Cuando la rentabilidad desplaza a los pacientes. El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos a los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas... Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado... La nueva ley llega en un momento crítico... es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros... debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados... debe impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales... Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación... El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje (Joan Carles March)

 "El escándalo del Hospital de Torrejón ha hecho saltar por los aires un debate que llevaba décadas latente: ¿Qué ocurre cuando la gestión de un servicio público esencial se entrega a empresas cuyo fin último es la rentabilidad? La pregunta no es nueva, pero las revelaciones recientes han dado una respuesta tan cruda como incómoda. Los audios y correos internos divulgados muestran un sistema donde la prioridad no era atender mejor, sino seleccionar mejor: escoger a los pacientes más rentables, reorganizar prioridades clínicas en función del beneficio empresarial y frenar procedimientos costosos, aunque fueran necesarios desde el punto de vista médico. La lógica implícita era diáfana: restringir la atención a quienes generaban menos ingresos y reservar recursos para pacientes derivados desde otras zonas cuya atención resultaba más lucrativa.

La grabación en la que un alto directivo de Ribera Salud reconoce que “la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa” sintetiza ese modo de operar: cada paciente no atendido era un ahorro, y cada ahorro, un incremento del beneficio. Lo que hasta hace poco era un argumento político o ideológico hoy es un hecho documentado: cuando un servicio público esencial se somete a presiones mercantiles, termina comportándose como un negocio.

Sanidad pública y negocio privado: una tensión estructural

La cuestión de fondo es si puede conciliarse el afán de lucro con la prestación de un derecho fundamental. No se trata de demonizar al sector privado —que históricamente ha desempeñado un papel complementario en el Sistema Nacional de Salud—, sino de reconocer que cuando la gestión de los elementos esenciales del sistema se externaliza, la lógica empresarial invade el espacio de las decisiones clínicas. Y cuando un hospital público gestionado por una empresa privada debe elegir entre operar a un paciente o mejorar su EBITDA, la frontera ética se desdibuja.

El caso de Torrejón no es una anécdota ni un error de comunicación: es un síntoma de un modelo que permite que intereses ajenos al bienestar de los pacientes se impongan sobre las necesidades clínicas. Durante años se advirtió de que esto podía ocurrir. Ahora sabemos que, al menos en este caso, ocurrió.

El episodio que marca un antes y un después

Lo sucedido obliga a replantear con rigor el papel de la gestión privada en servicios donde la vida, la dignidad y la igualdad están en juego. No es solo una discusión técnica, sino democrática. Un sistema público sometido a incentivos privados termina generando desigualdades y opacidades incompatibles con el derecho a la salud.

Por ello, se vuelve urgente avanzar hacia una auténtica Ley de Gestión Pública que blinde el sistema frente a las inercias del mercado. Una norma que recupere la gobernanza pública de los centros sanitarios, limite la participación de empresas con ánimo de lucro y garantice que decisiones como las conocidas en Torrejón sean imposibles por diseño, no únicamente por sanción.

Hacia dónde debe ir la Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS

La nueva ley llega en un momento crítico. Para ser transformadora debe abordar los elementos estructurales que han permitido que la rentabilidad se deslizara por las rendijas del sistema.

En primer lugar, es imprescindible blindar la gestión pública frente al ánimo de lucro, garantizando que las áreas esenciales —hospitales, urgencias, atención primaria, emergencias, diagnósticos estratégicos— no queden en manos de empresas sometidas a intereses financieros.

En segundo lugar, debe derogarse de manera efectiva la Ley 15/97, que abrió la puerta a modelos de gestión privatizada sin mecanismos de control suficientes. Restaurar la gobernanza pública como modelo preferente requiere un calendario claro de reversión de los centros externalizados.

La ley debe también regular estrictamente la colaboración público-privada: prohibir acuerdos con fondos de inversión, imponer transparencia contractual absoluta y establecer cláusulas de rescisión automática ante incumplimientos sanitarios o éticos.

Otro aspecto clave es impedir la doble pertenencia y las puertas giratorias profesionales, incompatibilizando la toma de decisiones en el sistema público con la actividad simultánea en empresas privadas del sector.

Además, es imprescindible crear un sistema nacional de trazabilidad de listas de espera. Si algo ha revelado el caso Torrejón es que la opacidad favorece la manipulación. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre en cada tramo del proceso asistencial.

Por último, la ley debe reforzar la atención primaria, garantizar la soberanía pública en datos e infraestructuras y recuperar la participación ciudadana como mecanismo de control democrático.

Un blindaje para lo que es de todos

El futuro del sistema sanitario público dependerá de que esta ley no sea un parche, sino un blindaje: cerrar la vía por la que el ánimo de lucro penetró en lo más profundo del sistema; recuperar el control público de lo esencial; garantizar transparencia, equidad y responsabilidad; y, sobre todo, recordar que la salud es un derecho que no puede sacrificarse en el altar de la rentabilidad. El caso Torrejón muestra que donde manda el negocio, la equidad se resiente y la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, ningún sistema sanitario puede sostenerse." 

(Joan Carles March Cerdá , El País, 15/12/25) 

En el Hospital de la Ribera, privatizado, en Alzira, premiaban a los médicos por dar altas precoces. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, después del alta tenían que volver... Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros zonas. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos, había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos, de Alzira, y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero... Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Los responsables sanitarios que revirtieron la primera concesión del mismo modelo que opera en el hospital madrileño se encontraron almacenes casi vacíos y equipos obsoletos, y tuvieron que afrontar denuncias penales y campañas de desinformación

 "Isabel González, nacida en Avilés (Asturias) hace 76 años, fue radióloga, jefa de servicio y gerente del Hospital de Sant Joan de Alicante. En 2017 la nombraron directora general de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat valenciana con la misión de preparar la reversión del Hospital de la Ribera, en Alzira, el primero público de gestión privada en España, inaugurado en el año 2000, que dio nombre a un modelo que desde Valencia se extendió a otras comunidades gobernadas por el PP, como Madrid. Y que esta semana ha vuelto a ser cuestionado a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón. La reversión de Alzira se concretó en el primer minuto del 1 de abril de 2018. González la vivió en el hospital, donde estuvo trabajando hasta avanzada la madrugada. “Fue como montarse a un tren en marcha”, responde por viodeollamada desde el edificio de Alicante donde vive, en un piso de la planta 18, frente al mar.

Pregunta. ¿Fue difícil revertir la concesión sanitaria de un hospital?

Respuesta. Privatizar es muy fácil, desprivatizar es difícil. Nosotros tuvimos que pelear mucho. De entrada, afrontamos decenas de recursos judiciales de la empresa, Ribera Salud, que acabó perdiendo la concesionaria. También nos presentaron demandas, por la vía penal, a varias de las personas que dirigíamos la reversión, empezando por la consellera [Carmen Montón], que también ganamos. Pusieron en marcha toda una campaña: con buzoneo en las casas de los ciudadanos, con un periódico que editaban y repartían en el hospital y los centros de salud del departamento, una televisión de circuito cerrado en la que hablaban de las bondades del sistema, anuncios en las traseras de los autobuses… Una asociación de médicos afín a ellos organizaba charlas por la comarca con pacientes, sobre todo de cáncer, diciéndoles que si se producía la reversión tendrían que desplazarse a Valencia para el tratamiento, lo cual no era cierto. Y anunciando que se iba a producir un colapso asistencial inmediato, lo que tampoco ocurrió. La concesionaria era una empresa grande, muy potente, y el hospital era muy emblemático para ella.

