Eduardo Garzón: Si la banca no puede sobrevivir sin el apoyo público, ¿para qué tener banca privada?

Eduardo Garzón @edugaresp

 Si la banca no puede sobrevivir sin el apoyo público, ¿para qué tener banca privada? Para eso mejor ahorrarnos los intermediarios y que el sector público gestione directamente este sector. Hago hilo para explicar por qué la banca debería ser pública

1) El negocio bancario no es un negocio cualquiera. No consiste en vender sillas o poner bebidas. Es algo muy diferente que no ocurre en ningún otro ámbito de la economía. Los bancos venden créditos, que es capacidad adquisitiva para la gente que lo recibe.

Y dar créditos es una actuación privilegiada y muy poderosa. De hecho, otorgar crédito es equivalente a crear dinero. Esto es algo ampliamente reconocido en la academia (incluso por el Banco de Inglaterra)
http://www.redmmt.es/la-creacion-de-dinero-en-la-economia-moderna/

El sistema monetario y bancario está pensado así. Los bancos centrales, que son las instituciones públicas que crean el dinero oficial -como los euros-, dan permiso a los bancos privados para que puedan dar crédito de esta forma (creando dinero).

Obviamente les ponen límites: no pueden crear todo el dinero que quieran. Pero aquí la clave del asunto es que las instituciones públicas otorgan un privilegio extraordinario a unos pocos agentes privados. Sin este permiso la banca privada no podría operar como lo hace hoy día.

2) Cuando los bancos privados tienen algún tipo de problema siempre aparece el sector público para solucionárselo por la cuenta que le trae, ya que si al sector bancario le va mal, también le irá mal a la economía y eso es algo que ningún gobernante quiere.

Este apoyo implica ayudas directas, como los más de 80.000 millones del rescate bancario en España, pero también un colchón de liquidez (es decir, los bancos centrales crean todo el dinero que haga falta para que el sistema bancario siga operando)

Por ejemplo, desde el año 2008, el Banco Central de Estados Unidos ha creado más de 6 billones de dólares para inyectarlos en el sistema financiero y asegurar su viabilidad.

Por su parte, el Banco Central Europeo ha creado 4 billones de euros y ha anunciado que creará 2 billones más como mínimo. La banca española ha sido de las que más se han beneficiado, obteniendo liquidez por valor de 1,4 billones de euros.

3) Los bancos privados se han comprometido a asegurar los depósitos bancarios de los clientes hasta 100.000 euros por titular. Para eso se creó el Fondo de Garantía de Depósitos, para dar tranquilidad a la gente y que nadie corriese a retirar sus ahorros por miedo a perderlos.

Pero resulta que este Fondo sólo tiene en la actualidad 3.269 millones de euros, mientras que los depósitos totales de los españoles superan el billón cuatrocientos mil millones de euros. Es decir, que los bancos privados no tienen ni el 0,2% de todos los depósitos que existen.

Si no hay suficiente dinero para cubrir todos los depósitos que hay ¿por qué la gente no corre a retirar sus ahorros? Pues porque todo el mundo sabe que el Estado no se puede permitir el lujo de que eso pase; en última instancia completaría esa brecha aportando dinero público.

En otras palabras, si no fuera por el respaldo implícito del Estado a los depósitos bancarios, la gente se llevaría sus ahorros de los bancos y todos quebrarían. Insisto: todos. De nuevo, negocio privado gracias al apoyo de lo público.

4) El Estado está perdonando a la banca privada el pago de impuestos. De hecho, seis de los mayores bancos españoles no han pagado ni un solo euro desde el inicio de la crisis económica del 2008, pese a haber ganado 84.000 millones mientras tanto.
https://www.publico.es/economia/gran-banca-no-tributado-euro-beneficios-estallo-crisis.html

Esto es así gracias a los denominados créditos fiscales, que es una especie de comodín que el Estado les da a los bancos en determinadas situaciones y que les sirve para no pagar impuestos. ¿A vosotros os dan estos comodines? A mí tampoco, pero a la gran banca sí.

Y, por favor, que nadie me venga a decir que las cajas de ahorros eran banca pública y que acabaron fatal por ello. Las cajas de ahorros no eran públicas, por su singularidad jurídica no podían tener propietarios, por lo tanto tampoco el sector público era el propietario.

Estaban comandadas por políticos, sí, pero cuando esos políticos eran designados consejeros de las cajas de ahorro se convertían en banqueros, y tenían que rendir cuentas al Banco de España como el resto de bancos, no a ninguna comunidad autónoma. De banca pública nada.

Además, a las cajas de ahorro no les fue mal por ser gestionadas por políticos. Esto es ridículo cuando vemos que en todo el mundo la banca quebró en 2008 y en ningún sitio había cajas de ahorro, eran todos bancos gestionados por banqueros de pura cepa.

Por otro lado, no a todas las cajas les fue mal, por ejemplo Unicaja, BBK o Kutxabank no tuvieron grandes problemas, y al revés, a muchos bancos les fue mal, con el claro ejemplo del Banco Popular.

El problema que tuvieron la mayoría de cajas era doble: 1) concentraron más su negocio en la construcción, que fue el sector que más sufrió la crisis, y 2) por su singularidad jurídica no podían recurrir a ampliar capital, lo que las dejaba vendidas frente a los problemas.

La liquidación de las cajas fue una decisión política, se podría haber hecho otra cosa. En cualquier caso las ayudas que recibieron las cajas acabaron en los bancos que las absorbieron. En fin, la clave es que estas cajas no tenían nada que ver con una banca pública.

En definitiva, la banca privada existe y sobrevive porque el sector público permite que así sea, a través de ayudas directas de todo tipo, de condonaciones de impuestos, de garantía sobre los depósitos y de inyecciones masivas de liquidez.

La pregunta es: ¿qué sentido tiene que haya gente haciendo negocio con un sector que, por su propia naturaleza, necesita de los medios y recursos públicos para sobrevivir?

¿No sería mejor que la banca fuese directamente pública y que comenzase a servir al interés general y no sólo al de unos pocos propietarios multimillonarios que encima se aprovechan del apoyo público? Yo lo tanto claro. Desarrollo este tema en mi canal: https://youtu.be/xN6K1UtCEsk

 8:35 a. m. · 15 sept. 2020

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La España del Trankimazin: la ansiedad es la última epidemia. España es el país con más consumo de sedantes de Europa

"(...) Hoy sabemos que hay personas con mayor predisposición a sufrirla por cuestiones genéticas. También que el entorno social puede provocarla. Y por supuesto, la vida de cada uno. Pero durante los últimos años la ansiedad ha trascendido la puerta de las consultas médicas hasta convertirse en una epidemia social.

Nunca antes había habido tantos episodios de ansiedad, tan visibles ni de los que se hablase tanto. En España somos líderes en consumo de ansiolíticos: al menos una de cada 10 personas sufre estos síntomas, según la OMS. 

De acuerdo con las últimas encuestas, la ansiedad ya es el problema mental más citado por los españoles. Y no sólo es un motivo de preocupación sanitaria: este mal -y sus consecuencias- nos cuesta el 2% del PIB anual. (...)

Si la depresión fue el mal del cambio de siglo, la ansiedad se ha convertido en la enfermedad de nuestra era. Hoy vivimos en la España del Trankimazin.

Si está leyendo esto y asintiendo afirmativamente, caben dos opciones: o es usted del club de los que la sufren -o la ha sufrido- o es de los que ha escuchado a amigos hablar de sus problemas con ella, algo cada vez má s habitual. 

En el tiempo que este periodista ha tardado en escribir este reportaje, un colega de profesión se ha ofrecido a contarle cómo gestionó sus problemas de ansiedad, un amigo le ha explicado cómo empezó a correr porque era la única forma en la que controlaba, otro le ha recomendado un libro sobre meditación, una amiga se ha quejado de una crisis que tuvo en la oficina por estrés y otra que sufría taquicardias le ha anunciado que las pruebas cardiológicas son correctas, pero que el médico la ha derivado al psiquiatra porque cree que -por supuesto- es un problema de ansiedad.

Nadie conoce mejor la enfermedad que Mayca Padilla. Ya lleva tres décadas conviviendo con ésta en su formato más severo. Nacida en Almería, vive en Barcelona desde finales de los 70. Hoy tiene 62 años y se dedica a limpiar oficinas. Mayca cuenta que apenas un par de días antes de hablar con ella ha sufrido su última crisis.

 Una discusión con un empleado de mantenimiento del edificio en el que trabaja le hizo descontrolarse y chillar. Después llegó «el subidón», la presión en el pecho y la respiración entrecortada e imposible por momentos. «Y sé que todo es mental. Pero casi me caigo al suelo», cuenta. (...)

El detonante en el sector fue el libro que en 2014 publicó el periodista Steve Stossel, director de la revista The Atlantic. En Ansiedad: miedo, esperanza y la búsqueda de la paz interior (Ed. Seix Barral), Stossel no sólo hace un divulgativo recorrido por este trastorno y por cómo sólo se ha empezado a estudiarlo realmente en las últimas dos décadas, sino que narra su propia experiencia. 

