El abrazo a la ideología conduce al delirio de inteligencia... el «profético» artículo fallido de Arcadi Espada sobre la derrota de España frente a Argentina en la final del campeonato mundial de Fúbol: "Nunca es solo fútbol. La magnitud de la decepción española en el Mundial obliga a algo más que a un análisis táctico. No es difícil ver en este equipo -en su devoción litúrgica por el sistema, en su miedo al desequilibrio individual, en la sumisión del talento a la coreografía- un reflejo de lo que es y de lo que amenaza seguir siendo este país en el siglo XXI: una sociedad que ha hecho de la desconfianza ante la excelencia una forma de cortesía (...) La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña. Anoche descubrimos su cara b. El mestizaje sin fusión es yuxtaposición. La igualdad entre desiguales, nivelación. Y los equipos serios no sonríen mientras suena el himno, sino cuando recogen la Copa. (...) Nunca es solo fútbol. La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella. Y esos once hombres, perfectamente organizados para la mediocridad, pixelan una imagen que España debe atreverse a contemplar, sosteniendo largamente la mirada sobre sí misma" (Arcadi Espada)

Antonio Papell @Apapell

El «profético» artículo fallido de Arcadi Espada sobre la derrota de España frente a Argentina en la final del campeonato mundial de Fúbol, que «El Mundo» tuvo que levantar de sus páginas por razones obvias pero que ha circulado profusamente por las redacciones, es un error de tal calibre que justificaría la retirada del artista para una larga temporada de meditación.

 Porque lo grave es que Arcadi se regodea en su visión de una España sórdida, sombría, perdedora, mestiza, mediocre, incapaz de grandes gestas, que la derechona percibe cuando gobierna la izquierda, y la exultante realidad le desborda con la mejor demostración posible: España no se ajusta a esta decadente descripción sino al contrario: la brillante victoria confirma los valores de la España moderna que está demostrando sus capacidades en todos los ámbitos. También en el futbolístico. 

Cállense, en fin, los augures de malas noticias y dedíquense a sus plegarias tétricas y a sus lamentos masoquistas mientras la España exultante, laica y trabajadora, escala hasta la cumbre su lugar bajo el sol.

De elmundo.es

11:22 a. m. · 22 jul. 2026 ·47,6 mil Visualizaciones

 

 "Nunca es solo fútbol, recordadlo siempre.

La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña.

Nunca es solo fútbol. La magnitud de la decepción española en el Mundial obliga a algo más que a un análisis táctico. No es difícil ver en este equipo -en su devoción litúrgica por el sistema, en su miedo al desequilibrio individual, en la sumisión del talento a la coreografía- un reflejo de lo que es y de lo que amenaza seguir siendo este país en el siglo XXI: una sociedad que ha hecho de la desconfianza ante la excelencia una forma de cortesía.

Nunca es solo fútbol. Luis de la Fuente, que siempre fue un meritorio jugador de equipo, había convertido en credo la grave falsa modestia de Alfredo Di Stéfano: «Ningún jugador es tan bueno como somos todos juntos». España tenía a Lamine Yamal, acaso el mayor talento de su historia: solo hay que ver cuál ha sido el resultado de dos años instruyéndole en el pase hacia atrás. El tikitaka de 2010 era una cultura; el tiktok de 2026 es relax. La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña. Anoche descubrimos su cara b. El mestizaje sin fusión es yuxtaposición. La igualdad entre desiguales, nivelación. Y los equipos serios no sonríen mientras suena el himno, sino cuando recogen la Copa.

Nunca es solo fútbol. La estrella disuelta en el grupo, el mérito prorrateado. Una parábola nacional. Nuestra escuela iguala hacia abajo, nuestra legislación recela del mérito y nuestra conversación pública dedica a demoler reputaciones el tiempo que otras dedican a construirlas. Pedirle a este vestuario que se atreva a la excelencia es pedirle que desobedezca a su país. Los jugadores no viven en una burbuja: son hijos de un tiempo en que el largo aliento cotiza menos que la viralidad instantánea, y en que los jóvenes, sin horizonte ni proyecto, no pueden emanciparse, sobre todo de sí mismos.

Nunca es solo fútbol. El desenlace tampoco puede sorprender al que observe el clima moral del país. Es lógico que una sociedad secuestrada por la polarización, donde las reglas se tuercen al servicio de la supervivencia de las élites y donde la palabra pública es ruido, solo pueda exportar la parálisis y hasta la infelicidad que se vieron en el césped.

Nunca es solo fútbol. La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella. Y esos once hombres, perfectamente organizados para la mediocridad, pixelan una imagen que España debe atreverse a contemplar, sosteniendo largamente la mirada sobre sí misma."

(Arcadi Espada, El Mundo, 23/07/26) 

En el siniestro del metro de Valencia, en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, la Generalitat que presidía Francisco Camps ordenó el silencio administrativo mediático. Lo que entonces se llamaba Canal Nou ni cambió la programación ese día, y ninguneó a la Asociación de Víctimas durante años... “La culpa fue del barco” dijo Ana Botella, sobre la marea negra del Prestige... Cuando el del Alvia de Angrois, con 80 víctimas, Rajoy no hizo ninguna comparecencia, ni en plasma... el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los expulsó manu militari de los actos oficiales de homenaje... En comparación con los antecedentes, la gestión de Óscar Puente parece decente. Ha ofrecido la información que tenía (o al menos la que decía tener), no ha especulado con hipótesis posibles o no, y no ha echado mano del comodín de la fatalidad o de que los designios divinos son inescrutables. Las causas de la tragedia de Adamuz se conocerán después de una investigación compleja (Xosé Manuel Pereiro)

 "La mañana del 24 de julio de 2013, A.C. esperaba en la estación de Santiago de Compostela a una compañera de trabajo, y sin embargo muy amiga. Tanto que venía a pasar unos días en su casa. A ella, como al resto de los allí presentes, en vez del tren les llegó un estruendo no muy lejano. Venía de Angrois, la aldea por la que pasa la vía tres kilómetros antes de la parada. A.C. y yo, nos vimos, horas después, en el edificio donde habían sido convocados los familiares de los viajeros que habían llegado allí después de una búsqueda en vano por los hospitales. A.C. estaba destrozada y yo creo que nunca en mi vida profesional estuve rodeado de tanta angustia y tanto dolor. A cada nombre proferido en voz alta (el de un cadáver que había sido identificado), una o varias de las numerosas personas que estaban en vilo, oscilando entre la resignación y unos últimos restos de esperanza, prorrumpían en sollozos convulsivos. Uno de aquellos nombres, de las 80 personas muertas, era el de la compañera de A.C.

Cuando se conoció lo de Adamuz, la madre de la fallecida llamó a mi amiga A.C. “Lo he vuelto a revivir todo”. Mi amiga también, aunque han pasado más de una docena de años. Pero no sólo eso. Mientras todavía recontaban los muertos del AVE en Córdoba, se dio a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvía al único responsable de la seguridad ferroviaria que estaba encausado y centraba toda la responsabilidad en el maquinista. (Yo coincidí con él, con el maquinista, pocos meses después del accidente en casa de un amigo común, y puedo asegurar que las únicas consecuencias de lo que había pasado que le daban lo mismo eran las judiciales). La justicia se supone que es ciega, pero lo que está claro es que quienes la gestionan carecen de la más mínima empatía y del más elemental don de la oportunidad. Lo de dar a conocer la sentencia del fiscal García Ortiz en el 50 aniversario de la muerte de Franco podría ser una humorada. Exonerar (con todos los fundamentos de derecho que quieran y que no cuestiono) a quienes no implementaron las medidas de seguridad que habrían podido evitar la muerte de 80 personas, en la estela de otras 46 en circunstancias similares revela, en el mejor de los casos, que su reino no es de este mundo. Para los supervivientes del Alvia fue ahondar en la herida recién abierta.

Para los supervivientes del Alvia, la publicación de la sentencia poco después del accidente de Adamuz ahondó en la herida

“Al principio de las catástrofes, y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. En el primer caso, aún no se ha perdido la costumbre; en el segundo, se ha recuperado. Es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad”, se suele echar mano en estas circunstancias de esta frase de Albert Camus, que en realidad no está acreditado que la dijese o la escribiese nunca. Tampoco tiene demasiada importancia porque no acabo de entenderla. Supongo que quiere significar que se habla mucho, antes y después, pero que la verdad es la pérdida en el momento en que se produce. Sí es cierto que hay retórica –antes, después y durante las catástrofes– pero el dolor de la desgracia permanece. Y, de vez en cuando rebrota.

En esa retórica de los primeros momentos a la que alude el Camus apócrifo, los manuales de comunicación institucional aseguran que las declaraciones públicas –además de los habituales mensajes de condolencia– conforman el modo en que la sociedad va a interpretar ese hecho, y reforzarán o corregirán el arquetipo mental que cada persona se ha construido en base a experiencias anteriores o a creencias. El error más común, dicen, es pretender pasar página lo antes posible, echando la culpa al azar, al elemento humano, a la providencia o al rival político que corresponda. Es decir, cerrando la crisis en falso, sin que lo sucedido ayude a tomar medidas para que no se repita.

En el siniestro del metro de Valencia, en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, la Generalitat que presidía Francisco Camps (que ahora, tal y como está el listón, se postula para presidirla de nuevo) ordenó el silencio administrativo mediático. Lo que entonces se llamaba Canal Nou ni cambió la programación ese día, y ninguneó a la Asociación de Víctimas durante años (cuando la Generalitat cerró la cadena, los trabajadores hicieron entrar por una ventana a la presidenta para entrevistarla y pedirle públicamente perdón). Y la mayoría de los medios ignoraron igualmente sus movilizaciones.

Cuando lo del Alvia, el presidente en ejercicio, Mariano Rajoy, no hizo ningún tipo de comparecencia, ni siquiera en plasma. Un periódico madrileño, buceando en el Facebook del maquinista, publicó con alarde un post de cuando hacía sus prácticas con el AVE en el que se enorgullecía de la velocidad a la que iba (como si no fuese precisamente eso para lo que se estaba preparando, lo que le exigirían después y lo que la empresa ofrecía a los clientes).