P. ¿Qué problemas se encontraron al hacerse cargo del hospital y el resto del departamento de salud de comarca de La Ribera?

R. Desde antes de que se produjera la reversión tuvimos muchos problemas para acceder a la información. La cláusula 17 del acuerdo de concesión decía que debían tener los mismos sistemas de información sanitaria que la consejería. Pero nunca lo cumplieron. Así que desde fuera no podíamos consultar los datos, ni tener acceso a los indicadores. Sus informes eran declarativos, lo que ellos decían, te los tenías que creer. Un sistema opaco. Por ejemplo, presumían de que no tenían lista de espera, pero es que su manera de contabilizarla no tenía nada que ver con la de los hospitales públicos.

P. En el escándalo de Torrejón ha salido a la luz la expresión “pacientes rentables”. ¿Se usaba en Alzira? ¿Qué significa?

R. El paciente rentable es, para ellos, el negocio. Es el que presenta determinadas patologías. Y el que es de fuera de la cápita, es decir, que pertenece a otro departamento de salud y acude a su hospital, porque esos los cobran aparte. En Alzira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Como que si un médico captaba pacientes de fuera del departamento le daban un plus económico.

P. ¿Cómo los conseguían?

R. Pues con amigos, conocidos… lo que fuera.

P. ¿Como comerciales?

R. Efectivamente. Y había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Que tenían unos indicadores muy malos de retorno a urgencias. Pacientes que en realidad no estaban en condiciones de ir a casa, y después del alta tenían que volver. Además, como por la población de su departamento ya cobraban un fijo, lo que hacían era poner por delante de estos a pacientes de otros departamentos. Para hacer resonancias, operaciones… Cuando llegamos a Alzira había 19.000 pacientes en lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica en rayos y 1.700 informes pendientes, entre los cuales apareció algún cáncer. Iban a sacar dinero.

P. Se parece a lo que se está viendo en Torrejón.

R. Es que no es una cosa aislada del hospital de Torrejón o del de Alzira. Es el modus operandi de estas concesiones. Si tu fin es obtener beneficio, no puede ser lo mismo que la sanidad pública, cuyo fin es proporcionar salud o curación a los pacientes. ¿Es lo mismo tener una enfermera para dos camas de UCI que una para cuatro? Por eso me parece importante la derogación de la Ley 15/1997, que fue la que abrió la puerta a las diferentes fórmulas de gestión público-privada.

P. ¿Se encontraron con más incumplimientos en el hospital?

R. Nos encontramos con un equipo de resonancias que se paraba cada dos por tres con unas averías gravísimas. Un equipo de radioterapia tan obsoleto que la empresa quería quitar el mantenimiento. Un déficit de respiradores terrible... Por contrato, tenían que haber hecho inversiones cada cierto tiempo, pero parte de ellas no las hicieron, como dijo la propia Intervención de la Generalitat. Lo que pasó fue que, con todas las inspecciones que hicimos antes de la reversión, ya sabíamos por dónde teníamos que ir. Y lo primero que hicimos fue una inversión de ocho millones de euros en todo esto.

P. El Hospital de Alzira cobraba por recibir a pacientes de otros departamentos, y tenía que pagar por los que enviaba fuera. ¿Funcionaba así en la práctica?

R. Cuando teníamos que cobrarles a ellos era muy difícil. A pesar de que presentábamos la facturación, la identificación del paciente, todos los datos... bastaba con que faltara algún detalle para que no pagaran. En general, supervisar las concesiones era mucho más complicado que hacerlo con los hospitales públicos. Son los llamados costes de transacción, y en las concesiones sanitarias son muy altos.

P. ¿Qué más recuerda de aquella primera noche en Alzira?

R. Que, aunque tenían que haber dejado una reserva, los almacenes estaban prácticamente vacíos. De fármacos, de ropa de hospital, de mascarillas… No dejaron ni una carpeta, ni un papel, y borraron todo lo que había en los ordenadores, así que no sabíamos ni qué proveedores teníamos. Para esa primera noche habíamos hablado con el Hospital La Fe, en Valencia, para que tuvieran preparado un estocaje con la medicación y material que pudiéramos necesitar." 

(Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira, Ignacio Zafra , El País, 08/11/25) 

En el Reino Unido, quizás no haya un símbolo más concreto de fracaso estatal que el agua del Támesis. En el sistema de agua británico privatizado, Thames Water es el mayor proveedor del país. Proporciona agua a alrededor de 16 millones de personas, incluida Londres. A pesar de esto, y de un mercado literalmente cautivo, la empresa necesita un rescate, por una deuda de £20 mil millones... Thames Water es el ejemplo más atroz de la mezcla kafkiana de lo público y lo privado que ha surgido en tantas áreas de los servicios públicos británicos y de la economía en general... El caso más costoso de demasiado grande para quebrar para el gobierno británico, por supuesto, fue su sistema bancario. Eso explotó en la cara del Reino Unido hace casi dos décadas, durante la crisis financiera mundial. Desde entonces, ha habido pocos avances en la búsqueda de un modelo económico alejado de las empresas que son nominalmente privadas, pero que dependen implícitamente del respaldo del Estado si las cosas salen mal... Tratar de racionalizar este desastre sería un proyecto político que el partido laborista de centroizquierda, si nadie más, podría llevar a cabo. Pero hasta ahora no hay una visión más amplia para esto (Eurointelligence)

 "Por el desagüe 

 En el Reino Unido, quizás no haya un símbolo más concreto de fracaso estatal que el agua del Támesis. En el sistema de agua británico privatizado, Thames Water es el mayor proveedor del país. Proporciona agua a alrededor de 16 millones de personas, incluida Londres. A pesar de esto, y de un mercado literalmente cautivo, la empresa se ha encontrado en dificultades financieras y necesita un rescate. Una opción para hacer esto acaba de desaparecer. Inicialmente, KKR, el grupo de capital privado, había dicho que pondría £4 mil millones en Thames Water y presentaría un plan para cambiar la empresa. Pero ayer, se retiró del trato. 

 Ahora habrá que encontrar otra opción. El gobierno preferiría que Thames Water y su pila de deudas de £20 mil millones se convirtieran en responsabilidad de los acreedores de la empresa, quienes se harían cargo de la empresa y tratarían de cambiarla. Pero también es posible que la empresa se ponga en un llamado régimen de administración especial, o SAR. Esto implicaría básicamente que el gobierno, por un tiempo, nacionalizara la empresa. Thames Water es el ejemplo más atroz de la mezcla kafkiana de lo público y lo privado que ha surgido en tantas áreas de los servicios públicos británicos y de la economía en general. Las empresas fueron privatizadas. Pero en muchos casos, como los viajes en tren y especialmente el agua, esto sucedió en sectores donde los mercados competitivos son muy difíciles de lograr. Por lo tanto, existía una regulación estricta para garantizar servicios decentes y evitar el aumento excesivo de precios. 

