"De generales a Milei: Argentina bajo la tutela de su deuda.
El 24 de marzo de 1976, los militares argentinos derrocaron al gobierno de Isabel Perón. Se sabe que la dictadura que siguió hizo desaparecer hasta treinta mil personas, pero no que multiplicó por seis su deuda externa – de 7,8 a 45 mil millones de dólares entre 1975 y 1983 – con la activa participación de grandes bancos comerciales europeos. El comienzo de un engranaje financiero sin fin, que explica incluso, cincuenta años después, la llegada al poder de Javier Milei, quien es su heredero ideológico.
**Índice**
- "Dominaron el terrorismo abierto, al precio de algunos derechos humanos."
- Bancos y Estados: una complicidad de doble nivel
- Deuda ilegal, impunidad duradera y rehabilitación de la junta
Hasta el golpe de Estado de 1976, la presencia de bancos extranjeros en Argentina se había mantenido estable durante más de un siglo. En 1863, el Bank of London and South America abrió el baile. De 1863 a 1975, una quincena de entidades se establecieron en el país. Luego, con la llegada al poder de la junta militar, las cosas se aceleraron y el número de bancos extranjeros pasó de 15 a 33 entre 1976 y 1982 [1].
El mecanismo se puso en marcha en julio de 1976, cuatro meses después del golpe. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía nombrado por la junta – un hijo de la aristocracia terrateniente argentina, educado en Eton y Cambridge –, emprendió una gira europea para convencer a las grandes plazas financieras de prestar a Buenos Aires.
En Londres, fue recibido a cenar por los directivos de Lloyds Bank y Baring Brothers en el Brooks Club, uno de los clubes más "selectos" de la ciudad, e incluso apareció en la portada de Euromoney en septiembre de 1976. La revista financiera resumió entonces el estado de ánimo del sector: "Argentina ya no es un nombre que haga estremecer a los banqueros internacionales."
Resultado de esta gira: los bancos británicos prestaron 60 millones de dólares en pocas semanas [2]. Ese mismo año se organizó un préstamo global de 970 millones de dólares, en el que participaron bancos estadounidenses, canadienses, europeos y japoneses [3].
**"Dominaron el terrorismo abierto, al precio de algunos derechos humanos."**
Los archivos de los bancos europeos, hoy accesibles para los investigadores, atestiguan una conciencia perfectamente lúcida de la situación.
Ya en julio de 1976, Guy Huntrods, director de la división de América Latina de Lloyds Bank International, redactó un informe confidencial para los directivos del banco. En él se alegraba del derrocamiento del gobierno peronista y desestimaba las acusaciones de represión, "muy de moda en ciertos círculos demasiado propensos a emitir juicios superficiales y sesgados sobre países latinoamericanos cuyas formas de gobierno no encajan en el molde gris de la socialdemocracia".
Un año después, en septiembre de 1977, el presidente de Lloyds Bank, Sir Jeremy Morse, resumió su visita de tres días a Buenos Aires: "El gobierno militar ha dominado el terrorismo abierto a un cierto precio en materia de derechos humanos." Los resultados económicos le satisfacían más: los beneficios argentinos del banco se acercaban a los 10 millones de libras esterlinas.
La Société Générale no se quedó atrás. En marzo de 1980, su economista jefe, Yves Laulan, regresó de Argentina. En su informe interno, señaló que "la seguridad en Buenos Aires es notable, tanto de día como de noche" y concluyó: "Argentina sigue representando un buen riesgo-país para nuestro banco." Entre 1978 y 1980, los compromisos de la Société Générale en Argentina habían aumentado un 446%.
Barclays, por su parte, produjo en junio de 1977 un informe interno titulado "Regímenes opresivos en América Latina", que reconocía que "prácticamente todos los gobiernos sudamericanos son tiránicos". Esto no le impidió continuar sus actividades en la región. Las violaciones de los derechos humanos eran conocidas, documentadas en la prensa internacional y denunciadas por Amnistía Internacional desde los meses posteriores al golpe de Estado. "No se descubrieron las torturas al final de la dictadura", resume hoy Altamura.
