Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"La última Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos es un documento de 30 páginas (...)
El documento también habla de:
“Despliegues selectivos para asegurar la frontera y derrotar a
los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de la fuerza
letal para sustituir la fallida estrategia de las últimas décadas basada
únicamente en la aplicación de la ley”.
Así que no están yuxtaponiendo la aplicación de la ley con algún tipo
de visión social de rehabilitación, no: ¡Están yuxtaponiendo la
aplicación de la ley con un militarismo aún más duro! Pero no se puede
derrotar a los cárteles con ataques militares. Para fabricar fentanilo,
básicamente se necesita una tienda de campaña y 5 dólares en productos
químicos para fabricar mil pastillas. Bombardear esas instalaciones es
como bombardear los ultramarinos del Bronx: en cuanto bombardeas uno,
aparece otro.
El hecho es que Estados Unidos lleva 50 años librando una guerra
contra las drogas. Pero hoy se cultiva más coca –y se procesa e importa
más cocaína a Estados Unidos– que al comienzo del Plan Colombia. En
cierto modo, la situación es análoga a lo ocurrido en Afganistán, donde
gastamos miles de millones de dólares en una guerra de dos décadas para
derrocar a los talibanes, y terminamos reinstaurándolos en el poder. Lo
mismo ocurre con los cárteles, que siempre han estado compinchados con
la proyección militarista de Estados Unidos. Todos sabemos que Estados
Unidos colaboró estrechamente con fuerzas represivas del ejército
implicadas en el cultivo y el crecimiento de la industria de la cocaína,
ya fuera Pinochet en Chile o los coroneles de la cocaína en Bolivia o
en Colombia. Al mismo tiempo, ¡la DEA está dando a estos mismos actores
millones de dólares para erradicar la cocaína! John Stockwell, un
exagente de la CIA, dijo en su momento: “No hay ninguna operación
importante en ninguna parte del mundo que haya llevado a cabo la CIA en
la que no haya dejado tras de sí un gran cártel de la droga”. Se refería
a Italia en 1947-48, cuando la CIA utilizó a Lucky Luciano para
derrotar a los comunistas y le permitió, básicamente, establecer el
comercio moderno de heroína procedente de Turquía y otros lugares de
Oriente, que se procesaba en lugares como Sicilia y luego se exportaba a
Europa y Estados Unidos.
Algo similar ocurre con la migración procedente de Centroamérica, que
se disparó después de que la región firmara acuerdos de libre comercio
con Estados Unidos. Todos los políticos ofrecen la misma fórmula:
“Necesitamos un Plan Marshall, una Alianza para el Progreso, desarrollo
empresarial”, etcétera. La idea es que, de alguna manera, al desarrollar
estos países, detendremos la migración masiva. Pero lo cierto es que
toda la ayuda al desarrollo de Estados Unidos se destina a construir la
infraestructura de una mayor desposesión neoliberal. (...)"
"Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el 14 de mayo que el número de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos se redujo casi un 27% en 2024. La cifra representa un descenso significativo después de más de una década de fuerte aumento de las tasas de mortalidad relacionadas con las drogas que miles de millones de dólares en gasto federal en vigilancia policial y control de fronteras no lograron contener.
A principios de 2015, los CDC informaron de menos de 50.000 muertes anuales por sobredosis. Para 2021, esa cifra había superado las 100.000 antes de alcanzar un máximo de 111.451 durante el verano de 2023. Los CDC encontraron enormes disparidades raciales en los datos, ya que el número de muertes registradas entre 2019 y 2020 disminuyó entre las poblaciones blancas con mejor acceso a las intervenciones de salud pública, mientras que se disparó en las comunidades negras e indígenas donde la fuerte vigilancia policial triunfó sobre la atención médica, por ejemplo.
Cada una de las 80.391 muertes por sobredosis registradas en 2024 es una tragedia y un fracaso político, y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años. Sin embargo, los datos locales agregados por los CDC muestran disminuciones en las tasas de mortalidad por drogas en los 50 estados en comparación con los niveles máximos, y de 2023 a 2024, las muertes vinculadas al fentanilo y otros opioides sintéticos disminuyeron de un estimado de 76,282 a 48,422 a nivel nacional. El número de muertes relacionadas con estimulantes también disminuyó.
