La cacería judicial de Begoña Gómez y David Sánchez se origina, para mí, cuando Miguel Bernard, presidente del autocalificado sindicato Manos Limpias es condenado a cuatro años de prisión... la Sala Segunda del TS anula íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Nacional... En abril de 2024, un mes después de la sentencia del TS, Miguel Bernard denunciaría a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en mayo de 2024, dos meses después, denunciaría a David Sánchez por tráfico de influencias y delitos fiscales... Es obvio que no se puede establecer una relación de causalidad entre la sentencia de marzo del TS y las denuncias de abril y mayo de Miguel Bernard.. Pero tampoco se puede pasar por alto que la cátedra del máster de la Complutense de Begoña Gómez, venía del 2020, sin que durante esos años se hubiera generado indicio alguno de conducta irregular... igualmente, la plaza de David Sánchez en el Conservatorio venía de 2017, sin impugnaciones ni quejas por su desempeño... Después de las elecciones de julio de 2023, de la investidura de Pedro Sánchez y de la ley de amnistía, todo pasa a ser diferente. La Sala Segunda del TS tira una piedra y esconde la mano. Hay un “buen entendedor” que ha captado el instante e inicia la cacería. A partir de ese momento hay indicios de criminalidad tanto en la conducta de Begoña Gómez y de David Sánchez (Javier Pérez Royo)

"Coincido con José Antonio Martín Pallín en calificar de cacería judicial la persecución de la que han sido objeto Begoña Gómez y David Sánchez, pero discrepo en el origen de dicha cacería, que para mí está en la sentencia de marzo de 2024 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) presidida por el magistrado Manuel Marchena.

En julio de 2021 la Audiencia Nacional (AN) había condenado a Miguel Bernard, presidente del autocalificado sindicato Manos Limpias a cuatro años de prisión y a Luis Pineda, presidente de AUSBANC a ocho años de prisión por un delito de extorsión.

Contra dicha sentencia los condenados interpusieron recurso de casación ante la Sala Segunda del TS. Casi tres años más tarde, dicha Sala dictaría sentencia anulando íntegramente la sentencia dictada por la AN, con la argumentación de que las conductas de los dos condenados eran “éticamente reprobables”, pero no merecedoras de la calificación penal que les había atribuido la AN. Reprobación ética sí, pero condena jurídica no.

“A buen entendedor con pocas palabras bastan”, dice el refrán. Seguro que los lectores coinciden conmigo que, en este terreno, es difícil que haya un mejor entendedor que Miguel Bernard. En todo caso, como dice el presidente de la Conferencia Episcopal, “a las pruebas me remito”. En abril de 2024, un mes después de la sentencia del TS, Miguel Bernard denunciaría a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en mayo de 2024, dos meses después, denunciaría a David Sánchez por tráfico de influencias y delitos fiscales. 

Es obvio que no se puede establecer una relación de causalidad entre la sentencia de marzo del TS y las denuncias de abril y mayo de Miguel Bernard. Pero tampoco se puede pasar por alto que la relación laboral entre la Universidad Complutense de Madrid y Begoña Gómez empezó en el año 2012 y que el desempeño de la cátedra en un máster en dicha Universidad por la que Miguel Bernard la denunciaba venía del año 2020, sin que durante esos años se hubiera generado indicio alguno de conducta irregular. 

De forma similar el concurso mediante el cual David Sánchez accedió a la plaza de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz venía de 2016, año en que se publicaron las bases de dicho concurso y de 2017, año del acto de adjudicación de la plaza. Aunque fueron 11 las personas que se presentaron al concurso, ninguna de ellas impugnó por irregular ni la publicación de las bases, ni el desarrollo del concurso ni el acto de adjudicación de la plaza a David Sánchez. Ni tampoco se produjo queja alguna respecto al desempeño de la plaza por el adjudicatario de la misma. 

En la relación laboral entre la Universidad Complutense y Begoña Gómez no ha habido indicio alguno de irregularidad entre 2012 y 2024. En la relación laboral entre David Sánchez y la Diputación Provincial tampoco la ha habido entre 2016 y 2024. Después de las elecciones de julio de 2023, de la investidura de Pedro Sánchez y de la ley de amnistía, todo pasa a ser diferente. La Sala Segunda del TS tira una piedra y esconde la mano. Hay un “buen entendedor” que ha captado el instante e inicia la cacería. A partir de ese momento hay indicios de criminalidad tanto en la conducta de Begoña Gómez y de David Sánchez. 

Con respecto al hermano del presidente ya se ha llegado a dictar sentencia en primera instancia. 377 páginas ha necesitado el tribunal sentenciador para no encontrar nada. No hay un solo reproche en las 377 páginas a la conducta de David Sánchez. No movió un dedo para que se creara la plaza primero y se convocara después. No intentó influir en los miembros de la comisión para que se la adjudicara la plaza y no ha habido ninguna queja registrada contra él durante los años en que estuvo ocupándola.

El acceso a la plaza por David Sánchez es un caso de libro de ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Esto es lo que ocurrió en el concurso a través del cual David Sánchez accedió a la plaza de la Diputación de Badajoz. 

Al no haberse interpuesto recurso alguno contra la adjudicación de la plaza, el acto de adjudicación es firme y goza de la presunción de legitimidad del acto administrativo de forma inexpugnable. No ha habido ninguna sentencia firme que destruya la presunción de dicha legitimidad. Ni es posible que se dicte ya.

En consecuencia, no hay posibilidad alguna de que David Sánchez haya sido protagonista del delito de prevaricación administrativa, ya que el acceso a la plaza se hizo de manera jurídicamente irreprochable. Esto lo reconoce la propia sentencia. 

¿En dónde está, entonces, el momento en que se comete el delito por David Sánchez? En el momento en que se procede al cambio de la denominación de la plaza, sin que se proceda al cambio de las condiciones en que la misma se desempeña. David Sánchez continua con el mismo salario, el mismo horario laboral. Simplemente se ha producido un cambio en la denominación sin que se haya advertido ninguna irregularidad en dicho cambio ni se haya impugnado ni en el interior de la propia Diputación ni ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Como escribió Carlos López-Keller, ¿Qué broma es esta?

La instrucción del caso de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado ha sido mucho más llamativa desde el momento inicial.

En la propia fundamentación de la denuncia Miguel Bernard reconoció públicamente y de manera expresa que su denuncia se basaba exclusivamente en recortes de prensa e informaciones periodísticas de diversos medios digitales. Su objetivo era que el juzgado “comprobara si dichas informaciones eran ciertas o no”.

El lector sin duda sabe que, de acuerdo con la jurisprudencia del TS, una denuncia con tal justificación no debe ser admitida a trámite. 

Más todavía. En el curso de la instrucción del caso Begoña Gómez, el TS rechazó una querella de Manos Limpias contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez, reprochando al sindicato el uso de meros recortes de prensa para interponer querellas criminales y calificó dicha maniobra como “manifiesto fraude de ley”. ¿En qué se diferencia la fundamentación de la denuncia contra Begoña Gómez de la querella contra el presidente del Gobierno y su esposa? ¿No es igual de fraudulenta la denuncia contra Begoña Gómez que la querella contra ella y su marido?

La instrucción del caso por parte del juez Peinado ha estado tan llena de irregularidades, que hay pocos casos que se recuerden en que la Audiencia Provincial haya tenido que corregir tantas veces al juez instructor. Pero tampoco hay ningún caso en que se recuerde que, tras corregirlo tantas veces y suspender tantas veces las decisiones que había tomado, la Audiencia Provincial “bendiga la cacería contra Begoña Gómez”.

José Manuel Romero lo explicaba de manera insuperable. La sección 23 de la Audiencia Provincial lleva dos años corrigiendo al juez Peinado y salvándolo al mismo tiempo, con la finalidad de mantener acorralado al presidente del Gobierno.

Lo acaba de hacer este pasado jueves. La Audiencia Provincial ha vuelto a corregir al juez instructor, retirando dos delitos de los que se la acusaba, así como las medidas cautelares de retirada del pasaporte y de comparecencia quincenal para evitar el riesgo de fuga.

Pero mantiene la imputación por el delito de tráfico de influencias y de malversación. 

¿Con qué fundamentación? Con la mera existencia del vínculo matrimonial en lo que se refiere al primero. “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados (¿cuáles?), pueden comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el tráfico de influencia”. A pesar de que las empresas que aportaron dinero aseguraron ante el juez instructor que su aportación no tuvo nada que ver con la condición de esposa del presidente de Begoña Gómez, da igual. El mero hecho de estar casada es suficiente para la imputación por tráfico de influencias.