Un paciente con un caso severo de ansiedad combatido a lo largo de su vida sin éxito con todo tipo de tratamientos y fármacos. Un periodista prestigioso obligado a tomarse un batido de pastillas y whisky, hasta llegar casi a la inconsciencia, para poder hablar en público.

El de Stossel no ha sido el único testimonio similar. También han contribuido a la visibilidad de estos problemas numerosos personajes famosos que han hablado abiertamente de ello. La actriz Lena Dunham, de 31 años, es uno de los mejores ejemplos: no solamente ha contado que la ansiedad le ha seguido a lo largo de su vida «como una mala amiga que reaparece para vengarse cada vez de una forma diferente», sino que además escribió, protagonizó y dirigió durante siete temporadas la exitosísima Girls, la serie en la que la protagonista también la sufre.  (...)

El resultado de todo esto es que la ansiedad se ha revelado como el mal del siglo XXI: tanto por su prevalencia como por su creciente visibilidad y la reducción de ese tabú que suponía, del estigma social de estar mal de la cabeza.

 En Google se busca hasta 10 veces más el término ansiedad que depresión. Y desde 2011 los temas relacionados con esta también superan con creces en búsquedas a los que tienen que ver con la depresión, que era la enfermedad mental por excelencia y la primera que empezamos a compartir públicamente.

Algunos ya hablan de los millennial como la generación ansiosa, por el incremento que ha tenido en los jóvenes. En Estados Unidos, Lena Dunham es el paradigma. Allí las estadísticas muestran a la generación menor de 30 años más ansiosa de las últimas ocho décadas.  (...)

En sus 30 años de ansiedad y depresión, Mayca ha ido completando su particular colección de fobias. Hasta hace un año no era capaz de entrar a un bar a tomar café sola. Sabe nadar pero no es capaz si no hace pie. Si el metro va lleno necesita quedarse en una esquina junto a la puerta, donde vea una vía de escape. Tiene miedo a las cucarachas y a los insectos pequeños. Sufre agorafobia y claustrofobia. También TOC (trastorno obsesivo compulsivo), que la obliga a necesitar que esté todo correctamente colocado...  

El resultado, confiesa, es que sólo se siente «tranquila», sólo se siente «bien», cuando está en su casa «y haciendo las cosas» que le llenan». Entre ellas, cuenta, ayudar a otras personas. Por eso forma parte de la asociación catalana Assadegam, de pacientes con trastornos de ansiedad, única en España, en la que tratan de apoyarse unos a otros con terapias colectivas de grupo y además promoviendo una mayor concienciación.

El suyo es uno de esos casos severos. Pero son los episodios leves y moderados los que sí se han disparado durante los últimos años. Los que los médicos consideran «trastornos reactivos o de adaptación»,  (...)

La crisis ha sido un detonante de este ascenso. Las pérdidas que ésta ha supuesto han propiciado ese aumento de situaciones en las que no nos adaptamos a los cambios. Pero vivimos hoy en una sociedad que además fomenta la ansiedad . La aceleración, el estrés, la competitividad y las enormes expectativas y la frustración de no alcanzarlas azuzan el malestar. 

 Y el hedonismo, que ha «venido para quedarse», como dice el psiquiatra Bobes. Una sociedad que quiere disfrutar, que sólo aspira a disfrutar. Sobre todo una sociedad, como apunta el psicólogo Guillermo Fouce, al frente de la Fundación Psicólogos Sin Fronteras, en la que directamente no deseamos que haya emociones negativas, en la que se ha vendido, marketing puro, la idea de la felicidad, de que en la vida no podemos sufrir diferentes episodios o fases negativas.

Como explica Fouce, hemos llegado a un punto en el que «lo que se intenta es huir de cualquier tipo de problema de una manera superficial. No entendemos ni asumimos las frustraciones y lo queremos resolver todo con una pastilla».

 Y cuando eso sucede, cuando estamos metidos en ese túnel, sin pararnos a observar a los lados o atrás, es cuando irrumpe un día en nuestras vidas la ansiedad. Ese día en el que el cuerpo se tensiona, el pulso se acelera, se contrae el pecho y cuesta respirar como si fuésemos Dwan en la zarpa de King Kong y éste hubiera perdido su bestial sutileza.  (...)

Los especialistas como Cano alertan del círculo vicioso que se produce en la sanidad española. Un paciente con episodios de ansiedad acudirá al médico de cabecera, que en una consulta de apenas cinco minutos recetará un ansiolítico o derivará a Psiquiatría y a una lista de espera de meses.

 En el estudio que se ha realizado se medía cómo cambiaba la ecuación introducir más psicólogos en la atención primaria. «Hemos visto que hay un índice de recuperación del 70% frente al del tratamiento habitual con pastillas, que es del 30%», destaca Cano. (...)"              (David López Canales, El Mundo, 24/09/17)

Produce un rechazo, una angustia y un asco enorme comprobar cómo los banqueros, personas educadas, poseedoras en su mayoría de fortunas personales más que suficientes, robaron, engañaron, presionaron y maltrataron a ciudadanos ignorantes

"El pasado día 20 se presentó en Madrid el libro de Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas, titulado La gran estafa de las preferentes: abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. (...)

Este es el texto de la intervención de Gallego-Díaz:

“Quiero decirles que este libro es espeluznante. Que su lectura descompone porque es un relato detallado, impresionante, del fracaso de las instituciones, de la política y del periodismo de este país frente al poder del sistema financiero español.

Un sistema financiero que es perfectamente capaz de planear, de manera consciente y sin el menor reparo moral, una estafa de proporciones gigantescas que consiste en apropiarse mediante el engaño de los ahorros, del dinero, de pequeños clientes que habían depositado en ellos su confianza durante muchos años.

Cierto que los gestores de ese sistema ya se habían asegurado antes de que los pretendidos organismos reguladores no tuvieran ni los mecanismos necesarios para impedirlo, ni la capacidad de sancionarles por ello, pero aún así sigue produciendo un rechazo, una angustia y un asco enorme comprobar cómo personas educadas, poseedoras en su mayoría de fortunas personales más que suficientes, robaron, engañaron, presionaron y maltrataron a ciudadanos ignorantes, sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo y exclusivamente en beneficio propio.

Espeluzna el relato ordenado y pausado que va poniendo Missé delante de nosotros, porque nos hace ver la terrible indefensión en la que estamos, el enorme poder que se ejerce sobre nosotros desde el mundo financiero sin que siquiera seamos plenamente conscientes de quienes lo ejercen. De lo sucio que es el mundo financiero cuando se mezcla con el político.

 Según se va leyendo el libro, se va percibiendo cómo las personas, funcionarios o políticos que intentan advertir de lo que estaba ocurriendo o incluso modificar, al menos en parte, los mecanismos a través de los cuales se estaba produciendo la formidable estafa, son apartados, aplastados, ignorados o desviados hacia otros terrenos. 

Missé nos los presenta para que, al menos, reconozcamos su intento: son personas como Jaime Terceiro, Manuel Conthe, Paca Sauquillo, Andrés Herzog, algunos empleados de banca que, a escondidas, advierten a sus confiados clientes, inspectores del Banco de España que escriben uno tras otro informes de denuncia. 

A todos ellos se les debería rendir un homenaje público. Lo mismo que se debería hacer un acto de repudio público (independientemente de su eventual procesamiento) de todos aquellos que ocuparon cargos en aquellos momentos, que era políticos, periodistas y parlamentarios, que sabían o intuían lo que estaba ocurriendo, y que se callaron y fueron tragando la estafa sin mover un dedo. (...)

Permítanme que insista sobre dos de los aspectos de esta historia sobre los que Andreu Missé proyecta una luz poderosa. La primera, la captura del Parlamento por el lobby financiero, perfectamente reflejado en el episodio de la amnistía clandestina que ya se concedió a los bancos por el mismo asunto de las preferentes en 2003. 

Missé relata cómo la diputada socialista Maite Costa presenta un proyecto de nueva ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas que pretende impedir que esas preferentes se emitan en paraísos fiscales y, sobre todo, lograr que las sociedades emisoras tributen al menos el 5% en el impuesto de sociedades, sin deducción posible en la cuota. 

Pues bien, Convergencia i Unió, la de Artur Mas y Jordi Pujol, se encarga de lanzar una ofensiva para parar el proyecto, con el apoyo del PP, por supuesto, y finalmente con el acuerdo también del propio PSOE. Mayor victoria para la banca imposible, y mayor demostración de esa captura del Parlamento, también imposible.

El segundo asunto que me gustaría resaltar es el fracaso de los medios de comunicación a la hora de cumplir con su papel e intentar contrarrestar la asimetría en la información de la que habla Missé y que es tan relevante en estos asuntos. 

Los bancos, el sistema financiero en general, funciona con una información muy superior a la que disponen los ciudadanos normales, y sus gerentes y responsables se esfuerzan en que esa información no llegue a sus clientes. 

