Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras. A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor... En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor... México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente... Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos... En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal... En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones)... A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano (Guillermo Ortiz)

"Es casi seguro que América Latina paga el precio económico más alto del mundo por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a América Latina y el Caribe (ALC) un promedio de 3.44% del PIB anualmente, equivalente al 78% de todo el gasto público en educación de la región. Pero hay discrepancias significativas dentro de ALC. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.

Antes de pasar a las cifras, es indispensable una advertencia. Este análisis cubre únicamente los costos económicos —inversión, productividad y crecimiento perdidos— y no el costo humano de las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, ya que ninguna cifra podría capturarlo sin trivializarlo. Los números que siguen son un piso, no un techo, del daño real.

Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras.

A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor. Colombia ha padecido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares de extrema derecha, organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y carteles criminales, en el que la industria del narcotráfico juega un papel clave. El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016.

Un estudio calculó que eliminar por completo el conflicto armado en Colombia entre 1988 y 2009 podría haber sumado hasta 4.4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, los homicidios le siguen de cerca, junto con el desplazamiento forzado y los ataques de grupos armados. Y el daño se agrava también a nivel empresarial. Una investigación sobre empresas colombianas encontró que los secuestros dirigidos contra negocios específicos—a diferencia de la violencia generalizada en sus alrededores—hacen que los gerentes reduzcan la inversión durante años después, pues el propio miedo se convierte en un impuesto sobre hacer negocios.

El acuerdo de 2016 con las FARC no trajo consigo ese dividendo de paz. La economía criminal que el pacto buscaba desmantelar ha seguido prosperando, con el cultivo de coca alcanzando un récord de 253,000 hectáreas en 2023. Además, los grupos de crimen organizado se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal—los principales obstáculos al crecimiento en México y Brasil, respectivamente.

En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor. Mientras que los ingresos de la cocaína colombiana al menos traen divisas a la economía, la extorsión en México representa una pérdida pura.

México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente. De manera similar, el economista en jefe para México de la OCDE estima que el crimen le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de México. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos. Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas arancelarias, las sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.

En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.

Cabe destacar que los homicidios en Brasil cayeron aproximadamente una quinta parte entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando—una señal de la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones). Si Brasil redujera su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0.6 puntos porcentuales más rápido cada año.

La creciente presencia del crimen organizado se está convirtiendo en un tema político central en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella acaba de ganar la elección presidencial más reñida en la historia reciente del país, con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandato para hacerlo, pero es muy estrecho.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado gran parte de su actual presidencia evitando el tema de la seguridad pública, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo de gran escala contra el CV y Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección de octubre, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato de mano dura. Aunque Lula ya firmó un paquete propio contra el crimen organizado de R$11,000 millones—y aún lidera en la mayoría de las encuestas—, este es un terreno en el que preferiría no estar peleando. (...)

Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, los costos económicos del crimen organizado dibujan un panorama sombrío, restando entre 0.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los países más afectados. A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano."

(Guillermo Ortiz,  Project Syndicate , 31/08/26)