En ocho años, unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas en más de 500 centros de detención clandestinos – entre ellos la infame Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires –, y luego arrojadas vivas al Río de la Plata o al mar desde aviones militares, o ejecutadas sin juicio. Cientos de bebés nacidos de madres detenidas fueron robados y entregados a otras familias; las Abuelas de Plaza de Mayo han recuperado hasta la fecha a más de 130 de ellos.
**Bancos y Estados: una complicidad de doble nivel**
Los bancos comerciales no fueron los únicos implicados. Apenas cinco meses después del golpe de Estado, en agosto de 1976, el FMI firmó un acuerdo de confirmación de 260 millones de dólares con la junta. En septiembre de ese mismo año, el Banco Mundial publicó un informe sobre Argentina – sin la más mínima mención a los derechos humanos [4]. En mayo de 1978, durante una reunión del consejo del Banco Mundial sobre un préstamo de 60 millones de dólares a Buenos Aires, un administrador intentó mencionar las "condiciones sociales" del país. Robert McNamara, presidente de la institución, zanjó: "Nos estamos desviando de la cuestión que nos ocupa, que es este proyecto específico" [5].
El caso francés revela una imbricación aún más directa entre bancos y poder político. Nacionalizados desde 1945, el Crédit Lyonnais y la Société Générale fueron, durante todo el período 1976-1983, entidades públicas. Cuando estos bancos prestaban a Buenos Aires, era, por tanto, el Estado francés el que financiaba a la junta.
Como establecen Altamura y Flores Zendejas a partir de los archivos bancarios, "los grandes bancos franceses tenían al Estado como accionista único y veían cómo sus decisiones de préstamo eran a menudo impuestas directamente por el Ministerio de Finanzas […, de modo que] negarse a ciertos préstamos era casi imposible" [6]. La presión adoptaba formas explícitas: en 1980, Philippe Lagayette, director del Tesoro, advirtió a las entidades reacias que "el ministro no olvidaría a los bancos que se hubieran negado a participar".
En mayo de 1980, Martínez de Hoz fue recibido en París por el presidente Valéry Giscard d'Estaing y se reunió con los ministros de Industria, Comercio Exterior y Economía. La embajada británica comentó: Francia, "con su conocida voluntad de aumentar sus exportaciones, está a la vanguardia de los países dispuestos a hacer negocios con Argentina". Estos negocios incluían la venta de armas: aviones de combate y misiles Exocet entregados a Buenos Aires, financiados mediante operaciones bancarias garantizadas por el Estado a través de la Compañía Francesa de Seguros para el Comercio Exterior (Coface). La armada argentina figuraba en el sexto lugar entre los deudores del país, con más de dos mil millones de dólares prestados por los bancos comerciales.
En 1983, el Banco de Pagos Internacionales reconoció en su informe anual que, si bien las autoridades de supervisión fomentaban la moderación de los préstamos, "los gobiernos no siempre se oponían a solicitar la participación de los bancos en las financiaciones vinculadas a las exportaciones" [7].
**Deuda ilegal, impunidad duradera y rehabilitación de la junta**
En julio de 2000, el juez federal argentino Jorge Ballestero dictó su veredicto en el caso iniciado por el periodista Alejandro Olmos ya en 1982. Su conclusión fue contundente: la deuda contraída por la junta es en gran parte ilegal. El magistrado identificó más de 470 actos ilícitos [8], entre los que se incluían préstamos forzosos a empresas estatales, la nacionalización de deudas privadas de grandes grupos industriales y la simultánea fuga de capitales – la deuda se evaporaba del país en el mismo momento en que se contraía. Esta sentencia no tuvo ninguna consecuencia penal internacional. Hasta la fecha, ninguna instancia judicial se ha ocupado de los archivos bancarios revelados por investigadores como Carlos Edoardo Altamura.