Se supone que las autoridades del Estado son las encargadas de reequilibrar esa asimetría, exigiendo que los clientes normales tengas acceso a esos datos. Y se supone también que los medios de comunicación van a ayudar a luchar contra esa asimetría, trasladando a un lenguaje común esa información y haciéndola accesible al común de los ciudadanos.

Pues bien, en este caso, ni una cosa ni otra. Y lo que es peor, ni una ni otra cosa están ocurriendo hoy día. Ni las autoridades del Estado han sido capaces de cambiar sustancialmente esa situación de privilegio (es verdad que la normativa europea ha ayudado un poco a mejorar ese desequilibrio) ni, sobre todo, los medios de comunicación han sido, ni son, capaces de colocar los intereses de sus lectores por encima de cualquier otra consideración, y sobre todo, por encima de los intereses de las entidades  financieras. 

Incluso da la impresión de que el papel de los grandes medios de comunicación se empequeñece día a día, al ritmo de sus propias dificultades para pagar sus propios créditos.

Este es un asunto fundamental, porque lo vemos aparecer continuamente y porque es uno de los pilares del abuso. La ignorancia. Lo hemos visto en el problema de la hipotecas, en las cláusulas suelo, en los intereses de demora que son intereses de usura (algo contra lo que legisló mi bisabuelo, nada menos que en las Cortes de María Cristina, a finales del siglo XIX).

 Nada de eso sería tan fácil, si los medios de comunicación cumplieran con su obligación primordial: contar lo que sucede, contar los hechos que se esconden detrás de vocabularios engañosos y cláusulas en letra pequeña. Si los medios de comunicación fueran capaces de defender a sus lectores o televidentes del abuso del mundo financiero.

 ¿No es lamentable que el único periódico que llamara un poco la atención sobre el extrañísimo hecho de que Bankia estuviera colocando sus preferentes a pequeños clientes y no a inversores fuera el Wall Street Journal en una pequeña información, mientras que los medios españoles no contaban absolutamente nada? ¿Estaban a por uvas? (...)"                (Soledad Gallego-Díaz, CTXT, 21/09/16)

El rescate de Rajoy, o cómo los españoles rescataron a los bancos alemanes

"La semana pasada hemos tenido noticia del magro resultado de las gestiones realizadas para recuperar el dinero invertido en el rescate de las entidades bancarias. De la cuantía final de 51 mil millones de euros, sólo se han recuperado, hasta la fecha, 2.686 millones.

 Es decir, que estamos a la espera de saber qué pasará –si es que pasa algo-- con los otros 48.324 millones de euros. En cualquier caso, ya se ha informado de que una parte será completamente irrecuperable. (...)

 Recapitulemos: el sistema financiero español realizó durante una década una política crediticia arriesgada y basada en el principio de que la propiedad inmobiliaria no baja nunca de precio. Pidieron prestado al exterior –en mercados mayoristas, o a instituciones financieras del norte de Europa-- para, aprovechando los bajos tipos de interés, colocar hipotecas sobrevaloradas y financiar proyectos inmobiliarios, amén de otras operaciones de dudoso interés, como la participación de Cajamadrid en las radiales. 

Cuando estalla la burbuja inmobiliaria, comienzan los impagos y muchas promociones inmobiliarias van a la quiebra, entrando como pérdidas en los balances de las entidades. Donde antes ponía 1000, luego puso 500. Este deterioro de activos ponía en riesgo la capacidad de las entidades para devolver sus préstamos y garantizar los depósitos de los clientes.

 Los bancos –y el estado-- perdieron la confianza del sistema crediticio internacional y se encontraron con serias dificultades para devolver el dinero que habían tomado prestado de la banca internacional.

En la estructura financiera de un banco, cuando hay pérdidas, las categorías para responder a esas pérdidas siguen un orden preciso: primero responden los accionistas; cuando los accionistas ya no tienen más dinero, responden los deudores denominados “junior” –en España, las preferentes y subordinadas, de tan infausto recuerdo-- si ese dinero no es suficiente, responden los deudores senior –los préstamos de otros bancos, los tenedores de bonos-- y sólo al final se tocan los depósitos. 

Es decir, en un banco, lo último que se pierden son los depósitos de los ahorradores, ya que primero se deben haber agotado las otras vías de respuesta ante pérdidas.  Con el rescate bancario, el estado inyectó dinero suficiente para que los deudores sénior no sufrieran ningún tipo de pérdidas, limitando el alcance de las mismas a los accionistas y a los tenedores de productos junior –preferentes y subordinadas--.

 De no haber inyectado el dinero del rescate, los bancos españoles se podrían haber declarado en quiebra y no devolver parte de sus préstamos internacionales, lo cual hubiera trasladado el problema a la banca internacional: francesa, alemana y holandesa, entre otras.

 De esta manera, el dinero público inyectado en el sistema financiero español permitió que los bancos del norte de Europa no sufrieran pérdidas por los impagos de los bancos españoles.

El ciclo del dinero fue el siguiente: el Mecanismo Europeo de Estabilidad prestó dinero a España a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca) el cual a su vez lo inyectó en los bancos españoles, que recuperaron solvencia para poder seguir devolviendo los préstamos a los bancos del norte de Europa. 

El plan era ideal si no fuera por un pequeño detalle: España tiene que devolver el dinero al Mecanismo Europeo de Estabilidad, y, por lo que parece, ese dinero no va a salir de nuestro sector financiero. 

Saldrá de nuestros impuestos, que en vez de dedicar a la mejora de nuestro sistema educativo, o a revertir los recortes en sanidad, o a luchar contra la pobreza infantil, deberán ser destinados a repagar el préstamo “en condiciones ventajosas” que nos ofrecieron las instituciones europeas.

De todo este cálculo, el Estado da por perdidos definitivamente 26 mil millones de euros.  (...)

Las malas decisiones de la burbuja inmobiliario financiera, la política de dejar pasar las señales de alarma, la perversión del modelo de las cajas de ahorro –que nunca deberían haber tomado esos niveles de riesgo-- y la querencia al enriquecimiento rápido combinaron en un cóctel explosivo que no nos ha salido gratis. Todo lo contrario.

 Pero los bancos del norte, que prestaron su dinero a los bancos españoles sin hacer una adecuada ponderación del riesgo que asumían, también tienen parte de responsabilidad en todo esto y, sin embargo, no han pagado ninguna de sus consecuencias. Sus balances no se han deteriorado por su exposición indirecta al ladrillo en España. 

Parte del dinero que podríamos estar dedicando, hoy, a sacar a los niños de la pobreza y la exclusión social, duerme tranquilo en las reservas de los bancos internacionales. Ojalá aprendamos para que esto no vuelva a suceder. Pero me temo que no va a ser así."                (José Moisés Martín Carretero, CTXT, 14/09/16)

El rescate de las cajas de ahorro fué un expolio político sobre la ciudadanía con el propósito de rescatar a sus acreedores (amiguetes y bancos franceses y alemanes)

"El rescate de las cajas de ahorro españolas —esas instituciones de crédito que se convirtieron en la banquita personal de todos los partidos políticos y del corrupto empresariado patrio que se arrimaba a su vera— requirió de una inyección directa de capital de 61.500 millones de euros: de ese importe, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (nutrido por las aportaciones del sistema bancario español durante las décadas previas) aportó 10.200 millones de euros, correspondiendo a los contribuyentes españoles los restantes 51.300 millones.

Por aquel entonces, algunos ya advertimos de que el rescate estatal de las entidades financieras concluiría en una masiva socialización irrecuperable de sus pérdidas entre el conjunto de los contribuyentes. 

Y ya entonces planteamos alternativas más sensatas y respetuosas con los derechos de propiedad de los ciudadanos: no socializar las pérdidas entre todos ellos, sino concentrarlas en los acreedores de las cajas. La propuesta, de hecho, ha terminado siendo adoptada por el conjunto de la eurozona a partir de 2016 en su nuevo mecanismo de resolución de entidades financieras. 

El Gobierno español, empero, optó en 2012 por la vía fácil de cargar el agujero de las cajas sobre las espaldas del conjunto de los españoles. Y, como cabía esperar, el quebranto derivado de semejante perversidad ya resulta demasiado evidente e irreversible como para seguir ocultándolo.  (...)

En total, pues, a finales del año próximo apenas habremos recuperado 4.100 millones de los 51.300 que nuestros políticos introdujeron imprudentemente en un sistema financiero totalmente insolvente. 

Aun cuando a medio plazo el FROB cosechara, de manera optimista, otros 10.000 millones de euros por la venta de su participación en Bankia y Banco Mare Nostrum (actualmente valorada en menos de 7.000 millones), el resultado final sería que el Tesoro español habría dilapidado el 75% de toda la inversión efectuada, con dinero de los contribuyentes, en las cajas. Las pérdidas ascenderían a 38.000 millones de euros, una media de 2.000 euros por familia española.

Se trata de un más que evidente expolio político sobre la ciudadanía con el propósito de rescatar a los imprudentes acreedores de las cajas (entre los que sobresalían, no lo olvidemos, bancos franceses y alemanes). 