El delito de malversación lo justifica la Audiencia Provincial en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistenta de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. Asistencia que consistió en una llamada telefónica, asistencia a doce eventos, redacción de siete correos electrónicos y asistencia a cuatro reuniones. Todo ello a lo largo de ocho años. Una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), siete correos electrónicos (menos de uno por año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año). 

Con esta desvergüenza justifica la Audiencia Provincial la rectitud de la instrucción del juez Peinado respecto de estos dos delitos. 

Hasta el momento, tanto en la Audiencia Provincial de Badajoz como en la Audiencia Provincial de Madrid “todo el que ha podido hacer” lo que estaba a su alcance, lo ha hecho. 

Queda por ver qué hace el juez al que le caiga la responsabilidad de presidir el tribunal del jurado, que tendrá que poner orden en la investigación desarrollada por el juez Peinado, a fin de poder dirigir el proceso de la forma en que la Ley lo contempla.

¿Seguirá los pasos de todos los jueces y órganos jurisdiccionales que han intervenido hasta el momento o ejercerá la función jurisdiccional de acuerdo con los principios constitucionales recogidos en el artículo 117.1 de la Constitución?" 

(Javier Pérez Royo, eldiario.es , 17/07/26)

La rebelión de togas y puñetas... el pulso contra la amnistía y el gobierno de Pedro Sánchez... Dos años de confrontación en las calles, el Parlamento y los tribunales a cuenta de la ley que más recursos de inconstitucionalidad ha provocado... el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la mayoría conservadora, consideraba que la futura norma quebraría la igualdad entre los españoles, y que respondía a la arbitrariedad del legislador... los fiscales del procés se mostraron contrarios de aplicar la amnistía para los líderes independentistas condenados por malversación, lo que evidenció la crisis interna en la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal general, Álvaro García Ortiz, zanjó la polémica imponiendo su criterio, que era contrario... el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, apuntaló en un histórico auto, la negativa del Alto Tribunal a amnistiar a los líderes del procés... El magistrado Pablo Llarena también se negó a levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín... La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria, difundió un comunicado en el que afirmaba que con la amnistía del procés se pretendía "volar por los aires el Estado de derecho"... La entidad Plataforma Cívica por la Independencia Judicial llegó a usar el servidor del CGPJ para enviar a todos los jueces españoles un correo corporativo con una guía contra la amnistía...pero el Tribunal Constitucional y el TJUE han declarado la constitucionalidad y legitimidad de la ley de amnistía (Ana María Pascual)

"Desde que la ley de amnistía se fraguó en forma de pacto de investidura, en noviembre de 2023, hasta que se aprobó en el Congreso, el 30 de mayo de 2024, y el Tribunal Constitucional declaró su encaje en la carta magna un año después, hasta el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) este jueves no es solo tiempo lo que ha trascurrido; también una feroz campaña contra el Gobierno en las calles, en las Cortes y en los tribunales.

El 15 de noviembre de 2023, miles de jueces, juezas, fiscales y letrados salieron a las calles a protestar por el pacto entre PSOE y Junts que implicaba el impulso a la ley de amnistía; cosa que no hicieron en protesta por los casi cinco años que llevaba entonces el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ante el bloqueo del PP. 

Algunos incluso con las togas y las puñetas puestas, se plantaron frente a los juzgados en la primera ocasión en la que la carrera judicial se manifestaba contra un acuerdo político y una iniciativa legislativa. Denunciaban que la ley de amnistía implicaba de facto el final de la separación de poderes, la desigualdad de los españoles y la inseguridad jurídica, clamando contra la "inconstitucionalidad" de la norma del olvido judicial.

La ley entró en vigor el 19 de junio de 2024 y rápidamente quedó patente que la oposición de jueces y fiscales también se desarrollaría no solo en las calles ante la opinión pública sino dentro de los tribunales. Así, los fiscales del procés, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadenas y Jaime Moreno, se mostraron contrarios de aplicar la amnistía para los líderes independentistas condenados por malversación, al entender que tuvieron ánimo de lucro y que dicha malversación afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), una de las excepciones que recoge la propia ley de amnistía.

Dos años después, los magistrados del TJUE concluyen que no, que el procés no afectó a los intereses financieros de la UE.

Aquel movimiento de los cuatro fiscales del procés evidenció la crisis interna en la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo representante entonces, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, zanjó la polémica imponiendo su criterio, que era contrario.

Un informe del CGPJ demoledor

Meses antes, el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la proposición de ley de amnistía, el 21 de marzo de 2024, había sido demoledor. El texto, que salió adelante con la mayoría conservadora del órgano del gobierno de los jueces de entonces consideraba que la futura norma quebraría la igualdad entre los españoles, vulneraría la separación de poderes y que respondía a la arbitrariedad del legislador.

El ponente del informe, el vocal conservador Wenceslao Olea, advertía del peligro de que la ley amparara cualquier tipo de acto terrorista cometido en el contexto del proceso independentista y consideraba que podía vulnerar la directiva europea en materia de terrorismo. 

Los jueces del TJUE han dictaminado que no ocurre eso, que la ley de amnistía no contraviene la directiva europea sobre terrorismo.

Las cartas del Supremo

El 2 de julio de 2024, dos resoluciones del Tribunal Supremo, una de la Sala de lo Penal y otra del instructor Pablo Llarena, dejaron al descubierto las cartas del Alto Tribunal para entorpecer la aplicación de una ley emanada del Parlamento. El entonces presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, apuntaló en un histórico auto la negativa del Alto Tribunal a amnistiar a los líderes del procés.  

Con un argumento cuestionable, Marchena decía que la malversación por la que fueron condenados los líderes independentistas no era amnistiable, porque había habido lucro personal con aumento de patrimonio, que era la excepción que la propia ley recogía. Y decía aquel auto que, al evitar los responsables de la Generalitat haber pagado con su propio dinero los gastos del referéndum, habían aumentado su patrimonio con aquel ahorro.

El magistrado Pablo Llarena, blandiendo los mismos argumentos, se negó a levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.

Las asociaciones judiciales

La mayoría de las asociaciones judiciales desplegaron una dura campaña contra la ley de amnistía. La Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en la carrera judicial, difundió un comunicado en el que afirmaba que con la amnistía del procés se pretendía "volar por los aires el Estado de derecho"-

La entidad Plataforma Cívica por la Independencia Judicial llegó a usar el servidor del CGPJ para enviar a todos los jueces españoles un correo corporativo con una guía contra la amnistía. El documento se titulaba Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y/o prejudiciales europeas sobre la ley de amnistía.

Dos años después, esas vías ya se han agotado y el Tribunal Constitucional y el TJUE han declarado la constitucionalidad y legitimidad de la ley de amnistía. Queda un solo recurso de inconstitucionalidad por resolver, el de la Junta de Extremadura, de la veintena que se plantearon desde las comunidades autónomas, y que quedará listo estas próximas semanas. La ley de amnistía ha sido la norma más recurridas de la historia, señalan fuentes jurídicas." 

(Ana María Pascual , Público, 17/07/26) 

El lawfare no es una conspiración de decenas de magistrados reuniéndose en secreto; es un engranaje burocrático... solo se necesita un único juez de instrucción motivado. A partir de ahí, el procedimiento obliga legalmente a decenas de jueces de tribunales superiores a intervenir para resolver recursos y trámites... Tampoco hace falta que se coordinen por WhatsApp. Los jueces comparten un entorno social, una ideología mayoritaria y un sesgo corporativo... En el clima actual, archivar una causa contra el Gobierno expone a cualquier juez al linchamiento mediático. Dejarla correr es el camino de menor resistencia... El gran error es creer que el lawfare busca una condena firme. El objetivo real es el desgaste: portadas, titulares de "imputado" y asfixia política durante años. El proceso es el castigo... Ya pasó en Brasil con Lula: se usó exactamente el mismo argumento de que "muchos jueces avalaban el caso" hasta que las filtraciones demostraron que el origen estaba podrido... Que intervengan muchos jueces no demuestra neutralidad; solo demuestra lo fácil que es secuestrar un país usando la propia burocracia del Estado (Max Pradera)

Max Pradera @maxpradera

1/ El argumento de @Fgarea de que "no hay lawfare porque hay 30 jueces implicados" es una falacia de manual que confunde bulto con complicidad. El lawfare no es una conspiración de decenas de magistrados reuniéndose en secreto; es un engranaje burocrático. Dentro hilo.

2/ Para activar la maquinaria judicial solo se necesita un único juez de instrucción motivado. A partir de ahí, el procedimiento obliga legalmente a decenas de jueces de tribunales superiores a intervenir para resolver recursos y trámites.

 No están "conspirando", solo están obligados a tramitar papeles. 

