Las cosas del 'impuesto al sol'... Bélgica confisca a España hasta casi los 850 millones, consolidando a este país como el principal escenario de ejecuciones forzosas contra los activos españoles... El origen de este agujero financiero para las arcas públicas reside en la inseguridad jurídica creada tras la supresión de las ayudas por parte del Gobierno de Rajoy en 2013, rompiendo la fórmula de incentivos que había atraído 70.000 millones de euros en capital extranjero. Actualmente, el Estado español acumula una deuda reconocida con un total de 27 acreedores que asciende a 1.748 millones de euros de principal, a los que se suman más de 522 millones en concepto de intereses, costas judiciales y honorarios (Suelo Solar)

 "La justicia belga ha autorizado el bloqueo de otros 482,4 millones de euros, una cifra destinada a resarcir a los acreedores internacionales que ganaron sus pleitos ante el Ciadi (Banco Mundial). Esta intervención eleva el montante total confiscado por Bélgica a España hasta casi los 850 millones de euros, consolidando a este país como el principal escenario de ejecuciones forzosas contra los activos españoles.

La operación financiera se ha ejecutado mediante la intervención de los créditos que Eurocontrol, el organismo encargado de la gestión de la navegación aérea europea, transfiere periódicamente al gestor estatal español Enaire. Dado que las cuentas operativas de Eurocontrol se encuentran bajo jurisdicción belga, los tribunales de ese país han considerado legítimo inmovilizar dichos fondos para satisfacer la deuda con el fondo OperaFund, que reclama una compensación por la eliminación retroactiva de las primas otorgadas en 2007.

El origen de este agujero financiero para las arcas públicas reside en la inseguridad jurídica creada tras la supresión de las ayudas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, rompiendo la fórmula de incentivos que había atraído 70.000 millones de euros en capital extranjero. Actualmente, el Estado español acumula una deuda reconocida con un total de 27 acreedores que asciende a 1.748 millones de euros de principal, a los que se suman más de 522 millones en concepto de intereses, costas judiciales y honorarios.

La resistencia del Ejecutivo actual a acatar los laudos internacionales está resultando en una factura creciente para el erario público. Se estima que la demora en los pagos genera un sobrecoste de 207.000 euros diarios (unos 144 euros por minuto). Ante la negativa de pago, los inversores han desplegado una ofensiva global que ya ha encontrado eco en tribunales de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, donde se han validado procesos de rastreo y embargo sobre activos estatales, incluyendo sedes diplomáticas y cuentas bancarias, dejando a España en una situación de vulnerabilidad financiera internacional sin precedentes.

El impacto en las empresas públicas y el cerco internacional

1. El factor Enaire: Riesgo operativo y financiero

La elección de Enaire como objetivo de los embargos no es casual. Al ser el principal proveedor de servicios de navegación aérea en España, gestiona el cuarto espacio aéreo más importante de Europa. Su relación financiera con Eurocontrol es el "talón de Aquiles" del Estado en esta disputa:

• Asfixia de tesorería: Aunque el control del tráfico aéreo sigue garantizado, la inmovilización de 850 millones de euros supone un golpe directo a la liquidez del gestor. Este dinero, destinado originalmente a financiar infraestructuras y salarios del sistema de control aéreo, queda en un limbo legal hasta que los laudos se ejecuten o se resuelvan los recursos.

• Vulnerabilidad jurisdiccional: Al tener cuentas bajo leyes belgas, Enaire se convierte en el vehículo más sencillo para que los fondos recuperen su dinero sin necesidad de incautar bienes físicos (más difíciles de liquidar).

2. Londres: El Instituto Cervantes como rehén

En el Reino Unido, la justicia británica ha sido especialmente estricta con la doctrina de la "inmunidad soberana". Los acreedores han logrado hitos sin precedentes:

• Activos bajo la lupa: En 2023, el Tribunal Superior de Londres autorizó órdenes de embargo que pesan sobre la sede del Instituto Cervantes y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas.

• Derechos de explotación: Incluso se ha planteado el embargo cautelar de las indemnizaciones que el Reino Unido debe pagar a España por el hundimiento del petrolero Prestige, lo que demuestra que cualquier activo financiero español en suelo británico está en riesgo.

3. Estados Unidos y Australia: Reconocimiento masivo de deuda

La ofensiva ha cruzado el océano con resultados igualmente desfavorables para el Gobierno central:

• Washington (EE. UU.): La justicia estadounidense ha validado recientemente deudas por valor de 691 millones de euros a favor de fondos como NextEra e InfraRed. Esto permite a los inversores pedir el embargo de activos financieros del Estado español en bancos de EE. UU.

• Sídney (Australia): El Tribunal Federal australiano ha emitido resoluciones de ejecución por 469 millones de euros. En este país, la justicia ha rechazado de pleno el argumento de España basado en que el derecho de la Unión Europea impide estos pagos, sentenciando que los tratados internacionales (como la Carta de la Energía) prevalecen sobre las disputas internas de la UE.

4. Consecuencias a largo plazo: La prima de riesgo jurídica

Más allá del dinero confiscado, el mayor daño para España es la reputación ante los mercados. La negativa sistemática a pagar sentencias firmes del Banco Mundial (Ciadi) envía una señal de inestabilidad a futuros inversores. Si el Ejecutivo no negocia una salida, el coste diario de 207.000 euros en intereses seguirá drenando fondos públicos, mientras el patrimonio del país en el extranjero queda permanentemente expuesto a ser subastado por orden judicial.

¿qué pasará con los inversores españoles?

Esta es, quizás, la paradoja más dolorosa del conflicto de las renovables: los inversores españoles están en una situación de total desprotección en comparación con los fondos extranjeros, debido a lo que jurídicamente se conoce como "discriminación por nacionalidad".

Mientras que los fondos de inversión de Bélgica, Luxemburgo, Abu Dabi o Japón están logrando embargar activos de España en el extranjero, los inversores nacionales (particulares, familias y pequeñas empresas españolas) se encuentran en un callejón sin salida legal.

Qué ha pasado y qué les espera:

1. El cierre de la vía judicial en España

A diferencia de los extranjeros, los inversores españoles no pudieron acudir al arbitraje internacional del CIADI (Banco Mundial), ya que este organismo solo arbitra disputas entre un Estado y un inversor de otro país.

Los españoles tuvieron que recurrir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional:

• La sentencia de 2016: El Tribunal Supremo español dictaminó que el recorte retroactivo era legal, argumentando que las empresas solo tenían derecho a una "rentabilidad razonable" y no a que las primas se mantuvieran fijas para siempre.

• El carpetazo definitivo: Al ser validado por el Constitucional, los inversores nacionales agotaron todas las instancias internas. No tienen un laudo que ejecutar ni un tribunal que autorice embargos contra su propio país.

2. La "Discriminación Inversa"

Se ha dado una situación insólita: dos plantas solares situadas una al lado de la otra, una propiedad de una familia de Murcia y otra de un fondo de pensiones de Canadá, reciben tratos opuestos.

• El fondo canadiense cobra una indemnización millonaria vía embargo en Bélgica.

• La familia murciana debe asumir la pérdida patrimonial y, en muchos casos, seguir pagando los créditos bancarios que solicitaron para construir la planta.

3. El recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

La única esperanza que les queda a algunos colectivos de inversores españoles es el Tribunal de Estrasburgo. Han presentado demandas alegando que se ha vulnerado su derecho a la propiedad y que existe una discriminación evidente frente a los extranjeros. Sin embargo:

• Es un proceso extremadamente lento (puede tardar años).

• El TEDH suele ser muy respetuoso con la soberanía económica de los Estados en tiempos de crisis.

4. ¿Qué pasará con ellos a futuro?

El escenario para el inversor nacional es sombrío por tres motivos:

1. Sin capacidad de presión: No pueden amenazar con embargar el Instituto Cervantes o las cuentas de Enaire, porque están bajo la jurisdicción directa del Estado que les denegó la ayuda.

2. Quiebras técnicas: Muchos pequeños productores (el famoso "Sol para todos" que atrajo a 60.000 familias) han tenido que refinanciar sus deudas o vender sus plantas a precio de saldo a, irónicamente, grandes fondos internacionales.