 Pero estos se han vuelto difíciles de soportar financieramente. El resultado es un sistema en el que tiene empresas privatizadas de jure pero respaldadas casi por el Estado. El agua del Támesis podría no ser administrada por el gobierno. Pero si no hay otra opción, así será. Es casi la definición de demasiado grande para fallar. El caso más costoso de demasiado grande para quebrar para el gobierno británico, por supuesto, fue su sistema bancario. Eso explotó en la cara del Reino Unido hace casi dos décadas, durante la crisis financiera mundial. Desde entonces, ha habido pocos avances en la búsqueda de un modelo económico alejado de las empresas que son nominalmente privadas, pero que dependen implícitamente del respaldo del Estado si las cosas salen mal. Tratar de racionalizar este desastre sería un proyecto político que el partido laborista de centroizquierda, si nadie más, podría llevar a cabo. La nacionalización ferroviaria y la reforma de la planificación ya son pasos tentativos en un sistema que eliminaría la privatización sustituta y dejaría que el sector privado realmente existente haga lo que tiene que hacer. Pero hasta ahora no hay una visión más amplia para esto. Cambiar la economía y los servicios públicos es lo único que salvará la decreciente popularidad del gobierno. Tratar de estar a dieta Nigel Farage no lo logrará. Tampoco lo harán los acuerdos de recortes con Donald Trump que solo mitigan parcialmente el daño en sectores que apenas existen en el Reino Unido, como la exención de los nuevos aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio." (Eurointelligence, 04/06/25, traducción Yandex)

El Reino Unido nacionaliza sus trenes 30 años después de una privatización a medias y el servicio más caro de Europa... la rutina diaria en el Reino Unido consiste en trenes cancelados y/o retrasados donde los pasajeros van de pie después de haber pagado el billete más caro de Europa... “Ningún Gobierno adoptaría el modelo británico ahora. El caso británico es un aviso para navegantes, con precios altos, servicios fragmentados y material rodante envejecido que alimenta los problemas de la red”

"Un viaje de cinco horas en un tren directo de Londres a Edimburgo que se convierte en una odisea de más de 11 horas con paradas en varias estaciones y se resuelve pidiendo taxis para cientos de pasajeros. Otro trayecto en tren desde Cornualles que acaba en un autobús en el que el conductor admite que va en dirección contraria después de la insistencia de los pasajeros. Cientos de personas esperando en una estación sin servicios y hombres que terminan orinando en botes vacíos de patatas fritas.

Son algunos de los ejemplos más llamativos de caos ferroviario que han sido noticia, pero la rutina diaria en el Reino Unido consiste en trenes cancelados y/o retrasados donde los pasajeros van de pie después de haber pagado el billete más caro de Europa. La renacionalización de los trenes, que acaba de emprender el nuevo Gobierno laborista de manera sistemática, ofrece ahora alguna esperanza de mejora del servicio.

Los 80 kilómetros que separan Londres de Oxford son un ejemplo de servicio lento y caro, con una hora de viaje en tren y unos 50 euros de billete sin derecho a asiento reservado en Great Western Railways (GWR), la compañía con los precios más altos de Europa en el ranking de 27 empresas del informe recién publicado de Transport and Environment (T&E), un grupo de defensa de los derechos de los pasajeros. Las últimas tres compañías ferroviarias de este listado son de trenes que operan en el Reino Unido, que también salen mal parados en otras medidas como la fiabilidad del servicio.

La peor operadora de este ranking es Eurostar, el tren que conecta el Reino Unido con Francia y Países Bajos, que ha aumentado sus precios y ralentizado su servicio en parte por el impacto del Brexit. Los planes de más competencia en esta ruta han quedado congelados por los controles extra y la falta de inversión del lado británico para conectar esta línea con otras. El Gobierno conservador de Rishi Sunak suspendió el año pasado el único gran proyecto de alta velocidad del país después de 20 años de obras. La mejor operadora de Europa en este informe es Trenitalia (que en España es la propietaria mayoritaria de Iryo); Renfe sale en el puesto número siete. La ministra de Transportes, Heidi Alexander, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en una fábrica de trenes en Newton Aycliffe, Inglaterra, el 6 de diciembre. Owen Humphreys/WPA Pool/Getty

En el Reino Unido, el caso de GWR es parecido al de otras operadoras: una empresa de propiedad privada y que tiene el monopolio de la ruta cuya explotación le concedió el Estado: ninguna otra compañía hace el trayecto entre la estación del centro de Oxford y la de Paddington, en Londres, y así no hay competencia de precio o de servicio. La alternativa entre la ciudad universitaria y la capital es el tren más lento y más pequeño de Chiltern Railways, otra compañía que llega a otra estación de Londres y que también tiene el monopolio de su trayecto.

Se trata de dos empresas privadas, pero que en la práctica mantiene el Estado. Existen varios tipos de ayudas, pero uno de los más frecuentes en los últimos años es el pago de la estimación de venta de billetes en un año normal. Es una manera de asegurar los ingresos, según un plan de subvenciones que el Gobierno conservador de Boris Johnson instauró en la pandemia, cuando cayó el número de pasajeros primero por el cierre de las oficinas y luego por las nuevas dinámicas del trabajo en remoto. 

Rutas nacionalizadas en 2025

El nuevo Gobierno laborista de Keir Starmer ya ha empezado su plan de renacionalización de las rutas de tren que ahora operan una treintena de compañías privadas. Durante los gobiernos conservadores en los últimos cinco años, el Estado ya se hizo cargo de varias rutas de manera directa por los fallos en el servicio. En Inglaterra, hay cuatro rutas operadas por el llamado Operador de Último Recurso, una pequeña agencia ahora del Ministerio de Transportes. Entre 2021 y 2022, Gales y Escocia también se hicieron cargo de sus servicios locales de transporte ferroviario.

Y el plan ahora, según la legislación recién aprobada, es que el Estado no renueve los contratos de las operadoras privadas cuando terminen. South Western Railway, que gestiona el servicio entre la estación de Waterloo en Londres y el suroeste de Inglaterra, incluyendo Bristol y toda la costa, será la primera el próximo mayo, y le seguirán otras más pequeñas, C2C y Greater Anglia, en los siguientes meses. A no ser que haya situaciones de emergencia, como la quiebra de las compañías o la suspensión de servicios, el proceso se hará poco a poco cuando terminen los contratos. A Great Western Railways, por ejemplo, no le toca hasta 2028.

La diferencia es que existirá una nueva empresa pública, bautizada como Great British Railways y que será la encargada de coordinar todo el proceso de manera más ordenada y no sólo en caso de emergencia. El coste y el funcionamiento de esta empresa están aún por definir y no se espera que Great British Railways esté plenamente operativa hasta finales de 2026 como pronto.

Privatización con truco

En cualquier caso, la renacionalización del servicio en el Reino Unido tiene truco porque el ferrocarril no funciona como lo hace en otros países en manos privadas dada la inexistencia de la competencia y las subvenciones multimillonarias.

Las aportaciones públicas al sector del ferrocarril entre ayudas a las operadoras, gestión directa, mantenimiento y otras subvenciones para transporte de mercancías y los fabricantes de trenes son cada vez más altas: el Gobierno se gastó 12.500 millones de libras (más de 15.000 millones de euros) en el año fiscal 2023-2024, es decir más de lo que se gastaron las empresas privadas, según las últimas cifras publicadas en noviembre. En el último año fiscal antes de la pandemia, 2018-2019, el gasto público era de unos 5.100 millones de libras (6.100 millones de euros).

Del presupuesto público, cerca de 180 millones de euros van cada año a las operadoras privadas para compensar su gestión. Desde la privatización de mediados de los 90, el Estado ha gastado más de 180.000 millones de euros en subvenciones para compañías privadas, es decir, la mitad del gasto público en transporte.

“Tal y como funciona ahora, hay operadoras privadas pero el Gobierno decide todo. En la práctica, el Gobierno pone los precios. Son empresas privadas sólo en el nombre”, explica a elDiario.es Kevin Smith, director de la publicación especializada International Railway Journal. “Y es una decisión política no subvencionar el precio de los billetes como se hace en Europa. Por eso es mucho más barato en España. En el Reino Unido, las empresas privadas no pueden traer los beneficios del sector privado con precios más competitivos o más innovación. El sector está muy controlado por el Gobierno”.

