Si Isabel Díaz Ayuso puede pastorearnos con sus tonterías es porque los viejos no le importan a nadie... Si pudo dejar morir a 7291 ancianos sin cuidados paliativos y sin atención hospitalaria a nadie le importa si comen con solo seis euros al día. Y de que eso le salga gratis la culpa la tenemos todos... Es bastante probable que no hayas escuchado nada sobre la aberración que es alimentar a los ancianos de las residencias con 6,48 euros al día pero que sí que hayas escuchado a la lideresa hablar de un gobierno de España de tintes norcoreanos... Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a conceder a la empresa FEMAR la alimentación en las residencias de mayores y de menores tutelados. El contrato incluye una asignación de 6,48 € para los ancianos para que por día tengan desayuno, comida, merienda y cena. Sí, 6,48 euros. No es un error. Con ese dinero puedes comprar un litro de leche, un paquete de galletas, un paquete de arroz, un bote de tomate frito y unas latas de atún de las más baratas. Y apáñatelas todo el día. Todos los días del resto de tu vida... Esa es la alimentación que Isabel Díaz Ayuso considera aceptable para los más vulnerables, para quienes no importan, para los viejos que se acabarán muriendo de pena en apartaderos que se parecen más a leproserías que a unas residencias del primer mundo. Total, se iban a morir igual... La lástima es que eso funciona así porque aquellos que nunca podrían vivir por sus propios medios en un residencia privada no levantan la voz cuando ven cómo se maltrata y malnutre a los pobres ancianos que también seremos algún día. Porque la mayoría de la población madrileña necesitará en algún momento un Estado asistencial que la proteja cuando no sea capaz de asistirse por sus propios medios, porque llegará el día en que seas tú el que coma esa bazofia de 6,48 euros por al día (Antonio Maestre)

 "Si Isabel Díaz Ayuso puede pastorearnos con sus tonterías es porque sabe que le prestamos atención y porque los viejos no le importan a nadie. Si pudo dejar morir a 7291 ancianos sin cuidados paliativos y sin atención hospitalaria a nadie le importa si comen con solo seis euros al día. Y de que eso le salga gratis la culpa la tenemos todos, incluso tú, que me estás leyendo

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a conceder a la empresa FEMAR la alimentación en las residencias de mayores y de menores tutelados. El contrato incluye una asignación de 6,48 € para los ancianos para que por día tengan desayuno, comida, merienda y cena. Sí, 6,48 euros. No es un error. Con ese dinero puedes comprar un litro de leche, un paquete de galletas, un paquete de arroz, un bote de tomate frito y unas latas de atún de las más baratas. Y apáñatelas todo el día. Todos los días del resto de tu vida. Esa es la alimentación que Isabel Díaz Ayuso considera aceptable para los más vulnerables, para quienes no importan, para los viejos que se acabarán muriendo de pena en apartaderos que se parecen más a leproserías que a unas residencias del primer mundo. Total, se iban a morir igual.

El trilerismo de Ayuso y su jefe de gabinete es de categoría porque consigue desviar la atención siempre hacia donde ellos quieren. Hay que reconocerles un valor superior en esa estrategia de desvío de la opinión pública hacia las causas que más les interesan opacando todas las que les pueden perjudicar o simplemente no les son las más propicias. Igual que casi nadie conoce el caso de Ana Millán, como escribía ayer Ignacio Escolar, pocos conocen las condiciones deplorables de la atención a nuestros mayores y menores tutelados. Madrid es una trituradora de todas aquellas noticias que perjudican a la pervivencia del poder establecido.

El negocio Madrid tiene que seguir adelante y para ello es preceptivo activar todos los resortes necesarios, desde el poder judicial a los medios regados de publicidad institucional, para que Ayuso como pepera consorte continúe en el poder facilitando a unos pocos seguir haciendo ingentes cantidades de dinero y a cambio poder vivir en áticos de dudosa procedencia. No tenemos nada que hacer en al menos una década quienes creemos en la justicia social y en la igualdad de oportunidades en una región destinada a ser solo para unos pocos con la mano de obra del sur de Madrid o el norte de Toledo. No hay previsiones halagüeñas en el corto plazo para recuperar nuestra comunidad no porque Ayuso sea invencible, porque ella no es más que una pieza prescindible de una maquinaria muy superior, sino porque Madrid lleva siendo durante años un botín demasiado sustancioso como para permitir que se ponga en riesgo con políticas redistributivas. Por eso harán lo que haga falta, lo que sea, incluso tamayazos mediante, para mantener a buen recaudo los millones de euros que genera la capital para los más ricos. 

La lástima es que eso funciona así porque aquellos que nunca podrían vivir por sus propios medios en un residencia privada no levantan la voz cuando ven cómo se maltrata y malnutre a los pobres ancianos que también seremos algún día. Porque la mayoría de la población madrileña necesitará en algún momento un Estado asistencial que la proteja cuando no sea capaz de asistirse por sus propios medios, porque llegará el día en que seas tú el que coma esa bazofia de 6,48 euros por al día. Aunque no sea por empatía, aunque solo sea por evitar que tú un día lo sufras ,es difícil comprender que se toleren estas aberraciones a Ayuso sin que acabe avergonzada en cada paseo por la calle. Para que eso se produzca existe un autoengaño aspiracional que hace creer a muchos de sus votantes que ellos algún día podrán pagarse una residencia privada. Habrá quien lo logre, la mayoría comerá bazofia y puede que lo merezca. 

Es bastante probable que no hayas escuchado nada sobre la aberración que es alimentar a los ancianos de las residencias con 6,48 euros al día pero que sí que hayas escuchado a la lideresa hablar de un gobierno de España de tintes norcoreanos. Puede que consideres que toda la culpa es de los medios, pero también es tu responsabilidad por no preocuparte por las cosas que de verdad importan y prestar atención a gilipolleces de primer orden. Si Isabel Díaz Ayuso puede pastorearnos con sus tonterías es porque sabe que le prestamos atención y porque los viejos no le importan a nadie. Si pudo dejar morir a 7291 ancianos sin cuidados paliativos y sin atención hospitalaria a nadie le importa si comen con solo seis euros al día. Y de que eso le salga gratis la culpa la tenemos todos, incluso tú, que me estás leyendo."

(Antonio Maestre , eldiario.es, 07/12/24)

Cinco horas sin cambiar el pañal: el impacto de los recortes de Salud en las residencias... Familiares y patronales del sector piden aumentar el número de absorbentes por residente en Cataluña y alertan sobre los problemas de salud asociados... cousas veredes

 "El recorte de pañales para personas dependientes que promueve la Generalitat de Cataluña desde hace meses en las residencias de mayores ha puesto en pie de guerra a familiares y patronales del sector. "Cuatro pañales al día por persona no es suficiente. Algunos residentes pasan hasta cinco horas sin que nadie los cambie", denuncian fuentes conocedoras, que alertan del riesgo que puede suponer la falta de absorbentes para la salud de los mayores.

El problema parte de una instrucción enviada por la Consejería de Salud catalana a los centros de atención primaria (CAP) en 2021, que les obliga a "racionalizar" el uso de absorbentes que recetan. "No todos tienen el mismo grado de incontinencia urinaria. Algunos necesitan cuatro, pero otros ocho o más", explica a este medio María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora 5+1, una organización que agrupa a los familiares de personas que residen en centros geriátricos.

El Govern niega los recortes

"Los recortes ya han llegado a gran parte del territorio. Muchas residencias están notificando el problema", asegura Joan Gràcia, presidente de la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia. Aun así, desde la Consejería de Salud niegan los tijeretazos e insisten en que sólo se han emitido avisos informativos sobre las condiciones de financiación y recomendaciones vigentes, pero que en ningún caso se ha limitado el volumen de pañales prescritos.

"Si en la receta electrónica pone máximo cuatro pañales no es una recomendación, es una obligación. ¿Se supone que tenemos que comprar los productos extra con nuestro propio dinero?", apunta Gràcia. El protocolo de Salud, según denuncian las asociaciones, desprende un desconocimiento de la realidad de las personas que viven en residencias y pone de manifiesto "la voluntad de ahorrar dinero a costa de la dignidad y la vida de las personas".

Aumentan los problemas sanitarios

La reducción de pañales en las residencias catalanas ya ha empezado a pasar factura a quienes requieren de este producto para su día a día. Los familiares han denunciado que, en los últimos meses, se ha producido un "aumento importante" de infecciones de orina, llagas y otros problemas de salud.

Recuerdan que las personas que los usan no pueden ir por sí solas al lavabo ni pedir que las lleven. La gran mayoría padecen doble incontinencia urinaria y fecal y, por tanto, requieren pañales para adulto las 24 horas al día. "¿Alguien cree que un máximo de tres o cuatro pañales al día y uno por la noche es una atención sanitaria correcta para estas personas?", lamenta Carcelén.

"Ataque a la dignidad y a la ética"

Desde la Asociación Profesional Catalana de Directores de Centro y Servicios de Atención a la Dependencia (Ascad) también lamentan el "ataque a la dignidad y la ética" de los usuarios de las residencias y sus cuidadores, pues los pacientes se pueden pasar "horas y horas con los excrementos pegados un día sí y otro también". 