Cuando se pasa página en falso, en esos momentos de desgracia, lo que aflora para no agostarse no es la verdad, sino su búsqueda. Los afectados por el accidente de Angrois y los familiares de los fallecidos recorrieron un largo camino para encontrarla. No se conformaron con la inculpación del maquinista ni con el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (que no es un organismo independiente, sino que está adscrito al Ministerio de Fomento). Pelearon entrevistas con políticos de distinto signo. Unos les ayudaron, como la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que llevó el asunto y a los afectados a Bruselas y forzó una resolución de la Agencia Ferroviaria Europea, que criticó la investigación española; o el diputado socialista Odón Elorza, que se enfrentó a la posición oficial del partido e intentó, en un primer momento, que el PSOE apoyase la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En cambio, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los expulsó manu militari de los actos oficiales de homenaje.

También lograron entrevistarse con los responsables últimos de los ministerios implicados (por orden cronológico de responsabilidades, el socialista José Blanco y a la popular Ana Pastor), que les dieron condolencias, pero no respuestas. Los dos fueron convocados a la comisión de investigación en el Congreso, que también lograron arrancar, pero que murió con el fin de la legislatura. Consiguieron testimonios de trabajadores de Adif y Renfe que escogieron decir la verdad a riesgo de perder su puesto de trabajo. Comprobaron, como se sospechaba, que las prisas por las inauguraciones y los resultados primaron sobre la seguridad del servicio. Todo ello para que, casi trece años después, quedase certificado en papel de oficio que la culpa fue exclusivamente de un maquinista que se despistó.

Lo mismo les aconteció a las víctimas del metro de Valencia. La culpa se la llevó en solitario, según la primera sentencia, el maquinista (uno de los fallecidos) por exceso de velocidad. A pesar de que, como en el caso del Alvia, había denuncias por escrito de la peligrosidad de ese punto (e incluso un descarrilamiento tres años antes). Sólo la lucha de los afectados consiguió que ocho años después se reabriese el caso, que supuso que fuesen inculpados ocho cargos de Ferrocarriles de la Generalitat de Valencia, de los que finalmente –mediante un acuerdo que redujo la pena a 22 meses– cuatro fueron condenados por 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, otros 37 delitos por lesiones y otro de omisión o cooperación necesaria contra el derecho de los trabajadores.

En comparación con los antecedentes (sin retrotraernos al franquismo, cuando las víctimas de los siniestros los contabilizaba el ministro de turno según su real parecer), la gestión de Óscar Puente parece decente. Ha ofrecido la información que tenía (o al menos la que decía tener), no ha especulado con hipótesis posibles o no, y no ha echado mano del comodín de la fatalidad o de que los designios divinos son inescrutables. Las causas de la tragedia de Adamuz se conocerán después de una investigación compleja (aunque el CIAM siga dependiendo del ministerio), y toda cuanta declaración catastrofista (“miles de españoles viajan en tren sin saber que su vida corre peligro” es una de mis preferidas) o información falsa se difunda lo que provoca es ansiedad y dolor en los afectados por la tragedia, intranquilidad social y no poder aprovechar la experiencia para no tener que sufrirla de nuevo. 

Porque es cierto que los accidentes ocurren de improviso. Es su naturaleza, por lo menos la semántica: son sucesos eventuales que alteran el orden regular de las cosas, o acciones, también eventuales (es decir, fortuitas, ocasionales) de las que resulta un daño involuntario para alguien o algo, según la RAE. Pero no ocurren porque sí. Sin llegar al extremo de lo que decía Madeleine Albright, que no creía que las cosas sucediesen por accidente, que uno se las ganaba (no creo que se refiriese a este tipo de accidentes), lo cierto es que no son inexplicables, extraños o misteriosos, sino el resultado de la concurrencia de múltiples factores preexistentes.

Uno que se me ocurre quizá sea que en España hemos pasado en pocos años de unas conexiones ferroviarias propias de una colonia británica del siglo XIX a una de las redes de alta velocidad mayores de Europa. Una red que se construyó detrayendo recursos e inversiones de los trenes de cercanías y media distancia, y en muchos casos inhabilitando el trazado de las propias líneas que daban prestaciones de proximidad. Se diseñó con criterios de demanda electoral y no de eficacia funcional o de servicio público, y en la práctica sirve para que los usuarios viajen cómodamente desde Madrid a cualquier sitio, o lleguen rápidamente a Madrid o a cualquier otro destino, siempre que pase por Madrid. Un modelo que viene de los primeros Borbones y que, por lo que se ve, les sobrevivirá. Eso provoca, además de una alta intensidad de tráfico en líneas concretas, que los recursos de tiempo y de dinero para supervisarlas y mantenerlas quizá no estén a la altura de lo inaugurado.

Pero prometer parece que da votos, y estrenar lo prometido no digamos, así sea una rotonda con fuente. Después ya se verá si hay agua. Como reconoció alguien que no tenía problemas electorales, Nikita Jruschov, los políticos siempre prometen construir un puente, aunque no haya río."

(Xosé Manuel Pereiro , CTXT, 6/02/2026 )

La derecha española ha sido siempre de sacristía... Sus líderes se santiguan en público, comulgan y hacen continua ostentación de fe. Pero salen de las iglesias y acto seguido se ponen a mentir con tranquilidad pasmosa... No exagero. Estos últimos días lo están haciendo sin piedad, vergüenza ni límite... Los dirigentes de la derecha española presumen de fe, de tradición y de valores cristianos, pero cuando bajan del altar hacen política o incluso gobiernan como si el Evangelio fuera un folleto publicitario que reparten para captar votos... Feijóo, Abascal y Ayuso mienten y criminalizan sin misericordia a las personas que trabajan a nuestro alrededor, empleadas allí donde nosotros no queremos trabajar, o que vienen a suplir nuestra falta de mano de obra. Y lo hacen, además de mintiendo, con inhumano desprecio, como igualmente le sucedió a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien también ha confesado en diversas ocasiones su ferviente catolicismo. En noviembre de 2024 dijo: «He sido bendecido por el don de la fe», pero su ayuntamiento prohibió que una ONG repartiera bocadillos a personas sin hogar. A diferencia, como en los casos anteriores, de la enseñanza de Jesús: “… tuve hambre, y no me disteis de comer»... Y no sólo mienten, sino que mantienen completamente alterados los valores y principios éticos que cabe asociar con el catolicismo. Se supone que ser cristiano es seguir a Jesús de Nazaret quien, según el Evangelio de Mateo, dijo: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles (…) era forastero, y no me acogisteis»... Ahora bien, si la fe de los Abascal, Feijóo y Ayuso no parece muy coherente por todo esto... el príncipe de los sepulcros blanqueados es, sin lugar a dudas, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla... Según este obispo, no han aprobado la regularización de inmigrantes por las razones que han señalado: dar un justo estatus legal, seguridad jurídica, derechos y una vía ordenada de integración a miles de personas que ya están entre nosotros... No. El Obispo asegura que esta medida se ha tomado como “estrategia para conseguir otros fines”, para hacer «patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio…». Dijo Jesús en su Sermón de la montaña: «Guardaos bien de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis»... Por sus frutos se les puede conocer perfectamente y por eso se les puede decir exactamente lo mismo que dijo Jesús a los fariseos: «Os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero vuestro interior está lleno de hipocresía y maldad». Mucha misa, mucha comunión y mucho símbolo y actos religiosos… pero poca justicia, poca misericordia y demasiada mentira (Juan Torres López)

 "(...) La derecha española ha sido siempre de sacristía y siempre ha presumido de alma limpia y conciencia recién planchada. Sus líderes se santiguan en público, comulgan y hacen continua ostentación de fe. Pero salen de las iglesias y acto seguido se ponen a mentir con tranquilidad pasmosa.

No exagero. Estos últimos días lo están haciendo sin piedad, vergüenza ni límite para combatir no a la regularización de inmigrantes en sí, sino al gobierno -según ellos enemigo de España- que ha aprobado la medida (defendida entre otras instituciones por la Conferencia Episcopal y las patronales de sectores en donde se emplea a mayor número de trabajadores extranjeros).

Denuncian los dirigentes de la derecha que la regularización del gobierno de Pedro Sánchez modificará el censo electoral.

Dejando a un lado que dan por hecho que los inmigrantes regularizados votarían en masa a la izquierda -lo que desde luego estaría por ver-, se trata de una afirmación mentirosa porque en España (como en todos los países) sólo votamos los nacionales, y una cosa es regularizar y otra nacionalizar.

No cabe pensar ni por un momento que Feijóo, Ayuso y Abascal y su plétora de asesores no sepan la diferencia entre ambos procesos, de modo que es inevitable asegurar que están mintiendo a sabiendas.

Los dirigentes de la derecha española presumen de fe, de tradición y de valores cristianos, pero cuando bajan del altar hacen política o incluso gobiernan como si el Evangelio fuera un folleto publicitario que reparten para captar votos.

Y no sólo mienten, sino que mantienen completamente alterados los valores y principios éticos que cabe asociar con el catolicismo. Se supone que ser cristiano es seguir a Jesús de Nazaret quien, según el Evangelio de Mateo, dijo: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles (…) era forastero, y no me acogisteis».

Feijóo, Abascal y Ayuso mienten y criminalizan sin misericordia a las personas que trabajan a nuestro alrededor, empleadas allí donde nosotros no queremos trabajar, o que vienen a suplir nuestra falta de mano de obra. Y lo hacen, además de mintiendo, con inhumano desprecio, como igualmente le sucedió a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien también ha confesado en diversas ocasiones su ferviente catolicismo. En noviembre de 2024 dijo: «He sido bendecido por el don de la fe», pero su ayuntamiento prohibió que una ONG repartiera bocadillos a personas sin hogar. A diferencia, como en los casos anteriores, de la enseñanza de Jesús: “… tuve hambre, y no me disteis de comer».

La fe católica de los dirigentes de la derecha española es de quita y pon. Se la lleva el humo cuando se trata de ayudar al débil o de repartir la riqueza: «Lo más grave de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad» (digo yo, que esta última también aplicada a la verdad).