 3/ Tampoco hace falta que se coordinen por WhatsApp. Los jueces comparten un entorno social, una ideología mayoritaria y un sesgo corporativo.

En el clima actual, archivar una causa contra el Gobierno expone a cualquier juez al linchamiento mediático. Dejarla correr es el camino de menor resistencia.

 4/ El gran error es creer que el lawfare busca una condena firme. El objetivo real es el desgaste: portadas, titulares de "imputado" y asfixia política durante años. El proceso es el castigo.

 Para cuando el juez número 30 archiva la causa por falta de pruebas, el daño político ya está hecho. 

5/ Ya pasó en Brasil con Lula: se usó exactamente el mismo argumento de que "muchos jueces avalaban el caso" hasta que las filtraciones demostraron que el origen estaba podrido.

6/ Que intervengan muchos jueces no demuestra neutralidad; solo demuestra lo fácil que es secuestrar la agenda de un país usando la propia burocracia del Estado. Como decía Javier Pradera: amicus Plato, sed magis amica veritas

6:44 a. m. · 17 jul. 2026 ·54,9 mil Visualizaciones

La condena a David Sánchez se suma a otras que también han generado sorpresa e indignación: la condena al fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo y el conjunto de extravagancias que acumula el proceso contra Begoña Gómez... Todos los casos citados tienen algunos elementos en común. El (ab)uso de la institución de la acusación popular es uno de ellos. No importa si la fiscalía acusa o pide la absolución. El tribunal que ahora condena por unanimidad al que fuera presidente de la Diputación de Badajoz y al hermano del presidente del Gobierno percibe como delito la creación de una plaza de ¡libre designación! para la que entiende que no existe urgencia ni necesidad de creación. ¿Es un tribunal el encargado de apreciar el criterio de oportunidad? Los magistrados también consideran prevaricación la modificación del nombre y condiciones de la plaza convocada hasta advertir en estos comportamientos la satisfacción de los intereses particulares de David Sánchez y su apetito por lo operístico. No es retórica, es literal... Hay una cualidad democrática que permite al ciudadano lego intuir, más allá de la argumentación jurídica, la intención última de un proceso y derivar de ahí como consecuencia una pérdida de confianza. Cuando algo así ocurre, el poder judicial se ve abocado al descrédito y, si se generaliza, el modelo entero amenaza ruina (Mariola Urrea Corres)

"La Constitución española reconoce al poder judicial el monopolio para impartir justicia atribuyéndole la capacidad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta forma de poder parece muy robusta y, en parte, lo es. Basta con apreciar la capacidad que tiene el sistema para hacer efectivas las consecuencias de sus decisiones. Con todo, las fisuras de ese poder se perciben también de manera nítida cuando lo que rodea a algunos procesos resulta difícil de entender desde el argumento jurídico. Quién impulsa la causa y contra quién o el sentido de aquellos pronunciamientos judiciales de difícil (o imposible) comprensión son solo algunos elementos que no pueden obviarse en el debate sobre la confianza en la justicia.

La capacidad para entender una sentencia no está relacionada solo con la pericia en el juicio técnico sobre unos hechos y su encaje en categorías delictivas más o menos complejas. Hay una cualidad democrática que permite al ciudadano lego intuir, más allá de la argumentación jurídica, la intención última de un proceso y derivar de ahí como consecuencia una pérdida de confianza. Cuando algo así ocurre, el poder judicial se ve abocado al descrédito y, si se generaliza, el modelo entero amenaza ruina. No es un problema serio para la fiabilidad del sistema que algunos de sus pronunciamientos judiciales sean discutidos y cuestionados, pero sí lo es que el trabajo de los tribunales de justicia y la motivación que acompaña sus sentencias no tengan sentido para muchos. Algo de eso parece estar pasando.

La sentencia de la Audiencia Provincial condena a Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez por un delito de prevaricación administrativa en régimen de autoría y cooperación respectivamente con penas de inhabilitación de dieciocho y nueve años respectivamente. Este pronunciamiento se suma a otros que también han generado sorpresa e indignación. La condena al fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo y el conjunto de extravagancias que acumula el proceso contra Begoña Gómez son buenos ejemplos. Todos los casos citados tienen algunos elementos en común. El (ab)uso de la institución de la acusación popular es uno de ellos. No importa si la fiscalía acusa o pide la absolución. El tribunal que ahora condena por unanimidad al que fuera presidente de la Diputación de Badajoz y al hermano del presidente del Gobierno percibe como delito la creación de una plaza de ¡libre designación! para la que entiende que no existe urgencia ni necesidad de creación. ¿Es un tribunal el encargado de apreciar el criterio de oportunidad? Los magistrados también consideran prevaricación la modificación del nombre y condiciones de la plaza convocada hasta advertir en estos comportamientos la satisfacción de los intereses particulares de David Sánchez y su apetito por lo operístico. No es retórica, es literal.

Lo peor que le puede pasar al poder judicial en un sistema democrático no es que sus pronunciamientos sean acatados, pero fuertemente criticados. El verdadero problema para sus señorías está hoy en hacer creíble que sus decisiones responden verdaderamente a una aplicación ciega del derecho. Algo que no parece fácil ante la desconfianza que genera el apetito por la extravagancia que expresan algunas sentencias publicadas y aquellas otras que pueden estar por llegar." 

(Mariola Urrea Corres , El País, 15/07/26)

La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez siguiendo la doctrina del Supremo sobre el fiscal general, pese a que no existió indicio probatorio acreditado... La Sala que ha juzgado a once acusados por 'enchufismo' en relación a esa plaza adjudicada al hermano de Sánchez en 2017 cita profusamente la argumentación de la sentencia redactada por Andrés Martínez Arrieta que condenó a García Ortiz a la pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal General del Estado por dos años... la sentencia de Badajoz reproduce pasajes íntegros de la famosa sentencia del Alto Tribunal, que afirmó como hecho probado que fue el propio fiscal general o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento", quien filtró a la prensa el correo referido al novio de Ayuso. Ello, sin soporte probatorio... En esa misma línea, el ponente de esta sentencia de la Audiencia pacense, Emilio Francisco Serrano, arma un relato sobre prevaricación administrativa, dando por hecho que la plaza se creó por "razones espurias", pero a la vez asegurando que no ha quedado probado que ese trato de favor hacia David Sánchez obedeciera a un tráfico de influencias por parte de responsables de la Diputación de Badajoz... Es decir, la sentencia admite que no ha podido probarse quién pidió que se creara la plaza o si los condenados, entre los que figuran ocho funcionarios o extrabajadores de la Diputación, actuaron motu proprio "con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera..." (Ana María Pascual)

"La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al exlíder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo por prevaricación en relación a la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses, se respalda en la histórica sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el 9 de diciembre de 2025, como autor de un delito de revelación de datos reservados, pese a que no existió indicio probatorio acreditado.

La Sala que ha juzgado a once acusados por 'enchufismo' en relación a esa plaza adjudicada al hermano de Sánchez en 2017 cita profusamente la argumentación de la sentencia redactada por Andrés Martínez Arrieta que condenó a García Ortiz a la pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal General del Estado por dos años, una multa y el pago de una indemnización por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

Durante cinco páginas la sentencia de Badajoz reproduce pasajes íntegros de los fundamentos de derecho de la famosa sentencia del Alto Tribunal, que afirmó como hecho probado que fue el propio fiscal general o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento", quien filtró a la prensa el correo referido al novio de Ayuso. Ello, sin soporte probatorio.

En esa misma línea, el ponente de esta sentencia de la Audiencia pacense, Emilio Francisco Serrano, arma un relato sobre prevaricación administrativa, dando por hecho que la plaza de coordinador de los conservatorios de Badajoz se creó por "razones espurias", pero a la vez asegurando que no ha quedado probado que ese trato de favor hacia David Sánchez obedeciera a un tráfico de influencias por parte de responsables de la Diputación de Badajoz.

Sin tráfico de influencias

Es decir, la sentencia afirma, por un lado, que la plaza se creó sin ser "necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

Y por otro lado, admite que no ha podido probarse quién pidió que se creara la plaza o si los condenados, entre los que figuran ocho funcionarios o extrabajadores de la Diputación, actuaron  motu proprio "con el designio de favorecer al Sr. Sánchez Pérez-Castejón por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro Secretario General del PSOE, por reelección en el cargo, a la sazón D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Los acusados han quedado absueltos del delito de tráfico de influencias y por tanto no han sido condenados a penas de prisión.

Los hechos probados

David Sánchez, el adjudicatario de la plaza investigada, no protagoniza ningún hecho probado. De la página 5 a la 21, la sentencia, de 377 páginas en total, expone los hechos probados, entre los que, curiosamente no figura hecho atribuido directamente al hermano del presidente del Gobierno.