Para evitar más problemas, la entidad que preside Andrés Rueda propone que la prescripción de absorbentes pueda incrementarse "en los casos en que sea necesario" y que los pañales para mayores sean un tratamiento considerado "crónico" como el resto de medicamentos en casos de incontinencia. Es decir, que el médico de cabecera que atiende al dependiente en cuestión no tenga que incluir este material en las recetas médicas personales de forma reiterada cada dos o tres meses. (...)

 La Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado a la Fiscalía Superior de Cataluña el recorte de pañales del Govern para personas mayores. La entidad social ha alertado al ministerio público del "atentado a la dignidad" de los dependientes y ha pedido la "intervención e investigación de oficio" de la fiscal"              (Clara Fábregas, Crónica Global, 09/10/23)

¿Qué nos ha pasado como sociedad para dejar en manos de fondos sin cara, un arquetipo habitual en el terror, el cuidado de nuestros ancianos? Pues es el modelo en toda España... Tres de los ocho grandes grupos están controlados por fondos private equity, entre ellos DomusVi... Debemos saber quienes son los dueños. Y esto se agrava porque tenemos un sistema de inspección cero transparente: no podemos saber si a una residencia se le ha hecho una inspección y han encontrado elementos graves. Tenemos sanciones que no son públicas para «no criminalizar» a las empresas. Debería ser todo transparente, porque el eje debería ser el bienestar de los residentes. Esas personas o sus familiares tienen todo el derecho de saber para poder decidir a qué residencia va (Manuel Rico)

 "(...) Eso sí, ¿eso significa que en todas las residencias de los grandes grupos hubo un impacto negativo? No. Pero sí que hubo un elemento determinante. Lo más preocupante son los grupos que están en manos de unos fondos muy particulares, los private equity. A veces decimos «fondos buitre», por generalizar. No lo son. 

Fondos buitre son los que entran en las empresas o en la deuda de los Estados que están a punto de quebrar. Private equity es peor. Tienen tres características: uno, invierten en empresas que no cotizan en bolsa. Dos, cuando entran en un negocio siempre es con un plazo temporal, como máximo en cinco años quieren revender con las máximas plusvalías, con independencia del negocio. ¿Cómo hacen estas adquisiciones? Con operaciones de deuda muy potentes, en la jerga, «apalancamiento». 

Tiene mil ventajas para ellos y, esta es la otra característica, es fácil que se fijen en sectores que generan mucho efectivo, porque les sirve para pagar las deudas con rapidez. El sector residencial es uno de ellos: todos los meses nuestros ancianos o la Administración pagan por el servicio. Su objetivo es dar el pelotazo más grande en el menor tiempo posible. Para conseguir esto necesitan muchos clientes, en su jerga, y ahorrando hasta el último céntimo. Esto se logra reduciendo el personal y en otros elementos como la alimentación, que es una queja permanente de residentes y familiares.

—Recuerdo un reportaje tremebundo de mi querido Alberto Chicote sobre la alimentación en residencias…

—Recortar en alimentación es recortar en calidad de vida de los mayores. Esto no es un supermercado donde colocas las estanterías más juntas. La sociedad debería plantearse si este tipo de fondos pueden operar en cualquier actividad, por ejemplo con mayores o con niños. Si la respuesta es sí, que haya una inspección y unas sanciones muy serias. Eso no ocurre. Tres de los ocho grandes grupos están controlados por fondos private equity, entre ellos DomusVi.

—¿Qué nos ha pasado como sociedad para dejar en manos de fondos sin cara, un arquetipo habitual en el terror —recuerdo a Slenderman—, el cuidado de nuestros ancianos?

 —Pues es el modelo en toda España. DomusVi es el único grupo que tiene residencias en las diecisiete comunidades. Nuestro sistema no es transparente: de estos fondos no sabemos quién es el inversor final. Crean estructuras fiscales complicadas, que detallo en el libro, y algunas tienen hasta diez niveles diferentes. Pasan por Luxemburgo, acaban en Jersey… No sabes quién ha puesto el dinero. En empresas que viven de dinero público debería ser inadmisible. Debemos saber quienes son los dueños. Y esto se agrava porque tenemos un sistema de inspección cero transparente: no podemos saber si a una residencia se le ha hecho una inspección y han encontrado elementos graves. Tenemos sanciones que no son públicas para «no criminalizar» a las empresas. Debería ser todo transparente, porque el eje debería ser el bienestar de los residentes. Esas personas o sus familiares tienen todo el derecho de saber para poder decidir a qué residencia va.

 —Y en qué residencia morirá. Porque la muerte es otro negocio. Habla usted del grupo funerario Mémora.

—DomusVi y Mémora, los dos grupos más grandes en sus sectores, llegaron a un acuerdo en el que Mémora le paga una comisión a DomusVi por cada cliente fallecido. Es decir, funcionan como comisionistas de una empresa funeraria. Y lo más grave, sin decirlo. Mucha gente, cuando pierde a un familiar, está en una situación crítica y lo que quiere es que se lo solucionen, pero pido transparencia, porque es su derecho.

—Otra cosa sorprendente para mí es que leyendo su libro no veo mal a la Iglesia. ¿Tengo razón?

 —Lo primero que sorprende es que la Iglesia es el principal operador en España: tiene alrededor de 40.000 plazas. Al contrario que DomusVi, que cuando compra una residencia le pone su marca, la Iglesia está muy descentralizada: funciona con órdenes religiosas, con asociaciones, con fundaciones… En el libro defiendo que la Iglesia tiene el mismo derecho a operar en el sector residencial que cualquier otra entidad. Lo que denuncio es culpa de la Administración: las órdenes religiosas que funcionan con el concepto del siglo XIX de caridad y beneficencia. Ocurre con tres, las más grandes de su tipo en el sector, y la principal es las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Funcionar con el concepto de beneficencia y caridad significa que cuando estalló la pandemia, las Hermanitas de los Pobres de Pamplona, o de Ronda, o de Málaga, no se quedaron sin dinero. 

Salían a pedir dos veces por semana y se basaban en la alimentación que donaban los supermercados, pero si no puedes salir… Esto no es culpa de las monjas. Dedican su vida a ayudar a los demás. Es problema de la Administración que lo permite: un Estado del Bienestar del XXI no puede permitir que haya una red que funcione con las ideas de caridad y beneficencia. Los mayores tienen el mismo derecho a recibir los mismos servicios que cualquier otro pero, claro, a la Administración le viene de perlas esta red. Se quitan los problemas porque ahí están las Hermanitas ocupándose.

 —Usted no es bolivariano, (nos reímos) cree en la colaboración público-privada, pero ¿en qué términos?

—Me parece legítimo quien defienda que todo el sector debería ser público, porque no se puede hacer negocio con los mayores. Pero, con independencia de nuestra ideología, hay una realidad: el 90% de las residencias en España son de gestión privada. No se puede nacionalizar este sistema por motivos legales y económicos. Lo que sí creo es que el sistema le da todo el poder a las empresas, y eso hay que cambiarlo. ¿Y si una empresa quiebra y deja en la calle a ancianos? Además de la falta de control de la administración con inspecciones y sanciones. Muchas empresas lo hacen bien, pero las que lo hacen mal salen impunes. Habría que construir residencias de gestión pública. Desde los noventa casi no se construyen, incluso en comunidades como la valenciana, donde se han hecho cosas bien. Pues sólo construirán una. Eso no es cambiar el modelo. Y también todas aquellas que están privatizadas por la vía de la concesión. En España son 754. Cuando ese contrato caduque, que vayan a la gestión pública. Ahí habría un terreno para que la próxima década haya más equilibrio entre público y privado. (...)"

(Entrevista a Manuel Rico, Edu Galán, ZendaLibros, 08/04/21)

Una mujer muere estrangulada mientras estaba atada a la cama en una residencia que recibe una multa de 25.000 euros La fallecida se asfixió con las sujeciones de su cama en un hogar de mayores que ha sido sancionado por la Comunidad de Madrid porque le ocultó el suceso, el tercero en solo cuatro años

 "Una madrugada hace tres meses, las auxiliares del turno de noche en la residencia Peñuelas detectaron algo extraño en la habitación de una residente durante su segunda ronda, a las 3.20. La mujer se había movido tanto que su cabeza había llegado a la mitad de la cama y la sujeción abdominal estaba cerca del cuello. Comprobaron que estaba consciente y estable. La reincorporaron y continuaron su trabajo visitando otros dormitorios. Más tarde, a las 6.10, durante su tercera ronda, volvieron a la misma estancia. Vieron el cuerpo descolocado de nuevo. Esta vez, encontraron que la atadura le había oprimido el cuello. Su piel tenía una coloración amarillenta. Ya no respiraba.

La muerte de P. C. G. se produjo el martes 11 de abril en ese hogar de mayores cercano al centro de la capital, en el distrito de Arganzuela. La residencia informó a Alfonso, hijo de la fallecida, a la Policía y al juez, como manda el protocolo. La familia de la residente, que había autorizado el uso de las sujeciones, no tomó medidas. Otras familias trataron de convencerles para que hablaran con la prensa, pero fue inútil. “Una persona que hizo de interlocutora nos dijo que no iban a hacer nada”, dice Leonor Sánchez, la hermana de otra residente. Así, en silencio y sin que salgan a la luz, se producen con frecuencia un número indeterminado de muertes por sujeciones en las residencias de España, que es considerado el país desarrollado que más abusa de las ataduras.