Las voces expertas en el ferrocarril coinciden en que uno de los problemas es cómo se hizo la privatización en el Reino Unido, que aplicó modelos igualmente problemáticos y diferentes del resto de Europa en otros servicios públicos, en particular la gestión del agua.

La privatización de los trenes entre 1994 y 1997, durante el Gobierno conservador de John Major, se basa en un sistema de franquicias que en la práctica sigue pagando el Estado, que subvenciona tanto a las operadoras como a los fabricantes de trenes. En la práctica, el sistema ha logrado lo peor de los dos mundos: falta de competencia e innovación, burocracia y desorganización.

Tras varios accidentes, la intervención del Gobierno laborista de Tony Blair hizo después que al menos sea una empresa pública la encargada de mantener las vías y otras infraestructuras básicas.

“Ningún Gobierno adoptaría el modelo británico ahora. El caso británico es un aviso para navegantes, con precios altos, servicios fragmentados y material rodante envejecido que alimenta los problemas de la red”, escribe Kevin Albertson, profesor de Economía de la Universidad de Manchester.

Se estima que los precios han subido un 20% desde la privatización, y, pese a tener los precios más altos de Europa, con el sistema actual, las operadoras de tren, a menudo consorcios con empresas de la UE, tampoco están haciendo un buen negocio. Algunas estimaciones sitúan sus beneficios en el 2% y hay más costes extra de duplicación de sistemas de gestión o disputas comerciales. Según un informe del anterior Gobierno conservador, la coordinación de una empresa pública centralizada supondría ahorros para el sector de cerca de 1.800 millones de euros al año.

Las empresas que parecen haberse beneficiado más son las fabricantes de trenes o material rondante (ROSCOs, por sus siglas en inglés), ya que tres compañías controlan el 85% de ese mercado dedicado a alquilar las máquinas a las operadoras. Según el principal sindicato ferroviario, RMT, estas pocas empresas han repartido beneficios equivalentes a todas las operadoras juntas.

Entretanto, la falta de personal pone a prueba el sistema, a menudo suspendido por la falta de personas para cubrir los turnos y peticiones de compensación adecuada para las horas exta. RMT y otros sindicatos han liderado huelgas de maquinistas, revisores, controladores del tráfico y personal de mantenimiento de las vías en los últimos dos años. El último acuerdo en septiembre de subidas salariales ha evitado más huelgas este otoño, pero ya se anuncian huelgas de maquinistas en Navidad en Escocia por la obligación de trabajar en los días libres en caso de escasez de personal.
¿Decepción?

La gran mayoría de los ciudadanos apoyan la renacionalización del ferrocarril, pero el cambio puede acabar en decepción, según advierten defensores de lo público.

“Puede que no produzca el resultado que el público espera en términos de mejoras en la calidad del servicio y también de reducción de las tarifas ferroviarias si seguimos permitiendo que las empresas de material rodante retiren del sistema cientos de millones de libras en beneficios”, explica a elDiario.es Johnbosco Nwogbo, director de campañas de la organización We Own It, dedicada a reinvidicar la propiedad pública de los servicios y con sede en Oxford.

Tomar el control de los servicios de tren cuando terminen los contratos de las empresas privadas no resolverá por sí solo el problema de la baja calidad del servicio ferroviario, que también tiene que ver con el estado de las infraestructuras y de los trenes en sí.

Nwogbo cree que sin más inversión no se notará el cambio: “Nuestro sistema ferroviario tiene una inversión significativamente insuficiente. Por cada libra que invertimos en el sistema ferroviario, según una investigación reciente, generamos alrededor de dos veces y media esa cantidad. En Suiza, se invierten alrededor de 477 euros por persona en el sistema ferroviario; en Gran Bretaña invertimos unos 150 euros. No estamos ni cerca de la cantidad de inversión que se necesita para que el servicio realmente funcione para las personas”, dice. “Además de asumir la propiedad pública e invertir en el sistema, la tercera cosa esencial es dar voz a los pasajeros a la hora de tomar decisiones sobre cómo se gestiona el sistema ferroviario”.
Problemas persistentes

Los expertos en transporte ponen el ejemplo de otros países donde ha habido más inversión pública. “Como usuario, el servicio que obtienes por el precio que pagas es muy pobre en el Reino Unido en comparación con otros países europeos. Es un sistema ferroviario muy caro y los servicios son poco confiables y están masificados”, explica a elDiario.es Tim Schwanen, profesor de Geografía Urbana y director de la unidad del Transporte de la Universidad de Oxford.

Tras años de recortes, bajo crecimiento económico y el shock del Brexit, el problema actual del Gobierno británico es que tiene pocos recursos para invertir en grandes proyectos de mejoría.

El Estado, según el profesor de Oxford, “necesita hacer una gran inversión y, además de tomar el control, simplemente resolver todos esos problemas, como la inversión en trenes y en vías. Se necesitarán inversiones en todas partes. No sucederá de la noche a la mañana ni quizás a corto plazo”.

El Brexit pone además una traba extra por la falta de trabajadores cualificados, aunque el Gobierno promete invertir en la formación de mano de obra local. Esto es importante, por ejemplo, para la producción de trenes.

El beneficio para los pasajeros puede ser, de momento, un servicio algo más de fiar para un país con gran dependencia del tren. “Pensar en cómo puedes organizar el sector de manera diferente para evitar pérdidas de dinero porque la prioridad no son los accionistas, sino el servicio, ya es un punto de partida”, dice Schwanen.

Un análisis del Financial Times muestra con datos de este año que las rutas de tren renacionalizadas por los gobiernos conservadores tienen sólo ligeramente menos retrasos que otras que siguen gestionadas por las empresas privadas. Algunas de las renacionalizadas planean ahora servicios suspendidos cuando estaban en manos privadas.

“La imagen no es perfecta, pero se muestra claramente una mejora cuando el Gobierno asume el control. Hay otros factores como la infraestructura obsoleta y por eso hace falta más inversión: así es cómo se garantiza que se va a mejorar el sistema”, dice Nwogbo, el activista de We Own It, que cuenta como parte de la rutina cómo al volver de una reunión de Londres a Oxford hace unos días le cancelaron dos veces su tren y acabó llegando dos horas y media más tarde por la noche.

La ministra de Transportes, Heidi Alexander, ya ha dicho que el control de los trenes no traerá necesariamente precios más bajos, pero promete trenes que funcionen mejor. Alexander acaba de llegar al puesto después de la dimisión de su antecesora y que también era la portavoz de Transportes en la oposición por lo que tenía una larga experiencia y era respetada por activistas de la mejoría de servicios.

El “principal objetivo”, según explicó la ministra en una entrevista en la BBC, es “mejorar la fiabilidad y reducir los retrasos, las cancelaciones, el desperdicio y la ineficiencia que hemos visto en los últimos 30 años”.             (María Ramírez , eldiario.es, 12/12/24)

El Gobierno aprueba la entrada del Estado en Telefónica con hasta un 10% del capital... mes y medio después del desembarco de Arabia Saudí en el accionariado... un camino para re-españolizar las grandes empresas... una muy buena, e impensable, noticia

 "El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el desembarco del Estado en el capital de Telefónica con hasta un 10% de las acciones. De este modo, la principal compañía de telecomunicaciones del país volverá a tener participación estatal tres décadas después de la privatización del grupo. La participación tiene un valor actual de mercado de unos 2.050 millones de euros.