La regularización de inmigrantes no da papeles automáticos, no concede nacionalidad, no otorga derecho a voto, no convierte a nadie en delincuente ni supone invasión alguna. Es simplemente un intento -modesto y hasta tardío- de sacar de la clandestinidad a personas que ya viven y trabajan en nuestro país, al que de esa forma ayudan a sostener y hacer más grande y próspero. Pero mentir sale más barato que pensar, el miedo moviliza más que la verdad y a estos dirigentes que presumen de católicos le vale todo para acabar con sus adversarios.

Ahora bien, si la fe de los Abascal, Feijóo y Ayuso no parece muy coherente por todo esto que señalo, el príncipe de los sepulcros blanqueados («¡escribas y fariseos, hipócritas!: por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre») es, sin lugar a dudas, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

Este va mucho más lejos. No sólo no se pronuncia con las palabras de Jesús que he mencionado, ni habla como quien cree en ese Dios justo y misericordioso, sino creyendo que él mismo es Dios omnisciente y que, por tanto, dispone de la capacidad que ningún ser humano tiene: la de saber las intenciones reales de cualquier otro y, en este caso, las de Pedro Sánchez y su gobierno cuando proponen la regularización.

Según este obispo, no la han aprobado por las razones que han señalado: dar un justo estatus legal, seguridad jurídica, derechos y una vía ordenada de integración a miles de personas que ya están entre nosotros, la inmensa mayoría de ellas conviviendo aquí en paz y generando riqueza; para favorecer la cohesión social y la dignidad humana, permitiendo que ejerzan sus actividades legalmente y reciban las contraprestaciones que legalmente les corresponda; para desarrollar una política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, no sólo compatible sino que impulsa el crecimiento económico; y para atender la demanda ciudadana plasmada en una Iniciativa Legislativa Popular suscrita por cientos de miles de firmas.

No. El Obispo asegura que esta medida se ha tomado como “estrategia para conseguir otros fines”, para hacer «patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio…».

Dijo Jesús en su Sermón de la montaña: «Guardaos bien de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis».

Por mucha Misa a la que vayan y organicen, por muchas veces que comulguen y por muy abundantes que sean sus declaraciones de fe, los dirigentes de la derecha española no pueden disimular cuáles son sus actos reales. Por sus frutos se les puede conocer perfectamente y por eso se les puede decir exactamente lo mismo que dijo Jesús a los fariseos: «Os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero vuestro interior está lleno de hipocresía y maldad».

Mucha misa, mucha comunión y mucho símbolo y actos religiosos… pero poca justicia, poca misericordia y demasiada mentira. (...)" 

(Juan Torres López, blog, 31/01/26) 

La instrumentalización política en las tragedias en España... en la de Ardamuz llama la atención la desaparición de los periodos de luto institucional indica que las tragedias son vistas ahora como oportunidades estratégicas inmediatas... y marca un nuevo estándar de agresividad política. También el uso de IA y bulos financieros (como el de Marruecos) demuestra que la ultraderecha ha integrado herramientas de manipulación psicológica en su arsenal ordinario para desestabilizar la confianza en las instituciones... la consecuencia más duradera de esta instrumentalización no es solo el daño a la imagen del Gobierno, sino el debilitamiento de la confianza ciudadana en la alta velocidad española, uno de los pilares de la modernización del país en las últimas décadas... el exceso de información contradictoria y la difusión de bulos generan un estado de "zozobra", por lo que cuando el miedo es instrumentalizado políticamente, se produce un bloqueo en la capacidad de análisis racional de la población, lo que facilita que propuestas autoritarias o populistas ganen terreno al presentarse como las únicas capaces de garantizar el orden y la seguridad

 "Para comprender el uso espurio del accidente de Adamuz es necesario situarlo en una trayectoria histórica de tragedias en España que han sido gestionadas con criterios de cálculo político. Eventos como el hundimiento del Prestige (2002), el accidente del Yak-42 (2003), los atentados del 11-M (2004), el descarrilamiento del Metro de Valencia (2006) y la gestión de la DANA en Valencia (2024) ofrecen lecciones sobre cómo el poder político y la oposición reaccionan ante el desastre.

En el caso del Yak-42, la gestión del entonces ministro Federico Trillo se caracterizó por la minimización del riesgo previo y la posterior negligencia en la identificación de los cadáveres, lo que llevó a un largo proceso de dolor para las familias y a una pérdida de credibilidad institucional para el Gobierno del PP. Por el contrario, en el accidente del Metro de Valencia, la estrategia fue la invisibilización de la tragedia a través de la manipulación de la televisión pública regional (Canal 9), intentando que el suceso no empañara la visita del Papa a la ciudad.

El caso del 11-M representa quizás el ejemplo más extremo de instrumentalización, donde el Gobierno de José María Aznar insistió en la autoría de ETA a pesar de las evidencias que apuntaban al yihadismo, temiendo que la relación con la guerra de Irak le pasara factura electoral. Y especialmente dramático resultó el tratamiento informativo y la asunción de responsabilidades en la tragedia de la DANA, donde el gobierno regional valenciano del PP ha manifestado no saber lo que estaba ocurriendo, o no actuar por no recibir ayuda del gobierno. 

En el caso de Adamuz en 2026, se observa una inversión de los roles tradicionales: mientras que históricamente era el Gobierno quien solía mentir u ocultar para protegerse, en esta ocasión la desinformación fluye principalmente desde la oposición (especialmente la ultraderecha) para atacar a un Ejecutivo que, mediante comparecencias exhaustivas, ha intentado saturar de datos el espacio público para evitar el vacío informativo. Así, el ministro de Transportes, Óscar Puente, adoptó lo que él mismo denominó "modo crisis", una estrategia de comunicación agresiva basada en la transparencia técnica y el rechazo frontal a las especulaciones. Puente compareció en una rueda de prensa de más de dos horas junto a los responsables técnicos de Adif y Renfe, aportando cronologías detalladas minuto a minuto y datos de inversión que buscaban neutralizar la tesis del abandono de la red.

El argumento principal del Gobierno ha sido que el sistema ferroviario español es extremadamente robusto y que las inversiones actuales superan con creces las de la década anterior. Según los datos facilitados, en 2025 se ejecutaron inversiones por valor de más de 6.000 millones de euros, cifras que equiparan el esfuerzo inversor al pico histórico de 2011. Esta defensa estadística buscaba contrarrestar la percepción de "deterioro" que la oposición intentaba instalar en el imaginario colectivo.

El uso político del accidente de Adamuz ha profundizado la fractura social en España, un país que ya se situaba entre los más divididos de Europa según el 'Atlas de la polarización 2025'. La tragedia ha servido para reforzar los sesgos cognitivos de la ciudadanía: los votantes de la derecha tienden a aceptar la narrativa del colapso de los servicios públicos, mientras que los de la izquierda perciben la crítica de la oposición como un acto de "carroñerismo" político.

Desde un punto de vista psicológico, el exceso de información contradictoria y la difusión de bulos generan un estado de "zozobra" que debilita la confianza en el transporte público. Los expertos señalan que cuando el miedo es instrumentalizado políticamente, se produce un bloqueo en la capacidad de análisis racional de la población, lo que facilita que propuestas autoritarias o populistas ganen terreno al presentarse como las únicas capaces de garantizar el orden y la seguridad.

La huelga de maquinistas y el sentimiento de inseguridad laboral de los trabajadores del sector ferroviario son consecuencias directas de este clima. Al sentirse desprotegidos por un sistema que es cuestionado diariamente en las sedes parlamentarias, los profesionales optan por la protesta como mecanismo de autodefensa, lo que a su vez es utilizado por la oposición como prueba de que "nada funciona". Se crea así un círculo vicioso donde la tragedia alimenta la política y la política erosiona la operatividad de los servicios esenciales.

El análisis del accidente de Adamuz y su posterior instrumentalización permite extraer conclusiones fundamentales sobre el estado de la comunicación política y la salud democrática en el Estado español. Lo primero que nos llama la atención es que la desaparición de los periodos de luto institucional indica que las tragedias son vistas ahora como oportunidades estratégicas inmediatas. La ruptura de la tregua por parte del PP y Vox en menos de 48 horas marca un nuevo estándar de agresividad política. También el uso de IA y bulos financieros (como el de Marruecos) demuestra que la ultraderecha ha integrado herramientas de manipulación psicológica en su arsenal ordinario para desestabilizar la confianza en las instituciones. Ante todo este ataque desaforado, la respuesta del Gobierno mediante la exposición masiva de datos técnicos representa un intento de combatir la desinformación con saturación informativa. No obstante, en un entorno polarizado, los datos técnicos son a menudo insuficientes para desactivar narrativas emocionales potentes. Así pues, la consecuencia más duradera de esta instrumentalización no es solo el daño a la imagen del Gobierno, sino el debilitamiento de la confianza ciudadana en la alta velocidad española, uno de los pilares de la modernización del país en las últimas décadas. Aunque claro está, a estos patriotas de banderita y cuentas en el extranjero lo único que les importa es recuperar el poder central cuanto antes para poder explotar a los trabajadores (en especial a los inmigrantes) para que trabajen por sueldos de miseria apoyándose para ello en la coerción, el odio y la violencia. Un saludo a todo el mundo." 

(Julián Molina Illán, Nueva Tribuna, 24/01/26)  

En elDiario.es sabemos que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente, porque sabemos quién es la fuente original. Y la doctrina del Supremo había establecido que cuando un secreto circula por las redacciones (se haya publicado o no) deja de ser secreto y, por tanto, no puede haber delito de revelación de secretos... Por eso, algunos periodistas podemos concluir que no se ha hecho justicia... El tribunal evidenció que no trata igual a todos los testigos, si eres Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, puedes mentir al magistrado Ángel Hurtado y también al tribunal. Sin ninguna consecuencia... El dilema moral de un periodista fue considerado una "amenaza" por el tribunal, que tampoco permitió rebatir las acusaciones del jefe de gabinete... Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Sobre ese pilar se edifica la democracia, pero el caso del fiscal general del Estado no anima a confiar en las instituciones judiciales (José Precedo, eldiario.es)

 "El tribunal evidenció que no trata igual a todos los testigos: Miguel Ángel Rodríguez pudo mentir e insultar a periodistas y González Amador, hacer un alegato donde se debatía entre suicidarse o huir de España. El dilema moral de un periodista fue considerado una "amenaza" por el tribunal, que tampoco permitió rebatir las acusaciones del jefe de gabinete. 