Un tramposo amaño de las reglas de juego del capitalismo, cuya sana lógica subyacente no consiste en socializar pérdidas y privatizar ganancias, sino en privatizar ganancias y pérdidas: quien acierta gana, pero quien se equivoca no le endilga sus pufos al vecino que sí acertó al no seguirle en su torpe aventura. Se nos dirá que el capitalismo es así, que las cajas eran demasiado grandes como para quebrar. 

Pero no: había alternativa. Podría y debería haberse seguido otro rumbo: la imposición de quitas a los acreedores no garantizados (todos los acreedores salvo los depositantes con saldos inferiores a 100.000 euros por entidad) a cambio de la conversión de parte de sus créditos en capital de las entidades. 

De este modo, las cajas se habrían recapitalizado igualmente, pero no a costa del contribuyente, sino a costa de sus acreedores: habríamos evitado el tan temido corralito y el tan devastador ahondamiento de la depresión deflacionaria sin necesidad de desplumar impositivamente a los ciudadanos.

En definitiva, fueron los políticos españoles —y sus correligionarios de partido— quienes destrozaron financieramente las cajas de ahorros al calor de la 'burbujística' expansión crediticia alentada en toda Europa por el BCE. Y fueron posteriormente los políticos españoles quienes descargaron los escombros de su deshonesta, irresponsable y corrupta administración sobre la hacienda de los españoles. 

Ellos destrozaron el sistema financiero y ellos nos obligaron a pagar sus platos rotos. Una canallada que a buen seguro tratarán de ocultar tras la propaganda de que su decidida actuación contribuyó a salvar el país de una crisis financiera mucho mayor cuando, en realidad, solo sirvió para hipotecarlo ante su irracional e incompetente negativa a emprender la opción más eficaz y justa: trasladarles las pérdidas no a los contribuyentes sino a los acreedores. Al menos seamos conscientes de la magnitud de su tropelía y deslealtad."            (Juan Ramón Rallo, El Confidencial, 12/09/16)

Documentar cientos y cientos de casos de sobretasaciones y concesiones fraudulentas de hipotecas en Caja Madrid, para juzgar a los responsables, Blesa y compañía

"La querella del Tribunal Ciudadano de Justicia, admitida a finales de marzo, abre las puertas para juzgar a los principales responsables del hundimiento de Caja Madrid. No sólo por estafar al banco, sino a toda la sociedad española. (...) 

“Como el Gobierno no va a investigar, lo vamos a hacer nosotros”, fue la idea que impulsó la creación de plataformas ciudadanas para juzgar a los responsables de una crisis que las asambleas del 15M siempre calificaron de “gran estafa”.  (...)

Un frente más se abre para los gestores de la caja nacionalizada, en especial para Miguel Blesa, que en 2014 había evitado que la cosa fuera a mayores con la inhabilitación de por vida del juez que instruía su caso, Elpidio Silva. Un nuevo frente que “apunta al fondo de la cuestión: cómo nos estafaron los gestores de los bancos”, dice a Diagonal Liliana Pineda, una de las impulsoras del TCJ.

A diferencia de otras iniciativas similares, dice, la querella del TCJ pretende poner en el centro“el carácter sistémico” de la estafa inmobiliaria. En esta demanda, explica Pineda, los afectados de esta “gran estafa” no son un sector específico: “De alguna manera estos gestores han defraudado al conjunto de la sociedad, porque ha sido el Estado, a través de los recortes, los rescates y la emisión de deuda, quien ha tenido que cubrir esta gestión fraudulenta de los bancos”.

De las plazas a los tribunales

“Hemos llegado aquí gracias al éxito de la gestión horizontal y participativa”, explicaba el 30 de marzo Pedro Martí, otro de los portavoces del TCJ. Desde inicios del 15M, narra Liliana Pineda, la “angustia de la gente que se movilizaba por el tema de la vivienda, que estaba sufriendo los de­sahucios”, condujo en las plazas al gran debate: cómo castigar a los responsables del fraude inmobiliario.

A mediados de 2012, el TCJ hizo un llamamiento a los afectados por la sobretasación hipotecaria y el 7 de junio se reunieron cerca de 300 personas en la Plaza del Carmen, a pocos metros de Sol.

“Nos dimos cuenta de que para demostrar el carácter sistemático de la estafa no valía con aportar unos pocos informes”, cuenta Pineda. En la plaza del Carmen se comenzaron a revisar cientos, miles de casos de afectados por la estafa inmobiliaria. No fue algo fácil. Escritura completa, papeles de la hipoteca, de la tasación… La mayoría de los afectados no tenían esa documentación. 

Según relata Pineda, se pusieron en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con las asambleas de vivienda que habían nacido en los barrios al calor del 15M. De los más de 2.000 afectados con los que hablaron, pudieron documentar cientos y cientos de casos de sobretasaciones y concesiones fraudulentas de hipotecas en Caja Madrid.

Las historias se repetían. Eran personas que “por su situación económica o social” tenían dificultades para conseguir una vivienda en alquiler. A menudo, las condiciones para comprarse una casa a 25 años eran más asequibles que los requisitos –y los precios– que les pedían para una vivienda en alquiler. “En un momento de explosión urbanística sin precedentes, lo importante era enganchar a la gente.

 La mayoría tenía contratos laborales que no pasaban de los dos años. Algunos tenían permisos temporales de residencia”, dice Pi­neda. En ocasiones, relata, los promotores juntaban a dos compradores que no se conocían y en el mismo momento de la venta uno se convertía en avalista del otro.  (...)

Además de la falta de información sobre lo que estaban firmando –qué eran las cláusulas suelo, cómo su­bían los intereses a partir del segundo año o qué era la dación en pago a la que no tenían derecho–, el otro punto que une todos los relatos eran las sobretasaciones.

Pongamos que una casa vale 100, y la notaría y los impuestos otros 10. El Banco de España recomienda que el crédito para pagar esa vivienda no supere 80. Es decir, que el comprador debe aportar los 30 que faltan. Pero, ¿qué pasa si no los tiene? En los años del milagro español eso no era un problema. 

La tasadora valoraba el piso en 130, de forma que sobre el papel parecía que no se había concedido un crédito hipotecario superior al 100% del valor del inmueble. Así, la banca podía dar préstamos a “personas insolventes, quienes, sin adelantar cantidad alguna, veían cómo les entregaban una casa”, cuentan desde el TCJ. A veces, en la ampliación de hipoteca se incluían el coche o los muebles.

Pero ¿por qué la tasadora iba a hacer algo así? Ah, ¿no lo hemos dicho? La mayoría de las tasadoras son propiedad de los bancos. Es el caso de la tasadora del grupo de la caja madrileña, Tasaciones Madrid SA, cuyo ex director general Ignacio de Navas­cués ha sido imputado por el juez De la Mata en la querella del TCJ.

La misma Fiscalía Anticorrupción –con ese nombre, ¿no se debería dedicar a perseguir la corrupción?– no negó la veracidad de las acusaciones de la querella, aunque recomendó que ésta no fuera aceptada al tratarse de una “práctica generalizada”.

 En esto tiene razón: el Banco de España y un estudio de 57.000 casos de la Universidad Pompeu Fabra confirmaban que las sobretasaciones eran una práctica sistemática. Pero la Fiscalía Anticorrup­ción –“aliada de los querellados”, según denuncia Pineda– se equivocaba en el resto, al menos según el juez De la Mata: el hecho de que las sobretasaciones fueran “generalizadas” no puede “justificar cualquier práctica”, dice el texto en el que se admite la querella.

¿Quién se come el marrón?

Pero la pregunta sigue ahí: ¿por qué un banco se iba a arriesgar a que todos estos créditos nunca fueran devueltos? La querella del TCJ tiene una explicación. Se llama titulización. Un procedimiento que los bancos sólo podrían utilizar con los préstamos hipotecarios “saludables”, aquellos que no supusieran –precisamente– más del 80% del valor del inmueble.

Pero ¿qué es titulizar? Tomas unas cuantas miles de hipotecas, de las buenas, fuertes y robustas, y las mezclas con otras miles de origen dudoso, tóxicas, las empaquetas en un bono hipotecario, te aseguras de que alguna de las tres grandes agencias de calificación les den la máxima calificación –una triple A– y las vendes en los mercados financieros internacionales. 

De esta forma, explica Juan Carlos Barba, no tenían que esperar 25 años para recuperar el valor total del dinero prestado, sino que, de forma inmediata, “volvían a conseguir financiación para alimentar el monstruo en el que se había convertido el sector de la construcción”.

Otra vez con la conspiranoia: ¿por qué una agencia de calificación de prestigio internacional con más de 100 años de antigüedad iba a engañar a los inversores? La razón hay que rastrearla a mediados de los años 70, cuando la desregulación de los mercados financieros llevó a que las agencias de calificación ya no fueran remuneradas –como había sido hasta entonces– por las personas que invierten en bonos y en acciones, sino por aquellas entidades que los emiten. Por esta misma práctica, estas calificadoras han recibido multas milmillonarias en EE UU.