El poder de fuego mostrado por el Comando Vermelho en el operativo policial y militar que tuvo lugar en Rio de Janeiro el 28 de octubre, evidenció que Ucrania es la mejor escuela para las organizaciones delictivas... El reclutamiento de narcotraficantes brasileños en Ucrania se habría desenvuelto por mediación de mercenarios colombianos... tanto el Comando Vermelho como de su banda rival, el Primeiro Comando da Capital, han incursionado en los campos de batalla ucranianos como una vía de acceso privilegiado al armamento más moderno enviado desde las potencias occidentales, y también como un campo de entrenamiento para nuevas tácticas de guerra de alta intensidad... Así, los narcotraficantes no sólo están especializando en la utilización de drones, sino también en el uso de lanzagranadas y ametralladoras pesadas. En Brasil se encuentran inmersos en una guerra contra policías y ejércitos, para lo que deberán apelar a recursos tecnológicos cada vez más avanzados y estrategias de vanguardia... El regreso de los mercenarios brasileños a sus organizaciones de base, luego de su estancia en el frente ucraniano, opera como una bomba de tiempo: no sólo por la experiencia adquirida en la guerra sino también por los contactos y redes que han podido establecer con otras bandas de narcotraficantes europeas, y con organizaciones dedicadas al comercio ilegal de armamentos, que han proliferado gracias a la exportación masiva y descontrolada de recursos militares desde Kiev... las confiscaciones policiales a distintas bandas criminales han descubierto desde lanzagranadas propulsadas por cohetes (RPG), a sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS), incluyendo también ametralladoras pesadas y fusiles de asalto, todod estos con uso previo en Ucrania... Hoy prácticamente no quedan dudas de que el uso de drones se ha convertido en una táctica a gran escala y sin precedentes en Brasil y, en general, en América Latina, y que señala una escalada en el poder del crimen organizado al combinar la innovación tecnológica con las disputas por el control del tráfico de drogas y, últimamente, también con los cada vez más recurrentes y violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad (Daniel Kersffeld)

 "El poder de fuego y la rápida capacidad de respuesta mostrada por el Comando Vermelho en el operativo policial y militar que tuvo lugar en Rio de Janeiro el 28 de octubre sorprendió y, sobre todo, evidenció que, en la actualidad, Ucrania es la mejor escuela que las organizaciones delictivas tienen para mejorar su entrenamiento y sus recursos militares.

De hecho, no son muchos los lugares del planeta en los que hoy se puede aprender a utilizar drones comunes o, incluso, de producción casera, como herramientas tecnológicas destinadas para un uso bélico y con una efectividad mortal en sus ataques.

La presencia de mercenarios extranjeros en el frente ucraniano es anterior al inicio del conflicto abierto contra Rusia que se está desarrollando desde febrero de 2022. La afluencia masiva de armamento y municiones procedentes de Estados Unidos y de sus socios europeos de la OTAN tuvo su correlato en la participación creciente de milicianos provenientes de todas partes del mundo con una común aversión hacia Rusia.

Pero el colapso sufrido por el ejército ucraniano sobre todo en este último año ha provocado un agravamiento en la pérdida de combatientes, ya sea por muerte o deserción. En consecuencia, aumentó el número de mercenarios y, además de los europeos, se reforzó la Legión Internacional con una mayor cantidad de combatientes de otros continentes y regiones, como América Latina.

Sin datos precisos, existe la suposición de que hoy las milicias ucranianas todavía cuentan con numerosos voluntarios de origen latinoamericano, que se movilizan atraídos por un salario que no suele ser el promocionado desde la publicidad oficial, o que se ven tentados por la futura adquisición de la ciudadanía de Ucrania, pensando en la posibilidad, por ahora más bien distante, de que este país pase a integrar la Unión Europea en algún momento.

Ya se trate de ex combatientes de las FARC o de ex integrantes de cuerpos parapoliciales desmovilizados por el proceso de paz, los soldados de procedencia colombiana constituyen hoy la principal minoría latinoamericana en las filas ucranianas, con cerca de 2 mil combatientes.

Por lo general enviados al frente sin mayor preparación para la guerra, el número de bajas entre los latinoamericanos es bastante alto: sólo entre los milicianos colombianos (prácticamente los únicos con antecedentes militares en la región) se han reportado alrededor de 500 muertes desde que estalló el conflicto abierto hace más de tres años.

El reclutamiento de narcotraficantes brasileños en Ucrania se habría desenvuelto, en una primera fase, por mediación de mercenarios colombianos, cuyas organizaciones suelen trabajar en alianza en sus respectivos países.