Los dos procesos del fiscal general

Análisis - El fraude fiscal de la pareja de Ayuso: intrahistoria de un trabajo periodístico excepcional

Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Sobre ese pilar se edifica la democracia. O damos por bueno ese sintagma o sería imposible confiar en que la gente pague impuestos, pare en los stops, viva en comunidad. Es imprescindible seguir confiando en la Justicia. Sin esa viga maestra, el sistema corre el riesgo de desmoronarse y de momento, nadie ha encontrado una manera mejor de organizarse que en las democracias liberales.  

El caso del fiscal general del Estado no anima a confiar en las instituciones judiciales, pero al pleito le queda recorrido en los tribunales aun después de que el Supremo escriba su sentencia condenatoria. Tendrá que posicionarse el Tribunal Constitucional, si el condenado Álvaro García Ortiz, tal y como ya ha dejado entrever su defensa durante el juicio, ha visto lesionados sus derechos fundamentales, por ejemplo en el registro de su despacho y la intervención de las comunicaciones. Previsiblemente, la insólita condena de quien era la sexta autoridad del Estado acabe también siendo revisada por la Justicia Europea. 

Haber prestado declaración durante una hora ante el tribunal más alto del país, después de haber comparecido antes en la fase de instrucción, tampoco ayuda a confiar en el sistema. Sobre todo si uno compara el tratamiento que durante las vistas se ha dado a los diferentes testigos e incluso a quien ejerce la acusación. 

Si eres Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, puedes mentir al magistrado Ángel Hurtado y también al tribunal. Sin ninguna consecuencia. En la fase de instrucción Rodríguez declaró, tras haber jurado decir verdad, que nadie de elDiario.es le llamó antes de publicar la noticia del fraude de la pareja de la presidenta. Cuando este diario presentó las pruebas por escrito de la conversación y fueron compulsadas por un funcionario judicial, a Rodríguez no le pasó nada. 

Tal vez por eso, cuando regresó al Supremo hace dos semanas, también como testigo y con la supuesta obligación de decir la verdad, Rodríguez volvió a mentir a la Sala: dijo que se había confundido de medio porque no presta mucha atención a los panfletos de izquierdas. No fue una frase literal, pero esa era la idea. Rodríguez en su expansiva declaración no se quedó ahí: llamó mentirosos, violentos y escandalosos a los periodistas de elDiario.es, los mismos que habían publicado decenas de exclusivas sobre el escándalo que nunca pudieron ser desmentidas. El jefe de gabinete debió sentirse en el Supremo como en casa: insultó varias veces a los periodistas, descalificó a un medio de comunicación durante varios minutos y dio rienda suelta a su campaña contra los profesionales de elDiario.es sin que el presidente de la sala osase interrumpirlo. 

Cuando compareció Alberto González Amador, que en este juicio ejerce como acusación, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le permitió un turno de palabra extra para pronunciar su discurso victimista en el juicio, consciente de que luego sería amplificado por los medios. Contó, entre otras cosas, que a raíz de las publicaciones los bancos habían dejado de prestarle dinero (esta semana hemos sabido que ha conseguido una segunda hipoteca de 600.000 euros para el segundo de los pisos de lujo que compró tras recibir la comisión de dos millones) y dejó aquella frase para la historia sobre su dilema: suicidarse o escapar de España (con un juicio pendiente por dos fraudes fiscales y otro procedimiento abierto por corrupción en los negocios). El presidente de la Sala dejó acabar la soflama que despachó con una ironía en la que recomendaba consultar antes a su abogado. 

Una confesión antes de seguir con el texto: a la mayoría de los periodistas nos incomoda convertirnos en noticia. Nuestra tarea es publicarlas, no ser parte de ellas. Quienes acudimos a declarar como testigos al Supremo lo hicimos porque estamos obligados por ley, como cualquier otro ciudadano. Tras salir de la sala, todos recibimos invitaciones de decenas de medios para participar en tertulias de radio y televisión, entrevistas… Los que fuimos a declarar por elDiario.es no acudimos a ningún plató. Tampoco escribimos sobre el asunto, dado que habíamos tomado parte como testigos en el juicio. Pero en este punto y ahora que ya se conoce el sentido de la sentencia, es inevitable hablar de nosotros mismos. González Amador planteó al tribunal su dilema (suicidarse o huir de España) y con él cerró su discurso en el tiempo extra concedido por el presidente de la Sala. Nadie interpretó la frase como un intento de coacción al tribunal. 

Todo lo contrario a lo que ocurriría dos días después, cuando en el último interrogatorio de uno de los abogados yo mismo admití ante el tribunal el dilema que me corroía esas semanas (revelar la fuente y tener que abandonar para siempre la profesión, además de arruinar la confianza en el periódico donde escribo, o que pudiera ser condenado un inocente, como finalmente ha ocurrido). Ahí, el presidente de la Sala se decidió a interrumpirme para advertir que una cosa era esgrimir el secreto profesional y otra que fuesen a tolerar amenazas. Logré explicar, en medio de ese toque de atención, que no era ninguna amenaza sino un dilema, de los que muchas veces nos sacuden a los periodistas. Desde luego, el más grave en 23 años de vida profesional. 

La lección de que no todos somos iguales en el Supremo no se quedó ahí. Al jefe de gabinete de la presidenta madrileña se le dejó explayarse durante muchos minutos para atacar e insultar a los periodistas de elDiario.es, pero cuando en nombre de esa redacción pedí poder defender a sus periodistas de todos esos insultos y ataques, el presidente de la Sala concluyó que no habría turno para eso. 

Pasar por el Tribunal Supremo ante seis abogados que intentan desacreditar nuestro trabajo como periodistas (ningún reproche en esto, cada uno tiene su cometido) no es un trago de gusto. Pero ha servido de aprendizaje: al menos ante esa sala y durante las vistas que se alargaron dos semanas, no todos los testigos hemos sido iguales para el tribunal. 

Como hemos repetido a lo largo de este aciago proceso, en elDiario.es sabemos que Álvaro García Ortiz es inocente, porque sabemos quién es la fuente original. Y la doctrina del Supremo había establecido que cuando un secreto circula por las redacciones (se haya publicado o no) deja de ser secreto y, por tanto, no puede haber delito de revelación de secretos. Por eso, igual que el tribunal legítimamente ha decidido no creer a los periodistas (sus razones tendrán, habrá que verlas redactadas en la sentencia) también algunos periodistas podemos concluir que esta vez al menos no se ha hecho justicia. 

La buena noticia es que las instancias no se agotan aquí y que tras el Tribunal Supremo, es previsible que se pronuncie el Tribunal Constitucional y la Justicia Europea. Lo que no van a poder cambiar los magistrados de ningún tribunal es el trabajo periodístico, que en el caso de elDiario.es ha sido publicar la verdad en decenas de exclusivas sobre el caso, que nunca han podido ser desmentidas. 

Ciertamente, aquí se ha hecho periodismo. Aunque los medios que copiaron, pegaron (y firmaron) las mentiras que les contó Miguel Ángel Rodríguez traten ahora de invertir la realidad."                          ( José Precedo , eldiario.es, 20/11/25)

Desde el Supremo se invadieron competencias del Legislativo y del Tribunal Constitucional en el asunto de la amnistía, y cristalizó la autodenigrante rebeldía contra el proyecto de reforma judicial. Ahora, la lupa vuelve a sí mismo. A la sombra que le sobrevuela y condiciona: la polémica conducción del caso del fiscal por el instructor Ángel Hurtado... La instrucción antifiscal ha sido como “una obra de ficción”, denunció el magistrado Andrés Palomo en un voto particular... “no existe un fundamento indiciario suficiente... no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”... el instructor descartó pruebas clave, como las testificales de periodistas que informaron. Y cuando el escándalo le impelió, las oyó sin escucharlas, alegando que no delataron a sus fuentes... olvidaba el secreto profesional, o sea, la Constitución (artículo 20)... Bochorno... Así, sin pruebas ni indicios sólidos, sería imposible una condena, salvo impensable prevaricación (Xavier Vidal-Folch)

 "El tribunal que inicia mañana la vista contra el fiscal general del Estado no sólo examina a Álvaro García Ortiz. También se examina a sí mismo. Debe extremar su celo, se juega la credibilidad del Tribunal Supremo entero. Y del Poder Judicial: la Fiscalía es parte del mismo (Constitución, artículo 124). Y del Estado de derecho.

Desde el Supremo se invadieron competencias del Legislativo y del Tribunal Constitucional en el asunto de la amnistía, y cristalizó la autodenigrante rebeldía contra el proyecto de reforma judicial. Ahora, la lupa vuelve a sí mismo. A la sombra que le sobrevuela y condiciona: la polémica conducción del caso del fiscal por el instructor Ángel Hurtado (El infame juicio al fiscal general). Una toga sesgada, que descartó delito en la más grave corrupción institucional, el caso Gürtel, y a su pesar (escrito), condenada.

La instrucción antifiscal ha sido como “una obra de ficción”, denunció el magistrado Andrés Palomo en un voto particular. La debeló porque “no existe un fundamento indiciario suficiente”; “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”: aludía al correo del primer filtrador, el abogado del acusador, González Amador, reconociendo el delito de este. Así, sin pruebas ni indicios sólidos, si en la vista no aflorasen otros, sería imposible una condena, salvo impensable prevaricación.

La tumbaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pues el instructor descartó pruebas clave, como las testificales de periodistas que informaron. Y cuando el escándalo le impelió, las oyó sin escucharlas, alegando que no delataron a sus fuentes: olvidaba el secreto profesional, o sea, la Constitución (artículo 20). Bochorno. Reprochable según sentencias del TEDH (sentencias Perna, Vaturi, Saidi y PSl) sobre violación del “derecho a un proceso equitativo”, su joya de la corona garantista.