Cuando “el mayor proceso es­peculativo de la historia del capi­talismo”, según palabras de The Eco­nomist, quedó al descubierto, el sistema bancario quebró en cadena, también en España. “¿Cómo podíamos ganar cada vez menos y gastar cada vez más?”, se pregunta José Luis Carretero en el libro Tu casa no es tuya, es del banco.

En el caso de Caja Madrid, según Pedro Martí, “esas pérdidas, inicialmente, trataron de cubrirse con las participaciones preferentes”, pero como no lograron cubrir el agujero generado, la caja efectuó su salida a bolsa sin informar a los accionistas de que el banco estaba arruinado. Este proceso, prosigue Martí, terminó con el rescate de la banca. “La crisis la iba a pagar sólo la población, ése fue el acuerdo”, sostienen desde el TCJ.

La demanda del TCJ pretende poner en el centro “el carácter sistémico” de la estafa inmobiliaria

“En vez de meter en la cárcel a los gestores que habían causado la crisis y exigirles responsabilidades, el Gobierno aceptó el poder de éstos”, dicen.

 Como nadie más iba a hacerlo, han sido las iniciativas desde abajo las que han marcado el debate y los procesos judiciales contra Caja Madrid y Bankia. Liliana Pineda admite que prevén encontrarse con todo tipo de obstáculos: además de la resistencia de la Fiscalía Antico­rrupción, con los despachos más potentes a nivel mundial.  (...)

“Estamos apuntando muy alto, a las tripas del sistema financiero… Pero ya consideramos un éxito que la querella haya sido admitida y que de alguna manera se pueda estar hablando sobre todo esto”, dice la abogada del TCJ. "                (Martín Cuneo, Diagonal, 17/04/16)

Caja Laboral, obligada a devolver 21.400 euros a una mujer de ochenta años a la que vendió aportaciones subordinadas de Fagor

"El Juzgado de Primera Instancia Nº8 de San Sebastián acaba de dictar una sentencia, a la que ha tenido acceso íntegro La Tribuna del País Vasco, por la que condena a Caja Laboral a devolver 21.400 euros a una mujer de ochenta años a la que, “ocultando información”, había vendido este capital en aportaciones financieras subordinadas de Fagor. 

El dictamen judicial también condena a la entidad financiera del Grupo Mondragón a hacerse cargo de las costas del proceso.

La sentencia, larga y detalladamente argumentada, explica que la información facilitada por Caja Laboral a la compradora de las aportaciones financieras subordinadas fue “deficiente o incompleta”, lo que ha de considerarse como “una ocultación dolosa determinante de un error invalidante del consentimiento”.

Las conclusiones del Juzgado Nº8 de San Sebastián son rotundas en lo que hace referencia a la falta de información proporcionada por los gestores de Caja Laboral: “La entidad financiera no alerta sobre las importantes consecuencias económicas adversas que puede tener este producto financiero”. 

De hecho, el fallo añade que estas posibles consecuencias negativas de las aportaciones financieras subordinadas de Fagor “se ocultaban o se diluían bajo el eufemismo de que podían no existir beneficios para el cliente”.

Por todo esto, el Juzgado donostiarra, que explica que en este caso se dan “todos y cada uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la existencia de un error invalidante”, anula el contrato de compra de las aportaciones y condena a Caja Laboral a devolver 21.400 euros a la demandante. (...)”.          (Euskadi Información Global, 26/03/2015)

El Banco de España, los jueces, los economistas... y los políticos causaron la ruina de las Cajas de Ahorro

"Parece que se ha instalado como versión oficial que las cajas de ahorros quebraron porque había políticos que las gestionaban.  (...)

Si hay que hablar de politización hay dos actores fundamentales en el puzle: el BdE y la justicia española. El primero decide en 2005 no tomar medidas para pinchar la burbuja inmobiliaria cuando los inspectores dan la voz de alarma. Pero es que además, después del estallido de a crisis, la lista de fusiones pasará a ser un ejemplo de manual de economía de lo que no hay que hacer. 

 Primero decidieron fusionar las cajas,con el único criterio de que las fusiones se realizaran entre comunidades autónomas (CCAA) del mismo color político,de este modo se dificulta seguir el rastro de operaciones que han dado pérdidas desproporcionadas para el tamaño de estas entidades. 

Una vez efectuadas las fusiones las nuevas entidades nacen con grandes necesidades de capital y se procede a recapitalizarlas, haciendo todo lo posible por crear dificultades a la tarea de identificar con claridad el origendel agujero (el grueso de las ayudas se dan en el año 2012 cuando sólo existen 15 entidades de las 45 que había en 2009); respecto a la justicia es reseñable su fuerte “politización” a favor de los responsables de la debacle ya que su trabajo ha consistido en limpiar cualquier rastrode los delitos cometidos, resolviendo que investigar los correos de la cuenta de trabajo de los presidentes de las cajas vulneran su derecho a la intimidad, aunque existan pruebas claras de cómo gestionaban el cortijo, con ejemplos que van desde los cuantiosos préstamos irregulares concedidos a familiares y empresas vinculadas al ex presidente de la CEOE, Díaz Ferrán,a lasinversiones ruinosas de Su Casita en Méjico, Banco de Florida en EEUU (operaciones investigadas después del estallido de la crisis por delitos societarios, administración desleal, falsedad documental o apropiación indebida) o las financiaciones a sociedades de promoción inmobiliaria participadas, situadas en las antípodas de las buenas prácticas bancarias.  (...)

La historia de estas entidades es tan desgarradora y las leyes dejan tras de sí datos tan ilustrativos como los que se derivan de la “Ley de Transparencia” (el nombre lo podían haber elegido los hermanos Marx) aprobada por el PSOE en 2003 donde, entre otras cuestiones, a las cajas de ahorros se les requiere crear una Comisión de Inversiones que:

“[…] remitirá anualmente al consejo de administración un informe en el que, al menos, deberá incluirse un resumen de dichas inversiones, así como sobre su viabilidad financiera y sobre la adecuación de las mismas a los objetivos fundacionales de la entidad.”

El resumen de 2004 a 2009 es el siguiente: Entre todas las cajas que han recibido ayudas, estas comisiones evaluaron 786 operaciones en 6 años emitiendo 524 informes entre los que no figura ninguno negativo y eso que ahí constanoperaciones como la compra de Bank of Florida o Su Casita por Caja Madrid. Ante esta situación a uno solo le queda decir que entreguen los títulos en las universidades correspondientes y pidan perdón.

A pesar de todo lo dicho, culpar a todo el sistema de gobierno de las cajas en abstracto bajo la tesis de la politización es la mejor forma de repartir las culpas y escurrir el bulto (...)"               (Blog de Econonuestra en Público.es

,  Juan Rafael Ruiz y Patricia Stupariu, en Economía crítica y crítica de la Economía, 19/08/2014)

¿Sabía Rato que Bankia tenía los pies de barro? Se sentía inmune. Pero se equivocó

"Si existe un paradigma de lo mal que ligan la política y las finanzas, ese es Bankia. (...)

La coincidencia de política, ladrillo y falta de gestión profesional, aliñada con la mayor crisis desde la II Guerra Mundial, ha dado lugar a un fiasco que ha costado 23.000 millones a los ciudadanos y grandes pérdidas a 380.000 accionistas. (...)

El exvicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha protagonizado la mayor injerencia de la política en una institución financiera. Su nombramiento fue político, su gestión fue política y su salida fue política, resume un ejecutivo cercano.

 Rato estuvo dos años y cuatro meses como presidente de Bankia, durante los que le tocó capear los momentos más complicados que ha vivido el sector en décadas. “No se puede jugar con dos barajas al mismo tiempo: la política y la financiera, sobre todo cuando tienes problemas. 

Él no tenía la cabeza en la entidad; ya era difícil sacar adelante Bankia dedicándose al 100%, así que si estás distraído… No debía haber estado en el balcón de la sede del PP en Génova, en las citas electorales”, concluye este ejecutivo.  

Lo cierto es que Rato heredó una entidad envenenada. Según exgestores de Caja Madrid, desde mediados de 2008 el balance empezó a deteriorarse al tiempo que dejó de recibir grandes plusvalías de Endesa y otras participaciones. “El último año y medio del expresidente Miguel Blesa fue fatal”, dicen estas fuentes, que piden el anonimato.

 La entidad perdió fuerza comercial, se metió en negocios de baja rentabilidad y sembró la semilla de los problemas inmobiliarios al prestar mucho dinero a promotores. En paralelo, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, inició una campaña contra Blesa para reemplazarlo por un colaborador suyo, Ignacio González. En la pugna, apareció Rodrigo Rato como la opción menos descabellada. La política tomó el mando para despolitizar Caja Madrid, dijo el PP. Curioso.

Blesa acabó sus 13 años de mandato con el peor resultado desde que llegó, lo que indicaba un claro cierre de ciclo. “He reforzado el balance ante un 2010 muy difícil”, advirtió entonces, y reconoció tener ya 1.200 millones en inmuebles adjudicados.