Pese a ello ha sido condenado por un delito de cooperación en prevaricación administrativa a nueve años de inhabilitación para cargo público. Una prevaricación extraña, pues el tribunal considera que cooperó realizando "actos nucleares", como presentar la solicitud para el concurso de méritos y que participó en el proceso selectivo.

Desconfianza en los testigos

Los tres magistrados que firman la sentencia (el ponente Emilio Francisco Serrano, Dolores Fernández y José Antonio Patrocinio) reconocen que "para la determinación de los hechos incardinables en los tipos penales que están siendo objeto de acusación (Delitos contra la Administración Pública), es crucial la prueba indiciaria, habida cuenta de que son delitos 'de despacho' que van precedidos de conversaciones y actos preparatorios que difícilmente son instrumentados en documentos oficiales y respecto de los que los testigos, la mayoría altos cargos integrantes de una estructura administrativa local de pequeña entidad, piramidal y fuertemente jerarquizada, difícilmente van a pronunciarse con los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud, habida cuenta de que sus declaraciones suelen estar previamente preparadas y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad". 

Las inferencias de la UCO

En cambio, el tribunal ha concedido un alto valor a las declaraciones del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que vinculó en el juicio a Miguel Ángel Gallardo con la creación del puesto de David Sánchez tras realizar una "visión holística" del caso. 

La sentencia valora que Balas y el capitán que lo acompañó al plenario "sostuvieron con rotundidad que la génesis del puesto de coordinador da actividades de los conservatorios no nació en el Área de Cultura de la Diputación, sino en la de RRHH [Recursos Humanos] que se relacionó directamente con Cultura. Pero, al ser RRHH un Área transversal, concluyeron en que la decisión política de crear la plaza partió de un nivel superior, siendo la Presidencia de la Diputación el origen de la idea".

La vivienda de alquiler

Llama la atención otra de las inferencias de la UCO que ha sido tenida en cuenta por los magistrados, la relativa al alquiler de una vivienda en Badajoz por parte de David Sánchez y al interés de este en "la duración del contrato de inquilinato al ponerse en contacto, a través de la plataforma Airbnb, con el propietario de un apartamento que se ofrecía en arrendamiento en internet".

"El día 26 de junio de 2017, Don David ([sic] contactó con el dueño de la vivienda cuando aún no había concluido el proceso selectivo y la comisión correspondiente estaba calificando y evaluando los expedientes de los aspirantes, teniendo lugar la entrevista al Sr. Sánchez por la Comisión de Evaluación el día 27 de junio". Balas señaló que la cuenta de Airbnb estaba vinculada a David Sánchez y "llevaba tiempo buscando vivienda en Badajoz según el mismo expresó en sus mensajes".

Con esos detalles sobre el alquiler de una vivienda, la UCO deduce "inequívocamente" que la plaza fue creada para una persona determinada: David Sánchez Pérez-Castejón.

En esa misma línea de certezas sin soporte probatorio, la UCO otorgó una "relevancia fundamental" a un correo enviado entre dos directores de los conservatorios con el asunto "Hermanísimo", haciéndose eco de un rumor y molestos por tener a un nuevo jefe. Pero Balas infirió que aquel correo, intercambiado el mismo día en el que se aprueban las bases para la provisión de la plaza, es una prueba de que el puesto creado iba a ser adjudicado al hermano de Pedro Sánchez. 

18 años de inhabilitación 

El exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años, es decir, que son 18 años de inhabilitación para el exsecretario general de los socialistas extremeños.

Además de por la plaza adjudicada a David Sánchez, Gallardo también ha sido condenado por la plaza de alta dirección adjudicada a Luis Carrero (condenado también), y que la sentencia considera también "innecesaria y huérfana de funciones" y que a su juicio tenía "el exclusivo afán de adjudicarla en comisión de servicios al antiguo colaborador y amigo" de David Sánchez, con el objetivo de que "éste siguiera coadyuvando a aquel en sus labores operísticas, pese a que habían sido nombrados para prestar servicios en puestos administrativos que no guardaban relación entre sí"." 

(Ana María Pascual, Público, 14/07/26)  

La sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno puede haberse constituido en un hito histórico... si se recurre y es refrendado por el Tribunal Supremo, puede suponer un antes y un después en la contratación pública de personas que tengan relación de parentesco con personalidades señeras, aunque no tengan relación directa con la administración contratante... David Sánchez Pérez Castejón es culpable de haber obtenido un empleo en la Diputación de Badajoz por “su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”... David Sánchez Pérez-Castejón es hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que es la razón por la que ha sido culpabilizado... ¿qué cargo público va a permitir que algún pariente suyo pueda acceder a una plaza en cualquier administración pública española? Nadie en su sano juicio... ¿Qué familia va a permitir, desde hoy, que alguno de sus miembros pueda acceder a un cargo en el que adquiera la condición de “figura política señera”? Porque, eso, sería condenar al resto de la familia a no poder optar a trabajar en la administración pública... Entienden por qué podemos estar en el umbral de una nueva era en nuestra democracia... claro que, todo esto se podría evitar si el Tribunal Supremo aclarara que no hay de que preocuparse ya que el mal afecta solo a los que se llamen Sánchez Pérez-Castejón (Jesús Espelosín)

"La sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno puede haberse constituido en un hito histórico, de esos que pueden marcar un antes y un después en la historia de España. Como el descubrimiento de América en 1492, la pérdida definitiva de las colonias en 1898 o el campeonato mundial de futbol de 2010. 2026 puede ser una fecha para colocarla entre los hitos que definen una nueva era.

No importa el nombre, David, del condenado por la sentencia. Importan un poco más sus apellidos, Sánchez Pérez-Castejón. Pero importa, sobre todo, que nombre y apellidos coincidan con los de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España. Y, eso es lo que parece haber convencido a la Audiencia Provincial de Badajoz de que David Sánchez Pérez Castejón es culpable de haber obtenido un empleo en la Diputación de Badajoz por “su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”.

Gente poco avisada parece haber responsabilizado a la UCO de haber convencido al tribunal de la culpabilidad del culpable. Porque la Unidad Central Operativa, que es lo que significan las celebérrimas siglas UCO, es quizás de lo más granado de ese instituto armado que es la Guardia Civil. No se trata de esos guardias que, siempre de dos en dos, recorren la España rural o surcan las carreteras nacionales en busca, y castigo, de infractores al Código de la Circulación, no. Estamos hablando de profesionales en derecho y criminalística con una preparación comparable a la de los mejores cuerpos policiales del mundo, ya sea el FBI o Scotland Yard.

Por eso, es sorprendente que haya sido necesario emplear ese prestigioso cuerpo para certificar que David Sánchez Pérez-Castejón es hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Cosa que, todo el mundo sabe, incluido el tribunal que le ha juzgado y, por supuesto, condenado, que es la razón por la que el culpable ha sido culpabilizado de la culpa de haber sido contratado por la administración pública en forma culposamente culpable.

Pero esto, sobre todo si se recurre y es refrendado por el Tribunal Supremo, puede suponer un antes y un después en la contratación pública de personas que tengan relación de parentesco con personalidades señeras, aunque no tengan relación directa con la administración contratante. A no ser que el Tribunal Supremo, en su posible sentencia, aclare que el delito solo existe en el caso de que la cosa transcurra en Extremadura. O de que se trate de músicos. O de que, directamente, el culpable se apellide Sánchez Pérez-Castejón.

Pero, si el Tribunal Supremo no aclara cualquiera de esas cosas, estamos, como antes decía, ante un hecho histórico de magnitud epistemológica. Porque, si añadimos a la sentencia judicial del condenado la sentencia social para el pariente, ¿qué cargo público va a permitir que algún pariente suyo pueda acceder a una plaza en cualquier administración pública española? Nadie en su sano juicio, y sobre todo con la mínima ambición política de prosperar en su carrera, hará tal cosa. Habríamos, quizás, acabado con un mal tan antiguo como la prostitución, o sea como la humanidad, como es el nepotismo. Pero esto tiene un inconveniente, y muy serio.

¿Qué familia va a permitir, desde hoy, que alguno de sus miembros pueda acceder a un cargo en el que adquiera la condición de “figura política señera”? Porque, eso, sería condenar al resto de la familia a no poder optar a trabajar en la administración pública. Lo cual conduciría, a su vez, a que nadie aspirase mas que a cargos públicos de segunda categoría con lo que el país se vería, o bien condenado a no tener mas líderes políticos o a que, estos, fueran hijos únicos, huérfanos y peleados con el resto de su familia.

