“Non ante dominium quam ius civium” (Antes que la propiedad está el derecho ciudadano)
El escándalo de las mamografías en Andalucía ha destapado una
realidad. Los errores no son accidentales sino sistémicos. Y ello se
produce a causa de un deterioro crónico del Sistema Nacional de Salud
(SNS). Un proceso premeditado y conducido en una única dirección:
engordar el negocio de las empresas grandes y pequeñas que parasitan
sobre el sistema público sanitario desde hace más de treinta años.
Los hechos se pueden resumir muy brevemente. El retraso en la
comunicación del resultado de cientos de mamografías realizadas para la
detección precoz del cáncer de mama. Un retraso durante meses y años en
donde 2.000 mujeres no fueron informadas de que sus pruebas fueron
dudosas, es decir, que tenían un 2% de posibilidades de tener un tumor
maligno. La asociación de afectadas, Amama, ha informado que conoce ya
casos donde algunas mujeres fallecieron y otras han desarrollado
metástasis.
Y todo esto surge después que el PP de Moreno Bonilla derivase unas
311.000 pruebas diagnósticas de mama a la sanidad privada, concretamente
al Centro de Diagnóstico de Granada S.A. Con ellos, firmaron un
contrato por valor de 5,4 millones de euros para que durante cuatro años
se encargaran del cribado del cáncer de mama a las mujeres entre los 49
y 71 años. Estos cribados desarrollan una labor sociosanitaria
indispensable, cada año se logra salvar la vida de unas 1.800 mujeres
aproximadamente que, de carecer de un diagnóstico temprano,
desarrollarían un cáncer maligno.
El papel fundamental que juega el Sistema Nacional de Salud (SNS)
La sanidad pública española cuenta, todavía, con un SNS robusto y de
prestigio internacional. La compañía financiera norteamericana Bloomberg
la ha situado entre las tres mejores del mundo junto a los de Singapur y
Hong Kong. Un sistema basado en un modelo público y que, junto al
sistema público de pensiones, es un baluarte del Estado Social. Gracias a
su carácter universal y público contribuye a una redistribución de la
riqueza en favor de las clases más desfavorecidas de la sociedad y de
aquellos grupos que, por razones de edad, sexo u otras circunstancias,
tienen que afrontar enfermedades crónicas, intervenciones quirurgicas o
tratamientos que ningún trabajador o trabajadora podrían costearse.
El éxito social del sistema sanitario público reside en la
combinación de cuatro conceptos claves: financiación, inversión,
dotación y gestión. A los que habría que agregar un quinto concepto: la
participación. Si esos conceptos se mantienen estables, el sistema
público no sufrirá estrés, salvo en situaciones muy excepcionales como
por ejemplo ocurrió durante la pandemia de la Covid 19 en la que todo el
sistema acabó tensionado hasta límites nunca vistos. Pero una pandemia
es una situación excepcional (a la que tenemos que estar preparados),
pero si ésta, se combina con una gestión perversa -como la que hizo
Isabel Diaz Ayuso en Madrid- se convierte en una catástrofe sanitaria
como lo ocurrido en las Residencias de mayores.
Nuestro modelo público sanitario está basado en la Ley 14/1986
aprobada el 25 de abril y aunque contiene vacíos y defectos, se trata de
un modelo público de los más avanzados del mundo. A diferencia, por
ejemplo, de EEUU, nuestro sistema está financiado a través de los
impuestos y representa un 7,2% del PIB, aproximadamente unos 100.000
millones de euros al año. Es un sistema relativamente barato y en
comparación con países como EEUU, es infinitamente más seguro. Allí, el
sistema de salud es una mezcla entre lo público y lo privado con un
gasto per cápita muy elevado (15% del PIB) y una deuda que está
colapsando el sistema. Los dos organismos públicos (Medicare para
mayores de 65 años y Medicaid para colectivos de bajos ingresos) están
desbordados. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen un
seguro privado o de empresa. No es de extrañar que mientras en el Estado
español la expectativa de vida es de 83 años, en los EEUU sea de 77
¿Cuántas personas fallecen en los EEUU por no poderse pagar un
tratamiento contra el cáncer o una operación de corazón?
Sin embargo, en el Estado español, desde hace más de treinta años,
hemos vivido un ciclo que ha intentando hacer retroceder las conquistas y
derechos alcanzados en los años ochenta. En lo que respecta a la
sanidad pública, el PP, VOX, PNV, Junts, representan las fracciones
políticas alineadas regularmente con el capital (incluso el PSOE dió su
aprobación a leyes como la 15/97 y otras de ámbito autonómico que abren
la puerta a la privatización de los servicios públicos de salud). Desde
los años 90 esta alianza entre la patronal y las derechas han intentado
cambiar el modelo sanitario. Es lo que de forma eufemística se conoce
como “la colaboración público y privada”. Un modelo que busca alejarse de la Ley 14/1986 y acercarse a otros modelos “mixtos”como el que rige en los EEUU.
Pero para avanzar en esa dirección es necesaria la colaboración
política de las derechas (a veces también del PSOE) y transmitir a las
usuarias y usuarios de los servicios públicos de salud que el sistema ya
no funciona y que necesita el “refuerzo” de las empresas privadas.