Y Rato, que en 2005 había advertido desde el FMI sobre los puntos débiles de las cajas, sabía que la situación era delicada. A principios de febrero envió una realista carta a los principales cargos: “Nos enfrentamos en 2010 a un entorno económico complicado. La fase recesiva del ciclo aún no ha tocado suelo”. 

Y puso el dedo en la llaga, en la falta de capital, que acabaría siendo la tumba de Bankia. “La regulación financiera nos va a obligar, no solo a preservar, sino a aumentar nuestra capitalización y a mejorar nuestro perfil de riesgo”.

El 29 de mayo de 2010, Rato comunicó al Consejo de Caja Madrid la fusión con cinco cajas pequeñas: Laietana, Ávila, Rioja, Insular de Canarias y Segovia. Para esta operación dijo necesitar 3.000 millones de ayudas del fondo de rescate bancario, el FROB. Sin embargo, 11 días después, Rato y Olivas, ambos, anunciaron que Bancaja se incorporaba al proyecto.

 ¿Por qué? Los que se fusionaron cuentan que tuvieron el apoyo y/o empuje del Banco de España y del Ministerio de Economía de Elena Salgado. Además tuvieron informes favorables de AFI y Deloitte. Otras voces críticas creen que se hizo para favorecer al PP, que intuía que la Generalitat Valenciana, junto con la CAM, Bancaja y el Banco de Valencia podían convertirse en Grecia, con una suspensión de pagos apoteósica. Al Gobierno socialista le interesó colaborar.

Firmaron la fusión con solo 4.465 millones de ayudas, 1.465 millones más de lo previsto al principio, pese a que incorporaron a Bancaja, un monstruo de casi 100.000 millones de activos, muchos tóxicos. Europa limitó la cuantía de las ayudas y las cobró casi al 8%, un precio difícil de pagar para entidades en crisis. El BFA acabó 2010 realizando un refuerzo de 9.000 millones en provisiones, cargados contra capital.

Pero, probablemente, el mayor error de gestión de Rato fue la salida a Bolsa. El Gobierno exigió una ratio de capital del 10% a las entidades que no cotizaran y un 8% a las que sí. Rato decidió salir al parqué cuando su cociente era del 7,5%. Si no se alcanzaba el mínimo, el Estado entraría en la entidad.

 En los consejos de Bankia se justificó la operación “por imperativo legal, para evitar que las cajas perdieran su patrimonio”. Con pocos profesionales y muchos políticos en los consejos, la salida a Bolsa de Bankia se convirtió en “cuestión de Estado”. Zapatero y el Banco de España ayudaron a Bankia forzando a muchas empresas del Ibex 35 a comprar sus acciones. Consiguió 3.000 millones de los inversores.

 ¿Sabía Rato que Bankia tenía los pies de barro? Altos ejecutivos dicen: “Creó una entidad demasiado grande para caer como seguro de vida. Se sentía inmune. Pero se equivocó”. La cotización —muy apoyada— se mantuvo en línea con la banca hasta la dimisión de Rato. Desde entonces, ha perdido el 75% de su valor. Todo en Bankia es a lo grande, incluso su estrepitosa caída."           ( Íñigo de Barrón , El País, Madrid 1 JUL 2012 )

“Lo peor de lo peor” era la CAM. Concedió a sus consejeros 161 millones en préstamos blandos, en algunos casos al 0%

"De cuarta caja de ahorros a ejemplo de malas prácticas. Caja Mediterráneo (CAM) se hundió el año pasado como un castillo de naipes ante los ojos atónitos de muchos y el sonrojo de otros, tras un accidentado e infructuoso intento de pactar una fusión que evidenció su debilidad.

 La intervención del Banco de España el 22 de julio sacó a la luz una realidad que llevó a la CAM a ser calificada como "lo peor de lo peor", por el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.  (...)

"Lo que nos ha hundido es el ladrillo", enfatiza un exconsejero que reclama anonimato. Su respuesta se amplía al preguntarle los motivos de la crisis de la CAM, que atribuye al "endiosamiento del equipo directivo, la avaricia en la construcción, la manga ancha en la gestión y la falta de controles internos".

 Eso, agrega, "más la instrumentalización política". Y es que la CAM acompañó a la Generalitat valenciana en muchas y costosas aventuras: la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el ruinoso parque Terra Mítica o la Ciudad de la Luz. Tres días antes de la intervención, por citar otro ejemplo, prestó al ejecutivo valenciano 200 millones. También concedió, entre 2004 y 2010, a sus consejeros 161 millones en préstamos blandos, en algunos casos al 0%. (...)

La caja había duplicado su negocio inmobiliario entre 2003 y 2005. Llegó a participar en 66 sociedades y en 104 proyectos del sector. Se vinculó a Polaris, Martinsa, Nozar o al proyecto de El Pocero en Seseña. También saltó el charco. En abril de 2009 compró el 100% de la mexicana Crédito Inmobiliario, donde invirtió casi 300 millones. El proyecto no levantó el vuelo y fue liquidado en junio.  (...)

Luego fue intervenida. Cuestionada la gestión, las indemnizaciones millonarias y los salarios de sus directivos atizaron el escándalo. "Como ciudadano me estremezco cuando escucho esas indemnizaciones ilógicas y fuera de lugar en estos momentos de crisis", llegó a decir Alberto Fabra, presidente valenciano.

 Y es que pocos meses antes de la intervención, López Abad y otros cinco altos directivos de la CAM se acogieron al ERE de la entidad con prejubilaciones que sumaban 15,5 millones, según el expediente disciplinario abierto por el Banco de España en enero a 48 exdirigentes. Su sucesora, María Dolores Amorós, se puso un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. Amorós fue despedida fulminantemente por el supervisor en septiembre de 2011, entre otros motivos por falsear la contabilidad con artificios financieros.

 Recurrió a los tribunales y en la vista exigió 10 millones en concepto de lucro cesante. Pero la juez la dejó sin indemnización ni pensión vitalicia. El otro gran protagonista fue el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, que no tenía sueldo oficial pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de CAM, TI Participaciones.  (...)

Esta mala gestión también la pagaron miles de clientes. "Estoy en la CAM desde que era Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Nunca tuve problemas", relata Concepción Arroyo. Tras el cobro de "un dinerillo" surgió la posibilidad de comprar cuotas participativas. "Siempre pedía que el capital estuviera garantizado porque no quería ningún riesgo", recuerda. Le ofrecieron una fórmula mixta: 1.500 euros en cuotas y un plazo fijo a un interés superior al del mercado. (...)"              ( Rosa Biot , El País, Alicante 25 JUN 2012)

Caixa Catalunya: su estrategia de expansión se basó en captar clientes que habían sido rechazados por otras cajas y bancos

"Contaba Narcís Serra que una de las primeras decisiones que tomó al asumir la presidencia de Caixa Catalunya en 2005 fue la de impartir un curso de finanzas a los miembros del Consejo de Administración de la entidad antes de cada reunión.

 A la práctica, eso significaba que el máximo órgano de gobierno de la caja vinculada a la Diputación de Barcelona —controlada entonces por el PSC— confiaba ciegamente en la estrategia del director general, entonces Josep Maria Loza —que salió con una indemnización de 10 millones de euros—, y su entorno. Hoy una cincuentena de miembros del consejo de la entidad en 2010, incluido Serra, están imputados por cobros “desproporcionados” en plena crisis.

La que fue la segunda caja de ahorros catalana decidió aprovechar la burbuja inmobiliaria para romper las fronteras que hasta entonces la encorsetaban en su comunidad. Como muchas otras entidades, Caixa Catalunya se lanzó a financiar a promotores. Pero además, la entidad armó su brazo inmobiliario Procam, que se plantó en el arranque de la crisis como una de las diez mayores sociedades del sector.

 La compañía constituyó más de 80 filiales que agrupaban una inversión total de 4.500 millones de euros. La promotora empezó a levantar promociones, en ocasiones sola y en otras con promotoras locales. Lo hizo sobre todo en el litoral mediterráneo, pero también se aventuró, por ejemplo, a construir un gran desarrollo turístico en el Algarve portugués.

Su estrategia de expansión se basó también en captar clientes en otras comunidades a través de la concesión de hipotecas, en especial a clientes que habían sido rechazados por otras cajas y bancos. A ello contribuyó que en esa época el departamento de riesgos dependiera de la dirección comercial.

 Al comienzo de la crisis, Caixa Catalunya era ya la segunda entidad con mayor morosidad del sistema, solo por detrás de Caja Castilla-La Mancha. El 32% de las hipotecas de su balance habían sido concedidas por más del 80% del valor de tasación de los activos. Eso era una auténtica bomba de relojería que hubiera estallado si el Estado no hubiera empezado a bombear fondos públicos.