En el límite de la situación, nadie querría ser político y, dada la necesidad de que los haya, habrían de nombrarse por sorteo, tal como ahora se hace con los componentes de las mesas electorales. Volveríamos así a los orígenes de la democracia cuando, mediante el kleroterion, los atenienses sorteaban los cargos públicos entre la población que cumplía determinadas condiciones.

Dado que el poder, como el gas, tiende a expandirse en el espacio que ocupa, el poder político pasaría a los funcionarios. Alcanzaríamos así el estado que ya conocieron los franceses en el siglo XIX en el que, mientras nosotros nos dedicábamos a cambiar de funcionarios con cada “gobierno de turno”, ellos mantenían una poderosa clase funcionarial. Así crearon el término “bureaucratie” que luego estudiaría Max Weber. 

Entienden por qué podemos estar en el umbral de una nueva era en nuestra democracia.

Claro que, todo esto se podría evitar si el Tribunal Supremo aclarara que no hay de que preocuparse ya que el mal afecta solo a los que se llamen Sánchez Pérez-Castejón. Y, mejor, todavía, sentenciar que lo delictivo es que el pariente se llame Pedro.

Mientras se pronuncia el Tribunal Supremo, y aunque estamos en época estival, no sería de extrañar que lo hiciera en pocos días, tratándose de lo que se trata, la pelota está en el tejado del presidente del Gobierno.

Si Pedro Sánchez, que no creo, pensara que estamos ante ese cambio histórico al que me refiero, debería, por patriotismo, dimitir y convocar elecciones para evitar que la cosa vaya a mas y se consolide esa doctrina de perseguir a familiares de políticos.

Pero si, como parece, la cosa no pasara de los Sánchez Pérez-Castejón, debería mantener el sitio de La Moncloa hasta que, constitucionalmente, toque. O sea, que siga cabalgando mientras ladran."

(Jesús Espelosín  , Nueva Tribuna, 15/07/26)

El "lawfare" no es una teoría de la conspiración, es un patrón documentado: Denuncia de un grupo ultra → admisión a trámite pese al fiscal en contra → desgaste mediático de meses o años → archivo... (Demis Rossas)

Demis Rossas @trikimonamur

1 El "lawfare" no es una teoría de la conspiración: es un patrón documentado. Denuncia de un grupo ultra → admisión a trámite pese al fiscal en contra → desgaste mediático de meses o años → archivo. Un hilo con los casos más claros. 

 2 Alberto Rodríguez (Podemos). Condenado por una agresión a un policía, perdió su acta de diputado. El Tribunal Constitucional anuló después la decisión del Congreso por vulnerar sus derechos fundamentales. El daño a su carrera ya era irreversible.

 3 Victoria Rosell (Podemos). Querella instrumental impulsada por el PP. El juez que la promovió, Salvador Alba, acabó condenado y en prisión por ello. Uno de los pocos casos con lawfare judicialmente reconocido y con culpable en prisión.

 4 La "policía patriótica". Durante el Gobierno del PP, un grupo de agentes fabricaron informes sin respaldo judicial para alimentar causas y campañas mediáticas contra rivales. José Manuel Villarejo fue una pieza central de ese entramado.

 5 Caso PISA: Villarejo filtró un informe falso que vinculaba a Podemos con financiación de Venezuela e Irán. El propio banco implicado certificó que el documento era falso. Aun así, ocupó portadas durante años.

 6 Mónica Oltra (Compromís). Denunciada por Cristina Seguí (Vox) y un abogado de España 2000. Dimitió en 2022. Años después, la causa sigue sin sentencia firme. El daño político y personal ya estaba hecho antes de que la justicia dijera nada.

 7 Podemos y el "caso Neurona". Una investigación de 3 años sobre las cuentas del partido, iniciada por la denuncia de un ex trabajador que acabó admitiendo que se basaba en "rumores". Con Vox como acusación popular. Resultado: archivo total en 2024.

 8 Irene Montero e Isa Serra, investigadas en piezas derivadas de ese mismo caso, con un evidente sesgo de género en los argumentos usados. También archivadas.

 9 Ada Colau. Imputada por una querella de un fondo buitre inmobiliario. La propia jueza reconoció que se la acusó "de mala fe". Meses de desgaste antes del archivo.

 10 Pablo Iglesias. Más que un caso, una acumulación: querellas y denuncias que se fueron archivando una tras otra. La más mediática, el "caso Dina", con distintas fases judiciales y un impacto político desproporcionado al resultado final.

 11 Juan Carlos Monedero. Varias investigaciones fiscales y judiciales abiertas contra él no prosperaron. El ruido mediático llegó mucho antes que cualquier resolución judicial, y se quedó ahí aunque los casos cayeran.

 12 Alberto Garzón. Como ministro, encadenó denuncias y querellas por su actividad al frente del ministerio. Todas terminaron archivadas. Ninguna impidió el desgaste político previo.

 13 Begoña Gómez. La causa nace de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa, uno de ellos con información errónea ya rectificada. Años después, sigue el proceso, con la acusación popular pidiendo 20 años de cárcel.

 14 El patrón se repite: no importa si la denuncia es sólida, importa el desgaste. Mientras se litiga durante años, la carrera política ya está dañada. Eso es lawfare: usar el tiempo judicial como arma política.

 15 La mayoría de los jueces dicen que el lawfare no existe. Las encuestas dicen que el 65,4% de la ciudadanía cree que hay uso político de los tribunales. La pregunta no es si existe, es cuánto vamos a tardar en ponerle límites. Y ahora, unas risas.

" Fachatoga no me toques la pirola'... ¡Ah! Lo que cantaba Siniestro Total era 'Ayatollah no me toques la pirola'... Me empieza a fallar la memoria (Alfredo Díaz, InfoLibre, 23/04/26)

10:43 a. m. · 7 jul. 2026 ·3.786 Visualizaciones

Los jueces españoles pueden estar contentos. Han conseguido que solo el 10% de la gente crea que su ideología no influye en su trabajo. Ahora dirán que es una conspiración de ese 90% de la población que cree que no son imparciales. Si yo fuera juez, hoy estaría avergonzado (Joaquín Urías)

Joaquín Urías @jpurias

Los jueces españoles pueden estar contentos. Han conseguido que solo el 10% de la gente crea que su ideología no influye en su trabajo. Ahora dirán que es una conspiración de ese 90% de la población que cree que no son imparciales. Si yo fuera juez, hoy estaría avergonzado.

9:06 a. m. · 6 jul. 2026 desde Ηρακλείδες, Ελλάς ·9.127 Visualizaciones



"Seis de cada diez españoles creen que el 'lawfare' existe y que los jueces se dejan influir por su ideología política.

 La confianza ciudadana en la justicia está quebrada. Es la principal conclusión del informe elaborado por 40dB. para la Cadena SER y El País, que analiza la percepción de los españoles sobre uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

Para la mayoría de los consultados la Administración de Justicia no está cumpliendo con el papel que tiene constitucionalmente asignado: 8 de cada 10 la consideran lenta, según el 60 por ciento se deja influir por poderes económicos y también son más los que creen que no trata a todas las personas por igual.

Junto a la Hacienda Pública, la Justicia es la institución -de las cuatro por las que pregunta el barómetro- peor valorada, se queda por debajo del 5. Las Fuerzas Armadas o la Policía y la Guardia Civil superan el 6 de media en puntuación. Los encuestados tampoco aprueban a los responsables de aplicar e interpretar la ley: una mayoría piensa que los jueces no actúan de manera honesta, competente e imparcial o que algunos de ellos "toman decisiones guiados por sus propias ideas políticas". Y esa es una de las claves que explica la desconfianza y el descrédito que detecta el informe; la falta de independencia que los ciudadanos observan en el Poder Judicial.

Para tres cuartas partes de la población (un 75,5%) los partidos políticos intentan influir en las resoluciones de jueces y magistrados, una idea transversal, que comparten los encuestados independientemente del partido al que voten. Además, solo 3 de cada 10 españoles considera que los asuntos políticos sobre los que se tienen que pronunciar jueces y magistrados se resuelven de manera justa e imparcial. También son más los que opinan que esas decisiones están condicionadas por el sesgo ideológico de quienes las adoptan. Una percepción relevante teniendo en cuenta que también son mayoría los que creen que cada vez más conflictos políticos acaban resolviéndose en los tribunales y no en los parlamentos.