El tribunal debe celar por su ecuanimidad, independencia, imparcialidad. Está en juego otra joya, el “derecho a un tribunal independiente”. La imparcialidad primigenia proviene antes que nada de la independencia de cada uno —juez, árbitro, o periodista— respecto de sí mismo, sus prejuicios y sesgos. Urge el autoanálisis sobre si embestidas contra una ley, presencias en concentraciones rebeldes, o rígidas instrucciones que dieron en nada encajan en esa exigencia. Se lo saben, lo sabemos.

El TEDH exige a los togados, ay, además de “independencia”, su “apariencia” de tal (sentencia Dragosevic contra Croacia). Y sospecha de si es compatible el “juzgador” que intervino en la fase previa “de instrucción" (Saraiva de Carvalho contra Portugal): ¡Cinco de los siete magistrados que sentenciarán abrieron la causa —mediante el auto del 15/102024, que ya entró en el fondo del asunto—, y nombraron al instructor! Verde y con asas." 

( Xavier Vidal-Folch , El País, 02/11/25)

Caso García Ortiz o cómo una acusación de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso acaba con el jefe de la Fiscalía juzgado... Es la primera vez que una alta autoridad del Estado, contra toda prudencia penal e institucional, arrastra a otra alta autoridad del Estado al banquillo sin una sola prueba de cargo del delito imputado. Es la primera vez que una alta autoridad el Estado va a un juicio que nunca debería haberse celebrado con un voto particular alertando de la absoluta falta de evidencias penales. Es también la primera vez que se juzga la revelación de un secreto que ya no era secreto y había sido publicado por el propio titular del secreto. Es igualmente la primera vez que, quien informa lealmente a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, se sienta en el banquillo acusado por quien mintió para engañarla y manipularla... Para la historia de nuestro derecho penal queda la decisión de otorgar más valor al testimonio de un defraudador confeso y un difundidor de bulos reconocido, que a media docena de periodistas de reconocida trayectoria (Antón Losada)

"CRÓNICA - Caso García Ortiz o cómo una acusación de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso acaba con el jefe de la Fiscalía juzgado

Con ese impecable timing acreditado por el Tribunal Supremo, siempre agudizado por la orientación del Gobierno, el auto del magistrado Puente, encargando a la Audiencia Nacional la investigación de los pagos en efectivo en la sede del PSOE, suena a música celestial para los buscadores de la financiación perdida del puño y la rosa y viene a recordarle a los socialistas y al presidente Sánchez que, con gafas o sin gafas, aún son muchas las explicaciones pendientes por la pintoresca gestión de la caja de la organización. 

Cierto es que el auto habría resultado aún más demoledor si la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado hubiera salido como esperaba el Partido Popular, no como acabó quedando. Cierto es que, siendo condenable el mal uso de uso un solo euro público, las cantidades por las cuales se pregunta andan lejos de las comisiones millonarias, teorizadas por su señoría y el auto suena un poco a “investiga tú que yo ando muy liado”. Pero aun con todo, resta todavía cuenta pendiente, presidente. 

Sólo se trataba de un preámbulo porque la fiesta en el Supremo no acaba nunca. El destino ha querido que la semana de pasión de Carlos Mazón y los populares coincida con aquella que iba a ser la semana de penitencia del fiscal general, Álvaro Ortiz. La primera vez en la historia que un fiscal general se sienta en un banquillo, coinciden los titulares y es cierto. Pero no es la única primera vez. Hay más. 

Es la primera vez que una alta autoridad del Estado, contra toda prudencia penal e institucional, arrastra a otra alta autoridad del Estado al banquillo sin una sola prueba de cargo del delito imputado. Es la primera vez que una alta autoridad el Estado va a un juicio que nunca debería haberse celebrado con un voto particular alertando de la absoluta falta de evidencias penales. 

Es también la primera vez que se juzga la revelación de un secreto que ya no era secreto y había sido publicado por el propio titular del secreto. Es igualmente la primera vez que, quien informa lealmente a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, se sienta en el banquillo acusado por quien mintió para engañarla y manipularla.

Por desgracia, no será la primera vez en nuestra historia que la instrucción opere sobre un sesgo de confirmación que condujo a descartar todo aquello que no cuadraba con la versión del instructor. Para la historia de nuestro derecho penal queda la decisión de otorgar más valor al testimonio de un defraudador confeso y un difundidor de bulos reconocido, que a media docena de periodistas de reconocida trayectoria. 

Por todo ello, tampoco será la primera vez que un alto cargo de una administración popular reconoce en sede judicial haber mentido, abriendo la sospecha de la comisión de varios delitos, y luego abandona la sala por la puerta principal saludando como un campeón." 

(Antón Losada, eldiario.es) 

Mazón se borró el 29 de octubre para aparecer al final de la jornada, a las 20:28... como en todo crimen, ¿cuál fue el móvil de Mazón? ¿Por qué desapareció? ¿De qué quiso escaquearse? Mazón evitó declarar la alerta temprana cuando, a la sazón, se podía evitar tantas muertes. Que es precisamente lo que se investiga. ¿Pero por qué Mazón se borró? ¿Para no cerrar los comercios, por ejemplo, como hicieron otras instituciones como la universidad que clausuró sus actividades? Hagamos un cálculo aritmético sencillo... si el cierre de la actividad comercial se hubiera producido, por ejemplo, a las 14: 00 horas, y hasta las 20:00 horas, habría una pérdida de 114,6 millones de euros... ¿Estos eran los costes – o pérdidas- que algunos consideraron posible evitar si se mantenía la actividad y no se decretaba el cierre con la expectativa de que el temporal escampara? ¿Así persuadieron al pragmático Mazón? Feijóo, podría haberlo fulminado enseguida en lugar de sostener y estar orgulloso de Mazón y de su desaparición por razones que solo él sabe. Así, ambos han demostrado tener un estómago a prueba de lo peor y, al aguantar hasta el pasado miércoles 29, y ya veremos hasta cuándo, han quedado retratados para siempre (Ernesto Ekaizer)

 "¿Estamos llegando “al momento crimen y castigo” de la saga de Carlos Mazón un año después del 29 de octubre de 2024? Es decir, al instante en que ya no se puede aguantar más, después del repudio de los valencianos en el funeral del miércoles pasado.

¿Qué es el “momento crimen y castigo?

La trama de la novela (Moscú, 1866/1867) de Dostoyevski es la culpa y el tormento de la conciencia, el verdadero castigo del crimen más que el sometimiento del delito perpetrado a la ley.

¿Puede ser que tal momento se precipite a raíz de la procesión por dentro que experimentan la abogada y exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, los dos únicos imputados en la investigación penal de la jueza Nuria Ruiz Torralba y que el paso del tiempo ha sufrido en la celebración del primer aniversario un gran impacto emocional?

“Se tiene que saber la verdad de todo lo que hizo cada uno ese día. Yo al pie del cañón”, ha dicho Pradas, quien llamó a Mazón cuatro veces sin que el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana le cogiera el teléfono, a partir de las 12:52, poco después de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, propusiera a Pradas el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel.

La primera versión que corrió sobre la comida de Mazón ese 29 de octubre es que había almorzado con Salvador Navarro, el presidente de la patronal, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV). Navarro desmintió la versión y más tarde se conoció la verdad: Mazón compartió mesa y mantel en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, a quien la juez Ruiz Tobarra ha solicitado el ticket del aparcamiento donde se despidió de Mazón.

Todas las informaciones que ya han inundado miles de páginas a lo largo de este año, han dejado un hecho probado: Mazón se borró el 29 de octubre para aparecer al final de la jornada, a las 20:28.

Sin embargo, como en todo crimen, ¿cuál fue el móvil de Mazón? Esto, desde luego, es muy importante. ¿Por qué desapareció? ¿De qué quiso escaquearse?

Mazón evitó declarar la alerta temprana cuando, a la sazón, se podía evitar tantas muertes. Que es precisamente lo que se investiga.

“En definitiva si eran inevitables dichos fallecimientos”, en palabras de la jueza Ruiz Tobarra, que recogió el auto que fijaba el alcance de su instrucción.

Ya es evidente que eran evitables muchos de esos fallecimientos si se hubiera actuado con la diligencia debida.

¿Pero por qué Mazón se borró?

¿Para no cerrar los comercios, por ejemplo, como hicieron otras instituciones como la universidad que clausuró sus actividades?

Hagamos un cálculo aritmético sencillo. El Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana ronda los 140.000 millones de euros (es la cuarta economía de España).

Se trabajan 7.300 horas en un año. Si dividimos 140.000 millones de euros por esas 7.300 horas ello arroja la cifra de 19,1 millones. Y si a su vez se calcula que el cierre de la actividad comercial se hubiera producido, por ejemplo, a las 14: 00 horas, y hasta las 20:00 horas, los 19,1 millones multiplicados por esas seis horas arroja la cantidad de 114,6 millones de euros.

¿Estos eran los costes – o pérdidas- que algunos consideraron posible evitar si se mantenía la actividad y no se decretaba el cierre con la expectativa de que el temporal escampara?

¿Así persuadieron al pragmático Mazón?

¿Y fue por este móvil que desapareció y no ordenó lo que tenía que ordenar, dejando que la realidad se impusiera?

El funeral puede estar precipitando el “momento crimen y castigo”.

Bien.

Alberto Nuñez Feijóo, podría haberlo fulminado enseguida en lugar de sostener y estar orgulloso de Mazón y de su desaparición por razones que solo él sabe.

Así, ambos han demostrado tener un estómago a prueba de lo peor y, al aguantar hasta el pasado miércoles 29, y ya veremos hasta cuándo, han quedado retratados para siempre." 

( Ernesto Ekaizer , blog, 01/11/25)

La exposición pública de Mazón ante las víctimas es una forma de recibir castigo sin renunciar al cargo... “Si me insultan, si me humillan, si me gritan, entonces ya he pagado”... Pero el castigo simbólico no sustituye la responsabilidad institucional... convierte el dolor de las víctimas en herramienta de legitimación. Y desplaza el foco del deber político a la redención personal... Mazón sabía que sería lapidado verbalmente por los familiares de las víctimas. No fue por ignorancia. Fue por cálculo... ha buscado una forma de castigo que le permita seguir... El acto público como penitencia es insuficiente. No repara. No responde. No asume. Solo posterga lo inevitable: la rendición de cuentas (Max Pradera)

Max Pradera   @maxpradera

Hilo: Mazón, el acto público como penitencia sustitutiva. 1. Carlos Mazón sabía que sería lapidado verbalmente por los familiares de las víctimas. No fue por ignorancia. Fue por cálculo. El acto no era conmemorativo: era expiatorio.