El espeluznante suceso habría pasado al olvido de no haber sido porque EL PAÍS ha descubierto que la Comunidad de Madrid subió a una web oficial el mes pasado una sanción a Aralia, la empresa privada que gestiona esta residencia pública. La multa es de 24.851 euros con 66 céntimos. El motivo no es la muerte violenta, que está siendo investigada por la Fiscalía, sino el ocultamiento de lo sucedido a las autoridades autonómicas, una infracción grave.

La Comunidad se enteró del fallecimiento, según detalla el documento, “por información ajena al centro”. El contrato estipula que Aralia debe informar a la Consejería de Asuntos Sociales el mismo día en que se produzca una incidencia significativa que afecte a los usuarios, como es el caso de una presunta muerte violenta. Los hechos descritos al principio de este artículo son los que relató días más tarde por escrito el propio director de la residencia en una respuesta a la Consejería, dando explicaciones sobre lo sucedido.

 El uso de las sujeciones es legal en España siempre que se cumplan una serie de pautas como el consentimiento informado a los familiares o la prescripción de un médico, que aparentemente se daban en este caso. Además, la Fiscalía considera que los principios que deben orientar el uso de las correas son la “excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición de exceso”.

Lo probable es que la Fiscalía archive el caso de Peñuelas si comprueba que existían los dos documentos, el de la familia y el del médico, dice Emilio Fariña, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que ha investigado los “accidentes” causados por sujeciones. Como otros expertos, Fariña, pide un endurecimiento legal para acabar con la “cultura de atar”.

Sin embargo, con las normas actuales es posible apreciar indicios de delito, opina el doctor Antonio Burgueño, una autoridad en la lucha contra las sujeciones. “Se ve que hay riesgo de muerte, pero no se hace nada, lo que sería abandono del cuidado debido”, dice Burgueño, que dirige el programa Desatar de la confederación de asociaciones de mayores Ceoma.

“Es triste leer que lo que interesa es la multa y no la dramática muerte de una persona objeto de un delito”, dice Burgueño. “No es admisible que una persona duerma atada en una residencia. Esa mujer muere intentando zafarse de unas ataduras que no comprende y que no admite. Muere de forma violenta, pues atar es violencia y violencia es ver que está intentando zafarse de las sujeciones y dejarla tres horas más luchando hasta que muera”.

Tratando de evitar la multa, la residencia Peñuelas alegó en mayo que consideraba que no cabía calificar los hechos como “asfixia por sujeción” porque el fallecimiento no tenía un diagnóstico certero. La Consejería desestimó esta explicación porque dos días después del suceso la propia residencia había descrito con detalle y sin ponerlo en duda que la mujer se había estrangulado con la sujeción.

Esta residencia es una habitual en los medios de comunicación a causa de los despropósitos más variados. Errores en la medicación, averías del aire acondicionado en medio de una ola de calor, maltratos, falta de personal... Desde 2016, Peñuelas ha sido sancionada por la Comunidad al menos siete veces por importes que ascienden a más de 125.000 euros.

 Probablemente, el suceso de Peñuelas nunca habría salido a la luz si Aralia hubiera informado a tiempo a la Comunidad. No es la primera vez que este periódico reporta muertes de este tipo de las que tiene conocimiento de manera indirecta. El año pasado, fueron publicadas informaciones sobre dos casos semejantes en Madrid, en 2019 y 2021, de los que solo se tuvo noticia gracias a terceros.

Ni Policía, ni Fiscalía, ni Comunidad de Madrid comunican estos sucesos a los medios; las residencias tampoco los dan a conocer porque, entienden, dañan su imagen; y las familias optan a menudo por pasar página, quizás por un sentimiento de culpa, ya que son los parientes quienes deben autorizar el uso de las correas. Un portavoz de la Consejería de Asuntos Sociales no ha respondido a la pregunta sobre cuántos fallecimientos de este tipo se han producido en residencias desde 2019. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado carece de datos sobre estos decesos. Esto se explica, dice un portavoz, porque “en las estadísticas no se reflejan las circunstancias de las muertes y resulta imposible detallar las circunstancias de cada asunto”.

La ausencia de datos dificulta la lucha de los activistas contra las sujeciones. Ceoma lleva 19 años concienciando sobre los daños físicos y psicológicos en los mayores atados (úlceras, atrofia muscular, traumas, aumento de la incontinencia, mayor probabilidad de infecciones urinarias, mayor agitación en personas con trastornos cognitivos). Las muertes se producen porque los mayores se angustian y tratan de liberarse. (...)"                (Fernando Peinado , El País,  11/07/23)

Así es un geriátrico por dentro: “Las familias no saben ni la mitad de lo que pasa aquí”... Una periodista del ARA se hace pasar por limpiadora y 'trabaja' en una residencia de ancianos durante varios días

 "A las ocho de la mañana ya hay media docena de ancianos en el comedor. Las auxiliares de geriatría los han levantado, aseado y peinado, y los han sentado en la mesa, que está preparada para el desayuno con manteles, tazas y platos. Al cabo de una hora, sin embargo, nadie les ha traído nada para comer y los abuelos continúan en el mismo sitio, esperando pacientemente a que alguien los sirva. Las gerocultoras andan demasiado atareadas levantando a otros ancianos.

Las auxiliares de geriatría distribuyen por fin el desayuno a las nueve y media de la mañana, a pesar de que todavía no han levantado a algunos ancianos, que siguen en la cama sin lavar y con el pañal sucio. “Me da pena que tengan que desayunar así, cagados y meados, pero no podemos hacer más”, se justifica una de ellas. Son dos gerocultoras para atender a 28 personas. “Los jefes nos dicen que levantemos primero a los abuelos a los que la familia visita por la mañana para que los vean vestiditos y sentaditos. Es una vergüenza. Las familias no saben ni la mitad de lo que pasa aquí dentro”. 

Esta periodista ha trabajado como limpiadora durante cuatro días en una residencia de ancianos de Barcelona sin identificarse como reportera. También he entrevistado por teléfono a algunas de sus gerocultoras sin que supieran que estaba en la residencia y que, en consecuencia, podía contrastar la información. La búsqueda de trabajo fue relativamente fácil. Diversas residencias se interesaron en contratarme y algunas solicitaron que me incorporara en menos de 24 horas, cosa que evidencia la falta de personal en el sector. Éste es el relato de lo que he visto y oído.

“Solo me dan dos esponjas para lavar a cada abuelo aunque estén cagados hasta el cuello. ¿Tú crees que esto es normal? ¡Son personas, no coches! Así no se puede trabajar”, se queja una auxiliar de geriatría que acaba de lavar a un anciano y piensa que está hablando con una limpiadora y no con una periodista. La residencia que me ha contratado pertenece a una empresa que obtuvo 1,9 millones de euros de beneficio en 2021, según ha podido comprobar el ARA en el Registro Mercantil, y forma parte de uno de los grupos inversores líderes en el sector geriátrico en España. Se trata de un centro grande, de unas 150 plazas, de las cuales 95 son concertadas, según datos de la Generalitat. Está dividida en cinco plantas, en cada una de las cuales hay un comedor y 14 habitaciones dobles, excepto en la primera que hay 24.

 Es en la primera planta donde se concentran los ancianos que están peor: apenas hablan, hay que darles la comida en la boca y muchos están postrados en sillas de ruedas. De hecho, el panorama es bastante parecido en casi toda la residencia. La mayoría de los usuarios llevan pañal y con los que parecen estar bien físicamente es imposible mantener una conversación: tienen demencia.

 De las 42.467 plazas de residencia que reciben algún tipo de financiación pública, el 58,9% las ocupan personas con un grado de dependencia 2, es decir que necesitan ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria como comer o ir al lavabo. El 41% tiene un grado de dependencia 3, o sea requieren la presencia continua de un cuidador. La edad media de los residentes es de 86,5 años. Por lo tanto, el perfil de los usuarios ha cambiado radicalmente, ya no hay personas con una cierta autonomía.

 “Te tengo dicho que no te levantes, que te vas a caer. Ahora no puedo llevarte al lavabo, que estoy con otra persona”, grita una gerocultora a una viejecita en silla de ruedas que hace ademán de incorporarse en el comedor y hace rato que pide que alguien la lleve a la taza del váter. “Es que se me escapa”, se queja la mujer. “Si se te escapa, mea en el pañal. Yo te limpio después”, le replica la cuidadora mientras sigue atendiendo a otra anciana.

Sueldos bajos

Las instalaciones de la residencia causan sensación. Están decoradas con buen gusto, hay un pequeño jardín, una amplia sala de visitas y un gimnasio, y los comedores y dormitorios tienen luz natural. Otra cosa muy diferente es el personal. Gerocultoras, limpiadoras, personal de lavandería, el de cocina…, todas -la mayoría son mujeres, muchas inmigrantes- se quejan de que no dan abasto. No hace falta preguntarles, es un tema recurrente de conversación entre ellas.