La operación se realizará a través de la Sepi, la sociedad estatal que engloba las participaciones públicas en empresas. En un hecho relevante publicado al cierre del mercado, la Sepi ha explicado que el objetivo es “proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”. 

 El movimiento del Estado llega en respuesta del desembarco de la empresa saudí de telecomunicaciones, STC, que de manera directa e indirecta plantearon a finales de verano la compra de hasta un 9,9% del grupo. De completarse la adquisición de un 10%, para la que el hecho relevante de la Sepi no pone fecha, el Estado volvería a ser el primer accionista del grupo de telecomunicaciones.

El Estado saudí mantiene, por su parte, actualmente una participación directa del 4,9%, a lo que suma otro 5% a través de derivados financieros. La entrada de este inversor levantó ampollas en el Gobierno y respondió con la propuesta de entrada de la Sepi, sin cifrar en qué cuantía. El hecho relevante de este martes completa la anterior información del Estado español. concluye de este modo el “análisis exploratorio” que abrió a finales de diciembre.

La Sepi justifica esta decisión en que Telefónica es una compañía “líder” en las telecomunicaciones, tanto en España como a nivel internacional, y en que desarrolla “un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos”.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha justificado el movimiento del Estado en que “supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales”. Además, recuerda que otros estados europeos ya están presentes en el accionariado de otras compañías. Alemania tiene el 13,8% de Deutsche Telekom, Francia tiene el 13,4% de Orange, y en Italia el Estado ha acordado alcanzar el 20% de la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.

Este mismo argumento ha sido utilizada por la vicepresidenta Nadia Calviño. “Telefónica es la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también en el de la seguridad y la defensa”, ha asegurado la ministra de Asuntos Económicos. “La decisión tiene como objetivo dar estabilidad para que la empresa logre sus objetivos”, ha incidido.

Preguntada por este anuncio por parte del Gobierno, la empresa ha optado por no hacer comentarios.

El movimiento anunciado por el Gobierno supone un hito más en un último trimestre frenético para la compañía española de telecomunicaciones. Al anuncio de la entrada de STC en el capital de la compañía sucedió pocas semanas después la presentación de un plan estratégico para los próximos tres años que contempla la reducción de las inversiones y la mejora de los márgenes para ampliar dividendos y reducir deuda. A los pocos días llegó el anuncio de un gran ERE para las filiales españolas del grupo. Aunque la cifra inicialmente superó los 5.000 despidos, el número ha descendido tras las primeras negociaciones con los sindicatos hasta situarse en el entorno de 3.900 personas.

La entrada del Estado en Telefónica tiene un fuerte componente simbólico, a la espera de conocer el impacto en la dirección de la compañía si solicitara entrar en el consejo de administración. El Gobierno de Aznar fue el encargado de culminar la privatización del que fuera uno de los últimos monopolios estatales, al tiempo que se aprobaba la liberalización del sector. Ahora, la compra de un 10% de la multinacional convertiría al Estado en el primer accionista del grupo.

Según figura en la CNMV, la Sepi superaría a BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y BlackRock. Durante los últimos años, la presencia de BBVA y La Caixa había operado como el pilar accionarial que había dado estabilidad al grupo. La irrupción de STC rompió esa situación, que ahora vive un nuevo capítulo con el movimiento de la Sepi.(...)"                (Diego Larrouy, eldiario.es, 19/12/23)

El Gobierno británico estudia nacionalizar Thames Water, el principal proveedor de agua del Reino Unido, por no poder pagar su deuda... Desde la privatización del sector en 1989, las empresas de agua han pagado 84.000 millones de euros a los accionistas mientras acumulaban deudas de 61.800 millones... mientras la factura del agua de los ciudadanos se multiplicaba y sin haber invertido apenas en infraestructuras

 "La dimisión de la consejera delegada de Thames Water, fue solo la punta del iceberg. Thames Water es el principal proveedor de agua y de tratamiento de aguas residuales del Reino Unido con 15 millones de clientes en todo el sur de Inglaterra, donde tiene el monopolio. Sarah Bentley, dimitía la semana pasada por sorpresa después de que la compañía tuviera un nuevo escape de aguas residuales y alegando que los últimos desastres meteorológicos en país habían dejado a la compañía en una posición delicada. La capitana del barco saltaba en medio de la tormenta con una deuda de 14.000 millones de libras (16.300 millones de euros) desde que fue nacionalizada por Margaret Thatcher en 1989 y unos dividendos para sus accionistas de 7.200 millones de libras (8.400 millones de euros) mientras la factura del agua de los ciudadanos se multiplicaba y sin haber invertido apenas en infraestructuras.

Bentley fue contratada en 2020 como directora ejecutiva con un sueldo con bonos de 2 millones de libras (2,3 millones de euros) anuales y con una prima de contratación de 3,1 millones de libras (3,6 millones de euros). La compañía está ahora en la bancarrota y tanto el Gobierno como el regulador del agua británico (Ofwat, en inglés) están estudiando un plan para nacionalizar la compañía y evitar de este modo el colapso del sector del agua, que también está en bancarrota, por un efecto dominó.

 El sector del agua en el país tiene la peculiaridad de que está diseñado en forma de monopolio de tal forma que cada compañía se encarga de una región sin que tenga competencia y los clientes, que son los ciudadanos, no pueden más que aceptar sus precios. Hay diecisiete compañías de agua que se reparten el territorio. Los únicos que pueden intervenir en el sector son el regulador, que limita los precios, y el Gobierno para establecer el marco legal y proponer leyes para dar obligaciones y responsabilidades a la compañías e imponer multas y penas en caso de que no las cumplan.

El presidente del regulador británico, David Black, en una intervención en la cámara alta del Parlamento para evaluar la dramática situación del sector, culpó directamente a los laboristas, y más concretamente al Nuevo Laborismo de Tony Blair y Gordon Brown (1997-2000) por haber permitido que las deudas no solo de Thames Water sino de todas la compañías del sector se convirtieran en montañas que no se podían escalar.

Privatización de Thatcher

Thames Water fue privatizada por el gobierno de Thatcher en 1989. La empresa fue adquirida, sin deuda, por el gigante alemán de servicios públicos RWE en 2001 y vendida al banco australiano Macquarie en 2006. Macquarie fue acusado de cargar a la empresa con miles de millones de deuda antes de vender su última participación en 2017. Los propietarios de la compañía ahora incluyen el plan de jubilación de las universidades, con una participación del 20%, un fondo de pensión canadiense, con el 31%, e Infinity Investments, una subsidiaria de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, también con una importante participación no revelada.

En general, el 70% de los propietarios de las compañías de agua británicas son extranjeros y han invertido en las compañías sin asumir responsabilidades de inversión en infraestructuras. “Creo que deberíamos haber intervenido en 2006 el sector para evitar que las empresas acumularan deuda]”, dijo David Black en su discurso en la cámara alta. “En ese momento, realmente no teníamos el poder para evitar que eso sucediera”. Y acusó directamente al Gobierno laborista de la época por su “enfoque de no intervención”. Cree que el organismo de control debería haber intervenido en 2006 para evitar que el entonces propietario de la empresa de agua, el grupo de inversión australiano Macquarie, se endeudara demasiado. Pero dijo que estaba paralizado por la falta de poderes.

“'Creo que en ese momento, si volviéramos a principios de la década de 2000, los reguladores de todos los sectores adoptaron un enfoque relativamente de no intervención para los préstamos -añadió-. Sucedió también en el sector de la energía y en el transporte”. Y concluyó que debían revisarse y cambiar “las estructuras de financiación heredadas”.