El 'lawfare' existe

El barómetro, realizado entre el 26 y el 29 de junio, en plena cascada de avances en las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, refleja cómo la idea del 'lawfare' o guerra judicial se extiende entre la ciudadanía del país, independientemente de su ubicación ideológica. El 65,4% de los encuestados aseguran que existe un uso de los procedimientos judiciales con fines políticos. Son más -un 28%- los que piensan que ese 'lawfare' se ejerce principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas. Para el 22,6% esa práctica se usa por igual desde todos los ámbitos políticos y son menos, no llegan al 15%, quienes creen que se ejercer contra la oposición y los partidos de derecha. Apenas un 10,8% asegura que el ‘lawfare’ no existe.

Pero aunque los encuestados avalen la existencia de esa guerra judicial, también hay una mayoría que cree que las principales investigaciones que afectan a dirigentes políticos están motivadas por indicios jurídicos sólidos y no por razones partidistas. Lo consideran la mitad de los encuestados cuando se pregunta por la condena a José Luis Ábalos o por el juicio al exministro Jorge Fernández Díaz en la trama Kitchen.

También son más los que creen justificada la causa contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Zapatero o el juicio a David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno. Solo en el caso de la investigación a su mujer, Begoña Gómez, son más los que creen que hay razones políticas o partidistas, aunque la diferencia es de apenas un punto.

Una percepción desigual

Parte del suspenso general que se lleva la Administración de Justicia en este informe se explica en gran medida por el descrédito que cosecha entre el electorado progresista, que es el que suspende de manera clara en la confianza hacia esta institución. Una valoración que es especialmente negativa cuando se trata de analizar cómo resuelven los tribunales los asuntos relacionados con la política.

Para un 34% de los encuestados, los jueces tienden a favorecer a la derecha con sus resoluciones, una percepción que se dispara por encima del 50% cuando quienes responden son votantes del PSOE, Sumar o Podemos. Esa es también la población para la que una mayoría de los integrantes de la carrera judicial y fiscal tienen una ideología de derechas, frente al electorado conservador y de ultraderecha que defiende que el reparto está más equilibrado.

La izquierda es además la que percibe que el 'lawfare' se ejerce principalmente contra el Gobierno. Los electores de PP creen que se usa por igual y los de VOX se ven como víctimas de esa guerra judicial. El electorado progresista cree además que las investigaciones que afectan a políticos afines a su ideología -Zapatero, Begoña Gómez o David Sánchez- están motivadas por razones políticas y partidistas.

Solo en la condena a José Luis Ábalos observan indicios jurídicos sólidos. Quienes se sitúan a la derecha del arco ideológico son además reacios a cuestionar a los jueces, mientras que los del PSOE justifican que se puedan criticar las resoluciones judiciales desde el gobierno o la oposición.

Esa asimetría ideológica también se observa cuando se abren otros debates, como si es o no necesaria una reforma de la administración de justicia. La mayoría de la población cree que hace falta un cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero solo los votantes de PP y Vox presentan una preferencia clara por que sean los jueces quienes elijan directamente a sus representantes.

Quienes se reconocen afines a la derecha valoran el sistema de acceso a la judicatura como bueno, por su "carácter meritocrático", frente a los grupos de izquierdas que creen que no sirve para medir la verdadera capacidad de los jueces, además de perpetuar barreras socioeconómicas por exigir años de estudio que no todo el mundo puede permitirse.

La fractura partidista se repite en otros asuntos: para la derecha las acusaciones populares, que han impulsado algunas de las investigaciones que hoy afectan al Gobierno, son una garantía democrática que debe mantenerse y un mecanismo útil para luchar contra la corrupción.

Los votantes de izquierdas ponen el foco en su utilización partidista y apoyan que se limite su ejercicio a quienes tengan un interés directo en el caso. Esa brecha se observa incluso a la hora de valorar la confianza que merece cada institución judicial. Mientras que el electorado conservador da su máxima puntuación al Supremo y a la Audiencia Nacional, el progresista solo aprueba a la Fiscalía General."

(Guillermo Lerma, SER, 06/07/26, gráficos en el original)  

Esto es absolutamente demencial... es la criminalización de la información transmitida por ciudadanos privados, con penas de prisión incluidas... Y el aspecto más demencial es que NO importa si la información transmitida es precisa o no. Solo importa que provenga de RT u otros medios prohibidos en la UE... En otras palabras, la verdad ya no es una defensa en la UE, literalmente no importa. Se basa puramente en la identidad del hablante... El fallo es en realidad explícito al respecto: el reglamento, citado por el Tribunal, dice que la prohibición se aplica a "cualquier contenido", y no hacen distinción alguna basada en lo que el contenido realmente dice. Si proviene de medios prohibidos, está prohibido... Es, simplemente, un completo desmoronamiento de todo el proyecto legal y filosófico post-Ilustración por el que generaciones enteras de europeos lucharon para pasar de "quién lo dice" a "¿es verdad?" como la pregunta operativa... Piensa en lo absurdo: si la rusa RT publica un video diciendo que el cielo es azul y lo compartes en un sitio web accesible públicamente en la UE, caerías dentro del alcance de este fallo, lo que te haría sujeto a procesamiento penal. Completamente y absolutamente absurdo. Pero así es la UE hoy en día para ti... el fallo aquí: https://courthousenews.com/wp-content/uploads/2026/07/r-v-staatsanwaltschaft-saarbrcken-cjeu-judgment.pdf (Arnaud Bertrand)

Arnaud Bertrand @RnaudBertrand

Esto es absolutamente demencial: literalmente el peor ejemplo de censura que he escuchado en cualquier lugar. 

Revisé el fallo real (que puedes ver aquí: https://courthousenews.com/wp-content/uploads/2026/07/r-v-staatsanwaltschaft-saarbrcken-cjeu-judgment.pdf) y, para ser claro, no se trata solo de censura en el sentido convencional —bloquear el acceso a un sitio web o eliminar contenido de plataformas—; esto es la criminalización de la información transmitida por ciudadanos privados, con penas de prisión incluidas. 

Y el aspecto más demencial es que NO importa si la información transmitida es precisa o no. Solo importa que provenga de RT u otros medios prohibidos en la UE. 

En otras palabras, la verdad ya no es una defensa en la UE, literalmente no importa. Se basa puramente en la identidad del hablante. 

El fallo es en realidad explícito al respecto: el reglamento, citado por el Tribunal, dice que la prohibición se aplica a "cualquier contenido", y no hacen distinción alguna basada en lo que el contenido realmente dice. Si proviene de medios prohibidos, está prohibido. 

Es, simplemente, un completo desmoronamiento de todo el proyecto legal y filosófico post-Ilustración por el que generaciones enteras de europeos lucharon para pasar de "quién lo dice" a "¿es verdad?" como la pregunta operativa. 

Piensa en lo absurdo: si RT publica un video diciendo que el cielo es azul y lo compartes en un sitio web accesible públicamente en la UE, caerías dentro del alcance de este fallo, lo que te haría sujeto a procesamiento penal. Completamente y absolutamente absurdo. Pero así es la UE hoy en día para ti

CGTN Español@cgtnenespanol

El Tribunal de Justicia de la UE ha autorizado el enjuiciamiento penal en los países de la UE de las personas que publiquen vídeos de Russia Today en canales y sitios web abiertos.
10:43 a. m. · 2 jul. 2026 ·657 mil Visualizaciones

(traducción google)

3:50 p. m. · 4 jul. 2026 ·758,5 mil Visualizaciones

Por qué los españoles se ponen de mala leche: un ejemplo... Cada vez es más frecuente que quien debe iniciar un procedimiento, o quien se ve inmerso en él, pregunte al abogado de qué pata ideológica cojea el juez que debe resolverlo: ¿es progresista quien va a determinar el régimen de visitas o la pensión por hijos? No se cree en que el juez vaya a dictar una sentencia que no esté guiada por sus preferencias personales... Y después observan cómo determinados juicios, esos que interesan, van muy rápido mientras que los suyos se demoran enormemente. Así es como la gente se pone de mala leche y como un sistema se quiebra... Dicho de otro modo, la desconfianza del ciudadano sobre la imparcialidad del juzgador va en aumento... La molestia de los españoles va en aumento, y eso supone tanto la indignación recurrente como la consideración de que la política no arregla nada. Las tensiones judiciales forman parte de eso (Esteban Hernández)

"España está dividida en dos. Desde luego en lo político, pero también en muchas otras cosas. Lo curioso es que de esas fracturas que afectan al país (territoriales, económicas, ideológicas) hay una de ellas que suele pasarse por alto, como si en lugar de convivir en el mismo espacio se viviera en lugares diferentes. La justicia refleja bien la situación. Las declaraciones sobre la confianza en la justicia, sobre el papel de los jueces en el actual momento político y sobre la necesaria independencia de las instituciones copan el debate público estos días. Contienen grandes consideraciones sobre cuestiones elevadas, argumentos densos sobre las decisiones que se adoptan y, en última instancia, incluyen discusiones sobre el papel fundamental que están jugando los jueces en este momento clave o sobre si la judicatura española está adoptando una postura parcial (con respuestas que varían según el ámbito ideológico al que se pregunte).