3. Desigualdad de condiciones: Si finalmente el Gobierno español decidiera negociar con los fondos extranjeros para detener los embargos internacionales, es muy probable que los inversores españoles no reciban nada, ya que para el Estado su caso es "cosa juzgada" por el Tribunal Supremo

En resumen

Los inversores españoles son los grandes perdedores de esta crisis. Mientras el Estado gasta millones en abogados internacionales y pierde otros tantos en intereses de demora (esos 207.000 euros diarios), los ciudadanos nacionales que invirtieron en la transición ecológica de su propio país han visto cómo sus derechos de cobro se desvanecían legalmente en casa."                               (Suelo Solar, 15/01/26) 

Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024... El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros... El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total... Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero... Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía (Andreu Missé)

 "En 2010, en un impulso de loable sinceridad, Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, confesó en una conferencia en Nueva York que “de todas las maneras posibles de organizar la banca, la actual es la peor”. Han pasado 15 años de aquella confidencia y el mundo de las finanzas no parece haber mejorado mucho.

Dos hechos recientes nos han recordado el tremendo coste de la crisis financiera y la falta de transparencia sobre el origen de las exorbitantes ganancias bancarias.

En primer lugar, Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024. El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros. El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total. Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero. Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía.

La segunda noticia es el resultado de una investigación de dos expertos en temas financieros, Carlos Arenillas, ex vicepresidente de la CNMV, y Jorge Pérez, ex jefe de regulación contable del Banco de España, explicitada en Lo que el Banco de España no cuenta, (Cinco Días). Los autores sostienen que el Banco de España pagó a la banca española en 2024 unos 8.000 millones de euros por los 200.000 millones de euros que depositaron en el banco central español. El tipo de interés medio con que fueron remunerados estos depósitos fue del 3,7%. Un rendimiento extraordinario si además se tiene en cuenta que son operaciones sin riesgo alguno. Se trata de un generoso obsequio si se tiene en cuenta que en 2024 los seis mayores bancos españoles obtuvieron un beneficio neto de 16.000 millones de euros netos por sus actividades en España.

Hace unos meses la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que había rechazado la demanda de Sumar en la que solicitaba el detalle del reparto de la dádiva entre los distintos bancos. Información que había sido denegada previamente por el Banco de España.

El problema es europeo. El año pasado, un grupo de economistas y eurodiputados, encabezados por los profesores Yuemei Ji y Paul de Grauwe, dirigieron una carta al BCE en la que pedían explicaciones por la falta de transparencia de estas transferencias a los bancos en la UE que superaban los 140.000 millones de euros, comparables al presupuesto europeo que en 2023 fue de 169.000 millones de euros. Su presidenta, Christine Lagarde, justificó estas operaciones para “lograr el mandato de estabilidad de precios en la zona euro... incluso si resulta temporalmente en un aumento de las ganancias financieras para los bancos comerciales”.

Un sistema que acarrea tantos costes a la mayoría y ganancias tan arbitrarias a unos pocos no es mejor que el que describió King. La transparencia financiera se ha convertido en una urgencia."                     ( Andreu Missé , El País, 05/05/25)

Antón Costas: está en marcha un cambio estructural importante en la economía y en el empleo... el crecimiento viene acompañado de la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y de una mejora de la balanza de pagos, especialmente de la balanza de servicios no turísticos de alto valor añadido. Los datos sobre la composición del nuevo empleo apuntan también a un cambio estructural... ¿cuáles son las causas que están detrás de esta primavera económica? Los organismos que se dedican a la predicción económica hablan de “sorpresas positivas”... esas sorpresas no lo son tanto si tenemos en cuenta la diferente respuesta de la política económica a la crisis pandémica en comparación con la que se le dio a la crisis financiera de 2008... La política de austeridad que se aplicó en la crisis de 2008 hizo que el coste de la crisis financiera y económica recayese sobre los trabajadores, sus familias y sobre las empresas. El resultado fue una recesión profunda que duró cinco años y que provocó una destrucción masiva de empresas y de empleo. Empleo que ya no se recuperó cuando la economía volvió a crecer... Por el contrario, las rápidas e innovadoras medidas que se aplicaron en la crisis pandémica, como, por ejemplo, los ERTE para el mantenimiento de los contratos de trabajo, permitieron que los efectos de la recesión fuesen contenidos y que las familias y las empresas mantuvieran su confianza en el futuro... Tenemos que aprovechar esta primavera económica para poner los frutos del crecimiento donde más se necesitan, y también donde más retornos tendrán para el conjunto de la sociedad... Eliminar la pobreza, especialmente la pobreza infantil, reducir el paro de larga duración y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda no es sólo una cuestión de justicia y de decencia social, es también un requisito para mejorar la eficiencia y el dinamismo de la economía a largo plazo... tenía ganas de leer algo así

 "(...) La segunda reflexión es que en la Memoria 2023 del CES aparecen datos que apuntan a que está en marcha un cambio estructural importante en la economía y en el empleo. Tradicionalmente, la economía española ha tenido un comportamiento maníaco depresivo: fuertes crecimientos en las etapas de expansión, seguidos de desplomes dramáticos y duraderos en las etapas de recesión. La mayor duración de las recesiones en España ha hecho que cada una haya ido añadiendo capas sucesivas de paro de larga duración, que después es muy difícil de absorber cuando la economía vuelve a crecer. Además, en las etapas de expansión, el crecimiento acostumbraba a venir acompañado de fuertes desequilibrios macroeconómicos y en la balanza de pagos. 

Este comportamiento económico bipolar está cambiando. La recesión pandémica ha sido corta, no ha añadido una nueva capa de parados de larga duración, y la recuperación ha sido rápida y sostenida. Además, el crecimiento viene acompañado de la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y de una mejora de la balanza de pagos, especialmente de la balanza de servicios no turísticos de alto valor añadido. Los datos sobre la composición del nuevo empleo apuntan también a un cambio estructural. Algo está cambiando para bien en el comportamiento y en la estructura de la economía y del empleo.

Pero este cambio puede abortarse si no se corrigen algunos rasgos sobre las condiciones de vida. La extrema escasez de vivienda de alquiler social y asequible y su elevado precio amenaza la continuidad de progreso social y económico. En la vertiente social, limita la emancipación de los jóvenes, la creación de hogares y la natalidad. En la vertiente económica, en la medida en que los salarios no permiten acceder a una vivienda en los lugares donde hay oferta de empleo, se limita la movilidad laboral y la disponibilidad de mano de obra en algunos sectores. Por otro lado, aunque los salarios mejoran, los elevados precios de la vivienda reducen la renta disponible y el consumo de las familias, frenando la demanda agregada, la producción y el crecimiento. De no ponerse remedio eficaz, la vivienda puede estrangular el crecimiento de la economía y del empleo.

Volviendo a las buenas noticias, ¿cuáles son las causas que están detrás de esta primavera económica? Los organismos que se dedican a la predicción económica hablan de “sorpresas positivas”. En realidad, esas sorpresas no lo son tanto si tenemos en cuenta la diferente respuesta de la política económica a la crisis pandémica en comparación con la que se le dio a la crisis financiera de 2008 y el protagonismo que ha tenido el diálogo social.

La historia de las dos crisis nos ofrece enseñanzas útiles. La política de austeridad que se aplicó en la crisis de 2008 hizo que el coste de la crisis financiera y económica recayese sobre los trabajadores, sus familias y sobre las empresas. El resultado fue una recesión profunda que duró cinco años y que provocó una destrucción masiva de empresas y de empleo. Empleo que ya no se recuperó cuando la economía volvió a crecer. 

Por el contrario, las rápidas e innovadoras medidas que se aplicaron en la crisis pandémica, como, por ejemplo, los ERTE para el mantenimiento de los contratos de trabajo, permitieron que los efectos de la recesión fuesen contenidos y que las familias y las empresas mantuvieran su confianza en el futuro. La enseñanza es clara: cuando existen reglas justas de reparto de los costes de las crisis, las recesiones son cortas y con daños leves, y las recuperaciones son rápidas y sostenidas.