El negocio perfecto

Black ponía el dedo en la llaga. La pregunta que se hace todo el mundo en el país es cómo se ha permitido que una compañía que ofrece un servicio tan básico a los ciudadanos, una compañía que tiene el monopolio regional ha podido llegar a esta situación. Los laboristas no marcaron los límites a los inversores en los trece años en el poder y tampoco lo han hecho los conservadores en sus trece años en Downing Street.

Para hacer una radiografía rápida del sector, desde que se privatizó a finales de los ochenta y principios de los noventa, Se estima que la industria del agua en total ha pagado dividendos por valor de 72.000 millones de libras (84.000 millones de euros) a los accionistas (la mayoría extranjeros), a la vez que acumulaban una deuda de 53.000 millones de libras (61.800 millones de euros). O sea, se han priorizado los retornos a los accionistas que la inversión en infraestructura y el servicio a los ciudadanos.

Desde su privatización del sector se han incrementado las facturas agua en un 40%, pero la inversión de las empresas ha disminuido en un 15% y todo este dinero ha ido a parar a los accionistas, a los inversores. Apenas se ha invertido en el tratamiento de las aguas residuales y se ha incrementado la contaminación a los ríos de forma deliberada hasta el punto que en estos momentos solo el 14% de los ríos británicos son sanos ecológicamente.

Un informe demoledor

En informe quinquenal de 2021 sobre polución y contaminación, la Agencia Medioambiental británica de 2021 era demoledor. Denunciaba que nueve compañías de agua, incluida Thames Water, habían realizado la peor actuación desde que había registros. Y pidió que se incrementaran las sanciones económicas para las compañías contaminantes y que se impusieran penas de cárcel para los directores que permitieran estas prácticas contaminantes deliberadas.  

“La calidad del agua no mejorará hasta que las compañías de agua controlen su desempeño operativo -denunció Emma Howard Boyd, presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, en 2021, tras el informe-. Durante años la gente ha visto a ejecutivos e inversores generosamente recompensados mientras que el medio ambiente pagaba el precio”.

Y siguió diciendo: “Los directores de las compañías permitieron que esto sucediera. Nosotros proponemos hacer que sea demasiado doloroso para ellos continuar así. La cuantía de la multa que se puede imponer a una empresa por delitos medioambientales es ilimitada, pero las multas impuestas actualmente por los tribunales a menudo están por debajo de los sueldos de los ejecutivos. Necesitamos que los tribunales impongan multas mucho más altas. Los inversores ya no deberían ver los monopolios de agua de Inglaterra como una apuesta sin riesgo”.

La reacción del gobierno fue también contundente. “Este informe muestra que las empresas de agua están ignorando sus responsabilidades legales. Los jefes de las compañías de agua no pueden continuar obteniendo grandes ganancias mientras contaminan nuestras aguas”, dijo un portavoz del ministerio Medio Ambiente.

Las consecuencias para los ciudadanos

La agencia medioambiental británica estima que la veintena de compañías de agua británicas deberán invertir 50.000 millones de libras (58.300 millones de euros) de ahora al 2050 para reducir los desbordamientos de aguas residuales a un nivel aceptable. Las compañías han pedido al regulador poder subir la factura del agua a los ciudadanos entre un 25% y un 40% (dependiendo de la empresa) para el ejercicio 2025-2030 para poder hacer frente a esta inversión en infraestructura y a los retos del cambio climático.

El regulador está discutiendo con el Gobierno esta subida de precios, un inconveniente más para el Gobierno de Sunak ya que el anuncio debería hacerse el año próximo antes de las elecciones previstas para diciembre. Sería otro golpe más a los ciudadanos, que podrían ver como la factura del agua les sube entre 450 y 680 libras (entre 525 y 795 euros) anuales, además de tener que sufragar la deuda de 16.300 millones de Thames Water si es nacionalizada como ya sucedió con los bancos en 2008. Y todo esto se sumaría a la de los tipos de interés y las hipotecas, a la de la cesta de la compra y los productos básicos y del gas y la electricidad, estrangulando todavía más a los ciudadanos."      (Daniel Postico, NIUS, 06/07/23)

Moreno privatiza con los mismos engaños que Ayuso... ¿Ha oído decir alguna vez a algún dirigente político de la derecha que desea privatizar las pensiones públicas, la atención sanitaria o la educación? Seguro que no... la razón es sencilla... todas las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la población ha deseado siempre que se garantice la provisión pública de las pensiones, la atención sanitaria o la educación... Es por esa razón que sería completamente estúpido que los grupos de interés, partidos o gobiernos que han buscado o buscan privatizarlos lo digan abiertamente. Y, como no son estúpidos, nunca le dicen a la población que desean privatizar las pensiones, la atención sanitaria o la educación. ¿Cuándo han dicho Ayuso en Madrid o Moreno en Andalucía que quieren privatizarlas? La estrategia es sencilla y muy eficaz. Saben que perderían apoyo electoral si dicen que van a privatizar esos servicios públicos y no lo dicen; pero hacen inevitable que la gente recurra al capital privado que los suministra cuando funcionan cada vez peor, porque conscientemente les dedican cada día menos dinero para financiarlos... Ayuso y Moreno negarán siempre que su propósito sea el de privatizar pero, desde que gobiernan, en sus comunidades no paran de disminuir las unidades docentes, la oferta de plazas y los profesores de la educación pública, el número de sanitarios, de centros y de prestaciones públicos. En consecuencia, los servicios públicos funcionan cada día peor y como, al mismo tiempo, dan todo tipo de financiación, privilegios y facilidades a los colegios o empresas sanitarias privadas, estos solo tienen que abrir la bolsa para acaparar a la población que necesita esos servicios y puede pagarlos... A otra escala, sucede igual con las pensiones públicas... La estrategia consiste también en disminuir progresivamente su dotación para que cada vez más gente (la que puede) las vaya complementando con su ahorro privado. La justificación siempre es la misma: no hay dinero, a pesar de que los hechos muestran claramente todo lo contrario. Como he repetido en otras ocasiones, una minúscula tasa de no más del 0,5 por ciento sobre todas las transacciones que se realizan en el planeta sería suficiente para financiar el gasto de todos los gobiernos sin necesidad de ningún otro impuesto

"¿Ha oído decir alguna vez a algún dirigente político de la derecha que desea privatizar las pensiones públicas, la atención sanitaria o la educación? Seguro que no.

Sin embargo, la presencia del sector privado en la provisión de ese tipo de servicios esenciales no hace sino aumentar cuando gobierna la derecha que dice que no pretende privatizar.

En Andalucía en una sola semana se ha podido comprobar que es así

Por un lado, se ha sabido que se tramita una orden en la que se contempla la posibilidad de que entidades sanitarias privadas lleven a cabo procedimientos quirúrgicos o de diagnóstico en instituciones de la administración sanitaria pública de la Junta de Andalucía, para lo cual incluso se especifican las tarifas que habrán que desembolsar. Por otro lado, el Consejo de gobierno del martes pasado aprobó la creación de nuevas universidades privadas.

Privatizar servicios públicos es una opción legitima que cualquier partido puede defender y llevar a cabo, pero lo que hace la Junta de Andalucía, como otras comunidades gobernadas por el Partido Popular o en algún otro momento algunas del PSOE, constituye una práctica fraudulenta y muy contraria a lo que debería ocurrir en una verdadera democracia.