2. La dimisión es un acto político, pero también psicológico. Implica asumir la responsabilidad y renunciar al poder. Mazón no ha dimitido. Pero ha buscado una forma de castigo que le permita seguir.

 3. La exposición pública ante las víctimas —tras el explícito “no vengas”— no es un gesto de empatía. Es una escena de penitencia. Una forma de recibir castigo sin renunciar al cargo.

 4. En términos psicológicos, es una externalización del castigo: “Si me insultan, si me humillan, si me gritan, entonces ya he pagado.” Pero el castigo simbólico no sustituye la responsabilidad institucional.

 5. Esta lógica es peligrosa. Porque convierte el dolor de las víctimas en herramienta de legitimación. Y porque desplaza el foco: del deber político a la redención personal.

 6. Mazón no busca justicia. Busca absolución. Pero la única vía legítima es la dimisión. Y fuera del cargo, ya no controla el relato: queda a merced de la jueza de Catarroja.

 7. El acto público como penitencia es insuficiente. No repara. No responde. No asume. Solo posterga lo inevitable: la rendición de cuentas.

10:27 p. m. · 29 oct. 2025 301 Visualizaciones

Antonio Maestre: En las fechas próximas al puente de noviembre todo lo que fuera alertar sobre un evento meteorológico como el suceso requería significaría un golpe económico para el lobby de la hostelería, tan poderoso de Alicante, al que Carlos Mazón sirve y al que debe su presidencia. Le pasó eso y que le puede la vida ociosa y contemplativa... Ahora, los hechos e indicios son conocidos... En El Ventorro estuvo con la periodista desde que llegara andando cuando acabó la reunión hasta las 18.45, según indicó la postraumada Vilaplana en su carta un año después. Más de cuatro horas de comida y sobremesa mediterránea... la comida se produjo para un ofrecimiento profesional que diversas fuentes confirman que ya se había producido en fechas anteriores y, por lo tanto, no sería el motivo principal de esa comida, si es que en ella volvió a salir el tema... ya se les conocía una relación “llamativa”, en palabras de Sergi Pitarch, a Maribel Vilaplana y Carlos Mazón... Todos los españoles somos conscientes de que las sobremesas no se componen de café y pastitas cuando se alargan... Mazón realizó una llamada al alcalde de Cullera, que este calificó como extraña, sus palabras exactas fueron: “Yo no sé en qué estado estaba, pero de emergencia no era”... “Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre, cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes? Y ya los escoltas vuelven al Palau”... Yo no puedo decir lo que todos sabemos que ocurrió, pero todos lo sabemos

 "A Carlos Mazón lo que le ocurrió aquellos días fue el síndrome del Alcalde de Amity Island, ese político de la película de 'Tiburón' que no quería dar la voz de alarma porque eso supondría el final de la temporada de verano para una población que vivía del turismo

Documental - '¿Dónde estaba Mazón?': el documental que investiga la gran incógnita de la dana

Una mínima investigación forense basta para conocer hacia dónde apuntan los indicios existentes sobre la actuación de Carlos Mazón mientras morían ahogados los valencianos y las razones por las que estuvo desaparecido. El tema es un elefante en la habitación del que por cuestiones morales aún no puede decirse explícitamente, a la espera de que uno de los dos interfectos tenga la vergüenza de reconocerlo, porque un periodista por mucho que los indicios apunten hacia una dirección no puede decir lo que todo parece hasta que tenga la prueba de la pistola humeante.

El documental publicado por los compañeros de elDiario.es en la Comunitat Valenciana permite que ustedes saquen sus conclusiones sobre lo que ocurrió sin necesidad de que nadie se gane una querella diciendo lo que todos saben. A Carlos Mazón lo que le ocurrió aquellos días fue el síndrome del Alcalde de Amity Island, ese político de la película de Tiburón que no quería dar la voz de alarma porque eso supondría el final de la temporada de verano para una población que vivía del turismo. En las fechas próximas al puente de noviembre todo lo que fuera alertar sobre un evento meteorológico como el suceso requería significaría un golpe económico para el lobby de la hostelería, tan poderoso de Alicante, al que Carlos Mazón sirve y al que debe su presidencia. Le pasó eso y que le puede la vida ociosa y contemplativa.

Ahora, los hechos e indicios ya conocidos y los novedosos narrados en el documental, para que ustedes saquen las conclusiones. Carlos Mazón se fue a comer al Ventorro con Maribel Vilaplana después de su última reunión con sindicatos y patronal, que terminó a las 14.30. Se fue andando desde la Generalitat. En El Ventorro estuvo con la periodista desde que llegara andando cuando acabó la reunión hasta las 18.45, según indicó la postraumada Vilaplana en su carta un año después. Más de cuatro horas de comida y sobremesa mediterránea.

Según ambas partes implicadas en el ágape, la comida se produjo para un ofrecimiento profesional que diversas fuentes confirman que ya se había producido en fechas anteriores y, por lo tanto, no sería el motivo principal de esa comida, si es que en ella volvió a salir el tema. Maribel Vilaplana y Carlos Mazón cenaron juntos en el restaurante La Raspa el 11 de octubre y ya se les conocía una relación “llamativa”, en palabras de Sergi Pitarch en el documental. 

En las primeras declaraciones del entorno de Maribel Vilaplana en los días posteriores a la catástrofe se dijo que había habido una botella de vino en el encuentro. La Generalitat se ha negado en rotundo a facilitar la factura de lo que se consumió en esas cuatro horas de comida y sobremesa. Todos los españoles somos conscientes de que las sobremesas no se componen de café y pastitas cuando se alargan. Pero no sabemos lo que hubo porque Carlos Mazón se niega a hacerlo público. Por las razones que sean. Al final de la sobremesa se realizó una llamada al alcalde de Cullera, que este calificó como extraña y no propia del presidente de la Generalitat, sus palabras exactas fueron: “Yo no sé en qué estado estaba, pero de emergencia no era”.

Una fuente citada en el documental de elDiario.es dijo que el President de la Generalitat no llegó al Palau hasta las 19.45. Una hora después de que abandonara El Ventorro, según Maribel Vilaplana. Añado yo que no tenemos tampoco conocimiento de si lo hizo solo. Nadie sabe dónde estuvo Carlos Mazón durante esa hora. Otra fuente conocedora del movimiento de los escoltas del President de la Generalitat dio una pista: “Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre, cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes? Y ya los escoltas vuelven al Palau”. Esta es una cronología de hechos e indicios. Yo no puedo decir lo que todos sabemos que ocurrió, pero todos lo sabemos."                      (Antonio Maestre, eldiario.es, 25/10/25)

Enric Juliana: España, encerrada en El Ventorro... La fatídica semana del 29 de octubre del 2024 presentaba un puente de tres días... Creo que vamos entendiendo porque los gobernantes valencianos no tenían mucha prisa en enviar una alerta general que podía tener efectos disuasorios para los posibles visitantes foráneos, que podían ser miles y miles. Mucho dinero... El día de la dana, la administración regional valenciana ya llevaba semanas trabajando en la modificación de la legislación urbanística para autorizar la construcción de hoteles a doscientos metros de la playa... Había una atmósfera. Había una óptica. Había una campaña contra las alertas meteorológicas. Había unos prejuicios y unos intereses. Y después se supo lo del Ventorro... El Ventorro, el ámbito en el que los políticos se comportan de manera manifiestamente irresponsable sin que pase nada. Mazón no ha dimitido porque le falta coraje cívico, cualidad que probablemente desconoce, y porque Alberto Núñez Feijóo, escuela Romay Beccaría, no quiere líos en el PP valenciano, y confía en que el tiempo vaya diluyendo poco a poco el malestar de la gente, a la espera de que la magistratura acabe liquidando a Pedro Sánchez... Ha pasado un año y el ganador es Vox, capitaliza el malestar y ha hecho prisionero al PP valenciano, puesto que Mazón les debe su supervivencia... La Comunidad Valenciana es hoy el escaparate de la captura estratégica del PP por parte de su nuevo rival. Vox estaba hace un año en el 9% y ahora ya galopa hacia el 20% en toda España... Algo está pasando desde que España se quedó encerrada en El Ventorro

 "Al principio fue la burla, la intolerancia ante las alertas meteorológicas. Cuando ocurrió la tragedia de Valencia, los insultos y amenazas en las redes sociales contra los profesionales de la Agencia Estatal de la Meteorología ya eran costumbre. Los meteorólogos deben ser difamados porque se han convertido en los pedagogos del cambio climático. Los hombres y las mujeres del tiempo no deben estropear el negocio hotelero en el país de los magníficos fines de semana.

Pelea doméstica que conectaba con una corriente mucho más amplia: la ofensiva contra los estudios del clima y la constante denigración de la ciencia. La confianza en la ciencia debe ser laminada porque contribuye a crear un orden social basado en la razonabilidad, lo cual refuerza el universalismo, el globalismo. “¿Lo dice la ciencia? No me lo creeré hasta que no lo lea en mi red social de confianza. ¡Arriba la subjetividad!”. Esa estrategia no se diseñó en Valencia, por supuesto. Esa estrategia forma parte de la gran batalla mundial en curso, pero fue determinante en la tragedia de Valencia.