Para tratar de tapar la herida, la entidad se fusionó en 2010 con las cajas de Tarragona y Manresa y recibió un primer crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 1.250 millones de euros. Sin embargo, esos fondos fueron insuficientes para parar la hemorragia que provocó la acumulación de activos tóxicos en su balance. La entidad fue nacionalizada primero y luego capitalizada con fondos procedentes de la Unión Europea. 

En total, la entidad ha recibido 12.050 millones de euros procedentes del bolsillo de los contribuyentes, a los que hay que sumar otros 572 millones que se inyectaron para vender la cartera de hipotecas tóxicas, que finalmente se quedó Blackstone.

Ese año, el de la inyección de capital con fondos de la Unión Europea, CatalunyaCaixa acabó con unos números rojos de 11.856 millones de euros que en 2013 logró remontar al apuntarse un beneficio de 532,2 millones que consiguió gracias a los créditos fiscales, que ascendieron a 2.023 millones de euros, y el burden sharing, es decir, el capital que pudo obtener gracias a que los tenedores de instrumentos híbridos —preferentes y deuda subordinada— asumieron parte de las pérdidas.

La entidad tampoco ha sido ajena a los escándalos a propósito de los sueldos de los directivos y el consejo. El antiguo presidente de la caja, Adolf Todó, fue despedido de forma procedente para evitar el pago de 4,5 millones de euros. Sin embargo, Todó ganó el primer asalto judicial después de que el juez sentenciara que debía ser readmitido o bien indemnizado con 1,2 millones de euros."             ( Lluís Pellicer , El País, Barcelona 22 JUL 2014)

El timo de las preferentes, contado por una de las estafadas

 (youtube)

"Quiero compartir con vosotros la historia de C. P. Da un poco de rabia escribir sobre alguien que desea esconder su nombre, aunque no su rostro, porque suele tratarse de personas que temen verse perjudicadas después de contar su verdad, o que simplemente se sienten avergonzadas por algo que hicieron. C.P. niega la mayor. Asegura que no se ve ni “una tonta” ni “culpable”.

 A lo mejor se habría ahorrado el ruego de que no trascendiera su nombre si en la calle no hubiera escuchado algunos gritos difíciles de digerir, como “¡nazis!” o “¡codiciosos!”… Esos gritos la asustaron.

C. P. fue increpada durante su participación en una de tantas protestas de afectados por las participaciones preferentes, ese producto complejo que convirtió a centenares de miles de ahorradores en inversores de riesgo, en la mayor parte de los casos sin saberlo, según están demostrando los jueces y los resultados de los arbitrajes.

 Sólo la presión de los afectados y los juzgados han logrado que en muchos de los casos los ahorradores hayan recuperado un dinero, o una parte del dinero, y que muchas entidades financieras hayan acabado actuando inquietas por el consecuente daño de imagen y reputación.

Las preferentes parece que ya no están informativamente de moda.  (...)

El problema de las preferentes es el modo en que se comercializó este complejo producto. El pecado, haber salido a la caza del pequeño ahorrador cuando los grandes inversores que se conocen el percal ya habían salido huyendo de él, haber incentivado a las oficinas y a sus empleados a venderlo sin desvelar su naturaleza y sus riesgos. Porque la banca –las cajas y los bancos- necesitaban gasolina –dinero- para su expansión de los años locos.

Sin duda, en este país es necesario incrementar la cultura financiera del ciudadano. En su ausencia, buscar asesoramiento resulta esencial. Cierto. Y debemos aprender a leer la letra pequeña y a preguntar lo que no se comprenda. 

Pero por mucho que se empeñe el sector financiero, no es de eso de lo que estamos hablando en este espacio. Aquí aludimos a la cantidad de ciudadanos que confiaron ciegamente ese asesoramiento a la sucursal bancaria a la que llevaban media vida, o toda, vinculados, y que, a cambio, resultaron estafados.

C.P. no ha sabido nada más de los 30.000 euros que, mes a mes, durante años, había ido acumulando con su esposo “pensando en un dinerillo para la vejez”, y que le guardaban en la entidad bancaria con la que siempre tuvo trato: Caixa Laietana, engullida por Bankia. 

La mujer afirma que fue “presionada” a firmar una “inversión segura de la que podría disponer en cuanto necesitara el dinero”, y que lo hizo después de que le insistieran “mañana y tarde por teléfono” mientras su marido vivía sus últimos días en un hospital de Barcelona. 

Ella adujo que el dinero estaba a nombre de los dos, y la respuesta que obtuvo fue un “no pasa nada, usted firme”. En el episodio de las preferentes encontramos todo tipo de firmas: de perfiles de riesgo que no coinciden, firmas falsificadas... Hay firmas auténticas sin lectura previa de documentos.

Por esta razón, C. P. aceptó sin dudar ser la protagonista del vídeo con el que Alternativas Económicas ha lanzado su campaña de crowfunding en Verkami para editar el libro que Andreu Missé, director de la publicación, ultima sobre el mayor fraude masivo orquestado en España, tras más de 13 meses de investigación.

A C. P. le taparon los ojos para que no viera. Su deseo pasa por que se conozca lo ocurrido."                   (Ariadna Trillas , eldiario.es, 11/06/2014)

55.000 inversores de cuotas participativas de CAM ven como se liquidan a cero euros

"La Obra Social, que mantenía los títulos equivalentes a las acciones de la antigua caja tras la adjudicación a Sabadell del negocio bancario, ha apurado hasta el final del plazo legal para dejar sin valor los títulos de cerca de 55.000 inversores, que salieron a Bolsa en 2008 a 5,84 euros. (...)

Eso sí, el organismo formado por varios representantes sociales y empresariales alicantinos deja claro que el valor a cero euros viene determinado por las cuentas de la antigua caja de ahorros de 2011 aprobadas por la Asamblea General a propuesta del Frob, tras la intervención de la caja. 

Alrededor de 55.000 personas habían adquirido cuotas participativas, una fórmula con la que se pretendía capitalizar a las cajas de ahorros, pero que sólo emitió finalmente CAM. Los títulos salieron a cotizar a 5,84 euros en julio de 2008 y llevaban suspendidos en Bolsa desde diciembre de 2011. (...)"        (Expansión, 31/03/2014)

El coste del rescate a las cajas de ahorro gallegas

"El día 17 de diciembre de 2013 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha hecho público el resultado de la subasta para vender Novagalicia Banco. (...)

Con esta operación de venta se consuma un nuevo y escandaloso expolio de fondos, fundamentalmente públicos, únicamente justificado con el argumento de que el resto de las ofertas planteadas por otros bancos y fondos de inversión eran más lesivas para los intereses generales que la que finalmente se ha aceptado.

 Debido al oscuro y turbio proceso de subasta realizado, es imposible saber si el FROB ha elegido o no la mejor oferta para “sus accionistas”, es decir, para los ciudadanos. (...)

Hasta el momento ha supuesto  ya unas pérdidas de 8.780 millones de euros para el Estado, más del doble del recorte realizado por las Administraciones Públicas en educación. (...)

La propaganda oficial parece haber diluido la responsabilidad de la quiebra y del posterior rescate hasta dejarla en lo más parecido a un desastre natural sin culpable penal alguno, ya que, como ha indicado la Audiencia Nacional ante la petición de apertura de diligencias a fin de determinar si los directivos habían incurrido en algún ilícito, “la mala gestión no es delito”.

 Sin embargo, es ineludible la asignación de las responsabilidades en las que han incurrido los diversos participantes en esta ruinosa operación:

1. Los directivos José Luis Méndez López y Julio Fernández Gayoso, máximos responsables de Caixa Galicia y Caixanova durante los últimos años y todos los miembros de los consejos de administración de las cajas, no pueden eludir su responsabilidad por la desastrosa actuación que llevó a sus entidades a la nacionalización. Resulta vergonzoso que las únicas actuaciones penales se hayan puesto en marcha únicamente por la percepción de millonarias indemnizaciones[1], olvidando los efectos de la gestión en los años previos a la fusión, el falseamiento de las cuentas anuales año tras año con el objeto de retrasar el reconocimiento de las pérdidas y la adopción de medidas extremadamente arriesgadas que comprometieron, aún más si cabe, el futuro de sus entidades.

2. Deloitte[2] y PWC[3] supervisaron los estados contables de las cajas antes de la fusión y dieron opinión favorable sin salvedad alguna en sus informes. En ningún momento dieron la voz de alarma ante el deterioro de sus carteras de créditos y las inversiones  excesivamente arriesgadas en participadas. No alertaron de sus necesidades de capital. A partir de la fusión, las cuentas anuales de NCG Banco fueron encargadas a Deloitte que mantuvo idénticos criterios que se han manifestado absolutamente insuficientes para evaluar el estado de compañías que solamente descubren las pérdidas que ocultan en sus balances tras su nacionalización. ¿Para qué sirven entonces los informes de auditoría?.