A este resultado ha contribuido de manera decisiva el diálogo social. Si bien, el diálogo tripartito —entre los agentes sociales y el Gobierno— ha experimentado una cierta sequía en 2023 en relación con los dos años anteriores, el diálogo bipartito —entre las organizaciones sindicales y empresariales— ha seguido dando frutos importantes. Uno de ellos ha sido el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Ha permitido la recuperación de los salarios y ha dado confianza y estabilidad a las decisiones económicas de las familias y de las empresas. El diálogo social es un patrimonio inmaterial que es necesario preservar como oro en paño; especialmente, en la etapa de fuerte incertidumbre política y geoeconómica que vivimos.

En tiempos de bonanza, hay que poner el foco en los colectivos sociales que siempre lo tienen más difícil. Eliminar la pobreza, especialmente la pobreza infantil, reducir el paro de larga duración y mejorar las condiciones de acceso a la vivienda no es sólo una cuestión de justicia y de decencia social, es también un requisito para mejorar la eficiencia y el dinamismo de la economía a largo plazo. Tenemos que aprovechar esta primavera económica para poner los frutos del crecimiento donde más se necesitan, y también donde más retornos tendrán para el conjunto de la sociedad."              (Antón Costas, El País, 16/06/24)

Adiós a las 'Golden Visa' de Rajoy: 4.800 millones han recalentado el precio de la vivienda a cambio de papeles para ricos desde 2018

 "Pedro Sánchez ha anunciado el fin de las ‘Golden Visa’ inmobiliarias, el polémico mecanismo que lleva en vigor más de una década por el que inversores extranjeros han podido lograr el permiso de residencia gracias a la compra de inmuebles. Solo en los últimos cinco años, desde 2018, millonarios extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de al menos 4.800 millones de euros como vía para conseguir un visado de oro en España, según los datos obtenidos por elDiario.es a través de la Ley de Transparencia que detallan las inversiones de más de 3.060 visados concedidos por la adquisición de inmuebles entre 2018 y 2022.

En total, desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó estos 'Visados Dorados' en 2013 y hasta finales de 2023, España ha emitido más de 6.200 visados por inversión en inmuebles. La mayoría de los que se solicitan se conceden, porque solo se han rechazado alrededor de un millar, como se comprueba en el siguiente gráfico.

Se trata, únicamente, de datos de visados concedidos a extranjeros que no residían previamente en España y, por lo tanto, no figuran los permisos de residencia de personas que ya estaban legalmente en el país, por lo que las cifras totales de residentes con una 'Golden Visa' serían aún más altas.

Si se entra en el detalle de los últimos años, 2019 y 2021 fueron los años con cifras inversiones más altas a cambio de conseguir la residencia. Es decir, se ve un claro parón por la pandemia pero, en el año anterior a la expansión del coronavirus, se invirtieron en inmuebles por esta vía más de 1.900 millones. Y un año después del estallido del COVID, más de 1.300. Sin embargo, en 2022, esa cifra cayó a los 842 millones. 

Hay que tener en cuenta que, en ese 2022, Rusia invadió Ucrania y ahí se puso freno a que los ciudadanos rusos pudiesen lograr la residencia mediante este vehículo de inversión.

A pesar de esa limitación, que lleva dos años en vigor, si se ven los datos desde 2018, ciudadanos rusos han destinado más de 400 millones de euros para adquirir inmuebles en España a cambio de la residencia. Los ciudadanos rusos, junto a estadounidenses, mexicanos, chinos o iraníes están en el 'top 10' de los países con más dinero invertido en una 'Golden Visa' inmobiliaria.

De hecho, como se ve a continuación, dos de cada tres 'Golden Visa' concedidas desde la entrada en vigor de la ley (2013 a 2023) han sido para personas de nacionalidad rusa y china, según los datos actualizados obtenidos por la organización Transparencia Internacional. Rusos y chinos están muy por delante de otras nacionalidades, como saudíes, venezolanos, iraníes, egipcios o británicos. En este último caso, corresponden a datos posteriores al Brexit de febrero de 2020.

El Gobierno asegura que las inversiones en inmuebles se han centrado en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma o València, donde el mercado de vivienda está más tensionado.

Los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es señalan que ha habido inversores que han desembolsado cifras millonarias para conseguir la residencia. La Ley dice que el importe mínimo a comprar es de 500.000 euros pero hay 16 personas que han gastado más de cinco millones de euros en ese proceso para lograr la 'Golden Visa', según los datos que figuran en el Ministerio de Asuntos Exteriores y conseguidos a través de la Ley de Transparencia.

Cuatro de esos megainversores han destinado más de 500 millones de euros. En los datos analizados no figura ni su nombre ni la inversión en concreto que han realizado, por lo que podría tratarse de la compra de uno o de varios edificios con una alta valoración en el mercado. Dos de esas personas son de origen estadounidense y ambas habrían destinado más de 700 millones de euros.

¿Qué es una 'Golden Visa'?

Son un mecanismo polémico que se puso en marcha en la última crisis financiera para atraer capitales a España. En realidad son varias herramientas bajo la idea un ‘visado de residencia para inversores’. Una está ligada a la ya mencionada compra de inmuebles, uno o varios, con la exigencia de que el valor total supere los 500.000 euros. Una cifra que no se ha cambiado en 11 años a pesar que el precio de los pisos no ha parado de subir desde entonces.

Otra vía para lograr una ‘Golden Visa’ es invertir más de dos millones de euros en deuda pública o más de un millón en depósitos bancarios o acciones de empresas. De momento, el Gobierno no ha aclarado si estas últimas opciones se van a mantener para los inversores foráneos.

Y hay una tercera, se incluye otro supuesto, que se ponga en marcha en España “un proyecto empresarial” que “sea considerado y acreditado como de interés general”, según recoge la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Para que lo sea, se valora que cumpla una de estas tres condiciones: o que cree puestos de trabajo; suponga una inversión con impacto socioeconómico de relevancia en el ámbito geográfico donde se desarrolle; o conlleve una aportación relevante científica o tecnológica. Unos supuestos que tienen que contar con el aval del Ministerio de Economía.

Hay otro matiz, porque también se puede canalizar la inversión a través de una empresa, de una persona jurídica, siempre que no esté domiciliada en un territorio que se considere un paraíso fiscal. El inversor foráneo que quiera ese permiso de residencia tiene que tener, directa o indirectamente, la mayoría de sus derechos de voto y la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de su órgano de administración, según recoge la citada ley.

Además, la Ley de 'startups', la de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, aprobada en 2022, contempla que los “extranjeros que soliciten entrar en España o que siendo titulares de una autorización de estancia o residencia o visado pretendan iniciar, desarrollar o dirigir una actividad económica como emprendedor, podrán ser provistos de una autorización de residencia para actividad empresarial, que tendrá validez en todo el territorio nacional y una vigencia de tres años”. Añade que “una vez cumplido dicho plazo, podrán solicitar la renovación de la autorización de residencia por dos años, pudiendo obtener la residencia permanente a los cinco años”.

Un mecanismo en entredicho

La continuidad de estos visados dorados llevaba meses en cuestión, sobre todo porque se han ido sucediendo los países que han ido abandonando esta herramienta para captar inversores. Así lo hizo hace meses Portugal que, como España, tiró de esta vía para intentar salir de la última crisis financiera. También Canadá limitó la compra de casas por extranjeros –aunque de forma temporal– para tratar de aliviar la presión de precios en el mercado inmobiliario.

“Es un instrumento que se puso en marcha en otro momento, cuando la situación del mercado de la vivienda era diferente”, reconoció hace unas semanas la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista con elDiario.es. “Entonces se frenó la construcción y no se vendían viviendas. Desde que hemos llegado al Ministerio hemos iniciado, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un análisis para saber cómo está afectando a la vivienda en nuestro país, qué influencia tiene en el mercado inmobiliario. Cuando tengamos los datos, los analizaremos siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea”, añadió.

Bruselas ha sido muy crítica con estos mecanismos. En otoño del año pasado, la Comisión publicó un informe donde señalaba que varios países del Caribe habrían vendido visados a cerca de 88.000 personas de Irán, Rusia o China, a cambio de inversiones. Además, la Comisión inició en 2020 sendos procedimientos de infracción contra Chipre y Malta por haber ido más lejos y conceder el pasaporte -no el permiso de residencia- a inversores extranjeros. Chipre puso fin a esta práctica, mientras que Malta ha sido llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE y es el único país que tiene en marcha este tipo de 'Pasaporte Dorado'.

