de Sanidad madrileña para exigir a las compañías que incrementen sus servicios, el experto asegura que “es muy difícil que puedan hacer algo porque generalmente los contratos están blindados”. Así, el pasado miércoles 4 de marzo, trabajadores y trabajadoras del Hospital Clínico San Carlos se concentraban para denunciar falta de medios. 

En el San Carlos, es la empresa Garibaldi –la tercera que más contratos recibe– quien se encarga de los servicios de limpieza. Según los trabajadores de la compañía, los pliegos del contrato de externalización permiten un desabastecimiento de papel higiénico de casi una semana en cualquier momento y por cualquier circunstancia, sin que esto suponga un perjuicio para ella."                 (Dan Domínguez, La Marea, 10/03/20)

Muere un hombre en un centro de salud de Almería en el que no había médicos para atenderle

"Un hombre de 76 años identificado como G.S.U. ha fallecido en el centro de salud de Olula del Río (Almería) al que llegó en estado de "inconsciencia" y con dificultades para respirar acompañado de su hijo después haber esperado "unos 20 minutos" a ser atendido por un médico sin que llegara a ser explorado ante la ausencia de facultativos en el ambulatorio.

Así lo ha indicado su familia, que ha presentado una reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para denunciar la situación vivida el pasado 21 de diciembre, cuando el enfermo falleció. "No buscamos dinero, lo que queremos es que se solucione esta situación que vivimos en el pueblo", ha indicado a Europa Press una portavoz de la familia, quien ha incidido además en la falta de diligencia del celador del centro a la hora de atender al paciente.

En su escrito, registrado esta misma semana y consultado por Europa Press, la familia relata cómo sobre las 11.10 horas del pasado sábado el hijo del afectado se presentó en el servicio de urgencias del centro de salud de Olula con el afectado, quien "aparentemente" sufría un infarto, ya que padecía del corazón.

Así, el hombre entró en el ambulatorio -inaugurado el pasado mes de septiembre- y pidió "ayuda" así como una silla de ruedas para su padre, quien se encontraba "inconsciente" en el coche, ante lo que la celadora del centro, "impasible ante la situación", le indicó que "no hay sillas disponibles".

De este modo, el hijo del afectado tomó una camilla que había visto y, con la ayuda de un desconocido que pasaba por la puerta, subió a su padre en ella, para una vez dentro volver a pedir asistencia médica, según su versión.

Fue entonces cuando la celadora le comunicó que no había "ningún facultativo" en el centro de salud que pudiera ayudarle, por lo que le instó a ir "al centro de salud de Macael" ubicado a "unos tres kilómetros de distancia". No obstante, ante la situación del afectado "agonizando y casi sin poder respirar", el hijo del enfermo le exigió que llamara a un médico.

"Al ver que no es capaz de comunicarle la gravedad de la situación, le quito el teléfono y yo personalmente le digo al médico: tengo un hombre aquí que se me está muriendo, tiene que venir ya", recoge el escrito, quien ante la falta de presencia de facultativos, exigió nuevamente que llamara al doctor, si bien la celadora estaba "perdida" y "bloqueada".

Con esto, y de acuerdo con la versión de los allegados, no fue hasta las 11.30 horas -momento en el que el hombre seguía con vida, según afirman- cuando vieron pasar una ambulancia por la puerta del centro de salud, aunque la misma no se paró por lo que "un señor que se encontraba en el centro cogió su coche y fue en busca de los facultativos, metiéndose dentro de la casa donde estos se encontraban".

"Sobre las 11.40 horas el médico y la enfermera llegaron, pero mi padre ya hacía cinco minutos o más que había dejado de respirar, con lo que lo único que pudieron hacer es certificar su muerte", lamentan en su reclamación, en la que denuncia la "falta de servicios para atender a la población" así como la falta de acción de la celadora, quien "debería haber llamado al 061 y así podría haber ido otro equipo médico al centro".

"Ella era la responsable del centro en ese momento", han insistido al creer que no estuvo "a la altura" del puesto toda vez que el equipo médico se encontraba fuera del ambulatorio. 

La portavoz de la familia ha incidido que el centro, además de atender las urgencias de un municipio de cerca de 10.000 habitantes, también presta atención a otros "cinco pueblos más, como Somontín, Sierro, Suflí, Purchena y Urrácal". "De esas Urgencias dependen muchos pueblos de alrededor, no podemos estar solo con un equipo médico", han alertado. (...)"          (Público, 27/12/19)

Y mientras, la incertidumbre... Si algo caracteriza a la miseria o la frontera con ella es ese pellizco que aletea en los domicilios humildes de clase trabajadora por toda la casa cuando la situación es incierta...