El paralelismo entre Javier Milei, favorito de los "liberales" contemporáneos, y Martínez de Hoz viene a la mente y evoca una profunda continuidad histórica. Este último había seguido siendo "el hombre de las manos limpias" de la junta: educado en las mejores instituciones británicas, admirado por los banqueros de Wall Street y la City, había convertido a la dictadura en un interlocutor creíble para las finanzas internacionales – hasta el punto de que el magnate David Rockefeller lo saludaba públicamente como uno de los "grandes ministros de Economía" argentinos. Su foto en la portada de Euromoney en 1976 era – salvando las distancias – lo que hoy representa la cobertura mediática favorable a Javier Milei en la prensa financiera anglosajona. "Cuando Milei habla en Davos, muestra el vínculo entre las élites internacionales para defender un modelo económico que no beneficia a las poblaciones locales, con un modelo centrado en lo extranjero más que en lo doméstico", observa Altamura.
En 1983, el presidente Raúl Alfonsín optó por asumir la deuda contraída por la junta – una deuda que los acreedores se negaron a cuestionar. Esta transferencia, de los verdugos a sus víctimas, inauguró lo que se conoce como la "década perdida": planes de ajuste impuestos por el FMI, austeridad, colapso de los niveles de vida. Desde entonces, el endeudamiento cíclico se ha convertido en un instrumento de presión permanente sobre los gobiernos argentinos, cualquiera que sea su color político.
Y así es como Javier Milei, economista de televisión perentorio, que cultiva una imagen de rebelde "antisistema", pudo acceder al poder para resolver una interminable crisis financiera heredada de la dictadura. Cuidándose mucho – ¿acaso es capaz siquiera? – de señalar su origen: la deuda contraída bajo la dictadura. Más simple y eficaz culpar al último gobierno – de centro-izquierda – y a la derecha neoliberal que lo precedió (aunque sea convocando a figuras de esta última para que le apoyen en la segunda vuelta y luego ejerzan el poder...) que reconocer el papel de una dictadura por la que nunca ha ocultado su simpatía. A finales de la década de 1990, había trabajado como asesor político de un diputado que más tarde fue condenado por crímenes de lesa humanidad; su vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha hecho de la rehabilitación de la dictadura la lucha de su vida; y el negacionismo se ha impuesto desde la cúpula del Estado tras su llegada al poder.
Un último hecho también merece ser mencionado. Bajo Milei, los presupuestos para la investigación en ciencias sociales han caído drásticamente. Así, la historiadora Victoria Basualdo, que dirigía una de las principales redes internacionales de investigadores sobre la represión y la complicidad empresarial durante la dictadura, vio interrumpido su programa al cabo de un año. Un ejemplo entre otros...
El país que aún paga las deudas de su dictadura destruye también, con un presidente que reivindica su herencia, las herramientas intelectuales que permiten comprenderla.
Notas:
[1] « Friends in High Places ? International Banks and the Argentinian Military Dictatorship », Carlos Edoardo Altamura, Journal of Contemporary History, 2025.
[2] « Global Banks and Latin American Dictators, 1974-1982 », Carlo Edoardo Altamura, Business History Review, 2021.
[3] « Dirty War/Dirty Loans », mémoire de master de David Spector, Harvard, 2026.
[4] Argentina : Economic Memorandum, Banque mondiale, cité par David Spector, op. cit.
[5] Procès-verbal du conseil de la Banque mondiale, cité par David Spector, op. cit.
[6] « Politics, International Banking, and the Debt Crisis of 1982 », Carlos Edoardo Altamura et Juan Flores Zendejas, Business History Review, vol. 94, n° 4, 2021.
[7] BRI, Rapport annuel 1983, cité par Altamura et Flores Zendejas, art. cit.
[8] « El frente de la deuda externa en los añosde Alfonsín (1983-1985) : de la estrategiade integración internacional a laspresiones en la economía nacional », Ignacio Andrés Rossi, Travesía, vol. 24, nº 2, juillet-décembre 2022. "
( Mikaël Faujour , CADTM, 19/06/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original, fuente Elucid )