Decir adiós a las 'Golden Visa' por la compra de casas ha sido una exigencia de Sumar desde el inicio de la legislatura. En el debate de investidura de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, ya adelantó que iba a ser una de las prioridades del socio de Gobierno. “Vamos a regular el principal agujero de la especulación de las ciudades, los alquileres por temporada; a construir un 20% más de vivienda y social. Y hay que acabar con las 'Golden Visa”, recalcó desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

“Es una buena noticia, aunque tenemos que ver cómo se concreta”, explica Elena Pozo, abogada experta en extranjería. “Pero las 'Golden Visa' no deberían haber existido. En el momento que se aprobaron buscaba ser una solución coyuntural, pero debió de eliminarse porque seguían acentuando la discriminación, entre ciudadanos migrantes de primera y de tercera”. Pozo también apunta al resto de supuestos en los que se puede lograr el permiso a través de una inversión. “Deberían quitarlos todos, porque no tenemos constancia de que haya suficiente comprobación de dónde viene ese capital. Se puede propiciar algún tipo de blanqueo, independientemente de que ya existe otro tipo de ventajas porque te puedes regularizar por arraigo”, argumenta."           

(Raúl Sánchez / Yuly Jara / Cristina G. Bolinches / Mariangela Paone, eldiario.es, 08/04/24)

Mariano Rajoy: "España solo será viable cuando alcancemos los 20 millones de españoles trabajando, bajemos el paro por debajo de los 3 millones y la prima de riesgo esté en límites razonables por debajo de los 100 puntos. Ese es mi objetivo. Para eso hace falta un gobierno sensato, eficiente y que sepa gestionar"... El PP dejó el gobierno con 18.8 millones de españoles trabajando. Con 3.4 millones de parados y 133 puntos de prima de riesgo... El PSOE: 20.8 millones de españoles trabajando (2 millones más), 2.7 millones de parados (700.000 parados menos) y la prima de riesgo en 98 (35 puntos menos). Hacía falta un gobierno sensato, eficiente y que supiera gestionar. Sí que llevaba razón Rajoy... ese gobierno es el de Pedro Sánchez, sin la menor duda (G. Llanes)

Gaspar Llanes / @Gllds

Mariano Rajoy: "España solo será viable cuando alcancemos los 20 millones de españoles trabajando, bajemos el paro por debajo de los 3 millones y la prima de riesgo esté en límites razonables por debajo de los 100 puntos. Ese es mi objetivo. Para eso hace falta un gobierno sensato, eficiente y que sepa gestionar".

El PP dejó el gobierno con 18.8 millones de españoles trabajando. Con 3.4 millones de parados y 133 puntos de prima de riesgo.

El PSOE: 20.8 millones de españoles trabajando (2 millones más), 2.7 millones de parados (700.000 parados menos) y la prima de riesgo en 98 (35 puntos menos). Hacía falta un gobierno sensato, eficiente y que supiera gestionar. Sí que llevaba razón Rajoy

10:45 a. m. · 7 jul. 2023 107,5 mil Reproducciones
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10 preguntas y respuestas para que entiendas qué es y para qué sirve la Sareb... La Sareb sociedad que se encargara de vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades financieras rescatadas (BFA-Bankia, Catalunya Bank, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, Liberbank, Caja 3, CEISS y BMN). Entre 2012 y 2013 compró un paquete de 198.211 activos problemáticos... Ese rescate supuso el gasto de 54.353 millones de euros de dinero público tiene 46.542 viviendas, su deuda está en 30.481 millones de euros y sus dirigentes cobraron 36,5 millones entre 2012 y 2021. El objetivo es liquidar la sociedad en 2027. Se prevé que el Estado tendrá que aportar casi 8.000 millones para lograrlo

 "El pasado domingo, en Valencia, Pedro Sánchez anunció la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, que serán puestas en alquiler a un precio asequible. Tras el desbloqueo de la Ley de Vivienda dos días antes, el presidente sumaba esta medida (ampliamente solicitada desde los sindicatos de inquilinas y también por sus socios de Gobierno) para tratar de paliar el enorme problema que el país tiene en esta materia. (...)

¿Qué es la Sareb?

Sareb es el acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. Nació en 2012, en plena crisis inmobiliaria, fruto del acuerdo entre las autoridades españolas y europeas para crear una sociedad que se encargara de vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades financieras rescatadas (BFA-Bankia, Catalunya Bank, Banco de Valencia, Novagalicia Banco, Banco Gallego, Liberbank, Caja 3, CEISS y BMN).

Entre 2012 y 2013 compró un paquete de 198.211 activos problemáticos, que incluían préstamos al promotor (90.765) e inmuebles (107.446), por un precio fijado por el Banco de España: 50.781 millones de euros.

Los préstamos tenían un valor de 39.438 millones de euros (77,7% del total) y los inmuebles de 11.343 millones (22,3%).

 Dicho de otro modo, con la creación de la Sareb, el Gobierno servía a esas entidades bancarias rescatadas una herramienta para que pudieran soltar lo que eufemísticamente se denominan “activos tóxicos”.

Ese rescate, por cierto, supuso el gasto de, al menos, 54.353 millones de euros de dinero público. Aunque el Tribunal de Cuentas cuantificó el volumen total de dinero comprometido por todos los ciudadanos en 251.563 millones.

¿Cómo compró esos préstamos e inmuebles?

Los 50.781 millones de euros se pagaron mediante bonos avalados por el Tesoro Público, que las entidades podían cambiar por dinero en el Banco Central Europeo (BCE). Por lo tanto, la creación del banco malo supuso la generación de una deuda avalada por el Estado de 50.781 millones de euros.

Mientras tanto, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos (PP), aseguraba que la Sareb no tendría ningún coste para el ciudadano. Años después, Eurostat incluyó la deuda del banco malo en la deuda pública española, incrementando ésta en 35.000 millones de euros.

¿Cómo trabaja con los préstamos?

Comenzó su actividad con 90.765 préstamos, valorados en 39.438 millones de euros, que representaban el 77,7% del total de activos. Su trabajo con estos préstamos se estructura por tres vías alternativas: recuperar toda la deuda de los préstamos que sea posible, convertir los préstamos en inmuebles o vender la deuda en el mercado mayorista.

El importe de los préstamos que sigue manejando es actualmente de 10.831 millones de euros (el 41% del total).

¿Qué hace la Sareb con los inmuebles?

En el caso de los inmuebles, manejan cuatro opciones:

• Inmuebles en venta: la práctica totalidad se vende en el mercado minorista, a través de cuatro empresas comercializadoras o servicers: Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia.
• Promoción inmobiliaria de Sareb: retoman las obras de las promociones que están a medio construir e incluso inician promociones nuevas sobre determinados suelos que tienen en cartera.
• Árqura Homes, la promotora de Sareb: en 2019 crearon la empresa promotora Árqura Homes. Nació como una joint venture o una unión temporal entre Sareb y el fondo Värde Partners. Árqura Homes es un Fondo de Activos Bancarios (FAB), donde Sareb tiene el 90% del capital y Värde Partners el 10% restante.
• Inmuebles en alquiler social de Sareb: tienen reservada una bolsa de 15.000 viviendas para fines sociales en colaboración con la Administración Pública. Hasta el momento, han cedido 3.000 viviendas tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos.

El importe total de los inmuebles que ostenta la Sareb es superior al inicial, 15.633 millones de euros (59% de la cartera), debido tanto a la transformación de préstamos en inmuebles como a las distintas promociones inmobiliarias.

¿Cuántos inmuebles tiene?

Como ya se ha comentado, entre 2012 y 2013 la Sareb adquirió 107.446 inmuebles. Actualmente, en su cartera hay 133.314. Se dividen de la siguiente manera: viviendas (46.542 unidades), anejos (34.759), obras en curso (14.202), suelos (24.619) y terciarios (13.192).

En el primer semestre de 2022 (últimos datos publicados), la Sareb vendió 7.229 inmuebles residenciales propios (por 455,3 millones de euros), 1.327 suelos propios (161,8 millones) y 1.139 inmuebles terciarios propios (98,1 millones).

¿Quién forma el accionariado de la Sareb?