«Si nos fijamos en el gráfico de los CDC, el mes pico en los datos de muertes por sobredosis fue junio de 2023 o julio, por lo que si utilizamos el pico como punto de partida, entonces estamos un 30% por debajo del pico», dijo Nabarun Dasgupta, un científico senior en el Centro de Investigación de Prevención de Lesiones de la Universidad de Carolina del Norte y el laboratorio de datos de opioides, en una entrevista.
Dasgupta, al igual que otros defensores de la salud pública, alberga la esperanza de que por fin se esté superando una grave crisis de salud pública. Pero los profundos recortes a las agencias federales de salud y el gasto en programas como Medicaid bajo el presidente Donald Trump y un Congreso controlado por los republicanos amenazan con frenar el progreso visto en 2024.
Dasgupta y otros expertos no aplauden a los legisladores estadounidenses por gastar miles de millones de dólares cada año luchando contra una «guerra contra las drogas» global y profundamente impopular que dejó a las comunidades de bajos ingresos devastadas por la criminalización masiva, o por arrastrar los pies durante años antes de votar para eliminar las barreras a los medicamentos contra la adicción que salvan vidas, aunque las barreras a los medicamentos todavía existen, incluso dentro de las cárceles y prisiones.
Tampoco atribuyen el mérito a una amplia ofensiva policial contra la prescripción de analgésicos opiáceos que alimentó la crisis de sobredosis al empujar a pacientes desesperados hacia una oferta ilícita de opiáceos cada vez más peligrosa.
En cambio, los datos federales sugieren que la disminución de las sobredosis mortales está relacionada con los cambios en el suministro de drogas y en la forma en que la gente consume potentes sustancias sintéticas como el fentanilo, junto con el aumento de la financiación y el apoyo a los grupos de primera línea de reducción de daños y a las clínicas de atención sanitaria que prestan servicios vitales allí donde vive la gente.
«En todas y cada una de las comunidades del país hay personas que han respondido a esta enorme tragedia que todos estamos viviendo», afirmó Dasgupta. «Y el trabajo y el esfuerzo que se realiza día tras día, donde las personas de las comunidades se cuidan unas a otras, es lo que está impulsando este declive».
Uno de esos esfuerzos es el Proyecto Mayday, un colectivo de reducción de daños formado exclusivamente por voluntarios y con sede en Charleston (Virginia Occidental), el estado con la tasa de mortalidad por sobredosis más alta del país. A pesar de las restricciones no científicas impuestas a los servicios de reducción de daños por los legisladores conservadores del estado, el grupo distribuye primeros auxilios y otros suministros que ayudan a los consumidores de drogas a tomar el control de su propia salud, incluida la naloxona, el medicamento que puede salvar vidas y revertir una sobredosis de opiáceos potencialmente mortal.
Tasha Withrow, cofundadora de Project Mayday, explicó que el grupo vigila las redes sociales y las alertas de salud pública para detectar picos de sobredosis y suministrar naloxona directamente a las personas. El grupo también ha instalado dispensadores gratuitos de naloxona en las cabinas de los periódicos de dos comunidades de Virginia Occidental, una de las diversas iniciativas de base para la reducción de daños en el estado. Withrow atribuye el reciente descenso de las muertes por sobredosis al aumento de la disponibilidad de naloxona y otras ayudas.
«Hemos puesto más naloxona en manos de los consumidores de drogas. Hay más organizaciones comunitarias que la distribuyen y la llevan a las personas que más la necesitan», dijo Withrow en una entrevista. «Es lo que tenemos que hacer porque no hay nada más. La infraestructura no existe».