Todo esto, como tantas otras cosas del debate político, no suele estar presente en la vida del español común. Muchas de las decisiones que se someten a discusión pública son complejas de explicar, también porque remiten a fundamentos técnicos que están sujetos a interpretaciones diversas y suelen generar confusión. Lo cierto es que tanto ruido acaba apartando a gente de las cuestiones públicas. La molestia de los españoles va en aumento, y eso supone tanto la indignación recurrente como la consideración de que la política no arregla nada. Las tensiones judiciales forman parte de eso: o son integradas en la visión ideológica que ya se tiene o son desdeñadas como otro asunto más de una esfera mayormente inútil.

Ya sabemos que una justicia lenta no es justicia, pero esto es otro nivel

Sin embargo, eso no quiere decir que a los españoles no les interese la justicia. Más al contrario, es un asunto que los atañe de manera directa y no solo porque la idea de la injusticia es una de las que más moviliza políticamente, sino porque también los afecta en su vida cotidiana.

Así se rompe el sistema

Muchos españoles, alguna vez en su vida, se ven obligados a recurrir a los tribunales. La saturación de muchos juzgados, la falta de medios y los procedimientos que dilatan más que aceleran llevan a que las resoluciones tarden demasiado tiempo en dictarse. Y ocurre incluso en procedimientos, como los de las medidas ligadas a un divorcio, a un despido o un desahucio, que el legislador entendió que debían tramitarse por vía rápida. Distan mucho de ello. Unai Sordo afirmaba hace pocos días que la demora media a la hora de señalar un juicio por un despido individual es de 375 días y que en 28 provincias hay un colapso funcional de los juzgados. Ya sabemos que una justicia lenta no es justicia, pero esto es otro nivel.

La desconfianza de los ciudadanos sobre la imparcialidad de los jueces va en aumento

Hay un elemento añadido, también perturbador. Cada vez es más frecuente que quien debe iniciar un procedimiento, o quien se ve inmerso en él, pregunte al abogado de qué pata ideológica cojea el juez que debe resolverlo: ¿es progresista quien va a determinar el régimen de visitas o la pensión por hijos? ¿Es reaccionario el que va a fijar si el despido es procedente, improcedente o nulo? No se cree en que el juez vaya a dictar una sentencia que no esté guiada por sus preferencias personales. Dicho de otro modo, la desconfianza del ciudadano sobre la imparcialidad del juzgador va en aumento.

Es uno más de los asuntos cotidianos en los que los españoles nos vemos inmersos. Otro ejemplo está en la sanidad: conseguir cita temprana no es nada fácil, ni en la Seguridad Social ni en el seguro privado, ya que la consultas están cada vez más saturadas, en especial en grandes ciudades como Madrid. Eso sí, quien tiene recursos y paga una consulta de su bolsillo es atendido mucho antes. Todos aquellos sistemas expertos que se habían puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades ciudadanas funcionan con retraso, mal o ambas cosas.

En ese contexto, las discusiones sobre la justicia parecen reducirse a los grandes asuntos, a la independencia de los magistrados, a la composición del CGPJ, a la salvaguarda de las instituciones. No se pone el acento en la necesidad de que los juzgados cuenten con muchos más medios, ni de que el ciudadano reciba una respuesta razonable en un tiempo prudente a sus problemas, ni de que las creencias ideológicas de los jueces resulten irrelevantes a la hora de dictar sentencia. Esto es lo que el ciudadano común vive, pero esto ocurre por abajo, y a muy poca gente del establishment le importa lo que sucede por abajo. Está pendiente de otras cosas, siempre llenas de grandes palabras y de discusiones moralistas. La gente quiere que le arreglen sus problemas, pero sus problemas ni aparecen en los medios. Por lo tanto, los ciudadanos suelen acabar pensando que todos son iguales, que están ahí para defender sus intereses y que no les importa lo que le pase a la mayoría de la gente. Y después observan cómo determinados juicios, esos que interesan, van muy rápido mientras que los suyos se demoran enormemente. Así es como la gente se pone de mala leche y como un sistema se quiebra." 

(Esteban Hernández , El Confidencial, 27/06/26) 

¿Veinticuatro años de cárcel para Ábalos, el tipo que robó a los españoles unas decenas de miles de euros para darse durante unos años vida de senyoret, manteniendo putas que iban para dentista, asados de cordero en el mesón, picadero en plaza de España, oh là là, y orgías en parador con armaduras carlosquintas? Veinticuatro son más que los veinte con que la Audiencia Nacional condenó a la terrorista Carmen Guisasola por el asesinato de un policía... Veinticuatro son los mismos que aplicándole el máximo rigor de la circunstancia le esperan al asesino que el otro día dejó tendido a un hombre en un charco de sangre, en la calle Balmes de Barcelona... Veinticuatro latigazos. La razón de la ejemplaridad. Siempre me pareció una posibilidad vidriosa que alguien pague una plusvalía preventiva por los delitos que cualquier otro interesado pueda cometer en el futuro... Hombre, hombre. Ni que fuera socialista (Arcadi Espada)

"¿Veinticuatro años de cárcel para el tipo que robó a los españoles unas decenas de miles de euros para darse durante unos años vida de senyoret, manteniendo putas que iban para dentista, asados de cordero en el mesón, agostos en chalets con enanitos marca Iglesias/Montero, picadero en plaza de España, oh là là, y orgías en parador con armaduras carlosquintas?

Hombre, hombre. Ni que fuera socialista.

Veinticuatro son más que los veinte con que la Audiencia Nacional condenó a la terrorista Carmen Guisasola por el asesinato de un policía.

Veinticuatro. Unos once años más de a los que fue condenado el sinvergüenza de Oriol Junqueras por robar, sostenidamente, millones de euros a los ciudadanos y usarlos para tratar de destruir el Estado de Derecho, mientras aseguraba jactancioso que era capaz de parar la economía de la nación en cuanto se lo propusiera.

Veinticuatro son los mismos que aplicándole el máximo rigor de la circunstancia le esperan al asesino que el otro día dejó tendido a un hombre en un charco de sangre, en la calle Balmes de Barcelona.

Veinticuatro años con todas sus horas. No tengo claro que hubiese llegado a cumplirlos la bestia humana que arrinconó con alevosía a María de los Ángeles Chibán en un portal de Barcelona, intentó violarla y acabó arrancándole los intestinos hace ya tantos años que todo ha prescrito menos la muerte.

Veinticuatro, y fuera milongas sobre la acumulación de tipos delictivos. Es una lógica del comercio humano -y humanista- que cuando alguien compra muchos bienes de golpe se le aplica rebaja. Pues igual con los males. Ya sé que es sumamente incorrecto sumar las penas: pero es que pregunté al condenado. Tampoco me interesan los análisis sobre el especial carácter punitivo del Código Penal español. Todo, todo, todo en esta vida opera por comparación. Estaríamos frescos si la excepción fueran las penas aplicables a los delincuentes.

Veinticuatro latigazos. La razón de la ejemplaridad. Siempre me pareció una posibilidad vidriosa que alguien pague una plusvalía preventiva por los delitos que cualquier otro interesado pueda cometer en el futuro. Pero, aun así, el carácter ejemplar de la pena no se ventila, en estos casos, con la solemne práctica de la prueba. La vida y costumbres de José Luis Ábalos, antiguo ministro de España, ya ha sido desollada en mil telediarios y diez mil tertulias. Hoy día la ejemplaridad se dilucida en el cubil, lo que es una paradoja más de la vida.

Y veinticuatro años, también, porque ahí sigue ese."