De la venta directa a la política del estrangulamiento y las transferencias
La guerra del capital privado para apropiarse del sistema público de
salud español, se lleva adelante en tres campos: en el ideológico,
político institucional y económico. Pedro Nieto, presidente de la
comisión de sanidad del Círculo de Empresarios, argumentaba en el diario
Expansión que “el sistema sanitario público está sobrecargado,
la media de tiempo de una cita en atención primaria es de 10.8 días”.
Esto, aunque sea cierto, refleja dos cosas. La primera, la patronal
prepara el terreno ideológico para entrar en el sistema público. La
segunda, para que eso suceda, antes, los partidos de derechas, socavan y
desmantelan los servicios sanitarios públicos para dar la imagen de que
el sistema está colapsado.
En la Comunidad Autónoma de Madrid, unas veces con éxito y otras sin
él, se han puesto en marcha varias estrategias para que los recursos
públicos pasen a manos de las empresas a un coste mínimo. El 1 de
noviembre del año 2012, el gobierno de Ignacio González, aprobó un plan
de privatización de seis hospitales públicos de gestión privada y 27
centros de salud. Sin embargo, dicho plan fue derrotado por la Marea
Blanca (con sentencia judicial incluida) provocando su retirada y la
dimisión del consejero de Sanidad Fernández Lasquetty). El PP comprobó
en Madrid, que la vía de la venta directa del patrimonio y de los
recursos públicos era peligrosa e impopular en la sociedad (incluso
entre muchísimos votantes de derechas).
La segunda vía, por la que se está intentando desmantelar la sanidad
pública, es a través de empresas y aseguradoras como Adeslas, Asisa,
Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, etc. Estas empresas ofrecen
servicios en general a clientes sanos o con patologías leves, para
introducirse en el mercado sanitario. Ayudadas por la gestión política
del PP y VOX han ido ganando terreno al sector público en comunidades
como Madrid, en donde Ayuso impide el aumento de recursos humanos en un
sector tan vital como la Atención Primaria. Sin embargo, el grueso de la
población y de las funciones sanitarias se siguen desarrollando en los
hospitales públicos que son los que cuentan con medios y capacidad para
sostener patologías complejas y costosas.
A pesar de todo, las aseguradoras, han logrado avances cuantitativos.
En la Comunidad Autónoma de Madrid hay 2.656.772 personas con seguros
médicos privados, lo que representa un 38.7% (cifras del año 2023). Y
desde 2018 hasta 2023, el porcentaje de aumento anual es de 4.8%. A
nivel de todo el Estado español la cifra bajaría en torno al 25%. Sin
embargo, algunas voces patronales, dicen que esta estrategia podría
estar tocando techo debido a las condiciones socioeconómicas de la
mayoría de la población que no pueden pagar una póliza.
Así las cosas, entre la dificultad de llevar a cabo unas
privatizaciones directas y los límites de los seguros privados, los
partidos que defienden la liberalización del sistema sanitario fueron
cambiando de estrategias.
Las derivaciones de pruebas o intervenciones de lo público a lo
privado: un modelo invisible para los usuarios, perjudicial para las
finanzas públicas y beneficioso para la formación de capital
Es mucho más difícil transferir recursos públicos para la explotación
y beneficio de las empresas, cuando el sistema funciona que cuando está
inmerso en un caos de listas de espera, urgencias colapsadas, nuevas
tecnologías desconocidas para un segmento de la población y gestiones
burocráticas interminables. Cualquier persona enferma de cierta gravedad
o que sospecha que tiene un cáncer o una cardiopatía, está deseando que
los especialistas le vean, le hagan una radiografía, un TAC o una
biopsia, por poner algunos ejemplos.
Si la Administración manda una carta ofreciéndole un adelanto en la
cita (radiodiagnóstica o cualquier exploración clínica), lo normal es
que la paciente o el paciente acepte. Esto mismo ocurre con las
intervenciones quirúrgicas (normalmente menores como oftalmológicas o
traumatológicas). Son pruebas derivadas a las clínicas privadas que
éstas facturan a las administraciones públicas y en las que el paciente
sale beneficiado. No se nota, pero se está privatizando la sanidad
pública mediante un recurso invisible. Es justamente lo que hizo Moreno
Bonilla con el cribado del cáncer de mama para las mujeres.
Sin embargo, este método es un goteo constante en donde lo que
pierden unos (lo público), lo ganan otros (lo privado). La patronal del
sector y el PP lo llaman “eficacia y productividad”. Nada más falso. En
realidad es formación de capital. Una contraprestación de servicios es
pagada con dinero público. Pero para que esa contraprestación se lleve a
cabo, las empresas privadas, deben obtener X beneficios o si no, no lo
harían. Los beneficios los consiguen a través del trabajo de los
profesionales del sector privado. Ellos producen el servicio (la
radiografía) y a la vez un plusvalor (para los empresarios). En el
dinero transferido por el sector público al privado están incluidas las
ganancias empresariales. El sector público sanitario está plagado de
ejemplos como ese: las contratas de limpieza, la vigilancia, las
cafeterías, mantenimiento de instalaciones… Todos ellos privatizados. En
resumen: se está pagando más de lo que costaría si estos servicios
fueran exclusivamente públicos.