También cada dos por tres falta alguien en el trabajo. Unos sueldos bajos y unos horarios que dificultan cualquier conciliación familiar hacen que el absentismo laboral sea habitual. El salario base de una auxiliar de geriatría según el convenio es de unos 1.100 euros brutos mensuales. A eso hay que añadir unos 20 euros por cada festivo o domingo trabajado. En esta residencia las gerocultoras trabajan siete horas al día, seis días a la semana y solo libran un único fin de semana al mes.

 “La encargada dice que sequemos a los abuelos con sábanas si no hay toallas”, se queja una gerocultora. Otra vez no quedan toallas limpias en el armario. La residencia tiene una lavandería, pero solo trabajan tres personas. “Sí, sí, sé que no quedan toallas. Las estaba lavando”, contesta agobiada una de las trabajadoras mientras dobla toallas y baberos a toda prisa. Todos los usuarios usan un babero para comer. “Los que son más nuevos y no están rotos, hay que llevarlos a la quinta planta, porque allí los abuelos se enteran, no tienen demencia”, indica a esta periodista.

El desayuno es hacia las 9.30 h, la comida a las 13 h, la merienda a las 16 h, y la cena a las 19 h. Después los abuelos se pasan unas catorce horas sin ingerir nada, excepto los que tienen diabetes, que se les da un zumo. Los horarios de las comidas se organizan en función del horario laboral de las gerocultoras. Las del turno de la tarde acaban de trabajar a las nueve de la noche y, a esa hora, en teoría, todos los ancianos deberían de estar cenados y acostados.

“Venga, mi reina, abre la boca”, dice una auxiliar de geriatría sentada en un taburete ante una anciana en silla de ruedas a la que da de comer una especie de papilla. En la primera planta, treinta y cinco ancianos necesitan que les den de comer en la boca. Hay siete más que comen por sí solos pero también requieren ayuda. Normalmente en esta planta hay cuatro auxiliares de geriatría, pero esta tarde solo trabajan tres. Una no se ha presentado. “Éstas no son maneras. Hay que darles de comer casi con embudo”, dice una de ellas que se la ve totalmente sobrepasada. En una hora tienen que dar de comer a todo el mundo. A las ocho menos cuarto, ya empiezan a acostar a los ancianos.

Las gerocultoras llevan a los abuelos a los dormitorios uno por uno, mientras el resto espera en el comedor sin que nadie esté pendiente de ellos. Una hora y media más tarde aún hay ancianos sin meter en la cama por la misma razón que por la mañana se dilata tanto levantarlos. Y como es de esperar, a algunos les vence el sueño. Una mujer se queda dormida en el comedor con la cabeza encima de una mesa. Otra, con la cabeza ladeada mientras la baba le cae sobre el pecho.

“Sé que tienes mucho trabajo y que no tienes tiempo para hablar pero ¿puedes venir un momento?”, pregunta a esta periodista una anciana que también espera a que la acuesten. Entablar un diálogo con ella es complicado, tiene demencia, pero parece que tiene claro que aquí las trabajadoras van de bólido y no tienen tiempo para muchas conversaciones. Por la noche aún hay menos personal: cuatro auxiliares de geriatría para atender a 150 personas. Tocan a unos 38 ancianos por cuidadora.

El ARA ha entrevistado a gerocultoras de otras residencias de ancianos, tanto privadas como públicas pero de gestión delegada, y todas relatan situaciones similares. En 2021 incluso se publicó un libro, Cuidadoras, del investigador Ernest Cañada, que recoge el testimonio de una decena de auxiliares de geriatría que redundan en lo mismo: faltan manos en las residencias. El propio presidente de la Asociación Profesional Catalana de Directores y Directoras de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD), Andrés Rueda, lo denuncia: “Necesitaríamos un 50% más de personal gerocultor para atender a los ancianos de forma correcta, sin florituras”.

La normativa de la Generalitat que fija las ratios mínimas de personal en las residencias de ancianos data de 2014 y no se ha actualizado desde entonces, a pesar de que el nivel de dependencia de los usuarios no ha hecho más que aumentar. De hecho, en 2014 el Gobierno bajó las ratios. Antes eran ligeramente más altas, reconocen fuentes del departamento de Drets Socials. Pretendía así reducir gastos en una época de recortes.

 La normativa actual establece que tienen que haber 25 auxiliares de geriatría por cada 100 ancianos con un grado de dependencia II. Eso no significa que todos esos gerocultores trabajen de forma simultánea, ya que deben cubrir todos los turnos de la jornada y los 365 días del año. A efectos prácticos cada cuidador se hace cargo de, como mínimo, una decena de personas. Durante la noche la ratio es aún inferior: la normativa dice textualmente que es suficiente con tres auxiliares para 150 ancianos.

El ARA ha hecho una petición a Transparencia para saber, más allá de la normativa, cuál es de facto la ratio del personal gerocultor en cada una de las residencias de ancianos de Catalunya. La respuesta es que el departamento de Drets Socials no tiene esa información. Solo conoce la ratio de las 16 residencias que gestiona de forma directa, a pesar de que en Catalunya hay un total de 951 centros. Ni los que son públicos pero de gestión delegada, ni los privados con plazas concertadas deben comunicar a la administración cuántas personas tienen contratadas. El cumplimiento de la ratio se comprueba solamente el día que se hace una inspección. Según la ley, la Generalitat debe inspeccionar las residencias “como mínimo, una vez al año”.

A pesar de eso, el secretario de Asuntos Sociales y Familias del Gobierno, Lluís Torrens i Mèlich, asegura que la ratio de personal no es un problema y que la Generalitat no tiene ninguna intención de aumentarla. “No hemos detectado falta de profesionales en las inspecciones”, argumenta. Sin embargo, llama la atención que en las 16 residencias gestionadas por la Generalitat, la ratio del personal gerocultor es el doble de lo que marca la normativa: casi 50 auxiliares por cada 100 ancianos, según la respuesta de Transparencia. 

“Aunque quisiéramos aumentar la ratio, no encontraríamos personal”, se justifica Torrens. Hay poca gente dispuesta a trabajar en un sector tan mal remunerado y sacrificado. Según él, la solución sería pagar mejor a los auxiliares de geriatría y aumentar su productividad con avances tecnológicos, como camas robotizadas que cambien la postura de los ancianos para que no se llaguen y no sea necesario que una persona lo haga. Pero para todo eso hace falta dinero.

El Gobierno paga actualmente 2.002,56 euros al mes por cada una las plazas de residencia que tiene concertadas, tanto del grado de dependencia II como III. Una cifra que el sector denuncia que hace tiempo que quedó obsoleta. Por ejemplo, en el País Vasco, el precio de la plaza concertada es de unos 3.300 euros mensuales. Además allí la normativa es mucho más restrictiva: el 75% de las habitaciones deben ser individuales –en Catalunya los dormitorios para una sola persona son una excepción- y los centros no pueden tener más de 150 plazas. Aquí la residencia más grande suma 308.

“Si tuviéramos que pagar 1.000 euros más por plaza concertada, necesitaríamos 400 millones suplementarios. Eso supone incrementar el presupuesto de la dependencia más de un 20% y de momento es inviable. No hay dinero. Nuestro presupuesto da para lo que da”, contesta el secretario de de Asuntos Sociales y Familias.

En 2022 la Generalitat destinó casi 1.036 millones a la financiación de plazas concertadas y públicas de residencia, y a la concesión de prestaciones para su pago. Este año tiene previsto aumentar el precio de la plaza concertada en un 4% con carácter retroactivo al 1 de enero, con lo cual la inversión aún será mayor. Además, la demanda no deja de aumentar. En la actualidad hay 11.872 personas en lista de espera en Catalunya para una plaza de residencia de financiación pública.

Hay un factor más: el 65% de las residencias de Catalunya son privadas y muchas de las públicas también las gestionan empresas. Esto no ocurre en otros países: en Francia, el 52% de las residencias son de gestión pública, y en Suecia el 83%, según un estudio realizado en 2020. Una de las autoras del informe, la gerontóloga Mayte Sancho, destaca que los dinero que se destina a la atención de las personas mayores está directamente relacionado con el valor social que se da a la vejez. Y, claro, lamentablemente en nuestro país cada vez tiene menos.

La limpiadora acaba su turno a las nueve y media de la noche. Antes tiene que sacar a la calle los contenedores de basura. En esta residencia, se llenan cada día cinco contenedores, la mayoría con pañales sucios. Las cuatro auxiliares que se quedan cuidando a los ancianos hasta la mañana siguiente cruzan los dedos para que no pase nada excepcional por la noche que aún las desborde más."                (Mònica Bernabé  , Ara, 30/07/23)

Hospitales y residencias como negocio financiero: más muertes y más gasto innecesario... la tasa de mortalidad de los hogares de personas mayores en residencias propiedad de estos fondos fue de 40 % más elevada que en el conjunto de las residencias en Estados Unidos... la revista Forbes asociaba a estos fondos con "recortes draconianos para intercambiar médicos por otros profesionales menos costosos como enfermeras"... mira por donde, de ahí vienen los recortes de Ayuso

 "La derecha española se empeña en hablar de ETA en campaña electoral, como si siguiera poniendo bombas, para que no se hable de los auténticos problemas de España. Por ejemplo, de lo que está pasando y va a pasar en los hospitales y las residencias de mayores en los que se está dejando que penetren cada día más los fondos de inversión llamados en inglés "private equity".