"Suena el despertador. Dolores se revuelve con un sobresalto y acierta a encontrar el móvil tanteando la mesilla. 

La tranquilidad le dura el tiempo que como una autómata tarda en apagar el chirriante sonido que funciona como alarma en el dispositivo. En cuanto cesa el sonido aparece la punzada. Otra vez, en la boca del estómago, la incertidumbre. Esa compañera constante de existencia que no deja descansar más que unas pocas horas con ese cocktail conocido de paracetamol, lexatin y lorazepam de cada noche.

Si algo caracteriza a la miseria o la frontera con ella es ese pellizco que aletea en los domicilios humildes de clase trabajadora por toda la casa cuando la situación es incierta. Empapa el ambiente, es como un humor constante que recuerda la vulnerabilidad incluso cuando los quehaceres cotidianos permiten apartarla de un manotazo. La jodida incertidumbre.

Dolores apoya los pies descalzos en el suelo frío. Se gira y ve a su marido tumbado, de espaldas, que todavía duerme. Suspira, casi aliviada. Recoge la bata apoyada en el butacón de madera y se la abrocha con parsimonia. Se pone unas zapatillas de felpa que arrastra con pesadez hacia la cocina mientras se hace una coleta con una goma ajada de su muñeca.

Mira el calendario, es día 13 y se persigna atribulada de la forma aprendida pero sin torcer el gesto para echar fuera de sí el mal fario irracional, por si acaso. Abre un pequeño tarro de café y huele con una ligera sonrisa el contenido. Desaparece el pellizco. Reaparece nada más acabar la exhalación borrando ese atisbo de felicidad que trae el recuerdo de su infancia con su madre haciendo el desayuno para todos. Enciende una radio vieja para que le haga compañía mientras se prepara el brebaje, casi traslúcido para estirar un poco el contenido del tarro.

En las tertulias discuten sobre el relato. Da un pequeño sorbo. En las noticias escucha que el precio de la vivienda del alquiler sigue subiendo. Mira los azulejos de la cocina dando vueltas al café pensando dónde van a ir si su casero un día decide subirles el suyo. Es un buen hombre que se hace cargo de su estrecha situación y por ahora les mantiene el precio reducido que fijaron hace ya diez años, cuando su marido aún trabajaba. Sabe que con la actual pensión no podrían pagar mucho más. A sus vecinos de enfrente se lo subió un fondo buitre que compró el edificio. El pellizco se hace más intenso.

Apura el café y enjuaga la taza para utilizarla en el cafetito de media mañana. El que mejor le sienta. Uno de sus pequeños placeres asomada al balcón mientras ve a un montón de turistas recorrer las calles del centro de Madrid que ella también recorría de niña. Dolores se aprieta las manos con dulzura para mitigar un poco el dolor de huesos que le provocan las tareas domésticas que compagina con algunos trabajillos fuera de casa, cobrando en negro, para poder complementar la pensión de su marido cuando su hija puede venir a casa a ayudarla. Se dirige a la habitación a ver si su Antonio sigue durmiendo. Se asoma con cuidado y ve que aún descansa. Vuelve a suspirar.

La liviana mujer baja con premura al buzón a ver si ha llegado la carta que lleva esperando dos años. Como cada mañana. Lo abre con esperanza pesarosa. Solo hay publicidad. Nada. La ayuda para su marido, para ella, sobre todo para ella, sigue sin llegar. Abre la puerta de su casa con la cabeza agachada y con el pellizco haciendo de sus intestinos un nudo insoportable. Nada más abrir oye un quejido sordo, hueco, casi fantasmal. Coge la radio de la cocina y aprieta el paso hacia el dormitorio.

Antonio se ha despertado. Al menos su cuerpo. El que lleva cinco años postrado en la cama, desde que un accidente laboral le partió la columna y le convirtió en un muerto en vida. Dolores deja la radio en la mesilla y con su exiguo cuerpo intenta mover los más de ochenta kilos de su marido para cambiarle, limpiarle y ponerle en la silla con la que llevarle al salón y colocarle frente a la tele. Se oye en la radio que iremos nuevamente a elecciones. No lo escucha. Ella solo piensa en ese buzón vacío. En esa ayuda que le permita contratar a una enfermera para vivir dos horas al día. Como antes hacía."                      (Antonio Maestre, 13/09/19)

Suspendidas 109 operaciones en un hospital de Sevilla por falta de recursos

"Los jefes de servicio y los supervisores de Enfermería del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, conformado por la orden de San Juan de Dios y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la gestión del hospital comarcal del Aljarafe, enclavado en Bormujos (Sevilla), han denunciado a través de un escrito rubricado por los mismos que el "déficit de recursos actuales y futuros" del centro ha derivado en una "situación crítica", traducida en la suspensión de 109 intervenciones quirúrgicas previstas este mes, la suspensión de 41 diagnósticos al mes, 6.277 pacientes pendientes de cita que serán atendidos con dos meses de demora y 616 pacientes que serán intervenidos fuera del plazo estipulado legalmente.