El 50,14% de las acciones de la Sareb está en poder del Estado, a través del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria). El resto del accionariado se reparte de esta manera (con una enorme presencia de entidades bancarias):

• Banco Santander: 22,21%.
• CaixaBank: 12,24%.
• Banco Sabadell: 6,61%.
• Kutxabank: 2,53%.
• Ibercaja Banco: 1,43%.
• Gestión de Inmuebles Adquiridos: 1,27%.
• Banco de Crédito Social Cooperativa: 1,21%.
• Mapfre España: 0,69%.
• Mutua Madrileña: 0,67%.
• Caja Laboral Popular: 0,59%.
• Mapfre Vida: 0,42%.

¿Cuánto gana la Sareb?

Según lo publicado por el propio banco malo, la actividad comercial y de gestión de la Sareb generó unos ingresos totales de 2.361 millones de euros en 2022, un 8% más que en 2021, cuando ascendieron a 2.184 millones de euros. Fueron 1.422 millones en 2020 y 2.320 en 2019.

De esos ingresos, detallan, 1.705 millones, el 71%, proceden de la venta de inmuebles, con un crecimiento del 15% respecto a la registrada en 2021.

Los ingresos procedentes de activos financieros, principalmente la comercialización de préstamos impagados de promotores, fueron de 699 millones de euros, cifra un 12% menor que el año anterior.

¿Quiénes son y cuánto ganan sus dirigentes?

El último informe de retribuciones de la Sareb, correspondiente al año 2021, indica que sus 10 consejeros externos cobraron sumas que se mueven entre los 83.750 euros de Idoia Arteagabeitia González y los 63.750 de Jorge Mondéjar López y del propio FROB. El entonces presidente, Javier García del Río, cobró 330.000 euros. No se da información acerca de lo recibido por el resto del equipo gestor.

Tal y como publicó Infolibre en enero de 2022, la cúpula de la Sareb cobró 36,5 millones de euros desde su creación en 2012.

Al frente de la misma, desde abril de 2022 (cuando el FROB se hizo con el control mayoritario), está Javier Torres Riesco, que antes fue consejero dominical del FROB y trabajó para el Banco Santander de 1986 a 2016.

El consejero delegado es Leopoldo Puig: hasta 2011 fue inspector de entidades de crédito del Banco de España, y después director financiero y de entidades participadas del FROB.

El resto de integrantes del equipo gestor son estos:

• Lucía Graña, directora de Gestión del Portfolio: en la Sareb desde 2013, antes ocupó diferentes posiciones de responsabilidad en Banco Popular y Banco Pastor.

• Rafael Piaget, director de Red: antes de su llegada al banco malo, también en 2013, trabajó en Arthur Andersen y en el grupo Crédit Agricole.

• Beatriz Hernández, directora de Negocio de Desarrollos Inmobiliarios: hasta su incorporación, pasó por Ferrovial Inmobiliaria y Habitat Inmobiliaria.

• Pau Pérez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales: en la Sareb entró en 2022. Con anterioridad se empleó como director en la Fundació de Foment de Habitatge Social (vinculada a Cáritas Diocesana de Barcelona), y fue director general de Sogeviso, filial de Banco Sabadell especializada en la mediación social y gestión de alquiler social y asequible. También ejerció en el Grupo CaixaBank.

• José María Arroyo, director de Finanzas y Corporativo: ha trabajado en el Grupo Santander y en el Banco de España.

• Jorge Pipaón, director de Secretaría General: fue presidente y administrador de Cofivacasa, socio de Derecho Público en el despacho Toda & Nel-lo Abogados y secretario general técnico del Ministerio de Hacienda, además de haber ejercido como abogado del Estado en el Ministerio de Economía y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre otros.

¿Cuál es su deuda?

En 2022, la Sareb canceló 3.184 millones de euros de deuda avalada por el Estado. Es la mayor amortización aprobada en un año, situándose la deuda viva en 30.481 millones de euros.

En sus 10 años de vida, la Sareb ha reducido la deuda en 20.301 millones de euros, el 40% del total.

¿Cuándo se liquidará la Sareb?

El artículo 16 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, establece que la Sareb no podrá existir por un tiempo superior a 15 años. Por lo tanto, debería estar totalmente liquidada en 2027.

En un informe de la propia sociedad, en 2021, se calculaba que el Estado deberá aportar 7.988 millones de euros en 2027 para terminar de amortizar la deuda. Es decir, que no hay previsión de que el banco malo vaya a ser capaz de cancelarla por completo, para ese año, por sí mismo."                 (Óscar F. Civieta  , La Marea, 21 abril 2023)

España, segundo país con más deudas internacionales por el 'impuesto al sol', el recorte a las renovables, del Gobierno de Rajoy Acumulamos más de 1.200 millones de indemnizaciones y eso nos está llevando a embargos como el de la sede del Instituto Cervantes en Londres o el de la la agencia exterior de Cataluña en Londres

 "Un equipo de laSexta entra en un de las joyas culturales de España en el extranjero, el Instituto Cervantes en Londres. Sus cuentas acaban de ser embargadas por un juez británico y lo mismo podría pasar con los barcos que tiene Navantia en Australia y con el jet privado oficial del presidente, conocido como el Falcon.

Los podrían incluir en su lista de bienes españoles a embargar, como el Cervantes, los inversores extranjeros perjudicados por el recorte de las renovables de 2014.

"Se recortaron las retribuciones a las energías renovables hasta provocar 50 demandas por valor de 10.000 millones de euros", sostuvo Pedro Sánchez en octubre de 2022.

Miles de millones prometidos que los inversores se quedaron sin cobrar por el recorte anunciado por el Gobierno de Rajoy.

"Decidimos bajar las primas renovables, que siguen siendo unas buenas primas", aseguró en el Congreso Rajoy en julio de 2014.

En total hay 50 casos de arbitraje, 50 reclamaciones a España por las renovables. La mayoría son fondos de inversión, demandan hasta 10.000 millones de euros, aunque el Gobierno cree que al final se quedará en 2.000 millones, de los que ya se han abonado 1.000.

Según el Informe sobre cumplimiento del arbitraje, España es el segundo país del mundo con más deudas internacionales sin pagar, solo le supera Venezuela.

Por esa morosidad ya se han dado los primeros pasos para embargar sedes del Instituto Cervantes en Reino Unido, o la agencia exterior de Cataluña en Londres y, según los expertos podrían ser también embargables el avión del Presidente o los barcos de Navantia en Australia."                     (La sexta, 07/04/23)

Fondos a la caza de la indemnización se enfrentan a España en Londres por el hachazo de Rajoy a las renovables... Este miércoles arranca una vista en la que se dirime si la justicia británica reconoce un laudo que condenó en junio de 2018 a España a pagar 120 millones por los recortes del Gobierno del PP

 "España afronta desde este miércoles en Londres una vista judicial que puede ser relevante de cara a las dos decenas de condenas que ha recibido ya el país en distintos arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Fondos de inversión especializados en este tipo de litigios llevan meses intentando que la justicia británica decrete el embargo de parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora del petrolero Prestige tiene pendiente pagar a España por el desastre medioambiental que tiñó de fuel las costas gallegas en 2002.

Se trata de los fondos Infraestructure Services Luxembourg y su propietaria es la holandesa Energía Termosolar BV. Esta última, según datos accesibles a través de Insight View, a su vez está en manos de un vehículo luxemburgués, Energy Investments S.C.Sp., que según documentación oficial es propiedad de BCCB Limited, firma radicada en Islas Caimán.

Estos inversores pretenden cobrar un laudo del Ciadi (organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial) que condenó a España en junio de 2018 a pagar 120 millones a un fondo de infraestructuras francés, Antin, por los recortes sufridos por las plantas termosolares Andasol 1 y 2.

Las plantas, con una potencia de 50 megavatios (MW) cada una y localizadas entre los municipios granadinos de Aldeire y La Calahorra, en la comarca de Guadix, fueron promovidas por ACS entre 2008 y 2009 y adquiridas por Antin en julio de 2011 por 139,5 millones de euros.