Estos últimos son capitales que adquieren paquetes mayoritarios de empresas para hacerse con su control con el fin de venderlas en un plazo de entre cinco y diez años. Para ello, se recurre casi siempre al mismo procedimiento: se impone una nueva estrategia de dirección orientada a aumentar los ingresos y recortar al máximo los costes; se endeuda a la empresa, muchas veces con el propio fondo y con el solo objetivo de repartir dividendos más elevados; y se venden sus activos (edificios, locales, instalaciones...) incluso también al fondo, el cual cobra luego por alquilarlos a la empresa.

Lo característico de esta inversión es esa forma de gestión orientada a conseguir el máximo beneficio a corto plazo y, sobre todo, que está orientada a venderla en un plazo de tiempo muy corto. Es decir, no se invierte para consolidar una empresa y desarrollar aún más su actividad, sino para "ensillarlas con montañas de deuda y luego exprimirlas como si fueran naranjas", en palabras de Bill Pascrell, presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre Supervisión de Estados Unidos.

En su inicio, esta inversión se realizaba sobre todo tipo de empresas (fue la causante, por ejemplo, de la quiebra de la conocida tienda de juguetes ToysRUs) pero últimamente se están centrando en el sector de la salud y los cuidados, de modo que sus efectos son mucho más relevantes social y personalmente.

Aunque la presencia de estos fondos es relativamente reciente y su actividad es muy opaca, ya se dispone de multitud de investigaciones académicas, parlamentarias o de organizaciones profesionales que proporcionan evidencias abrumadoras sobre las consecuencias que tienen sobre la gestión de las empresas que capturan y, sobre todo, sobre la salud y las condiciones de vida de las personas.

Voy a resumir brevemente lo que sabemos que ha ocurrido en otros países para hacernos una idea de lo que va a pasar en España cuando se consolide la tendencia que ya ha comenzado a darse.

En el caso de las residencias, se puede decir, en general, que las que son propiedad de estos fondos generan peores resultados por "anteponer las ganancias a las personas", tal y como dice una Hoja Informativa de la Presidencia de Estados Unidos.

La American Medical Association descubrió que las personas que están en residencias propiedad de estos fondos tienen más probabilidades de acudir a urgencias o de ser hospitalizas por causas que podrían haber sido evitadas con una mejor atención. Y, sin embargo, que estas residencias salen más caras que el resto. Prácticamente lo mismo descubrió otro estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un documento de trabajo de diversos académicos publicado en el National Bureau Of Economic Research en 2021 mostró que la gestión de este tipo de capital aumentó la probabilidad de muerte durante la estancia y los 90 días siguientes en un 10% y la prescripción de medicamentos antipsicóticos en un 50%; disminuyó las horas de personal de enfermería de primera línea y la movilidad de los residentes, y el gasto de los contribuyentes por residente en un 11%.

Otro estudio demostró que la tasa de infección por COVID-19 y la tasa de mortalidad de los hogares de personas mayores en residencias propiedad de estos fondos fue entre un 30 % y un 40 %, respectivamente, más elevada que en el conjunto de las residencias en Estados Unidos.

 Un informe del Instituto Veblen ha demostrado que "la toma de control de grupos de residencias de ancianos va acompañada de reorganizaciones y arreglos financieros, que parecen sobre todo destinados a preparar una reventa rápida y no a establecer un modelo económico viable diseñado para el largo plazo"

En relación con la gestión de hospitales completos o de servicios concretos, las evidencias también son abrumadoras:

- La American Medical Association ha demostrado que los pacientes pagaron más cuando los servicios que se proporcionan están controlados por este tipo de capitales o que los médicos atendieron a más pacientes, lo que indica utilización innecesaria de servicios para aumentar los ingresos. Se ha comprobado que esto último ocurre incluso en el caso de la odontología infantil financiarizada, un servicio en el que en Estados Unidos se han detectado prácticas sin anestesia para incrementar beneficios, o que se califica a nacimientos normales como de emergencia para cobrar más.

- Para aumentar beneficios se reduce la oferta de servicios con menos margen y eso ha hecho, en concreto, que los private equity hayan cerrado hospitales rurales en Estados Unidos); se recorta personal; y se sustituyen a profesionales médicos por otros de menor formación, lo cual se ha demostrado que incrementa el gasto y la probabilidad de tener que volver a ser tratados.

- En los hospitales y servicios gestionados por estos fondos hubo mayor escasez de medios como mascarillas, ventiladores en la pandemia.

- Una investigación de la Universidad de Berkeley muestra que estos capitales ni siquiera mejoran la medicina privada suministrada por el mercado puesto que "amplifican y aceleran la concentración y las prácticas anticompetitivas". Y concluye que "este negocio es fundamentalmente incompatible con un sistema de salud estable y competitivo que sirva a los pacientes y promueva la salud y el bienestar de la población".

- En Estados Unidos, las llamadas "facturas sorpresa" que suponen gastos imprevistos y fraudulentos asociadas a los servicios de salud propiedad de estos fondos se han extendido tanto que hasta el presidente Trump dijo que estaba decidido a terminar con ellas.

- En multitud de casos se ha comprobado que estos servicios están asociados a comportamientos fraudulentos. Sólo para hacer frente a reclamaciones por presentación de facturas al gobierno estos fondos han gastado 500 millones de dólares desde 2013.

- Una fuente tan poco sospechosa de radicalismo como la revista Forbes asociaba a estos fondos con "recortes draconianos para apoyar al personal y/o intercambiar médicos por otros profesionales menos costosos como enfermeras", "presionar a los médicos para que brinden más atención médica (a menudo innecesaria)"; o "aumentar los precios sabiendo que las aseguradoras no tendrán más remedio que aceptar".

 Es normal que la adquisición de hospitales completos, residencias o servicios concretos por este tipo de capitales tenga efectos como los que acabo de señalar (entre otros que es imposible señalar en un texto limitado como este). Se trata de inversiones que, como he dicho, no se llevan a cabo para consolidar la actividad en la que se invierte, sino para obtener altísimos beneficios al venderlas al poco tiempo y, mientras tanto, utilizando el control de la gestión para extraer todo tipo de rentas de la empresa adquirida. Es un procedimiento destructor de empresas, pues las deja exhaustas, endeudadas y con cargas inasumibles a medio y largo plazo y por ello muchas de ellas terminan quebrando. Pero, lógicamente, todo esto es mucho peor cuando lo que adquieren estos capitales son servicios sanitarios y de cuidados, hospitales o residencias de mayores. Como dice un amplio estudio realizado por Public Citizen también en Estados Unidos sobre su actividad en estos campos, de lo que estamos hablando es de "la diferencia entre la vida y la muerte".

Es un proceso que en España ha comenzado a darse y que va a extenderse cada día más, tal y como han mostrado, entre otros, el libro de Manuel Rico ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, o los artículos de Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, El gran negocio de las residencias, y los aparecidos en Infolibre.

Por eso es muy urgente que se abra en nuestro país un debate amplio y riguroso y que se exija al gobierno central y a los autonómicos que legislen al respecto; al menos, como se ha comprometido a hacer para frenar los efectos que he mencionado, alguien tan poco sospechoso como el presidente Biden en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque los inmensos beneficios que obtienen estos fondos a costa de suministrar peores servicios, de obligarnos a gastar más y provocando muertes innecesarias los pueden conseguir gracias a la opacidad de sus operaciones, a los privilegios fiscales de los que gozan y, en resumidas cuentas, porque, para colmo, se les está ayudando a que hagan todo eso con dinero público."             (Juan Torres López , Público, 19/05/23) 

Wall Street convierte las residencias de mayores en campos de exterminio

 "Las denuncias de los familiares de las personas mayores que viven en residencias son el único modo para descubrir si la instalación a la que ha confiado a su familiar es propiedad de una firma de capital privado de Wall Street.

Se ha demostrado que el capital privado, una estructura de propiedad que pone en manos de especuladores que produce peores resultados de salud para los residentes a un coste mucho más elevado. En Estados Unidos, en las últimas dos décadas, la opaca industria de capital privado en las residencias de ancianos se ha disparado de 1 billón de dólares en 2008 a casi 4.5 billones en 2021. Es decir, que han encontrado un nicho de negocio rentable. A nivel humano, eso tiene un elevado coste para las personas, incluida la muerte.

Millones de personas en los Estados Unidos viven y trabajan directamente bajo el dominio de una industria que alguna vez fue conocida sólo por expertos financieros como inversores institucionales y periodistas especializados.

En febrero, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), una agencia federal que administra el programa de Medicare y trabaja con los gobiernos estatales para administrar Medicaid, dictó una normativa muy importante que exige la divulgación de los beneficiarios reales de las residencias de mayores que debería conllevar una mayor transparencia a este complejo modelo de propiedad.

Este paso es, en teoría, fundamental para evitar más daños por parte de las empresas de capital privado y es parte de un esfuerzo más amplio para controlar los abusos del capital privado en sectores clave. Las prácticas comerciales rapaces del dinero de Wall Street están golpeando a más personas que nunca.