A la onda difamatoria contra la meteorología y a la consigna de no lastimar los intereses de la hostelería, se le sumó el liberalismo castizo. 4 de noviembre del 2023. Un año antes de la dana valenciana, la Comunidad de Madrid ensayó el envío de una alerta a los teléfonos móviles ante el riesgo de lluvias torrenciales. Era la primera vez que se experimentaba ese tipo de comunicación en España. Llovió mucho, pero no hubo que lamentar graves daños en la capital. Un mes antes, otra fuerte borrasca había causado inundaciones y dos muertos en la periferia de Madrid. Aquella sonora  alerta en los móviles no gustó al liberalismo castizo: ¡Intolerable intromisión del Estado en la vida de los ciudadanos! ¡Pitido orwelliano! Buena bronca se armó en Madrid contra la Aemed en noviembre del 2023. Incluso el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, se metió en la pelea: “Si un organismo público alerta de ‘peligro extremo’ debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas”. El Partido de la Hostelería manda mucho en España. Al final, herida en su amor propio, Isabel Díaz Ayuso tuvo que salir en defensa del mensaje de alerta, propiciado por el pronóstico de los meteorólogos, pero enviado a los teléfonos móviles por su gobierno. “Con lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a esa alerta”, dijo, con notable lucidez.

Todas las batallas culturales que se hornean en Madrid tienen su repercusión en ‘provincias’. Los altavoces del Madrid DF son potentes. Se abrió un surco: hay que desconfiar de los meteorólogos, cuidado con alarmar demasiado a la gente, tengamos muy en cuenta que hay otros intereses que defender.

La fatídica semana del 29 de octubre del 2024 presentaba un puente de tres días, puesto que la festividad de Todos los Santos caía en viernes. Viernes, sábado y domingo, una magnifico finde para salir de casa antes que el otoño se enfríe. Creo que vamos entendiendo porque los gobernantes valencianos no tenían mucha prisa en enviar una alerta general que podía tener  efectos disuasorios para los posibles visitantes foráneos, que podían ser miles y miles. Mucho dinero.

La hostilidad contra las alertas meteorológicas en un país turístico contribuyó al desastre

No era una orden, no era una consigna. Era una actitud. Era una óptica. Era la línea de fondo. Carlos Mazón había nombrado consejera de Turismo e Industria a la abogada Nuria Montes, presidenta de Hosbec, la asociación hotelera más grande de España, entidad surgida en Benidorm. El día de la dana, la administración regional valenciana ya llevaba semanas trabajando en la modificación de la legislación urbanística para autorizar la construcción de hoteles a doscientos metros de la playa. Pacto PP-Vox que ha invalidado los quinientos metros establecidos por el anterior gobierno presidido por Ximo Puig .

(La señora Montes fue destituida días después de la dana por haberse encarado con familiares de las víctimas que intentaban localizar a sus parientes desaparecidos en la morgue instalada en la Fira de València).

Había una atmósfera. Había una óptica. Había una campaña contra las alertas meteorológicas. Había unos prejuicios y unos intereses. Y después se supo lo del Ventorro. Y desde entonces España está encerrada en El Ventorro, el ámbito en el que los políticos se comportan de manera manifiestamente irresponsable sin que pase nada. Mazón no ha dimitido porque le falta coraje cívico, cualidad que probablemente desconoce, y porque Alberto Núñez Feijóo, escuela Romay Beccaría, no quiere líos en el PP valenciano, no quiere líos en general, y confía en que el tiempo vaya diluyendo poco a poco el malestar de la gente, a la espera de que la magistratura acabe liquidando a Pedro Sánchez, si no lo hace antes Carles Puidgmont, aterrorizado por el crecimiento de Aliança Catalana en las encuestas.

Ha pasado un año y el ganador es Vox, sin duda alguna. Vox capitaliza el malestar y ha hecho prisionero al PP valenciano, puesto que Mazón les debe su supervivencia. Mazón hace todo lo que le dicta Vox. La Comunidad Valenciana es hoy el escaparate de la captura estratégica del PP por parte de su nuevo rival. Vox estaba hace un año en el 9% y ahora ya galopa hacia el 20% en toda España.

Gana Vox, el partido de la desconfianza; ha capturado a Mazón y sube en toda España

La dana valenciana inauguró un extraño periodo de desplomes: el gran apagón del 28 de abril del 2025, que ha abierto una descomunal batalla de intereses en el mercado eléctrico; los terribles incendios forestales de este pasado verano en Castilla y León, Extremadura y Galicia, con evidentes actitudes negligentes en instancias políticas, y ahora, el escándalo de las mamografías en Andalucía.

Algo está pasando desde que España se quedó encerrada en El Ventorro.

(Enric Juliana, La Vanguardia, 26/10/25)

El modelo popular de gestión de las crisis incendiarias se estructura en tres fases... propaganda en vena mientras llueve: Suárez Quiñones, el mismo consejero castellano que denunciaba el abandono del gobierno central en agosto, presumía en primavera de su región como ejemplo europeo de innovación forestal. La Xunta de Alfonso Rueda era la campeona mundial de inversión en previsión de fuegos y la orgullosa gestora del mejor sistema de extinción de Europa occidental... Cuando empieza a arder se activa la segunda fase del modelo de gestión de emergencias: incendios que no se ven, incendios que no queman. Lo que no se cuenta no existe, así que no hay incendios hasta que el humo tape el sol y si los hay están todos bajo control porque los técnicos dicen que hay medios de sobra y tenemos el mejor sistema de extinción de la OCDE... Cuando el fuego salta todos los controles informativos y la censura previa porque no queda más remedio que cortar la línea del AVE, desplazar parroquias enteras o decidir qué aldea se salva, entonces se activa la fase 3: los presidentes se reconvierten en tertulianos dedicados a tuitear o hacer videos, con barba de dos días, comentado la incapacidad del verdadero culpable: el rojosatánico gobierno central. El modelo funciona con tal sincronía que los presidentes sienten la imperiosa necesidad de mandar mensajes casi a la misma hora y el mismo día reclamando un despliegue similar al del Día D en las playas de Normandía... El resto ya es presente. La culpa recae en todos menos en los responsables directos de la gestión de los fuegos... la Xunta popular es capaz de afirmar a la vez que estos incendios están fuera de la capacidad de extinción de cualquier sistema, que tenemos el mejor sistema de extinción del mundo y que se han quemado más de cien mil hectáreas en una semana porque el malvado Pedro Sánchez no ha mandado aposta los medios que le pidieron anteayer. Arde Galicia, pero non queima. Ya lo decían Os Resentidos (Antón Losada)

 "(...) Siempre en primera línea de lucha contra el fuego desde aquel verano del 2006, cuando hizo frente a la incompetencia del gobierno nacionalista y socialista del bipartito gallego armado con una simple manguerita y unos mocasines de verano, mientras sus alcaldes recibían la orden de “dilatar” la firma de los convenios de brigadistas o la disponibilidad de las motobombas, o una NASA de ficción triplicaba la superficie quemada, ahora se nos propone un nuevo modelo más avanzado y complejo.

Este nuevo modelo popular de gestión de las crisis incendiarias se estructura en tres fases y sorprende tanto por su sencillez como por su efectividad. La primera fase funciona al modo tradicional: propaganda en vena mientras llueve y la climatología opera como el mejor bombero. Suárez Quiñones, el mismo consejero castellano que denunciaba el abandono del gobierno central en agosto, presumía en primavera de su región como ejemplo europeo de innovación forestal. La Xunta de Alfonso Rueda era la campeona mundial de inversión en previsión de fuegos y la orgullosa gestora del mejor sistema de extinción de Europa occidental.

Cuando empieza a arder se activa la segunda fase del modelo de gestión de emergencias y comienza la verdadera innovación. Se basa en un principio tan sencillo como efectivo: incendios que no se ven, incendios que no queman. Lo que no se cuenta no existe, así que no hay incendios hasta que el humo tape el sol y si los hay están todos bajo control porque los técnicos dicen que hay medios de sobra y tenemos el mejor sistema de extinción de la OCDE. Todo funciona tan bien y está tan coordinado que el presidente o presidenta no tiene ni que interrumpir sus vacaciones estivales… hasta que una comarca entera es desalojada o confinada porque el viento no coopera, o porque hace mucho calor, o porque los pirómanos no descansan.

Cuando el fuego salta todos los controles informativos y la censura previa porque no queda más remedio que cortar la línea del AVE, desplazar parroquias enteras o decidir qué aldea se salva, entonces se activa la fase 3: los presidentes se reconvierten en tertulianos dedicados a tuitear o hacer videos, con barba de dos días, comentado la incapacidad del verdadero culpable: el rojosatánico gobierno central. El modelo funciona con tal sincronía que los presidentes sienten la imperiosa necesidad de mandar mensajes casi a la misma hora y el mismo día reclamando un despliegue similar al del Día D en las playas de Normandía.  

El resto ya es presente. La culpa recae en todos menos en los responsables directos de la gestión de los fuegos, que están para evaluar y puntuar lo que hemos hecho todos los demás; especialmente los bomberos, que pasan en horas de sacrificados héroes contra el fuego a taimados agentes del sanchismo. Una vez más a la vanguardia de la innovación, el caso de Galicia destaca especialmente. El modelo de propaganda de sexta generación se ha perfeccionado de tal manera que la Xunta popular es capaz de afirmar a la vez que estos incendios están fuera de la capacidad de extinción de cualquier sistema, que tenemos el mejor sistema de extinción del mundo y que se han quemado más de cien mil hectáreas en una semana porque el malvado Pedro Sánchez no ha mandado aposta los medios que le pidieron anteayer. Arde Galicia, pero non queima. Ya lo decían Os Resentidos."