La caída del 27 por ciento es notable después de aproximadamente tres décadas de aumento de las muertes por sobredosis, pero Dasgupta dijo que la policía de drogas y los responsables políticos federales no pueden atribuirse el mérito de la disminución señalando las acciones específicas adoptadas en 2024. La nación ha visto una disminución gradual en las muertes desde 2021, cuando las tasas de mortalidad por sobredosis se dispararon a medida que la pandemia de COVID-19 causó grandes trastornos que aislaron a los usuarios de drogas de la atención médica y los apoyos comunitarios.
«No se trata de un descenso repentino. Es algo que ocurrió gradualmente durante tres años estado por estado», dijo Dasgupta.
Tanto el gobierno de Trump como el de Biden gastaron miles de millones de dólares e instalaron equipos de alta tecnología en un intento por incautar drogas fabricadas en México y pasadas de contrabando por la frontera sur, pero los datos federales sugieren que la aplicación de la ley fronteriza tiene poco impacto en el número de muertes por sobredosis. La Patrulla de Aduanas y Fronteras incautó un número similar de «dosis» de fentanilo en la frontera en 2023 y 2024 -aproximadamente 1.000 millones cada año, probablemente un recuento excesivo-, pero la disminución de las muertes por sobredosis fue mucho más drástica en 2024 que en 2023.
De hecho, la investigación muestra que las incautaciones de drogas por parte de las fuerzas del orden pueden en realidad hacer que las drogas sean más peligrosas, al menos en un área local, un fenómeno conocido como la «paradoja de la redada antidroga.» Estudios llevados a cabo recientemente en Indianápolis y San Francisco han detectado un aumento de las sobredosis tras las redadas policiales, que interrumpen el suministro local y obligan a los consumidores a buscar nuevas fuentes o a enfrentarse a un síndrome de abstinencia debilitante. Esto aumenta el riesgo de sobredosis al exponer a las personas a drogas de potencia muy variable.
«Se trata de dos ciudades muy diferentes con respuestas muy distintas en el ámbito de la salud pública, pero el efecto de la interdicción policial es exactamente el mismo en ambas», afirma Dasgupta.
La disminución de las muertes no refleja una política específica. Trump emitió una orden en 2017 declarando la crisis de las sobredosis una emergencia de salud pública que sigue en vigor, pero su primera administración centró los recursos federales en la aplicación de la ley y la represión de los analgésicos, mientras que desestimó las innovaciones que salvan vidas en la reducción de daños, incluidos los sitios de consumo seguro donde las personas pueden acceder a la atención médica básica y usar drogas bajo supervisión médica.
La administración Biden fue aplaudida por dirigir los fondos federales de salud hacia los esfuerzos de reducción de daños de primera línea después de años de presión por parte de los activistas, aunque el presidente Joe Biden se enfrentó a la reacción en forma de una campaña de desinformación de la derecha sin fundamento como resultado.
La comisión creada por la primera administración Trump para abordar la adicción a los opioides no logró frenar la crisis de las sobredosis. El Partido Republicano se dio la vuelta y utilizó esa crisis como forraje para la propaganda antiinmigración. Ahora, Trump 2.0 está utilizando el tema como ariete político. Desde que asumió el cargo por segunda vez, Trump ha declarado múltiples «emergencias nacionales» para justificar una toma de poder federal autoritaria. También ha señalado el contrabando de fentanilo como excusa para intimidar a sus socios comerciales en Canadá y México.
En lugar de la política federal, Dasgupta y sus colegas identificaron tres razones principales del descenso de las muertes tras escarbar en los datos. En primer lugar, los estudios de campo sugieren un descontento general con el suministro de opiáceos sintéticos. «Fentanilo» es una droga específica que se utiliza en las salas de urgencias, pero se ha convertido en un término comodín para designar a los potentes sintéticos que han sustituido a la heroína en muchas comunidades en los últimos 15 años. En algunas zonas, el fentanilo está adulterado con aditivos como el tranquilizante xilacina, que puede causar efectos secundarios desagradables, alejando a la gente de un suministro de drogas vinculado a la mayoría de las muertes por sobredosis.