Independientemente de la industria en la que ingrese, las prácticas comerciales de una firma de capital privado a menudo cargan a las empresas con una deuda excesiva, fuerzan la venta de activos para obtener ganancias a corto plazo, exprimen a los trabajadores y comprometen los servicios a expensas de la mayoría de las partes interesadas para generar beneficios para los altos ejecutivos y los grandes accionistas.

En todo el mundo, el sector de la salud no se ha librado de la expansión destructiva de capital privado. Las pruebas muestran que las corporaciones de Wall Street son incompatibles con brindar a las personas una atención médica estable, de calidad y asequible.

A lo largo de todo el planeta, las grandes firmas de capital privado han comprado y cerrado instalaciones urbanas,  suburbanas y rurales, dejando desiertos de atención médica en esas comunidades. Lo peor es cuando desde los gobiernos democráticos se allana el camino para la entrada de estas grandes empresas, tal y como ocurre con las políticas aplicadas por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid para destrozar la sanidad pública y beneficiar a la privada.

Durante la pandemia de COVID-19, en muchos países las empresas médicas controladas por el capital privado despidieron a los médicos de las salas de urgencia, que ya tenían poco personal y que denunciaron la falta de equipos de protección personal, como máscaras, y otras prácticas que ponían en peligro la seguridad del paciente.

El historial de la industria de capital privado en otras áreas de la economía del cuidado es igualmente espantoso.

Residencias de mayores: un campo de exterminio

Los resultados de la propiedad de capital privado en empresas que atienden a poblaciones vulnerables son francamente espeluznantes, incluida la negligencia mortal y el abuso de los centros residenciales para personas con discapacidades graves, la negación de atención a pacientes con trastornos alimentarios que amenazan la vida, la demora en el acceso a sillas de ruedas o negarse a su reparación para facturar porque el reemplazo de equipos es más rentable.

La prueba del peligroso papel de la adquisición de residencias de mayores por parte de capital privado ha surgido durante la última década, pero, debido en parte a la pandemia, y a la muerte masiva de personas mayores en estos centros controlados por multinacionales, se ha enfrentado a un nuevo escrutinio en los últimos tres años.

Al comienzo de la pandemia, las infecciones y muertes entre los trabajadores y residentes de las residencias fue un punto de crisis temprano antes del desarrollo de vacunas. Mientras miles de personas morían en las residencias, los políticos buscaban patrones en las prácticas de propiedad y administración de las instalaciones que pudieran arrojar luz sobre las intervenciones para salvar vidas.

La práctica comercial común del capital privado de esconderse detrás de capas de propiedad y evitar divulgaciones se convirtió en una cuestión de vida o muerte en el contexto de la pandemia.

La organización Americans for Financial Reform publicó un estudio en 2020 que descubrió pruebas de que las cadenas de residencias de mayores que eran propiedad o estaban respaldadas por firmas de capital privado tenían «tasas más altas de infección y muerte de residentes y una mayor proporción de casos y muertes de coronavirus en comparación con su parte de los residentes en relación con las instalaciones públicas, con fines de lucro y sin fines de lucro».

En 2021, académicos del Instituto Becker de Economía de la Universidad de Chicago examinaron los resultados de las residencias de mayores de propiedad privada durante un período de 12 años. Sus conclusiones fueron inquebrantables: «Nuestras estimaciones muestran que la propiedad privada aumenta la mortalidad a corto plazo en un 10%, lo que implica cientos de miles de vidas perdidas»."                (José Antonio Gómez, Diario16, 29/04/23)

Ayuso prorroga el contrato a la empresa que distribuye comida podrida a pesar de las quejas y los informes negativos... Esta sociedad ha suspendido varias auditorías que evalúan la calidad de su servicio desde su contratación en la Comunidad de Madrid, tiene un expediente sancionador abierto por Competencia, y fue condenada en 2014 por el Tribunal Supremo

 "El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar el contrato a las empresas encargadas de distribuir la comida en los centros residenciales públicos a su cargo, pese a las quejas de decenas de familiares y trabajadores, que han denunciado en múltiples ocasiones el mal estado en el que llegan los alimentos. Tal y como ha podido saber Público, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ya ha comunicado "a los adjudicatarios de los distintos lotes la continuación de los conciertos".

Entre las compañías que continuarán ofreciendo este servicio, se encuentra Plataforma Femar S.L, que se ocupa de los menús de 21 centros tutelados de menores, además de 22 residencias de mayores, como la Francisco de Vitoria de Alcalá, comedores sociales y centros ocupacionales. Esta entidad ha sido criticada por repartir embutido podrido, pescado con espinas para niños de tres años y ancianos con disfagia, así como por las escasas cantidades de las que disponen. Deficiencias que, explican las familias, han llegado a provocar problemas de desnutrición entre los residentes.

Pero las dudas sobre la viabilidad de las prácticas de Femar no llegan sólo por parte de los empleados y usuarios. La empresa, que logró ganar seis de los nueve lotes que salieron a concurso el pasado marzo de 2022, ha sido valorada con puntuaciones negativas en varias ocasiones por Quimicral, la consultora en seguridad nutricional contratada por la propia Administración autonómica para inspeccionar su funcionamiento. 

En los informes, a los que ha accedido Público, se remarca la "suciedad general" de las naves y los palés en los que se apoyan los víveres antes de ser repartidos, con riesgo a que las comidas se contaminen. También alertan que los almacenes no siempre realizan controles de temperatura, peligrando la cadena del frío que es fundamental para evitar el deterioro de los productos congelados.

De hecho, de acuerdo con lo reflejado en los documentos, la empresa auditora llegó a encontrar cámaras frigoríficas con comida en su interior apagadas en una de sus visitas. En la misma línea, Quimicral habla de desorden, problemas de transporte y señala la presencia de productos de limpieza tóxicos, sin aislar, junto a la comida. Regular, mal y muy mal son palabras que se repiten constantemente en las evaluaciones.

Una oferta temeraria

Desde el pasado septiembre, cuando entró en vigor el contrato de alimentación entre Femar y la AMAS, el sistema de provisión de alimentos en residencias de personas mayores y centros tutelados de menores ha dado un giro de 180 grados. Una coyuntura que no ha sorprendido demasiado, pues los criterios para acceder a la licitación enfocados a la bajada de precios (con una puntuación de 70 sobre 100) ya daban algunas pistas de la calidad del servicio que se iba a ofrecer.

 Lejos de actualizar los precios a la inflación experimentada desde el inicio de la guerra de Ucrania, Ayuso apostó por recortar la calidad nutricional de las comidas diarias de niños, adolescentes y mayores que residen en los centros públicos, con menús de hasta 4,60 euros para cubrir el coste del desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

Durante el concurso, Fermar presentó una oferta anormalmente baja en tres de los lotes a los que aplicaba por los que fue requerida para que desglosara "razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o costes". La plataforma justificó su propuesta temeraria con vagas indicaciones sobre el aprovechamiento de las rutas de distribución, la supresión de intermediarios o su elevado volumen de ventas, que claramente compartía con el resto de candidatas que postulaban por precios reseñablemente superiores. Por lo que, en principio, nada la dotaba de una mayor eficiencia significativa en comparación con sus competidores.

Incluso un informe de valoración elaborado por el jefe de servicio de gestión administrativa de la Comunidad de Madrid reconoció que era "difícil plasmar numéricamente la reducción de costes por la implantación de la empresa en el sector y por la especialización en trabajos con administraciones públicas". Sin embargo, pese las quejas constatadas y publicadas, los suspensos de inspección y la reducción sospechosa de los costes en el procedimiento, el responsable no dudó en adjudicarle dos de los tres lotes investigados en base a la supuesta aptitud de su herramienta informática.

Bajo el acecho de Competencia

Quien sí que ha considerado estas prácticas como posibles movimientos anticompetitivos es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene abierto un expediente sancionador contra Femar. La investigación se centra, precisamente, en el supuesto "reparto de clientes y la posible manipulación de licitaciones destinadas al suministro de alimentos a colegios, residencias y centros penitenciarios" entre varias entidades.

Las indagaciones de la CNMC llevan en curso desde el 28 de mazo del año pasado, por lo que cuando el Gobierno de Ayuso contrató a la plataforma estos hechos, esto es, que Femar podría formar parte de un cártel, ya se conocían. Es más, en diciembre Competencia volvió a emitir una nota donde se informaba de que, tras haber inspeccionado las sedes de las compañías implicadas en el caso, la instrucción seguía adelante a la espera de una resolución, que debe emitirse en un plazo máximo de 18 meses.

Si bien esta no es la primera contienda a la que se enfrenta la plataforma, que fue condenada por sentencia firme como autor responsable de un delito continuado y consumado de falsedad en documento mercantil por el Tribunal Supremo (TS) en 2014.

"Que la Administración tome las riendas"

Al conocer la decisión del Ejecutivo autonómico de alargar el concierto, Juan Lobato, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE ha hecho llegar una carta a Ayuso donde le ha exigido que "no prorrogue el sistema aprobado en el mes de septiembre dejando que sea el nuevo Ejecutivo que salga elegido después del 28 de mayo el que tome esa decisión".

En el escrito, el líder socialista ha puesto en valor la "dignidad" y el "respeto" que merecen las personas que viven en residencias y centros de menores. Lobato ha exigido que una buena alimentación de calidad sea lo prioritario para el Consejo de Gobierno de la comunidad.