A través de un escrito fechado este pasado martes y recogido por Europa Press, los 15 jefes de servicio y los 15 supervisores de Enfermería de este centro hospitalario recuerdan que la población atendida por este centro ha crecido "un 30 por ciento" desde que comenzase a funcionar el mismo, sin que haya mediado "un incremento de financiación acorde" al crecimiento poblacional ni la aplicación del plan de choque de reducción de listas de espera quirúrgicas.

Dado el caso, "desde hace años", el presupuesto destinado a este centro hospitalario es "insuficiente y netamente inferior" al destinado a los medios sanitarios del resto de comarcas andaluzas, una "financiación insuficiente" cuyo carácter "crónico" es conocido por la Consejería de Salud, dirigida por Jesús Aguirre, y el SAS, que "no han cumplido" la promesa de destinar siete millones de euros más al hospital del Aljarafe de cara a este año 2019.  (...)"                 (Público, 17/10/19)

Un año de espera para visitar al cardiólogo en el Hospital de Igualada

"Marc Cases espera, desde octubre de 2018, su cita con el cardiólogo. Este paciente de 44 años sufrió un infarto en junio de 2016. Ese mismo mes fue intervenido en el Hospital de Bellvitge, donde le instalaron un stent --malla metálica que se expande dentro de una arteria del corazón, tras realizar una angioplastia coronaria--, y acudió a una revisión con el especialista en su centro de referencia, en Igualada​. 

Un año después, tras ser intervenido de nuevo para colocarle un nuevo dispositivo, en esta ocasión, con medicación, acudió a dos consultas semestrales. Y desde aquella no ha vuelto a pasar ninguna revisión médica pese a tener agendada la cita.

“Días antes me llamaron para posponer la consulta a febrero de 2019”, explica Cases a Crónica Global. A día de hoy todavía no ha sido recibido por ningún cardiólogo. Cuando reclama y pregunta qué sucede le remiten a presentar una queja ante el Defensor del Paciente del Síndic de Greuges.

De cuatro a dos cardiólogos

El centro, que no cuenta con un servicio específico para atender afecciones coronarias, redujo su plantilla de cardiólogos de cuatro a dos en 2017, tal y como denunció el diputado de Cs en el Parlament Jorge Soler. En la actualidad, hay un profesional a jornada completa, y otro a turno partido. 

También cuentan con especialistas que realizan peonadas para realizar ecocardiografías. Según los datos del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), la lista de espera para una visita con este especialista en el Hospital de Igualada era de 173 personas en agosto de 2019 --último dato disponible--, similar al mismo mes del año anterior, y por debajo de las de otros centros de referencia. Aún así, Marc lleva un año formando parte de ella. 

Por su parte, trabajadores del centro sanitario confirman que “últimamente --sin especificar desde cuándo-- se ha reducido el número de profesionales y ha aumentado el tiempo de espera” entre los pacientes de cardiología de Igualada. Una situación que sufren otros centros y especialidades, lamentan desde la Federación de Sanidad de CCOO. "Faltan pediatras en atención primaria, también anestesistas. Cuesta encontrar profesionales para cubrir las necesidades", explica Paco Pareja.  (...)

Cases fue sometido a una angioplastia coronaria en 2016. Un procedimiento que sirve para destapar las arterias que pueden presentar diferentes grados de estrechez, que provoca la presencia de placas ateroescleróticas formadas por colesterol, calcio y células inflamatorias --causa de infartos y anginas cuando se rompen o erosionan--. "En contacto con la sangre provocan una trombosis y se forma un coágulo", explica el Dr. Alessandro Sionis, cardiólogo del Hospital Sant Pau.  

Una vez colocado el stent, "el paciente necesita un seguimiento cardiológico para ver cómo ha quedado el corazón tras el infarto, porque una cicratiz muy grande puede afectar a la fuerza del órgano para bombear la sangre suficiente como para abastecer a todo el organismo", señala este especialista. 

Visitas al especialista

Tras esta primera revisión, un mes después de la intervención, lo habitual es que se produzcan controles cardiológicos "periódicos, que se van espaciando a medida que el paciente está más estable", apunta Sionis. "Los controles no se realizan únicamente porque se haya instalado un stent, sino porque el paciente ha tenido un infarto, y se deben supervisar los factores de riesgo que lo han producido", añade.   (...)"                       (Elena Burés, Crónica Global, 27/09/19)

El coste humano de las listas de espera en Sanidad

"Las largas listas de espera (LE) en Sanidad expresan la capacidad para proporcionar la asistencia correcta en el tiempo adecuado y son un indicador de los resultados en salud. Las listas de espera se han incrementado y son causa de preocupación y de insatisfacción de los ciudadanos.