«La gente tiene miedo. Tienen un suministro de drogas inestable, y no tienen los recursos, y los recursos que están disponibles son muy mínimos porque eso es todo lo que somos legalmente capaces de proporcionar», dijo Withrow, añadiendo que la gente sigue muriendo de sobredosis en Virginia Occidental a pesar de la disminución. «Hay mucho riesgo ahí fuera, pero muchos realmente quieren tomar el control de su propia salud y seguridad».
El consumo de drogas también está disminuyendo entre los jóvenes. El grueso de las muertes por sobredosis se está produciendo entre personas de mediana edad, especialmente hombres, mientras que menos jóvenes se inician en el consumo de opiáceos que en el pasado, según el análisis de Dasgupta.
El tercer factor, y tal vez el más importante, son los cambios en el comportamiento de los consumidores de drogas, con más personas que acceden a los servicios de reducción de daños y adoptan estrategias para mantenerse sanos y vivos. Junto con la ampliación de Medicaid en el marco de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, el aumento de la financiación de la administración Biden y los acuerdos legales con los fabricantes de opioides han apoyado una oleada de intervenciones de salud pública a nivel comunitario, como la distribución de naloxona y kits de análisis de drogas.
«Si hacemos que esto se limite a la política gubernamental y la financiación federal, lo que hacemos en realidad es eliminar las voces de todas las demás personas del medio que han estado haciendo el trabajo sobre el terreno», afirmó Dasgupta.
Aun así, el trabajo en primera línea conlleva su propio conjunto de retos que el Congreso podría eliminar fácilmente con una legislación integral de reducción de daños. De vuelta en Virginia Occidental, Withrow y otros voluntarios del Proyecto Mayday prosiguen su labor a pesar de las restricciones legales que ya no existen en otros estados. Las restricciones incluyen una ley estatal draconiana que regula los servicios de intercambio de jeringuillas y que hace ilegal que los voluntarios lleven y distribuyan agujas limpias, necesarias para mantener a la gente sana y evitar la propagación de enfermedades.
«Es duro ver cómo la gente se siente desgraciada por no poder acceder a recursos que sí están disponibles en otros lugares», afirma Withrow. «Si estuvieran en otro estado, simplemente podría entregarles lo que necesito entregarles, y no me meterían en la cárcel»."
(Mike Ludwig , Scheer Post, 16/05/25, traducción DEEPL, enlaces en el original, fuente: Truthout )
"Otro narcosubmarino. Un mercante
marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos
consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas,
las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos
alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que
nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía
Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre.
“En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y
por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten.
Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.
La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién
hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos
llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias
novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas
tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana,
sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace
pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros
países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína.
Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en
España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.
En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos
del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de
la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy
preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la
reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar
hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego
Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.
Gente de dentro del puerto de Vigo es la que ahora ofrece sus servicios a organizaciones de tráfico de cocaína
“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de
los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el
mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas
que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un
leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.
Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado.
Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para
superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han
pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias
albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos
países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a
cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero
también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en
pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.
“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes.
Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a
un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces
tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados.
Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a
Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el
paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.
Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue
Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en
Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los
vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha
e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos
o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de
forma cíclica”.
La lancha tripulada por narcos albaneses que fue
capturada en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el pasado 15 de enero.
Narcodiario
En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de
Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización
se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para
echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una
cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula
seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen
esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos
a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era
necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que
estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y
recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas,
de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy
cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga,
y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los
tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de
continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.
Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma
como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a
la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de
forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto
de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la
Fiscalía”, explica.
Lo que ocurría en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura
Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino
en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya
alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023
apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado
[en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino],
lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña).
Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas
organizaciones. Los construyen en la selva con
plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una
historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No
llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros
cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como
mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela,
nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.
Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte,
un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de
la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer
una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.
Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo,
Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen
capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos
hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero
también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la
gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la
droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones.
Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto,
todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas
facilidades para trabajar”.
Cocaína en el sur
Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco
Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las
organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas.
Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en
un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones
autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas
están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.
Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los
mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios,
a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía,
y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del
Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos,
y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a
armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay
operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.
A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que
ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la
llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha
legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.
El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística,
dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para
llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un
contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco
Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos
criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.
Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se
manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en
algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de
Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los
traficantes, convertidos por sus abogados en payasos,
banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente
algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la
ciudadanía observa con sorpresa”.
Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de
droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra.
“En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída
de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones,
hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con
droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular
organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en
un futuro, podamos vincular a la organización”.
Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y
advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el
crimen organizado en Europa que se van a extender a España.
Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada
aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los
principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo
cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de
armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los
objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que
ampliar la presión a otras zonas”, alienta.
“El gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división”
El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a
otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias
del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de
las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta
presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que
estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.
Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división.
Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte,
la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que
hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las
organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.
También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro,
no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como
tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada
por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.
Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para
Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil
por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con
pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos
realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.
En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en
España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad,
uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa
corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo
hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”."
"La farmacéutica Purdue y los miembros de la multimillonaria
familia Sackler, propietarios de la compañía, han acordado pagar 7.400
millones de dólares a un grupo de Estados, gobiernos locales y
particulares que interpusieron miles de demandas por el papel de
OxyContin, fármaco estrella de Purdue, en la mortal epidemia de opiáceos
que ha arrasado EE UU en las dos últimas décadas.
El acuerdo, de alcance nacional, se produce después de que el Tribunal Supremo de EE UU rechazara el año pasado un acuerdo preliminar de 6.000 millones
de dólares que habría protegido a los Sackler de cualquier otro litigio
relacionado con la crisis de las adicciones y sobredosis mortales
provocada por la oxicodona, un opioide recetado para el dolor crónico y
terminal con un alto potencial adictivo. El acuerdo de principio
alcanzado este jueves no otorga a la familia protección automática
frente a futuros litigios, ha declarado en un comunicado la fiscal
general de Nueva York, Letitia James. El pacto fue anunciado también por
el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
El Supremo
dictaminó en su día que los Sackler, que a diferencia de Purdue Pharma
no se declararon en quiebra, no tenían derecho a las protecciones
legales destinadas a permitir a los deudores en quiebra “comenzar de
nuevo”, es decir, un plan para reestructurar el negocio,
que ha sido otro elemento perturbador en el litigio. En virtud del
nuevo acuerdo, los Sackler pagarán 7.400 millones de dólares, aunque
ello no zanja otras demandas de Estados, gobiernos locales o víctimas
individuales de la crisis de los opioides. Aquellos que no deseen
sumarse al acuerdo son libres de demandar a los Sackler, que han
afirmado que se defenderán enérgicamente ante los tribunales.
La
crisis de adicciones que protagonizó el OxyContin, recetado legal y
muchas veces fraudulentamente por médicos convencidos por los vendedores
de Purdue de su inocuidad y de su eficacia en el tratamiento del dolor
crónico, ha provocado más de 700.000 muertes por sobredosis en Estados
Unidos en las dos últimas décadas. La ligereza con que prescriptores
sanitarios recetaban este fármaco ha dejado un reguero de demandas por
parte de Estados, gobiernos locales, comunidades indígenas y miles de
adictos, así como familiares de las víctimas de sobredosis.
Purdue
es uno más de los muchos fabricantes de medicamentos, distribuidores,
operadores de farmacias y proveedores que en los últimos años han
acordado pagar en total alrededor de 50.000 millones para resolver
demandas e investigaciones de estados y gobiernos locales que los acusan
de alimentar una epidemia mortal de adicción a los opioides en el país,
un siniestro prólogo a la actual crisis del fentanilo. Pero su
protagonismo como fabricante de OxyContin le reserva un papel estelar en
la crisis.
Purdue se declaró en bancarrota en 2019 ante
las miles de demandas que la acusaban junto a los miembros de la familia
Sackler por la comercialización engañosa de su analgésico altamente
adictivo. Una labor de zapa de sus vendedores y visitadores, desde el
Congreso a convenciones médicas y consultorios rurales —especialmente en
zonas degradadas y desindustrializadas—, convenció a muchos galenos de
que OxyContin no enganchaba al paciente.