A esos fondos, que tras el laudo se hicieron con los derechos de esa deuda a favor de Antin, les defiende el bufete estadounidense Kobre & Kim, conocido en España por tener entre sus clientes a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, ex amante de Juan Carlos I, en la causa por presunto acoso del rey emérito en Londres. Este “agresivo” bufete, como se define en su web, está especializado en disputas e investigaciones.

Reino Unido ha reconocido preliminarmente el laudo y los demandantes se aferran en este caso a una ley británica de 1966 sobre arbitrajes internacionales, pero España ha apelado la decisión. En la vista que comienza este miércoles, el tribunal londinense, la sección comercial de la High Court, va a escuchar los argumentos de ambas partes para dirimir si la justicia británica finalmente reconoce el laudo o no.

Fuentes jurídicas aseguran que, de producirse una decisión desfavorable para España en la vista de estos días en Londres, se produciría un efecto “en cascada” sobre el resto de laudos condenatorios. Y esa es la cuestión que se va a dilucidar estos días, en una vista que está previsto que se prolongue durante cuatro jornadas y cuyo arranque estaba inicialmente fijado para el pasado lunes.

Ya para enero de 2024 está prevista una decisión de ese tribunal de Londres sobre el embargo de la indemnización del Prestige. En este caso, el bufete, según fuentes conocedoras del caso, está intentando que se reconozca lo que en la legislación británica se denomina “Third party debt order”, una figura que no existe en España y que consiste en el derecho de un acreedor a reclamar a un deudor el cobro de deudas pendientes de un tercero.

En el punto de mira está parte de la indemnización de 855 millones de euros que la aseguradora británica del Prestige, London P&I Club, tiene pendiente abonar a España por la catástrofe del petrolero hace ya más de dos décadas. Entre los activos susceptibles de incautarse no están inmuebles en el extranjero del servicio exterior español (por la inmunidad diplomática), ni aviones oficiales, explican fuentes conocedoras del caso.

En 2022, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que España tenía derecho a cobrar la indemnización de la aseguradora del Prestige, que fue considerada responsable civil subsidiaria de la catástrofe por el Tribunal Supremo. Los fondos que están intentando embargar esa compensación en Londres están intentando cobrar en diferentes jurisdicciones de Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

Ya han trasladado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las principales agencias de rating la negativa de España a pagar el arbitraje, para que tengan en cuenta esta información “a la hora de hacer su cobertura y de dar la calificación de la deuda soberana”. En enero, consiguieron que la corte británica que va a oír a las partes esta semana denegase la pretensión de la Comisión Europea de tomar parte en el litigio y declarar en favor de España.

El laudo de Antin fue dictado al amparo de la Carta de la Energía, un tratado para la protección de inversiones que España firmó en 1994. España decidió abandonarlo el año pasado junto a otros países como Alemania y Francia, que junto con Polonia han presentado formalmente este jueves su renuncia a ese tratado, que también se plantea abandonar la propia UE.

10.000 millones

El de Antin es uno más de los 51 litigios de inversores extranjeros que se han presentado hasta ahora contra España por el hachazo renovable de Rajoy. El recorte, que vino acompañado de una suspensión a las tecnologías verdes que paralizó este sector durante años, perseguía embridar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), del que quedan todavía por pagar algo más de 10.000 millones y que el Gobierno descartaba este martes que vaya a crecer pese a un 2022 extraordinariamente complicado. 

 En la actualidad, de los arbitrajes presentados, con reclamaciones que rondaban los 10.000 millones de euros, y que han colocado a España como el país con más arbitrajes en su contra, junto con Venezuela y Rusia, se han dictado 28 laudos, que se han saldado con 21 condenas para España. Estos suman indemnizaciones cuya cuantía ronda los 1.000 millones.

El Estado español no ha pagado por ahora “ni un euro” a los demandantes, recalca el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque la factura en asesoría jurídica para apoyar a la Abogacía del Estado en estos litigios suma varias decenas de millones de euros. Otros dos procedimientos se han anulado y otros 20 están pendientes. Y  tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por un Real Decreto Ley de 2019 que otorgó a las plantas afectadas por el recorte de 2013 una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El departamento de Teresa Ribera defiende que los laudos dictados hasta ahora “han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado, una proporción muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas”. En los casos en que las pretensiones de los demandantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación y “ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar”.              (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 28 de marzo de 2023)

El problema de las pensiones hubiese sido solucionado claramente si el fondo de pensiones no hubiera sido vaciado de 60.000 millones a 2.000 millones por Rajoy

 "El popular matemático y divulgador científico Santi García Cremades ha protagonizado un llamativo momento en el programa Cuatro al Día, en el que ha intervenido para hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"¿Esto aguanta o en algún momento va a reventar?", ha preguntado la presentadora, Ana Terradillos. "De momento con las variables y los parámetros actuales estaríamos hablando de 10, 15 años. Sería un sistema insostenible a medio plazo porque, sobre todo, tenemos que cambiar el sistema social", ha apuntado el experto.

"Tenemos que cambiar la pirámide invertida, que estamos convirtiendo ahora mismo... está un gran porcentaje de la sociedad que es mayor, que es clase pasiva que tiene que ser financiada con la pensión, tenemos que reconvertirla otra vez en una pirámide como ha sido siempre y crear un aumento en la natalidad", ha explicado.

 En su opinión, ahora mismo, de lo contrario, la solución "sería aumentar los impuestos un 15%". Pero ha insistido en que "el sistema más sostenible a medio plazo sería aumentar la natalidad". 

Cuando en el programa ya iban a despedir a García Cremades, éste ha pedido la palabra una última vez: "Solo un apunte, una cosa muy rápida: este problema hubiese sido solucionado claramente si el fondo de pensiones no hubiera sido vaciado de 60.000 millones a 2.000 millones que tenemos ahora mismo. Esa era la bolsa que teníamos para una situación como esta y eso ya no está. Ese escenario ha cambiado". 

Y en ese momento, en el plató, una colaboradora del programa ha apostillado: "¿Y quién la vació? Mariano Rajoy!".                 (Rodrigo Carretero , HuffPost, 03/03/23)

España desde el año 2000 tiene un grave problema de productividad, precariedad salarial y desigualdad, déficit público crónico, alta deuda pública... Rajoy: "Nosotros somos los que siempre arreglamos la economía"... Me temo y mucho que solo hacéis chapuzas y burbujas inmobiliarias...

José Carlos Díez @josecdiez

España desde el año 2000 tiene un grave problema de productividad, precariedad salarial y desigualdad, déficit público crónico, alta deuda pública. Me temo y mucho que solo hacéis chapuzas y burbujas inmobiliarias

El HuffPost @ElHuffPost

Rajoy: "Nosotros somos los que siempre arreglamos la economía"

7:09 p. m. · 1 abr. 2022·Twitter Media Studio - LiveCut
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10:41 a. m. · 2 abr. 2022

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España culminó la Gran Recesión 2008-2011 con un pico de 6,2 millones de parados y tardó ocho años en volver al desempleo de partida... ahora le ha dado la vuelta a la crisis pandémica de 2020 con 3,1 millones, y en sólo un año y medio recuperó el empleo, ¿Por qué esta diferencia? Porque en aquella crisis se destruyó salvaje e irremisiblemente empleo. Y ahora, en cambio, se ha conservado, congelándolo hasta el despegue de la recuperación gracias a ingentes ayudas públicas hasta que la actividad se reactivase y urgiese trabajo con que nutrirla. El secreto ha sido pasar de los ERE (expedientes de regulación de empleo) —con despidos colectivos masivos—, a los ERTE, regulaciones solo temporales de empleo o con reducción parcial de jornada. Los ERTE han sido así la gran palanca de este éxito colectivo... Los datos son incontestables

 "España culminó la Gran Recesión 2008-2011 con un pico de 6,2 millones de parados en el primer trimestre de 2013, un 27,16% de la población activa, según la EPA. Y ahora le ha dado la vuelta a la crisis pandémica de 2020 con 3,1 millones el pasado enero, el 13,3%. Tardó entonces ocho años en volver al desempleo de partida, Ahora, solo un año y medio.