La batalla sobre la mayor eficacia o productividad de lo privado
sobre lo público ha ido ganando terreno todos estos años. Algunos datos
resultan ilustrativos. En los cuatro hospitales del grupo Quirón Salud
aumentaron el número de mamografías en un 15%. En el grupo empresarial
Ribera Salud en un 29%; mientras que en el conjunto de hospitales de
gestión pública cayeron un -15% (DEPRECAM: detección precoz del cáncer
de mama). La explicación es muy simple, mientras la lista de espera en
los hospitales públicos es de 183 (Hospital de Móstoles) o 106 (La Paz);
en la Fundación Jiménez Diaz o en el Hospital Rey Juan Carlos
(adscritos al grupo Quirón) es de 6 o 14 días.
La evolución de las consultas hospitalarias es aún más llamativa.
Mientras el Hospital de La Paz ha perdido (entre 2014 y 2023) -273.733
consultas; la Fundación Jiménez Diaz ha ganado +508.992 (según fuentes
del SERMAS). Hay que hacer notar, además, que por cada paciente o
servicio que “recupera” la Fundación Jiménez Diaz; Quirón Salud,
incrementa sus ingresos de forma adicional al convenio con la Comunidad
de Madrid.
El llamado “éxito” de la Fundación Jiménez Diaz o del Hospital Rey
Juan Carlos de Móstoles (también adscrito al grupo Quirón) se basa en un
trato de favor (según informó el diario El País en junio de
este año, el gobierno de Diaz Ayuso le facturó a Quirón 5.000 millones
de euros en los últimos seis años). La supuesta superioridad productiva
de estos hospitales es provocada por una perversa gestión pública y ese
trato de favor a las privadas. Este es el nuevo mecanismo político de
privatizar. Unos corren dopados y otros llevan las manos atadas a la
espalda.
Antes de que lleven a un colapso al sistema sanitario público debemos movilizarnos y echar a las derechas del gobierno
En los últimos años la sanidad pública madrileña ha pasado por
diferentes momentos. Hemos frenado la venta de seis hospitales y 27
centros de salud; la transformación del Hospital de La Princesa en un
geriátrico; sin embargo, la mayoría de las políticas no se han parado:
los recortes de plantillas; la disminución de camas un 7% en diez años ;
la crisis en la Atención Primaria en donde se necesitan 3.812
profesionales de medicina de familia y 983 pediatras; las listas de
espera en donde 767.000 personas aguardan una primer cita con el
especialista de turno (el 12% de la población madrileña).
Las probabilidades de que sucedan desgracias como con el cribado de
las mamografías en Andalucía no son una mera probabilidad. Y, sin
embargo, aún se mantiene en pie el Sistema Nacional de Salud. No sabemos
cuánto podrá aguantar. Las derechas tanto españolas como nacionalistas
y, por supuesto VOX, alientan que se camine hacia un modelo mixto en
donde la sanidad pública haga las veces de Medicaid y Medicare, mientras
otro sector podrá pagarse costosas operaciones, tratamientos o,
incluso, cirugías estéticas. La diferencia entre la esperanza de vida de
un barrio rico (83.4 años) de uno pobre (78) aumentará.
Por ello urge adoptar medidas que vayan contra la desigualdad social:
1.- Defensa del modelo único de salud basado en su carácter 100×100
público y universal. Un modelo financiado a través de una política
fiscal que permita su sostenibilidad a largo plazo.
2.- Es necesaria una mayor inversión en Atención Primaria hasta llegar a un 25% sobre el total del gasto sanitario.
3.- No se puede separar la propiedad pública de la gestión sanitaria.
Ningún centro hospitalario puede quedar en manos de las empresas. Es
necesario revertir las privatizaciones y derogar las leyes como la
15/97. El PSOE no puede ni debe actuar a dos bandas.
4.- Dotar a todos los centros y servicios de personal y medios
suficientes para que se lleven a cabo todas las pruebas e intervenciones
dentro del sistema público de salud.
5.- La izquierda y todas las organizaciones progresistas deberían
llegar a un acuerdo para blindar la sanidad pública en la Constitución
haciendo valer el artículo 43 que garantiza el derecho a la salud.
En cualquier caso, lo más importante es desarrollar nuevamente la
movilización social. En Madrid, hemos vivido dos ciclos: uno, entre
2012-2014, donde la Marea Blanca logró un triunfo histórico; y otro,
entre 2020-2023, a raíz de la pandemia y que volvimos a salir a las
calles de forma masiva en defensa de la Atención Primaria. Es necesario
volver a conectar las plataformas y asociaciones que, como Vecinas y
Vecinos de pueblos y barrios de Madrid, han jugado un papel tan
importante en la recuperación de las luchas por una sanidad 100×100
pública, universal y de calidad. Es hora de dar un paso adelante."
(Jesús Jaén Urueña , Rebelión, 16/10/25)