Una cosa es que un partido político lleve a cabo su programa y otra que engañe presentando su acción de gobierno como lo que no es, ocultando la realidad de las cosas o impidiendo que la población conozca lo que implican las decisiones que adopta y los efectos de las medidas que pone en marcha.

La mejor prueba de que esto es lo que está pasando son las inmediatas declaraciones del consejero portavoz de la Junta de Andalucía cuando se produjo revuelo mediático al saberse sus intenciones: «Es absoluta y rotundamente falso que la Junta de Andalucía vaya a privatizar la Atención Primaria», afirmó.

Lo cierto es, sin embargo, que el hecho de ceder instalaciones públicas al capital privado es ya privatizar y convertir el servicio público en una mercancía, de modo que no es que se quiera o no hacerlo, sino que una medida de esa naturaleza es pura privatización.

Tampoco es democrático privatizar el servicio público universitario aprobando la creación de universidades privadas cuando se hace -como en el caso de las dos cuya aprobación ha sido acordada- sin cumplir los requisitos de calidad que la legislación establece para esos casos, como han denunciado todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas.

Y, sobre todo, es antidemocrático que las medidas que implican descapitalizar los servicios públicos y dar entrada al capital privado en su provisión se tomen sin establecer ningún tipo de cautelas ni previsiones presupuestarias y, por supuesto, sin promover o incluso sin permitir, cuando se hace por la vía de los hechos o no se tiene en cuenta las razones en contra, el debate público sobre sus efectos.

La razón de por qué ocurre todo esto, en Andalucía y en otras comunidades autónomas, es sencilla.

Todas las encuestas muestran que la inmensa mayoría de la población ha deseado siempre que se garantice la provisión pública de las pensiones, la atención sanitaria o la educación; entre otras cosas, porque no es difícil entender que es la única manera de garantizar su acceso universal.

Es por esa razón que sería completamente estúpido que los grupos de interés, partidos o gobiernos que han buscado o buscan privatizarlos lo digan abiertamente. Y, como no son estúpidos, nunca le dicen a la población que desean privatizar las pensiones, la atención sanitaria o la educación. ¿Cuándo han dicho Ayuso en Madrid o Moreno en Andalucía que quieren privatizarlas?

Sin embargo, esos mismos que nunca dicen que se propongan privatizar esos servicios esenciales no paran de tomar medidas que ¿casualmente? llevan a que cada día haya más presencia de capital privado en las pensiones, la salud o la educación; es decir, más privatización.

La estrategia es sencilla y muy eficaz. Saben que perderían apoyo electoral si dicen que van a privatizar esos servicios públicos y no lo dicen; pero hacen inevitable que la gente recurra al capital privado que los suministra cuando funcionan cada vez peor, porque conscientemente les dedican cada día menos dinero para financiarlos.

No es casualidad, por ejemplo, que el gobierno de la Junta de Andalucía (una de las regiones más desiguales de Europa) cierre la unidad de ictus en Huelva al mismo tiempo que dedica 1,4 millones de euros a promocionar la tauromaquia o recurre ante el Tribunal Constitucional el impuesto sobre grandes fortunas.

Efectivamente, Ayuso y Moreno negarán siempre que su propósito sea el de privatizar pero, desde que gobiernan, en sus comunidades no paran de disminuir las unidades docentes, la oferta de plazas y los profesores de la educación pública, el número de sanitarios, de centros y de prestaciones públicos. En consecuencia, los servicios públicos funcionan cada día peor y como, al mismo tiempo, dan todo tipo de financiación, privilegios y facilidades a los colegios o empresas sanitarias privadas, estos solo tienen que abrir la bolsa para acaparar a la población que necesita esos servicios y puede pagarlos.

A otra escala, sucede igual con las pensiones públicas. Desde hace años, la banca y los fondos de inversión van detrás de ese botín, pero saben que la gente las aprecia, de modo que no pueden plantear directa y expresamente que se privaticen. La estrategia consiste también en disminuir progresivamente su dotación para que cada vez más gente (la que puede) las vaya complementando con su ahorro privado.

La justificación siempre es la misma: no hay dinero, a pesar de que los hechos muestran claramente todo lo contrario. Como he repetido en otras ocasiones, una minúscula tasa de no más del 0,5 por ciento sobre todas las transacciones que se realizan en el planeta sería suficiente para financiar el gasto de todos los gobiernos sin necesidad de ningún otro impuesto (en España más o menos lo mismo). Si, ha leído bien: sin necesidad de ningún otro impuesto.

En el caso de la atención sanitaria hay otra segunda estrategia por parte del sector privado: disimular su auténtica naturaleza de negocio (incluso ya cada vez menos sanitario y en mayor medida financiero, porque las grandes entidades han sido adquiridas por los fondos de inversión) haciendo gradual la subida de tarifas, el recorte de las prestaciones y su carácter puramente selectivo y nunca universal. Y, en el caso de las pensiones, la de ocultar que los fondos de pensiones privados no son rentables y, por el contrario, sí muy peligrosos y expuestos a todo tipo de riesgos financieros,

Para que todo eso sea posible y termine en lo que verdaderamente buscan los grandes propietarios del capital privado es imprescindible que no haya debate público alguno. No se puede permitir que la población sepa lo que realmente tendría que ahorrarse cada mes para poder financiarse una pensión privada digna dentro de 30 o 40 años (suponiendo que el fondo, como suele ocurrir, no se pierda por alguna de las múltiples crisis financieras que ocurren periódicamente). No se debe saber lo que la sanidad privada cuesta en países como Estados Unidos (para la economía en conjunto y para los individuos) y cuál es realmente la posibilidad de acudir a ella para la gente corriente. Ni tampoco la relación que hay entre más sanidad privada y peor salud o más mortalidad entre los grupos de renta más baja. O tampoco lo que implica la segregación que se está produciendo en la educación concertada o privada que aniquila la movilidad social y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades.

La privatización es una opción legítima, como dije al principio. Sin embargo, cuando se hace de la manera que se está haciendo en España por parte de la derecha, a base de engaños y sin mostrar a la gente sus verdaderos costes e implicaciones a medio plazo, es un engaño y una violación flagrante de las reglas elementales de la democracia. No hay otra alternativa que difundir información, hacer mucha pedagogía y defender los derechos como se ha hecho siempre que se han conquistado, con valor y movilización social."                  (Juan Torres López, Ganas de escribir, 17/02/23)

Piden la liberalización de la patente de la vacuna española Hipra, (y las tres del CSIC), que se aproxima a su comercialización, después de haber recibido al menos 15 millones en ayudas públicas para los ensayos clínicos... con el objetivo de que España lidere un nuevo camino de buenas prácticas... en la plataforma C-TAP de la OMS, donde se pueden compartir los derechos de propiedad intelectual, "con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”... Plataforma que España estrenó, siendo el primer país del mundo en compartir la licencia de un producto para luchar contra el covid-19: un test de diagnostico desarrollado por el CSIC

"En lo que va de año han muerto unas 250.000 personas a consecuencia del covid-19 en África, casi 7.000 personas al día, según los datos de Intermon Óxfam. Solo un 10% de la población africana ha recibido las dos dosis de vacunación. Las farmacéuticas siguen blindando el acceso al conocimiento y la tecnología para fabricar estas dosis en países de ingresos bajos, pero al mismo tiempo, y según un estudio de Médicos Sin Fronteras, hay más de 120 fabricantes de Asia, África y América Latina que reúnen el potencial para producir vacunas de ARN mensajero.