¿Por qué esta diferencia? Porque en aquella crisis se destruyó salvaje e irremisiblemente empleo. Y ahora, en cambio, se ha conservado, congelándolo hasta el despegue de la recuperación gracias a ingentes ayudas públicas hasta que la actividad se reactivase y urgiese trabajo con que nutrirla. El secreto ha sido pasar de los ERE (expedientes de regulación de empleo) —con despidos colectivos masivos—, a los ERTE, regulaciones solo temporales de empleo o con reducción parcial de jornada.

Los ERTE han sido así la gran palanca de este éxito colectivo. En su cénit, 1 de mayo de 2020, refugiaron a 3,5 millones de trabajadores (exactamente, 3.559.580). Al inicio de este 2022 se habían reducido a poco más de cien mil (117.357). Es decir, se habían salvado 3,4 millones de empleos del riesgo cierto de destrucción, como indica el gráfico.

Los datos son incontestables. Se bastan por sí mismos para desacreditar las alegaciones de un exiguo grupo de economistas, con el ultraliberal Daniel Lacalle a la cabeza, según las cuales se intentan “disfrazar mes tras mes las malas cifras de empleo”.

Aquí no hay “paro encubierto”. A 31 de enero, quedaban solo 105.043 en ERTE-covid: de ellos solo poco más de la mitad, 54.294, tenían todo su empleo suspendido; el resto, 50.749, trabajaban a tiempo parcial, como indican los gráficos. En otra variante de ERTE, los ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas) se refugiaban 11.778, vinculados a la crisis de suministros; también en descenso, pues habían sido más del doble en noviembre. Del total de 116.821, los más afectados, a los que costará más volver a sus puestos, son unos 29.600 del sector de la hostelería.

Otra leyenda inversa (pero paradójicamente concomitante) a la del paro encubierto es que las bondades de los ERTE utilizados en masa en la pandemia proceden de la reforma laboral de 2012. “Los ERTE, ¿quién lo puso en marcha?, ¡el Partido Popular!”, dijo en el Congreso (10/11/21) su número dos, García Egea; se los apuntó y relanzó una falsa frase de Pablo Casado (13/8/2020), que ha prodigado en la campaña de Castilla y León.

Lo que hizo aquella reforma fue suprimir la autorización administrativa a esos expedientes. Pero gozaban de apoyo público limitado. Las empresas se lanzaron a lo fácil, despedir mediante ERE. En 2012, los afectados por estos expedientes fueron —no solo despidos— 483.313.

En realidad los ERTE ya los había posibilitado el Estatuto de los Trabajadores (Gobierno Suárez) en 1980. “El contrato podrá ser suspendido temporalmente por causas tecnológicas o económicas o derivadas de fuerza mayor”, rezaba su artículo 47: al cesar estas, el trabajador se reincorporaría. Si no cesaban, se le daba el seguro de desempleo, que entonces se dignificó al pasar a 18 meses, triplicando el semestre establecido por la dictadura, en 1961. Pero no estipulaba apoyos a las empresas. Tampoco las precisiones de la reforma de 1995 estimularon la suspensión temporal.

Fue la primera reforma Zapatero la que en 2009 (RDL 2/2009) había estructurado los ERTE para “favorecer la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos”. Les otorgó bonificaciones del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, bajo el “requisito necesario” de que el empresario mantuviese el empleo de los afectados al menos durante un año tras finalizar la suspensión temporal.

Los retoques posteriores de 2012 tampoco variaron sustancialmente la tendencia. Hubo que esperar a la asfixia de la crisis pandémica para estimular de verdad la congelación de contratos en vez de su destrucción: esencialmente con la exoneración a las pymes del 100% en su cotización empresarial (75% para la gran empresa, de más de 50 trabajadores) decidida el 17 de marzo de 2020, al poco de explosionar la pandemia (RDL 8/2020).

A los obreros afectados se les dispensó el periodo mínimo de cotización exigible y se les borró el tiempo que recalarían en el desempleo del consumo del periodo máximo computable.

Los cinco subsiguientes decretos Escrivá-Díaz prorrogaron, con mejoras a empresas y trabajadores, esas palancas, que se revelaron como el más poderoso incentivo para evitar la destrucción de empleos. “Hemos ido aprendiendo a mantener la actividad pese a la reducción de la movilidad, y a reactivar la economía en las fases de levantamiento de restricciones”, concluye el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. De hecho, los repuntes de las oleadas de la segunda mitad de 2021 (y sus restricciones) ya no incrementaron el número de trabajadores suspendidos.

 A la conservación de puestos y a la vuelta al trabajo contribuyó también el estímulo para activar a los afectados (RDL de 27 de junio), en las distintas prórrogas, mediante la vía de bonificar más las cuotas por los trabajadores que volvían a la actividad (hasta el 60%) que por los suspendidos (35%). O al aumentar la generosidad para los sectores más afectados por la parálisis (RDL de 30 de septiembre). Y a las empresas que más formación prodigan a sus suspendidos (30 / 40 horas), con rebajas del 80% (contra el 40% a las que no reciclen ni formen), que sigue vigente hasta final de este mes.

Otros instrumentos útiles han servido para impulsar la suspensión parcial, que al principio no alcanzaba el 10% de la total y ahora roza el 50% (ver gráfico). O al objeto de agilizar las herramientas para afectar y desafectar a las plantillas según la evolución de la demanda.

Todos estos elementos han sido incorporados como estructurales en la reforma laboral recién aprobada, particularmente en el mecanismo RED, que consagra los ERTE mejorados durante la crisis."            (Xavier Vidal-Folch , El País, 12/02/22 )

Hola, soy el fantasma de las navidades pasadas... las de Rajoy: reforma constitucional, con el abandono implícito del Bienestar... eliminación de las Cajas... ley Mordaza... y Reforma Laboral... ¿Quién dice que fueron mejores?

 "(...) HOLA. SOY EL FANTASMA DE LAS NAVIDADES PASADAS.  

“Y vengo a hablarles del cambio de Régimen iniciado en 2012. Recordemos que consistió en un max-mix PSOE-PP, y que tuvo este itinerario: 

A) Reforma constitucional, con el abandono implícito del Bienestar, que hoy es costumbre, pero no ley. 

B) La eliminación de las Cajas. 

C) La Ley Mordaza –declarada constitucional por el TC; una ley para períodos de reducción de libertades, con castigos económicos y primacía policial en funciones antaño judiciales; y, Santa Rita-Rita, lo que se le da a la poli no se le quita tan fácilmente, me juego una copa–. 

Y, finalmente, D) la Reforma Laboral de Rajoy. (...)"                 (Guillem Martínez, CTXT, 31/12/21)

La devaluación estructural de los salarios introducida por las reformas laborales de 2010 y 2012 dispararon los márgenes empresariales en casi 261.000 millones entre 2014 y 2020, que se aparcan en la economía financiera restando dinamismo a la inversión productiva y la creación de empleo

Carlos Martín Urriza @carlosurriza

 El dinamismo de la economía española se ha logrado en gran parte en los últimos lustros no mediante la inversión productiva, la innovación y la asunción de riesgos por los empresarios sino mediante la precarización de las condiciones de trabajo. La última vuelta de tuerca de…

este modelo de crecimiento ha sido la devaluación estructural de los salarios introducida por las reformas laborales de 2010 y 2012. Como resultado, el salario por realizar el mismo trabajo no recuperó su poder de compra durante la etapa de crecimiento iniciada en 2014:

Las reformas laborales de 2010 y 2012 aceleran la reducción de la participación de los trabajadores en el producto de su trabajo (productividad), con sus salarios (...)

Como resultado, los márgenes empresariales se disparan y no se normalizan durante la etapa de crecimiento, acumulando las empresas casi 261.000 millones entre 2014 y 2020 que se aparcan en la economía financiera restando dinamismo a la inversión productiva y la creación de empleo

Todo esto se detalla en el estudio presentado hoy por @CCOO https://ccoo.es/01ff8757c0b4f9

3:16 p. m. · 2 dic. 2021
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Según la Unión Europea... así dejó Rajoy el país... el que se encontró Pedro Sánchez

Carlos Cagigal @CcagigalNeira

 Lo que dijo la UE sobre España en su informe sobre "Recomendaciones para el Programa de Reformas 2019" analizando los años y políticas económicas aplicadas por el PP durante los años de expansión económica desde 2014:

2- "La eficacia de las prestaciones sociales -excluidas las pensiones— para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la UE, especialmente en el caso de los menores...