Sin embargo, estas se han utilizado para justificar la necesidad de trasvasar pacientes y recursos de la sanidad pública a la privada, y también han servido para deteriorar la imagen de la sanidad pública por hacer una gestión ineficiente. El significado de las LE ha sido descontextualizado y su efecto social y económico no ha sido analizado con rigurosidad.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de las causas de las LE, señalaremos en este artículo los aspectos más relevantes que hacen que las demoras en sanidad son un riesgo para los pacientes y tienen un elevado coste social y económico. (...)

• ¿Son las LE publicadas reales, cualitativas y transparentes?: A pesar de que en el 2003 se publicó un real decreto (BOE 5 de junio de 2003, RD 605/2003) por el cual se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera, hasta la fecha actual no se ha llevado a cabo, y los criterios de cómputo y medida varían entre las comunidades autónomas. No existe transparencia informativa y la información dada es sesgada no permitiendo un conocimiento real del número de pacientes en LE por especialidad, su espera media y máxima, así como la prioridad. Además existe una intencionalidad de confundir a la ciudadanía como lo demuestra la publicación de que el número de pacientes en listas de espera para acceder a un cateterismo cardíaco en Cataluña en diciembre de 2017 era de 99 pacientes (página web del CatSalut) cuando tan solo en uno de los hospitales catalanes (Hospital Vall d’Hebron) la cifra era de 400 personas.
• Impacto sobre los pacientes: No hay cifras fiables de la mortalidad de pacientes en listas de espera ni la administración provee esta información. Tampoco es posible obtener estos datos de los registros clínicos pues con frecuencia el fallecimiento de pacientes no se registra adecuadamente, catalogándose a veces como “baja técnica”. Si tomamos como ejemplo la cirugía cardíaca, una especialidad de alto riesgo, se produjeron al menos 14 fallecimientos de pacientes en LE en un período de aproximadamente 2 años en el Hospital Vall d’Hebron (algunos de estos casos fueron denunciados a la fiscalía). Por otro lado, se acaba de denunciar a la fiscalía el fallecimiento de 13 pacientes en listas de espera para cirugía cardíaca, también durante un período de unos 2 años, en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Así pues, si se asume que 6-7 pacientes fallecen cada año en LE en cada uno de los servicios existentes de cirugía cardíaca, podrían producirse más de 400 fallecimientos al año en espera de cirugía cardíaca en todo el estado. Si se tienen en cuenta todas las especialidades, el número de afectados puede ser inasumible para una sociedad desarrollada. Por otro lado, el efecto de las demoras sobre el empeoramiento de la enfermedad y el sufrimiento de usuarios y familiares no se ha valorado y es de difícil cuantificación.
• Impacto económico de las LE: El coste económico de las listas de espera, derivado de la falta de productividad del usuario y de la utilización de recursos sanitarios mientras está en las LE entre otros, se desconoce en nuestro país y las administraciones no han hecho ningún esfuerzo para identificarlo. Sin embargo, las cifras pueden ser astronómicas como lo demuestra el Centre for Spatial Economics de Canadá, que estima un coste de 14,8$ billones en el 2007 por sobrepasar los tiempos considerados aceptables en tan solo 4 procedimientos (resonancia magnética, cirugía de cataratas, cirugía coronaria y reemplazamiento de rodilla y cadera).
• La justicia ante las LE: No existen normativas legales relativas a la gestión de las listas de espera, tanto en el tiempo de demora como en la prioridad, y ello deja a los ciudadanos desprotegidos para reclamar sus derechos y a los profesionales indefensos cuando denuncian anomalías y situaciones injustas.
• Papel de los medios de comunicación: El problema con las listas de espera no es nuevo y los medios de comunicación no han realizado las investigaciones necesarias ni colaborado de forma eficaz con los profesionales sanitarios para identificar las causas y encontrar soluciones.(...)

 Unas listas de espera con unos tiempos de demora adecuados a las necesidades clínicas son una exigencia ciudadana y no deben ser el resultado de priorización y de leyes de mercado. Un adecuado tratamiento de las LE salva vidas y restituye la productividad de los usuarios afectados, y es preocupante que a pesar de la necesidad de una buena gestión de las LE aún no se haya obtenido una respuesta adecuada por parte de los partidos políticos ni que haya una legislación que proteja a usuarios y profesionales. (...)"                 (Manuel Galiñanes Hernández , cirujano cardíaco e investigador , José María Parra Romero , cirujano cardíaco; Público, 20/05/19)