Desde Más Madrid también son contundentes y reclaman "que la Administración tome las riendas" y se haga cargo del malestar generalizado en los centros residenciales públicos. El partido líder de la oposición en la Asamblea lamenta la situación de especial vulnerabilidad de los más pequeños: "Pueden estar dándoles basura, que difícilmente se van a poder quejar"."              (María Martínez Collado , Público, 05/04/23)

"He cuidado de ancianos que se han muerto después del verano por desnutrición y deshidratación. Se están cometiendo negligencias por todas partes"... Las trabajadoras de la residencia pública de Alcalá retan a Ayuso

 "He cuidado de ancianos que se han muerto después del verano por desnutrición y deshidratación. Se están cometiendo negligencias por todas partes", denuncia Cristina González, auxiliar de enfermería en la residencia pública Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, en Madrid. En una conversación con Público, la trabajadora critica, junto a familiares de algunos residentes, las malas condiciones nutricionales bajo las cuales "malviven" los mayores del centro. Este geriátrico ha sido denunciado hasta en cuatro ocasiones por la mala calidad de sus comidas, y en estos momentos se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.

Todas ellas califican la situación de "alarmante" e incluso las familias llegan a reconocer que temen por las vidas de sus mayores. "Después de la covid, se empezaron a admitir residentes nuevos, pero nosotras seguimos siendo las mismas", explica González. La profesional asegura que, a pesar de la insistencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en hacer ver que hay "personal por encima de las ratios", en la residencia de Alcalá hay turnos que tan sólo disponen de una persona para atender un módulo de 22  personas. 

"Un 25% de mis compañeras están de baja porque no soportan ni este volumen de trabajo ni la presión y la carga que supone ser consciente de que los ancianos no están bien aseados porque no disponemos de toallas y tiempo suficiente para lavarlos", lamenta González. "Sólo en el turno de tarde, somos diez manos menos que hace un año con 100 residentes más", añade. La saturación, tal y como cuenta la empleada, repercute inevitablemente en la calidad de los cuidados y la atención que se puede dar a los ancianos. Así, por ejemplo, tienen menos capacidad de controlar lo que come cada uno.

Familiares y trabajadores denuncian que los residentes de Alcalá han perdido peso de manera "drástica"

Esta descoordinación, sumada a la mala calidad nutricional de los menús, ha provocado que en los últimos meses decenas de familias hayan sido testigos de cómo sus padres y madres han perdido peso de manera "drástica", algunos llegando a adelgazar 20 kilos. Las propias trabajadoras han fotografiado en numerosas ocasiones el pescado congelado o la verdura podrida que, se supone, tenían que comer los ancianos. En este sentido, alertan de que hay dietas que "ni siquiera están firmadas y supervisadas por médicos".

"Desde el verano pasado hasta ahora hemos notado que el tema de el mal aspecto y sabor de la comida ha dejado de ser puntual", sostiene González. Las trabajadoras han solicitado, "casi implorado", que se rescinda el contrato con el proveedor actual. Pero la gerencia no parece estar dispuesta a pagar más de cinco euros al día por los alimentos de los ancianos. De hecho, justifica la licitación espetando que el centro "no es un balneario". Una coyuntura poco novedosa, pues los convenios entre la Comunidad de Madrid y las empresas que ofrecen los servicios externalizados acostumbran a ser a la baja. 

La dirección del centro, por su parte, se ha limitado a indicar que "es lo que hay". "Parece que tampoco encuentra mayor inconveniente en que las cantidades sean claramente insuficientes y no se privan de ofrecer un litro de zumo para 24 residentes", reprocha Julia, hija de una de las ancianas que vive en este centro de mayores. Ella misma detalla que ha podido constatar el mal sabor de boca que dejan los triturados que le dan de comer a su madre, la cual ya ha sido diagnosticada de desnutrición severa, anemia y deshidratación. ​

El caso del padre de Maite, también residente, es todavía más desolador. Él entró a vivir a la Francisco de Vitoria el pasado diciembre sin ningún achaque más que el Alzheimer y poco más de dos meses después se dirime entre la vida y la muerte. Durante las primeras tres semanas, asegura su hija, perdió cinco kilos y la deshidratación le ha producido varias infecciones de orina que han derivado en una grave prostatitis. "Antes de todo esto, enfermó de covid y ni siquiera fueron capaces de hacerle un test para aislarle. Cuando fui a verle, le encontré incapaz de moverse y prácticamente inconsciente", narra Maite.

Las trabajadoras, gracias a quienes han salido a la luz estas deficiencias, no claudican e insisten en que "van a seguir luchando hasta que la Fiscalía dirima si esta precariedad extrema en la que viven los mayores está o no fuera de la ley". "Si seguimos así, los ancianos se seguirán muriendo y nosotras continuaremos dándonos de baja. Pero no seremos cómplices", remarcan. Algunas incluso han sido amenazadas por sus jefes por "hablar más de la cuenta".

La guinda del pastel se la han puesto, recientemente, los altos niveles de legionela que detectó el Ayuntamiento de Alcalá durante una inspección sanitaria. Según detalló el consistorio, se encontraron "varias muestras con más de 8.000 de unidades formadoras de colonias" en el agua de las duchas del centro, cuando se considera que más de 1.000 unidades ya representan "una situación grave, donde se requiere una actuación inmediata".

Con todo, el equipo directivo de la residencia se limita a tirar balones fuera y edulcorar los problemas. Es más, las trabajadoras señalan que el equipo directivo ha tratado de interrumpir las denuncian que han intentado trasladar a gerencia. Este medio ha intentado contactar con el director, Carlos Girón, pero no ha recibido contestación. "                        (María Martínez Collado , Público, 28/03/23)

La hija de una mujer ingresada en una residencia, a Ayuso: “¿Tú comes cinco comidas al día por 4,60 euros?”... Luisa Clara Rodríguez, tiene 74 años y es una gran dependiente a causa del alzhéimer... lleva dos años y medio en la residencia y su deterioro físico es palpable... “Mamá me ha perdido cerca de 20 kilos, entró con 68 y está en 47. La dirección lo niega y me dan gráficas de pesos manipuladas"... Luisa describe a la Francisco de Vitoria, de 526 plazas, como “la casa de los horrores”

 “Llegué a base de empujones, porque no me dejaba la seguridad de ella, pero llegué”. La que habla es Julia Martínez Rodríguez, la hija coraje de una residente de la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares (Madrid) que lleva meses y meses denunciado la mala situación de esta residencia pública a la que se le acumulan los problemas y que investiga ya la Fiscalía, desde denuncias por la mala alimentación de los mayores a la presencia de legionella pneumophila en el agua, y que no ha dudado en llevar su lucha hasta la mismísima Asamblea de Madrid. Con ese ella, se refiere a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien logró charlar brevemente el jueves pasado en los pasillos de la Cámara regional.

 Julia Martínez, de 48 años, había acudido a la Asamblea invitada por Unidas Podemos, cuya coportavoz, Alejandra Jacinto, afeó a Ayuso la gestión de las residencias durante la sesión de control. Tras el pleno, Martínez decidió intentar hablar con la presidenta: “No podía dejar pasar la oportunidad”. Y lo consiguió. “Estuve como cinco o siete minutos con ella”, explica la mujer. “Me presenté, le dije que iba en representación de los familiares, y le pregunté si ella comía cinco comidas al día por 4,60 euros [5,06 con IVA, 152 al mes]. Ayuso me admitió que no. Le resumí cómo se encuentra la residencia en cuanto a personal, con los abuelos abandonados, sin agua caliente muchos días, etcétera, etcétera, etcétera, y ahora, con legionella”, continúa Martínez.

Por último, recordó a la presidenta que “nuestros mayores se merecen lo mejor” y le pidió “por favor que rescindiera el contrato” de suministro de alimentos, que desde el pasado septiembre lleva la empresa sevillana Plataforma Femar. “[Ayuso] Me comentó que la semana pasada lo hizo con un proveedor de otra residencia y que, si lo tenía que hacer con esta, lo iba a hacer también, le rogué que actuara ya por favor. Yo creo que está muy mal informada y que los que tiene a su alrededor la dicen que todo está bien”, cuenta Julia. “Ayuso me cogió los datos, teléfono y demás, y le dije que la invitaba un día a venir a la residencia para que lo comprobara ella misma”, concluye.

 Para Martínez, Ayuso se comprometió a estudiar la rescisión del contrato. Sin embargo, del otro lado no opinan lo mismo. Una fuente gubernamental, que estaba al lado de la presidenta en el momento en el que esta mujer la abordó, confirma a EL PAÍS que la conversación se desarrolló, aunque niega tal compromiso: “No comentamos conversaciones privadas, pero en ningún caso se comprometió a rescindir ningún contrato, eso lleva su procedimiento administrativo y están regladas las causas de rescisión”. “Salió el tema de la posibilidad de que se rescindiese el contrato, la familiar quería saber si eso era viable y se le explicó que lo contemplan los pliegos, pero que hay unos trámites, un cuerpo de inspectores...”, añade.