(Arcadi Espada, blog, 22/06/26)

Nadie puede negar la existencia de lawfare en España contra el Gobierno con un especimen judicial como Peinado... El delirio constante de sus actuaciones dirigidas siempre a generar el mayor coste político al PSOE y al Gobierno se convertirán en un boomerang que de forma paradójica convierta al juez Peinado en el mayor activo electoral para el PSOE... El juez Peinado actúa con una motivación política evidente vinculada a su ideología y sus filias familiares y personales. No es difícil encontrarse en la Adrada a quien vea al juez compartir cafés y tertulias con insignes miembros del Partido Popular sin esconderse demasiado porque sabe que tiene a toda la judicatura defendiendo, como si fuera su causa, su actuación... La reacción no se está dando cuenta de que han ido demasiado lejos buscando delitos donde nunca los ha habido y ha generado con la persecución a Begoña Gómez la coartada perfecta para argumentar que toda causa contra el Gobierno no tiene nada de justicia y sí mucho de operación política... No hay que desdeñar que esta causa comenzó justo después de que se supiera que el novio de Ayuso había defraudado más de 800.000 euros a hacienda, como quedó reconocido por su abogado para llegar a un acuerdo... Llegará el día en el que sepamos mucho más del contubernio de La Adrada en La Generala y entendamos con mayor claridad lo que existe tras la causa contra Begoña Gómez. Hasta entonces podemos ceñirnos a hechos muy claros con la lógica peinada. El juez Peinado es padre de una concejal dependiente jerárquicamente de Isabel Díaz Ayuso, y como dice el juez en su auto al respecto de la policía nacional, esa dependencia jerárquica es motivo para sospechar que las actuaciones no están sujetas al deber profesional y se ceñirían a los intereses políticos de la adversaria política de Pedro Sánchez (Antonio Maestre)

"No puedo decir que el juez Peinado prevarica porque eso implicaría que me demandaría y me condenarían, pero sí puedo decir que en un país en el que la justicia funcione de manera ordinaria y con el principio de que la justicia es igual para todos el juez Peinado solo podría acabar el proceso contra Begoña Gómez encausado bajo la acusación de haber prevaricado y apartado de la carrera judicial. El delirio constante de sus actuaciones dirigidas siempre a generar el mayor coste político al PSOE y al Gobierno se convertirán en un boomerang que de forma paradójica convierta al juez Peinado en el mayor activo electoral para el PSOE. Nadie puede negar la existencia de lawfare en España contra el Gobierno con un especimen judicial como el hijo de la concejala del PP.

Los policías andan escandalizados, hoy, porque el juez Peinado ha argumentado para defender que existe riesgo de fuga de la esposa del presidente del Gobierno que la escolta policial puede ayudarle a fugarse bien por decisión propia o por estar sujetos a una relación jerárquica con el esposo de la encausada. Ahora que una de las excrecencias del juez afectan a la credibilidad del cuerpo nacional de Policía saltan los sindicatos escandalizados como si hubiera hecho algo diferente a lo que el juez lleva haciendo en cada auto y en cada resolución.

El juez Peinado actúa con una motivación política evidente vinculada a su ideología y sus filias familiares y personales. No es difícil encontrarse en la Adrada a quien vea al juez compartir cafés y tertulias con insignes miembros del Partido Popular sin esconderse demasiado porque sabe que tiene a toda la judicatura defendiendo, como si fuera su causa, la actuación del infame Peinado. Lo hacen porque llegados a este punto cortarle las alas es dar la razón a todos lo que llevamos diciendo desde el principio que la segunda parte de la Causa General contra la dominación roja del ínclito juez de instrucción es un proceso que solo podría darse en una seudodemocracia que no controla los desmanes de uno de los poderes del Estado.

La instrucción del juez Peinado ya no puede finalizarse sin el juez a pesar de que Peinado estire la cuerda cada vez más. No hay que desdeñar que esta causa comenzó justo después de que se supiera que el novio de Ayuso había defraudado más de 800.000 euros a hacienda, como quedó reconocido por su abogado para llegar a un acuerdo. El escarmiento que la judicatura y los resortes del estado profundo quiso dar al presidente se les ha ido de las manos y ha empañado los casos de corrupción que sí ha habido en el seno del Gobierno y que sí tienen indicios de criminalidad con los de José Luis Ábalos o los del expresidente Zapatero en una fase más embrionaria pero tremendamente preocupante.

La reacción no se está dando cuenta de que han ido demasiado lejos buscando delitos donde nunca los ha habido y ha generado con la persecución a Begoña Gómez la coartada perfecta para argumentar que toda causa contra el Gobierno no tiene nada de justicia y sí mucho de operación política. No es así, cada causa debe evaluarse en su contexto o con sus hechos, pero el juez Peinado es el ejemplo paradigmático de lo que se entiende como lawfare y le costará caro a la derecha. El salvapatrias togado es la última esperanza para repetir el Gobierno de coalición.

Llegará el día en el que sepamos mucho más del contubernio de La Adrada en La Generala y entendamos con mayor claridad lo que existe tras la causa contra Begoña Gómez. Hasta entonces podemos ceñirnos a hechos muy claros con la lógica peinada. El juez Peinado es padre de una concejal dependiente jerárquicamente de Isabel Díaz Ayuso, y como dice el juez en su auto al respecto de la policía nacional, esa dependencia jerárquica es motivo para sospechar que las actuaciones no están sujetas al deber profesional y se ceñirían a los intereses políticos de la adversaria política de Pedro Sánchez. Argumentar de esa manera sabemos todos." 

(Antonio Maestre , blog, 20/06/26) 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez... Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros... El juez Peinado había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo... allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora... Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más... En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad... no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía (Antón Losada)

 "La defensa de Begoña Gómez denuncia a Peinado ante el Poder Judicial por vulnerar su derecho de defensa

Se veía venir que el juez Peinado se iba a despedir con un gran número final de magia procesal. Llevaba semanas preparándolo cuidadosamente y no podía ejecutarlo en otro marco más incomparable que todas las portadas del domingo. Unos reciben relojes cuando se jubilan, otros retiran pasaportes diplomáticos. La gran sorpresa ha sido que haya hecho desaparecer la lealtad de la Policía hacia el imperio de la ley.

Había empezado la construcción del relato con aquella extemporánea citación para una audiencia, donde normalmente no se requiere la presencia del imputado, conminando a Begoña Gómez a acudir bajo amenaza de uso de la fuerza policial en caso de no hacerlo. Por si a alguien le quedaba alguna duda, allí estaba el juez avisando a la peligrosa delincuente que la policía únicamente estaba esperando su señal para esposarla y llevarla en el asiento de atrás del coche patrulla. Seguramente con varias patrullas escoltándose unas a otras para evitar que algún topo policial sanchista facilitase la fuga a la malhechora. 

Luego, ya en vísperas, se produjo el oportuno error de endosarla en una causa separada por dos delitos más mientras esperábamos su decisión sobre las medidas cautelares ya fuera de plazo. Begoña Gómez no estaba ni se la esperaba en la causa separada porque nada tiene que ver. Pero no fuera a ser que alguien se despistase y pudiera pensar que su carrera delictiva había terminado. Que ya es casualidad equivocarse de plantilla justo ese día. Aunque ya nadie duda a estas alturas que España es el país de las coincidencias extraordinarias. 

Las nuevas adquisiciones eran los delitos de prevaricación, sin duda una especialidad de la casa, y fraude a los intereses comunitarios, para darle el glamuroso toque internacional. Una vez colocado el titular llegaba la rectificación avisando que, si hubiera indicios suficientes, se le volverían a endosar. Una advertencia tan innecesaria como chocante dado que, de haber indicios, cualquiera puede y debe ser imputado, incluso un juez. A no ser que su señoría nos avise que las imputaciones son discrecionales; a voluntad del juez, no de la ley. Además, endosarle prevaricación arruinaba la perspectiva de abrirle juicio oral con jurado y el espectáculo siempre debe continuar. 

El último truco ha sido retirarle el pasaporte porque ni con escolta ni sin escolta tienen remedio los males de Begoña Gómez; tal parece el grado superlativo de su pericia criminal y su historial delictivo. Si tuviéramos un penal de máxima seguridad como esos que salen en las series norteamericanas, ni siquiera con ella encerrada allí estaríamos seguros. 

Tres causas contempla la ley para imponer medidas cautelares: riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o seguir delinquiendo. Ninguna concurre en este caso. Se trata de una evidencia jurídica incontrovertible. Pero no importa porque su señoría es un juez de instrucción y el único límite a su voluntad reside en la providencia. Quienes dicen que no hay de qué preocuparse porque la decisión será revisada pues nuestro sistema es muy garantista, deberían probarlo alguna vez para disfrutar por completo la experiencia de tanta garantía. 

Si es usted inocente seguro que no le importa acompañarnos a comisaría, te decían antes. Si es usted inocente no se preocupe que ya se lo reconocerán en segunda instancia en unos meses, te dicen ahora. En un sistema garantista todos tenemos garantizado el derecho a tener un juez que no parta de la presunción de culpabilidad, que ponga en el eje del proceso la garantía de nuestros derechos y libertades constitucionales y que cause el mínimo daño posible en el honor y en la reputación de personas que se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. 

En los restantes sistemas el único que de verdad tiene derechos es el juez y ustedes se callan mientras él habla; así que váyanse acostumbrando."

(Antón Losada, eldiario.es, 22/06/26)