(Antón Losada , CTXT, 29/08/25)

Covid: Ayuso, reclama al Gobierno que sean las Fuerzas Armadas las que hagan cumplir las restricciones... dana: Ayuso desliza que los militares no fueron enviados “a tiempo” siguiendo un cálculo político... apagón: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso piden la movilización del Ejército... incendios: Feijóo, y en su estela los presidentes de las autonomías más torturadas, desatan un crescendo sin precedentes de exigencias militares... el PP se aferra a su manual para desviar culpas crisis tras crisis, dentro de un discurso de culpabilización del Gobierno, desviando la atención de las competencias de las comunidades, la mayoría dirigidas por el propio PP, sobre materias clave para la resolución de las crisis, como la atención sanitaria, la gestión de emergencias, la protección civil o la lucha contra los incendios... PP recurre al Ejército dentro de una pauta constante de elusión de sus responsabilidades autonómicas cuando más necesario es ejercerlas”, para enfatizar la responsabilidad del Gobierno central y minimizar la autonómica... así durante la covid, trataba de desplazar al Gobierno central la responsabilidad del desastre en las residencias de mayores, zona cero de la catástrofe sanitaria y de competencia autonómica... las leyes de las tres comunidades más castigadas, tanto Castilla y León como Galicia y Extremadura asignan a los gobiernos territoriales el principal papel en la lucha contra los incendios... “Ellos tienen un patrón claro: cuando se ven cuestionados, se preocupan más por salvar su imagen que por solucionar la crisis, y la mejor forma de salvar la imagen es culpar al Gobierno” (Ángel Munárriz)

 "Crisis 1: covid. Una de las primeras exigencias del PP, entonces dirigido por Pablo Casado, es que el Ejército extienda su despliegue a Cataluña y el País Vasco, donde sospecha de resistencias nacionalistas. Pasado lo peor, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclama al Gobierno que sean las Fuerzas Armadas las que hagan cumplir las restricciones.

Crisis 2: dana. El PP, cuestionado por la gestión de Carlos Mazón, acusa al Gobierno de lentitud en el despliegue militar. Ayuso desliza que los militares no fueron enviados “a tiempo” siguiendo un cálculo político, para que en “esto que llaman Países Catalanes” no vean que tienen “a su lado” al “Ejército de España”.

Crisis 3: apagón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso piden la movilización del Ejército.

Crisis 4: incendios. Feijóo, y en su estela los presidentes de las autonomías más torturadas —Castilla y León, Galicia y Extremadura— y de la Comunidad de Madrid, desatan un crescendo sin precedentes de exigencias militares. Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, cambia su posición drásticamente en solo un día: primero, niega que el problema sea “de falta de medios áreos o de falta de medios terrestres” y afirma que los mandos del Ejército “han puesto a disposición” de la Junta “todo lo que tienen” a su alcance; al día siguiente, exige mil soldados, 25 bulldozers y 30 helicópteros.

Las anteriores catástrofes son diferentes entre sí. Pero tienen algo en común. En todas, el PP recurrió a la exigencia de un despliegue militar —uno mayor que el que ya había— dentro de un discurso de culpabilización del Gobierno, desviando la atención de las competencias de las comunidades, la mayoría dirigidas por el propio PP, sobre materias clave para la resolución de las crisis, como la atención sanitaria, la gestión de emergencias, la protección civil o la lucha contra los incendios.

“El Ejército es una de las máximas expresiones del poder del Estado. Es lógico recurrir a él, tanto por capacidades como por simbolismo, en situaciones críticas, siempre que se evite que las emergencias acaben sirviendo a tentaciones autoritarias”, señala Antonio Madrid, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. “Ahora bien —puntualiza–, lo que hemos visto estos años es cómo el PP recurre al Ejército dentro de una pauta constante de elusión de sus responsabilidades autonómicas cuando más necesario es ejercerlas”.

La castrense no ha sido la única carta que el PP ha jugado, crisis tras crisis, para enfatizar la responsabilidad del Gobierno central y minimizar la autonómica.

— Durante el covid, el partido reclamaba con frecuencia el “mando único” sanitario e incluso trataba de desplazar al Gobierno central la responsabilidad del desastre en las residencias de mayores, zona cero de la catástrofe sanitaria y de competencia autonómica.

— En la dana, Feijóo llegó a pedir la emergencia nacional. Su declaración hubiera quitado el mando de la crisis a Mazón, que se resistió a cederlo y alegó en su defensa que los militares tardaron en llegar, lo que provocó una inédita réplica del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

— Tras el apagón, siete comunidades se acogieron a la emergencia nacional, entregando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la dirección de sus recursos autonómicos.

Ahora, ante los incendios, numerosas voces del PP, además de urgir a una actividad militar más contundente, recalcan la importancia de la persecución policial de lo que Feijóo llama “terrorismo incendiario”. El líder del partido esgrime para ello el dato, desmentido por la estadísticas oficiales, de que “el 80% de los fuegos son intencionados”. Por su parte, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno, ha dicho que pretende “abrir un debate” para endurecer las penas a “pirómanos”.

¿Qué tiene en común todo lo anterior? Que está fuera de las competencias de las autonomías, precisamente el ámbito donde el PP es el gran dominador: gobierna en 12 de las 17, en once con la presidencia. Y no puede decirse que las competencias autonómicas sean menores en este terreno. Acudiendo a las leyes de las tres comunidades más castigadas, tanto Castilla y León como Galicia y Extremadura asignan a los gobiernos territoriales el principal papel en la lucha contra los incendios.

No obstante, como corresponde a un Estado multinivel, hay zonas de grises. Siempre hay espacio para justificar que el foco apunte también al Gobierno central, incluso en asuntos de competencia descentralizada. La propia Ley de Montes de Castilla y León, por ejemplo, asigna la responsabilidad antiincendios a la Junta, pero “en coordinación” con el Gobierno. Y la norma nacional sobre la materia prevé el despliegue de “medios estatales” cuando sea necesario. Así que de ahí puede colgar el PP su exigencia constante de recursos, que en esta oleada de incendios se ha producido en algún caso, como en Castilla y León, mientras la Junta mantenía paralizados medios ya cedidos.

Valores castrenses

Al igual que el jurista Antonio Madrid, el experto en comunicación política Isaac Hernández ve en el recurso constante del PP a las Fuerzas Armadas —también en 2024, cuando Miguel Tellado pidió su despliegue frente a las costas africanas contra la inmigración ilegal— “el ejemplo más claro” de una forma sistemática de comportarse que tiene dos objetivos. El primero es asociarse a los valores de “rigor, control y disciplina” a los que automáticamente remite el Ejército, de arraigado prestigio y especialmente en el electorado conservador, señala. El segundo, añade, es “desviar la atención del nivel autonómico de la administración”.

¿Logra estos fines el PP? Aunque las investigaciones judiciales sobre la gestión de las residencias de Madrid y la dana apuntan con claridad a responsabilidades autonómicas, lo cual parece avalar al Gobierno central en la disputa competencial, Hernández cree que el PP sale beneficiado del “constante” choque político entre las comunidades y el Ejecutivo central. No en vano, recalca, presidentes autonómicos populares que chocaron casi a diario con Sánchez durante el covid, singularmente Ayuso, salieron reforzados de las urnas.

“El manual dice que en una crisis se suele dar el efecto rally ‘round the flag, por el que el líder, en este caso el presidente del Gobierno, consigue un mayor respaldo popular. La realidad, desde la pandemia de covid, muestra que el PP ha ido ganando las batallas del relato con un esquema sencillo, según el cual el Gobierno es débil, como demuestra que se resista a usar con contundencia su mejor arma, el Ejército”, añade el consultor y experto en marketing político, que cree que el Ejecutivo ha facilitado las cosas al PP al tardar en presentar a Sánchez “en modo crisis” tras la dana, el apagón y los incendios.

El riesgo para el sistema

El modo de actuar del PP, agrega Hernández, también expone a Feijóo al peligro de beneficiar a su principal competidor en la derecha, Vox: “Al insistir tanto en el abandono por parte del Gobierno y transmitir la imagen de una descoordinación, corre el riesgo de alimentar dos discursos de la ultraderecha: el del Estado fallido y el de la inutilidad de las autonomías”.

Hay datos ya que indican un declive del prestigio del modelo competencial español. Las evolución de las preferencias por distintas formas de la organización territorial entre 2018, justo cuando irrumpió el partido de Santiago Abascal en las elecciones andaluzas, y 2024, última vez que el CIS preguntó, muestra que la opción que más apoyo pierde es el sistema autonómico actual, y la que más respaldo gana es un recorte de competencias autonómicas.

 Autor del ensayo La política y la justicia del sufrimiento (Trotta, 2010), Antonio Madrid muestra su inquietud ante la dinámica en que se ha instalado el sistema autonómico, que desde el covid ha visto aflorar “problemas estructurales” que no han llevado —señala— a una reacción para su solución, sino a un enconamiento del conflicto político. En vez de abrirse “un debate sobre la financiación, la cooperación o la federalización”, expone, “la dinámica que se ha generado ha sido un juego interesado, con el PP desde las comunidades desplazando sus propias obligaciones al Gobierno y este administrando la situación para poner en evidencia los errores y déficits en la gestión del adversario”.

El catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar observa cómo “se ha impuesto una lógica competitiva” en vez de “cooperativa”. Dentro de un “tira y afloja” del que Salazar no hace al PP único responsable, sí subraya la propensión de los populares a “echar balones fuera” desde las comunidades a lo largo de este quinquenio de emergencias, trasladando la idea de que las competencias autonómicas son casi tareas opcionales a las que se puede renunciar cuando surgen dificultades.

“La Constitución salvaguarda mucho las competencias territoriales. La Administración central solo puede intervenir cuando hay un incumplimiento de obligaciones constitucionales, con el artículo 155, cuando la crisis se extiende más allá de un territorio, o cuando hay una petición de ayuda”, desarrolla el profesor. Precisamente en este caso, la “petición de ayuda”, Salazar detecta una falta de regulación que “pone de manifiesto las carencias en materia de coordinación” del modelo territorial.

El PP, a través de un portavoz, niega que haya incurrido en “mala gestión” o “dejación de competencias” ante los incendios, como habría reconocido Grande-Marlaska al afirmar que se hubiera planteado el nivel 3 de alerta si la gestión de alguna comunidad no hubiera sido “adecuada”. A juicio del PP, el problema en esta crisis y las anteriores es que el Ejecutivo de Sánchez nunca está “a la altura de la emergencia”. “El Gobierno siempre termina responsabilizando a las comunidades”, apunta.

Una fuente de La Moncloa señala que el PP prueba la validez de la llamada “teoría del espejo”, según la cual cuando alguien es criticado por un error atribuye al adversario los pecados propios. “Ellos tienen un patrón claro: cuando se ven cuestionados, se preocupan más por salvar su imagen que por solucionar la crisis, y la mejor forma de salvar la imagen es culpar al Gobierno”, concluye." 

(Ángel Munárriz  , El País, 24/08/25)