La semana pasada, el Departamento de Justicia acusó a la
cadena de farmacias Walgreens de contribuir a la epidemia al despachar
millones de recetas ilegales de analgésicos adictivos y otros fármacos,
sin referencia expresa, pero sí implícita, al OxyContin. Una demanda
colectiva presentada en un tribunal federal de Chicago había acusado a
la cadena de ignorar “las señales de alarma” provocadas por el uso —y en
muchos casos abuso— del analgésico y despachar recetas de opioides y
otras sustancias teóricamente controladas que carecían de justificación
clínica.
"En agosto de 2020 la vida cambió para Rafa. En plena pandemia de
coronavirus le diagnosticaron un tumor en la angina izquierda. Con el
objetivo de eliminar la posibilidad de que el cáncer se extendiera, los
oncólogos quemaron con radio los ganglios de todo el cuello, boca y
zonas afectadas por el tumor. Para sobrellevar el dolor, le recetaron fentanilo, el famoso opioide que ha generado una auténtica epidemia de salud pública en Estados Unidos.
Por medio de parches de fentanilo, Rafa encontró un alivio al
sufrimiento tan intenso que le producía la quimioterapia y la radio. "Eso era magia negra para mí. Estaba en la más absoluta miseria y aquello me hacía disfrutar.
De hecho, los días que mejor estaba era cuando tenía ese tratamiento.
Pero estaba totalmente dopado", cuenta este informático madrileño en una
entrevista con RTVE.es desde su casa de San Sebastián de los Reyes. Ese alivio que le provocaba el fármaco le llevó a la adicción a su uso, reconoce más de tres años después.
El fentanilo es una sustancia 50 veces más potente que la heroína y
100 más que la morfina, según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). La capacidad de generar
bienestar instantáneo y alivio al consumirlo ha provocado que se
popularice de forma alarmante como estupefaciente en países como Estados Unidos. Aunque el caso de España "está a años luz" de la sociedad norteamericana, aquí cada vez es más consumido debido a la expansión de su uso médico, según los expertos.
El uso médico ha provocado que desde 2018 el número de personas de entre
15 y 64 años que lo haya tomado ha pasado del 0,3% al 2,2% de la
población en 2022, según cálculos de la última encuesta sobre alcohol y
drogas en España (EDADES) publicada por el Ministerio de Sanidad. Ese
incremento también ha provocado que, en casos puntuales, algunos de los
pacientes hayan generado una dependencia con el opioide. Situación que
le ocurrió a Rafa.
Durante los cuatro meses que estuvo siendo "adicto" a este fármaco
que se utiliza para el tratamiento de dolores extremos, Rafa tenía que
ponerse un parche que contenía fentanilo cada 72 horas. "Estaba ante un
dolor muy extremo y eso me condicionaba. Las primeras 48 horas experimentaba una curva de felicidad brutal, pero a partir de ahí, empezaba a deprimirme,
notaba como que me faltaba algo y me desesperaba. Entonces me lo volvía
a poner y entraba de nuevo en el bucle de felicidad y depresión. Al
principio, aguantaba las 72 horas, pero luego no y me lo ponía cada dos
días porque tenía dependencia", recuerda Rafa.
"La morfina comparada era agüita para mí"
Al
mes y medio de comenzar con el agresivo tratamiento, Rafa tuvo que ser
ingresado en un hospital. "Estaba tan mal del dolor que no podía más y
me ingresan. Al llegar me pusieron una bomba de morfina y me quitaron el
fentanilo. El bajón lo noté a lo bestia. La morfina comparada con el tratamiento que yo llevaba era agüita, no me hacía nada", compara en base a su experiencia Rafa.
Con el paso de las semanas, y al terminar la radioterapia, Rafa fue reduciendo poco a poco la cantidad de fentanilo que utilizaba. "Fui poco a poco, pero me costaba un montón",
comenta. El proceso no fue fácil. "Cuando me quité el último parche me
deprimí y entré en una depresión muy grande. Estaba metido todo el rato
en la cama, no tenía ganas de nada y me impactó de lleno en mi vida.