3. El Banco de España ha protagonizado una lamentable actuación en todo el proceso. En los años de crecimiento desaforado de los balances de Caixa Galicia y Caixanova hizo caso omiso a su obligatoria labor de supervisión y de actuación para evitar la situación de insolvencia de las cajas. Cuando el problema estalló, aunque era plenamente consciente de la profundidad del mismo, actuó de manera claramente insuficiente amparando la nefasta actuación de los directivos de las entidades. Cuando sus inspecciones detectaron las enormes necesidades de capital que ambas cajas de ahorro tenían, optó por autorizar una fusión que no solucionaba el problema de solvencia existente[4].

4. A nivel de política autonómica, las responsabilidades se extienden desde la Xunta de Galicia, que amparó las actuaciones que llevaron a las cajas de ahorro a su quiebra, al resto de fuerzas políticas que se aprovecharon de la deriva de las entidades. No en vano, las cajas constituían una fuente de financiación fundamental para el Partido Popular, el PSdeG-PSOE y en menor medida y a partir de los noventa, también para el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Las fuerzas políticas colaboraron con su silencio a perpetuar comportamientos que primaban los negocios de amigos, socios o donantes de sus formaciones políticas en vez de actuar. La responsabilidad de la Xunta en el proceso de fusión es ineludible ya que forzó una solución que no arreglaba los problemas de las entidades para salvaguardar su control. Eso puso en riesgo aún mayor a la entidad ocasionando un deterioro considerablemente mayor al existente.

• Por último, todo lo anterior no habría sido posible sin la negligente actuación del Ministerio de Economía, especialmente desde 2003 pero que se agudizó en la gestión que de la crisis de estas dos cajas de ahorro ha realizado el FROB. La estrategia política ha consistido en salvaguardar a los acreedores privados de las entidades bancarias en detrimento del dinero público. Eso ha puesto en riesgo los depósitos del conjunto de los ahorradores. El retraso en el reconocimiento del problema y en la recapitalización de las entidades ha agudizado los daños en las entidades nacionalizadas. Por último, el opaco proceso de privatización de la entidad fusionada ha supuesto el reconocimiento de un descomunal expolio de dinero público sin que pueda por esta operación considerarse que la sangría no pueda ser mayor en el futuro.

Había otras alternativas para haber salvado los ahorros depositados en las cajas de ahorros y en NCG Banco y, al mismo tiempo, minimizado el coste para el Estado de este rescate. 

Sin embargo se optó por un proceso de sustitución de acreedores que hizo que el volumen de pasivo soportado de hecho por el Estado fuera enorme e imposibilitando de ese modo otro tipo de actuaciones menos lesivas para los intereses generales. 

Se debieron sanear los agujeros patrimoniales de las quebradas entidades haciendo recaer las pérdidas sobre sus accionistas y, a continuación, sobre los inversores en títulos de deuda de las entidades.  

A continuación y después de nacionalizar las entidades para salvaguardar a los ahorradores, la obligación del FROB hubiera sido gestionarlas adecuadamente dentro del perímetro de una banca pública orientada a la obtención de una rentabilidad económica para el Estado y social para los ciudadanos. (...)"              (Carlos Sánchez Mato, Attac España, 05/02/2014)

Un juez de Vigo obliga a devolver 120.000 euros de preferentes a dos ancianos

"Dos vecinos de A Estrada que pasaron gran parte de su vida emigrados en Suiza y residen desde hace años en Vigo, han logrado recuperar los ahorros de su vida que sin saberlo habían colocado en preferentes. 

En total, 120.000 euros que S.G.A. y R.P.G. recibirán con los intereses legales de cuatro años (en torno al 4 % anual). Es el tiempo transcurrido desde la compra de estos productos de alto riesgo, aunque este fallo es recurrible.

Además, el juzgado de Primera Instancia número 11 de Vigo incluye el pago de las costas procesales por parte de la entidad bancaria demandada, con lo que ambos ancianos no tendrán que hacerse cargo de la factura de su abogado, Carlos Coladas-Guzmán, y de esta forma salvan la totalidad de sus ahorros.

La compra de estas participaciones preferentes se produjo en el año 2009 en dos momentos diferentes. El 2 de abril por importe de 90.000 euros y el 23 de septiembre otros 30.000, en ambos casos a la desaparecida Caixagalicia. Según quedó claro en el juicio, los adquirentes ignoraban que habían suscrito algo diferente a un producto a plazo fijo con total disponibilidad y que corrían el riesgo de perder parte del capital invertido.

Las alegaciones de Novagalicia Banco en el sentido de que recibieron puntual y detallada información no han sido tenidas en cuenta por el juez.

Se da la circunstancia de que el director de la sucursal de A Estrada se desplazó personalmente a Vigo para ofrecerles estas participaciones, a las que trasladaron el dinero que hasta ese momento tenían a plazo fijo.

En la sentencia, el juez afirma expresamente que «una entidad no puede recomendar productos no idóneos para el cliente», y que antes de emitirlos «debe obtener una determinada información para concluir» si lo es o no.

La edad de los dos adquirentes, 78 y 74 años, es relevante en el caso, pues en el fallo se indica que «no parece razonable que un inversor de naturaleza netamente conservadora asuma el riesgo de perder toda su inversión en un producto de naturaleza perpetua teniendo los años que tienen a la fecha de la contratación».

 Señala también que «la asimétrica relación existente entre el riesgo de la operación, su beneficio potencial y el perfil del cliente minorista, debe llevarnos a analizar si otras motivaciones indujeron a la entidad bancaria a recomendar una venta de riesgo inadecuada y altamente especulativa como las preferentes».

La conclusión del juez es que «no se suministra una información completa y clara, ni se actúa de buena fe y en las órdenes de compra se observa que los términos empleados en el contrato para advertir al inversor del riesgo de determinados productos no cumplen las exigencias de claridad y precisión».

El juez afirma que la entidad «no cumplió el estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era exigible, al proponer a los demandantes la adquisición de valores complejos y de alto riesgo (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores)». (...)"                 (La Vos de Galicia, 07/12/2013)

Caixa, CAM, Bancaja y CajaEspaña vendían preferentes hasta un 70% sobre su valor

"No fue la única irregularidad detectada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2011 en su informe sobre la comercialización de preferentes por parte de la banca. Pero sí, sin duda alguna, la más lesiva para sus clientes minoristas. En este documento interno, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el regulador bursátil constató que cuatro entidades (La Caixa, CAM, Bancaja y Caja España) habían comercializado preferentes hasta un 70% por encima de su verdadero valor.

Hasta el momento, sólo se conocía la mala praxis de Bancaja en la alteración del precio de determinadas emisiones de preferentes. La entidad presidida por José Luis Olivas intercambiaba entre sus clientes dos emisiones de preferentes, por valor de 600 millones, un 70% por encima de su valor. 

Así consta en el documento interno que la CNMV ha aportado al juez Fernando Andreu en la pieza separada del caso Bankia que investiga en la Audiencia Nacional el presunto fraude de las preferentes.

El informe que ha recibido Andreu tiene tachaduras en la información sobre el resto de entidades. Este medio ha tenido acceso al documento original en el que se constata que otras tres entidades también elevaron cuantiosamente el precio de algunas de sus emisiones de preferentes para su comercialización. Así, la CAM intercambiaba estos productos de forma interna con sus clientes a un precio del 100% cuando el departamento de Estudios de la CNMV tenía constatado que valían hasta un 70% menos.

 Idéntica práctica constató en algunas emisiones de Caja España (63% por encima de su valor) y La Caixa (hasta un 55% superior a su precio real). En menor medida, la CNMV también constata que Ibercaja había colocado una emisión de deuda subordinada por encima de su valor.

El regulador también constata graves irregularidades en otras dos entidades: CAI, ahora integrada en la fusión de Caja 3-Ibercaja, y Banesto. En el caso de la Caja de Ahorros Inmaculada (CAI), la CNMV abre una investigación al detectar que colocaba aquellas preferentes que no vendía entre sus clientes a los fondos de inversión de Ahorro Corporación Gestora. 

Mientras, la filial del Santander no sólo comercializaba su única emisión de preferentes hasta un 13% más cara de su verdadero valor, sino que la propia entidad reconoce que no ofrece información del precio a sus clientes. (...)"          (Vox Pópuli, 07/10/2013)

Caja Laboral firma por primera vez un acuerdo con una familia afectada por las subordinadas de Eroski y le devolverá todo el dinero

"La entidad financiera del Grupo Mondragón reconoce implícitamente con este acto que hubo una mala comercialización de las mismas

Mientras que el Grupo Mondragón sigue sin ofrecer ninguna solución a los 40.000 afectados por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor, Caja Laboral, la entidad líder en la comercialización de lo que ya se conoce como las “preferentes vascas”, comienza, con la máxima discreción, a llegar a acuerdos con algunas de las personas perjudicadas por este producto financiero de alta toxicidad. 

De hecho, según ha podido saber Euskadi Información Global, la caja de ahorros del Grupo Mondragón ha firmado ya un acuerdo con una familia alavesa que tenía invertidos 50.000 euros en aportaciones financieras subordinadas de Eroski. El documento rubricado establece que los inversores recibirán el total del capital invertido, con una quita del 5%."  (Euskadi Información Global, 25/09/2013)