Grupos dispersos, tanto del Comando Vermelho como de su banda rival, el Primeiro Comando da Capital, han incursionado en los campos de batalla ucranianos como una vía de acceso privilegiado no sólo al armamento más moderno enviado desde las potencias occidentales, sino también como un campo de entrenamiento para nuevas tácticas de guerra de alta intensidad.

Se calcula que actualmente, el número de brasileños que combaten en Ucrania oscila entre los 200 y los 250 mercenarios. Su motivación principal es la formación técnica en el uso de nuevos armamentos para su posterior utilización y aprovechamiento en Brasil.

Así, los narcotraficantes no sólo están especializando en la utilización de drones, sino también en el uso de lanzagranadas, ametralladoras pesadas e, incluso, artillería antiaérea. El horizonte de su acción futura reconoce que, en Brasil se encuentran inmersos en una guerra contra policías y ejércitos, frente a los que deberán apelar a recursos tecnológicos cada vez más avanzados y estrategias de vanguardia.

De hecho, no ha sido el Comando Vermelho la primera organización delictiva latinoamericana en utilizar drones como un recurso militar ofensivo. Se han registrado cientos de ataques con aeronaves controladas remotamente en toda la región, y aparentemente, los primeros en valerse de implementos tecnológicos en sus enfrentamientos con las fuerzas del orden han sido los integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, también con experiencia de combate directo en Ucrania.

El regreso de los mercenarios brasileños a sus organizaciones de base, luego de su estancia en el frente ucraniano, opera como una bomba de tiempo: no sólo por la experiencia adquirida en la guerra sino también por los contactos y redes que han podido establecer con otras bandas de narcotraficantes europeas y, más aún, con organizaciones delictivas dedicadas al comercio ilegal de armamentos, las que han proliferado gracias a la exportación masiva y descontrolada de recursos militares de todo tipo a Kiev.

Las conversaciones informales para pacificar el conflicto contra Rusia y las perspectivas de una siguiente entrada a una etapa del posconflicto han intensificado el tráfico de armamentos hacia destinos cada vez más alejados del radio europeo, como es el caso de América Latina.

Las vinculaciones son múltiples. En Brasil y en otros países de la región, las confiscaciones policiales a distintas bandas criminales han descubierto desde lanzagranadas propulsadas por cohetes (RPG), a sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS), incluyendo también ametralladoras pesadas y fusiles de asalto, todod estos con uso previo en Ucrania.

En septiembre de 2024 un cabo de la Armada fue detenido por la policía y acusado de operar drones para el Comando Vermelho (los que eran previamente acondicionados para disparar granadas y distintos explosivos), así como también por guiar a traficantes en operaciones de fuga.

Y a principios y mediados de este año, las fuerzas policiales brasileñas confiscaron armas antidrones a integrantes del Comando Vermelho, encontrando en varias ocasiones un modelo fabricado por la empresa ucraniana Kvertus, concretamente el KVS G-6, un cañón electrónico que anula las señales de control y video de los drones a una distancia de hasta 6 km. Si bien representantes de la empresa estuvieron en Río de Janeiro en el mes de abril para vender sus productos a la policía, lo cierto es que la compra de ese tipo de dispositivo militar suele realizarse a través del mercado negro, a partir de una extensa ruta con escalas en Europa del Este y Paraguay.

Hoy prácticamente no quedan dudas de que el uso de drones se ha convertido en una táctica a gran escala y sin precedentes en Brasil y, en general, en América Latina, y que señala una escalada en el poder del crimen organizado al combinar la innovación tecnológica con las disputas por el control del tráfico de drogas y, últimamente, también con los cada vez más recurrentes y violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Se trata, por último, de una de las tantas consecuencias globales de una guerra lejana y prácticamente sin control y sin final, que ha convertido a la ofensiva bélica contra Rusia en un laboratorio especializado en la formación de recursos humanos destinados al crimen y a la preparación de nuevas redes delictivas de carácter transnacional." 

(Daniel Kersffeld, investigador CONICET , Other News, 31/10/25)