En este contexto, y con el objetivo de que España lidere un nuevo camino de buenas prácticas, una veintena de organizaciones de la sociedad civil como Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Organización Médica Colegial, No Gracias, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y Amnistía Internacional, exigen por carta al gobierno de Pedro Sánchez que garantice el acceso global a la vacuna de Hipra, que se aproxima a su comercialización.

La vacuna, elaborada por esta multinacional catalana, acaba de recibir el visto bueno de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para comenzar con los ensayos en fase III y es la más avanzada de todos los proyectos españoles. 3.000 voluntarios y voluntarias en 20 hospitales de España, Portugal e Italia comenzarán a testear de manera inminente este fármaco.

Las organizaciones recuerdan que para la investigación y el desarrollo de la vacuna la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. “Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morat”, aseguran.

Pero no se quedan solo ahí, piden que se actúe de la misma manera con todas las vacunas que están en vías de investigación, tres de ellas en el CSIC. Piden que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre instituciones o empresas “sean públicas o privadas” incluyan condicionas para que se garantice que los resultados de las investigaciones sufragadas con dinero público “tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica”.

“Consideramos que como mínimo, los estados que están financiando públicamente las vacunas están obligados a establecer que haya un retorno y el que proponemos es que no exista propiedad intelectual, que no haya patentes y que cualquier país del mundo pueda utilizar estos conocimientos desarrollados con dinero público para proporcionar a sus ciudadanos las vacunas adecuadas”, explica Rafael Gálvez, médico neurólogo y miembro de la Asociación para un Acceso Justo al Medicamento.

Gálvez considera que es un “disparate” que las farmacéuticas tengan el monopolio de la producción y que controlen cuándo, cómo y quién recibe la vacuna “cuando todas las que se han desarrollado hasta el momento actual han contado con financiación pública”. En el caso de la Hipra, basada en una proteína recombinante, cuenta con el apoyo económico del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, tal y como reconoce la propia compañía en su web.
Plataforma de intercambio de conocimiento

Las organizaciones firmantes de la misiva al gobierno de Sánchez recuerdan que, con el objetivo de compartir conocimientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creo la plataforma C-TAP, donde se pueden compartir los derechos de propiedad intelectual, "con una compensación razonable a la empresa por su esfuerzo económico”, señala la carta.

Plataforma que España estrenó, siendo el primer país del mundo en compartir la licencia de un producto para luchar contra el covid-19: un test de diagnostico desarrollado por el CSIC. Esta licencia permite a cualquier empresa acreditada fabricar el test, consiguiendo así que pueda ser accesible y asequible para todas las personas que lo necesiten, en cualquier país del mundo.

“Le decimos al gobierno que sea capaz de liderar otra vez este movimiento, que debería de tener carácter mundial, para exigir a las farmacéuticas que liberen y transfieran conocimiento. El primer ejemplo lo dio con el test”, asegura Gálvez quien piensa que aún estamos a tiempo. “Yo creo que nunca es tarde cuando estamos en una situación como la actual en la que pueden aparecer nuevas variantes”, afirma.

Una iniciativa que hasta ahora han liderado India y Sudáfrica, los dos países que han plantado cara al Consejo de los Acuerdos sobre los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En octubre de 2020 solicitaron una exención a las patentes de los medicamentos y vacunas contra el covid-19. La idea era democratizar el tratamiento, aumentar la producción y fabricar las dosis necesarias en estos países que aseguran contar con la tecnología necesaria. A día de hoy la OMC mantiene bloqueada esta petición."           (Sara Plaza Casares, El Salto, 22/02/22)

El hospital de Torrevieja vuelve a ser público: cae la segunda gran privatización del PP en la Comunitat Valenciana

 "La recuperación de servicios públicos esenciales privatizados durante los 20 años del PP al frente de la Generalitat Valenciana forma parte de los compromisos adquiridos en 2015 en el denominado Pacto del Botànico, el acuerdo de Gobierno que propició el cambio a un ejecutivo de izquierdas progresista formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, presidido por el socialista Ximo Puig.

Este sábado vuelve a darse cumplimiento a ese mandato con el rescate del departamento de salud de Torrevieja, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado por los populares a Ribera Salud, propiedad de Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa (hermano del senador del PP Fernando de Rosa). 

 Esta es la segunda área sanitaria gestionada por la mencionada empresa que recupera el Gobierno valenciano, tras hacer lo propio con la del hospital de Alzira en abril de 2018, el primero que se concesionó.

El origen de este modelo se remonta al 19 de junio de 1997. Ese día se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.

El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.

El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).

Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de "lucro cesante", algo que no estaba previsto en el contrato.

Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento. 

 Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: actualmente es de 777 euros por habitante y año. El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años.

1.688 millones, el coste de Torrevieja

Poco más tarde y con un cálculo ya más ventajoso para la parte privado se sacó a concurso el departamento de salud de Torrevieja, con una población adscrita de 160.000 habitantes. En 2006 se adjudicó también a Ribera Salud y desde entonces la compañía ha recibido por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.688 millones de euros. Solo durante el presente año se han abonado 115,6 millones, mientras que durante el pasado fueron 132,8 millones. Los gastos extraordinarios como productos ortropotésicos o desplazamientos, entre otros conceptos, no están incluídos en esta partida.

 Cabe resaltar que la cápita, lo que la administración abona a la empresa por habitante susceptible de ser atendido (180.000 en el caso de Torrevieja), se fijó en el año 2006 en 494,72 euros, siendo actualmente de 896,34 euros, lo que representa un incremento del 80%.

En cuanto a la situación en la que Ribera Salud deja el departamento sanitario, actualmente es el que peor ratio tiene de niños por pediatra de toda la Comunitat Valenciana, en concreto 1.002 por pediatra, y el segundo con peor ratio de médicos de familia por habitante, con 1640 pacientes para cada doctor. El departamento con peor ratio en este sentido es el de Elx-Crevillente, también gestionado por Ribera Salud.

Los representantes de los trabajadores denunciaron que de 300 contratos eventuales que caducaban el 30 de septiembre solo se renovaron un centenar hasta el 15 de octubre, último día de la empresa al frente de la gestión, y que se han cerrado agendas de los especialistas. Además, afirman que trataron de llevarse un TAC.

Las trabas de Ribera Salud para hacer efectiva la reversión

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, reprochó a Ribera Salud esta semana que no haya remitido la información requerida para llevar adelante la recuperación pública del departamento de salud "pese a los cinco autos que el TSJCV ha dictado a lo largo de todo un procedimiento contencioso por la litigiosidad en la que convirtió Ribera Salud esta finalización de la concesión".

Y es que, tal y como ya hiciera durante el proceso de reversión del hospital de Alzira, la compañía ha interpuesto un alud de recursos judiciales para tratar de frenar también la recuperación de Torrevieja, todos ellos desestimados hasta ahora.(...)

Tras la recuperación de Torrevieja, el siguiente de los departamentos sanitarios privatizados que finaliza su concesión coincidiendo con el final del mandato es el de la Marina Alta en el que se encuadra el hospital de Dénia. En concreto, es en abril de 2023 cuando acaba el contrato y por tanto el Gobierno valenciano deberá comunicar a la empresa gestora, también Ribera Salud (en proceso de la compra de la mayoría accionarial a DKV), la no prórroga del contrato antes del próximo mes de abril.

Así pues, para el próximo mandato quedarían privatizados tan solo el hospital de Manises, cuya concesión en manos de la aseguradora Sanitas finaliza en 2024, y el de Elche, gestionado por Ribera Salud, cuyo contrato termina en 2025.(..)"                  (Carlos Navarro, eldiario.es, 15/10/21)