Había generado una dependencia psicológica porque lo necesitaba para
hacer mi vida", explica. Gracias a la ayuda de los parches podía llevar a
su hija a la guardería o salir a la calle mientras convivía con el
dolor del tratamiento. Pero al mismo tiempo, los efectos secundarios, le
hicieron entrar en una espiral de adicción de la que costó salir.
"Con la ayuda de mi familia, de amigos, médicos y mi psicóloga conseguí quitármelo, pero lo pasé fatal. Me costó muchísimo", dice al otro lado del teléfono Rafa, que reconoce que explica su experiencia con videos en YouTube e Instagram para concienciar y demostrar a alguien que haya pasado por lo mismo que se puede superar.
Excluyendo las médicas, no hay intoxicaciones de otro tipo en los CAID
Sin
embargo, su adicción no tiene nada que ver con las que se han visto en
Estados Unidos en las últimas semanas y que han alarmado a la opinión
pública al hacerse eco muchísimos medios de comunicación.
"En 30 años que lleva el centro abierto, hemos tenido un caso de adicción al fentanilo que
no haya sido por su uso médico", explican los trabajadores del Centro
de Atención Integral a Drogodependientes (CAID) de San Blas, Madrid,
ubicado en uno de los barrios más castigados por la epidemia de la
heroína en la década de los ochenta y principio de los noventa.
Las
prestaciones que da el fentanilo en España son a través de comprimidos o
parches. "Te calma el dolor inmediatamente. Pero el efecto pasa rápido y
ese es el problema. Cada fármaco, cada droga que utilicemos, que tenga
una acción rápida y que no se prolongue en el tiempo su alivio, tiene
más posibilidades de causar una adicción. Esto es un poco la base de lo
que tenemos desde el punto de vista farmacológico en España", explica el
presidente de Socidrogalcohol y médico en la Comunidad Valenciana,
Francisco Pascual.
Para controlar la venta de este fármaco, el ministerio de Sanidad ha desarrollado un estricto plan que monitoriza las dosis que están en el mercado farmacéutico de
manera conjunta por el ministerio con el Plan Nacional de Droga y por
todas las comunidades autónomas a través de exigentes sistemas
informáticos.
Epidemia de salud pública en EE.UU. por otros usos
"La diferencia que puede haber entre EE.UU. y España tiene una explicación muy sencilla: sanidad pública universal.
En Estados Unidos el problema es que no la hay, hay seguros privados.
Uno va con su dinero a ver al médico, le paga la consulta, luego paga la
receta y mientras tengas un poder adquisitivo elevado puedes sacar
todas las que quieras", contextualiza Pascual. "Cuando tú no tienes un
poder adquisitivo. Acudes al mercado negro porque como no hay control
allí no es un fármaco que cueste demasiado conseguirlo o de fabricar en
negro porque químicamente no es muy complejo", añade.
Según un
informe de la universidad de UCLA, la proporción de muertes por
sobredosis de fentanilo combinado con estimulantes en Estados Unidos
aumentó más de 50 veces entre 2010 y 2021, al pasar del 0,6% de los
fallecimientos al 32,3%. Además, los fallecimientos por esta mezcla han
saltado en ese periodo de 235 muertes a 34.429 en poco más de una
década.
En ciudades como Nueva York, más del 80% de las muertes por
sobredosis se deben a este opioide, según datos del área de salud
neoyorquina.
Es por ello que los expertos en España piden no
alarmar con esta situación en nuestro país. La realidad entre ambos
países es completamente diferente. "Hay recursos suficientes para controlar este tipo de adicción. Estamos a años luz de
lo que está pasando en Estados Unidos, pero no hay que bajar las
alertas. Lógicamente, siempre hay que estar ojo avizor con estas cosas",
finaliza Pascual." (Félix Donate, RTVE, 18/11/23)