Es más, la propia Ayuso ha negado este miércoles, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que se plantee cambiar de concesionaria. “Creo que el contrato es nuevo, está renovado, y que desde que esto se ha puesto en marcha ya no ha habido la misma situación. Lo que vamos a hacer, cuando tenga la oportunidad, es visitar esta residencia y conocer de primera mano su situación. Una vez que la veamos, y atendiendo los informes de inspección, veremos qué decisión podemos tomar. Por ahora, nadie ha hablado de rescindir nada”, ha dicho la presidenta en unas declaraciones que evidencian su desconocimiento, ya que lo que denuncian las familias es justo lo contrario, que la calidad ha empeorado con el nuevo contrato.

  La Fiscalía ha requerido documentación a diferentes organismos para investigar las “pésimas condiciones” en las que se encuentran residentes y trabajadores tras admitir a trámite una demanda presentada por Podemos y por familiares de residentes.

Después de publicar EL PAÍS el martes una información en la que Fermar, el principal proveedor de las residencias de la Comunidad de Madrid, niega una merma en la cantidad o calidad de los menús y denuncia un “nivel de exigencia del cliente fuera de toda institución pública”, con pedidos de bogavante, cordero lechal, salmón ahumado y caviar, la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, asegura estar “vigilante” para que se cumplan las condiciones de “máxima calidad” en el servicio. En unas declaraciones remitidas a este diario por su gabinete de prensa, recuerda que impusieron a la contrata “una serie de penalidades” por incumplimiento de las condiciones pactadas. Fueron seis sanciones entre septiembre y octubre, 43.000 euros, por “incidencias en la cantidad y calidad de algunos productos”, según un portavoz de su departamento, que sostiene que “desde noviembre ya no hay problemas de suministro y, si se detecta algún desajuste, se corrige de manera inmediata”. Sin embargo, el gerente de Femar, Ignacio Muñiz, sostiene que fue por una cuestión logística, la falta de un almacén durante las primeras cuatro semanas de vigencia del servicio. (...)"

 Luisa describe a la Francisco de Vitoria, de 526 plazas, como “la casa de los horrores”. Su madre, a la que se refiere una y otra vez con un cariñoso “mamá”, se llama Luisa Clara Rodríguez, tiene 74 años y es una gran dependiente a causa del alzhéimer. “La cuidaba yo, pero tuve que pedir la plaza con todo mi dolor porque no podía seguir viviendo con la UVI móvil en la puerta”, lamenta la mujer, que se dedica a sus “labores” y que está “desesperada buscando algo” tras tener que cerrar su negocio por la pandemia. 

Luisa lleva dos años y medio en la residencia y su deterioro físico es palpable. “Mamá me ha perdido cerca de 20 kilos, entró con 68 y está en 47. La dirección lo niega y me dan gráficas de pesos manipuladas, en las que dicen que al llegar pesaba 55 y en las que figuran cosas imposibles como que engordó seis kilos en un mes. El otro día le hice una foto de las piernecitas, da pena de ver cómo está mamá″, sostiene, para señalar “tuvo neumonía en enero y ahora se ha sabido lo de la legionella, es mucha coincidencia”. En otro ingreso en julio, la doctora le preguntó si estaba segura de que su madre comía en la residencia, porque estaba desnutrida y deshidratada. Le tuvieron que hacer transfusiones para paliar la anemia. (...)"                     (Victoria Torres Benayas , El País, 22/03/23)

María, 92 años, en una residencia de Madrid: “Tengo bien la cabeza y me hacen esto, ¿qué no harán a otros?... Vivir aquí es muy duro... Ahí abajo, hay ahora mismo una cola para hacer pipí que ni te imaginas”... Cada día faltan más cosas: toallas, papel higiénico, cubiertos... La Comunidad de Madrid solo paga a la empresa que gestiona Peñuelas menos de 50 euros por residente y día. De ahí la empresa tiene que sacar su ganancia, con lo cual la atención que reciben esas personas es nefasta

 "María González Martín, de 92 años, es distinta a muchas otras personas que viven en residencias de mayores. Ella es consciente de lo que pasa a su alrededor y no tiene miedo a las represalias, así que no se calla. Ha visto cómo se ha deteriorado el servicio a lo largo de los 13 años que lleva viviendo en Peñuelas, uno de los hogares más sancionados por la Comunidad de Madrid. Se trata de un centro de titularidad pública, pero cedido a una empresa, Aralia, tan poco interesada en este negocio que quiere marcharse. 

El concurso público para continuar con la gestión por otros tres años quedó desierto en diciembre. María ha ido este jueves a un palco de la Asamblea regional, invitada por el grupo del PSOE, que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que Peñuelas y otros 17 hogares de la comunidad gestionados por empresas privadas vuelvan a ser públicas al 100%. La moción ha sido rechazada, como era previsible por la relación de fuerzas, con el voto en contra del PP y Vox y los apoyos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

María recibe a este periódico un día antes en su dormitorio de la residencia, que se encuentra en un lugar céntrico de Madrid, solo dos kilómetros al sur de la Puerta del Sol. La acompaña su hijo Pablo Bravo, que empuja su silla de ruedas. En las salas comunes de la planta baja, los mayores se entretienen viendo la tele o dibujando. Antes había animadores que organizaban actividades y personal en la cafetería, pero la empresa que gestiona el centro a cambio de una contraprestación que paga la Comunidad ha recortado esos servicios. Tampoco hoy han venido los fisioterapeutas. Cada día faltan más cosas: toallas, papel higiénico, cubiertos...

“Vivir aquí es muy duro”, empieza ella. “Ahí abajo, hay ahora mismo una cola para hacer pipí que ni te imaginas”, dice. Como la inmensa mayoría de los residentes son dependientes, necesitan ayuda de trabajadores para que los acompañen al baño, pero apenas hay personal para tantos mayores que necesitan esa ayuda tan básica y tan privada.

María es presidenta del comité de residentes, un órgano inusual en el sector porque muchas veces no hay candidatos interesados o porque las residencias boicotean las elecciones, según denuncia la asociación de derechos Pladigmare. Ella y otros dos vocales se reúnen una vez al mes o cada dos meses con el director de la residencia. “Le contamos todos los problemas y él va apuntando. Cuando terminamos nos dice ‘haré lo que pueda’, pero nunca hace nada”.

“La culpa no es de los trabajadores ni del director”, continúa, “sino del dueño de la empresa, que se ha metido el dinero a mantas, así”, dice, llevándose la mano al bolsillo. La empresa Aralia fue fundada por el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, que el año pasado fue condenado a 19 meses de prisión en una de las piezas de la trama de corrupción Gürtel. Aralia ha gestionado Peñuelas desde 2015. Es una de las empresas con peor reputación del sector. Entre 2015 y principios de 2020, la Comunidad de Madrid sancionó a Aralia por 76.000 euros por su mala gestión de Peñuelas (mala higiene, falta de personal, asistencia inadecuada), según una investigación de EL PAÍS. 

El diario El Mundo publicó el mes pasado que Peñuelas había recibido una nueva sanción de 25.000 euros. La multa fue impuesta tras una inspección en octubre del año pasado, que detectó varias incidencias. La asociación Pladigmare había denunciado mala atención y malos tratos. En diciembre se conoció su voluntad de salir del contrato, cuando la Comunidad anunció que nadie se había presentado al nuevo contrato. Sin embargo, Aralia sigue aún a cargo.

“Pliegos de miseria”

María se mudó a la residencia en 2010 junto con su marido enfermo de alzhéimer, que murió tres años más tarde. La residencia siempre tuvo problemas, pero se agravaron con la llegada de Aralia en 2015. Un puñado de residentes y los hijos de otros dependientes empezaron a organizarse. Uno de sus compañeros, Tomás Plaza, se hizo conocido el año pasado cuando la diputada socialista Lorena Morales lo invitó a la Asamblea y contó su historia. Desde los asientos de visitantes, Tomás se echó a llorar mientras recibía el aplauso de la oposición. Tomás se marchó hace poco a otra residencia y, ahora, quedan pocos como ella que puedan defender al resto.

Este jueves, María ha acudido a la Asamblea acompañada de su hijo Pablo y de Tomás. La diputada Morales ha defendido a las 15.00 la PNL para revertir la privatización de las 18 residencias porque, argumenta, las empresas que las gestionan aceptan “pliegos de miseria”. Morales habló de María y Tomás desde la tribuna, que recibieron un aplauso de parte del pleno. 

 “La Comunidad de Madrid invierte en sus residencias públicas de gestión directa 110 euros por residente y día. Pero solo paga a la empresa que gestiona Peñuelas menos de 50 euros por residente y día”, le dijo Morales a este periódico antes del debate. “De ahí la empresa tiene que sacar su ganancia, con lo cual la atención que reciben esas personas es nefasta”, insiste.

Con esas condiciones, a la Comunidad le cuesta encontrar candidatos para llevar estas residencias. El año pasado la fundación del Padre Ángel quiso abandonar la residencia Fundación Reina Sofía Alzhéimer, en Vallecas, pero la Comunidad lo forzó a continuar en el contrato. Otras tres empresas habían descartado la gestión por la dificultad de dar un servicio de calidad. Otra empresa, Centenari, ha sido noticia por los atrasos en los pagos a sus trabajadores en dos residencias, Ensanche de Vallecas y Parque de los Frailes (Leganés). (...)"                      (Fernando Peinado , El País, 02/03/23)