3- ...El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de los más bajos de la UE y no está bien orientado. Aunque la tendencia es positiva, existen aún deficiencias importantes en la cobertura de las personas con dependencia severa y moderada...

4- ...La ayuda al desempleo nacional está fragmentada, al existir múltiples regímenes orientados a diferentes grupos de demandantes de empleo..."

La propia UE sacó los colores a España e hizo una serie de recomendaciones que iban desde garantizar unos servicios sociales adecuados a las coberturas por desempleo. Para que la UE saque los colores a España por unos mediocres servicios sociales, ya sobran las palabras...

6- "Garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo. Favorecer la transición hacia los contratos indefinidos, en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación...

7- ...Mejorar el apoyo a las familias y resolver el problema de las deficiencias en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima".

8- La situación de la crisis financiera no sólo mejoró sino que empeoró con las políticas económicas que aplicó el PP y en los años de crecimiento no hizo lo más mínimo para que mejorarán. El informe en cuestión... https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

Esto es lo que se encuentra en gobierno de coalición cuando próspera la moción y llega al gobierno... No hay que "consolidar" el estado del bienestar español porque, sencillamente, primero hay que "recuperarlo".

1:49 p. m. · 29 nov. 2021
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El resultado final de de la gestión económica del PP ya la conocemos, un empobrecimiento de las familias, sobre todo aquellas cuyo principal perceptor de renta es menor de 35 años... la de la especulación inmobiliaria y el silencio de los corderos... la del diseño del rescate bancario, pasando por la más que defectuosa reestructuración del sector eléctrico, o la financiarización y mercantilización de derechos humanos básicos, desde la alimentación hasta el acceso a la vivienda, pasando por la luz y el agua

 "Estos días hemos asistido, atónitos, al enésimo folletín político patrio, la convención del Partido Popular. Las ocurrencias y disparates de lo allí oído, visto y sucedido, superan ampliamente a las genialidades del guionista del camarote de los Hermanos Marx. 

Permítanme centrarme en unas de esas gracias que a modo de mantra repiten, cual martillo pilón, tanto los dirigentes del PP como sus voceros mediáticos: su buen hacer en materia económica. Lo más preocupante es que ni siquiera sus rivales políticos han sido capaces de enmendarles la plana en lo que no deja de ser un mero eslogan goebbeliano.

 En realidad ello obedece a que tanto los gobiernos del PP como del PSOE fueron copartícipes de las mismas olas. La más importante, sin duda, parafraseando el título del libro del abogado argentino y español, y buen amigo Fernando Scornick, y del economista británico Fred Harrison: la especulación inmobiliaria y el silencio de los corderos. 

 Pero no solo, también son corresponsables de otros desaguisados, desde el diseño del rescate bancario, pasando por la más que defectuosa reestructuración del sector eléctrico, o la contribución de sus economistas a la financiarización y mercantilización de distintos derechos humanos básicos, desde la alimentación hasta el acceso a la vivienda, pasando por la luz y el agua.

Desde un punto de vista económico la principal herencia del PP, a modo de carga pesada, fue activar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, financiada por un ciclo de endeudamiento privado récord, que posteriormente el PSOE infló todavía más. Mientras dura la ola de la burbuja todo parece cuadrar, desde la actividad económica y generación de empleo, hasta los ingresos fiscales. 

Pero no deja de ser una mera ficción, una ilusión óptica. Una vez que se pincha una burbuja inmobiliaria, financiada con deuda privada, el empobrecimiento masivo de la población es una de sus consecuencias, aderezado en nuestro país, en ausencia de la dación en pago, con cientos de miles de desahucios.

Pero no contentos con ello, la única salida que se ofreció, tanto desde el ejecutivo del PP como del PSOE, fue una devaluación competitiva, sazonada con austeridad fiscal, ambas medidas distópicas e innecesarias. No tuvieron las agallas de exigir a los acreedores de nuestro sector bancario que apechugaran con sus errores en la asunción de riesgos, de manera que se sometieran a una quita, tal como les ocurre a los acreedores de las empresas privadas que acaban quebrando. 

El resultado final de tanto desaguisado ya lo conocemos, un empobrecimiento de las familias, sobre todo aquellas cuyo principal perceptor de renta y riqueza es menor de 35 años, un país sin futuro para los más jóvenes, y una España profundamente desigual tanto a nivel de rentas como de riqueza. Resulta en este contexto irónico e hilarante ciertas recomendaciones sobre las pensiones futuras, mercado laboral o política industrial de quienes legitimaron académicamente tanto desvarío.

Los enormes estragos que la especulación inmobiliaria ha causado en nuestro país y las secuelas que ha dejado en la sociedad deberían haber servido para nunca jamás repetir lo sucedido. ¡Qué ingenuidad la mía! A pesar de que los mecanismos de la renta del suelo y la relación del acceso a la tierra con el empleo y los salarios han sido analizados ampliamente, al igual que el papel tanto del sistema impositivo como de la banca, algunos no aprenden, y sus propuestas vuelven a ser dobles tazas de los mismo. Es lo que ha hecho el PP en su convención. 

En el trasfondo, la complicidad de ciertas élites políticas con un sistema monopólico, mediante políticas fundamentalmente fiscales, instrumentadas en beneficio de los buscadores y apropiadores de rentas. Son necesarias hoy más que nunca reformas destinadas a reorientar la economía lejos de los ciclos de negocios dirigidos por ciertas burbujas y sus estallidos. Dichos ciclos victimizan a la práctica totalidad de la población, especialmente a los más vulnerables, a través del desempleo, la pobreza, la desigualdad, y la falta de acceso a la vivienda.

Los especuladores del suelo y la banca llevaron el mercado inmobiliario a límites que no podían ser asumidos por todos los compradores y arruinaron a cientos de miles de familias. Son los verdaderos artífices de la deuda privada patria que dio lugar a un endeudamiento insostenible. Bancos, acreedores y especuladores deberían haber afrontado las consecuencias del infierno que ellos mismos crearon. 

Sin embargo, hubo unos gobiernos que toleraron y fomentaron la especulación inmobiliaria, germen de la corrupción de nuestro país. Este análisis perfectamente se puede extrapolar a la reestructuración del sector eléctrico, diseñada por el primer gobierno Aznar, de cuyos efectos perversos estamos siendo testigo estos días; o al rescate bancario patrio, esbozado por el gobierno Mariano Rajoy.

Por todo ello, cuando escucho a algún dirigente del PP hablar de lo bien que lo hacen en materia económica, simplemente me enervo. Su “España va bien” no era más que una burbuja inmobiliaria que le acabó estallando al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos economistas fueron incapaces, también, de anticipar las dinámicas del crédito y la deuda privada. 

Lo más alucinante, sin embargo, fruto de la ignorancia o del cinismo, no sé que es peor, es que unos listillos políticos, muy extendidos por estos lares, intentaban, e intentan, hacer pasar al déficit público como el causante de la crisis, cuando en realidad fue una consecuencia de ella, y que sirvió además para atenuar la crisis."             (Juan Laborda, Vox Populi, 07/10/21)

Que dice Rajoy lo bien que lo hacen los gobiernos del PP en temas económicos. Llaman hacerlo bien a iniciar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia acompañada por un ciclo de deuda privada brutal... Y no contentos con generar la mayor burbuja inmobiliaria tras cuyo pinchazo se arruinaron y deshauciaron a miles de familias, posteriormente aplicaron austeridad fiscal y devaluacion interna, empobreciendo sobretodo a los más jóvenes

Juan Laborda @JuanLabordah

 Que dice Rajoy lo bien que lo hacen los gobiernos del PP en temas económicos. Llaman hacerlo bien a iniciar la mayor burbuja inmobiliaria de la historia acompañada por un ciclo de deuda privada brutal (Inestabilidad Financiera) , que luego continuó y no desinfló el PSOE

Y no contentos con generar la mayor burbuja inmobiliaria tras cuyo pinchazo se arruinaron y deshauciaron a miles de familias, posteriormente aplicaron austeridad fiscal y devaluacion interna, empobreciendo sobretodo a los más jóvenes.

Sólo cuando Bruselas les permitió expansion fiscal, España se recupero.

9:36 a. m. · 28 sept. 2021
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